LA REFORMA FINANCIERA, FINALMENTE, NACERÁ EL VIERNES

El Gobierno no quería que Rato recibiera dinero público para Bankia


La marcha de Rato, ¿es una “decisión personal”, “en una entidad privada”, como dice Cospedal, o es parte de la reforma financiera que tratan de cerrar de una vez Rajoy y De Guindos? Las afirmaciones de la secretaria general del PP parecen abiertamente negadas desde la mayor parte de los diarios, según resulta fácil comprobar: El Gobierno fuerza la salida de Rato. La dimisión del presidente de Bankia marca el inicio de una gran reforma financiera, asegura El País. El Gobierno fuerza la salida de Rato para salvar Bankia, sostiene El Mundo. Dice ABC: El Gobierno fuerza la marcha de Rato para sanear Bankia. Abandona el cargo al verse obligado el Ejecutivo a inyectar cerca de seis mil millones en la entidad por su exposición al ladrillo. Titula La Vanguardia: Rato se aparta. El presidente de Bankia tira la toalla tras varios meses de presión del Gobierno. Dice El Periódico de Cataluña: Rajoy fuerza que Goirigolzarri releve a Rato. Economía toma las riendas de la cuarta entidad financiera, que necesitará entre cinco y diez mil millones de las arcas públicas. Incluso en el muy gubernamental La Razón se explica que Rato deja Bankia tras anunciar Rajoy que saneará la entidad. Añade que el expresidente del FMI justifica su dimisión para que no se entienda que las ayudas públicas ha sido para favorecer al PP. Rajoy y De Guindos pidieron a Rato que abandonara la presidencia de Bankia, dice La Gaceta. La Voz de Galicia también entiende que Rato dimite para facilitar la salvación de Bankia con dinero del Estado. Y por supuesto, en los diarios especializados en cuestiones económicas, se insiste en la tesis de que Rajoy y Guindos “se han cargado” y prescinden de Rato: Titula Expansión: Bankia, intervenida. El Gobierno fuerza la salida de Rodrigo Rato. Botín, González y Fainé pidieron el viernes a De Guindos una solución. Titula Cinco Días: Guindos entra en Bankia. Economía prepara ayudas públicas por más de siete mil millones. Y en El Economista se asegura que Guindos invitó a Rato a irse “para no dañar al Gobierno”. No quería que se pensara que daba ayudas a Bankia por ser próximo al PP...

Por lo menos, los periódicos parecen tener claro, en términos generales, lo que niega Cospedal: Que el gobierno tiene mucho que ver, todo, con la salida de Rato de Bankia. La fuerza, ni más ni menos, para evitar lo que parecería inevitable: pensar que el Gobierno “presta” cinco, seis, ocho o diez mil millones de dinero público para salvar a Bankia, la antigua Caja Madrid, lastrada como ningún otro banco por los activos inmobiliarios “tóxicos”. Por lo demás, y como era fácil de prever, los diarios de este martes hacen del hasta ahora presidente de Bankia, Rodrigo Rato, el incuestionable personaje del momento, y le dedican los primeros espacios en todas sus portadas, como desde el mediodía de ayer vienen haciendo todos los restantes informativos virtuales o radiotelevisivos. Pero, al margen de preguntarse y responder “por qué se va Rato”, que es la pregunta del momento, y qué le fuerza a esta nueva “escapada”, que permite recordar la que, en su momento, hizo del FMI, cuando aún no había terminado su mandato, el propio Rato aporta su excusa: Estimar que es lo más conveniente para la entidad que ha venido presidiendo, considerada como clave para la reestructuración del sistema financiero español. Y luego, la no menos sorprendente decisión de dejar sucesor designado: Rato añade en su comunicado de despedida que va a proponer al consejo de la entidad la designación de José Ignacio Goirigolzarri como consejero y futuro presidente del grupo.

Como decimos, es de la mayor importancia saber que la decisión de prescindir de Rato y designar a Goirigolzarri, el jubilado “de oro”, coincide con los planes del Gobierno de poner en marcha de forma inminente, tras muy largas deliberaciones y retrasos, y tras muchas presiones del FMI, del BCE, de otras entidades financieras españolas, un plan de saneamiento para Bankia que prevé la inyección de cerca de 10.000 millones de dinero público con el objetivo de cubrir su riesgo inmobiliario. Junto a ello, también se cambiarán gestores y parte del consejo. Eso sí, al lector de diarios les quedará la duda: ¿Es Bankia una entidad solvente, si merece la inyección de tanto dinero público? Rato ha querido lanzar ese mensaje "muy tranquilizador" a los 10 millones de clientes de la entidad después de anunciar su dimisión. "Bankia es una entidad con un nivel de solvencia muy alto, además con una muy robusta situación de liquidez y con una plantilla de profesionales espléndida que sirve a 10 millones de clientes y a los 400.000 accionistas", ha declarado.

De manera que el sacrificio de Rato tiene mucho que ver con la reforma financiera que se nos ha venido anunciando desde la llegada del Gobierno de Rajoy y que se viene retrasando sin explicaciones. Las presiones internacionales, y en particular, la charla de Draghi con Rajoy en Barcelona, y el hecho de que la concesión de créditos siga siendo una anomalía y una dificultad en la recuperación económica, fuerzan, sin duda, a reactivar ese proyecto que aparece en la cartera de De Guindos desde el primer momento, pero que no termina de nacer, entre las muchas dudas que suscita: Banco malo, qué hacer con los activos tóxicos, qué hacer con las cajas de ahorros aún supervivientes, con Bankia-Caja Madrid, con la Nova Caixa Galicia que apadrina Núñez Feijoo, con el gobernador del Banco de España, con el ICO, con el Frob... Muchas cuestiones que acaso, finalmente, se terminen de resolver de aquí al viernes, cuando “toque” el día de las reformas de cada semana...

