LA REFORMA DE LAS CAJAS, MENÚ DEL DÍA.-Cada día llega con su propia tarea, y la que han marcado los calendarios para este viernes no es tarea menor ni falta de trascendencia, aunque no parece fácil determinar su importancia a la luz de algunos titulares de prensa: Dice Expansión: El Gobierno aprobará una tímida reforma de las cajas. En cambio, titula Negocio, también en sus más gruesos rótulos que Zapatero acelera una ambiciosa reforma de la ley de cajas. Entre una y otra valoración, la que hace otro diario especializado en materias económicas, Cinco Días: El Gobierno da el pistoletazo de salida a al revolución de las cajas. Con algunas explicaciones más: las nuevas cajas emitirán cuotas con derecho de voto y se eliminan los cargos políticos: Rajoy respalda la reforma, que aprueba hoy el Consejo de ministros. En el resto de las informaciones periodísticas hay más propósitos de exponer en qué consiste la reforma que en valorar su alcance: La mitad del capital de las cajas podrá estar en manos privadas, destaca La Gaceta, y la mitad del consejo de las cajas serán profesionales de banca.. Las cajas tendrán acciones y bancos, destaca El País al hablar de la que entiende que va a ser la mayor reforma del sistema financiero español. También coincide la Vanguardia en señalar que la ley vetará la presencia de políticos electos en lñas entidades, y que las cajas que quieran seguir igual pueden limitarse a emitir cuotas participativas, si bien la ley abre la puerta a crear bancos para absorber el negocio financiero de las cajas. Según El Mundo, el sector de cajas aplaude la reforma, y los sind9iactos sospechan que en diez años sólo habrá bancos. El poder político se reduce el 20 por 100 y un sólo inversor podrá controlar el 50 por 100 de la. Las cajas podrán crear bancos para traspasarles su negocio financiero, señala también Público, y la frase de Zapatero de que ésta es una ley histórica, imprescindible y fundamental Las Comunidades tendrán que salir de las cajas en el plazo de un año. Estas entidades deberán dedicar el 50 por 100 de su beneficio a obra social.
En resumidas cuentas, que el Gobierno aprueba en el Consejo de Ministros de este viernes la reforma "urgente" y "amplia" de las cajas mediante un decreto ley que tendrá como objetivo reforzar su capitalización y "profesionalizar" las entidades, según anunció el jueves el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras una reunión con representantes de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), en La Moncloa. El jefe del Ejecutivo afirmó que se trata de la "reforma más importante de la historia del sistema financiero", que comenzó hace un año con la aprobación del Frob -el fondo de ayuda para las cajas- y se ha venido concretando con las fusiones de los últimos meses. Con esta reforma de la ley de cajas, las entidades podrán emitir cuotas participativas -una fórmula similar a las de las acciones con derechos políticos- para poder acceder a mayor capitalización, tal y como el Ejecutivo ya había adelantado en otras ocasiones. En concreto, las emisiones podrán alcanzar hasta el 50% del patrimonio. Zapatero ha concretado que se eliminará el límite del 5% planteado hasta ahora por el que un sólo inversor -por ejemplo, un banco- podría adquirir esas cuotas. El presidente del Gobierno también explicó que se reducirá la influencia política en las entidades mediante su "profesionalización". Para ello, se establecerá la incompatibilidad de de los cargos electos para formar parte de los miembros de los consejos de las cajas. Asimismo, al menos la mitad de los miembros de los consejos deberán demostrar requisitos de profesionalidad para poder acceder al puesto. Otra medida que se adoptará en ese sentido será la de mayoría reforzada. Los consejos de las cajas deberán aprobar sus decisiones trascendentes -como el cambio de modelo a una fundación- con al menos dos tercios de votos favorables. Zapatero ha expresado su deseo de que la reforma, "fruto en gran medida del proceso de diálogo con el PP", consiga un amplio apoyo parlamentario y de las comunidades autónomas.
No debe olvidarse que el pacto alcanzado entre Zapatero y Rajoy permite pensar que la reforma es ya un hecho, y que su traslación de la teoría a la práctica no deberá plantear mayores problemas...
PREPARATIVOS PARA LA MANIFESTACIÓN PROESTATUT.- La prensa catalana informa hoy de los preparativos de la manifestación que este sábado se desarrollará en Barcelona en defensa del Estatut “cercenado” por el Tribunal Constitucional, en su reciente fallo y sentencia. Hay alguna controversia previa, surgida a raíz de los propósitos de Montilla de encabezar la manifestación, y de que en su cabecera aparezca únicamente la senyera, o bandera catalana. Asegura hoy la Vanguardia que Montilla insiste en ir al frente con la senyera “sea como sea”, y “pese a quien pese”. Y explica luego que el PSC cree que CiU dificulta que Montilla abra la marcha... “porque es de Iznajar”, mientras CiU estima que el líder socialistas plantea problemas “porque está incómodo”. Los partidos admiten que hacen el ridículo con sus polémica sobre la manifestación.. “ven ridìcula la pugna, pero rehúyen zanjarla”, dice El Periódico de Cataluña. Según destaca este diario,, PSC y CiU admiten que su bronca por el 10-J es ridícula. Y pone de relieve la frase de Pujol: “Debe haber un lema. Esto no es una fiesta mayor con una banderita”, dice el expresident. Los ex presidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Pasqual Maragall, y del Parlament de Catalunya Heribert Barrera y Joan Rigol, piden que la ciudadanía acuda "masivamente" a la manifestación del 10 de julio en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut y contra su recorte. En un comunicado, han anunciado que realizarán una declaración conjunta en la sede del Colegio de Periodistas de Catalunya. Los ex presidentes han considerado que la importancia de la manifestación reside en "defender la dignidad de Cataluña".Pujol ya ha defendido que la marcha debe tener un lema, y que el presidente de la Generalitat, José Montilla, debe encabezarla.
La pugna se centra en Montilla ola asociación cultural Omnium. El presidente de la Generalitat quiere el mayor protagonismo, y Omnium no quiere ceder argumentando que es ella quien convoca y la que, desde el primer momento, determinó el lema de la movilización: Somos una nación, nosotros decidimos”. Los socialistas entienden que Omnium y CiU empiezan a ser una misma cosa para muchos catalanes. Algún dirigente socialista catalán ha acusado a Omnium de falta de patriotismo, aunque admite que aceptó el lema el mismo día que se hizo público el fallo del TC. De lo que se trata es de determinar lo que los políticos catalanes harán ahora, tras el fallo y la sentencia: elegir una vía federal u otras salidas que llevan a la ruptura. Se coincide, por otra parte, en que la proximidad de una campaña electoral autonómica complica las cosas. Montilla opina que los socialistas del PSOE se han dejado comer la moral por el PP... Por su parte, el líder de ERC, Joan Puigcercós, propone que los políticos renuncien a marchar en la primera fila y lo hagan como “un ciudadano más”, incluido Montilla, con lo cual, se cedería todo el protagonismo a Omnium.
La solución, en las próximas horas. El sábado es el día de la movilización...
EL TODAVÍA CONFUSO CASO RIPOLL.- La postura oficial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) sobre la Operación Brugal en Alicante, contenida en sendos comunicados oficiales contradictorios emitidos el miércoles sobre los once arrestos efectuados el martes, entre ellos el del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, del PP, por presunta corrupción, envuelve el caso en una ceremonia de confusión. Las tesis del tribunal, presidido por Juan Luis de la Rúa, amigo del presidente valenciano Francisco Camps, sirvieron para atizar la estrategia del PP contra el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía. La espoleta de ese comportamiento del PP, que suscribió el Tribunal Superior valenciano, fue la no participación directa en la operación del juez instructor, ni tampoco en las detenciones ni en la comunicación de las posteriores citaciones judiciales. El tribunal, y en paralelo destacados dirigentes populares, mantuvieron que el juez instructor no emitió ninguna orden de detención ni cédula de citación, y que tampoco tuvo conocimiento del desarrollo de la operación. Los líderes del PP, encabezados por el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, llegaron a cuestionar la legalidad de las detenciones y acusaron directamente al Ministerio del Interior de desatar una campaña propagandística para beneficiar los intereses de José Luis Rodríguez Zapatero en el debate del estado de la nación. Frente a estas tesis se posicionaron, de manera unánime, el Ministerio del Interior, la Dirección General de Policía, la Fiscalía General de Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Los cuatro organismos afirmaron que los comunicados del TSJ son "falsos" y que el juez instructor estuvo al tanto, en todo momento, de los detalles de la operación, incluidos los registros y las detenciones.
El TSJ, en una primera nota emitida sobre las 11.00, aseguró que el magistrado instructor, Carlos San Martín Gómez, titular del juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, no había emitido ninguna orden de detención ni cédula de citación. "Se debe remarcar que no existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna", recogía expresamente la nota. En los mismos términos de contundencia se expresó en el apartado de las citaciones, aunque puntualizó que "el juzgado no tiene prevista ninguna actuación ni toma de declaración que guarde relación con estas diligencias en el día de hoy", en alusión a la jornada de ayer. Las citaciones serán hoy. A primera hora de la tarde, sin embargo, el mismo tribunal emitió una segunda nota que corregía la primera, lanzaba críticas nada veladas a Interior y la policía y desvelaba datos sustanciales del proceso omitidos inicialmente. En esta segunda nota, el TSJ admite que los 19 registros policiales efectuados con motivo de las detenciones sí fueron autorizados por el juzgado instructor mediante un auto del pasado 1 de julio. También puntualizó que la policía sí tiene competencia para efectuar las detenciones realizadas durante la operación. El comunicado insiste en que no hay un auto de detención, pero admite también que "la policía puede practicar una detención en cualquier momento si lo considera oportuno en el transcurso de una investigación". Y en cuanto a las citaciones, se señala: "La policía tiene potestad para citar a las personas afectadas por sus investigaciones a las que no conduce de forma directa ante el juez". Pese a estas aclaraciones, la nota reconoce en relación a las comparecencias de los detenidos previstas a partir de hoy jueves, que "a media tarde [la tarde del miércoles], el juez ha sido informado verbalmente, aunque no de manera oficial al respecto". La nota omite que todos los registros policiales se desarrollaron en presencia de un secretario judicial (el titular del juzgado en el caso de los de Orihuela y de los de guardia en los registros de Alicante y Valencia). Este funcionario judicial presenció toda la operación desarrollada por los agentes y "consintió los arrestos", precisó una fuente del caso.
La policía realizó los 11 arrestos a instancias de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante, órgano que abrió la investigación de este caso en marzo de 2007. Hacia las 15.00 del martes, la Fiscalía Anticorrupción comunicó a la policía que podía dejar en libertad con cargos a todos los detenidos tras prestar declaración por no creer "necesario mantener su arresto en los calabozos" hasta su puesta a disposición judicial, agregan fuentes del caso. Ninguna de las fuentes judiciales vinculadas con el proceso consultadas por este periódico cuestionó ayer la legalidad de los registros ni de las citaciones judiciales. Estas fuentes aceptaron que la citación judicial a través del Ministerio del Interior y firmada por el agente que acaba de interrogar al detenido no es habitual pero sí adecuada para casos que la investigación considera urgentes.
Según cuenta El País, la lluvia de críticas al Gobierno por parte de los dirigentes populares por esta supuesta teoría de la conspiración contrastó con la moderación del implicado de mayor calado de la operación, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Éste, en una comparecencia ante la prensa en la mañana de l miércoles, de manera escueta y sosegada, admitió que estuvo detenido 12 horas, que declaró durante 10 minutos ante los agentes de la comisaría de Alicante y que al término, tras quedar en libertad, recibió una notificación para comparecer ante el juzgado instructor a las 14.00 horas de hoy. Una notificación que leyó varias veces. "No sé de qué se me acusa, pero este jueves iré al juzgado". Ripoll elogió incluso el trato dispensado por los agentes y no mencionó nada sobre una supuesta campaña organizada desde el Gobierno contra el PP. Por su parte, dice El Mundo que la avalancha de registros que desencadenó el 'torbellino Brugal' en Alicante, hizo que pasara inadvertido uno de ellos, que puede ser clave en las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Y es que, según fuentes cercanas al caso, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) entraron el martes por la tarde en las oficinas de la constructora Ecisa con un objetivo muy claro. Solicitaron documentación sobre una «promoción inmobiliaria» en Alicante y estaban muy interesados en saber quiénes fueron los compradores finales de una de las viviendas...
CORREA PRETENDE OBSTRUIR LA INVESTIGACIÓN DE GURTEL.- La Fiscalía Anticorrupción ha advertido al juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, del intento de Francisco Correa de obstruir la investigación con "nuevas escrituras, contratos y otras operaciones continuadoras de delito". En su escrito, las fiscales del caso se pronuncian sobre la petición de libertad provisional reclamada por el abogado José Antonio Choclán. El letrado esgrime como motivos de la impugnación la falta de motivación de la resolución y la insuficiente gravedad de las infracciones que se le imputan para justificar la prisión preventiva. Frente a los citados argumentos, las fiscales de Anticorrupción insiste en que los requisitos que fundamentan su permanencia en prisión siguen vigentes: riesgo de fuga; peligro de obstrucción de la investigación; y la gravedad de los delitos de los que se le acusa por su implicación en la trama corrupta. El abogado Choclán es doctor en Derecho, con bufete propio, aunque con anterioridad desempeñó tareas jurídicas en la Audiencia nacional y el Consejo general del Poder Judicial.
Según explica una información del diario El Mundo, sobre el riesgo de fuga, la Fiscalía recuerda que hay conversaciones que ponen de manifiesto la intención de Correa de residir en el extranjero ante la posibilidad de que le se incoara un procedimiento penal contra él. Además, señala la Fiscalía que consta en la causa documentación acreditativa de un importantísimo patrimonio del imputado fuera de España que le facilitaría considerablemente su residencia en otros países. De la declaración de Arturo Gianfranco Fasana se extrae un saldo de más de 17 millones de euros en una cuenta de Correa. En cuanto a la obstrucción de la causa, Anticorrupción insiste en que el riesgo "pervive en la actualidad". "Las conversaciones intervenidas y que se han visto confirmadas por numerosa documentación, reflejan un claro intento de eludir responsabilidades con nuevas escrituras, contratos y otras operaciones continuadoras de delitos", recoge el escrito. "No debe olvidarse sobre este particular que la evitación de que se hagan efectivas las responsabilidades civiles derivadas de la causa, se realiza destruyendo también elementos probatorios importantes. Un peligro concreto y fundado, al respecto, resulta de las actuaciones patrimoniales realizadas o intentadas entre octubre de 2008 y primeros de febrero de 2009", señala.
El cerebro de la red corrupta investigada se encuentra encarcelado en la prisión de Soto del Real desde el 12 de febrero de 2009 por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita, revelación de secretos, prevaricación y delitos de tráfico de influencias. El abogado de Correa, José Antonio Choclán, ha solicitado en repetidas ocasiones la puesta en libertad de su cliente, y ha sido repetidamente denegada por el alto riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas. Pedreira alegó que el empresario intentó fugarse antes de su detención y conseguir residencia legal en Colombia y Panamá. Correa se enfrenta, sólo por el delito fiscal, al pago de una fianza de 85 millones de euros, por defraudar 18 millones de euros en concepto de lo evadido en su IRPF, desviando los beneficios de sus operaciones a paraísos fiscales. Desde el 6 de febrero de 2009, fecha en la que estalló la operación Gürtel, las cuentas bancarias, los depósitos y valores de Correa se encuentran bloqueados por orden judicial. De igual modo, ocurre con las cuentas del resto de los cabecillas de la red corrupta. Al jefe de la Red Gurtel se le acusa de dirigir un grupo organizado de personas y empresas cuya actividad se centraba en el sector de la publicidad, organización de eventos o diseño de campañas promocionales y cuyos principales clientes eran entes públicos pertenecientes a las Administraciones públicas.
Cabe destacar la eficacia que han tenido en los últimos tiempos los abogados de los cabecillas de la trama Gurtel, varios de ellos con experiencia en la fiscalía, los tribunales o el Poder Judicial y asesorados y dirigidos por Federico Trillo.Ç
YA SON MÁS LAS BODAS QUE NO PASAN POR EL ALTAR.- El año pasado se celebraron 94.993 enlaces civiles, bastantes más que los religiosos: 80.174 bodas por el rito católico y un puñado, 785, de otras religiones, según datos que proporciona este jueves un reportaje de El País, que ofrece otros datos de interés: En 36.715 bodas, uno de los contrayentes era extranjero. Él era español y ella foránea en el 46,8% de esos matrimonios; en otro 32,1% era a la inversa. Y en el 21,1% de los casos ambos eran extranjeros. Los matrimonios entre personas del mismo sexo han aumentado. Fueron 3.412, 218 más que en 2008. Las uniones de dos novias fueron 1.200 bodas, la mitad de los enlaces entre varones, 2.212. Las bodas de gays y lesbianas se legalizaron en España en 2005.
Dice el trabajo periodístico que “era cuestión de tiempo y ese tiempo ha llegado: los matrimonios civiles en España ya son más que los religiosos. Este fenómeno es parejo a la secularización de la sociedad y está en el contexto de los cambios sociales de la familia. "Los que ahora se están casando son los hijos de aquéllos que ya mostraron cierto desinterés por la religión en los años sesenta y setenta; dos tercios de los jóvenes entre 15 y 24 años se declaran ateos, indiferentes o agnósticos", comienza el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Alfonso Pérez-Agote. "Décadas atrás, el matrimonio era la legitimación de las relaciones sexuales. Ya en los sesenta, uno se casaba cuando decidía tener hijos, por tanto, se legitimaba la procreación; lo que ahora toca es el sacramento de la hipoteca: si hay que emanciparse y contraer una relación duradera con un banco, más vale hacerlo en pareja y con los papeles en regla", dice Pérez-Agote. "Durante décadas, la Iglesia ha tenido el monopolio del rito para cualquier acontecimiento importante de la vida, bodas, bautizos, la propia muerte. Eso se ha acabado. Los ritos son actos sociales que buscan dar relevancia a un hecho mediante un formato creado para ello. Las primeras bodas civiles eran muy feúchas, pero ahora hay algunas ceremonias preciosas", dice Pérez-Agote. Lo que este sociólogo defiende es que las parejas, sencillamente, han cambiado un rito por otro, le han robado a la Iglesia el monopolio de conceder importancia y credibilidad a los acontecimientos de la vida.
Los consabidos rituales eclesiásticos, prácticamente idénticos para todas las parejas, están lejos de las bodas civiles diseñadas por los novios al detalle, rodeadas de guiños personales y de amigos que ofician la ceremonia. "La Iglesia ofrece un ritual repetido sujeto a moldes viejos donde la gente, los contrayentes, no son los protagonistas del matrimonio y donde el sacerdote es un mero testigo que da fe", dice la teóloga de la Asociación Juan XXIII Margarita Pintos. Ella cree que todas esas cosas que la Iglesia no ha sabido valorar, alejan a las parejas de los matrimonios religiosos. "Los rituales oficiales de la Iglesia no tienen contenido emocional por parte de las personas que participan, son prefabricados. En muchas de las bodas civiles hasta el concejal conoce a la pareja y les dedica un discurso individualizado. Por la Iglesia hay que pasar engorrosos cursillos prematrimoniales, te tienes que casar en la parroquia que te toca... Muchos de los que somos creyentes hacemos la ceremonia por lo civil y luego una fiesta en nuestra comunidad religiosa, que es como debería ser. Un sacramento no debe tener valor civil, eso es un disparate", dice Pintos.
Cuenta el mismo trabajo que, por consiguiente, ya no es de extrañar que una cuarta parte de los niños nacidos sean hijos de uniones consensuales. "En los noventa todavía se vinculaba más el matrimonio a la llegada de los hijos, ya no tanto. Siguen pesando las cuestiones administrativas e hipotecarias. Pero el verdadero cambio es que los matrimonios van a menos desde 1975. Además de situaciones coyunturales como una crisis económica (las bodas descendieron en 2009 un 10%) hay otros factores que se extienden en el tiempo: la emancipación en España es muy tardía y, en muchos casos, sólo se sale de la casa de los padres para convivir en pareja, casados o no. "La convivencia en pareja en España ha registrado en los noventa los niveles más bajos de toda Europa". La paradoja de los países del sur es extraña. ¿Mucha o poca familia? "Porque una de las razones que se esgrimen para explicar por qué los del sur se van más tarde de casa es que están cómodos en una estructura familiar protectora, pero, por otro lado, eso impide que formen antes su propia familia". Como quiera que sea, la foto ya es inequívoca, concluye El País: la Iglesia está perdiendo terreno cuando se produce el salto del nido paterno y a las parejas les da por casarse. El país y sus habitantes están cambiando a gran ritmo...
SE REDUCEN LOS BONUS BANCARIOS.- Comienzan a ser realidad, en normas legales, algunos efectos prácticos de la crisis financiera internacional. Un ejemplo: El Parlamento Europeo aprobó el miércoles una directiva que restringe las bonificaciones en el sector de la banca. A partir de enero de 2011, sólo un 30% de la bonificación podrá pagarse en efectivo, y al menos la mitad se abonará como acciones o capital a disposición del banco en caso de dificultades. Además, los incentivos variables deberán ser proporcionados con respecto a los salarios. Las normas también refuerzan los requisitos de capital de la banca. La socialista británica Arlene McCarthy, que condujo las negociaciones con el Consejo como ponente, ha declarado que "dos años después de la crisis financiera global, estas nuevas normas transformarán la cultura de las primas y pondrán fin a los incentivos que llevan a los directivos de los bancos a tomar riesgos excesivos. Una cultura de primas de alto riesgo y a corto plazo daña la economía y son los contribuyentes los que terminan por pagar. Ya que los bancos no han conseguido introducir reformas, somos nosotros los que hacemos el trabajo por ellos". Las normas que regularán las primas, aprobadas por 620 votos a favor, 27 en contra y 35 abstenciones, tendrán que recibir la aprobación formal del Consejo y se aplicarán a partir de enero de 2011.
El texto acordado establece que sólo un 30% de las primas podrán pagarse en efectivo (un 20% en el caso de las más elevadas, que tendrán que ser definidas por las instituciones financieras). Entre un 40% y un 60% de la prima se aplazará al menos tres años, y los bancos podrán recuperarla si las inversiones no logran los resultados esperados. Además, al menos la mitad de la prima tendrá que abonarse como acciones y "capital contingente", es decir, dinero a disposición del banco en caso de dificultades. Las bonificaciones variables deben mantener un equilibrio con los salarios. Las entidades financieras fijarán límites a las primas, de acuerdo con una serie de líneas generales a escala europea, para reducir el papel desproporcionado de los incentivos en el sector financiero.
Las nuevas normas también cubrirán las bonificaciones vinculadas a las pensiones de los directivos. De acuerdo con la nueva legislación, la política de pensiones será compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses a largo plazo de la entidad. Además, con el objetivo de vincular los pagos extraordinarios en forma de pensiones a la fortaleza de los bancos, éstos tendrán que abonarse como capital contingente. De esta forma se evitarán situaciones como las vividas recientemente, cuando varios directivos se jubilaron con pensiones muy elevadas sin verse afectados por la crisis del banco en el que trabajaban.
La legislación aprobada hoy por el Parlamento introduce medidas que limitarán el uso de las primas en los bancos rescatados con fondos públicos. En concreto, la nueva norma establece que los directivos de los bancos rescatados no podrán recibir ninguna bonificación a no ser que esté debidamente justificada. La falta de capital en el sistema bancario fue un elemento crucial de la crisis. Por eso, la directiva aprobada ahora introduce dos medidas: normas más estrictas de capital sobre las actividades de comercio de los bancos y estándares más elevados para las retitulizaciones. Las medidas que afectan a las retitulaciones y la cartera de negociación garantizarán que los bancos disponen de líquido suficiente para cubrir los riesgos en los que incurren en su actividad comercial, incluyendo las hipotecas, que estuvieron en el origen de la crisis financiera. Según varios estudios, las nuevas normas permitirán que los bancos mantengan entre tres y cuatro veces más capital que en la actualidad. Los diputados han acogido favorablemente las iniciativas emprendidas por la Comisión sobre las políticas remunerativas en el sector financiero y las empresas que cotizan en bolsa. Sin embargo, consideran que hay que tener en cuenta el tamaño de las entidades financieras y su contribución al riesgo sistémico a la hora de imponerles una regulación adicional en materia de política de remuneración y requisitos de capital. La Eurocámara pide a la Comisión que adopte "principios sólidos y vinculantes" sobre las políticas remunerativas en el sector financiero, basándose en las propuestas para la banca contenidas en el informe relativo a las directivas sobre la adecuación del capital, así como un régimen de divulgación de información basado en un procedimiento del tipo «cumplir o explicar» cuando las empresas que cotizan en bolsa no respeten estos principios.
