ZAPATERO CON LAS GRANDES, RAJOY CON LAS PEQUEÑAS
Así se ha producido el reparto: las grandes empresas parecen haberse entendido con el presidente Zapatero, e incluso algunos de sus dirigentes, particularmente Emilio Botín, han propuesto al presidente que abandone su estrategia de la sucesión, y “que siga”. Que siga ocupándose, particularmente, de la salida de la crisis y del relanzamiento económico. ¿Botín llevaba preparada esa intervención, la había debatido previamente con el propio presidente o con algún otro de los empresarios de la reunión? Es lo que algunos sospechan. Que Botín -así lo señalan los mal pensados-, tiene y persigue intereses más concretos y específicos, como el indulto para su segundo, Alfredo Sáenz, o porque estaría “interesado en las cajas”. En La Gaceta, a su vez, se asegura que los intereses en energía y obra pública condocionan los apoyos a Zapatero, y sostiene que los empresarios antepusieron el sábado su negocio a un adelanto electoral, mientras al respaldo de Botín a Zapatero se sumaron directivos de constructoras y eléctricas. También señala que los empresarios acusan a la CEOE de Rosell de connivencia con el Gobiern... Lo cierto es que la iniciativa de Botín ha cundido entre la militancia del PSOE, y parece que empezamos a comprobar una clara resistencia, en núcleos socialistas, a la tentación de Zapatero a terminar su vida política cuando concluya la presente legislatura...
Por el contrario, al Mariano Rajoy y al PP ha hecho muy escasa gracia la iniciativa de Botín y su apoyo a Zapatero. Y contraatacan, primero, con esas sospechas de intereses concretos por parte del banquero del Santander. Y en segundo lugar, Rajoy ha contraatacado con su reunión con pequeños y medianos empresarios, como réplica al encuentro de Zapatero con “los grandes”.. En realidad, el encuentro de Rajoy hubiera podido ser masivo, de centenares de emprendedores, si tenemos en cuenta el nutridísimo grupo de integrantes de ese conjunto de “pequeños y medianos empresarios” que vienen a constituir la masa del empresariado español. Sin embargo, en las fotografías del encuentro de Rajoy apenas llegan a aparecer unas pocas docenas de personas. ¿Cincuenta, sesenta asistentes?. Alguna crónica llega a hablar de un centenar. “Los cien emprendedores de Rajoy”, titula otro diario. Otro habla de 111, exactamente, “desde quiosqueros hasta abogados”. . ¿Ese es el reparto de preferencias, -cien de Rajoy frente a cuarenta de Zapatero- en el empresariado español? No parece probable, aunque la coincidencia de convocatorias haya sido, por lo menos, curiosa, entre los dos principales líderes políticos de la Nación.
Parece evidente que Rajoy tenía bastantes más cosas que decir, además de mostrar su discrepancia y desacuerdo con el banquero santanderino, con quien había chocado ya con anterioridad en otras ocasiones anteriores, como hoy se nos recuerda en El País: Botín y Rajoy, en concreto, ya chocaron cuando el plan de recortes del Gobierno de mayo del año pasado, que salió adelante por sólo un voto de diferencia... Por lo demás, tampoco falta quien sostiene que el apoyo de Botín perjudica a Zapatero y al PSOE... Rajoy también tenía, claro está, su mensaje para los emprendedores. Según el relato que se hace del encuentro, Rajoy quería presentarse y ser identificado con los empresarios que crean más empleo, frente a Zapatero, se prefiere a “los magnates”... En su encuentro, Rajoy presentó una “ley de emprendedores”, catorce folios que se refieren a reducción de la morosidad, facilidades para crear empresas, reducción de impuestos en pymes, y hasta cincuenta ideas, que no especifican qué leyes sería preciso modificar o mejorar. Se comprometió, eso sí, a bajar los impuestos para las pymes, sin demasiados detalles más. Es su intención presentar pronto en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de emprendedores para facilitar la creación de empresas, reducir sus costes y bajar su fiscalidad. Y avanzó algunos de sus planteamientos, como las bonificaciones del 100 por 100 en las cuotas a la Seguridad Social para la contratación de jóvenes y mujeres en el primer año de trabajo, lo que atajaría el problema capital del veinte por ciento de paro. Eso sí, desgranó una serie de eslóganes: Sin pequeñas empresas nunca habría grandes empresas”. . “Será muy difícil que en el futuro haya grandes empresas si no se empieza por apoyar, estimular y hablar bien de las pymes... Al pequeño empresario, dijo también Rajoy, le ocurre como a los deportistas famosos: cuando pierden, ya nadie los ve, y no aparecen en los periódicos.
Por último, Rajoy se felicitó el “buen rollo que he encontrado aquí, tal y como está el patio”, después de que nadie planteara ninguna dificultad ni pregunta incómoda...
martes, 29 de marzo de 2011
lunes, 28 de marzo de 2011
DOS INFORMACIONES EXPLOSIVAS. ACTA DE ETA SOBRE EL CASO FAISAN, Y TRASHORRAS ADMITE SU CULPA EL 11-M
EL ACTA DE ETA INCRIMINA AL GOBIERNO SOBRE EL CASO FAISÁN
Los diarios “de papel” llegaron este lunes con algunas novedades “explosivas”, como las que contienen El Mundo y El País. En el primero de estos diarios, se proporciona el acta escrita por ETA de una reunión del 22 de junio de 2006 entre Gobierno y ETA, dentro de las negociaciones para la desaparición de la banda y en el momento en el que estaba vigente el alto el fuego de la banda, y que vendría a demostrar que la operación Faisán, el chivatazo favorable a ETA, y que intentó parar la redada contra el bar Faisán, fue una decisión política. Según la referida acta, que se habría incautada al dirigente etarra Thierry, el portavoz del gobierno explica que se intentó que la Policía nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la policía francesa no hicieran detenciones de etarras. Uno de los enviados del Gobierno explica, asimismo, que el Gobierno había hecho cambios para blindar el proceso: Cambios en el Gobierno y en la fiscalía jefe de la Audiencia. Los enviados del Gobierno, siempre según la misma acta, habrían comunicado a ETA que las detenciones de Elosua y sus cómplices, mes y medio después de que fueran abortadas por el chivatazo, fueron “un accidente grave, un asunto que viene del juez”. Y explica que “los jueces se han convertido en un instrumento del PP y hacen cosas que en otra situación no harían”. Dicen estos enviados del Gobierno que no contaban con rel nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT, pero que el Gobierno “ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura. Pero el PP ha encontrado su agarradero entre los jueces y las víctimas”. Los representantes de ETA, a su vez, expresan su queja en una carta dirigida a Zapatero “ante la gravedad de la situación”, preguntan: “Si las detenciones no son del Gobierno y sí de los jueces, entonces, ¿por qué firmasteis los acuerdos? Según se explica en el diario El Mundo, el texto ahora divulgado muestra a un Gobierno entregado, dispuesto a que haya acuerdo con la banda a cualquier precio, y a un Gobierno que pide disculpas por la detención de terroristas, que miente a la opinión pública y que no duda en poner al Estado de Derecho al servicio de su estrategia, aunque nsea saltándose la ley. E insiste el periódico en señalar que el acta de ETAdemuestra que el chivatazo habría tenido su origen en una decisión política destinada a cumplir la palabra dada por el Gobierno a la banda. Y aprovecha El Mundo para insistir en sus críticas sobre Rubalcaba: “Miente Rubalcaba cuando se jacta de que todos los implicados fueron detenidos: aún faltan por arrestar quienes les facilitaron la huida meros peones de una decisión del Gobierno”. Y sugiere el diario que la Justicia debería analizar la trascendencia del documento de ETA en el procedimiento abierto para el chivatazo...
Ciertamente, la información procedente de ETA no favorece al Gobierno, y concretamente a Zapatero y Rubalcaba, los máximos responsables de la negociación con la banda en aquellos días de junio de 2006, medio año antes de que la negociación terminara abruptamente con la voladura de la T-4.