eL NUEVO PRESIDENTE GALO TRAE RECETAS NUEVAS CONTRA LA CRISIS

Hollande, la gran esperanza, también para muchos españoles

No sólo están celebrando su elección muchos franceses, la mayoría -casi el 52 por 100-, sino también muchos españoles y no sólo los socialistas. Y muchos otros europeos, a quienes la política que han impuesto el dúo Merkel-Sarkozy, el famoso dúo Merkozy, les ha venido pareciendo inadecuada y hasta nefasta en sus efectos. El repetido slogan, sobre todo conducido por la canciller germana, pero secundado por el “pequeño Napoleón” francés, de recortes del gasto, ha conseguido un grado de parálisis preocupante en buena parte de la zona Euro y al resto de la Unión Europea. La incuestionable necesidad de reducir gastos, para reducir el inmenso coste que han llegado a tener los Estados, ha sido llevado a sus últimos extremos, conduciendo a la paralización, o recorte sustancial, de muchas de las actividades productivas de primera importancia, tanto en materia de infraestructuras como de investigación científica. Víctima de esa política, ha dejado su inmenso poder el presidente de la República francesa, Nicolás Sarkozy, y sitúa en ese puesto a su adversario, el socialista François Hollande. Hollande, que instaura el socialismo en el Palacio del Elíseo después de quince años, llega con ideas muy distintas a las de su antecesor, y con toda seguridad, afectará a la política de toda Europa. La propia Merkel parece consciente de que las cosas empiezan a cambiar en los modos de afrontar la crisis económica. No bastará la reducción del gasto, sino que se hace imprescindible el lanzamiento de la economía en aspectos clave, parea que la recuperación, el crecimiento y la riqueza reaparezcan. Como ha señalado Hollande en su primer mensaje tras la elección, y al anunciar que “el cambio empieza ahora”, “la austeridad no puede ser una condena”. Por todas estas razones, las elecciones francesas aparecen este lunes con la relevancia que sólo las españolas hubieran alcanzado. Parecen tan decisivas como si se hubiera peleado por el inquilino de la Moncloa...

En los medios informativos españoles, a su vez, hemos podido asistir, casi como propio, a una repetición del debate francés, con partidarios y contrarios del dúo que se peleaba por la Presidencia de la República. Ya durante la campaña electoral, Sarkozy molestó a no pocos españoles con su reiterada crítica a la situación “heredada del gobierno socialista de Zapatero”. Que lo diga Cospedal o Sáenz de Santamaría, pase. Pero en boca de Sarkozy parecía “un exceso y una pasada”... Pues bien, al margen de las simpatías o antipatías que a Sarkozy pudiera suscitarle Zapatero, resultaba humillante y molesto el desdén hacia lo español y España que mostró una y otra vez el expresidente galo. Pero, sobre todo, como demostración personal de una política, la de austeridad a ultranza, y al coste que pudiera tener para la recuperación económica, Sarkozy resultaba un elemento molesto para muchos españoles que han celebrado su derrota y su regreso a volver a ser un ciudadano corriente, uno más. Y, por el contrario, Hollande llega en medio de la esperanza de muchos europeos para quienes se hace imprescindible recuperar unos niveles de crecimiento que hagan visible la recuperación después de un tiempo demasiado largo de recesión Pero ésta no es, ni mucho menos, la versión dominante hoy en los medios, algunos de los cuales no dudan en mostrar la incertidumbre y desconfianza que les origina el nuevo presidente: Frente al “Hollande impulsa otra Europa”, de El País, en El Mundo y ABC coinciden en hablar de la incertidumbre que, en su opinión trae consigo el sucesor: “La victoria de Hollande abre la incertidumbre en Europa; Victoria de Hollande, incertidumbre en Europa”, dicen los dos grandes titulares de esos dos diarios. Por el contrario, en los diarios catalanes se prefiere prestar atención preferente a los efectos del cambio: Los planes de austeridad de Merkel pierden apoyo en Europa, dice La Vanguardia. O bien, la victoria de Hollande cuestiona la política de austeridad de Merkel y abre una nueva etapa en Europa, señala El Periódico de Cataluña. En todo caso, parece evidente lo que proclaman La Razón o La Gaceta Dice el primero que el futuro de Europa queda en manos de “Merkollande”. Y el segundo, que “la crisis derriba a Sarkozy”. Son varios los periódicos que señalan que la crisis ya se ha llevado por delante a muchos otros dirigentes políticos: La economía se ha llevado por delante hasta 17 gobiernos europeos en sólo dos años, dice El Mundo. El recuento coincide con el de La Razón: El presidente saliente francés es el diecisiete dirigente europeo que ha caído víctima del colapso financiero desde 2008.

Para los socialistas españoles, no hay duda de que éste es un presidente y un Gobierno que conviene celebrar y festejar, porque coincide con muchos aspectos del programa de Rubalcaba: Ambos han propugnado que las políticas de recortes debían ser acompañadas de medidas para relanzar la actividad económica y la creación de empleo, y ambos coinciden en reclamar que las políticas comunitarias no pueden dejar de lado esa inactividad a la que está conduciendo el ajuste, el recorte y la austeridad como obsesión de algunos dirigentes.

Por todo ello, el socialismo español celebra como propia la victoria del nuevo presidente galo y la derrota del “antipático Sarkozy”...