GALICIA TEME RECORTES EN AUTOVÍAS.- Según cuenta La Voz de Galicia este jueves, el sigilo con el que Fomento está gestionando el plan de recorte de la inversión, que José Blanco presentará en los próximos días en el Congreso, es proporcional a la inquietud que genera en la Xunta la certeza de que la tijera obligará a posponer proyectos estratégicos para la región. El propio ministro confirmó este miércoles en Asturias el primer aplazamiento por ese motivo, que afectará a la autovía Transcantábrica. Blanco, que constató que esa autovía es «muy importante» para el desarrollo de las dos comunidades, adelantó que su conclusión sufrirá un nuevo retraso de al menos un año. El anuncio que el ministro realizó durante el corte de cinta de un tramo de la autovía asturiana A-63, deja en papel mojado el objetivo que Blanco había refrendado en varias ocasiones en los últimos meses, de que el trazado completo de la Transcantábrica entraría en servicio a finales del 2011. En todo caso, antes de esa fecha debían estar operativos cuatro tramos que suman 20 kilómetros: Abadín-Castromaior y Castromaior-Touzas, cuya apertura estaba prevista para septiembre próximo, y Barreiros-Vilamar y Vilamar-Lourenzá, que se iba a inaugurar en diciembre. Ese calendario ministerial queda ahora en el aire. Pero la demora en la puesta en servicio de la Transcantábrica es sólo un anticipo del plan de reprogramación de obras que ultima Fomento como consecuencia del recorte de 6.400 millones de euros en la inversión en infraestructuras entre este ejercicio y el 2011. El secretario de Estado de Infraestructuras, Víctor Morlán, ya trasladó el lunes al Gobierno de Feijoo que el ministerio está negociando con las constructoras el margen para realizar reajustes en tramos concretos de actuaciones en marcha. A falta de que el ministro concrete en el Congreso una relación de proyectos, en la que figura una autovía Transcantábrica que «seguirá siendo prioritaria», los recortes amenazan las conexiones de Lugo con Santiago (A-54) y con Ourense (A-56). Estas dos autovías, previstas para el período 2008-2010, sufrirían demoras añadidas. La conclusión de los 57 kilómetros que están en obras en la A-54 está prevista para el 2012, aunque los 32 del tramo Arzúa-Palas de Rei en ningún caso estarán listos antes del 2013. En la A-56, están en obras 9,7 de los 68,8 kilómetros de trazado. Esa parte en ejecución tiene como fecha de entrega el 2012, pero la autovía no podrá completarse antes del 2014. A pesar de que Morlán informó a la directora general de Infraestruturas de la Xunta, Isabel Vila, de que Fomento descarta una paralización generalizada de proyectos de la que quedarían excluidos los viales que aún no están en obras, el Gobierno de Feijoo teme por el futuro de otras autovías estratégicas para Galicia. Son los casos de la conexión Vigo y Pontevedra (A-57), que considera prioritaria para aliviar la congestión de la AP-9 en Rande; y de la tercera salida hacia la Meseta por Ponferrada (A-76). En principio, esa ampliación de la AP-9 en Rande y en la circunvalación de Santiago quedará a salvo de los ajustes que prepara Fomento. Las obras que Blanco presentó en abril supondrán una inversión de 272 millones para erradicar dos cuellos de botella de la vía de pago.
Entre los colaboradores de José Blanco se trabaja contra reloj para comprobar qué se recorta y qué se mantiene...
viernes, 9 de julio de 2010
jueves, 8 de julio de 2010
VENDRÁN A ESPAÑA LOS 52 PRESOS QUE LIBERARÁN LOS CASTRO, RAJOY CALLA SOBREEL CASO RIPOLL, PIDEN EXPLICACIONES A RUBALCABA, CHOQUE RIPOLL-CAMPS
VENDRÁN A ESPAÑA LOS 52 PRESOS POLÍTICOS CUBANOS.- Los 52 presos políticos que serán excarcelados por el régimen cubano en los próximos meses viajarán a España, aunque posteriormente puedan dirigirse a otros países, según reveló en la madrugada de este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, en un encuentro con periodistas en la residencia del embajador español en La Habana, antes de iniciar su viaje de regreso a Madrid. Moratinos aseguró desconocer la identidad de los cinco primeros presos que saldrán en libertad en los próximos días ya que, según explicó, es el Arzobispado de La Habana el que se encargará de seleccionarlos, en función de su estado de salud y su deseo de viajar a España. Aseguró en cambio que las autoridades cubanas han dado garantías de que sus propiedades en la isla no serán confiscadas y de que sus familiares podrán volver cuando lo deseen. Respecto a los ex reclusos, no se excluye que pueden hacerlo, aunque necesitarán una autorización. Moratinos aseguró que el compromiso del presidente Raúl Castro es liberar a todos los presos políticos, aunque su número está sujeto a controversia. Mientras la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional los cifra en 167, sin embargo, se ha acordado centrarse en los 52 del denominado Grupo de los 75, detenido en la primavera de 2003, que resulta incontestable para todas las partes. Por ello, pidió al disidente Guillermo Fariñas, en estado crítico tras más de cuatro meses en huelga de hambre y sed, que abandone su protesta; algo que, según su médico personal, Ismel Iglesias, podría ocurrir pronto. De hecho, esta misma madrugada el doctor anunciaba que el disidente se ha mostrado dispuesto a suspender parcialmente su ayuno y que puede empezar a beber agua, una vez que sean liberados los primeros cinco reclusos.
MORATINOS Y EL CARDENAL.-- Tras la reunión que Moratinos mantuvo con el presidente cubano, Raúl Castro, y el cardenal Jaime Ortega, tras la cual se anunció la excarcelación de los 52 presos, el ministro español no pudo ocultar su alegría. "Sentimos una enorme satisfacción. Se abre una nueva etapa en Cuba con el deseo de zanjar definitivamente la cuestión de los presos", dijo un exultante Moratinos. Según él, "ya no hay ninguna razón para mantener la Posición Común[europea]". "Esto era lo que mis colegas me pidieron, espero que ahora respondan al compromiso", insistió Moratinos. El jefe de la diplomacia española habló ayer mismo con la alta representante de la UE, Catherine Alshton, a quien informó del resultado de sus gestiones y tiene intención de hacerlo también con la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton. Moratinos y el cardenal Jaime Ortega vieron el partido entre España y Alemania en la residencia del presidente Raúl Castro. Según el ministro, ambos "vibraron" con el triunfo de la selección española.
LOS PRESOS QUE AÚN QUEDAN.- Con la liberación de los 53 presos -52 y Fariñas-, se cumple la demanda del opositor Guillermo Fariñas, quien se declaró en huelga de hambre hace 4 meses exigiendo la excarcelación de 25 presos políticos enfermos. Sin embargo, su portavoz, Lizette Zamora, indicó que el disidente no depondrá su actitud "hasta que no estén liberados los primeros 12 presos de los 26 más enfermeros" Algunos disidentes y miembros de la curia cubana calificaron en La Habana la actitud de Fariñas como de "soberbia" e insistieron en que la liberación de los presos no representa que el Gobierno haya sucumbido a sus presiones sino a los razonamientos de la Iglesia. Sin embargo, se supo que una persona cercana a Fariñas dijo a un canal de Miami que el jueves el opositor tomaría una decisión concreta tras consultar con un grupo de amigos, mientras que en Cuba el médico disidente que sigue su caso aseguró que el disidente "ha estado de acuerdo en comenzar a beber agua, cuando liberen a los cinco primeros presos". La Iglesia comunicó, además, que en las próximas horas otros seis presos serán acercados a sus provincias de residencia. Se recuerda que desde que Fidel Castro llegó al poder, el régimen cubano ha procedido a tres grandes liberaciones de presos. En 1978 dejó en libertad a 3.500 tras un proceso de "diálogo" con un sector del exilio cubano, en noviembre de 1962 envió a Estados Unidos a los 1.500 sobrevivientes de la fracasada invasión de Playa Girón y ahora este grupo de 52, todos ellos arrestados en 2003 en un hecho conocido como la "Primavera negra". Grupos de la oposición calculan que después de estas excarcelaciones, la cifra de presos políticos en la isla disminuirá a 100. Pero según un reporte emitido por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) a pesar de reducir el número de presos "el gobierno sigue violando sistemáticamente todos los derechos de sus ciudadanos".
Las intervenciones de la Iglesia católica y del ministro Moratinos parecen haber sido clave, en todo caso, para estos nuevos pasos del régimen de los hermanos Castro...
RAJOY VUELVE A CALLAR.- El presidente del PP ha vuelto a emplear su táctica de esperar, en silencio, y lanzar a uno de sus colaboradores por delante. La ha empleado, por ejemplo, cuando el fallo del TC: envió por delante a Sáenz de Santamaría para proclamar un “hemos ganado” del que él, más tarde, se desentendió. Enmviò por delante a Dolores de Cospedal para insultar a Montilla como fascista y marxista, de lo que también, unas horas más tarde, se desentendió y marginó. Ahora, Rajoy vuelve a callar en el caso Ripoll, aunque ha enviado por delante a su portavoz González Pons, quien no ha dudado en apuntar a Rubalcaba como autor de una patraña y una maniobra de desprestigio del PP de la comunidad valenciana. Como indica una crónica de El País, “da igual lo que pase. Mariano Rajoy ha decidido seguir fiel a su libro, y ese libro incluye trabajar como si los casos de corrupción en su partido no existiesen, con la idea, repetida en su entorno, de que a los ciudadanos les interesa la crisis económica y nada más. La Comunidad Valenciana, hasta hace bien poco un ejemplo de gobierno del PP que Rajoy citaba en todos sus mítines, escenario de sus mejores baños de masas, tiene a Francisco Camps, su presidente regional, imputado por cohecho impropio e implicado en posible financiación ilegal; a su líder en Castellón, Carlos Fabra, a punto de sentarse en el banquillo, y ahora a su líder en Alicante, José Joaquín Ripoll, detenido por presunta corrupción, y puesto en libertad la noche del martes. Mientras en el PP, a todos los niveles, se extiende una enorme preocupación de fondo, sobre el agujero negro del partido en esta comunidad,. Rajoy se limitaba a proclamar: “Qué calorcillo". Fue lo único que dijo ante las preguntas de la prensa
NADA QUE DECIR.- Parece evidente que Rajoy no tiene nada que decir, o no quiere decir nada, sobre el asunto, al menos de momento. O lo que sabe no le conviene contarlo, o lo que adivina tampoco. Lo cierto es que el líder obvió el escándalo en un discurso en Torrijos (Toledo), en el que sin embargo, pidió al PSOE explicaciones por la crisis de Caja Castilla La Mancha. Tanto antes como a la salida del acto se negó de nuevo a contestar las preguntas de los medios. El líder, según fuentes del PP, tenía noticias de que esto podía suceder, pero de momento no ha pensado una respuesta. Sus portavoces remiten a las declaraciones de Camps, como si el asunto fuera una cuestión local. Sin embargo, tras la liberación de Ripoll, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, exigió al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "explicaciones inmediatas" sobre una operación "de resultado desastroso". Pero sucede que Ripoll no es solo un líder local. Es un todopoderoso barón provincial que, para la dirección nacional, cuenta mucho. Tanto Dolores de Cospedal como Ana Mato han tratado de apoyarse en él en los últimos meses para gestionar la crisis del PP valenciano y pedirle que no hiciera sangre con Camps, su gran rival. El propio Rajoy lo ha recibido en su despacho hace poco, según fuentes de la dirección, precisamente para tratar la crisis del PP valenciano. Esto es, Ripoll, aunque para el gran público del resto de España no sea un personaje conocido, es un dirigente clave para Rajoy, pese a que están distanciados por el enfrentamiento de este último con Camps.
RELACIONES COMPROMETIDAS.- Recuerda, por cierto, el diario El País que el líder Rajoy, Cospedal y Mato también han hablado mucho en estos meses con Fabra, del que Rajoy llegó a decir que es un "ciudadano y un político ejemplar", pese a que un informe detalla que movió en seis años 5,3 millones de euros, 73 veces su sueldo oficial, en sus 94 cuentas bancarias, y defraudó a Hacienda 1,7 millones. El entorno de Camps, más preocupado de la guerra interna que de la imagen del PP valenciano, está ahora satisfecho porque ve a un enemigo, Ripoll, zaplanista, en apuros. Algunos han comenzado ya a pedir la cabeza de Ripoll. Sin embargo, como sucede con el caso Fabra, Camps no puede echar a nadie por el hecho de estar imputado, porque él mismo lo está. Y Rajoy calla a la espera de más y más favorables datos del nuevo asunto turbio...
ZAPLANA Y CAMPS PELEAN DE NUEVO.- Nos relata hoy el periódico en la red El Confidencial, que la Dirección Nacional del Partido Popular teme que la detención durante varias horas del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, último reducto del zaplanismo en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, degenere en un nuevo episodio fratricida entre barones del PP valenciano. El entorno de Rajoy esperan que este asunto no desencadene una nueva noche de cuchillos largos entre los seguidores de Francisco Camps y los últimos fieles a Zaplana. Un enfrentamiento que, si se desata otra vez, puede acabar con consecuencias muy funestas también para el propio presidente de la Generalitat. “Esto al partido no le beneficia en nada, porque si Ripoll cae, se lleva a Camps de la mano”, explica uno de los colaboradores del presidente de la Comunidad Valenciana con cargo orgánico en el partido. Y es que, sea cual sea el futuro judicial de Ripoll, el estallido de un nuevo caso de corrupción en las filas del PPCV vuelve a poner contra las cuerdas al propio Camps, incapaz de poner orden en su partido y obsesionado con su defensa judicial por el caso de los trajes y la financiaciòn irregular del P valenciano, que está pendiente de ser reabierto próximamente por el TSJCV. “Otra cosa es que a nivel personal, algunos puedan alegrarse de lo que le está pasando a Ripoll, pero no creo que se trate de una venganza interna”, añade la citada fuente. Y es que a nadie se le escapa la rivalidad personal que mantienen Camps y Ripoll, y que ha llevado al segundo a ausentarse de cualquier reunión de apoyo al presidente valenciano.
RELACIÓN DE RIPOLL CON ZAPLANA.- De momento, la puesta en libertad sin cargos del presidente de la Diputación de Alicante hace pensar que, a la espera de nuevas noticias o actuaciones judiciales, las aguas permanecerán tranquilas. Y es que los estrechos vínculos de Ripoll con el ex presidente Eduardo Zaplana, ssgún recuerda El Confidencial, llevaron, en su día, a que la dirección regional del partido intentase apartarlo sin éxito de la presidencia del PP alicantino, su auténtico bastión y centro de poder. Una guerra interna en la que el sector fiel a Camps nunca ha conseguido lograr sus objetivos y que ha generado múltiples situaciones de tensión. De hecho, durante los últimos meses, ha sido el propio Ripoll quien más ha cuestionado la continuidad de Francisco Camps como presidente de la Generalitat por su implicación en el Caso Gürtel. Ripoll no ha querido asistir a ninguna de los actos en los que el líder valenciano ha intentado lavarse la cara ante los casos de corrupción que le salpican. Llegó a denunciar incluso “amenazas” en el Comité Ejecutivo Regional del partido por su postura contraria a las “soluciones malas” propuestas por Camps para reestructurar el partido tras el cese de Ricardo Costa. De manera que el equilibrio de fuerzas que hasta el momento se ha mantenido a duras penas, podría saltar por los aíres si los hombres de Camps, hartos de aguantar los desplantes de Ripoll y su gente, intentan utilizar esta situación para hacerse con el PP alicantino.
RIPOLL CONTROLA EL PP ALICANTINO.- Una situación muy complicada dado el férreo control con el que Ripoll maneja su nicho de poder. “Alguno podría tener la tentación de aprovechar lo de Alicante para quitarse de en medio a unos cuantos y poner a los nuestros, pero Ripoll controla orgánicamente el PP de Alicante de arriba abajo”, aseguran desde el PPCV. Y en caso de que Ripoll se viera forzado a dejar su cargo por su eventual participación en otro caso de corrupción, las riendas del PP de Alicante pasarían a estar en manos de la actual alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, su mano derecha en el partido. Mujer con responsabilidad orgánica interna, ocupa la secretaría general del PP de Alicante y es también vicepresidenta y portavoz de la Diputación de Alicante, además de diputada autonómica en las Cortes valencianas. “Mónica Lorente hará lo que Ripoll diga, esté donde esté Ripoll”, aseguran las mismas fuentes, quienes avisan que no hay que perderla de vista.
Termina considerando El Confidencial que a los negros nubarrones judiciales que se ciernen sobre Francisco Camps y varios de sus más altos cargos se unen también los que atraviesa el poderoso presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de baja por enfermedad. Sea como fuere, la probable implicación de Ripoll en el caso investigado, acelera el fin de una era en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Desde hace meses, las quinielas arrojan numerosos nombres como posibles candidatos a suceder al jefe del Consell. Y nadie descarta que si la situación sigue empeorando cuando ya todo el mundo pensaba que se había tocado fondo, no quede más remedio que acudir a la incombustible Rita Barberá, apuesta segura y cabeza de cartel deseada por la mayoría de los afiliados, aunque ella, de momento, se resiste a dejar la política local.
Como se ve, la política popular y valenciana sigue aportando abundante material al que prestar atención preferente,.
MURCIA SE RESISTE AL NUEVO ABORTO.- Tras las extemporáneas declaraciones del presidente murciano, declarando a “su” territorio “zona sin abortos” hasta que el Tribunal Constitucional no se defina sobre la constitucionalidad de la nueva ley, en el resto de las Comunidades, posiblemente con otra excepción, llamada Navarra, parece que se reanudarán ese tipo de operaciones, a la espera de que resulten tener más seguridad, para las gestantes y para sus cirujanos, que en la vieja ley, que ha estado vigente un cuarto de siglo con Gobiernos socialistas y popular. Eso sí, Murcia y su presidente Varcárcel se resisten, pese a la llamada al orden del PP, entre clara y terminante y cauta y ambigua. El PP ha recordado que la ley está en vigor, porque el TC no ha indicado lo contrario, pero que cabe esperar que lo pueda decir, alguna vez...
MURCIA DERIVARÁ A OTRAS CCAA.- Y mientras tanto, en el terreno, la Consejería de Sanidad de Murcia ha anunciado que derivará a otras comunidades autónomas a las pacientes de esta región que quieran interrumpir sus embarazados porque, según un portavoz, este servicio sanitario no se practica en los hospitales públicos, y la nueva ley del aborto ha dejado en suspenso los conciertos con las cinco clínicas privadas que existían hasta ahora. Es decir, que la resistencia de Murcia, que se dio a conocer el lunes, día de entrada en vigor de la nueva ley, continúa pese a las declaraciones de dirigentes del PP como Soraya Sáenz de Santamaría, que ha dejado claro que la ley es aplicable. "La Ley ha entrado en vigor", ha repetido una y otra vez ante la insistencia de los periodistas en el Congreso de los Diputados.
MURCIA, A LA CABEZA DE ABORTOS.- Sin embargo, un portavoz de la Consejería de Sanidad de Murcia ha informado de que en esta comunidad, que se sitúa a la cabeza de España en tasas de abortos por cada mil mujeres, con 16,59, no existe registro de médicos contrarios o favorables a la práctica de abortos porque desde la entrada en vigor de la primera ley reguladora, en 1985, ningún facultativo se ha pronunciado expresamente en ese sentido. La Consejería de Sanidad ha avanzado que con la nueva ley elaborarán ese registro de objeción de conciencia, y constituirán un comité ético-científico para el seguimiento de esta prestación. Según Sanidad, en 2009 se contabilizaron en esta región 4.172 abortos, el 58% de ellas en mujeres extranjeras, cuando en 2008 fueron 1.008 más. La Consejería ha insistido en que la nueva Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que entró en vigor el lunes, ha provocado que hayan dejado de practicarse abortos en esta región, porque el Ministerio obliga a las clínicas a que "se reacrediten" y ninguna de las cinco con las que existía concierto se han dirigido a la Administración para tal solicitud.
ADAPTACIÓN A LA NUEVA LEY.- Así, durante el tiempo que transcurra hasta que vuelvan a acreditarse estos centros ginecológicos, la mujer que reclame interrumpir su embarazo en el sector público será derivada a otra autonomía. "No se va a quedar ninguna mujer murciana sin ser atendida", afirmó.
El Ministerio ha estimado en unos cuatro meses el tiempo de adaptación a la nueva ley, según la Consejería de Sanidad de Murcia, que reprocha al Gobierno de España la falta de previsión en sus plazos y el escaso tiempo que han tenido tanto comunidades autónomas como clínicas para adaptar certificaciones o preparar la información que reciben las pacientes que optan por abortar. El mismo portavoz ha subrayado que el Gobierno de Murcia cree "fundamental" proporcionar toda la información posible a las mujeres para que tomen la mejor decisión posible. También se ha preguntado por las consecuencias "irreparables" que tendría una supuesta sentencia favorable del Tribunal Constitucional a los recursos presentados contra esta ley por el PP y el Gobierno de Navarra. Pero esa sentencia podría eternizar su espera, como ha sucedido con el Estatut. O incluso sea favorable al texto aprobado por las Cortes...
ANA BOTELLA SÍ CREE EN EL CAMBIO CLIMÁTICO.- El periódico Público, nada partidario de las ideas que suele exponer Aznar, en cambio ha acogido con satisfacción las opiniones que este martes exponía su esposa, Ana Botella, concejal (y no delegada, como le llama la información), de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Ana Botella, cree que "la solución a la crisis pasa por luchar activamente contra el cambio climático". Así lo ha manifestado Botella, al participar en una mesa redonda bajo el rótulo 'La administración local ante el cambio climático', donde ha defendido la eficiencia de la ciudad de Madrid en materia ecológica. La concejal de Ruiz Gallardón aseguró que, "mientras que las emisiones de CO2 en España crecieron en el periodo 1990-2007 un 52,6%, las de Madrid lo hicieron en un 15,6%, es decir, 37 puntos menos que en el resto del país, cumpliendo con lo estipulado en el Protocolo de Kyoto". Ana Botella afirmó que Madrid ha demostrado que es posible el crecimiento económico y la reducción de emisiones de efecto invernadero. En el periodo 2002-2007, "Madrid redujo sus emisiones totales, tanto directas como indirectas, en un 4,2%". En cambio, lamentó que en el conjunto de España, con un incremento similar del PIB, "las emisiones aumentaron un 9,8%", según dijo Botella.
AZNAR OPINA LO CONTRARIO.- Las declaraciones de Ana Botella contrastan con las de José María Aznar, en el vloque de “negacionistas del cambio climático”. En efecto, la postura de Ana Botella contrasta con la de su marido y ex presidente del gobierno, José María Aznar, quien ha representado en España una de las mayores figuras del llamado “negacionismo climático”, para quien, en un contexto de crisis, no tiene sentido destinar recursos "a causas tan científicamente cuestionables como ser capaces de mantener la temperatura del planeta Tierra dentro de un centenar de años y resolver un problema que quizá, o quizá no, tengan nuestros tataranietos", según declaró Aznar durante la presentación del libro “Planeta Azul, no Verde”. Ana Botella, en cambio, parece querer abanderar la causa ecológica, participando en el curso de la Escuela de Negocios San Pablo CEU, que desde el día 6 al día 8 de julio ha organizado una serie de conferencias en las que se aborda la lucha contra el cambio climático desde la eficiencia energética y las energías renovables.
PRENAFETA LLORO Y CULPÓ A TODOS.- Nos ha relatado el diario barcelonés La Vanguardia en su edición digital d e este miércoles, el ex secretario general de la presidencia de la Generalitat entre los años 1980 y 1990, Lluís Prenafeta, ha considerado hoy "kafkiano" el proceso judicial del Caso Prtoria, en el que figura como imputado, y ha culpado de su "mal sueño" a jueces, fiscales y periodistas. Lluis Prenafeta, imputado por el caso 'Pretoria' presentó su libro 'El malson' (La pesadilla), donde explica su estancia en la prisión. Luis Prenafeta apareció visiblemente emocionado y dolido por la experiencia personal que le supone haber pasado 43 días en prisión preventiva como consecuencia de su implicación en la trama de corrupción urbanística del caso Pretoria. Según el ex alto cargo, el libro presentado ahora "jamás en la vida hubiera querido escribirlo", porque relata "en primera persona" la experiencia "de una pesadilla". La "pesadilla" se inició para Prenafeta el 27 de octubre del 2009 cuando fue detenido por orden del juez Baltasar Garzón y acusado de corrupción, conjuntamente con el ex conseller -también de la época Pujol- Macià Alavedra, y el entonces alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz. Tres días más tarde Prenafeta, que empezó a militar en CDC a finales de los años 70, ingresó en la prisión de Soto del Real y posteriormente fue trasladado a la de Can Brians, hasta que fue puesto en libertad bajo fianza a la espera del juicio.
PROCESAMIENTO KAFKIANO.- En el acto de presentación del libro, celebrado en una librería de la Rambla de Catalunya de Barcelona, Prenafeta explicó que su procesamiento "es digno" de ser comparado con el que describe el escritor Kafka, de la misma forma que podría serlo que el juez que lo procesó, Baltasar Garzón, "haya acabado procesado por otros jueces". "Pero todo es real y rocambolesco", ha lamentado el ex secretario general de la presidencia, antes de proclamar que "la justicia no existe, sino que existen jueces y fiscales", y después de lamentar que los ex fiscales del TSJC Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, hayan sido galardonados por el actual gobierno de la Generalitat. Prenafeta culpó de sus "males" y de su "pesadilla" a los medios de comunicación "y a determinados periodistas" que, en su opinión, "no han tenido ni una pizca de ética profesional" al informar sobre el caso Pretoria y de las acusaciones que pesan sobre él. Entre los periodistas a los que ha aludido Prenafeta no estaba, por supuesto, el que ha prologado su libro y ha dicho ser "amigo personal" suyo, Vicent Sanchís. Sanchís, que ha reconocido que le unía a Prenafeta "una profunda amistad", ha afirmado en el mismo acto que cree en su inocencia, que en los casos de corrupción "hay responsabilidades compartidas" y que "encarcelar a los políticos no hará mejor a la sociedad". Según Sanchís, la prensa es "superficial" al informar de los casos de corrupción.