En cuanto al diario El País proporciona ahora las declaraciones del exminero José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años de prisión por su relación con los atentados del 11-M. Trashorras ha reconocido ahora que él proporcionó la dinamita Goma 2 robada en Mina Conchita a Jamal Ahmidan, El Chino, con la que se fabricaron las bombas que estallaron en los trenes de cercanías de Madrid el 11 de marzo de 2004 y que causaron la muerte de 191 personas y graves lesiones a otras 1.856. Es la primera vez que Trashorras confiesa oficialmente haber proporcionado el explosivo -aunque asegura que no sabía para qué era-; y no lo ha hecho en una declaración periodística, sino en el recurso que ha presentado su abogado, Carlos Orbañanos, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Orbañanos recurre la condena a Trashorras al considerar que su defendido no es un terrorista. En el recurso, el exminero pide perdón a las víctimas no sólo por lo que él considera su involuntaria participación en los atentados, sino por no haber colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los hechos. Trashorras ha dado, antes de ésta, según recuerda El País, hasta siete versiones distintas distintas de lo que ocurrió, aunque la única oficial es la que dio en el juicio, donde negó haber proporcionado la dinamita. En el motivo segundo del escrito presentado en Estrasburgo, Orbañanos escribe: "A fin de evitar debates innecesarios y superfluos al objeto del presente recurso, es deseo de mi defendido, apartándose de la estrategia de defensa mantenida hasta el presente, reconocer, como bien expresa la sentencia de la Audiencia Nacional (página 658) que todo o gran parte del explosivo utilizado en el terrible atentado del 11-M y [en el suicidio de Leganés que causó la muerte de un policía] el 3 de abril provino de Mina Conchita y que fue mi representado (pero no solo él) quien lo puso a disposición de Jamal Ahmidan". El texto añade inmediatamente: "Aunque exceda del objeto del presente recurso, el señor Suárez Trashorras con este reconocimiento desea pedir perdón a las víctimas y lamenta no haber prestado la colaboración necesaria a la Administración de Justicia para que se hubiera conseguido un mejor esclarecimiento de los hechos a fin de reconfortar en lo posible a las víctimas y sus familiares y para mejor información y tranquilidad de la sociedad española. Este reconocimiento, que afecta a la esfera moral y, por tanto, no a la jurídica, no se integra en estrategia alguna de defensa, aunque cada cual, sin duda, dicho sea con los debidos respetos, lo interpretará como mejor tenga por oportuno". Trashorras fue condenado como autor por cooperación necesaria en los atentados del 11-M, al considerar la Audiencia Nacional -y ratificar el Supremo- que proporcionó a la célula del islamista Jamal Ahmidan, El Chino, los explosivos que estallaron en los trenes y los que utilizaron para suicidarse en Leganés el 3 de abril de 2004. El exminero alentó en el pasado con algunas declaraciones periodísticas, varias teorías conspirativas sobre lo ocurrido el 11-M. En el recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Trashorras alega que nunca creyó que El Chino y su grupo fueran islamistas radicales y que constituyeran un grupo terrorista, porque, entre otras circunstancias, iban a locales de alterne, consumían alcohol y drogas y traficaban con estas, lo que no es una conducta propia de integristas islámicos.
Un poco tarde, pero ahí está la admisión de culpabilidad...
Los diarios “de papel” llegaron este lunes con algunas novedades “explosivas”, como las que contienen El Mundo y El País. En el primero de estos diarios, se proporciona el acta escrita por ETA de una reunión del 22 de junio de 2006 entre Gobierno y ETA, dentro de las negociaciones para la desaparición de la banda y en el momento en el que estaba vigente el alto el fuego de la banda, y que vendría a demostrar que la operación Faisán, el chivatazo favorable a ETA, y que intentó parar la redada contra el bar Faisán, fue una decisión política. Según la referida acta, que se habría incautada al dirigente etarra Thierry, el portavoz del gobierno explica que se intentó que la Policía nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y la policía francesa no hicieran detenciones de etarras. Uno de los enviados del Gobierno explica, asimismo, que el Gobierno había hecho cambios para blindar el proceso: Cambios en el Gobierno y en la fiscalía jefe de la Audiencia. Los enviados del Gobierno, siempre según la misma acta, habrían comunicado a ETA que las detenciones de Elosua y sus cómplices, mes y medio después de que fueran abortadas por el chivatazo, fueron “un accidente grave, un asunto que viene del juez”. Y explica que “los jueces se han convertido en un instrumento del PP y hacen cosas que en otra situación no harían”. Dicen estos enviados del Gobierno que no contaban con rel nivel de ataque del PP, de la mayoría de la prensa y de la AVT, pero que el Gobierno “ha hecho lo imposible en el campo de la judicatura. Pero el PP ha encontrado su agarradero entre los jueces y las víctimas”. Los representantes de ETA, a su vez, expresan su queja en una carta dirigida a Zapatero “ante la gravedad de la situación”, preguntan: “Si las detenciones no son del Gobierno y sí de los jueces, entonces, ¿por qué firmasteis los acuerdos? Según se explica en el diario El Mundo, el texto ahora divulgado muestra a un Gobierno entregado, dispuesto a que haya acuerdo con la banda a cualquier precio, y a un Gobierno que pide disculpas por la detención de terroristas, que miente a la opinión pública y que no duda en poner al Estado de Derecho al servicio de su estrategia, aunque nsea saltándose la ley. E insiste el periódico en señalar que el acta de ETAdemuestra que el chivatazo habría tenido su origen en una decisión política destinada a cumplir la palabra dada por el Gobierno a la banda. Y aprovecha El Mundo para insistir en sus críticas sobre Rubalcaba: “Miente Rubalcaba cuando se jacta de que todos los implicados fueron detenidos: aún faltan por arrestar quienes les facilitaron la huida meros peones de una decisión del Gobierno”. Y sugiere el diario que la Justicia debería analizar la trascendencia del documento de ETA en el procedimiento abierto para el chivatazo...
Ciertamente, la información procedente de ETA no favorece al Gobierno, y concretamente a Zapatero y Rubalcaba, los máximos responsables de la negociación con la banda en aquellos días de junio de 2006, medio año antes de que la negociación terminara abruptamente con la voladura de la T-4.
En cuanto al diario El País proporciona ahora las declaraciones del exminero José Emilio Suárez Trashorras, condenado a 34.715 años de prisión por su relación con los atentados del 11-M. Trashorras ha reconocido ahora que él proporcionó la dinamita Goma 2 robada en Mina Conchita a Jamal Ahmidan, El Chino, con la que se fabricaron las bombas que estallaron en los trenes de cercanías de Madrid el 11 de marzo de 2004 y que causaron la muerte de 191 personas y graves lesiones a otras 1.856. Es la primera vez que Trashorras confiesa oficialmente haber proporcionado el explosivo -aunque asegura que no sabía para qué era-; y no lo ha hecho en una declaración periodística, sino en el recurso que ha presentado su abogado, Carlos Orbañanos, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Orbañanos recurre la condena a Trashorras al considerar que su defendido no es un terrorista. En el recurso, el exminero pide perdón a las víctimas no sólo por lo que él considera su involuntaria participación en los atentados, sino por no haber colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los hechos. Trashorras ha dado, antes de ésta, según recuerda El País, hasta siete versiones distintas distintas de lo que ocurrió, aunque la única oficial es la que dio en el juicio, donde negó haber proporcionado la dinamita. En el motivo segundo del escrito presentado en Estrasburgo, Orbañanos escribe: "A fin de evitar debates innecesarios y superfluos al objeto del presente recurso, es deseo de mi defendido, apartándose de la estrategia de defensa mantenida hasta el presente, reconocer, como bien expresa la sentencia de la Audiencia Nacional (página 658) que todo o gran parte del explosivo utilizado en el terrible atentado del 11-M y [en el suicidio de Leganés que causó la muerte de un policía] el 3 de abril provino de Mina Conchita y que fue mi representado (pero no solo él) quien lo puso a disposición de Jamal Ahmidan". El texto añade inmediatamente: "Aunque exceda del objeto del presente recurso, el señor Suárez Trashorras con este reconocimiento desea pedir perdón a las víctimas y lamenta no haber prestado la colaboración necesaria a la Administración de Justicia para que se hubiera conseguido un mejor esclarecimiento de los hechos a fin de reconfortar en lo posible a las víctimas y sus familiares y para mejor información y tranquilidad de la sociedad española. Este reconocimiento, que afecta a la esfera moral y, por tanto, no a la jurídica, no se integra en estrategia alguna de defensa, aunque cada cual, sin duda, dicho sea con los debidos respetos, lo interpretará como mejor tenga por oportuno". Trashorras fue condenado como autor por cooperación necesaria en los atentados del 11-M, al considerar la Audiencia Nacional -y ratificar el Supremo- que proporcionó a la célula del islamista Jamal Ahmidan, El Chino, los explosivos que estallaron en los trenes y los que utilizaron para suicidarse en Leganés el 3 de abril de 2004. El exminero alentó en el pasado con algunas declaraciones periodísticas, varias teorías conspirativas sobre lo ocurrido el 11-M. En el recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Trashorras alega que nunca creyó que El Chino y su grupo fueran islamistas radicales y que constituyeran un grupo terrorista, porque, entre otras circunstancias, iban a locales de alterne, consumían alcohol y drogas y traficaban con estas, lo que no es una conducta propia de integristas islámicos.