QUIEN SABE ADONDE VAMOS Y CUÁNDO LLEGAREMOS

Algunas esperanzas y muchos temores generalizados

De vez en cuando sería conveniente que nuestros goberrnantes duieran algunas "grandes pistas" sobre hacia dónde vamos y cómo nos va en el tránsito. Ahora mismo, suc ede que la mayoría de los españoles padecemos muy seriamente la crisis, o el cambio de ciclo económico, pero sin tener clara certeza de si es normal lo que nos sucede, si les pasa o ha pasado a otros europeos, y sobre cuánto terminará este trance difícil: La crisis dura ya cinco años, y nadie parece saber, a ciencia cierta, si terminará el año que viene o dentro de dos, tres o cinco años más... Es cierto que, en la última semana, ha habido dos opiniones esperanzadoras: Luis de Guindos ha señalado que ve, atisba o adivina "rayos de esperanza". Y Botín ha recalcado que este año será, o está siendo, sumamente difícil, pero que el año próximop ya será mejor. Por el contrario, en el ladod e los nada optimistas llega Ruiz Gallardón y arroja el jarro de agua fría y "determina", como cuenta Diario Crítico, que los recortes aún no son suficientes para superar la crisis. O sea, que queda bastante desierto más por atravesar. ¿A qué carta quedarnos? Rajoy, por su parte, insiste en "los viernes, reformas y frecortes". Y no se sabe bien si alguien tiene un esquema total en su cabeza, y si se aplica algún plan o previsión que sería bueno que todos compartiéramos, para darnos ánimos o resistirnos a mantener la resistencia ante una mala y seguro que larga coyuntura...  El dioario El País de este domingo recuerda que al presidente Rajoy se le vienen reclamando objetivos de déficit menos exigentes, y que por esa vía entreabrió este sábado la puerta de la Comisión Europea. Pero mientras Europa busca las vueltas a un dilema endiablado, el Ejecutivo del PP ofrece su respuesta: subidas de impuestos en la primera mitad de legislatura, copago en medicinas,  peaje en autovías y un recorte sin precedentes del gasto público de sanidad y educación, con numerosos despidos de funcionarios en no pocas comunidades aut´ónomas. En resumen, que, se asegura, en el programa de estabilidad enviado esta semana a Bruselas, el tamaño del Estado español quedaría reducido a niveles sólo comparables, en la UE, al de los países de Europa del Este. Es decir, que, se´gun ese programa que Bruselas probablemente apruebe, el plan español anticipa que el gasto público pasaría, en esta legislatura, de equivaler a un 43,6% del PIB, que es como cerró 2011, a rondar el 37,7% del PIB cuatro años después. En 2015, según estas estimaciones, Administración central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos tendrían que haber ahorrado cerca de 32.000 millones de euros. Desde luego, como se pone de manifiesto en el análisis de El País, nunca se ha hecho un esfuerzo así en una legislatura, un tijeretazo que haría retroceder el gasto público español a registros similares a los del inicio de la década de los ochenta del siglo pasado, justo antes de que España entrara en la Comunidad Económica Europea, el embrión de la UE. En el mismo análisis se pone de manifiesto que prácticamente todos los Gobiernos europeos prevén un recorte generalizado del gasto público, fiel reflejo de la política de austeridad fiscal imperante en la UE. Una política, por cierto, atribvuida a ASngela Merkel, y que ahora mismo está seriamente en entredicho por sus escasos resultados y ante un hipotético cambio de signo político en Francia. Se recuerda que tan solo media docena de países comunitarios plantean un recorte de gasto público más exigente que el español en estos cuatro años, entre ellos Irlanda (con un déficit aún mayor, tuvo que ser rescatada por la UE), Reino Unido (Rajoy ensalzó las primeras medidas del Gobierno de David Cameron), Eslovenia y dos países bálticos, Letonia y Lituania. ¿Conviene al país y a los españoles recortes tan drásticos? No hay duda de que una política de esa naturaleza supone ventajas indiscutibles: el Estado, en los últimos tiempos, ha crecido más de lo soportable, y de ello son responsables todos los Gobiernos de los veinte o treinta últinos años, que no tuvieron el menor propósito ni voluntad de poner freno a los gastos públicos. Como si su pago fuera gratuito... Ahora, finalmente, "alguien" ha advertido de la necedad de que ciudadano pague dos,  tres y hasta más veces por un mismo servicio, que prestan al mismo tiempo -se supone- municipios, autonomías, el Estado central, y a veces también las entidades comarcales, las diputaciones... Desde luego, ni Suárez, ni Calvo Sotelo, ni González, ni Aznar ni Zapatero se ocuparon nunca de freducir el tamaño del Estado, sino todo lo contrario, sin reparar en que el crecimiento elefantíasico era más y más costoso para el con tribuyente-ciudadano. Finalmente, "alguien" ha caído del guindo, y cabe suponer que algún día todos nos beneficiaremos de la bondad de esa idea y ese proyecto de reducción del tamaño del Estado. Pero, repito la cuestión: ¿alguien tiene, en nestro país, el mapa y la idea de lo que conviene hacer, y de dónde nos llevarán estas "experiencias", acaso solamente de laboratorio...? El Estado central ha estallado en las 17 CCAA de cuentas difíciles de controlar, como vemos en  Cataluña, Andalucía, Valencia, Baleares.... Los funcionarios se han multiplicado "como gremlings". ¿Para qué sirve el Senado, para qué las Diputaciones, para qué ocho mil y pico pueblos y ayuntamientos locales, para qué las televisiones autonómicas y tantos otros "chocolates del loro" que, a fin de cuentas, paga (o adeuda, que es peor) el contribuyente?
Nos cuenta la mencionada crítica de El País que los países bálticos, y otros antiguos regímenes comunistas, están entre los que menos recursos destinan al Estado: en 2015: apenas superará el 30% del PIB. Con esos países parece que desea asimilarse el objetivo de gasto previsto por el Ejecutivo de Rajoy para 2015, un 37,7% del PIB, con algunas diferencias sustanciales, como las transferencias sociales, que mantienen su protagonismo, hasta el punto de que en 2015 equivaldrían a la mitad del gasto público. La pretensión de mantener el gasto en transferencias sociales (sanidad, educación, servicios sociales) es coherente con lo dibujado en el primer presupuesto de los populares y con las últimas líneas rojas que le quedan a Rajoy por traspasar: pensiones y prestaciones por desempleo. Más dudas despierta la evolución prevista en la remuneración de los asalariados públicos. Rajoy ha insistido en que no reducirá el sueldo a los funcionarios. Esa es otra línea roja. Pero plantea el mayor recorte del gasto en los empleados públicos (del 11,5% al 9,2% del PIB) de toda la Unión Europea. Superior incluso al de Portugal, otro país rescatado. De momento, los recortes más llamativos parecen centrarse en los gobeirnso regionales, en los que el mantenimiento de gastos sanitarios y medicamentos tienen un peso determinante. El recorte en inversión pública (y en las transferencias de capital) es la tercera pata del plan de Rajoy. El tijeretazo a la inversión, las infraestructuras y la investigación de los Presupuestos de 2012, también aparecen entre los más significativos de la UE. ¿Con criterio predeterminado, o porque así salen las cuentas que ha hecho para los españoles la canciller alemana?