La vanguardia ilustra su reportaje con un Prenafeta lloroso, durante el acto.
MORATINOS Y EL CARDENAL.-- Tras la reunión que Moratinos mantuvo con el presidente cubano, Raúl Castro, y el cardenal Jaime Ortega, tras la cual se anunció la excarcelación de los 52 presos, el ministro español no pudo ocultar su alegría. "Sentimos una enorme satisfacción. Se abre una nueva etapa en Cuba con el deseo de zanjar definitivamente la cuestión de los presos", dijo un exultante Moratinos. Según él, "ya no hay ninguna razón para mantener la Posición Común[europea]". "Esto era lo que mis colegas me pidieron, espero que ahora respondan al compromiso", insistió Moratinos. El jefe de la diplomacia española habló ayer mismo con la alta representante de la UE, Catherine Alshton, a quien informó del resultado de sus gestiones y tiene intención de hacerlo también con la secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton. Moratinos y el cardenal Jaime Ortega vieron el partido entre España y Alemania en la residencia del presidente Raúl Castro. Según el ministro, ambos "vibraron" con el triunfo de la selección española.
LOS PRESOS QUE AÚN QUEDAN.- Con la liberación de los 53 presos -52 y Fariñas-, se cumple la demanda del opositor Guillermo Fariñas, quien se declaró en huelga de hambre hace 4 meses exigiendo la excarcelación de 25 presos políticos enfermos. Sin embargo, su portavoz, Lizette Zamora, indicó que el disidente no depondrá su actitud "hasta que no estén liberados los primeros 12 presos de los 26 más enfermeros" Algunos disidentes y miembros de la curia cubana calificaron en La Habana la actitud de Fariñas como de "soberbia" e insistieron en que la liberación de los presos no representa que el Gobierno haya sucumbido a sus presiones sino a los razonamientos de la Iglesia. Sin embargo, se supo que una persona cercana a Fariñas dijo a un canal de Miami que el jueves el opositor tomaría una decisión concreta tras consultar con un grupo de amigos, mientras que en Cuba el médico disidente que sigue su caso aseguró que el disidente "ha estado de acuerdo en comenzar a beber agua, cuando liberen a los cinco primeros presos". La Iglesia comunicó, además, que en las próximas horas otros seis presos serán acercados a sus provincias de residencia. Se recuerda que desde que Fidel Castro llegó al poder, el régimen cubano ha procedido a tres grandes liberaciones de presos. En 1978 dejó en libertad a 3.500 tras un proceso de "diálogo" con un sector del exilio cubano, en noviembre de 1962 envió a Estados Unidos a los 1.500 sobrevivientes de la fracasada invasión de Playa Girón y ahora este grupo de 52, todos ellos arrestados en 2003 en un hecho conocido como la "Primavera negra". Grupos de la oposición calculan que después de estas excarcelaciones, la cifra de presos políticos en la isla disminuirá a 100. Pero según un reporte emitido por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) a pesar de reducir el número de presos "el gobierno sigue violando sistemáticamente todos los derechos de sus ciudadanos".
Las intervenciones de la Iglesia católica y del ministro Moratinos parecen haber sido clave, en todo caso, para estos nuevos pasos del régimen de los hermanos Castro...
RAJOY VUELVE A CALLAR.- El presidente del PP ha vuelto a emplear su táctica de esperar, en silencio, y lanzar a uno de sus colaboradores por delante. La ha empleado, por ejemplo, cuando el fallo del TC: envió por delante a Sáenz de Santamaría para proclamar un “hemos ganado” del que él, más tarde, se desentendió. Enmviò por delante a Dolores de Cospedal para insultar a Montilla como fascista y marxista, de lo que también, unas horas más tarde, se desentendió y marginó. Ahora, Rajoy vuelve a callar en el caso Ripoll, aunque ha enviado por delante a su portavoz González Pons, quien no ha dudado en apuntar a Rubalcaba como autor de una patraña y una maniobra de desprestigio del PP de la comunidad valenciana. Como indica una crónica de El País, “da igual lo que pase. Mariano Rajoy ha decidido seguir fiel a su libro, y ese libro incluye trabajar como si los casos de corrupción en su partido no existiesen, con la idea, repetida en su entorno, de que a los ciudadanos les interesa la crisis económica y nada más. La Comunidad Valenciana, hasta hace bien poco un ejemplo de gobierno del PP que Rajoy citaba en todos sus mítines, escenario de sus mejores baños de masas, tiene a Francisco Camps, su presidente regional, imputado por cohecho impropio e implicado en posible financiación ilegal; a su líder en Castellón, Carlos Fabra, a punto de sentarse en el banquillo, y ahora a su líder en Alicante, José Joaquín Ripoll, detenido por presunta corrupción, y puesto en libertad la noche del martes. Mientras en el PP, a todos los niveles, se extiende una enorme preocupación de fondo, sobre el agujero negro del partido en esta comunidad,. Rajoy se limitaba a proclamar: “Qué calorcillo". Fue lo único que dijo ante las preguntas de la prensa
NADA QUE DECIR.- Parece evidente que Rajoy no tiene nada que decir, o no quiere decir nada, sobre el asunto, al menos de momento. O lo que sabe no le conviene contarlo, o lo que adivina tampoco. Lo cierto es que el líder obvió el escándalo en un discurso en Torrijos (Toledo), en el que sin embargo, pidió al PSOE explicaciones por la crisis de Caja Castilla La Mancha. Tanto antes como a la salida del acto se negó de nuevo a contestar las preguntas de los medios. El líder, según fuentes del PP, tenía noticias de que esto podía suceder, pero de momento no ha pensado una respuesta. Sus portavoces remiten a las declaraciones de Camps, como si el asunto fuera una cuestión local. Sin embargo, tras la liberación de Ripoll, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, exigió al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "explicaciones inmediatas" sobre una operación "de resultado desastroso". Pero sucede que Ripoll no es solo un líder local. Es un todopoderoso barón provincial que, para la dirección nacional, cuenta mucho. Tanto Dolores de Cospedal como Ana Mato han tratado de apoyarse en él en los últimos meses para gestionar la crisis del PP valenciano y pedirle que no hiciera sangre con Camps, su gran rival. El propio Rajoy lo ha recibido en su despacho hace poco, según fuentes de la dirección, precisamente para tratar la crisis del PP valenciano. Esto es, Ripoll, aunque para el gran público del resto de España no sea un personaje conocido, es un dirigente clave para Rajoy, pese a que están distanciados por el enfrentamiento de este último con Camps.
RELACIONES COMPROMETIDAS.- Recuerda, por cierto, el diario El País que el líder Rajoy, Cospedal y Mato también han hablado mucho en estos meses con Fabra, del que Rajoy llegó a decir que es un "ciudadano y un político ejemplar", pese a que un informe detalla que movió en seis años 5,3 millones de euros, 73 veces su sueldo oficial, en sus 94 cuentas bancarias, y defraudó a Hacienda 1,7 millones. El entorno de Camps, más preocupado de la guerra interna que de la imagen del PP valenciano, está ahora satisfecho porque ve a un enemigo, Ripoll, zaplanista, en apuros. Algunos han comenzado ya a pedir la cabeza de Ripoll. Sin embargo, como sucede con el caso Fabra, Camps no puede echar a nadie por el hecho de estar imputado, porque él mismo lo está. Y Rajoy calla a la espera de más y más favorables datos del nuevo asunto turbio...
ZAPLANA Y CAMPS PELEAN DE NUEVO.- Nos relata hoy el periódico en la red El Confidencial, que la Dirección Nacional del Partido Popular teme que la detención durante varias horas del presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, último reducto del zaplanismo en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, degenere en un nuevo episodio fratricida entre barones del PP valenciano. El entorno de Rajoy esperan que este asunto no desencadene una nueva noche de cuchillos largos entre los seguidores de Francisco Camps y los últimos fieles a Zaplana. Un enfrentamiento que, si se desata otra vez, puede acabar con consecuencias muy funestas también para el propio presidente de la Generalitat. “Esto al partido no le beneficia en nada, porque si Ripoll cae, se lleva a Camps de la mano”, explica uno de los colaboradores del presidente de la Comunidad Valenciana con cargo orgánico en el partido. Y es que, sea cual sea el futuro judicial de Ripoll, el estallido de un nuevo caso de corrupción en las filas del PPCV vuelve a poner contra las cuerdas al propio Camps, incapaz de poner orden en su partido y obsesionado con su defensa judicial por el caso de los trajes y la financiaciòn irregular del P valenciano, que está pendiente de ser reabierto próximamente por el TSJCV. “Otra cosa es que a nivel personal, algunos puedan alegrarse de lo que le está pasando a Ripoll, pero no creo que se trate de una venganza interna”, añade la citada fuente. Y es que a nadie se le escapa la rivalidad personal que mantienen Camps y Ripoll, y que ha llevado al segundo a ausentarse de cualquier reunión de apoyo al presidente valenciano.
RELACIÓN DE RIPOLL CON ZAPLANA.- De momento, la puesta en libertad sin cargos del presidente de la Diputación de Alicante hace pensar que, a la espera de nuevas noticias o actuaciones judiciales, las aguas permanecerán tranquilas. Y es que los estrechos vínculos de Ripoll con el ex presidente Eduardo Zaplana, ssgún recuerda El Confidencial, llevaron, en su día, a que la dirección regional del partido intentase apartarlo sin éxito de la presidencia del PP alicantino, su auténtico bastión y centro de poder. Una guerra interna en la que el sector fiel a Camps nunca ha conseguido lograr sus objetivos y que ha generado múltiples situaciones de tensión. De hecho, durante los últimos meses, ha sido el propio Ripoll quien más ha cuestionado la continuidad de Francisco Camps como presidente de la Generalitat por su implicación en el Caso Gürtel. Ripoll no ha querido asistir a ninguna de los actos en los que el líder valenciano ha intentado lavarse la cara ante los casos de corrupción que le salpican. Llegó a denunciar incluso “amenazas” en el Comité Ejecutivo Regional del partido por su postura contraria a las “soluciones malas” propuestas por Camps para reestructurar el partido tras el cese de Ricardo Costa. De manera que el equilibrio de fuerzas que hasta el momento se ha mantenido a duras penas, podría saltar por los aíres si los hombres de Camps, hartos de aguantar los desplantes de Ripoll y su gente, intentan utilizar esta situación para hacerse con el PP alicantino.
RIPOLL CONTROLA EL PP ALICANTINO.- Una situación muy complicada dado el férreo control con el que Ripoll maneja su nicho de poder. “Alguno podría tener la tentación de aprovechar lo de Alicante para quitarse de en medio a unos cuantos y poner a los nuestros, pero Ripoll controla orgánicamente el PP de Alicante de arriba abajo”, aseguran desde el PPCV. Y en caso de que Ripoll se viera forzado a dejar su cargo por su eventual participación en otro caso de corrupción, las riendas del PP de Alicante pasarían a estar en manos de la actual alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, su mano derecha en el partido. Mujer con responsabilidad orgánica interna, ocupa la secretaría general del PP de Alicante y es también vicepresidenta y portavoz de la Diputación de Alicante, además de diputada autonómica en las Cortes valencianas. “Mónica Lorente hará lo que Ripoll diga, esté donde esté Ripoll”, aseguran las mismas fuentes, quienes avisan que no hay que perderla de vista.
Termina considerando El Confidencial que a los negros nubarrones judiciales que se ciernen sobre Francisco Camps y varios de sus más altos cargos se unen también los que atraviesa el poderoso presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, de baja por enfermedad. Sea como fuere, la probable implicación de Ripoll en el caso investigado, acelera el fin de una era en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Desde hace meses, las quinielas arrojan numerosos nombres como posibles candidatos a suceder al jefe del Consell. Y nadie descarta que si la situación sigue empeorando cuando ya todo el mundo pensaba que se había tocado fondo, no quede más remedio que acudir a la incombustible Rita Barberá, apuesta segura y cabeza de cartel deseada por la mayoría de los afiliados, aunque ella, de momento, se resiste a dejar la política local.
Como se ve, la política popular y valenciana sigue aportando abundante material al que prestar atención preferente,.
MURCIA SE RESISTE AL NUEVO ABORTO.- Tras las extemporáneas declaraciones del presidente murciano, declarando a “su” territorio “zona sin abortos” hasta que el Tribunal Constitucional no se defina sobre la constitucionalidad de la nueva ley, en el resto de las Comunidades, posiblemente con otra excepción, llamada Navarra, parece que se reanudarán ese tipo de operaciones, a la espera de que resulten tener más seguridad, para las gestantes y para sus cirujanos, que en la vieja ley, que ha estado vigente un cuarto de siglo con Gobiernos socialistas y popular. Eso sí, Murcia y su presidente Varcárcel se resisten, pese a la llamada al orden del PP, entre clara y terminante y cauta y ambigua. El PP ha recordado que la ley está en vigor, porque el TC no ha indicado lo contrario, pero que cabe esperar que lo pueda decir, alguna vez...
MURCIA DERIVARÁ A OTRAS CCAA.- Y mientras tanto, en el terreno, la Consejería de Sanidad de Murcia ha anunciado que derivará a otras comunidades autónomas a las pacientes de esta región que quieran interrumpir sus embarazados porque, según un portavoz, este servicio sanitario no se practica en los hospitales públicos, y la nueva ley del aborto ha dejado en suspenso los conciertos con las cinco clínicas privadas que existían hasta ahora. Es decir, que la resistencia de Murcia, que se dio a conocer el lunes, día de entrada en vigor de la nueva ley, continúa pese a las declaraciones de dirigentes del PP como Soraya Sáenz de Santamaría, que ha dejado claro que la ley es aplicable. "La Ley ha entrado en vigor", ha repetido una y otra vez ante la insistencia de los periodistas en el Congreso de los Diputados.
MURCIA, A LA CABEZA DE ABORTOS.- Sin embargo, un portavoz de la Consejería de Sanidad de Murcia ha informado de que en esta comunidad, que se sitúa a la cabeza de España en tasas de abortos por cada mil mujeres, con 16,59, no existe registro de médicos contrarios o favorables a la práctica de abortos porque desde la entrada en vigor de la primera ley reguladora, en 1985, ningún facultativo se ha pronunciado expresamente en ese sentido. La Consejería de Sanidad ha avanzado que con la nueva ley elaborarán ese registro de objeción de conciencia, y constituirán un comité ético-científico para el seguimiento de esta prestación. Según Sanidad, en 2009 se contabilizaron en esta región 4.172 abortos, el 58% de ellas en mujeres extranjeras, cuando en 2008 fueron 1.008 más. La Consejería ha insistido en que la nueva Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, que entró en vigor el lunes, ha provocado que hayan dejado de practicarse abortos en esta región, porque el Ministerio obliga a las clínicas a que "se reacrediten" y ninguna de las cinco con las que existía concierto se han dirigido a la Administración para tal solicitud.
ADAPTACIÓN A LA NUEVA LEY.- Así, durante el tiempo que transcurra hasta que vuelvan a acreditarse estos centros ginecológicos, la mujer que reclame interrumpir su embarazo en el sector público será derivada a otra autonomía. "No se va a quedar ninguna mujer murciana sin ser atendida", afirmó.
El Ministerio ha estimado en unos cuatro meses el tiempo de adaptación a la nueva ley, según la Consejería de Sanidad de Murcia, que reprocha al Gobierno de España la falta de previsión en sus plazos y el escaso tiempo que han tenido tanto comunidades autónomas como clínicas para adaptar certificaciones o preparar la información que reciben las pacientes que optan por abortar. El mismo portavoz ha subrayado que el Gobierno de Murcia cree "fundamental" proporcionar toda la información posible a las mujeres para que tomen la mejor decisión posible. También se ha preguntado por las consecuencias "irreparables" que tendría una supuesta sentencia favorable del Tribunal Constitucional a los recursos presentados contra esta ley por el PP y el Gobierno de Navarra. Pero esa sentencia podría eternizar su espera, como ha sucedido con el Estatut. O incluso sea favorable al texto aprobado por las Cortes...
ANA BOTELLA SÍ CREE EN EL CAMBIO CLIMÁTICO.- El periódico Público, nada partidario de las ideas que suele exponer Aznar, en cambio ha acogido con satisfacción las opiniones que este martes exponía su esposa, Ana Botella, concejal (y no delegada, como le llama la información), de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid. Ana Botella, cree que "la solución a la crisis pasa por luchar activamente contra el cambio climático". Así lo ha manifestado Botella, al participar en una mesa redonda bajo el rótulo 'La administración local ante el cambio climático', donde ha defendido la eficiencia de la ciudad de Madrid en materia ecológica. La concejal de Ruiz Gallardón aseguró que, "mientras que las emisiones de CO2 en España crecieron en el periodo 1990-2007 un 52,6%, las de Madrid lo hicieron en un 15,6%, es decir, 37 puntos menos que en el resto del país, cumpliendo con lo estipulado en el Protocolo de Kyoto". Ana Botella afirmó que Madrid ha demostrado que es posible el crecimiento económico y la reducción de emisiones de efecto invernadero. En el periodo 2002-2007, "Madrid redujo sus emisiones totales, tanto directas como indirectas, en un 4,2%". En cambio, lamentó que en el conjunto de España, con un incremento similar del PIB, "las emisiones aumentaron un 9,8%", según dijo Botella.
AZNAR OPINA LO CONTRARIO.- Las declaraciones de Ana Botella contrastan con las de José María Aznar, en el vloque de “negacionistas del cambio climático”. En efecto, la postura de Ana Botella contrasta con la de su marido y ex presidente del gobierno, José María Aznar, quien ha representado en España una de las mayores figuras del llamado “negacionismo climático”, para quien, en un contexto de crisis, no tiene sentido destinar recursos "a causas tan científicamente cuestionables como ser capaces de mantener la temperatura del planeta Tierra dentro de un centenar de años y resolver un problema que quizá, o quizá no, tengan nuestros tataranietos", según declaró Aznar durante la presentación del libro “Planeta Azul, no Verde”. Ana Botella, en cambio, parece querer abanderar la causa ecológica, participando en el curso de la Escuela de Negocios San Pablo CEU, que desde el día 6 al día 8 de julio ha organizado una serie de conferencias en las que se aborda la lucha contra el cambio climático desde la eficiencia energética y las energías renovables.
PRENAFETA LLORO Y CULPÓ A TODOS.- Nos ha relatado el diario barcelonés La Vanguardia en su edición digital d e este miércoles, el ex secretario general de la presidencia de la Generalitat entre los años 1980 y 1990, Lluís Prenafeta, ha considerado hoy "kafkiano" el proceso judicial del Caso Prtoria, en el que figura como imputado, y ha culpado de su "mal sueño" a jueces, fiscales y periodistas. Lluis Prenafeta, imputado por el caso 'Pretoria' presentó su libro 'El malson' (La pesadilla), donde explica su estancia en la prisión. Luis Prenafeta apareció visiblemente emocionado y dolido por la experiencia personal que le supone haber pasado 43 días en prisión preventiva como consecuencia de su implicación en la trama de corrupción urbanística del caso Pretoria. Según el ex alto cargo, el libro presentado ahora "jamás en la vida hubiera querido escribirlo", porque relata "en primera persona" la experiencia "de una pesadilla". La "pesadilla" se inició para Prenafeta el 27 de octubre del 2009 cuando fue detenido por orden del juez Baltasar Garzón y acusado de corrupción, conjuntamente con el ex conseller -también de la época Pujol- Macià Alavedra, y el entonces alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz. Tres días más tarde Prenafeta, que empezó a militar en CDC a finales de los años 70, ingresó en la prisión de Soto del Real y posteriormente fue trasladado a la de Can Brians, hasta que fue puesto en libertad bajo fianza a la espera del juicio.
PROCESAMIENTO KAFKIANO.- En el acto de presentación del libro, celebrado en una librería de la Rambla de Catalunya de Barcelona, Prenafeta explicó que su procesamiento "es digno" de ser comparado con el que describe el escritor Kafka, de la misma forma que podría serlo que el juez que lo procesó, Baltasar Garzón, "haya acabado procesado por otros jueces". "Pero todo es real y rocambolesco", ha lamentado el ex secretario general de la presidencia, antes de proclamar que "la justicia no existe, sino que existen jueces y fiscales", y después de lamentar que los ex fiscales del TSJC Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, hayan sido galardonados por el actual gobierno de la Generalitat. Prenafeta culpó de sus "males" y de su "pesadilla" a los medios de comunicación "y a determinados periodistas" que, en su opinión, "no han tenido ni una pizca de ética profesional" al informar sobre el caso Pretoria y de las acusaciones que pesan sobre él. Entre los periodistas a los que ha aludido Prenafeta no estaba, por supuesto, el que ha prologado su libro y ha dicho ser "amigo personal" suyo, Vicent Sanchís. Sanchís, que ha reconocido que le unía a Prenafeta "una profunda amistad", ha afirmado en el mismo acto que cree en su inocencia, que en los casos de corrupción "hay responsabilidades compartidas" y que "encarcelar a los políticos no hará mejor a la sociedad". Según Sanchís, la prensa es "superficial" al informar de los casos de corrupción.
La vanguardia ilustra su reportaje con un Prenafeta lloroso, durante el acto.
miércoles, 7 de julio de 2010
TRAS CAMPS Y FABRA, DETENCIÓN DE RIPOLL EN ALICANTE, EN UNA OPERACIÓN DE ANTICORRUPCIÒN. MADRID SI REALIZARÁ ABORTOS. EL CASO BONO PRODUCE CHOQUES
TRAS CAMPS Y FABRA, RIPOLL.- ¿Qué extraña maldición persigue al PP de la Comunidad Valenciana? No satisfechos con las dimensiones del Caso Gurtel, que mantiene contra las cuerdas al equipo de Francisco Camps, y cuando el presidente de la Diputación castellonense Carlos Fabra está a punto de sentarse en el banquillo de los acusados, alcanza repentinamente un protagonismo indeseable el también presidente de la Diputación alicantina Joaé Joaquín Ripoll, adversario bien conocido de su compañero Camps. ¿Quién falta en esta relación de pesos pesados? La propia alcaldesa Rita Barberá llegó a aparecer brevemente “en los papeles” y denuncias, apenas alcanzada por los bolsos de Luis Vouiton que regalaba El Bigotes a sus amigos de la trama Gurtel. No es de extrañar que el PP invoque alguna teoría conspiratoria de sus adversarios políticos, y eso explica, posiblemente, que el PP exija al ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "explicaciones inmediatas" sobre el despliegue policial, incluido su coste, de una operación, a su modo de ver, de "resultado desastroso" que provocó la detención y la posterior puesta en libertad del líder del PP alicantino Ripoll.
PONS ATACA SIN MÁS DEMORA.- El vicesecretario de Comunicación de los 'populares', Esteban González Pons, hizo estas declaraciones tras conocer que Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la provincia, había quedado en libertad, sin medidas cautelares, si bien el juez instructor podrá citarle para declarar en los próximos días, y entonces eventualmente imputarle. Sostiene Pons que, a la espera de que se confirme que el trabajo de la Policía en Alicante, en su opinión, ha sido "un montaje", el despliegue obedece a "una gran operación publicitaria que no ha conducido a ningún sitio". "Ripoll ya ha sufrido la humillación del día de hoy porque es del PP", apostilló Pons, y por ello, dijo, el PP .exige a Rubalcaba "explicaciones inmediatas" sobre un despliegue policial que ha dado como resultado "la puesta en libertad sin medidas cautelares de todas las personas detenidas en menos de cinco horas". Añadió que “el resultado de esta investigación es tan desastroso para la Policía que tiene toda la pinta de formar parte de un plan" que consistiría
en "investigar a cuántos más dirigentes del PP, mejor". "El día ha empezado con Ripoll detenido y termina con Rubalcaba bajo sospecha", sentenció.
EL LIBERTAD SIN CARGOS.- Por su parte, el entorno del presidente de la Diputación de Alicante y del Partido Popular en la provincia, José Joaquín Ripoll, así como sus abogados, confirmaron en la noche del martes que éste se encuentra en libertad después de haber prestado declaración en la Comisaría de Benalúa, en Alicante. El abogado de Ripoll, Fernando Candela, compareció junto a otro de sus letrados, el antiguo Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, y confirmó que Ripoll está en libertad y se encuentra ya en su casa. Candela añadió que la Policía no ha hallado nada en los registros realizados en el domicilio de Ripoll, "ni dinero, más allá del familiar, ni documentación que lo inculpe, ni nada", ha dicho. "Lo único importante que hay que reseñar es que se encuentra en libertad, cansado, pero contento". El abogado no quiso especificar si la Policía ha dejado marchar al presidente de la Diputación, con o sin cargos. Se ha limitado a destacar que "está en libertad, sin más". No obstante, fuentes de la Policía han indicado que Ripoll, como el resto de detenidos en la operación, tendrán que prestar declaración ante el juez durante los próximos días. Ripoll fue detenido en la mañana de este martes, como parte de una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrpción y el jugado número tres de Orihuela, junto con el empresario oriolano Ángel Fenoll y de su hijo, así como de tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela, los ediles de Infraestructuras, Manuel Abadía; Pedanías, Antonio Rodríguez Murcia; y de Fomento y Calidad Ambiental, Ginés Sánchez, que ha sido el último en abandonar las dependencias policiales.