Un poco tarde, pero ahí está la admisión de culpabilidad...
domingo, 27 de marzo de 2011
LO QUE LOS EMPRESARIOS DIJERON A ZAPATERO EN LA CUMBRE DEL SÁBADO
LA UTILIZACIÓN POLÍTICA DE LA REUNIÓN DE EMPRESARIOS
Buena parte de los diarios de este domingo hacen uso abiertamente partidista de algunas de las intervenciones que se produjeron el sábado en el encuentro del presidente Zapatero con “la crema” del empresariado español-. Basta repasar lo principales titulares para advertir esa inclinación por aplicar en beneficio propio –del PP o del PSOE- lo que se discutió en la Moncloa, después de que varios asistentes a la cita entre el Gobierno y 41 grandes empresas, además de la patronal CEOE, pidieran que José Luis Rodríguez Zapatero no se pronuncie aún sobre si se presentará o no como candidato a las elecciones de 2012 -se barajaba el 2 de abril como posible fecha del anuncio- y que tampoco convoque elecciones anticipadas, según dijeron fuentes próximas a la reunión. Esta es la versión de los hechos que ofrece El Mundo, que en su edición “de papel”, centra la atención, como hacen la mayor parte de los restantes diarios, en Emilio Botín “más que un banquero”: Un líder empresarial y mediático indiscutible. En efecto, titula: Botín pide a Zapatero que siga un año más y aplace la sucesión. Y en la misma línea de interpretación están casi todos los restantes diarios: Público –“banqueros y empresarios piden a Zapatero que aparque el debate sucesorio y agote la legislatura”: La Vanguardia: Los empresarios piden más reformas antes que elecciones. El País: La élite económica `pide a Zapatero que aplace el debate sucesorio. Botín y otros empresarios recomiendan al presidente que agote la legislatura y aparque hasta 2012 la sucesión para dar estabilidad. Los matices empiezan a advertirse, sobre todo, en ABC: Botín dice a Zapatero: Menos sucesión ymás trabajar. Los empresarios vuelven a exigir al presidente reformas ya. En La Razón también se afirma que los empresarios piden la vuelta de turca a las reformas, y que los empresarios demandan mayor flexibilidad del mercado laboral. Botín agrega, plantea al presidente que aplace el debate sucesorio para no perjudicar a la economía. Y el diario más discrepante con la información generalizada es La Gaceta, que asegura que “sólo cuatro de 40 grandes empresarios piden a Zapatero que agote la legislatura, mientras el PP cree que lo pactaron con el presidente antes de acudir a la Moncloa. Según esta versión, Botín, Prado, Villar Mir y Del Pino sorprenden a los demás con su iniciativa, y el PP –un rizo aún más rizado- ve en la propuesta del Santander la petición de indulto para Alfredo Sáenz… Dicho de otro modo, el PP, y La Gaceta es su portavoz en esta ocasión, entiende que la reunión estuvo trucada, al salirse de las cuestiones estrictamente económicas y abordar las políticas. En todo caso, de lo que no parece haber dudas es que el primero en pedir a Zapatero que aplace la cuestión de su sucesión fue el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Y parece que se le sumaron Juan Miguel Villar Mir, de OHL, y Rafael del Pino, de Ferrovial, (El Mundo olvida a Borja Prado), empresarios y financieros que mostraron su preocupación por el hecho de que un adelantamiento del calendario electoral pudiera entorpecer el proceso de reformas necesarias para sacar a España de la crisis. En su opinión, es mejor que el Ejecutivo profundice y acelere las medidas que favorezcan la vuelta al crecimiento. Por su parte, el presidente del Gobierno respondió que las reformas "no están condicionadas a ninguna otra circunstancia", y que el calendario económico, que debe ser prioritario, no se verá afectado por el calendario político. Eso sí, pese a esa “incursión política”, que parece haber desagradado al PP y a su líder Rajoy, hay coincidencia en apreciar que el tono constructivo presidió la reunión de cuatro horas entre el jefe del Ejecutivo y los líderes de las principales empresas españolas y las patronales CEOE y Anfac. En cuanto a la versión concreta de Emilio Botín, cuenta El País que pidió a Zapatero que no desvele su futuro hasta 2012 para no perjudicar los mercados, una solicitud que respaldaron otros empresarios. Los directivos también pidieron al jefe del Ejecutivo que no baje la guardia ante la crisis, y Zapatero prometió seguir con las reformas. Era sabido de antemano que el objetivo de la reunión era analizar las reformas previstas para cumplir el Pacto del euro, aprobado el viernes en Bruselas, entre las que destaca un plan para hacer aflorar la economía sumergida, pero el debate, en todo caso, se extendió a la situación económica de España en general, una vez que Zapatero informó de que los mercados han vuelto a creer en España y que ha pasado el peor momento, cuando se temía un rescate. El presidente del Gobierno prometió continuar las reformas en tres frentes: marco laboral, mejora de las competencias autonómicas (ante las quejas de los empresarios por la doble Administración) y la puesta en marcha, de una vez, de la reforma energética. Algunos empresarios se mostraron dispuestos a hablar con la oposición, si fuera necesario, para contribuir a alcanzar un gran pacto de Estado. Además, Zapatero anunció la puesta en marcha de un programa de becas para 30.000 jóvenes en el que quiere que participen de forma activa los empresarios, y que inmediatamente secundó el empresario banquero Botín… La cuestión de la sucesión a Zapatero, según ha trascendido, se suscitó al considerarse la caída del Gobierno portugués del socialista José Sócrates como consecuencia de que el parlamento luso rechazó, el miércoles pasado, un nuevo programa de ajuste, lo que puede llevar a Portugal a la celebración de elecciones en mayo. Llegados a este punto, la "inmensa mayoría" de los asistentes coincidieron en que la estabilidad económica en España ha mejorado "de forma clara", según señaló Zapatero en la rueda de prensa posterior a el encuentro. Zapatero también argumentó en esa rueda de prensa que el calendario político será siempre secundario a las reformas económicas que su Gobierno lleva a cabo. Zapatero no mencionó que los empresarios vieran inconveniente un eventual adelanto de las elecciones generales, que deben celebrarse al término de la actual legislatura, en marzo de 2012, adelanto que viene reclamando desde hace meses el principal partido de la Oposición, cuyo líder Rajoy sostiene que cada día que Zapatero se mantiene en la jefatura del Gobierno, es un día que pierde España” en sus necesidades de reformas y salida de la crisis… No parecen estar de acuerdo los
Buena parte de los diarios de este domingo hacen uso abiertamente partidista de algunas de las intervenciones que se produjeron el sábado en el encuentro del presidente Zapatero con “la crema” del empresariado español-. Basta repasar lo principales titulares para advertir esa inclinación por aplicar en beneficio propio –del PP o del PSOE- lo que se discutió en la Moncloa, después de que varios asistentes a la cita entre el Gobierno y 41 grandes empresas, además de la patronal CEOE, pidieran que José Luis Rodríguez Zapatero no se pronuncie aún sobre si se presentará o no como candidato a las elecciones de 2012 -se barajaba el 2 de abril como posible fecha del anuncio- y que tampoco convoque elecciones anticipadas, según dijeron fuentes próximas a la reunión. Esta es la versión de los hechos que ofrece El Mundo, que en su edición “de papel”, centra la atención, como hacen la mayor parte de los restantes diarios, en Emilio Botín “más que un banquero”: Un líder empresarial y mediático indiscutible. En efecto, titula: Botín pide a Zapatero que siga un año más y aplace la sucesión. Y en la misma línea de interpretación están casi todos los restantes diarios: Público –“banqueros y empresarios piden a Zapatero que aparque el debate sucesorio y agote la legislatura”: La Vanguardia: Los empresarios piden más reformas antes que elecciones. El País: La élite económica `pide a Zapatero que aplace el debate sucesorio. Botín y otros empresarios recomiendan al presidente que agote la legislatura y aparque hasta 2012 la sucesión para dar estabilidad. Los matices empiezan a advertirse, sobre todo, en ABC: Botín dice a Zapatero: Menos sucesión ymás trabajar. Los empresarios vuelven a exigir al presidente reformas