COMIENZA LA RECUPERACION DE COMPETENCIAS

Las autonomías, como preocupación permanente y creciente


Llevamos una larga temporada ya en la que las Comunidades autónomas están en el ojo del huracán de la opinión pública y publicada. Son, con toda certeza, las malas de la película, a las que, imprescindiblemente, “hay que meter mano” porque se han desmadrado y amenazan con ser, si no lo son ya, la ruina de la nación, ni más ni menos. Tras el descubrimiento del desmadrado déficit público de 2011, muy por encima del comprometido, que nos está obligando a cuantiosos sacrificios de todo tipo –impuestos más elevados, copago farmacéutico, drásticos recortes en Sanidad y Educación, nuevos impuestos y tasasen los gobiernos regionales, parece que los propósitos de “revisar el Estado” a los que hizo referencia hace unos días el presidente Rajoy pasan por ahí: Por reconducir el Estado de las autonomías y las duplicidades y descontroles que ha traído consigo. Las Comunidades y sus cuentas desenfrenadas son uno de los gravísimos problemas del Estado, y vienen siendo una de las razones para que, una y otra vez, se contemple la necesidad de una intervención de las instituciones internacionales que ponga fin al “desmadre y desenfreno”. Este mismo sábado, sin ir más lejos, aparecen unos cuantos motivos para la preocupación. Empecemos por la consideración que merecen los gobiernos regionales a las agencias de calificación: tras haber situado la nota del Reino de España a dos escalones del 'bono basura', la agencia de calificación Standard & Poor's ha rebajado la calificación a nueve comunidades autónomas españolas. Ha recortado en dos escalones las calificaciones de Madrid ('BBB+'), Galicia ('BBB+'), Canarias ('BBB+'), País Vasco ('A') y Navarra ('A'); en tres escalones las de Andalucía ('BBB'), Aragón ('BBB') y Baleares ('BBB-'), y en cuatro escalones la de Cataluña ('BBB-'). Tanto Baleares como Cataluña se quedan al borde del 'bono basura', nivel de riesgo de inversión en el que ya se encuentra la Comunidad Valenciana ('BB'). Por su parte, País Vasco y Navarra mantienen una calificación equivalente al notable. La firma considera que la capacidad del Gobierno de prestar apoyo a las regiones en el largo plazo se ha "debilitado", en un contexto en el que espera una suave recesión en 2012 de la economía española y una "lenta actividad económica" hasta 2015. Entiende también la agencia “descalificadota que algunas comunidades autónomas podrían desviarse de los objetivos presupuestarios, lo que se traduciría en una mayor acumulación de deuda por el descontrol de los gastos y el empeoramiento de la recaudación de impuestos. Asimismo, Standard & Poor's cree que la capacidad de recaudación de las regiones, afectadas desde la recesión de 2009, puede seguir disminuyendo en 2012. Además, tendrá un "crecimiento mediocre" en los próximos tres años. En el caso de País Vasco y Navarra, la agencia destaca que tienen perfiles crediticios "fuertes" a pesar de la "sustancial concentración de sus actividad económica en España". Las claves de su éxito son, según la agencia, su autonomía fiscal, su sólida gestión financiera, su moderadamente baja carga de deuda y sus economías altamente orientadas a las exportaciones.
Segunda nota “antiautonómica” de la jornada, que algún diario lleva a sus titulares de primera magnitud: Rajoy comienza, con los ríos, la recuperación de las competencias que se dieron a las CCAA. Lo cuenta El Mundo con gran despliegue, para dar cuenta de uno de los acuerdos-reformas del consejo de ministros de este viernes: El Gobierno retira a las CCAA la policía de aguas que les cedió Zapatero en agosto de 2011, y Santamaría anuncia esta decisión como “un anticipo del nuevo reparto de funciones entre Administraciones”.- El referido diario insiste en que de este modo “comienza la reordenación del Estado”.
Tercera novedad: La Comunidad Valenciana reconoce que tiene “estranguladas” todas las vías de financiación, y el Gobierno de Akbero Fabra reconoce que si no hay una emisión de hispanobonos en junio o julio, “su” comunidad, herencia de Camps, no tendrá liquidez suficiente para aguantar más allá del mes de agosto, con lo que se intensifica la posibilidad de intervención del Gobierno central sobre las Comunidades incapaces de mantener el compromiso del déficit y las cifras del gasto público para el presente año.
Más aún: preocupan severamente en el Gobierno las actitudes “de rebeldía” que muestran dos comunidades con presidente socialista, País Vasco y Andalucía, decididas a llevar al tribunal Constitucional los recortes de competencias determinados por el Gobierno en materias sanitarias y educativas. El diario ABC no duda en reunir a Patxi y Griñán y acusarlos de “deslealtad con España”, nada menos, en una portada antológica. En otro diario más gubernamental, La Razón, habla de “insumisión socialista”, y sostiene la sorprendente tesis de que Rubalcaba agita Andalucía y el País Vasco para desgastar a Rajoy, mientras el Gobierno advierte que todas las CCAA deberán cumplir… Ambos gobiernos, por ejemplo, denuncian que “los sin papeles” que no tengan tarjeta sanitaria no puedan recibir las atenciones de la Seguridad Social, según los anuncios del Gobierno, y son coincidentes en señalar que los ajustes mutilan el autogobierno. No hay duda de que son “dos granos” que el PP tiene en su muy extendido “mapa azul autonómico”. En el caso del socialista vasco Patxi López, su recurso ante el TC se efectúa con el respaldo del Parlamento vasco. El propio Basagoiti, apoyo del PP a López en el Gobierno vasco, critica la actitud del lendakari y lanza la sorprendente especie de que no hace falta que desde Ajuria Enea el lendakari apoye la oposición de Rubalcaba… Pero no es menor la preocupación que supone el Gobierno de Griñán, constituido por PSOE e IU, al no haber conseguido el PP de Arenas la mayoría absoluta que esperaba. Supone el Gobierno que los problemas que ya representaba el Gobierno socialista de la mayor Comunidad, se verán ahora incrementados. La Gaceta asegura que “Griñán entrega todo el poder a los comunistas”... En fin, todavía hay otra Comunidad “altamente conflictiva”, que es Cataluña. No sólo porque su deuda haya quedado “al borde del bono basura”, sino por las perspectivas poco alentadoras sobre su déficit anual. La Vanguardia da cuenta este viernes de la “cita exprés” que llevaron a abo Rajoy y Mas sobre ajustes y pacto fiscal, durante algo menos de una hora, 52 minutos. Asegura el diario que “el líder del PP no se cierra en banda a la financiación que pide el Govern de Mas,  –el pacto fiscal, especie de fueros o concierto económico de recaudación total por Cataluña y aportación de una cantidad anual y pactada al Estado central, como en Euskadi y Navarra-, “pero la ve muy difícil”. Por su parte, Durán ve inevitable el “choque de trenes” entre Cataluña y España si no hay tal pacto fiscal…