TRAMA DE SOBORNOS Y SORRUPCIÒN.- Por su parte, el constructor alicantino Enrique Ortiz, fue requerido por la Policía en Pamplona, donde se encontraba de vacaciones para asistir a los San Fermines. Desde allí, se trasladó a Alicante, según su letrado "de forma voluntaria" donde llegó a última hora de la tarde para colaborar con la Policía. La operación se inició con los registros realizados en la sede de la Diputación Provincial, en el Ayuntamiento de Orihuela y en las empresas de Ripoll y de Fenoll, en el marco del 'Caso Brugal', presunta trama de sobornos y corrupción en torno a la adjudicación de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja. El comunicado del juzgado explica que, según los casos, se les han imputado los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento. Y que se practicaron un total de 19 registros en domicilios particulares y empresas, así como en organismos oficiales, como el ayuntamiento de Orihuela y la Diputación provincial de Alicante, en los que se intervino numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos. La Policía añadió que la investigación continúa abierta y que no se descartan nuevas actuaciones. Todos los detenidos deberán comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela en los próximos días.
O sea, que habrá novedades próximamente, y que este culebrón recién iniciado tendrá más capítulos.
EN MADRID SE REALIZARÁN ABORTOS.- Ha creado notable expectación la actitud del PP ante la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto. Ya era sobradamente conocida la oposición del PP a esta ley, que viene a reformar y poner al día la que ha estado vigente 25 años, ocho de ellos con el gobierno del PP. Pero al PP le ha parecido inadecuada esta innovación, hasta el punto de reclamar, primero, que no se debatiera ni aprobara, después anunciaron que sería derogada cuando vuelvan a gobernar, y en fin, enviaron al Tribunal Constitucional un recurso previo cautelar, para evitar que entrara en vigor antes de que el TC determinara si era o no conforme a la Constitución vigente. El TC, sin embargo, no consideró dicha petición, por lo que la ley entró en vigor el pasado lunes, día 5 de julio. Pese a ello, el presidente del Gobierno del PP de Murcia, por su propia cuenta, anunció que su Comunidad no pondría en marcha esa ley hasta que el TC decidiera sobre los argumentos del PP sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que esperará la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para acatar la ley, mientras que Navarra también ha presentado un recurso ante el TC y hace tiempo que no permite la realización de ninguna interrupción voluntaria del embarazo en su territorio.
MADRID NO OBJETA.- ¿Y las restantes Comunidades con gobierno del PP? ¿Qué actitud adoptarán, o están adoptando ya? Pues bien, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha afirmado que "nadie va a ir a la cárcel por no practicar un aborto" y que la Comunidad "no va a obligar a nadie a hacer un aborto". En declaraciones a Telemadrid, Lasquetty aseguró que, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Aborto, legalmente, para los profesionales de la Sanidad, "la situación es la misma que en 1985". Para el consejero de Sanidad, "este lunes, día 5 de julio, fue un día triste por la entrada en vigor de la nueva ley del aborto", pero aseguró que España "es un Estado de Derecho y la ley se aplica". La postura de la Comunidad de Madrid es que "hay que cumplir la ley, pero respetamos y preservamos el derecho de los profesionales -médicos y enfermeras- a negarse a practicar abortos y a ejercer la objeción de conciencia", manifestó Lasquetty. De esta forma, Lasquetty muestra su disposición a acatar la ley, que entró ayer en vigor, a diferencia de Murcia y Navarra, que han decidido no aplicar la norma -Navarra ya lo venía haciendo con la ley anteriormente vigente. "Quien en Madrid quiera hacerse un aborto, puede hacerlo, y puede hacerlo sufragado con fondos públicos, pero normalmente, se hace derivando los casos a clínicas privadas", reconoció el consejero.
CRÍTICAS DE LASQUETTY.- Lasquetty rechazó que la reforma legal equipare a España con el resto de Europa y consideró que la nueva norma provocará más abortos. "Ésa es la manera del Gobierno del PSOE de tratar de meter con calzador esta ley, como si por hacer más fácil el aborto fuera a haber menos. Lo más probable es que haya más", indicó. A su juicio, a los efectos de la objeción de conciencia, la situación es la misma que desde 1985, cuando entró en vigor la ley del aborto ahora sustituida por la nueva, de forma que "en la Comunidad de Madrid, en los hospitales públicos, no se obliga a nadie a realizar un aborto y la realidad es que la inmesa mayoría de los profesionales se niegan a hacerlo". "Nadie va a ir a la cárcel por no practicar un aborto", ya que hay "reiterada jurisprudencia" sobre ello, del Tribunal Supremo y del Constitucional "amparando el derecho de los médicos a no practicar abortos, si ése es su deseo", argumentó el consejero.
Había un cierto temor de que la Comunidad de Madrid, reacia a poner en marcha otras iniciativas del Estado -como la Educación para la Ciudadanía, la Ley de dependencia o el aumento del IVA-, se sumara también a esta objeción que encabeza o protagoniza Valcárcel...
EL CASO BONO ENFRENTA A COSPEDAL Y TRILLO.- Por lo menos, ésa es la tesis que mantiene una crónica política aparecida este martes en El Confidencial: que la secretaria general Cospedal y el jefe de los asuntos jurídicos del PP, el exministro Trillo, difieren y se enfrentan por las correspondientes estrategias en el caso Bono. Según la referida crónica, la estrategia política y judicial puesta en marcha por el Partido Popular con el caso Bono y dirigida por Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades Públicas, ha generado cierto grado de perplejidad y descontento en un sector del PP que desearía más contundencia en un asunto en el que se pone en duda el supuesto incremento patrimonial del actual presidente del Congreso, del que ha dado cuenta con detalle, y en dosis diarias en los dos últimos meses, el periódico La Gaceta. Un malestar que ha generado incluso “desconfianza” hacia la figura del ex ministro en el entorno de la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, candidata del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha. Sigue explicado El Confidencial que “no son pocos los que creen que el principal partido de la oposición podría exprimir mucho más su acoso hacia el presidente de la Cámara Baja para convertirlo en una especie de chivo expiatorio de otros males que aquejan ahora a las filas del PP, en particular,. Como compensación al Caso Gurtel. Y es que, en este caso del “asombroso enriquecimiento de Bono”, varios medios de comunicación han encontrado un buen filón para poner en duda las numerosas propiedades adquiridas por José Bono y su familia durante los últimos años. Un abultado patrimonio que podría no corresponderse con las retribuciones públicas recibidas por el socialista en sus diferentes cargos públicos como ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa y actual presidente del Congreso. Además, sus relaciones de amistad y cercanía con empresarios como Rafael Santamaría (Grupo Reyal Urbis), a quien habría beneficiado desde la Junta de Castilla-La Mancha y de quien habría recibido numerosos regalos, podrían considerarse otro supuesto delito de cohecho impropio, tal y como se le imputa al presidente popular de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
DOS ESTRATEGIAS.- Así las cosas, la estrategia seguida por el equipo jurídico del Partido Popular ha sido la de presentar ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hasta cinco denuncias en las que el PP se hacía eco de las muy numerosas informaciones publicadas en los medios de comunicación durante los últimas semanas, en particular por el diario La Gaceta, del grupo Intereconomía. Una estrategia “poco consistente” que no ha gustado mucho en el entorno de Cospedal y que ha sido fácilmente echada por tierra por la propia Fiscalía, que ha reprochado al PP que no haya presentado más pruebas o indicios más allá de las informaciones periodísticas. En efecto, Conde-Pumpido no ha tenido muchos problemas para calificar esa recopilación de artículos de “genéricas sospechas” ante las que no ve “conducta delictiva alguna”. “Las denuncias presentadas al Fiscal General del Estado eran muy flojas, con muy poca chicha”, reconoce un parlamentario del PP a El Confidencial. “Trillo ha presentado un escrito en el que se le dice al Fiscal que hemos leído la prensa. La denuncia como tal no tienen peso jurídico suficiente y es manifiestamente mejorables”, reconoce. Los más críticos con la gestión de Trillo llegan a hablar, incluso, de “desconfianza” hacia él por sus extrañas relaciones con el propio José Bono. Ambos han compartido amistad durante muchos años, si bien el turbio asunto del Yak-42 dejó muy tocada su relación. “Supongo que Bono le habrá llamado a Trillo por teléfono para decirle que cómo le hace esto. Pero no sé si eso le habrá influido, me extraña mucho”, reconoce otro diputado popular. También se menciona una conversación que habrían mantenido Bono y Rajoy, y que no consiguió efecto alguno para el presidente del Congreso.
TRILLO SE DEFIENDE.- Por su parte, en el equipo de Trillo se defienden de estas críticas y explican que la estrategia judicial aún no ha concluido y que deparará, antes de agosto, nuevas actuaciones. Explican a El Confidencial: “Queríamos ver, en primer lugar, cuál era la respuesta de la Fiscalía ante hechos similares como el caso Gürtel y el caso Bono”, dice uno de los abogados del PP. “Y como se demuestra que no actúa igual, hemos decidido que el quinto escrito se presentase ya como una denuncia”. "Es verdad -admiten-, que no se ha hecho como a mucha gente le gustaría, pero creo que estamos llevando a cabo una estrategia política y jurídica mucho más interesante", añade. "Estamos recopilando documentación porque, en definitiva, es lo que el Fiscal nos echa en cara, que no aportábamos pruebas. No hemos terminado y hasta que no concluya todo el proceso no se podrá evaluar si lo hemos hecho bien o mal. Pero poner una querella, de un día para otro, a la tercera autoridad del Estado, nos parecía un poco temerario”. Pero Trillo, que ha padecido muchas horas bajas dentro de su partido, está ahora siendo también cuestionado por otros asuntos judiciales coordinados directamente por él y que estos días se dirimen en el Tribunal Constitucional. Le reprochan, por ejemplo, que el TC haya tumbado gran parte del recurso presentado por el PP contra el Estatut de Cataluña aunque haya reconocido que sí había motivo para tales dudas de constitucionalidad. Tampoco entienden los más críticos con su trabajo que haya tardado tanto en presentar el otro gran recurso de inconstitucionalidad, el que afecta a la Ley del Aborto. El PP pidió el pasado 1 de junio la suspensión de su entrada en vigor hasta que el Alto Tribunal dictaminase sobre la norma. El TC decidirá sobre esta cuestión en breve, si bien el PP no habrá logrado impedir la puesta en práctica de la polémica norma con la resurrección de un ”recurso previo cautelar”, que sólo se ha decidido a aplicar el presidente murciano Valcárcel...
EL SENADO DEBATE LA RENOVACIÓN DEL TC .- La Mesa del Senado debe resolver este martes una serie de cuestiones pendientes que decidirán si se despeja definitivamente el camino para que en este mes de julio se intente la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) cuyo cargo expiró en 2007 y entre quienes se encuentra su presidenta, María Emilia Casas. Según explica el diario La Vanguardia, atendiendo a la reclamación del presidente catalán, José Montilla, en el propio Senado, y conocido el fallo del TC sobre el Estatut, el PSOE mantiene su voluntad de que el proceso ahora no se detenga y que se someta a la votación del Pleno del 20 de julio cuatro nombres, pero sólo serán elegidos si PSOE y PP suman sus votos y alcanzan la mayoría de tres quintos que exige la Constitución. Esos aspirantes deberán ser elegidos de entre los enviados por los Parlamentos autonómicos al Senado --Islas Baleares y Asturias renunciaron--.
UN RECHAZO.- Las asambleas enviaron 23 nombres, pero la Cámara rechazó a dos de ellos por no alcanzar los 15 años de experiencia profesional: Enrique López, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, propuesto por el PP a través de cinco parlamentos, y Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia, candidato por Andalucía. Este último ha sido sustituido por Augusto Méndez de Lugo, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Mesa debe revisar su candidatura en su reunión y dictaminar si cumple las condiciones formales para el puesto. En el caso de Enrique López, sin embargo, el PP ha vuelto a presentarlo como aspirante y ha defendido su idoneidad para el cargo recurriendo las decisiones de la Mesa del Senado. Si ésta no las atiende, algo que debe decidir también en esta reunión, no descarta acudir al propio TC en amparo. A través de los parlamentos autonómicos, el PP presentó en el Senado sólo dos candidatos: Enrique López y Francisco José Hernando. Rechazado el primero, queda el segundo. La portavoz del PSOE, Carmela Silva, aseguró que los dos partidos deben sentarse a negociar y que no es momento de "hablar de nombres", pero aseguró que el PSOE demostrará "máxima apertura al consenso" y una disposición a "escuchar y valorar la propuesta" del PP, como el PP deberá atender la oferta socialista. No obstante, aclaró que si este proceso a partir de los candidatos autonómicos fracasa, si no hay acuerdo sobre cuatro nombres, el PSOE exigirá volver a empezar los trámites en el Senado. Una segunda vuelta en la que ya no participarán las Comunidades, sino sólo los grupos parlamentarios, como ocurría antes en la Cámara Alta y como trabaja el Congreso para elegir a sus cuatro magistrados.
LOS OTROS ASPIRANTES.- El resto de aspirantes propuestos por las asambleas legislativas son: Fernando Valdés Dal-Re (Madrid); Óscar Bosch Benítez y Óscar González González (Canarias); Luis Ignacio Ortega Álvarez (Castilla-La Mancha); Ángel Juanes Pérez (Extremadura); José Francisco Cobo Sáenz y Manuel Pulido Quecedo (Navarra); Marcos Sacristán Represa (Castilla y León) y Nicolás Maurandi Guillén (Murcia). También son candidatos Luis Martín Rebollo (Cantabria); Jesús Delgado Echeverría (Aragón); Encarna Roca i Trias y Antoni Rovira i Viñas (Catalunya); Adela Asúa Batarrita y José Luis Aurtenetxe Goiriena (País Vasco); María del Carmen Catalán Martínez (Andalucía); Nemesio Barxa Álvarez y Josefa Otero Seivane (Galicia); Manuel Ortells Ramos (Comunidad Valenciana) e Ignacio Espinosa Casares (La Rioja).
Si se dan estos pasos, el Senado tendrá ya el próximo martes 22 nombres sobre los que empezar a trabajar. Todos ellos serán llamados a comparecer en la Comisión de Nombramientos, que podría ser convocada para la semana del 12 de julio. Escucharán a todos y deberán elegir cuatro nombres, que se someterán a la votación del Pleno, tal vez el del día 20 de julio.
¿Saldrá adelante, esta vez, la propuesta de renovación que en su día pactaron Zapatero o Rajoy, o seguirá viéndose impedida por la resistencia a aceptar el nombre del popular Enrique López? Esa es la cuestión.
FRAGA DISPARATA DE NUEVO.- Puede resultar sorprendente que, a su edad, y en sus condiciones, Manuel Fraga siga siendo reclamado para opinar sobre lo que sucede en España, pero así es. Fraga ha vuelto a hacer “pareja” con Carrillo, también reclamado para dar su correspondiente visión de la España de ahora mismo. Esta vez ha sido el New York Times, el que ha buscado grandes titulares en el exministro de Franco, ex fundador del PP, ex presidente gallego y senador y dirigente del PP, y en el exdirigente del PCE y jubilado escritor “rojo” . Pues bien, Manuel Fraga, entre otras cosas, ha criticado el burka en una entrevista al diario neoyorquino, por considerar que las mujeres que lo usan son peligrosas. "Hasta un burro entendería que alguien a quien no puedes ver es un peligro potencial", ha asegurado al periódico estadounidense.
FRAGA CON ACRRILLO.- The New York Times ha querido hacer balance de la actualidad de España con el fundador del PP y con el ex secretario general del PCE, Santiago Carrillo, en una entrevista a dos bandas en las que repasan desde la crisis hasta la marcha de Garzón a La Haya. Precisamente, Fraga se muestra muy crítico con el ex magistrado de la Audiencia Nacional, que fue suspendido por tratar de investigar los crímenes del franquismo, régimen del que el senador conservador formó parte. Fraga se alegra de la sanción al juez y piensa que Garzón "debería de estar lo más lejos posible de España". En un lejano exilio... Carrillo, por su parte, replica recordando que "Franco encarceló y fusiló a sus enemigos tras la guerra, al tiempo que rehabilitaba a sus muertos, algo que está por ocurrir con las víctimas". Por su parte, el senador del PP no cree que la sombra de Franco esté aún presente en la sociedad española. "Franco no dejó huella", asegura Fraga, quien no pensó que "fuera el final" cuando falleció el dictador, sino que pensó que se abría la puerta "a nuevas oportunidades". ¿No hay ya huellas del franquismo? “Que venga Dios y lo vea”, que diría doña Esperanza. En la entrevista, ambos hacen referencia a la crisis económica que sufre España. Los dos coinciden en que la situación es crítica, pero cada uno lo ve de un modo distinto. "La confianza que había existido entre Zapatero y los sindicatos se ha roto", reconoce Carrillo. Fraga, por su parte, es más duro. "Zapatero no es el hombre correcto para este momento"
PONS ATACA SIN MÁS DEMORA.- El vicesecretario de Comunicación de los 'populares', Esteban González Pons, hizo estas declaraciones tras conocer que Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la provincia, había quedado en libertad, sin medidas cautelares, si bien el juez instructor podrá citarle para declarar en los próximos días, y entonces eventualmente imputarle. Sostiene Pons que, a la espera de que se confirme que el trabajo de la Policía en Alicante, en su opinión, ha sido "un montaje", el despliegue obedece a "una gran operación publicitaria que no ha conducido a ningún sitio". "Ripoll ya ha sufrido la humillación del día de hoy porque es del PP", apostilló Pons, y por ello, dijo, el PP .exige a Rubalcaba "explicaciones inmediatas" sobre un despliegue policial que ha dado como resultado "la puesta en libertad sin medidas cautelares de todas las personas detenidas en menos de cinco horas". Añadió que “el resultado de esta investigación es tan desastroso para la Policía que tiene toda la pinta de formar parte de un plan" que consistiría
en "investigar a cuántos más dirigentes del PP, mejor". "El día ha empezado con Ripoll detenido y termina con Rubalcaba bajo sospecha", sentenció.
EL LIBERTAD SIN CARGOS.- Por su parte, el entorno del presidente de la Diputación de Alicante y del Partido Popular en la provincia, José Joaquín Ripoll, así como sus abogados, confirmaron en la noche del martes que éste se encuentra en libertad después de haber prestado declaración en la Comisaría de Benalúa, en Alicante. El abogado de Ripoll, Fernando Candela, compareció junto a otro de sus letrados, el antiguo Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, y confirmó que Ripoll está en libertad y se encuentra ya en su casa. Candela añadió que la Policía no ha hallado nada en los registros realizados en el domicilio de Ripoll, "ni dinero, más allá del familiar, ni documentación que lo inculpe, ni nada", ha dicho. "Lo único importante que hay que reseñar es que se encuentra en libertad, cansado, pero contento". El abogado no quiso especificar si la Policía ha dejado marchar al presidente de la Diputación, con o sin cargos. Se ha limitado a destacar que "está en libertad, sin más". No obstante, fuentes de la Policía han indicado que Ripoll, como el resto de detenidos en la operación, tendrán que prestar declaración ante el juez durante los próximos días. Ripoll fue detenido en la mañana de este martes, como parte de una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrpción y el jugado número tres de Orihuela, junto con el empresario oriolano Ángel Fenoll y de su hijo, así como de tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela, los ediles de Infraestructuras, Manuel Abadía; Pedanías, Antonio Rodríguez Murcia; y de Fomento y Calidad Ambiental, Ginés Sánchez, que ha sido el último en abandonar las dependencias policiales.
TRAMA DE SOBORNOS Y SORRUPCIÒN.- Por su parte, el constructor alicantino Enrique Ortiz, fue requerido por la Policía en Pamplona, donde se encontraba de vacaciones para asistir a los San Fermines. Desde allí, se trasladó a Alicante, según su letrado "de forma voluntaria" donde llegó a última hora de la tarde para colaborar con la Policía. La operación se inició con los registros realizados en la sede de la Diputación Provincial, en el Ayuntamiento de Orihuela y en las empresas de Ripoll y de Fenoll, en el marco del 'Caso Brugal', presunta trama de sobornos y corrupción en torno a la adjudicación de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja. El comunicado del juzgado explica que, según los casos, se les han imputado los delitos de cohecho, trafico de influencias, prevaricación, fraude y encubrimiento. Y que se practicaron un total de 19 registros en domicilios particulares y empresas, así como en organismos oficiales, como el ayuntamiento de Orihuela y la Diputación provincial de Alicante, en los que se intervino numerosa documentación de interés para la investigación, dinero en efectivo y soportes informáticos. La Policía añadió que la investigación continúa abierta y que no se descartan nuevas actuaciones. Todos los detenidos deberán comparecer ante el Juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela en los próximos días.
O sea, que habrá novedades próximamente, y que este culebrón recién iniciado tendrá más capítulos.
EN MADRID SE REALIZARÁN ABORTOS.- Ha creado notable expectación la actitud del PP ante la entrada en vigor de la nueva Ley del Aborto. Ya era sobradamente conocida la oposición del PP a esta ley, que viene a reformar y poner al día la que ha estado vigente 25 años, ocho de ellos con el gobierno del PP. Pero al PP le ha parecido inadecuada esta innovación, hasta el punto de reclamar, primero, que no se debatiera ni aprobara, después anunciaron que sería derogada cuando vuelvan a gobernar, y en fin, enviaron al Tribunal Constitucional un recurso previo cautelar, para evitar que entrara en vigor antes de que el TC determinara si era o no conforme a la Constitución vigente. El TC, sin embargo, no consideró dicha petición, por lo que la ley entró en vigor el pasado lunes, día 5 de julio. Pese a ello, el presidente del Gobierno del PP de Murcia, por su propia cuenta, anunció que su Comunidad no pondría en marcha esa ley hasta que el TC decidiera sobre los argumentos del PP sobre la supuesta inconstitucionalidad de la ley. El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, ha asegurado que esperará la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) para acatar la ley, mientras que Navarra también ha presentado un recurso ante el TC y hace tiempo que no permite la realización de ninguna interrupción voluntaria del embarazo en su territorio.
MADRID NO OBJETA.- ¿Y las restantes Comunidades con gobierno del PP? ¿Qué actitud adoptarán, o están adoptando ya? Pues bien, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ha afirmado que "nadie va a ir a la cárcel por no practicar un aborto" y que la Comunidad "no va a obligar a nadie a hacer un aborto". En declaraciones a Telemadrid, Lasquetty aseguró que, tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley del Aborto, legalmente, para los profesionales de la Sanidad, "la situación es la misma que en 1985". Para el consejero de Sanidad, "este lunes, día 5 de julio, fue un día triste por la entrada en vigor de la nueva ley del aborto", pero aseguró que España "es un Estado de Derecho y la ley se aplica". La postura de la Comunidad de Madrid es que "hay que cumplir la ley, pero respetamos y preservamos el derecho de los profesionales -médicos y enfermeras- a negarse a practicar abortos y a ejercer la objeción de conciencia", manifestó Lasquetty. De esta forma, Lasquetty muestra su disposición a acatar la ley, que entró ayer en vigor, a diferencia de Murcia y Navarra, que han decidido no aplicar la norma -Navarra ya lo venía haciendo con la ley anteriormente vigente. "Quien en Madrid quiera hacerse un aborto, puede hacerlo, y puede hacerlo sufragado con fondos públicos, pero normalmente, se hace derivando los casos a clínicas privadas", reconoció el consejero.
CRÍTICAS DE LASQUETTY.- Lasquetty rechazó que la reforma legal equipare a España con el resto de Europa y consideró que la nueva norma provocará más abortos. "Ésa es la manera del Gobierno del PSOE de tratar de meter con calzador esta ley, como si por hacer más fácil el aborto fuera a haber menos. Lo más probable es que haya más", indicó. A su juicio, a los efectos de la objeción de conciencia, la situación es la misma que desde 1985, cuando entró en vigor la ley del aborto ahora sustituida por la nueva, de forma que "en la Comunidad de Madrid, en los hospitales públicos, no se obliga a nadie a realizar un aborto y la realidad es que la inmesa mayoría de los profesionales se niegan a hacerlo". "Nadie va a ir a la cárcel por no practicar un aborto", ya que hay "reiterada jurisprudencia" sobre ello, del Tribunal Supremo y del Constitucional "amparando el derecho de los médicos a no practicar abortos, si ése es su deseo", argumentó el consejero.
Había un cierto temor de que la Comunidad de Madrid, reacia a poner en marcha otras iniciativas del Estado -como la Educación para la Ciudadanía, la Ley de dependencia o el aumento del IVA-, se sumara también a esta objeción que encabeza o protagoniza Valcárcel...