ya. En La Razón también se afirma que los empresarios piden la vuelta de turca a las reformas, y que los empresarios demandan mayor flexibilidad del mercado laboral. Botín agrega, plantea al presidente que aplace el debate sucesorio para no perjudicar a la economía. Y el diario más discrepante con la información generalizada es La Gaceta, que asegura que “sólo cuatro de 40 grandes empresarios piden a Zapatero que agote la legislatura, mientras el PP cree que lo pactaron con el presidente antes de acudir a la Moncloa. Según esta versión, Botín, Prado, Villar Mir y Del Pino sorprenden a los demás con su iniciativa, y el PP –un rizo aún más rizado- ve en la propuesta del Santander la petición de indulto para Alfredo Sáenz… Dicho de otro modo, el PP, y La Gaceta es su portavoz en esta ocasión, entiende que la reunión estuvo trucada, al salirse de las cuestiones estrictamente económicas y abordar las políticas. En todo caso, de lo que no parece haber dudas es que el primero en pedir a Zapatero que aplace la cuestión de su sucesión fue el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Y parece que se le sumaron Juan Miguel Villar Mir, de OHL, y Rafael del Pino, de Ferrovial, (El Mundo olvida a Borja Prado), empresarios y financieros que mostraron su preocupación por el hecho de que un adelantamiento del calendario electoral pudiera entorpecer el proceso de reformas necesarias para sacar a España de la crisis. En su opinión, es mejor que el Ejecutivo profundice y acelere las medidas que favorezcan la vuelta al crecimiento. Por su parte, el presidente del Gobierno respondió que las reformas "no están condicionadas a ninguna otra circunstancia", y que el calendario económico, que debe ser prioritario, no se verá afectado por el calendario político. Eso sí, pese a esa “incursión política”, que parece haber desagradado al PP y a su líder Rajoy, hay coincidencia en apreciar que el tono constructivo presidió la reunión de cuatro horas entre el jefe del Ejecutivo y los líderes de las principales empresas españolas y las patronales CEOE y Anfac. En cuanto a la versión concreta de Emilio Botín, cuenta El País que pidió a Zapatero que no desvele su futuro hasta 2012 para no perjudicar los mercados, una solicitud que respaldaron otros empresarios. Los directivos también pidieron al jefe del Ejecutivo que no baje la guardia ante la crisis, y Zapatero prometió seguir con las reformas. Era sabido de antemano que el objetivo de la reunión era analizar las reformas previstas para cumplir el Pacto del euro, aprobado el viernes en Bruselas, entre las que destaca un plan para hacer aflorar la economía sumergida, pero el debate, en todo caso, se extendió a la situación económica de España en general, una vez que Zapatero informó de que los mercados han vuelto a creer en España y que ha pasado el peor momento, cuando se temía un rescate. El presidente del Gobierno prometió continuar las reformas en tres frentes: marco laboral, mejora de las competencias autonómicas (ante las quejas de los empresarios por la doble Administración) y la puesta en marcha, de una vez, de la reforma energética. Algunos empresarios se mostraron dispuestos a hablar con la oposición, si fuera necesario, para contribuir a alcanzar un gran pacto de Estado. Además, Zapatero anunció la puesta en marcha de un programa de becas para 30.000 jóvenes en el que quiere que participen de forma activa los empresarios, y que inmediatamente secundó el empresario banquero Botín… La cuestión de la sucesión a Zapatero, según ha trascendido, se suscitó al considerarse la caída del Gobierno portugués del socialista José Sócrates como consecuencia de que el parlamento luso rechazó, el miércoles pasado, un nuevo programa de ajuste, lo que puede llevar a Portugal a la celebración de elecciones en mayo. Llegados a este punto, la "inmensa mayoría" de los asistentes coincidieron en que la estabilidad económica en España ha mejorado "de forma clara", según señaló Zapatero en la rueda de prensa posterior a el encuentro. Zapatero también argumentó en esa rueda de prensa que el calendario político será siempre secundario a las reformas económicas que su Gobierno lleva a cabo. Zapatero no mencionó que los empresarios vieran inconveniente un eventual adelanto de las elecciones generales, que deben celebrarse al término de la actual legislatura, en marzo de 2012, adelanto que viene reclamando desde hace meses el principal partido de la Oposición, cuyo líder Rajoy sostiene que cada día que Zapatero se mantiene en la jefatura del Gobierno, es un día que pierde España” en sus necesidades de reformas y salida de la crisis… No parecen estar de acuerdo los
sábado, 26 de marzo de 2011
ZAPATERO EXPLICA A LOS EMPRESARIOS LAS NUEVAS REFORMAS
ZAPATERO, CON 44 GRANDES EMPRESARIOS
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió en la mañana de este sábado desde las diez de la mañana con 44 grandes empresarios españoles y el presidente de la CEOE, Joan Rosell, para explicarles las medidas del pacto del euro, entre ellas el plan para hacer aflorar la economía sumergida. Los representantes de las 44 empresas más importantes de España fueron ido llegando en sus coches al Palacio de la Moncloa, en cuyos jardines fueron recibidos por los responsables del servicio de protocolo de la Presidencia del Gobierno, que les acompañaron hasta el salón de columnas donde se celebró la reunión. Poco después de las 09:30 horas empezaron a llegar los empresarios y uno de los más madrugadores fue el presidente de ACS-Dragados, Florentino Pérez, y también uno de los primeros en someterse a los flashes de los numerosos medios gráficos que recogían el momento de la llegada. Poco después llegaban el presidente de la CEOE acompañado de Isidro Fainé, presidente de La Caixa; César Alierta (Telefónica); Isidro Álvarez (El Corte Inglés); José Manuel Lara (Planeta), José Manuel Martínez (Mapfre); Pablo Isla (Inditex); Rodrigo Rato (Bankia) y Petra Mateos-Aparicio (Hispasat), entre otros. Todos saludaron a los representantes de los medios gráficos y alguno, como el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, se han entretenido algo más para comentar a los fotógrafos y cámaras de televisión que se alegraba de volverles a ver y que hoy hacía menos frío que la última vez, el 27 de noviembre, cuando Zapatero les citó en La Moncloa para abordar las medidas contra crisis económica. De ese momento es la foto en la que Botín se pone la chaqueta… En esta ocasión habían sido convocadas trece empresas más que en el primero de estos encuentros, en el que Zapatero se comprometió a acelerar las reformas económicas pendientes. Luis Fernando Rivero (Sacyr-Vallehermoso) fue uno de los últimos en llegar al Palacio de la Moncloa. A la reunión de hoy Zapatero había convocado a trece empresas más que en el encuentro del 27 de noviembre. También se incorporó a la reunión el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que llegó al Palacio a las 09:55 horas. Asimismo, ha participado por parte del Ejecutivo, la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Se anunció a la prensa que, una vez termine la cita, comparecería ante la prensa un miembro del Ejecutivo, y no se descartaba que, como ocurrió en noviembre, lo hiciera el propio Zapatero.