DRAGHI RECLAMA QUE SE ACELERE LA REFORMA FINANCIERA

Los jueves, milagro. Los viernes, reformas y recortes


Coincidieron este jueves en el Consejo de Estado el presidente y su antecesor, Rajoy y Rodríguez Zapatero, respectivamente. Parece que era la primera vez que se encuentran desde el relevo de noviembre. El primero, preguntado sobre el encuentro, lo sintetizó brevemente: “Él está ahora en una posición muy distinta, está más tranquilo, y yo no, pues menos tranquilo..” Algunos medios, como La Razón, La Gaceta o El Economista, publican la foto de ese encuentro, y los rostros no parecen precisamente complacientes ni felices. Rajoy parece estar reclamando responsabilidades a su antecesor, dice El Economista que explica que “todo apunta a que el presidente aprovechó la ocasión para reprocharle que dejara el déficit del 8,5 por 100, cuando prometió que no superaría el 6 por 100. A Zapatero se le heló su tradicional sonrisa”. Es lo que tiene ser jefe del Gobierno en tiempos de amenazas de intervención, subidas de impuestos, copagos y peajes, primas de riesgo y batacazos bursátiles, o hallarse en la oposición, como letrado vitalicio del consejo de Estado... Rajoy acudió al Consejo de Estado para prometer que repensará el modelo de Estado, y suprimirá entidades y organismos que efectúan tareas duplicadas. Repensará competencias, pero no desandará el Estado autonómico, según asegura ABC. El presidente cerrará los organismos públicos que no sean útiles o resulten demasiado caros, sintetiza La Razón. O en Expansión: Rajoy estudia repensar el modelo de Estado y Rubalcaba se ofrece a negociar. Por cierto, que Rubalcaba propuso en la campaña electoral cerrar las Diputaciones provinciales., pero ahora, la Federación de Municipios y Provincias, FEMP, proponer reforzar las diputaciones, para prestar servicios a los más de 7.700 municipios de más de 20.000 habitantes. ¿Y el Senado? Tantas veces se dijo que era una Cámara tonta e inútil... Desde luego, hace falta una buena “repensada” del Estado y de sus dimensiones, para que sus gastos no terminen devorando a los ciudadanos. Las reformas parecen inevitables, y con presteza...