EL CASO BONO ENFRENTA A COSPEDAL Y TRILLO.- Por lo menos, ésa es la tesis que mantiene una crónica política aparecida este martes en El Confidencial: que la secretaria general Cospedal y el jefe de los asuntos jurídicos del PP, el exministro Trillo, difieren y se enfrentan por las correspondientes estrategias en el caso Bono. Según la referida crónica, la estrategia política y judicial puesta en marcha por el Partido Popular con el caso Bono y dirigida por Federico Trillo, coordinador de Justicia y Libertades Públicas, ha generado cierto grado de perplejidad y descontento en un sector del PP que desearía más contundencia en un asunto en el que se pone en duda el supuesto incremento patrimonial del actual presidente del Congreso, del que ha dado cuenta con detalle, y en dosis diarias en los dos últimos meses, el periódico La Gaceta. Un malestar que ha generado incluso “desconfianza” hacia la figura del ex ministro en el entorno de la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal, candidata del PP a la presidencia de Castilla-La Mancha. Sigue explicado El Confidencial que “no son pocos los que creen que el principal partido de la oposición podría exprimir mucho más su acoso hacia el presidente de la Cámara Baja para convertirlo en una especie de chivo expiatorio de otros males que aquejan ahora a las filas del PP, en particular,. Como compensación al Caso Gurtel. Y es que, en este caso del “asombroso enriquecimiento de Bono”, varios medios de comunicación han encontrado un buen filón para poner en duda las numerosas propiedades adquiridas por José Bono y su familia durante los últimos años. Un abultado patrimonio que podría no corresponderse con las retribuciones públicas recibidas por el socialista en sus diferentes cargos públicos como ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, ex ministro de Defensa y actual presidente del Congreso. Además, sus relaciones de amistad y cercanía con empresarios como Rafael Santamaría (Grupo Reyal Urbis), a quien habría beneficiado desde la Junta de Castilla-La Mancha y de quien habría recibido numerosos regalos, podrían considerarse otro supuesto delito de cohecho impropio, tal y como se le imputa al presidente popular de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.
DOS ESTRATEGIAS.- Así las cosas, la estrategia seguida por el equipo jurídico del Partido Popular ha sido la de presentar ante el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, hasta cinco denuncias en las que el PP se hacía eco de las muy numerosas informaciones publicadas en los medios de comunicación durante los últimas semanas, en particular por el diario La Gaceta, del grupo Intereconomía. Una estrategia “poco consistente” que no ha gustado mucho en el entorno de Cospedal y que ha sido fácilmente echada por tierra por la propia Fiscalía, que ha reprochado al PP que no haya presentado más pruebas o indicios más allá de las informaciones periodísticas. En efecto, Conde-Pumpido no ha tenido muchos problemas para calificar esa recopilación de artículos de “genéricas sospechas” ante las que no ve “conducta delictiva alguna”. “Las denuncias presentadas al Fiscal General del Estado eran muy flojas, con muy poca chicha”, reconoce un parlamentario del PP a El Confidencial. “Trillo ha presentado un escrito en el que se le dice al Fiscal que hemos leído la prensa. La denuncia como tal no tienen peso jurídico suficiente y es manifiestamente mejorables”, reconoce. Los más críticos con la gestión de Trillo llegan a hablar, incluso, de “desconfianza” hacia él por sus extrañas relaciones con el propio José Bono. Ambos han compartido amistad durante muchos años, si bien el turbio asunto del Yak-42 dejó muy tocada su relación. “Supongo que Bono le habrá llamado a Trillo por teléfono para decirle que cómo le hace esto. Pero no sé si eso le habrá influido, me extraña mucho”, reconoce otro diputado popular. También se menciona una conversación que habrían mantenido Bono y Rajoy, y que no consiguió efecto alguno para el presidente del Congreso.
TRILLO SE DEFIENDE.- Por su parte, en el equipo de Trillo se defienden de estas críticas y explican que la estrategia judicial aún no ha concluido y que deparará, antes de agosto, nuevas actuaciones. Explican a El Confidencial: “Queríamos ver, en primer lugar, cuál era la respuesta de la Fiscalía ante hechos similares como el caso Gürtel y el caso Bono”, dice uno de los abogados del PP. “Y como se demuestra que no actúa igual, hemos decidido que el quinto escrito se presentase ya como una denuncia”. "Es verdad -admiten-, que no se ha hecho como a mucha gente le gustaría, pero creo que estamos llevando a cabo una estrategia política y jurídica mucho más interesante", añade. "Estamos recopilando documentación porque, en definitiva, es lo que el Fiscal nos echa en cara, que no aportábamos pruebas. No hemos terminado y hasta que no concluya todo el proceso no se podrá evaluar si lo hemos hecho bien o mal. Pero poner una querella, de un día para otro, a la tercera autoridad del Estado, nos parecía un poco temerario”. Pero Trillo, que ha padecido muchas horas bajas dentro de su partido, está ahora siendo también cuestionado por otros asuntos judiciales coordinados directamente por él y que estos días se dirimen en el Tribunal Constitucional. Le reprochan, por ejemplo, que el TC haya tumbado gran parte del recurso presentado por el PP contra el Estatut de Cataluña aunque haya reconocido que sí había motivo para tales dudas de constitucionalidad. Tampoco entienden los más críticos con su trabajo que haya tardado tanto en presentar el otro gran recurso de inconstitucionalidad, el que afecta a la Ley del Aborto. El PP pidió el pasado 1 de junio la suspensión de su entrada en vigor hasta que el Alto Tribunal dictaminase sobre la norma. El TC decidirá sobre esta cuestión en breve, si bien el PP no habrá logrado impedir la puesta en práctica de la polémica norma con la resurrección de un ”recurso previo cautelar”, que sólo se ha decidido a aplicar el presidente murciano Valcárcel...
EL SENADO DEBATE LA RENOVACIÓN DEL TC .- La Mesa del Senado debe resolver este martes una serie de cuestiones pendientes que decidirán si se despeja definitivamente el camino para que en este mes de julio se intente la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) cuyo cargo expiró en 2007 y entre quienes se encuentra su presidenta, María Emilia Casas. Según explica el diario La Vanguardia, atendiendo a la reclamación del presidente catalán, José Montilla, en el propio Senado, y conocido el fallo del TC sobre el Estatut, el PSOE mantiene su voluntad de que el proceso ahora no se detenga y que se someta a la votación del Pleno del 20 de julio cuatro nombres, pero sólo serán elegidos si PSOE y PP suman sus votos y alcanzan la mayoría de tres quintos que exige la Constitución. Esos aspirantes deberán ser elegidos de entre los enviados por los Parlamentos autonómicos al Senado --Islas Baleares y Asturias renunciaron--.
UN RECHAZO.- Las asambleas enviaron 23 nombres, pero la Cámara rechazó a dos de ellos por no alcanzar los 15 años de experiencia profesional: Enrique López, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, propuesto por el PP a través de cinco parlamentos, y Juan Carlos Campo, secretario de Estado de Justicia, candidato por Andalucía. Este último ha sido sustituido por Augusto Méndez de Lugo, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La Mesa debe revisar su candidatura en su reunión y dictaminar si cumple las condiciones formales para el puesto. En el caso de Enrique López, sin embargo, el PP ha vuelto a presentarlo como aspirante y ha defendido su idoneidad para el cargo recurriendo las decisiones de la Mesa del Senado. Si ésta no las atiende, algo que debe decidir también en esta reunión, no descarta acudir al propio TC en amparo. A través de los parlamentos autonómicos, el PP presentó en el Senado sólo dos candidatos: Enrique López y Francisco José Hernando. Rechazado el primero, queda el segundo. La portavoz del PSOE, Carmela Silva, aseguró que los dos partidos deben sentarse a negociar y que no es momento de "hablar de nombres", pero aseguró que el PSOE demostrará "máxima apertura al consenso" y una disposición a "escuchar y valorar la propuesta" del PP, como el PP deberá atender la oferta socialista. No obstante, aclaró que si este proceso a partir de los candidatos autonómicos fracasa, si no hay acuerdo sobre cuatro nombres, el PSOE exigirá volver a empezar los trámites en el Senado. Una segunda vuelta en la que ya no participarán las Comunidades, sino sólo los grupos parlamentarios, como ocurría antes en la Cámara Alta y como trabaja el Congreso para elegir a sus cuatro magistrados.
LOS OTROS ASPIRANTES.- El resto de aspirantes propuestos por las asambleas legislativas son: Fernando Valdés Dal-Re (Madrid); Óscar Bosch Benítez y Óscar González González (Canarias); Luis Ignacio Ortega Álvarez (Castilla-La Mancha); Ángel Juanes Pérez (Extremadura); José Francisco Cobo Sáenz y Manuel Pulido Quecedo (Navarra); Marcos Sacristán Represa (Castilla y León) y Nicolás Maurandi Guillén (Murcia). También son candidatos Luis Martín Rebollo (Cantabria); Jesús Delgado Echeverría (Aragón); Encarna Roca i Trias y Antoni Rovira i Viñas (Catalunya); Adela Asúa Batarrita y José Luis Aurtenetxe Goiriena (País Vasco); María del Carmen Catalán Martínez (Andalucía); Nemesio Barxa Álvarez y Josefa Otero Seivane (Galicia); Manuel Ortells Ramos (Comunidad Valenciana) e Ignacio Espinosa Casares (La Rioja).
Si se dan estos pasos, el Senado tendrá ya el próximo martes 22 nombres sobre los que empezar a trabajar. Todos ellos serán llamados a comparecer en la Comisión de Nombramientos, que podría ser convocada para la semana del 12 de julio. Escucharán a todos y deberán elegir cuatro nombres, que se someterán a la votación del Pleno, tal vez el del día 20 de julio.
¿Saldrá adelante, esta vez, la propuesta de renovación que en su día pactaron Zapatero o Rajoy, o seguirá viéndose impedida por la resistencia a aceptar el nombre del popular Enrique López? Esa es la cuestión.
FRAGA DISPARATA DE NUEVO.- Puede resultar sorprendente que, a su edad, y en sus condiciones, Manuel Fraga siga siendo reclamado para opinar sobre lo que sucede en España, pero así es. Fraga ha vuelto a hacer “pareja” con Carrillo, también reclamado para dar su correspondiente visión de la España de ahora mismo. Esta vez ha sido el New York Times, el que ha buscado grandes titulares en el exministro de Franco, ex fundador del PP, ex presidente gallego y senador y dirigente del PP, y en el exdirigente del PCE y jubilado escritor “rojo” . Pues bien, Manuel Fraga, entre otras cosas, ha criticado el burka en una entrevista al diario neoyorquino, por considerar que las mujeres que lo usan son peligrosas. "Hasta un burro entendería que alguien a quien no puedes ver es un peligro potencial", ha asegurado al periódico estadounidense.
FRAGA CON ACRRILLO.- The New York Times ha querido hacer balance de la actualidad de España con el fundador del PP y con el ex secretario general del PCE, Santiago Carrillo, en una entrevista a dos bandas en las que repasan desde la crisis hasta la marcha de Garzón a La Haya. Precisamente, Fraga se muestra muy crítico con el ex magistrado de la Audiencia Nacional, que fue suspendido por tratar de investigar los crímenes del franquismo, régimen del que el senador conservador formó parte. Fraga se alegra de la sanción al juez y piensa que Garzón "debería de estar lo más lejos posible de España". En un lejano exilio... Carrillo, por su parte, replica recordando que "Franco encarceló y fusiló a sus enemigos tras la guerra, al tiempo que rehabilitaba a sus muertos, algo que está por ocurrir con las víctimas". Por su parte, el senador del PP no cree que la sombra de Franco esté aún presente en la sociedad española. "Franco no dejó huella", asegura Fraga, quien no pensó que "fuera el final" cuando falleció el dictador, sino que pensó que se abría la puerta "a nuevas oportunidades". ¿No hay ya huellas del franquismo? “Que venga Dios y lo vea”, que diría doña Esperanza. En la entrevista, ambos hacen referencia a la crisis económica que sufre España. Los dos coinciden en que la situación es crítica, pero cada uno lo ve de un modo distinto. "La confianza que había existido entre Zapatero y los sindicatos se ha roto", reconoce Carrillo. Fraga, por su parte, es más duro. "Zapatero no es el hombre correcto para este momento"
martes, 6 de julio de 2010
DESOBEDIENCIA ACTIVA DEL PP ANTE LA LEY DEL ABORTO, ZAPATERO SE QUJA. LO QUE PIERDE EN EL PARLAMENTO LO LLEVA AL TC, LAS REFORMAS PENDIENTES DE ZP
DESOBEDIENCIA ACTIVA DEL PP.- La entrada en vigor de la reforma de la ley del aborto se produjo este pasado lunes día 5 de julio, según el calendario de aplicación de las nuevas normas legales. Pero en esta ocasión, la ley ha estado precedida por una iniciativa del jefe jurídico del PP, Federico Trillo, que pretendía que el Tribunal Constitucional atendiera una solicitud del PP para que la ley no entrara en vigor hasta no comprobar si contenía, como sostiene el PP, algunos artículos que son radicalmente opuestos a los principios constitucionales. El TC no dio ninguna clase de indicios de que fuera a paralizar la vigencia de esa ley, pero algunas comunidades con gobierno del PP ya actuaron por su cuenta, y así ha sucedido en Murcia, como presidente, Ramón Luis Valcárcel, anunciaba ayer que no acata la norma, y que esperará el pronunciamiento del TC antes de permitir la aplicación de la nueva ley en su territorio, y la dirección del PP observa “con comprensión” esta actitud de abierta rebelión y desobediencia activa de un Gobierno autónomo, que inaugura unos comportamientos novedosos entre Gobiernos autonómicos y leyes del Estado. No es menos cierto que, con anterioridad, Esperanza Aguirre había mostrado algunos comportamientos parecidos, pero sin llegar a tanto: se resistió a poner en marcha la Educación para la Ciudadanía, puso en marcha con lentitud y a regañadientes la normativa sobre la Ley de Dependencia, anunció y emprendió una campaña activa contra la entrada en vigor del nuevo IVA, desde el primero del presente mes de julio... Pero no había precedentes de un presidente de Comunidad, por su cuenta y riesgo, anunciara que no acata una norma aprobada por las Cortes generales.
RECURRE ANTE EL TC LO QUE PIERDE EN EL PARLAMENTO.- Ante lo cual, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado su sorpresa, y ha acusado al PP de recurrir al TC las cuestiones que pierde políticamente en las cámaras legislativas, como bien es sabido que hizo con el Estatuto catalán, que nos ha mantenido, y aún nos mantiene atentos a los efectos del recurso y la consiguiente sentencia...Posiblemente Varcárcel, como muchos populares, tenían la confianza en que el TC actuara con la ley del aborto como hizo con el Estatut, dando la razón al principal partido de la Oposición y paralizando la ley hasta su revisión a la luz de la Constitución vigente. De hecho, otra serie de comunidades “del PP”, como Madrid, Navarra, Castilla y León, la Rioja y Valencia, han criticado la nurva norma y anuncian que pondrán trabas a su desarrollo...
Alegan los populares en su defensa que el Gobierno navarro lleva prácticamente un cuarto de siglo oponiéndose a la vigencia de la ley del aborto, y nada ha sucedido. El gobierno de la UPN; en efecto, insiste en sus propias convicciones personales o religiosas , y se suman al PP murciano para hacer esta demostración de desobediencia activa. Pero tampoco falta quien pregunte cómo es posible que sucedan actuaciones de esta naturaleza. Un relevante abogado opinaba sobre posibles reacciones contra esta clase de resistencias a la norma aprobada por las Cortes: si alguien presenta una querella, pudiera enviar a Valcárcel a prisión..., sugería. Pero no ocultaba su propia objeción a tal idea: ¿Para hacerlo víctima y eternizarlo en el mando de la Comunidad como estrella mediática y propulsor de una moral “a la contra”?
LAS TRES REFORMAS PENDIENTES.- El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha reclamado consenso para sacar adelante las tres grandes reformas aún pendientes: primero, la reforma laboral, ya en tramitación como proyecto de ley , y cuyo plazo de enmienda termina el próximo día 21. De entrada, el PP se propone enmendar casi la totalidad de esa reforma laboral., según ha anunciado. En segundo lugar, a también ya muy avanzada reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos públicos de las entidades de crédito. Se han producido grandes avances, así como en la reestructuración de las cajas de ahorros. Por último, y como tercera reforma pendiente, la de las pensiones, que debe tramitarse y ya ha comenzado a debatirse en el seno del Pacto d e Toledo. Para esta última, el jefe del gobierno pedirá un acuerdo amplio porque se trata de un proyecto que se aspira que dure muchos años y dé solidez al sistema de pensiones durante, también, varias décadas más.
PRÓXIMO DEBATE DE LA NACIÓN.- Es seguro que estas tres reformas serán objeto de atención en la próxima sesión del debate sobre el Estado de la Nación, que debe desarrollarse la semana que viene como última actuación política de la temporada, antes de iniciar la temporada de vacaciones. Por supuesto, tanto Zapatero como Rajoy aspiran a “ganar” ese debate, como ha sucedido en debates anteriores. En esta ocasión, el dirigente opositor llega con la ventaja de las encuestas,que otorgan una victoria, en este instante, a su partido, y con una segunda ventaja, disponer de un programa de actuación económica para el supuesto de recibir el encargo de gobernar. También parece reforzado el PP por la sentencia del TC sobre el Estatut catalán, de la que el PP cree que “será más favorable a su recurso de lo que se ha dicho hasta hora”. Pero, precisamente, desde esas ventajas “a priori”, Rajoy sabe que tendrá ante sí a un orador experimentado y que se crece en la adversidad, como se a comprobado cada miércoles en oso debates de control del Ejecutivo. Caben otras reformas, como los pactos en materia energética o la ley electoral, pero no parece que, tal y como estén las cosas, el PP esté abierto a dar ninguna clase de tregua al Gobierno.
DEBATE PREVIO A LOS PRESUPUESTOS,.- De hecho, a una semana de ese debate de final de curso, Zapatero y Rajoy ya se enzarzaron, por separado, en acusaciones que permiten augurar un encuentro de gran tensión en el hemiciclo. Parece que los datos del paro conocidos en los últimos meses será un argumento que Zapatero empleará a su favor, y como demostración de que empiezan a comprobarse unos buenos efectos tras la recesión y la crisis. Por su parte, Rajoy ha insistido en la supuesta frivolidad de su adversario políticos, frente a su propio sentido del estado. Un sentido de Estado que, sin embargo, no impide a Rajoy a seguir negándose a dar su apoyo a los planteamientos que hace el gobierno para acelerar, consensuadamente, la salida de la crisis. Se cree, precisamente, que el presidente encauzará alguna de las tres reformas pendientes y anunciadas para buscar aliados parlamentarios con los que superar la siguiente gran prueba, apenas terminen las vacaciones estivales: los presupuestos generales del Estado. De entrada, ya cuenta con la resistencia o negativa del PP; que se niega a dar su apoyo al texto de gasto aprobado por el Gobierno, por parecerle insuficiente el recorte de gasto que contempla. El debate del estado sobre la nación podría proporcionarle, precisamente, esos aliados parlamentarios de los que está tan escaso. ¿CiU, PNV, CC, BNG, IU-ICV? Será preciso estar atento a los guiños que haga el presidente en su intervención
RECURRE ANTE EL TC LO QUE PIERDE EN EL PARLAMENTO.- Ante lo cual, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado su sorpresa, y ha acusado al PP de recurrir al TC las cuestiones que pierde políticamente en las cámaras legislativas, como bien es sabido que hizo con el Estatuto catalán, que nos ha mantenido, y aún nos mantiene atentos a los efectos del recurso y la consiguiente sentencia...Posiblemente Varcárcel, como muchos populares, tenían la confianza en que el TC actuara con la ley del aborto como hizo con el Estatut, dando la razón al principal partido de la Oposición y paralizando la ley hasta su revisión a la luz de la Constitución vigente. De hecho, otra serie de comunidades “del PP”, como Madrid, Navarra, Castilla y León, la Rioja y Valencia, han criticado la nurva norma y anuncian que pondrán trabas a su desarrollo...
Alegan los populares en su defensa que el Gobierno navarro lleva prácticamente un cuarto de siglo oponiéndose a la vigencia de la ley del aborto, y nada ha sucedido. El gobierno de la UPN; en efecto, insiste en sus propias convicciones personales o religiosas , y se suman al PP murciano para hacer esta demostración de desobediencia activa. Pero tampoco falta quien pregunte cómo es posible que sucedan actuaciones de esta naturaleza. Un relevante abogado opinaba sobre posibles reacciones contra esta clase de resistencias a la norma aprobada por las Cortes: si alguien presenta una querella, pudiera enviar a Valcárcel a prisión..., sugería. Pero no ocultaba su propia objeción a tal idea: ¿Para hacerlo víctima y eternizarlo en el mando de la Comunidad como estrella mediática y propulsor de una moral “a la contra”?
LAS TRES REFORMAS PENDIENTES.- El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha reclamado consenso para sacar adelante las tres grandes reformas aún pendientes: primero, la reforma laboral, ya en tramitación como proyecto de ley , y cuyo plazo de enmienda termina el próximo día 21. De entrada, el PP se propone enmendar casi la totalidad de esa reforma laboral., según ha anunciado. En segundo lugar, a también ya muy avanzada reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos públicos de las entidades de crédito. Se han producido grandes avances, así como en la reestructuración de las cajas de ahorros. Por último, y como tercera reforma pendiente, la de las pensiones, que debe tramitarse y ya ha comenzado a debatirse en el seno del Pacto d e Toledo. Para esta última, el jefe del gobierno pedirá un acuerdo amplio porque se trata de un proyecto que se aspira que dure muchos años y dé solidez al sistema de pensiones durante, también, varias décadas más.
PRÓXIMO DEBATE DE LA NACIÓN.- Es seguro que estas tres reformas serán objeto de atención en la próxima sesión del debate sobre el Estado de la Nación, que debe desarrollarse la semana que viene como última actuación política de la temporada, antes de iniciar la temporada de vacaciones. Por supuesto, tanto Zapatero como Rajoy aspiran a “ganar” ese debate, como ha sucedido en debates anteriores. En esta ocasión, el dirigente opositor llega con la ventaja de las encuestas,que otorgan una victoria, en este instante, a su partido, y con una segunda ventaja, disponer de un programa de actuación económica para el supuesto de recibir el encargo de gobernar. También parece reforzado el PP por la sentencia del TC sobre el Estatut catalán, de la que el PP cree que “será más favorable a su recurso de lo que se ha dicho hasta hora”. Pero, precisamente, desde esas ventajas “a priori”, Rajoy sabe que tendrá ante sí a un orador experimentado y que se crece en la adversidad, como se a comprobado cada miércoles en oso debates de control del Ejecutivo. Caben otras reformas, como los pactos en materia energética o la ley electoral, pero no parece que, tal y como estén las cosas, el PP esté abierto a dar ninguna clase de tregua al Gobierno.
DEBATE PREVIO A LOS PRESUPUESTOS,.- De hecho, a una semana de ese debate de final de curso, Zapatero y Rajoy ya se enzarzaron, por separado, en acusaciones que permiten augurar un encuentro de gran tensión en el hemiciclo. Parece que los datos del paro conocidos en los últimos meses será un argumento que Zapatero empleará a su favor, y como demostración de que empiezan a comprobarse unos buenos efectos tras la recesión y la crisis. Por su parte, Rajoy ha insistido en la supuesta frivolidad de su adversario políticos, frente a su propio sentido del estado. Un sentido de Estado que, sin embargo, no impide a Rajoy a seguir negándose a dar su apoyo a los planteamientos que hace el gobierno para acelerar, consensuadamente, la salida de la crisis. Se cree, precisamente, que el presidente encauzará alguna de las tres reformas pendientes y anunciadas para buscar aliados parlamentarios con los que superar la siguiente gran prueba, apenas terminen las vacaciones estivales: los presupuestos generales del Estado. De entrada, ya cuenta con la resistencia o negativa del PP; que se niega a dar su apoyo al texto de gasto aprobado por el Gobierno, por parecerle insuficiente el recorte de gasto que contempla. El debate del estado sobre la nación podría proporcionarle, precisamente, esos aliados parlamentarios de los que está tan escaso. ¿CiU, PNV, CC, BNG, IU-ICV? Será preciso estar atento a los guiños que haga el presidente en su intervención
lunes, 5 de julio de 2010
MONTILLA RECELA DE UN EVENTUAL PACTO PP-CIU, CRÍTICAS AL SILENCIO DE RAJOY, CASCOS A PUNTO DE ATERRIZAR EN LA POLÍTICA ASTURIANA
UN EVENTUAL PACTO DE PSOE Y PP CON CIU.- La decisión del Tribunal Constitucional sobre el estatuto catalán ha aparecido cuando los partidos catalanes se disponían a abrir la campaña electoral de las autonómicas de otoño. Era previsible que así fuera, aunque tampoco se excluía la posibilidad de que el retraso que ya acumulaban los magistrados del TC se prolongara. Pero desde el primer momento de conocido el fallo de los intérpretes de la Constitución, y todavía sin conocer la sentencia, hemos visto propósitos electorales en cada uno de los partidos: Montilla y Le la Vega se felicitaron de que las tesis del PP de que se rompía España y que el Estatut no superaría el listón del TC se vieran abatidos por los magistrados. Y por el contrario, en su primera comparecencia, y casi única, la portavoz popular, Sáenz de Santamaría, asistida por el “gran jefe jurídico” del PP,. Federico Trillo, se felicitaban también por el papel que el PP había ejercido al plantear el recurso de inconstitucionalidad contra el texto. A partir de ahí, hemos visto, sobre todo, la orden de Rajoy de no intervenir en la controversia de si hemos ganado o hemos perdido, y las críticas y hasta amenazas, de Artur Mas a Zapatero por no haber ocultado su satisfacción con el fallo del Tribunal. Zapatero ha rectificado esa primera impresión en un artículo que publicó este domingo en el diario La Vanguardia, en el que mantenía abierta la posibilidad de seguir colaborando con la construcción del autogobierno catalán, y celebra que Cataluña cuente con el grado más alto de autogobierno.. Zapatero deja abierta la puerta a nuevas competencias para Cataluña, una posibilidad que, de antemano, rechaza el portavoz del PP, González Pons: lo que no cabe en el Estatuto-Constitución no en parte alguna, no bajo ningún otro concepto...