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, analizó en el encuentro con los representantes de las 44 principales empresas españolas y las patronales CEOE y Anfac, las reformas previstas para cumplir el Pacto del euro, aprobado el viernes en Bruselas, entre las que destaca un plan para hacer aflorar la economía sumergida. Precisamente, el Gobierno español presentó ante el Consejo Europeo de Bruselas un plan que conlleva ocho nuevas reformas para, entre otros objetivos, controlar por ley el gasto del Estado, vinculándolo al crecimiento del PIB, y para hacer aflorar empleos sumergidos en un plazo de año y medio. El presidente del Gobierno anunció en la capital belga la adopción de ocho grandes medidas para mejorar la solvencia y la competitividad de las empresas españolas. Entre estas medidas destaca la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para vincular la evolución del gasto al PIB nominal en el medio plazo, así como el plan contra el empleo irregular que se pondrá en marcha el próximo mes y que se desarrollará entre junio de este año y diciembre de 2012. El acuerdo europeo había sido abordado hace unos días por Zapatero y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, con los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez. Los dos responsables sindicales transmitieron a Zapatero que, en su opinión, estos planes generarían más paro y aumentarán las desigualdades con los restantes Estados miembros de la UE, además de suponer una "injerencia muy clara" en las políticas nacionales, ya que trata a los pueblos y las sociedades de forma "muy rígida y uniforme", cuando son distintas. Zapatero, asimismo, al igual que el ministro de Trabajo, avanzaron la pasada semana que, desde junio hasta diciembre de 2012, habrá "incentivos" para regularizar los empleos sumergidos, aunque aún no habían apuntado más detalles para esperar al diálogo con sindicatos y empresarios. Los expertos señalan el hecho sorprendente de que el crecimiento del número de parados “oficiales”, -de los cálculos de la encuestas EPA y de las oficinas de Empleo, por igual-, del orden de cinco millones, no se haya visto acompañado de una elevación de las tensiones sociales. Los propios sindicatos tampoco han mostrado especiales preocupaciones por la que se supone que debiera ser una razón extraordinaria para la elevación de la tensión social. Suponen los referidos expertos que una buena parte de los parados –tal vez el 25 o el 30 por 100- realizan tareas en la conocida como “economía sumergida”, obteniendo algunos ingresos que ayudan a la pervivencia de sus familias. El ministro de Trabajo descartaba el jueves que elplan contra la economía sumergida que prepara el gobierno vaya a contemplar una especie de amnistía para perdonar el empleo irregular, aunque sí ofrecerá, deforma temporal, incentivos y facilidades a las empresas para que regularicen los empleos sumergidos.. Concluido del tiempo de estas “facilidades”-entre junio próximo y el 31 de diciembre de 3012, se endurecerán las sanciones actuales por tener trabajadores de manera irregular. . Según la explicación de Gómez, se trata de abrir un período para regularizar voluntariamente la situación y que el Estado ayude a ello. Y tras ese período “de gracia”, algunos comportamientos deberán tener la sanción que les corresponda, incluso más intensa”, según explicaba el ministro.
Se supone que ésta fue una de las materias que abordaron el presidente y los empresarios, en el coloquio de este sábado…
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió en la mañana de este sábado desde las diez de la mañana con 44 grandes empresarios españoles y el presidente de la CEOE, Joan Rosell, para explicarles las medidas del pacto del euro, entre ellas el plan para hacer aflorar la economía sumergida. Los representantes de las 44 empresas más importantes de España fueron ido llegando en sus coches al Palacio de la Moncloa, en cuyos jardines fueron recibidos por los responsables del servicio de protocolo de la Presidencia del Gobierno, que les acompañaron hasta el salón de columnas donde se celebró la reunión. Poco después de las 09:30 horas empezaron a llegar los empresarios y uno de los más madrugadores fue el presidente de ACS-Dragados, Florentino Pérez, y también uno de los primeros en someterse a los flashes de los numerosos medios gráficos que recogían el momento de la llegada. Poco después llegaban el presidente de la CEOE acompañado de Isidro Fainé, presidente de La Caixa; César Alierta (Telefónica); Isidro Álvarez (El Corte Inglés); José Manuel Lara (Planeta), José Manuel Martínez (Mapfre); Pablo Isla (Inditex); Rodrigo Rato (Bankia) y Petra Mateos-Aparicio (Hispasat), entre otros. Todos saludaron a los representantes de los medios gráficos y alguno, como el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, se han entretenido algo más para comentar a los fotógrafos y cámaras de televisión que se alegraba de volverles a ver y que hoy hacía menos frío que la última vez, el 27 de noviembre, cuando Zapatero les citó en La Moncloa para abordar las medidas contra crisis económica. De ese momento es la foto en la que Botín se pone la chaqueta… En esta ocasión habían sido convocadas trece empresas más que en el primero de estos encuentros, en el que Zapatero se comprometió a acelerar las reformas económicas pendientes. Luis Fernando Rivero (Sacyr-Vallehermoso) fue uno de los últimos en llegar al Palacio de la Moncloa. A la reunión de hoy Zapatero había convocado a trece empresas más que en el encuentro del 27 de noviembre. También se incorporó a la reunión el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que llegó al Palacio a las 09:55 horas. Asimismo, ha participado por parte del Ejecutivo, la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Se anunció a la prensa que, una vez termine la cita, comparecería ante la prensa un miembro del Ejecutivo, y no se descartaba que, como ocurrió en noviembre, lo hiciera el propio Zapatero.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, analizó en el encuentro con los representantes de las 44 principales empresas españolas y las patronales CEOE y Anfac, las reformas previstas para cumplir el Pacto del euro, aprobado el viernes en Bruselas, entre las que destaca un plan para hacer aflorar la economía sumergida. Precisamente, el Gobierno español presentó ante el Consejo Europeo de Bruselas un plan que conlleva ocho nuevas reformas para, entre otros objetivos, controlar por ley el gasto del Estado, vinculándolo al crecimiento del PIB, y para hacer aflorar empleos sumergidos en un plazo de año y medio. El presidente del Gobierno anunció en la capital belga la adopción de ocho grandes medidas para mejorar la solvencia y la competitividad de las empresas españolas. Entre estas medidas destaca la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para vincular la evolución del gasto al PIB nominal en el medio plazo, así como el plan contra el empleo irregular que se pondrá en marcha el próximo mes y que se desarrollará entre junio de este año y diciembre de 2012. El acuerdo europeo había sido abordado hace unos días por Zapatero y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, con los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez. Los dos responsables sindicales transmitieron a Zapatero que, en su opinión, estos planes generarían más paro y aumentarán las desigualdades con los restantes Estados miembros de la UE, además de suponer una "injerencia muy clara" en las políticas nacionales, ya que trata a los pueblos y las sociedades de forma "muy rígida y uniforme", cuando son distintas. Zapatero, asimismo, al igual que el ministro de Trabajo, avanzaron la pasada semana que, desde junio hasta diciembre de 2012, habrá "incentivos" para regularizar los empleos sumergidos, aunque aún no habían apuntado más detalles para esperar al diálogo con sindicatos y empresarios. Los expertos señalan el hecho sorprendente de que el crecimiento del número de parados “oficiales”, -de los cálculos de la encuestas EPA y de las oficinas de Empleo, por igual-, del orden de cinco millones, no se haya visto acompañado de una elevación de las tensiones sociales. Los propios sindicatos tampoco han mostrado especiales preocupaciones por la que se supone que debiera ser una razón extraordinaria para la elevación de la tensión social. Suponen los referidos expertos que una buena parte de los parados –tal vez el 25 o el 30 por 100- realizan tareas en la conocida como “economía sumergida”, obteniendo algunos ingresos que ayudan a la pervivencia de sus familias. El ministro de Trabajo descartaba el jueves que elplan contra la economía sumergida que prepara el gobierno vaya a contemplar una especie de amnistía para perdonar el empleo irregular, aunque sí ofrecerá, deforma temporal, incentivos y facilidades a las empresas para que regularicen los empleos sumergidos.. Concluido del tiempo de estas “facilidades”-entre junio próximo y el 31 de diciembre de 3012, se endurecerán las sanciones actuales por tener trabajadores de manera irregular. . Según la explicación de Gómez, se trata de abrir un período para regularizar voluntariamente la situación y que el Estado ayude a ello. Y tras ese período “de gracia”, algunos comportamientos deberán tener la sanción que les corresponda, incluso más intensa”, según explicaba el ministro.