El cine de Luis García Berlanga dio.su obra maestra en 1957, con José Isbert, con “Los jueves, milagro”. Ahora, Rajoy transforma ese calendario, al anunciar que cada viernes habrá reformas. Reformas, o recortes, o ambas cosas en una sola pieza... Lo cierto es que, como el propio presidente anunciaba recientemente, el Consejo de ministros estudiará este viernes la liberalización de determinados servicios en el área de las infraestructuras y el transporte, y aprobará un paquete de medidas urgentes para reformas la política medioambiental en materias como el agua o la gestión de residuos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también anunció ya el pasado lunes la decisión de liberalizar servicios, sin ofrecer más detalles, y explicó que el objetivo del Gobierno es conseguir una gestión más austera y eficiente, avanzar en la modernización y lograr que sean "mucho más económicos para los ciudadanos". Asimismo, fuentes del Ejecutivo han avanzado que el Consejo dará luz verde luz verde a "medidas urgentes" en materia de medio ambiente, una serie de actuaciones que afectarán a la política de aguas, la gestión de residuos, la protección de espacios naturales y al Parque Nacional de Tablas de Daimiel. Según explicó el mes pasado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el Gobierno quiere reformar mediante un real decreto cuatro de las leyes más relevantes en materia de medioambiente. El objetivo en materia de agua, apuntó, es "reforzar las competencias del estado en esta materia" y mejorar la coordinación entre con las Confederaciones Hidrográficas. Arias Cañete apostó también, por ejemplo, por revisar el Plan Especial del Alto Guadiana con nuevas fórmulas para la cesión de derechos de agua entre particulares con el fin de reducir las extracciones del gran acuífero del Alto Guadiana, donde se encuentran el Parque Nacional de Tablas de Daimiel o el humedal de Los Ojos del Guadiana. Y junto a estas cuestiones, el Consejo aprobará el Plan de publicidad institucional 2012, con un presupuesto más reducido en aplicación de los criterios de austeridad.. Contra lo que habían anunciado los dirigentes de la Comunidad de Madrid, Aguirre y González, este viernes, “todavía no” se aprobará el pago de viajes en las autovías madrileñas o de otros puntos del país..., según garantizó Rajoy, esta vez sonriente por la buena nueva... El establecimiento de peajes en las autovías que dependen del Ministerio de Fomento está en estudio desde hace semanas, según reconocen en medios gubernamentales, pero no se abordará en este Consejo de Ministros. En la comisión delegada de asuntos económicos se abordó la posibilidad de instaurar la medida, pero fue descartada. De momento. Fomento lleva tiempo tanteando esas medidas liberalizadoras y de privatización parcial del negocio aeroportuario (Aena), de Renfe, Adif o ferrocarriles de cercanías. Sólo Renfe pierde 600 millones al año, y el verano pasado, con José Blanco al frente del ministerio, ya se reestructuró la división de Mercancías en tres nuevas sociedades con vistas a promover la entrada de capital privado. En cambio, sí parece probable que el Gobierno adopte medidas de reforma del mercado de alquiler de viviendas para incentivar a los propietarios, particulares o empresas inmobiliarias, a que pongan más casas en el mercado.

En todo caso, el Gobierno sigue este viernes con su programa de recortes y reformas, como remachó Mariano Rajoy. Las que se nos ocurran a nosotros o las que “sugieran” o indiquen los organismos internacionales. Sin ir más lejos, este jueves, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, reclamaba celeridad en el proceso de saneamiento de la Banca española, sin garantizar que vayan a producirse otras inyecciones de capital a la banca. Draghi pide que España persevere en las reformas y que acelere con la banca, cuenta El País, y defiende reducir gastos “frente a recortar inversiones” . Indica El Mundo que Draghi aplaude las medidas de Rajoy, pero urge a culminar la reforma financiera. Con el anuncio posterior de Luis de Guindos, que parece haber escuchado el recado, y anuncia que “limpiará en días los activos del ladrillo”. De Guindos, cuenta El Mundo, promete acelerar las sociedades que permitirán a la banca agrupar sus inversiones fallidas en el sector inmobiliario. Se refiere al stock de viviendas no vendidas, pero carísimas, y del suelo, también comprometido, comprado a precios de oro, y ahora mismo, “a precio de mercado cero”... ¿A eso se puede llamar banco malo? De Guindos dice que no, pero se le parece mucho...

EL DORMIDABLE NEGOCIO DE PACTAR UNA SENTENCIA

Se pospone la búsqueda de la “sentencia de conformidad” en el caso Nóos




Cuenta este jueves la publicación de Internet El Confidencial que los fiscales anticorrupción han suspendido las dos reuniones previstas esta semana con los abogados de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres para hablar de un posible pacto en el llamado caso Nóos, debido al eco mediático suscitado por este asunto. Según aseguraron el miércoles a Efe fuentes del caso, esta semana se iban a celebrar sendas reuniones entre los fiscales y Mario Pascual Vives, que representa al duque de Palma, y Manuel González Peeters, defensor de Torres. Sin embargo, finalmente se han suspendido a tenor de las informaciones publicadas para evitar la expectación mediática que generarían. De hecho, en la sede de la Fiscalía de la capital balear ya había varios periodistas apostados a la puerta en espera de la posible aparición de alguno de los abogados, aunque al edificio sólo acudieron los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, así como el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro. Fuentes del ministerio público confirmaron que los abogados de Urdangarín y Torres habían pedido a la Fiscalía de manera informal mantener conversaciones para un posible pacto que les eximiera de ingresar en prisión, aunque aún no se había producido ninguna reunión en este sentido. Las mismas fuentes precisaron que los abogados protagonizaron conversaciones informales en los pasillos de los juzgados con representantes de la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de llegar a un posible acuerdo. También el diario El País señala que los abogados de los dos imputados tenían previsto reunirse esta semana con la fiscalía anticorrupción para tantear el posible pacto del que se ha tenido noticia, pero que las reuniones fueron suspendidas temporalmente para mantener la discreción sobre el caso. Según ha trascendido, en ese pacto con la Fiscalía anticorrupción, Urdangarín y Torres estarían dispuestos a asumir algunos hechos investigados y a devolver 3,5 millones del dinero malversado, y a cambio de reparar el daño y de colaborar con la Justicia, aceptarían penas de prisión no superiores a los dos años. Es lo que se denomina “sentencia de conformidad”, la que dicta un tribunal cuando acusación y acusado prefieren pactar una condena y ahorrarse el juicio. Suele requerirse que los presuntos delitos estén castigados con un máximo de seis años de cárcel , que el reo admita su culpabilidad a cambio de una sentencia más leve, y que tanto la fiscalía como las restantes acusaciones estén de acuerdo.