EL SILENCIO ELOCUENTE DE RAJOY.- Para los socialistas, es “elocuente” el silencio de Rajoy sobre la sentencia. Prefieren que no se recuerde que todo el conflicto surgió por el recurso del PP contra el texto aprobado por el parlament catalán y por las Cortes españolas. No tienen nada que ganar, y sí mucho que perder... José Montilla, forzado a mantenerse a la cabeza de los “reivindicativos” del Estatuto, denunciaba este domingo ese silencio de Rajoy: “Está callado por si necesita a CiU”, decía. Posiblemente sea al revés, que CiU no prefiere seguir haciendo leña con el PP por si necesitara al PP para constituir un eventual Gobierno alternativo al tripartito... Aunque no es eso lo que pudiera deducirse de las declaraciones que este lunes hace Alicia Sánchez Camacho a La Razón: Ni Rajoy ni yo podemos pactar con esta CiU. Mas no es un político de fiar y su partido trabaja por la independencia”, dice la candidata del PP... Mientras se prepara la manifestación de apoyo al Estatut, del día 10, se deberán asimilar también los datos de una encuesta que hoy proporciona La Razón, según la cual, CiU vence al tripartito y l PP gana terreno, con el correspondiente batacazo de Esquerra, que se dejaría en el camino entre 8 y 9 diputados y más de 150.000 votos. La ambigüedad o el doble juego de ERC le resultará así de pesado.
Así de complicadas están las cosas en la política catalana.
CASCOS REGRESA A LA POLÍTICA ACTIVA.-Poco a poco, sin hacer excesivos ruidos, el que fuera secretario general del PP y vicepresidente con Aznar, está decidido a regresar a la vida política, esta vez como candidato a la presidencia de la autonomía asturiana. Hace tiempo que desea dar este paso, pero no ha hallado too el apoyo que hubiera querido de la dirección del partido, pese a lo cual, está decidido a dar el pasado y presentar su candidatura, sobre todo, porque cuenta con el apoyo de sus paisanos asturianos. Hoy la recordado El Confidencial que, cuando hace un año el ex vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos se planteó su vuelta al ruedo político, no fueron pocos los que temieron por su regreso. Y algo o mucho de temor es lo que sigue habiendo en los despachos de Génova, donde Cascos parece “excesivamente arrollador”... La cúpula del Partido Popular nacional asume que su candidato en Asturias será Cascos, pero Mariano Rajoy todavía espera que durante el verano se produzca un acercamiento de éste a las filas populares de Gijón, el último obstáculo del candidato. Los sondeos internos vaticinan que el PP podría ganar si apostara por el ex ministro de Fomento, aunque temen que no alcance la mayoría absoluta. Además, la entrada de un vitorino al ruedo podría traer victorias importantes, pero también cornadas para los más apoltronados. Según fuentes cercanas a Génova, durante la pasada Cuaresma se comenzó a estudiar la acogida en las encuestas de Cascos como candidato a la presidencia del Principado.
GRANDES DEFENSORES Y ALGUNOS ENEMIGOS.- Bien es sabido que Álvarez Cascos cuenta con grandes defensores, pero falta limar asperezas con sus fuertes opositores, como Pilar Fernández Pardo, que desde su cuartel general de Gijón intenta frenar las pretensiones de su ex compañero de sede. Precisamente fueron los desencuentros entre ambos lo que obligó a Cascos hace años a darse de baja en Gijón y trasladar su ficha de partido al madrileño barrio de Chamberí. Según cuentan en las altas esferas del PP, las conferencias telefónicas de Pardo con Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría son frecuentes. Las descalificaciones de la disidente sobre Cascos son continuas. Ella pide una renovación, pues considera que el barón de PP, a sus 62 años, es demasiado mayor para volver al terreno de la política, y defiende su propia candidatura como número uno por Asturias. “Tan solo le faltan apoyos y un currículum que demuestre su valía”, ironizan sus detractores, que la acusan de haber perdido durante las tres últimas campañas electorales. La relación de Cascos con la secretaria General del Partido no pasa por su mejor momento, aunque hay quien considera que Cospedal ha decidido mantenerse al margen de la decisión final. Por otra parte, la posibilidad de que algunos proyectos previstos se vengan abajo con el probable nombramiento de Cascos, ha hecho surgir un 'lobby' de empresarios que prefiere que las cosas continúen como están, según aseguran fuentes próximas al propio Cascos. Entretanto, el ex ministro no se ha pronunciado oficialmente, aunque sus insinuaciones no dejan espacio a la duda. Cascos ha iniciado una silenciosa reconquista del Principado, tras la espina que lleva clavada por su enfrentamiento con el ex presidente Sergio Marqués, que acabó con una escisión en el PP asturiano. Desde entonces el partido no levanta cabeza. Ahora el pre candidato Cascos está disponible y espera que Rajoy le ofrezca el puesto para erigirse como Pelayo en Covadonga. Cuenta con los apoyos de Esperanza Aguirre, Manuel Fraga, Alberto Núñez Feijóo, Luisa Fernanda Rudi, Javier Arenas, Ana Mato y Pedro Arriola, entre otros. Pero le gustaría contar con el apoyo decidido de quienes de verdad mandan en Génova 13, el propio Rajoy y su teniente Cospedal, que no terminan de ver con buenos ojos este “refuerzo aznarista” que se les viene encima, parece que sin remedio...
EL SILENCIO ELOCUENTE DE RAJOY.- Para los socialistas, es “elocuente” el silencio de Rajoy sobre la sentencia. Prefieren que no se recuerde que todo el conflicto surgió por el recurso del PP contra el texto aprobado por el parlament catalán y por las Cortes españolas. No tienen nada que ganar, y sí mucho que perder... José Montilla, forzado a mantenerse a la cabeza de los “reivindicativos” del Estatuto, denunciaba este domingo ese silencio de Rajoy: “Está callado por si necesita a CiU”, decía. Posiblemente sea al revés, que CiU no prefiere seguir haciendo leña con el PP por si necesitara al PP para constituir un eventual Gobierno alternativo al tripartito... Aunque no es eso lo que pudiera deducirse de las declaraciones que este lunes hace Alicia Sánchez Camacho a La Razón: Ni Rajoy ni yo podemos pactar con esta CiU. Mas no es un político de fiar y su partido trabaja por la independencia”, dice la candidata del PP... Mientras se prepara la manifestación de apoyo al Estatut, del día 10, se deberán asimilar también los datos de una encuesta que hoy proporciona La Razón, según la cual, CiU vence al tripartito y l PP gana terreno, con el correspondiente batacazo de Esquerra, que se dejaría en el camino entre 8 y 9 diputados y más de 150.000 votos. La ambigüedad o el doble juego de ERC le resultará así de pesado.
Así de complicadas están las cosas en la política catalana.
CASCOS REGRESA A LA POLÍTICA ACTIVA.-Poco a poco, sin hacer excesivos ruidos, el que fuera secretario general del PP y vicepresidente con Aznar, está decidido a regresar a la vida política, esta vez como candidato a la presidencia de la autonomía asturiana. Hace tiempo que desea dar este paso, pero no ha hallado too el apoyo que hubiera querido de la dirección del partido, pese a lo cual, está decidido a dar el pasado y presentar su candidatura, sobre todo, porque cuenta con el apoyo de sus paisanos asturianos. Hoy la recordado El Confidencial que, cuando hace un año el ex vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos se planteó su vuelta al ruedo político, no fueron pocos los que temieron por su regreso. Y algo o mucho de temor es lo que sigue habiendo en los despachos de Génova, donde Cascos parece “excesivamente arrollador”... La cúpula del Partido Popular nacional asume que su candidato en Asturias será Cascos, pero Mariano Rajoy todavía espera que durante el verano se produzca un acercamiento de éste a las filas populares de Gijón, el último obstáculo del candidato. Los sondeos internos vaticinan que el PP podría ganar si apostara por el ex ministro de Fomento, aunque temen que no alcance la mayoría absoluta. Además, la entrada de un vitorino al ruedo podría traer victorias importantes, pero también cornadas para los más apoltronados. Según fuentes cercanas a Génova, durante la pasada Cuaresma se comenzó a estudiar la acogida en las encuestas de Cascos como candidato a la presidencia del Principado.
GRANDES DEFENSORES Y ALGUNOS ENEMIGOS.- Bien es sabido que Álvarez Cascos cuenta con grandes defensores, pero falta limar asperezas con sus fuertes opositores, como Pilar Fernández Pardo, que desde su cuartel general de Gijón intenta frenar las pretensiones de su ex compañero de sede. Precisamente fueron los desencuentros entre ambos lo que obligó a Cascos hace años a darse de baja en Gijón y trasladar su ficha de partido al madrileño barrio de Chamberí. Según cuentan en las altas esferas del PP, las conferencias telefónicas de Pardo con Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría son frecuentes. Las descalificaciones de la disidente sobre Cascos son continuas. Ella pide una renovación, pues considera que el barón de PP, a sus 62 años, es demasiado mayor para volver al terreno de la política, y defiende su propia candidatura como número uno por Asturias. “Tan solo le faltan apoyos y un currículum que demuestre su valía”, ironizan sus detractores, que la acusan de haber perdido durante las tres últimas campañas electorales. La relación de Cascos con la secretaria General del Partido no pasa por su mejor momento, aunque hay quien considera que Cospedal ha decidido mantenerse al margen de la decisión final. Por otra parte, la posibilidad de que algunos proyectos previstos se vengan abajo con el probable nombramiento de Cascos, ha hecho surgir un 'lobby' de empresarios que prefiere que las cosas continúen como están, según aseguran fuentes próximas al propio Cascos. Entretanto, el ex ministro no se ha pronunciado oficialmente, aunque sus insinuaciones no dejan espacio a la duda. Cascos ha iniciado una silenciosa reconquista del Principado, tras la espina que lleva clavada por su enfrentamiento con el ex presidente Sergio Marqués, que acabó con una escisión en el PP asturiano. Desde entonces el partido no levanta cabeza. Ahora el pre candidato Cascos está disponible y espera que Rajoy le ofrezca el puesto para erigirse como Pelayo en Covadonga. Cuenta con los apoyos de Esperanza Aguirre, Manuel Fraga, Alberto Núñez Feijóo, Luisa Fernanda Rudi, Javier Arenas, Ana Mato y Pedro Arriola, entre otros. Pero le gustaría contar con el apoyo decidido de quienes de verdad mandan en Génova 13, el propio Rajoy y su teniente Cospedal, que no terminan de ver con buenos ojos este “refuerzo aznarista” que se les viene encima, parece que sin remedio...
domingo, 4 de julio de 2010
ZAPATERO MATIZA SU OPINIÓN SOBRE EL FALLO DEL ESTATUT. ALGUNOS CATALANES SE HAN PASADO AL INDEPENDENTISMO. EL PARO DESCIENTE DE LOS 4 MILLONES.
ZAPATERO ESCRIBE SOBRE EL ESTATUT.- Aunque todavía no se ha divulgado la sentencia del Tribunal Constitucional con los argumentos que explicarán los recortes que ha sufrido el texto aprobado por el Parlament y por las Cortes españolas, y “recusado” o recurrido por el PP, el Defensor del Pueblo Múgica y alguna otra institución, lo cierto es que cada cual tiene ya su propio criterio sobre lo que ha sucedido con ese texto tan largamente considerado por los magistrados, y con su futuro. Los diarios de este domingo abundan en esa clase de argumentaciones, empezando por la que expresa, en un artículo que firma en La Vanguardia, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que probablemente pretende eliminar la mala interpretación que dio a sus palabras el líder de CiU, Artur Mas. Para Zapatero, como ha dicho estos días con reiteración, está claro que “el Estatut no rompía España, sino que profundizaba en el modelo autonómico. Y la sentencia que ha enjuiciado su constitucionalidad, lejos de frenar este avance, lo consolida”. Según Zapatero, el Estatut ha sido objeto de muchas interpretaciones desde que fue aprobado por los ciudadanos catalanes; y la sentencia lo está siendo desde el pasado lunes. Dice el presidente que a la espera de conocer su fundamentación, quisiera poner de manifiesto algunas conclusiones que, en su opinión, se derivan ya del fallo hecho público y de la propia vigencia del Estatut. Y llega seguidamente a la conclusión de que tras la sentencia del Tribunal, Catalunya cuenta con el más alto grado de autogobierno que jamás haya conocido. El tribunal ha considerado plenamente constitucionales las atribuciones competenciales, de participación y financieras, que el Estatut incluía tras su aprobación por las Cortes Generales.
COMPETENCIAS DE LA GENERALITAT.- Añade que la Generalitat tiene hoy todas las competencias que los ciudadanos catalanes quisieron reconocerle hace cuatro años: las que tenía sobre educación, sanidad, instituciones o el sistema financiero en Catalunya; y las nuevas sobre autorizaciones de trabajo a inmigrantes, nuevas tecnologías, inspección de trabajo o transporte de cercanías, ya objeto de traspaso; las facultades de participación en las instituciones europeas o las de intervención en las decisiones estatales sobre diversos aspectos previstos en el Estatut. Hoy, tras la sentencia del tribunal, -añade Zapatero- Catalunya cuenta con el sistema de financiación que mayores capacidades le ha reconocido en su historia. El que se ajusta a los principios del Estatut y el que las instituciones catalanas consideraron justo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras la sentencia del tribunal, los ciudadanos catalanes cuentan con todos los derechos que quisieron ver proclamados y reconocidos en el Estatut y que habilitan a las instituciones catalanas a regular, por ejemplo, el derecho a una renta mínima de ciudadanía, a la vivienda digna o a vivir con dignidad el proceso de la muerte. También los derechos lingüísticos; los catalanes ven cómo su Estatut incluye, en los mismos términos que cuando se aprobó, el reconocimiento de sus elementos identitarios y símbolos nacionales.
También repara en los recortes sufridos por el texto: el Estatut pierde sus referencias al obligatorio carácter preferente del uso de la lengua catalana, al Consell de Justicia de Catalunya, a algunos condicionamientos de las normas básicas estatales, a la exclusividad de las competencias del Síndic de Greuges, al carácter vinculante para el Parlament de Catalunya de las resoluciones del Consell de Garanties Estatutàries, al esfuerzo fiscal comparable y a las competencias de la Generalitat sobre tributos locales. Por tanto, las declaraciones de inconstitucionalidad se contraen al Consejo de Justicia y a seis aspectos concretos más, entre las más de trescientas cuestiones impugnadas. Además, pudiera ser que en alguno de esos limitados casos, el tribunal no objetase tanto el fondo de la regulación como su inclusión formal en una norma estatutaria. En tal hipótesis, no se impediría que esa regulación se aborde por el cauce constitucionalmente procedente.
VALORACIONES SOBRE EL PROCESO.- Hasta aquí, dice Zapatero, lo que, a mi juicio, se desprende del fallo del Tribunal Constitucional, pero me importa más añadir, como presidente del Gobierno, una doble valoración general sobre lo que supone el proceso de reforma estatutaria que aquel ha venido a convalidar, como consecuencia de la respuesta que ha tenido que dar al recurso que globalmente lo ponía en cuestión. Después de la entrada en vigor del Estatut de Sau, la aspiración de reformar y actualizar la voluntad estatutaria era muy mayoritariamente asumida por las fuerzas políticas y los ciudadanos de Catalunya. De hecho, cuando el partido socialista vence en las elecciones generales de aquel año, el proceso de reforma ya se había iniciado. A partir de mi arraigada convicción –la misma hoy que entonces– tanto de la fuerte identidad política de Catalunya como de la capacidad de nuestro sistema constitucional para reconocerla, y, en general, de la condición de las comunidades autónomas como actores políticos e institucionales muy relevantes de nuestra democracia, me comprometí a coadyuvar al buen fin de esa decidida voluntad de reforma. Precisamente, dada la relevancia que en nuestro sistema tienen los estatutos de autonomía, el proceso para llevar a cabo su modificación reviste una cierta complejidad, cifrada en el singular diálogo político-institucional que se establece entre dos Parlamentos, el de la comunidad autónoma y las Cortes Generales. Estas tienen la última palabra, a reserva de que sea preceptivo el refrendo popular. Pues bien, tan importante me parecía y me parece, para preservar nuestra convivencia, haber reconocido la expresión de una voluntad política tan mayoritaria, como demandar simultáneamente el respeto a los cauces, reglas y procedimientos establecidos para convertirla en derecho aplicable. En este caso, ese respeto a las reglas y a los procedimientos había de extenderse, como consecuencia del tipo de impugnación que se interpuso, al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el conjunto del nuevo Estatut.
HEMOS COMPLETADO EL PROCESO.- En su explicación, concluye Zapatero que “hemos completado el proceso. El Estatut era ya norma vigente, pero ahora además, tanto en lo que respecta a la gran mayoría de sus preceptos no afectados por una declaración de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, como a los que sí lo han sido, no pende sobre él la incertidumbre, para su aplicación y desarrollo futuros, que derivaba de un recurso –que lo cuestionaba desde su misma raíz– pendiente de resolución. Y de ahí mi satisfacción. Mi doble satisfacción: por el esfuerzo realizado para dar cauce a la voluntad de reforma, y por haber ésta prosperado en sus objetivos esenciales al amparo del marco constitucional. Y soy muy consciente de las dificultades de todo tipo que ha habido que sortear, así como de que habrá de transcurrir algún tiempo hasta que cicatricen algunos de los rasguños que la controversia política, demasiado acre en ocasiones, ha abierto entre nosotros”.
Extrae el presidente una segunda “consecuencia de la anterior”: El acatamiento de la sentencia conduce a reconocer, por todos, y con mayor intensidad si cabe, la capacidad de innovación normativa del Estatut, su íntegra aplicación y las posibilidades de su desarrollo. El Gobierno de España ha contribuido desde su entrada en vigor a esa aplicación y a ese desarrollo. Ahora se abre un escenario más seguro, un horizonte de posibilidades a explorar, un camino que recorrer. Como siempre, pueden surgir discrepancias concretas o visiones parcialmente distintas sobre las mismas, que nos induzcan a discutir y a negociar. Forma parte de la fisiología –que no de la patología– del sistema. Por todo ello, ésta es una buena ocasión para mirar con normalidad al futuro, al futuro de España y al de Catalunya. Un futuro conjunto de convivencia natural basado en el compromiso con la España constitucional, con la España democrática, de la que la identidad política de Catalunya forma parte irrenunciable”.
RECHAZO EN CATALUÑA, SATISFACCIÓN EN ESPAÑA.- ¿Cómo es posible que en Cataluña la sentencia sobre el Estatuto haya provocado una conmoción política de rechazo, mientras que en el resto de España se ha visto con satisfacción?, se pregunta este domingo el diario El País, antes de proporcionar los datos de una encuesta, según los cuales, la respuesta está en el 61% de catalanes que considera que la resolución del Tribunal Constitucional es un agravio para Cataluña, frente al 55% que no comparte ese planteamiento en el resto de España. Hay divorcio en la opinión y la percepción de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España, según la encuesta de Metroscopia. Como la hay entre la posición de los gobiernos de España y de Cataluña, pero en ningún caso los encuestados sostienen que haya riesgo de ruptura tras la sentencia. El "España se rompe" parece no calar, porque el 51% de los catalanes asegura que el fallo no aleja a Cataluña del resto del Estado y el 58% de los ciudadanos españoles comparte esa opinión. Sólo lo cree el 79% de los votantes de ERC. La encuesta explica cómo los partidos catalanes, salvo el PP, se han subido a la ola de la opinión mayoritaria entre sus ciudadanos, contraria a la sentencia. En vísperas de las elecciones autonómicas de otoño, todas las formaciones catalanas buscan la forma de canalizar y rentabilizar ese sentimiento ciudadano, con la única excepción del partido que recurrió el Estatuto, el PP. El victimismo es rentable. En el resto de España, el sentimiento mayoritario, según la encuesta, está más en línea de la opinión expresada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, valorando de manera positiva la sentencia y apuntando al final de un proceso que terminó por ser el centro político de la pasada legislatura. Más revelador aún de la posición de dureza de los partidos catalanes es el análisis de los datos en función de la posición política de los encuestados. El porcentaje de rechazo es proporcional al teórico grado de nacionalismo de cada partido. Así, entre los votantes de ERC, un 97% se suma a la tesis del agravio a Cataluña. Cabe recordar que esta formación independentista no apoyó el Estatuto en el referéndum de 2006.
NACIONALISTAS Y SOCIALISTAS.- Entre los nacionalistas de CiU, el porcentaje de ciudadanos que ven un perjuicio a Cataluña es del 79%. Y en el PSC es del 54%. Estos dos partidos, que se disputan la presidencia de la Generalitat, encabezan también ese frente para encauzar políticamente el malestar ciudadano por la sentencia. Obviamente, en el resto de España hay más votantes del PSOE que del PP críticos con la sentencia. De esas posiciones mayoritarias no sale bien parado, en todo caso, el Tribunal, que ha tardado más de cuatro años en dictar sentencia, que ha protagonizado episodios de filtraciones, recusaciones, enfrentamientos internos y cambios de ponentes sin precedentes. Y que ha dictado una de las sentencias más polémicas de la historia constitucional con un tercio de sus miembros en precario por la incapacidad del PSOE y del PP para proceder a su renovación después de más de dos años y medio. El largo y tortuoso episodio de la sentencia sobre el Estatuto ha dejado la institución tocada, según demuestra la encuesta. El 54% de los catalanes niega legitimidad al Tribunal para dictar esta sentencia. Incluso, solo el 39% de los ciudadanos del resto de España defiende la legitimidad del Constitucional con su actual composición, aunque en este caso la opinión crítica no sea la mayoritaria. Y en esta situación de duda, ¿Cómo salimos de esta? La opinión mayoritaria en Cataluña y en el resto de España es que debe buscarse una salida con una negociación entre la Generalitat y el Gobierno central. Más o menos lo mismo que pretende hacer Zapatero con José Montilla, una vez que se conozca el fallo completo del Constitucional. El 62% de los catalanes aseguran que ambos ejecutivos deben negociar "las reformas legales y estructurales necesarias para que resulte constitucional lo que ahora ha sido rechazado por el Tribunal". Es decir, buscar la manera de recuperar reivindicaciones de los partidos catalanes incluidas en el Estatuto. Por ejemplo, el capítulo referido a la Justicia que podría ser incluido en una futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El porcentaje baja al 44% en el caso de los ciudadanos del resto de España. Y hay discrepancia sobre otras posibles salidas, como un nuevo referéndum o la celebración de una manifestación. La primera opción no la defiende ningún partido catalán, pero es apoyada por el 55%. Y la rechazan mayoritariamente el resto de españoles.
LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA.- Lo que sí han hecho los partidos catalanes, excepto el PP, es convocar una manifestación para mostrar su rechazo a la sentencia. Y, según la encuesta, tienen apoyo suficiente para hacerlo, de un 52%. La mayoría de catalanes rechaza, por contra, la celebración de elecciones anticipadas, tal y como pide CiU. La encuesta muestra que Artur Mas está cerca de la mayoría absoluta, con un porcentaje de voto de 39%. La muestra impide hacer la traslación a escaños y se aprecia un ligero retroceso de CiU, quizás por el desgaste del caso Millet. El PSC, con el 24,7%, perdería dos puntos respecto a los anteriores comicios. ERC tendría casi la mitad del apoyo logrado hace cuatro, quedando en torno al 7.5%. Si algún día Catalunya se proclama independiente, a nadie debería extrañarle que en el panteón de los padres de la patria se reserve un espacio muy noble para los miembros del Tribunal Constitucional (TC). La tan esperada sentencia sobre el Estatut ha caído como una bomba de relojería en Catalunya. Pero no se trata de un tsunami de efecto inmediato. Es más, probablemente ni siquiera tenga efectos visibles a corto plazo: el PSC seguirá hablando de federalismo, CiU puede que sostenga a Zapatero hasta el final de la legislatura, todo apunta a que Esquerra Republicana (ERC) caerá en las elecciones de otoño, miles de catalanes seguirán a La Roja con el corazón en un puño...