Se supone que ésta fue una de las materias que abordaron el presidente y los empresarios, en el coloquio de este sábado…
viernes, 25 de marzo de 2011
EL RESULTADO REAL DE LA VOTACIÓN DEL SUPREMO SOBRE SORTU
SORTU AUN CONFÍA EN VERSE LEGALIZADA.- Lo que hará ahora Sortu, y el mundo abertzale, y la antigua o actual Batasuna, tras el rechazo del Supremo a su solicitud de legalización, es ahora mismo, una de las cuestiones políticas de mayor interés. Primero, se analiza ahora el comportamiento de los 16 magistrados de la ya famosa Sala del 61 del TS, para llegar a la conclusión de que el recuento de votos no ha sido tan fácil como se dijo: sólo tres discrepantes contra la mayoría..La votación arrojó el resultado ocho contra siete votos, y dado que era el último en votar, Carlos Dívar, decantó al nueve a siete final. Llama la atención el hecho de que la Sala del 61 no informó del resultado “real” de esta votación, sino sólo de los tres votos disidentes, lo que propició que la mayor parte de los informadores hicieran referencia a una votación favorable a la denegación de la inscripción de Sortu por 13 votos a 3, dato muy diferente de un 9 a 7, que divide a la Sala casi por la mitad y deja muy abierto y pendiente del Constitucional un eventual recurso de Sortu con carácter de urgencia. Ahora también se sabe que tres de los siete magistrados que manifestaron su discrepancia con la decisión de la mayoría de la Sala de prohibir la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos son presidentes de Sala del Tribunal Supremo: los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos (presidente de lo Civil del Supremo), José Manuel Sieira (de lo Contencioso-Administrativo) y Gonzalo Moliner (de lo Social). Los tres habrían manifestado su oposición a los argumentos defendidos por el magistrado ponente, Carlos Lesmes, si bien ninguno de ellos anunció su intención de emitir un voto particular al auto, cosa que sí hicieron Rafael Gimeno-Bayón, Manuel Ramón Alarcón y José Luis Calvo Cabello, según las mismas fuentes periodísticas, hoiy muy atentas a.analizar lo sucedido: La Gaceta señala que la ajustada votación del TS abre las puertas a la legalización de Sortu en el C; cuenta El País quela votación del TS obliga a Sortu a plantearse un amparo urgente; destaca El Mundo que los presidentes de tres Salas del TS votaron a favor de Sortu, ABC habla de un debate convulso en el TC tras la fractura en el Supremo, cuenta Pçúblico que Sortu genera en el Supremo una de las mayores divisiones en su historia, y señala El Periódico de la izquierda abertzale intuye que la división del TS le allana el camino y que el TC podría acelerar su fallo tras la reñida votación en el Supremo...
To, asimismo, que los siete magistrados disidentes del Supremo han evaluado la posibilidad de presentar un único voto particular discrepante, en vez de los tres anunciados. Por el contrario, frente a los discrepantes, se manifestaron en favor de ilegalizar Sortu, además de Carlos Dívar, los presidentes de lo Penal (Juan Saavedra) y de lo Militar (Ángel Calderón), y también apoyaron la postura del ponente Lesmes los magistrados "antiguos" Xavier O'Callaghan Muñoz (Sala de lo Civil), Carlos Granados Pérez (Penal), Ricardo Enríquez Sancho (Contencioso), y Aurelio Desdentado Bonete (Social). De los magistrados más recientes de la Sala, apoya la no inscripción Francisco Javier de Mendoza Fernández (Militar).La votación fue decidida por el presidente, Carlos Dívar, que votó junto a los conservadores. Ahora, en efecto, la decisión de la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo, debe traspasar al Tribunal Constitucional la responsabilidad de pronunciarse sobre un previsible recurso de amparo antes del plazo límite para que el partido pueda concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo. Se considera que, en el plazo ordinario, sería muy difícil que el Constitucional tuviese tiempo de ver el recurso, aunque fuentes del alto tribunal indicaron que cabe la posibilidad de acortar los tiempos como se ha hecho en otras ocasiones. La votación del Supremo arrojó un resultado difícilmente previsible, que rompió en pedazos la unanimidad que casi siempre han reclamado las marcas herederas de Batasuna. Esa posibilidad de un pronunciamiento del Constitucional antes de la proclamación de candidaturas, el próximo 18 de abril, depende, en primer lugar, de que la defensa de Sortu presente rápidamente el recurso de amparo y solicite la tramitación urgente antes de las elecciones. Pero previamente, el Supremo tiene que hacer público el auto de rechazo a la inscripción de Sortu junto al voto o votos discrepantes, lo que, según fuentes del tribunal, podría suceder antes de finales del mes de marzo, para dar tiempo a que una de las dos salas del Constitucional la admitiese a trámite y diese traslado al fiscal y el abogado del Estado para contestar al recurso. Por parte del Constitucional, la decisión de anticipar el recurso para ajustarse a los tiempos electorales, corresponde a su presidente, Pascual Sala, quien previsiblemente consultará al pleno la próxima semana.
En cuanto a la reacciones en la propia Sortu, este viernes está previsto que se reúnan sus promotores con los abogados y decidirán sobre la presentación del recurso. En principio, ven dificultades en fiar el éxito del amparo a unos plazos tan exiguos, dado que el Constitucional tendría que acortar significativamente los tiempos de respuesta a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Además, si éstos agotan sus plazos, dejarían escaso margen al tribunal para pronunciarse. En cambio, ven que el recurso podría tener más posibilidades si se argumenta sólidamente y fuera del contexto electoral, aunque el fallo se produciría, en tal caso, dentro de varios meses. Fuentes jurídicas apuntan, sin embargo, que si la izquierda abertzale opta por los llamados planes B (presentación de agrupaciones electorales) o C (infiltración en listas de EA), las posibilidades de que Sortu pueda concurrir a las elecciones se podrían reducir a cero.
Sortu no ve perdida “del todo” esta batalla. Ni mucho menos. Y ya se apunta un primer éxito: haber roto la unanimidad en el Supremo...
To, asimismo, que los siete magistrados disidentes del Supremo han evaluado la posibilidad de presentar un único voto particular discrepante, en vez de los tres anunciados. Por el contrario, frente a los discrepantes, se manifestaron en favor de ilegalizar Sortu, además de Carlos Dívar, los presidentes de lo Penal (Juan Saavedra) y de lo Militar (Ángel Calderón), y también apoyaron la postura del ponente Lesmes los magistrados "antiguos" Xavier O'Callaghan Muñoz (Sala de lo Civil), Carlos Granados Pérez (Penal), Ricardo Enríquez Sancho (Contencioso), y Aurelio Desdentado Bonete (Social). De los magistrados más recientes de la Sala, apoya la no inscripción Francisco Javier de Mendoza Fernández (Militar).La votación fue decidida por el presidente, Carlos Dívar, que votó junto a los conservadores. Ahora, en efecto, la decisión de la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo, debe traspasar al Tribunal Constitucional la responsabilidad de pronunciarse sobre un previsible recurso de amparo antes del plazo límite para que el partido pueda concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo. Se considera que, en el plazo ordinario, sería muy difícil que el Constitucional tuviese tiempo de ver el recurso, aunque fuentes del alto tribunal indicaron que cabe la posibilidad de acortar los tiempos como se ha hecho en otras ocasiones. La votación del Supremo arrojó un resultado difícilmente previsible, que rompió en pedazos la unanimidad que casi siempre han reclamado las marcas herederas de Batasuna. Esa posibilidad de un pronunciamiento del Constitucional antes de la proclamación de candidaturas, el próximo 18 de abril, depende, en primer lugar, de que la defensa de Sortu presente rápidamente el recurso de amparo y solicite la tramitación urgente antes de las elecciones. Pero previamente, el Supremo tiene que hacer público el auto de rechazo a la inscripción de Sortu junto al voto o votos discrepantes, lo que, según fuentes del tribunal, podría suceder antes de finales del mes de marzo, para dar tiempo a que una de las dos salas del Constitucional la admitiese a trámite y diese traslado al fiscal y el abogado del Estado para contestar al recurso. Por parte del Constitucional, la decisión de anticipar el recurso para ajustarse a los tiempos electorales, corresponde a su presidente, Pascual Sala, quien previsiblemente consultará al pleno la próxima semana.