En otras informaciones periodísticas se vuelve sobre el mismo asunto y se proporcionan otros datos. Por ejemplo, según el diario El Mundo, Urdangarín sólo debería pagar algo más de medio millón de euros, 583.000 euros como fianza por su responsabilidad civil, de manera que al “yernísimo, como se le conoce, le puede salir ciertamente barato haber distraído de las arcas de Baleares, Valencia y Cataluña siete millones y haber ingresado otros 10 de empresas privadas. De manera que, como dice el titular de esta información, “los delitos le costarán al duque sólo 583.000 euros, y Matas deberá afianzar la misma cantidad, y el matrimonio Torres, el doble. “De esta manera, el que fuera presidente del instituto Nóos sin ánimo de lucro saldaría su responsabilidad civil en este proceso con esos 583.000 euros, que contrasta con los más de 17 millones de euros recaudados en apenas tres años por la entidad comandada por Urdangarín y Torres...” La diferencia entre ambas cantidades, explica, es que ni la Fiscalía Anticorrupción ni Hacienda han tenido en cuenta a la hora de calcular el quebrando económico ocasionado los fondos recaudados entre corporaciones privadas”. Concluye esta información diciendo que en el caso de que se materializase el pacto instado por el Duque de palma y su socio con Anticorrupciòn para eludir la prisión, una de las condiciones previas sería la devolución del dinero distraído en las cantidades que han calculado ya los investigadores y la identificación de todas las cuentas en paraísos fiscales... Señala El País que Diego Torres, ex socio de Urdangarín en el Instituto Nóos, se mostró dispuesto a explicar al juez del caso, con todo detalle, todos los negocios con los que participó junto al yerno del Rey, después de haber permanecido en silencio en su primera comparecencia ante el juez José Castro. Cuando Urdangarín intentó descargar sobre su antiguo socio todas las responsabilidades sobre la gestión de Nóos, Torres pidió declarar y contó que la entidad Nóos había facturado diez millones con Administraciones Públicas, la mayoría en manos del PP. Torres, asimismo, relató que su exsocio siguió liderando proyectos como el de los Juegos del Mediterráneo después de 2006, fecha en la que la Casa del Rey aconsejó a Urdangarín que dejara los negocios con Administraciones públicas. De otro lado, se proporciona la opinión del fiscal general, Eduardo Torres Dulce sobre el caso: Ha asegurado que no habrá ningún trato de favor hacia los imputados, y no habrá privilegios sobre el caso.

También proporciona declaraciones del ministro de Justicia, Ruiz Gallardón: El fiscal investigará hasta el final”, asegura. También recoge la declaración del fiscal Torres el diario La Gaceta: No habrá trato de favor a Urdangarín. Dice ABC que la fiscalía suspende las dos reuniones previstas esta semana con los abogados de Urdangarín y Torres para hablar de un posible pacto debido al eco mediático suscitado por el asunto. En cuanto al diario La Razón, asegura este jueves que Hacienda cifra en 1,5 millones la cifra defraudada por Urdangarín en Baleares. Según esta información, las investigaciones de la Agencia tributaria han concluido que el dinero que supuestamente se habrían quedado el duque de Palma y Diego Torres oscilaría entre 1,2 y 1,5 millones de euros, a lo que había que añadir las cantidades “distraídas” de las arcas públicas valencianas, con ingresos que se calculan entre 3,1 y 3,5 millones. Hay que sumar las cantidades, 4,5 millones, procedentes de empresas privadas...

Debate sobre los cuantiosos dineros “recaudados” por los dos pillos y sobre cómo sortear la cárcel admitiendo “alguna parte de su culpa” en el negocio “sin ánimo de lucro”...