AVANZA EL INDEPENDENTISMO.- Y, sin embargo, el corrimiento de tierras es muy profundo y a medio plazo puede modificar completamente el paisaje. Muchos federalistas y autonomistas que llevan más de 30 años tratando de cambiar España entonan públicamente el RIP. Y aquí reside la importancia de lo que está pasando: la opción directamente independentista se ha abierto paso por vez primera en el espacio central de la política catalana. "El Tribunal Constitucional se ha convertido en un amigo extraordinario del separatismo. Ha trabajado para ellos con gran eficacia. La señora María Emilia Casas y sus compañeros se han ganado dos vueltas al ruedo, dos orejas, un gran monumento de los independentistas". Quien así se expresa es el siempre ponderado catedrático de Sociología Salvador Giner. Un hombre moderado, progresista, íntimo del ex president Pasqual Maragall y que ahora preside el Institut d'Estudis Catalans, una de las señas de la sociedad civil catalana que han saltado de indignación al conocer la sentencia. La sensación general de hartazgo y de final de etapa se ha impuesto en las capas centrales de las élites políticas. A estas alturas, ya no importa tanto el debate técnico o las razones de unos y otros. Tampoco la discusión cuantitativa de si la sentencia respeta el 95% o el 98% del Estatut. Tras tantos años de negociación, de pacto en el Parlament y en el Congreso, se ha extendido la sensación de que no hay nada que hacer. Así lo viven subjetivamente, tengan o no razón, muchos de los que hasta ahora apostaban desde Catalunya por la España plural. Están escribiendo el último capítulo de su libro. Y no tiene final feliz. "La sentencia no es la causa de lo que está pasando, pero sí el precipitante. Ha acelerado el proceso, que es muy de fondo y que tendrá indudablemente consecuencias a diez años vista", apunta Joan B. Culla, historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona. Culla acaba de radiografiar las causas de esta mutación catalana en La década de las decepciones, una conferencia importante que expuso recientemente ante Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla en la presentación de un libro que recoge las entrevistas en L'Avenç de los presidentes de la Generalitat y que la emblemática revista de la intelligentsia catalana también ha publicado.
LOS DEMARAGALL SON INDEPENDENTISTAS.- "El catalanismo de CiU creía a principios de la década pasada que daríamos un gran salto y acabó recibiendo un gran guantazo de Aznar. Y ahora el catalanismo de izquierdas creía que nos llevaría a un gran avance y ha recibido una paliza. El camino seguido por ambos está agotado", concluye. La larga marcha de las posiciones independentistas hacia la hegemonía en Catalunya es lenta, pero parece inexorable. En la década de 1980, no había ningún partido separatista en el Parlament. En los años noventa, ERC dejó el federalismo y abrazó el independentismo. En la década de2000, lo hizo la nueva dirección de Convergència Democràtica (CDC), el llamado pinyolque creció bajo la protección de Jordi Pujol y que aspira a superar al padre por la vía de la independencia. Y en 2010 se está apuntando el maragallismo, un sector cualitativamente importantísimo del PSC, el otro gran partido central de Catalunya. "Yo no soy independentista en términos políticos, pero si España no me da un Estado eficiente, tendré que hacerme independentista. No podemos afrontar una crisis como esta sin un Estado eficiente, y si algo ha quedado claro con este proceso, tras cuatro años de espera y un tribunal caducado, es que España no lo es", sostiene Ferran Mascarell, uno de los hombres de confianza de Maragall en el Ayuntamiento de Barcelona y luego en la Generalitat. Mascarell es quizá el mayor peso pesado del poderoso aparato cultural del maragallismo. Y su hartazgo es estruendoso: "Ya no se trata de discutir la sentencia en sí, sino de constatar el retroceso democrático y de valores. Los que llevamos 30 años apostando por una España plural vemos que esto no parece posible. Ya sólo serviría una España confederal, de igual a igual. Y si tampoco es posible, entiendo perfectamente la independencia". La gran mayoría del entorno de Maragall ya es abiertamente independentista. Algunos desde hace tiempo, como el filósofo y ex senador Xavier Rubert de Ventós. Y el arquitecto Oriol Bohigas, presidente del Ateneu Barcelonès y mente ordenadora de toda la admirada reforma urbanística de Barcelona 92.
EL PARO BAJA DE LOS CUATRO MILLONES.- Por tercer mes consecutivo, en junio se han reducido las cifras de parados. El pasado mes, en efecto, ha traído trabajo a casi 84.000 españoles en paro, un dos por ciento, con lo cual, la cifra total de parados registrados rebaja la cifra de los cuatro millones, aunque todavía está muy próxima a esa barrera: 3.982. 368, exactamente. Por primera vez desde diciembre de 2009, los parados registrados por el INEM son menos de cuatro millones. También es destacable el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social... Son, en todo caso, cifras alentadoras, sobre todo por lo que suponen de tendencia. Parece, efectivamente, que se ha comenzado el deseado descenso de esas cifras de vértigo que hemos padecido en los dos últimos años, como consecuencia directa de una crisis que se ha llevado por delante a miles de empresas y a casi un sector de actividad, el sector inmobiliario. Claro que todavía es un ritmo insuficiente para regresar a la situación anterior a la crisis, cuando se llegó a soñar con un teórico “pleno empleo”, y cuando nuestro país creaba más puestos de trabajo que ningún otro país de la Unión Europea. Con igual rapidez se produjo la destrucción de puestos de empleo que ahora mismo, todavía, padecemos, y que duplica, prácticamente, la tasa española, de más del 18 por ciento, con relación a la comunitaria.
NUEVAS ESPERANZAS DE CONTRATOS.- Los datos de junio coinciden con la aprobación de una reforma laboral que, transformada en ley, se confía que ayudará, con las más favorables condiciones del mercado, a facilitar las circunstancias para la creación de empleo. Es posible que el próximo recuento que divulgue el INEM traslade ya, y convierta en cifras, esas nuevas esperanzas de contratos estables y, al mismo tiempo, de más fácil asimilación por los empresarios. Nadie duda que el empresario y la empresa son elementos sustanciales en esa necesidad nacional de crear empleo, y que la reforma del mercado del trabajo se ha hecho, y se terminará de hacer, precisamente pensando en ellos y en proporcionarles las mayores facilidades. Se trata de crear las condiciones más favorables para que haya empresarios y para que éstos se animen a crear puestos de trabajo, o, en su caso, a incrementarlos. Y para ello se recurre a subvencionar, sobre todo, a los propios empresarios jóvenes y a los jóvenes en paro. Hay análisis de expertos que invitan a pensar que resultará muy difícil la recuperación para puestos de trabajo de “los mayores”, entendiendo por tales a actuales parados de más de cincuenta años, a quienes ha podido llegarles ya una jubilación anticipada imprevista e inevitable. Por el contrario, todos insisten en la necesidad de estimular la creación, primero, de hombres de empresa, emprendedores jóvenes, e ideas sobre las que asentar empresas nuevas y con futuro. Ya hay asociaciones de jóvenes emprendedores dispuestas a participar con el mayor entusiasmo en la nueva etapa que tiene que iniciar ahora la economía española. Pero todo será mucho más difícil si se resisten las “condiciones básicas”: la recuperación de la confianza, el clima de que se empieza a salir de la recesión y se aleja la crisis, una normativa laboral que invite a la inversión y no disuada... Todo ello cooperará de manera sustancial en que los datos del paro vuelvan a tiempos mejores, cuando se aspiraba al pleno empleo y se batían récords de nuevos trabajadores...
LA ÚLTIMA “MALDAD” DE FEDERICO TRILLO.- En el PP todos saben de la creciente influencia y poder de los que dispone el exministro de Justicia y expresidente del Congreso, Federico Trillo. En su condición de jefe de la asesoría jurídica del PP, por sus manos pasan todas las cuestiones que tienen que ver con los tribunales, desde el Caso Gurtel a la sentencia del TC sobre el Estatut catalán. A Trillo se le atribuye la estrategia que ha conseguido que se tachen del sumario las conversaciones entre los cabecillas de la trama Gurtel con sus abogados, abogados que el propio Trillo “controla”. Trillo determinó los mensajes que Soraya Sánez de Santamaría difundió apenas se tuvo noticia del fallo del TV sobre el Estatut. Y a Trillo se atribuye, asimismo, la estrategia que pretende que vuelva a tener validez, en el caso del aborto, el recurso ante el TC por el que aspira a conseguir la suspensión cautelar -la suspensión cautelar de las leyes se suprimió hace años- de la ley del aborto. En efecto, el Tribunal Constitucional deberá decidir la próxima semana si paraliza la Ley del Aborto, que entra en vigor el lunes, hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el PP. Como pone de relieve El Confidencial, curiosamente, la suspensión cautelar de dicha ley, por la que antes nadie apostaba al darse sólo en casos excepcionales, está más cerca de lo que cabría pensar gracias a un hombre: el magistrado Eugenio Gay. Y explica este trabajo periodístico que los once magistrados admitieron a trámite el recurso, pero no han resuelto sobre la petición del PP de dejar en suspenso la norma. Prefirieron dar un plazo de tres días a las partes para que presentasen sus alegaciones. Es decir, además del PP, deberán informar, o lo habrán hecho ya, Gobierno, Senado, Congreso y Ministerio de Justicia.
LOS MAGISTRADOS DEL TC.- La referida información de E l Confidencial hace un recuento de las posiciones de los magistrados del TC en este asunto: Los cinco magistrados conservadores no están dispuestos a aceptar algunos preceptos de esta reforma que promueve el Gobierno y concretamente la ministra de Igualdad Bibiana Aído, e incluso estarían dispuestos a hacerle frente. Sin embargo, esta oposición no parece suficiente para tumbar la ley. Frente a los seis progresistas, los magistrados conservadores quedan en minoría y, por tanto, sus pretensiones son difíciles de conseguir. Pero se añade un dato relevante: hay un hombre clave, llamado Eugenio Gay, magistrado que se ha situado en buena parte de las votaciones en el bloque de los progresistas... Pero es de todos conocido que este abogado de profesión, elegido por CiU, es profundamente católico. De manera que, se observa, Gay podría dar la espalda a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, y apoyar en esta ocasión a los magistrados contrarios a esta ley. De todas maneras, se insiste en que no es nada usual, por no decir, totalmente excepcional, que el TC suspenda de manera cautelar una ley. En las pocas ocasiones que ha ocurrido, siempre ha sido cuando el recurso ha venido por parte del Gobierno. En todo caso, y tal y como explican fuentes del Alto tribunal, estos mismos once magistrados únicamente votarán sobre la suspensión de la norma. Después, apartarían las deliberaciones sobre este asunto hasta que el Senado renueve a los cuatro magistrados que se encuentran actualmente en funciones, incluida la propia presidenta, y el nombramiento del sustituto del fallecido Roberto García Calvo. Ahora bien, parece que el Senado está dispuesto a desbloquear estos nombramientos, por lo que el actual tribunal prefería no tomar partido en más temas delicados, después de haber dado luz verde, con casi cuatro años de retraso, a la sentencia sobre el recurso contra el Estatuto de Cataluña, un fallo y sentencia que les ha costado tres años de trabajo y un fuerte descrédito. Ya con una composición nueva, el órgano judicial afrontaría este reto del aborto, que levantará ampollas nuevamente. Se prevé un largo periodo de espera hasta conocer cuáles de los ocho preceptos recurridos por el PP se consideran inconstitucionales. Si adoptarán la decisión de aceptar la ley, como hicieron con su antecesora, la vigente del aborto...
COMPETENCIAS DE LA GENERALITAT.- Añade que la Generalitat tiene hoy todas las competencias que los ciudadanos catalanes quisieron reconocerle hace cuatro años: las que tenía sobre educación, sanidad, instituciones o el sistema financiero en Catalunya; y las nuevas sobre autorizaciones de trabajo a inmigrantes, nuevas tecnologías, inspección de trabajo o transporte de cercanías, ya objeto de traspaso; las facultades de participación en las instituciones europeas o las de intervención en las decisiones estatales sobre diversos aspectos previstos en el Estatut. Hoy, tras la sentencia del tribunal, -añade Zapatero- Catalunya cuenta con el sistema de financiación que mayores capacidades le ha reconocido en su historia. El que se ajusta a los principios del Estatut y el que las instituciones catalanas consideraron justo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras la sentencia del tribunal, los ciudadanos catalanes cuentan con todos los derechos que quisieron ver proclamados y reconocidos en el Estatut y que habilitan a las instituciones catalanas a regular, por ejemplo, el derecho a una renta mínima de ciudadanía, a la vivienda digna o a vivir con dignidad el proceso de la muerte. También los derechos lingüísticos; los catalanes ven cómo su Estatut incluye, en los mismos términos que cuando se aprobó, el reconocimiento de sus elementos identitarios y símbolos nacionales.
También repara en los recortes sufridos por el texto: el Estatut pierde sus referencias al obligatorio carácter preferente del uso de la lengua catalana, al Consell de Justicia de Catalunya, a algunos condicionamientos de las normas básicas estatales, a la exclusividad de las competencias del Síndic de Greuges, al carácter vinculante para el Parlament de Catalunya de las resoluciones del Consell de Garanties Estatutàries, al esfuerzo fiscal comparable y a las competencias de la Generalitat sobre tributos locales. Por tanto, las declaraciones de inconstitucionalidad se contraen al Consejo de Justicia y a seis aspectos concretos más, entre las más de trescientas cuestiones impugnadas. Además, pudiera ser que en alguno de esos limitados casos, el tribunal no objetase tanto el fondo de la regulación como su inclusión formal en una norma estatutaria. En tal hipótesis, no se impediría que esa regulación se aborde por el cauce constitucionalmente procedente.
VALORACIONES SOBRE EL PROCESO.- Hasta aquí, dice Zapatero, lo que, a mi juicio, se desprende del fallo del Tribunal Constitucional, pero me importa más añadir, como presidente del Gobierno, una doble valoración general sobre lo que supone el proceso de reforma estatutaria que aquel ha venido a convalidar, como consecuencia de la respuesta que ha tenido que dar al recurso que globalmente lo ponía en cuestión. Después de la entrada en vigor del Estatut de Sau, la aspiración de reformar y actualizar la voluntad estatutaria era muy mayoritariamente asumida por las fuerzas políticas y los ciudadanos de Catalunya. De hecho, cuando el partido socialista vence en las elecciones generales de aquel año, el proceso de reforma ya se había iniciado. A partir de mi arraigada convicción –la misma hoy que entonces– tanto de la fuerte identidad política de Catalunya como de la capacidad de nuestro sistema constitucional para reconocerla, y, en general, de la condición de las comunidades autónomas como actores políticos e institucionales muy relevantes de nuestra democracia, me comprometí a coadyuvar al buen fin de esa decidida voluntad de reforma. Precisamente, dada la relevancia que en nuestro sistema tienen los estatutos de autonomía, el proceso para llevar a cabo su modificación reviste una cierta complejidad, cifrada en el singular diálogo político-institucional que se establece entre dos Parlamentos, el de la comunidad autónoma y las Cortes Generales. Estas tienen la última palabra, a reserva de que sea preceptivo el refrendo popular. Pues bien, tan importante me parecía y me parece, para preservar nuestra convivencia, haber reconocido la expresión de una voluntad política tan mayoritaria, como demandar simultáneamente el respeto a los cauces, reglas y procedimientos establecidos para convertirla en derecho aplicable. En este caso, ese respeto a las reglas y a los procedimientos había de extenderse, como consecuencia del tipo de impugnación que se interpuso, al pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el conjunto del nuevo Estatut.
HEMOS COMPLETADO EL PROCESO.- En su explicación, concluye Zapatero que “hemos completado el proceso. El Estatut era ya norma vigente, pero ahora además, tanto en lo que respecta a la gran mayoría de sus preceptos no afectados por una declaración de inconstitucionalidad o de interpretación conforme, como a los que sí lo han sido, no pende sobre él la incertidumbre, para su aplicación y desarrollo futuros, que derivaba de un recurso –que lo cuestionaba desde su misma raíz– pendiente de resolución. Y de ahí mi satisfacción. Mi doble satisfacción: por el esfuerzo realizado para dar cauce a la voluntad de reforma, y por haber ésta prosperado en sus objetivos esenciales al amparo del marco constitucional. Y soy muy consciente de las dificultades de todo tipo que ha habido que sortear, así como de que habrá de transcurrir algún tiempo hasta que cicatricen algunos de los rasguños que la controversia política, demasiado acre en ocasiones, ha abierto entre nosotros”.
Extrae el presidente una segunda “consecuencia de la anterior”: El acatamiento de la sentencia conduce a reconocer, por todos, y con mayor intensidad si cabe, la capacidad de innovación normativa del Estatut, su íntegra aplicación y las posibilidades de su desarrollo. El Gobierno de España ha contribuido desde su entrada en vigor a esa aplicación y a ese desarrollo. Ahora se abre un escenario más seguro, un horizonte de posibilidades a explorar, un camino que recorrer. Como siempre, pueden surgir discrepancias concretas o visiones parcialmente distintas sobre las mismas, que nos induzcan a discutir y a negociar. Forma parte de la fisiología –que no de la patología– del sistema. Por todo ello, ésta es una buena ocasión para mirar con normalidad al futuro, al futuro de España y al de Catalunya. Un futuro conjunto de convivencia natural basado en el compromiso con la España constitucional, con la España democrática, de la que la identidad política de Catalunya forma parte irrenunciable”.
RECHAZO EN CATALUÑA, SATISFACCIÓN EN ESPAÑA.- ¿Cómo es posible que en Cataluña la sentencia sobre el Estatuto haya provocado una conmoción política de rechazo, mientras que en el resto de España se ha visto con satisfacción?, se pregunta este domingo el diario El País, antes de proporcionar los datos de una encuesta, según los cuales, la respuesta está en el 61% de catalanes que considera que la resolución del Tribunal Constitucional es un agravio para Cataluña, frente al 55% que no comparte ese planteamiento en el resto de España. Hay divorcio en la opinión y la percepción de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España, según la encuesta de Metroscopia. Como la hay entre la posición de los gobiernos de España y de Cataluña, pero en ningún caso los encuestados sostienen que haya riesgo de ruptura tras la sentencia. El "España se rompe" parece no calar, porque el 51% de los catalanes asegura que el fallo no aleja a Cataluña del resto del Estado y el 58% de los ciudadanos españoles comparte esa opinión. Sólo lo cree el 79% de los votantes de ERC. La encuesta explica cómo los partidos catalanes, salvo el PP, se han subido a la ola de la opinión mayoritaria entre sus ciudadanos, contraria a la sentencia. En vísperas de las elecciones autonómicas de otoño, todas las formaciones catalanas buscan la forma de canalizar y rentabilizar ese sentimiento ciudadano, con la única excepción del partido que recurrió el Estatuto, el PP. El victimismo es rentable. En el resto de España, el sentimiento mayoritario, según la encuesta, está más en línea de la opinión expresada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, valorando de manera positiva la sentencia y apuntando al final de un proceso que terminó por ser el centro político de la pasada legislatura. Más revelador aún de la posición de dureza de los partidos catalanes es el análisis de los datos en función de la posición política de los encuestados. El porcentaje de rechazo es proporcional al teórico grado de nacionalismo de cada partido. Así, entre los votantes de ERC, un 97% se suma a la tesis del agravio a Cataluña. Cabe recordar que esta formación independentista no apoyó el Estatuto en el referéndum de 2006.
NACIONALISTAS Y SOCIALISTAS.- Entre los nacionalistas de CiU, el porcentaje de ciudadanos que ven un perjuicio a Cataluña es del 79%. Y en el PSC es del 54%. Estos dos partidos, que se disputan la presidencia de la Generalitat, encabezan también ese frente para encauzar políticamente el malestar ciudadano por la sentencia. Obviamente, en el resto de España hay más votantes del PSOE que del PP críticos con la sentencia. De esas posiciones mayoritarias no sale bien parado, en todo caso, el Tribunal, que ha tardado más de cuatro años en dictar sentencia, que ha protagonizado episodios de filtraciones, recusaciones, enfrentamientos internos y cambios de ponentes sin precedentes. Y que ha dictado una de las sentencias más polémicas de la historia constitucional con un tercio de sus miembros en precario por la incapacidad del PSOE y del PP para proceder a su renovación después de más de dos años y medio. El largo y tortuoso episodio de la sentencia sobre el Estatuto ha dejado la institución tocada, según demuestra la encuesta. El 54% de los catalanes niega legitimidad al Tribunal para dictar esta sentencia. Incluso, solo el 39% de los ciudadanos del resto de España defiende la legitimidad del Constitucional con su actual composición, aunque en este caso la opinión crítica no sea la mayoritaria. Y en esta situación de duda, ¿Cómo salimos de esta? La opinión mayoritaria en Cataluña y en el resto de España es que debe buscarse una salida con una negociación entre la Generalitat y el Gobierno central. Más o menos lo mismo que pretende hacer Zapatero con José Montilla, una vez que se conozca el fallo completo del Constitucional. El 62% de los catalanes aseguran que ambos ejecutivos deben negociar "las reformas legales y estructurales necesarias para que resulte constitucional lo que ahora ha sido rechazado por el Tribunal". Es decir, buscar la manera de recuperar reivindicaciones de los partidos catalanes incluidas en el Estatuto. Por ejemplo, el capítulo referido a la Justicia que podría ser incluido en una futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El porcentaje baja al 44% en el caso de los ciudadanos del resto de España. Y hay discrepancia sobre otras posibles salidas, como un nuevo referéndum o la celebración de una manifestación. La primera opción no la defiende ningún partido catalán, pero es apoyada por el 55%. Y la rechazan mayoritariamente el resto de españoles.
LA MANIFESTACIÓN CONVOCADA.- Lo que sí han hecho los partidos catalanes, excepto el PP, es convocar una manifestación para mostrar su rechazo a la sentencia. Y, según la encuesta, tienen apoyo suficiente para hacerlo, de un 52%. La mayoría de catalanes rechaza, por contra, la celebración de elecciones anticipadas, tal y como pide CiU. La encuesta muestra que Artur Mas está cerca de la mayoría absoluta, con un porcentaje de voto de 39%. La muestra impide hacer la traslación a escaños y se aprecia un ligero retroceso de CiU, quizás por el desgaste del caso Millet. El PSC, con el 24,7%, perdería dos puntos respecto a los anteriores comicios. ERC tendría casi la mitad del apoyo logrado hace cuatro, quedando en torno al 7.5%. Si algún día Catalunya se proclama independiente, a nadie debería extrañarle que en el panteón de los padres de la patria se reserve un espacio muy noble para los miembros del Tribunal Constitucional (TC). La tan esperada sentencia sobre el Estatut ha caído como una bomba de relojería en Catalunya. Pero no se trata de un tsunami de efecto inmediato. Es más, probablemente ni siquiera tenga efectos visibles a corto plazo: el PSC seguirá hablando de federalismo, CiU puede que sostenga a Zapatero hasta el final de la legislatura, todo apunta a que Esquerra Republicana (ERC) caerá en las elecciones de otoño, miles de catalanes seguirán a La Roja con el corazón en un puño...
AVANZA EL INDEPENDENTISMO.- Y, sin embargo, el corrimiento de tierras es muy profundo y a medio plazo puede modificar completamente el paisaje. Muchos federalistas y autonomistas que llevan más de 30 años tratando de cambiar España entonan públicamente el RIP. Y aquí reside la importancia de lo que está pasando: la opción directamente independentista se ha abierto paso por vez primera en el espacio central de la política catalana. "El Tribunal Constitucional se ha convertido en un amigo extraordinario del separatismo. Ha trabajado para ellos con gran eficacia. La señora María Emilia Casas y sus compañeros se han ganado dos vueltas al ruedo, dos orejas, un gran monumento de los independentistas". Quien así se expresa es el siempre ponderado catedrático de Sociología Salvador Giner. Un hombre moderado, progresista, íntimo del ex president Pasqual Maragall y que ahora preside el Institut d'Estudis Catalans, una de las señas de la sociedad civil catalana que han saltado de indignación al conocer la sentencia. La sensación general de hartazgo y de final de etapa se ha impuesto en las capas centrales de las élites políticas. A estas alturas, ya no importa tanto el debate técnico o las razones de unos y otros. Tampoco la discusión cuantitativa de si la sentencia respeta el 95% o el 98% del Estatut. Tras tantos años de negociación, de pacto en el Parlament y en el Congreso, se ha extendido la sensación de que no hay nada que hacer. Así lo viven subjetivamente, tengan o no razón, muchos de los que hasta ahora apostaban desde Catalunya por la España plural. Están escribiendo el último capítulo de su libro. Y no tiene final feliz. "La sentencia no es la causa de lo que está pasando, pero sí el precipitante. Ha acelerado el proceso, que es muy de fondo y que tendrá indudablemente consecuencias a diez años vista", apunta Joan B. Culla, historiador de la Universitat Autònoma de Barcelona. Culla acaba de radiografiar las causas de esta mutación catalana en La década de las decepciones, una conferencia importante que expuso recientemente ante Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla en la presentación de un libro que recoge las entrevistas en L'Avenç de los presidentes de la Generalitat y que la emblemática revista de la intelligentsia catalana también ha publicado.
LOS DEMARAGALL SON INDEPENDENTISTAS.- "El catalanismo de CiU creía a principios de la década pasada que daríamos un gran salto y acabó recibiendo un gran guantazo de Aznar. Y ahora el catalanismo de izquierdas creía que nos llevaría a un gran avance y ha recibido una paliza. El camino seguido por ambos está agotado", concluye. La larga marcha de las posiciones independentistas hacia la hegemonía en Catalunya es lenta, pero parece inexorable. En la década de 1980, no había ningún partido separatista en el Parlament. En los años noventa, ERC dejó el federalismo y abrazó el independentismo. En la década de2000, lo hizo la nueva dirección de Convergència Democràtica (CDC), el llamado pinyolque creció bajo la protección de Jordi Pujol y que aspira a superar al padre por la vía de la independencia. Y en 2010 se está apuntando el maragallismo, un sector cualitativamente importantísimo del PSC, el otro gran partido central de Catalunya. "Yo no soy independentista en términos políticos, pero si España no me da un Estado eficiente, tendré que hacerme independentista. No podemos afrontar una crisis como esta sin un Estado eficiente, y si algo ha quedado claro con este proceso, tras cuatro años de espera y un tribunal caducado, es que España no lo es", sostiene Ferran Mascarell, uno de los hombres de confianza de Maragall en el Ayuntamiento de Barcelona y luego en la Generalitat. Mascarell es quizá el mayor peso pesado del poderoso aparato cultural del maragallismo. Y su hartazgo es estruendoso: "Ya no se trata de discutir la sentencia en sí, sino de constatar el retroceso democrático y de valores. Los que llevamos 30 años apostando por una España plural vemos que esto no parece posible. Ya sólo serviría una España confederal, de igual a igual. Y si tampoco es posible, entiendo perfectamente la independencia". La gran mayoría del entorno de Maragall ya es abiertamente independentista. Algunos desde hace tiempo, como el filósofo y ex senador Xavier Rubert de Ventós. Y el arquitecto Oriol Bohigas, presidente del Ateneu Barcelonès y mente ordenadora de toda la admirada reforma urbanística de Barcelona 92.