En cuanto a la reacciones en la propia Sortu, este viernes está previsto que se reúnan sus promotores con los abogados y decidirán sobre la presentación del recurso. En principio, ven dificultades en fiar el éxito del amparo a unos plazos tan exiguos, dado que el Constitucional tendría que acortar significativamente los tiempos de respuesta a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Además, si éstos agotan sus plazos, dejarían escaso margen al tribunal para pronunciarse. En cambio, ven que el recurso podría tener más posibilidades si se argumenta sólidamente y fuera del contexto electoral, aunque el fallo se produciría, en tal caso, dentro de varios meses. Fuentes jurídicas apuntan, sin embargo, que si la izquierda abertzale opta por los llamados planes B (presentación de agrupaciones electorales) o C (infiltración en listas de EA), las posibilidades de que Sortu pueda concurrir a las elecciones se podrían reducir a cero.
Sortu no ve perdida “del todo” esta batalla. Ni mucho menos. Y ya se apunta un primer éxito: haber roto la unanimidad en el Supremo...
jueves, 24 de marzo de 2011
EL SUPREMO NO ADMITE LA LEGALIZACIÓN DE SORTU
EL SUPREMO, CONTRARIO A LEGALIZAR SORTU
Tras escuchar a las partes en sesión abierta, y tras larga deliberación de casi diez horas, la Sala del 61 del Tribunal Supremo acordó, en la noche del miércoles, estimar las demandas de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía contra la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos. En estas deliberaciones, los jueces han considerado que Sortu es un proyecto político de la izquierda abertzale que, pese a su legítima ideología, es heredero de la ilegal Batasuna y no se ha desvinculado de ETA, pese al intento aparentar lo contrario en los estatutos presentados en el Ministerio del Interior, en los que Sortu "rechaza" la "violencia" de ETA, cuyas acciones, que no califica de terroristas, no condena. La decisión de los 16 magistrados de la Sala 61 del Supremo no ha sido unánime. Los tres votos particulares discrepantes, sin embargo, no impedirán a Sortu comparecer en el proceso electoral de mayo, puesto que la tramitación del recurso de amparo que puede interponer en el Tribunal Constitucional se prolongará previsiblemente más allá de los comicios. De hecho, esos tres magistrados que se han descolgado de la decisión mayoritaria y han emitido votos discrepantes, entienden que no hay elementos suficientes para declarar ilegal a Sortu.. Pero prevaleció la idea de apoyar las demandas del Gobierno y del ministerio fiscal y denegar la inscripción de Sortu como partido político, al considerar que sólo persigue continuar la continuación de las actividades de la ilegal Batasuna Ahora, y tras el rechazo de la inscripción, Sortu puede acudir en amparo ante el Constitucional, pero difícilmente su recurso podrá verse antes del 18 de abril, fecha de la proclamación de candidaturas para las elecciones municipales del 22 de mayo. Se trata de un recurso de amparo ordinario, no electoral, por lo que no tiene tramitación preferente y, en principio, puede tardar meses. Y cabe recordar que ésta es la octava vez que esta sala ilegaliza una marca electoral de la izquierda abertzale.
Conocidos los alegatos de defensa de Sortu elaborados por el abogado Iñigo Iruin, un grupo de magistrados era de la opinión de que no cabe denegar la inscripción de Sortu desde la perspectiva del Derecho Constitucional, como el propio Iruin dijo, porque : "desvirtuada la presunción de continuidad de Sortu [como marca de Batasuna], nace la presunción de constitucionalidad. Por tanto, los estatutos [del partido] responden materialmente al canon de legalidad ordinaria y constitucional"., una presunción que abonaría que los tres magistrados se separaran de la mayoría y se pronunciaran a favor de la inscripción. Iruin, en su informe en la vista oral, insistió también en que, tras el atentado de la T-4, se produjo un debate en el seno de la izquierda abertzale que habría concluido con el rechazo de los planteamientos violentos de ETA, e insistió en que con Sortu no había "vuelta atrás". "ETA hará lo que quiera, pero los cargos de Sortu están comprometidos en contra de la violencia", aseguró. Sin embargo, la mayoría de los magistrados Supremo acogieron dieron su apoyo a las tesis del Gobierno, representado por el abogado del Estado y la fiscalía, en el sentido de que Sortu, promovido por la izquierda abertzale, fue diseñado específicamente para concurrir a las elecciones municipales rodeado de "un ropaje formal y de apariencia de legalidad" para tratar de superar el trámite de su inscripción en el Registro de Partidos. Por ello, el Supremo acepta que el "alejamiento táctico de la violencia" desplegado por Sortu y que su rechazo del terrorismo sería "cosmético, retórico e instrumental", tal y como arguyeron los demandantes. O de otro modo, que Batasuna habría vuelto a intentar concurrir a unas elecciones utilizando, en fraude de ley, los requisitos formales requeridos para la inscripción de un partido, pero sin intención de cumplirlos una vez legalizada la nueva formación. Ahora, el borrador de resolución del Supremo queda a cargo del ponente, el magistrado Carlos Lesmes. De entrada, la deliberación se presentaba como una de las más dificultosas de las habidas hasta ahora, debido al déficit probatorio y al poco tiempo con que han contado los demandantes para encajar la inscripción de un partido nuevo y con unos estatutos pensados para sortear la Ley de Partidos, como heredero de Batasuna.
No ha sido posible, y ahora el mundo abertzale tendrá que para a su “plan B” para estar, del ,modo que sea, en las elecciones. Y el Estado, con todas sus fuerzas, deberá esforzarse para evitar esta intromisión...
Tras escuchar a las partes en sesión abierta, y tras larga deliberación de casi diez horas, la Sala del 61 del Tribunal Supremo acordó, en la noche del miércoles, estimar las demandas de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía contra la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos. En estas deliberaciones, los jueces han considerado que Sortu es un proyecto político de la izquierda abertzale que, pese a su legítima ideología, es heredero de la ilegal Batasuna y no se ha desvinculado de ETA, pese al intento aparentar lo contrario en los estatutos presentados en el Ministerio del Interior, en los que Sortu "rechaza" la "violencia" de ETA, cuyas acciones, que no califica de terroristas, no condena. La decisión de los 16 magistrados de la Sala 61 del Supremo no ha sido unánime. Los tres votos particulares discrepantes, sin embargo, no impedirán a Sortu comparecer en el proceso electoral de mayo, puesto que la tramitación del recurso de amparo que puede interponer en el Tribunal Constitucional se prolongará previsiblemente más allá de los comicios. De hecho, esos tres magistrados que se han descolgado de la decisión mayoritaria y han emitido votos discrepantes, entienden que no hay elementos suficientes para declarar ilegal a Sortu.. Pero prevaleció la idea de apoyar las demandas del Gobierno y del ministerio fiscal y denegar la inscripción de Sortu como partido político, al considerar que sólo persigue continuar la continuación de las actividades de la ilegal Batasuna Ahora, y tras el rechazo de la inscripción, Sortu puede acudir en amparo ante el Constitucional, pero difícilmente su recurso podrá verse antes del 18 de abril, fecha de la proclamación de candidaturas para las elecciones municipales del 22 de mayo. Se trata de un recurso de amparo ordinario, no electoral, por lo que no tiene tramitación preferente y, en principio, puede tardar meses. Y cabe recordar que ésta es la octava vez que esta sala ilegaliza una marca electoral de la izquierda abertzale.