PRIMERO YPF, AHORA REE. TEMOR A QUE HAYA MÁS EXPROPIACIONES DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

Evo Morales, como Cristina Fernández, expropia una empresa española, REE


¿Movimiento contra España? El Gobierno boliviano de Evo Morales dice que no hay tal, en su decisión de expropiar la filial de Red Eléctrica en su país andino. Pero la similitud de acciones adoptadas en la Argentina de Cristina Fernández y en la Bolivia de Evo Morales hace temer con la eventualidad de que no haya dos sin tres, o que la racha de luchar contra “los nuevos conquistadores”, tenga seguimiento y otros casos den continuidad a estas actuaciones contrarias a la seguridad jurídica y al orden internacional. En la última década, muchísimas empresas españolas atendieron la invitación de los dirigentes de los países iberoamericanos y se han instalado sus filiales en muchos países. Ahora, asistimos a este segundo acto, que parece preocupar mucho menos que el primero... Lo cierto es que, como se comunicó en la tarde del martes, y reproducen y hoy en sus primeras informaciones todos los diarios, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha promulgado un decreto para la nacionalización del paquete de acciones de la Transportadora de Electricidad SA (TDE), filial de Red Eléctrica Española (REE), que opera desde 1997 en Bolivia, y ordenó a las Fuerzas Armadas custodiar las instalaciones de la firma. Morales sigue la estela argentina con el expolio de Red Eléctrica, cuenta El País. El presidente boliviano acusa a la firma española de invertir poco. El Gobierno español intenta evitar paralelismos con YPF. Dice El Mundo que Morales se suma al desafío a España expropiando REE. Copia el argumento de Kirchner sobre la falta de inversión y lo presenta como homenaje a los trabajadores bolivianos. Dice ABC que el Gobierno español desvincula la nacionalización boliviana de la expropiación perpetrada en Argentina contra Repsol. La Vanguardia insiste: Morales sigue la estela de Kirchner y nacionaliza REE. El presidente boliviano, acosado por la crisis social, expropia la filial de la eléctrica española. También La Razón destaca que el Gobierno español desvincula la operación de la nacionalización de YPF. Señala La gaceta que fuentes empresariales califican de desastre político la expropiación de REE, y el Gobierno español dice que no se trata de un movimiento contra España. Y de parecida manera lo cuentan los restantes diarios, de papel o virtuales y en la Red. Es decir, y sobre todo, que el Gobierno español resta importancia al caso. Tal vez por el temor a que la situación se repita en otras empresas españolas. Se da la circunstancia de que, al menos una hora antes del anuncio, los militares ya habían ocupado el edificio de la TDE. Militares, policías y partidarios del presidente boliviano tomaron las oficinas, y canales de televisión mostraron a decenas de efectivos militares y policiales que custodiaban el edificio central de TDE en esa ciudad del centro de Bolivia. "Hoy día, nuevamente, como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos la Transportadora de Electricidad", dijo Morales en un acto del Día del Trabajo en el Palacio de Gobierno de La Paz. Morales justificó la expropiación asegurando que "esa empresa internacional española, en 16 años, apenas ha invertido 81 millones de dólares, una inversión en término medio de cinco millones al año", que consideró insuficiente. El presidente boliviano también anunció que un 73% de las líneas de transmisión en el sistema interconectado de electricidad volverán a control de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), con sede en Cochabamba, en el centro del país. "Este decreto supremo tiene por objeto nacionalizar en favor de la ENDE, en nombre del Estado, el paquete de acciones que posee la empresa Red Eléctrica Internacional (filial de Red Eléctrica Española) en la empresa de Transporte de Electricidad", explicó Morales desde el palacio presidencial en La Paz. La Transportadora de Electricidad está a cargo de 1.961 kilómetros de líneas de transmisión de electricidad y de 22 subestaciones en Bolivia. "Hoy hemos sido sorprendidos con que nuevamente pasamos al Estado, pasamos a manos de los bolivianos", dijo el secretario general del sindicato de la Transportadora de Electricidad (TDE), Edwin Vargas, en presencia de Morales, que viajó a la ciudad central de Cochabamba para la toma de la compañía por los militares. Cada primero de mayo, en los seis años de su gobierno, Morales ha anunciado nacionalizaciones: comenzó por el sector de hidrocarburos y este año lo hizo en el área de electricidad. Curiosamente, la expropiación de las acciones de Red Eléctrica Española coincide con la reciente nacionalización, el pasado 16 de abril, del 51% de las acciones que controlaba Repsol en la petrolera YPF. En aquella ocasión, Cristina Fernández de Kirchner realizó el anuncio en medio de una salva de aplausos y de himnos patrióticos. Ahora, el anuncio de la expropiación de la TDE se produce pocas horas antes de que Evo Morales inaugure, con el presidente de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau, la segunda planta procesadora de gas del campo Margarita, en el sur de Bolivia, lo que permitirá aumentar las exportaciones a Argentina. El Gobierno español reaccionó y dijo que está estudiando el movimiento de Evo Morales contra REE, pero fuentes de la vicepresidencia han explicado que “no tiene nada que ver con el caso de Argentina y la YPF”, y que "no se trata de un ataque a España". A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, habló con su homólogo boliviano, David Choquehuanca. Tras esa conversación, en el Gobierno restan importancia a la expropiación porque, asegura, es muy diferente al anuncio que realizó en su día Cristina Fernández de Kirchner. Fuentes del Gobierno han señalado que, por el momento, no se ha decidido que el jefe de la diplomacia española inste al embajador boliviano en España a mantener una reunión con él para pedir explicaciones por lo ocurrido. Sin embargo, Red Eléctrica ha lamentado la decisión de expropiar la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), de la que posee casi el 100%, y tomada por el Gobierno de Bolivia, cuyas intenciones desconocía hasta la fecha, y aseguró que pedirá una compensación adecuada. Red Eléctrica espera alcanzar un acuerdo con el Gobierno boliviano para una compensación adecuada por esta expropiación que se traduzca en un justiprecio que exigen todos los accionistas de esta empresa, con un 20% de capital público y una mayoría de inversores de otro países, indicaron fuentes de la compañía. Sobre este particular, el presidente Morales dijo que su Gobierno reconocerá las inversiones realizadas por Red Eléctrica Española en su país. "Somos responsables con las empresas. Si lo que corresponde es devolver, hay que devolver. Si una empresa ha hecho inversión, reconocemos la inversión y siempre vamos a reconocer la inversión", señaló Morales en un acto en Cochabamba ante los trabajadores de la TDE, militares y partidarios suyos. Además, Morales ha nombrado a Roberto Peredo Echazú, nuevo 'gerente' de la nacionalizada Transportadora de Electricidad horas después de promulgar el decreto que nacionaliza las acciones de Red Eléctrica. "Esperamos que nuestro gerente, el nuevo gerente de la Transportadora de Electricidad, asuma con responsabilidad la administración de la energía correspondiente y el transporte correspondiente", dijo el jefe del Estado boliviano. El Gobierno boliviano ha anunciado que contratará a una "empresa independiente" para fijar el valor de la Transportadora de Electricidad en una plazo de 180 días hábiles, según se indica en el Decreto Supremo 1214 por el que se ratifica su expropiación. El Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es el principal accionista de Red Eléctrica de España (REE), con el 20% del capital, ya que el resto está repartido en Bolsa. La empresa española facturó 45,7 millones de euros en 2011 por su negocio internacional, apenas el 3% del conjunto de la empresa, y de este porcentaje la mitad procede de la actividad en Bolivia. Red Eléctrica Corporación desarrolla actividades en el exterior mediante su filial Red Eléctrica Internacional (REI) con el objetivo de rentabilizar al máximo la experiencia de la compañía. La actividad de REI se centra en la inversión en activos de transporte eléctrico en el exterior, principalmente en Bolivia y Perú, y en la prestación de servicios de asesoría y consultoría. En el 2002, Red Eléctrica Internacional adquirió el 99,94% de las acciones de la empresa boliviana Transportadora de Electricidad SA (TDE), propietaria y operadora del Sistema Interconectado Nacional boliviano (SIN), que atiende el 85% del mercado nacional. TDE tiene como fin principal la operación de la Red de Transmisión Eléctrica a altas tensiones dentro el Sistema Interconectado Nacional (SIN). La red de transmisión en alta tensión de propiedad de TDE se extiende por seis departamentos de la república boliviana: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Oruro y Potosí.

¿Se repetirá la experiencia que enseña que “no hay dos sin tres? Ese es, ahora, el gran miedo...