EL PARO BAJA DE LOS CUATRO MILLONES.- Por tercer mes consecutivo, en junio se han reducido las cifras de parados. El pasado mes, en efecto, ha traído trabajo a casi 84.000 españoles en paro, un dos por ciento, con lo cual, la cifra total de parados registrados rebaja la cifra de los cuatro millones, aunque todavía está muy próxima a esa barrera: 3.982. 368, exactamente. Por primera vez desde diciembre de 2009, los parados registrados por el INEM son menos de cuatro millones. También es destacable el aumento de las afiliaciones a la Seguridad Social... Son, en todo caso, cifras alentadoras, sobre todo por lo que suponen de tendencia. Parece, efectivamente, que se ha comenzado el deseado descenso de esas cifras de vértigo que hemos padecido en los dos últimos años, como consecuencia directa de una crisis que se ha llevado por delante a miles de empresas y a casi un sector de actividad, el sector inmobiliario. Claro que todavía es un ritmo insuficiente para regresar a la situación anterior a la crisis, cuando se llegó a soñar con un teórico “pleno empleo”, y cuando nuestro país creaba más puestos de trabajo que ningún otro país de la Unión Europea. Con igual rapidez se produjo la destrucción de puestos de empleo que ahora mismo, todavía, padecemos, y que duplica, prácticamente, la tasa española, de más del 18 por ciento, con relación a la comunitaria.
NUEVAS ESPERANZAS DE CONTRATOS.- Los datos de junio coinciden con la aprobación de una reforma laboral que, transformada en ley, se confía que ayudará, con las más favorables condiciones del mercado, a facilitar las circunstancias para la creación de empleo. Es posible que el próximo recuento que divulgue el INEM traslade ya, y convierta en cifras, esas nuevas esperanzas de contratos estables y, al mismo tiempo, de más fácil asimilación por los empresarios. Nadie duda que el empresario y la empresa son elementos sustanciales en esa necesidad nacional de crear empleo, y que la reforma del mercado del trabajo se ha hecho, y se terminará de hacer, precisamente pensando en ellos y en proporcionarles las mayores facilidades. Se trata de crear las condiciones más favorables para que haya empresarios y para que éstos se animen a crear puestos de trabajo, o, en su caso, a incrementarlos. Y para ello se recurre a subvencionar, sobre todo, a los propios empresarios jóvenes y a los jóvenes en paro. Hay análisis de expertos que invitan a pensar que resultará muy difícil la recuperación para puestos de trabajo de “los mayores”, entendiendo por tales a actuales parados de más de cincuenta años, a quienes ha podido llegarles ya una jubilación anticipada imprevista e inevitable. Por el contrario, todos insisten en la necesidad de estimular la creación, primero, de hombres de empresa, emprendedores jóvenes, e ideas sobre las que asentar empresas nuevas y con futuro. Ya hay asociaciones de jóvenes emprendedores dispuestas a participar con el mayor entusiasmo en la nueva etapa que tiene que iniciar ahora la economía española. Pero todo será mucho más difícil si se resisten las “condiciones básicas”: la recuperación de la confianza, el clima de que se empieza a salir de la recesión y se aleja la crisis, una normativa laboral que invite a la inversión y no disuada... Todo ello cooperará de manera sustancial en que los datos del paro vuelvan a tiempos mejores, cuando se aspiraba al pleno empleo y se batían récords de nuevos trabajadores...
LA ÚLTIMA “MALDAD” DE FEDERICO TRILLO.- En el PP todos saben de la creciente influencia y poder de los que dispone el exministro de Justicia y expresidente del Congreso, Federico Trillo. En su condición de jefe de la asesoría jurídica del PP, por sus manos pasan todas las cuestiones que tienen que ver con los tribunales, desde el Caso Gurtel a la sentencia del TC sobre el Estatut catalán. A Trillo se le atribuye la estrategia que ha conseguido que se tachen del sumario las conversaciones entre los cabecillas de la trama Gurtel con sus abogados, abogados que el propio Trillo “controla”. Trillo determinó los mensajes que Soraya Sánez de Santamaría difundió apenas se tuvo noticia del fallo del TV sobre el Estatut. Y a Trillo se atribuye, asimismo, la estrategia que pretende que vuelva a tener validez, en el caso del aborto, el recurso ante el TC por el que aspira a conseguir la suspensión cautelar -la suspensión cautelar de las leyes se suprimió hace años- de la ley del aborto. En efecto, el Tribunal Constitucional deberá decidir la próxima semana si paraliza la Ley del Aborto, que entra en vigor el lunes, hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el PP. Como pone de relieve El Confidencial, curiosamente, la suspensión cautelar de dicha ley, por la que antes nadie apostaba al darse sólo en casos excepcionales, está más cerca de lo que cabría pensar gracias a un hombre: el magistrado Eugenio Gay. Y explica este trabajo periodístico que los once magistrados admitieron a trámite el recurso, pero no han resuelto sobre la petición del PP de dejar en suspenso la norma. Prefirieron dar un plazo de tres días a las partes para que presentasen sus alegaciones. Es decir, además del PP, deberán informar, o lo habrán hecho ya, Gobierno, Senado, Congreso y Ministerio de Justicia.
LOS MAGISTRADOS DEL TC.- La referida información de E l Confidencial hace un recuento de las posiciones de los magistrados del TC en este asunto: Los cinco magistrados conservadores no están dispuestos a aceptar algunos preceptos de esta reforma que promueve el Gobierno y concretamente la ministra de Igualdad Bibiana Aído, e incluso estarían dispuestos a hacerle frente. Sin embargo, esta oposición no parece suficiente para tumbar la ley. Frente a los seis progresistas, los magistrados conservadores quedan en minoría y, por tanto, sus pretensiones son difíciles de conseguir. Pero se añade un dato relevante: hay un hombre clave, llamado Eugenio Gay, magistrado que se ha situado en buena parte de las votaciones en el bloque de los progresistas... Pero es de todos conocido que este abogado de profesión, elegido por CiU, es profundamente católico. De manera que, se observa, Gay podría dar la espalda a la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, y apoyar en esta ocasión a los magistrados contrarios a esta ley. De todas maneras, se insiste en que no es nada usual, por no decir, totalmente excepcional, que el TC suspenda de manera cautelar una ley. En las pocas ocasiones que ha ocurrido, siempre ha sido cuando el recurso ha venido por parte del Gobierno. En todo caso, y tal y como explican fuentes del Alto tribunal, estos mismos once magistrados únicamente votarán sobre la suspensión de la norma. Después, apartarían las deliberaciones sobre este asunto hasta que el Senado renueve a los cuatro magistrados que se encuentran actualmente en funciones, incluida la propia presidenta, y el nombramiento del sustituto del fallecido Roberto García Calvo. Ahora bien, parece que el Senado está dispuesto a desbloquear estos nombramientos, por lo que el actual tribunal prefería no tomar partido en más temas delicados, después de haber dado luz verde, con casi cuatro años de retraso, a la sentencia sobre el recurso contra el Estatuto de Cataluña, un fallo y sentencia que les ha costado tres años de trabajo y un fuerte descrédito. Ya con una composición nueva, el órgano judicial afrontaría este reto del aborto, que levantará ampollas nuevamente. Se prevé un largo periodo de espera hasta conocer cuáles de los ocho preceptos recurridos por el PP se consideran inconstitucionales. Si adoptarán la decisión de aceptar la ley, como hicieron con su antecesora, la vigente del aborto...
sábado, 3 de julio de 2010
PREPARATIVOS PARA LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL TC, DURAN AMENAZA A ZAPATERO, DESCONFIANZA ANTE LA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA
PREPARATIVOS PARA LA MANIFESTACIÓN CONTRA EL TC.- Un centenar de personas se reunieron este sábado para hacer la fotografía oficial de las personalidades públicas que darán apoyo y participarán en la manifestación en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, que se celebrará el próximo sábado en Barcelona bajo el lema 'Soms una nació. Nosaltres decidim'. Entre los representantes políticos del acto, que tuvo lugar en el Fossar de les Moreres de Barcelona -símbolo de los catalanes caídos durante la Guerra de Sucesión de 171- se encontraban Anna Simó (ERC), en sustitución de Joan Puigcercós; David Madí (CDC); Jordi Miralles (EUiA); Dolors Camats (ICV); Higini Clotas (PSC), y Josep Maria Pelegrí (UDC). También participaron los líderes sindicales catalanes Josep María Álvarez (UGT) y Joan Carles Gallego (CC.OO.), y representantes de entidades como Òmnium Català -organizadora de la manifestación-, colegios oficiales de profesionales, y otras fundaciones e instituciones, como el Fútbol Club Barcelona. Entre las personalidades de la sociedad civil presentes destacan los cantantes Núria Feliu y Titot, el escritor Jaume Cabré, el filósofo Josep Maria Terricabras, y periodistas como Albert Om, Toni Soler, Xavier Grasset y Vicent Sanchís. Para la presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, la fotografía hace visible la pluralidad de las entidades dispuestas a trabajar durante esta semana para que la convocatoria sea "muy masiva y muy amplia". "Pensamos y queremos cosas diferentes, pero todos compartimos el deseo de que nuestro país lo decidamos y lo organicemos nosotros", ha asegurado Casals.
A ARTUR MAS AMENAZA A ZAPATERO.- Entre tanto, prosigue la controversia entre los convergentes y el PSOE sobre la “buena acogida” que el fallo y sentencia del TC ha originado en el seno del Gobierno de Zapatero. Primero fue Astur Mas quien llegó a amenazar a Zapatero por haber expresado su opinión favorable al fallo de los magistrados, y por entender que con esta sentencia se cerrará el tiempo de las aspiraciones catalanas a mayor autogobierno. Desde el diario La Vanguardia se ha señalado este sábado que Mas advierte a Zapatero que podría forzar su caída, y recuerda al presidente su debilidad parlamentaria, avisándole que no cuente con los convergentes si da ese cerrojazo a las aspiraciones de Cataluña. Mas recordó al presidente que CiU le ha salvado de perder votaciones vitales como la del decretazo de reducción del gasto público, que podrían haber puesto en riesgo su continuidad en la Moncloa. Por su parte, UCD, el partido de Durán i Lleida, aliado a la Convergencia Democrática de Mas, acusa a la ministra de Defensa Carme Chacón de jugar un doble juego con Catalunya por defender la sentencia del TC. Chacón se manifestó en línea con lo ha dicho el Gobierno de Zapatero, -De la Vega y el propio presidente- y anunció su ausencia de la manifestación del próximo sábado por causa de compromisos adquiridos con anterioridad… En cualquier caso, los convergentes tienen difícil la elección del eventual socio futuro: El PP, que presentó el recurso de inconstitucionalidad, y que ahora ha llamado fascista y marxista a Montilla por recordárselo, o el PSOE, que ahora confía en que, tras larguísima espera y larga tribulación, ve en la sentencia del TC la solución a un problema que parecía irresoluble…
EXPECTACIÓN ANTE LA PRÓXIMA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA.-Cuando aún se debate la ley del aborto y cuando importantes empresarios españoles –Botín el primero-, acaban de viajar a Roma y ver al Papa, para comunicarle su aportación económica a los preparativos del viaje a España, sigue sin saberse demasiado sobre cuáles serán las líneas por las que regirá la futura Ley de Libertad Religiosa, que de entrada suscita no pocas alarmas. Nos cuenta hoy el diario El País el estado de ánimo de los movimientos laicistas ante la anunciada reforma de la legislación sobre libertad religiosa, y señala que entre otras medidas, se prohibirá la presencia de símbolos religiosos -como el crucifijo cristiano- en edificios públicos y se buscará una fórmula para que los llamados funerales de Estado sean civiles, sin ceremonias religiosas. También se propone extender a otras religiones de "notorio arraigo" privilegios que hoy disfruta la mayoritaria confesión católica, a la que el Estado financia con unos 6.000 millones de euros anuales. De esta cifra, 3.000 millones se destinan, según cifras oficiales, a sostener los colegios religiosos concertados, pero también se paga con dinero público el sueldo de obispos y sacerdotes; a los profesores de catolicismo en la escuela pública (unos 15.000); el salario de más de un millar de capellanes castrenses, hospitalarios y carcelarios, e incluso gran parte de la restauración o sostenimiento del ingente patrimonio histórico artístico de esa religión, la segunda propietaria inmobiliaria después del Estado.
ESCASO OPTIMISMO.- No son optimistas quienes desearían serios avances en la separación de Iglesia-Estado: "Es iluso creer que se avanzará hacia la laicidad mientras persistan los privilegios de la Iglesia católica, acordados en Roma en la Navidad de 1979 por el ministro de Asuntos Exteriores español y el secretario de Estado de la Santa Sede". "La tentación de extender los privilegios del catolicismo a otras religiones agravaría la confesionalidad encubierta del Estado". "España es ahora un Estado aconfesional con querida. Mañana podemos ser un Estado aconfesional con cuatro o cinco mantenidas más, es decir, habremos retrocedido en laicidad y neutralidad religiosa", dicen los partidarios del laicismo y gran parte de los líderes de las religiones llamadas minoritarias, con tres o más millones de fieles. Lo mismo opinan católicos de base que no viven "la laicidad como una amenaza contra la Iglesia, sino como una oportunidad positiva". Enfrente, la jerarquía del catolicismo alza la voz con severidad contra las intenciones del Ejecutivo socialista. Los obispos consideran el laicismo un ataque a su Iglesia e, incluso, "un retroceso de la civilización y una aberración del ser humano", y ven en las intenciones de los socialistas irreligiosidad, ateísmo o anticlericalismo. Aún confían en que el presidente Rodríguez Zapatero desista de la reforma anunciada tras entrevistarse en Roma con Benedicto XVI hace dos semanas.
LA PALABRA LAICIDAD.- El desencuentro entre jerarquía y sociedad civil empieza por la palabra laicidad, utilizada ahora por el Gobierno. ¿Qué es la laicidad? Es la "doctrina que defiende la independencia del hombre o la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa", según la Real Academia Española. El meollo del debate sobre el laicismo está en la financiación de las actividades del catolicismo. Nada hay más contradictorio con un Estado laico que el que la Hacienda pública ejerza de recaudadora de impuestos para sostener a una religión concreta. El Vaticano se comprometió, en los Acuerdos de 1979, a que su Iglesia en España se autofinanciaría con el llamado "impuesto religioso". Mientras tanto, Gobierno y episcopado acordaron un mecanismo transitorio de asignación tributaria mediante el IRPF. El plazo acabó hace dos décadas. En 2007, Rodríguez Zapatero aceptó la renuncia de los obispos a su compromiso de autofinanciación, e incluso les elevó un 34% (del 0,52% al 0,7%) el porcentaje de la cuota de IRPF que los católicos pueden destinar a su confesión, sin añadir un céntimo más que el resto de los contribuyentes. El Gobierno no se propone reforma alguna en este asunto, y eso que los expertos de su propio entorno le han dicho que "financiar religiones es inconstitucional". Es la conclusión del Laboratorio de la Fundación Alternativas, que dirige el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray.
LAS CUENTAS.- Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico -en la Universidad Pública de Navarra-, hace estas cuentas. "La Iglesia católica lleva incumpliendo más de 30 años el compromiso de 'lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades' (artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos). Recordar esto no es anticlericalismo pues si dividimos los 250 millones de euros que percibe la Iglesia en concepto de Asignación Tributaria entre: 1) 44 millones de españoles, tocan cada español a 5,6 euros al año. 2) El 80% de esos 44 millones de españoles, que según el CIS se declaran católicos, tocan cada católico a 7,1 euros al año. 3) El 20% de esos 44 millones de españoles, que son católicos practicantes, toca cada católico practicante a 28,40 euros al año, menos de 50 céntimos por cada misa dominical. Es poco dinero por cada fiel católico, pero los obispos se aferran al sistema de financiación pública porque desconfían, con razón, de la generosidad de sus fieles. Alejandro Torres subraya otros beneficios fiscales. "Las viviendas o casas parroquiales de los ministros de culto de las confesiones que han suscrito un acuerdo con el Estado, y los huertos y jardines adyacentes, están exentas en el IBI. Eso es incompatible con los principios constitucionales de laicidad del Estado y de igualdad. Por su parte, Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología en la Universidad Carlos III, en Madrid, y secretario general de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, concluye que el Gobierno se ha quedado "sin política propia" en cuestiones de laicidad. "La agenda se la marca otro Estado, el de la Ciudad de Vaticano, cuyas orientaciones sigue discipularmente". Como ejemplo, señala el retraso en la presentación de la nueva ley hasta después de la visita de Benedicto XVI a España, el próximo noviembre, para no tener problemas".
Una materia, como se aprecia, que apenas se discute, pero que suscita enorme expectación la mera intención de abordarla….
A ARTUR MAS AMENAZA A ZAPATERO.- Entre tanto, prosigue la controversia entre los convergentes y el PSOE sobre la “buena acogida” que el fallo y sentencia del TC ha originado en el seno del Gobierno de Zapatero. Primero fue Astur Mas quien llegó a amenazar a Zapatero por haber expresado su opinión favorable al fallo de los magistrados, y por entender que con esta sentencia se cerrará el tiempo de las aspiraciones catalanas a mayor autogobierno. Desde el diario La Vanguardia se ha señalado este sábado que Mas advierte a Zapatero que podría forzar su caída, y recuerda al presidente su debilidad parlamentaria, avisándole que no cuente con los convergentes si da ese cerrojazo a las aspiraciones de Cataluña. Mas recordó al presidente que CiU le ha salvado de perder votaciones vitales como la del decretazo de reducción del gasto público, que podrían haber puesto en riesgo su continuidad en la Moncloa. Por su parte, UCD, el partido de Durán i Lleida, aliado a la Convergencia Democrática de Mas, acusa a la ministra de Defensa Carme Chacón de jugar un doble juego con Catalunya por defender la sentencia del TC. Chacón se manifestó en línea con lo ha dicho el Gobierno de Zapatero, -De la Vega y el propio presidente- y anunció su ausencia de la manifestación del próximo sábado por causa de compromisos adquiridos con anterioridad… En cualquier caso, los convergentes tienen difícil la elección del eventual socio futuro: El PP, que presentó el recurso de inconstitucionalidad, y que ahora ha llamado fascista y marxista a Montilla por recordárselo, o el PSOE, que ahora confía en que, tras larguísima espera y larga tribulación, ve en la sentencia del TC la solución a un problema que parecía irresoluble…
EXPECTACIÓN ANTE LA PRÓXIMA LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA.-Cuando aún se debate la ley del aborto y cuando importantes empresarios españoles –Botín el primero-, acaban de viajar a Roma y ver al Papa, para comunicarle su aportación económica a los preparativos del viaje a España, sigue sin saberse demasiado sobre cuáles serán las líneas por las que regirá la futura Ley de Libertad Religiosa, que de entrada suscita no pocas alarmas. Nos cuenta hoy el diario El País el estado de ánimo de los movimientos laicistas ante la anunciada reforma de la legislación sobre libertad religiosa, y señala que entre otras medidas, se prohibirá la presencia de símbolos religiosos -como el crucifijo cristiano- en edificios públicos y se buscará una fórmula para que los llamados funerales de Estado sean civiles, sin ceremonias religiosas. También se propone extender a otras religiones de "notorio arraigo" privilegios que hoy disfruta la mayoritaria confesión católica, a la que el Estado financia con unos 6.000 millones de euros anuales. De esta cifra, 3.000 millones se destinan, según cifras oficiales, a sostener los colegios religiosos concertados, pero también se paga con dinero público el sueldo de obispos y sacerdotes; a los profesores de catolicismo en la escuela pública (unos 15.000); el salario de más de un millar de capellanes castrenses, hospitalarios y carcelarios, e incluso gran parte de la restauración o sostenimiento del ingente patrimonio histórico artístico de esa religión, la segunda propietaria inmobiliaria después del Estado.
ESCASO OPTIMISMO.- No son optimistas quienes desearían serios avances en la separación de Iglesia-Estado: "Es iluso creer que se avanzará hacia la laicidad mientras persistan los privilegios de la Iglesia católica, acordados en Roma en la Navidad de 1979 por el ministro de Asuntos Exteriores español y el secretario de Estado de la Santa Sede". "La tentación de extender los privilegios del catolicismo a otras religiones agravaría la confesionalidad encubierta del Estado". "España es ahora un Estado aconfesional con querida. Mañana podemos ser un Estado aconfesional con cuatro o cinco mantenidas más, es decir, habremos retrocedido en laicidad y neutralidad religiosa", dicen los partidarios del laicismo y gran parte de los líderes de las religiones llamadas minoritarias, con tres o más millones de fieles. Lo mismo opinan católicos de base que no viven "la laicidad como una amenaza contra la Iglesia, sino como una oportunidad positiva". Enfrente, la jerarquía del catolicismo alza la voz con severidad contra las intenciones del Ejecutivo socialista. Los obispos consideran el laicismo un ataque a su Iglesia e, incluso, "un retroceso de la civilización y una aberración del ser humano", y ven en las intenciones de los socialistas irreligiosidad, ateísmo o anticlericalismo. Aún confían en que el presidente Rodríguez Zapatero desista de la reforma anunciada tras entrevistarse en Roma con Benedicto XVI hace dos semanas.
LA PALABRA LAICIDAD.- El desencuentro entre jerarquía y sociedad civil empieza por la palabra laicidad, utilizada ahora por el Gobierno. ¿Qué es la laicidad? Es la "doctrina que defiende la independencia del hombre o la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de cualquier organización o confesión religiosa", según la Real Academia Española. El meollo del debate sobre el laicismo está en la financiación de las actividades del catolicismo. Nada hay más contradictorio con un Estado laico que el que la Hacienda pública ejerza de recaudadora de impuestos para sostener a una religión concreta. El Vaticano se comprometió, en los Acuerdos de 1979, a que su Iglesia en España se autofinanciaría con el llamado "impuesto religioso". Mientras tanto, Gobierno y episcopado acordaron un mecanismo transitorio de asignación tributaria mediante el IRPF. El plazo acabó hace dos décadas. En 2007, Rodríguez Zapatero aceptó la renuncia de los obispos a su compromiso de autofinanciación, e incluso les elevó un 34% (del 0,52% al 0,7%) el porcentaje de la cuota de IRPF que los católicos pueden destinar a su confesión, sin añadir un céntimo más que el resto de los contribuyentes. El Gobierno no se propone reforma alguna en este asunto, y eso que los expertos de su propio entorno le han dicho que "financiar religiones es inconstitucional". Es la conclusión del Laboratorio de la Fundación Alternativas, que dirige el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray.
LAS CUENTAS.- Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico -en la Universidad Pública de Navarra-, hace estas cuentas. "La Iglesia católica lleva incumpliendo más de 30 años el compromiso de 'lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades' (artículo 2.5 del Acuerdo de Asuntos Económicos). Recordar esto no es anticlericalismo pues si dividimos los 250 millones de euros que percibe la Iglesia en concepto de Asignación Tributaria entre: 1) 44 millones de españoles, tocan cada español a 5,6 euros al año. 2) El 80% de esos 44 millones de españoles, que según el CIS se declaran católicos, tocan cada católico a 7,1 euros al año. 3) El 20% de esos 44 millones de españoles, que son católicos practicantes, toca cada católico practicante a 28,40 euros al año, menos de 50 céntimos por cada misa dominical. Es poco dinero por cada fiel católico, pero los obispos se aferran al sistema de financiación pública porque desconfían, con razón, de la generosidad de sus fieles. Alejandro Torres subraya otros beneficios fiscales. "Las viviendas o casas parroquiales de los ministros de culto de las confesiones que han suscrito un acuerdo con el Estado, y los huertos y jardines adyacentes, están exentas en el IBI. Eso es incompatible con los principios constitucionales de laicidad del Estado y de igualdad. Por su parte, Juan José Tamayo, director de la cátedra de Teología en la Universidad Carlos III, en Madrid, y secretario general de la Asociación de Teólogos Juan XXIII, concluye que el Gobierno se ha quedado "sin política propia" en cuestiones de laicidad. "La agenda se la marca otro Estado, el de la Ciudad de Vaticano, cuyas orientaciones sigue discipularmente". Como ejemplo, señala el retraso en la presentación de la nueva ley hasta después de la visita de Benedicto XVI a España, el próximo noviembre, para no tener problemas".
Una materia, como se aprecia, que apenas se discute, pero que suscita enorme expectación la mera intención de abordarla….
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