Conocidos los alegatos de defensa de Sortu elaborados por el abogado Iñigo Iruin, un grupo de magistrados era de la opinión de que no cabe denegar la inscripción de Sortu desde la perspectiva del Derecho Constitucional, como el propio Iruin dijo, porque : "desvirtuada la presunción de continuidad de Sortu [como marca de Batasuna], nace la presunción de constitucionalidad. Por tanto, los estatutos [del partido] responden materialmente al canon de legalidad ordinaria y constitucional"., una presunción que abonaría que los tres magistrados se separaran de la mayoría y se pronunciaran a favor de la inscripción. Iruin, en su informe en la vista oral, insistió también en que, tras el atentado de la T-4, se produjo un debate en el seno de la izquierda abertzale que habría concluido con el rechazo de los planteamientos violentos de ETA, e insistió en que con Sortu no había "vuelta atrás". "ETA hará lo que quiera, pero los cargos de Sortu están comprometidos en contra de la violencia", aseguró. Sin embargo, la mayoría de los magistrados Supremo acogieron dieron su apoyo a las tesis del Gobierno, representado por el abogado del Estado y la fiscalía, en el sentido de que Sortu, promovido por la izquierda abertzale, fue diseñado específicamente para concurrir a las elecciones municipales rodeado de "un ropaje formal y de apariencia de legalidad" para tratar de superar el trámite de su inscripción en el Registro de Partidos. Por ello, el Supremo acepta que el "alejamiento táctico de la violencia" desplegado por Sortu y que su rechazo del terrorismo sería "cosmético, retórico e instrumental", tal y como arguyeron los demandantes. O de otro modo, que Batasuna habría vuelto a intentar concurrir a unas elecciones utilizando, en fraude de ley, los requisitos formales requeridos para la inscripción de un partido, pero sin intención de cumplirlos una vez legalizada la nueva formación. Ahora, el borrador de resolución del Supremo queda a cargo del ponente, el magistrado Carlos Lesmes. De entrada, la deliberación se presentaba como una de las más dificultosas de las habidas hasta ahora, debido al déficit probatorio y al poco tiempo con que han contado los demandantes para encajar la inscripción de un partido nuevo y con unos estatutos pensados para sortear la Ley de Partidos, como heredero de Batasuna.
No ha sido posible, y ahora el mundo abertzale tendrá que para a su “plan B” para estar, del ,modo que sea, en las elecciones. Y el Estado, con todas sus fuerzas, deberá esforzarse para evitar esta intromisión...
miércoles, 23 de marzo de 2011
EL ARGUMENTO DEL PP CONTRA LA TRAMA GURTEL DEL PSOE
AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS ERES FALSOS.- No hay día sin ERES andaluces. El escándalo de los expedientes re regulación de empleo falsificados vienen protagonizando la vida política andaluza desde ya hace un par de meses, y vienen siendo empleados por el PP para replicar las críticas que el PSOE hace a los “populares” por causa de la trama de Gurtel. ¿De qué estamos hablando? La Junta andaluza ha financiado a falsos prejubilados aparecidos o inventados en expedientes de regulación de empleo. No hay coincidencia, ni mucho menos, sobre el coste de esta estafa: el PP cita de manera permanente la cifra de 700 millones de euros, frente al presidente andaluz, José Antonio Griñán, que evaluaba en nueve millones y medio el coste de ese fraude. Hay otras dudas, como por ejemplo, si la junta andaluza estaba informada de estos trapicheos, o si, como el PSOE pretende destacar, fue la que ha denunciado el caso y lo ha remitido a las investigaciones judiciales. De momento, también el PP ha interpuesto una una querella contra 26 personas por el fraude en el plan de ayudas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Andalucía, donde han sido localizados beneficiarios de ayudas que no habían trabajado en las empresas y otras irregularidades administrativas. La acción del PP va contra dirigentes socialistas a los que acusa de haber permitido las irregularidades, los intermediarios que las hicieron posibles y los intrusos, como se conoce a los adjudicatarios de subvenciones que no les correspondían. A esta querella se sumó otra del “pseudosindicato ultra” Manos Limpias -admitida parcialmente por la juez del caso, Mercedes Alaya- contra los responsables de la Consejería de Empleo, por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa. El PP también acusa a los 26 querellados de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles. Entre los denunciados figuran el anterior consejero de Empleo, Antonio Fernández; los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor; el actual responsable de este departamento, Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. El PP pide que declare quien era interventor de la Consejería de Hacienda cuando el titular de la misma era el hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Esos 10 millones de euros de fondos públicos destinados a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis que acabaron en los bolsillos de los “intrusos” que se colaron en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía. En cuanto a la Junta andaluza, está a punto de rematar la investigación de los 68 expedientes vivos que se pagan con el fondo de ayudas a empresas. La Consejería andaluza de Empleo ha manejado 647 millones de euros entre 2001 y 2010 a través de este fondo. Pero fuentes del Gobierno andaluz aseguraron este martes que el fraude estará "por debajo de los 10 millones". La Junta ya tiene cerrado el análisis de 64 de esos 68 ERE y esta semana se conocerá el resultado de los cuatro expedientes que restan. Según detalló el 10 de marzo el consejero de Empleo, Manuel Recio, se han investigado las pólizas que están percibiendo 5.273 trabajadores. Hasta ese momento -a falta de cerrar el análisis sobre los 290 trabajadores de los cuatro ERE que faltaban por desgranar-, se habían encontrado 146 casos irregulares (59 personas que nunca habían trabajado en la empresa beneficiada por el ERE del que cobran y 87 que sí tenían relación laboral pero que presentan dudas). También este martes, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, entrevistado en Radio Nacional de España, sostuvo que, de los 647 millones del fondo, "no llegará a más del 2% la cantidad que ha supuesto un fraude". Griñán criticó las "exageraciones" en las que está cayendo el PP al afirmar que "700 millones se han dedicado a ERE fraudulentos". Y en la misma idea incidía la consejera de la Presidencia, Mar Moreno: "El fraude no superará el 2%, posiblemente sea inferior (...) Nada tiene que ver con lo que dice el PP". Una vez que la Junta desvele el análisis de los cuatro ERE que faltan, enviará la información a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso. En cuanto a la jueza, ha imputado ya al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación. Fernández, estuvo en ese cargo entre 2004 y 2010, y preside ahora el Marco de Jerez, consejo regulador de estos vinos gaditanos, aunque se sospecha que su cargo está también en el aire. Los bodegueros agrupados en la organización Fedejerez han pedido su dimisión por su imputación. Fernández rechaza dejar el puesto y los bodegueros han abierto un proceso para que se pronuncien todos los responsables del marco. Los productores consideran que su implicación en este caso judicial puede perjudicar la imagen de los caldos. En estas investigaciones judiciales han sido clave las declaraciones ante la policía del también imputado Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008. El era el encargado de manejar el fondo de 647 millones de ayuda para las empresas en crisis, y ha declarado que informaba de todas sus decisiones a los exconsejeros Fernández y José Antonio Viera, que estuvo en el cargo desde 2000 a 2004. Viera, que actualmente es secretario general del PSOE de Sevilla, no está imputado en la causa. El PSOE andaluz ha cerrado filas en las últimas semanas con Viera, quien ahora es diputado autonómico y senador por la comunidad, y lo ha defendido ante los ataques de la oposición, que ha reclamado su dimisión. Viera, sin embargo, no figura en la querella presentada por el PP contra 26 personas por el fraude en los ERE. Los populares sevillanos, sin embargo, pidieron ayer a Viera que deje su acta de senador para que deje de tener la condición de aforado y pueda ser juzgado.
Parece que se van conociendo todos los datos y las responsabilidades de este feo asunto de dineros públicos “evaporados” en beneficio de unos pocos ciudadanos por la actuación irresponsable de unos pocos altos cargos.
JOSÉ CAVERO
Parece que se van conociendo todos los datos y las responsabilidades de este feo asunto de dineros públicos “evaporados” en beneficio de unos pocos ciudadanos por la actuación irresponsable de unos pocos altos cargos.
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