EL ENCUENTRO DE ARTUR MAS CON ZAPATERO. Los diarios de este martes son coincidentes, tras el encuentro de Mas y Zapatero, ayer, en la Moncloa: Zapatero cede ante Mas y permite que Cataluña amplíe la emisión de deuda, Zapatero permite mayor deuda a la Generalitat de Nas; Zapatero permite a Mas endeudarse, A Mas le toca el gordo en la Moncloa (ABC) Zapatero deja a Mas seguir endeudándose para salvar 2011. Zapatero autoriza al Govern e emitir deuda y Mas le ofrece el apoyo de CiU. Mas aprieta, Zapatero cede algo. Zapatero sólo se compromete a saldar una deuda de 759 millones peroautoriza más endeudamiento (La Vanguardia). Zapatero cede ante Mas y le deja endeudarsed. Cataluña podrá emitir entre 2.000 y 2.500 milliones de deuda (Público). Más pide a Zapatero 6.000 millones a cambio del apoyo de CiU al Gobierno (El Economista)...
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibió este lunes al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la que será su primera entrevista oficial. El objetivo declarado del Gobierno catalán no es otro que obtener permiso para emitir deuda a largo plazo que le permita desarrollar un plan de saneamiento de la Generalitat, cuya deuda supera los 40.600 millones. Mas aseguró el domingo que confía en alcanzar un acuerdo. Pero, en la carpeta de peticiones del presidente de la Generalitat está, además de esa autorización para emitir deuda a largo plazo, conseguir que el Gobierno no reduzca este año su aportación a Cataluña, producto del pacto de financiación alcanzado en 2009. En liza hay 1.000 millones de euros del fondo de competitividad que, según el Gobierno central, podrían no pagarse hasta 2013, y que la Generalitat pide de forma inmediata. Además de las urgencias financieras de la Generalitat, Mas confía en lograr un compromiso para poner un calendario sobre las transferencias pendientes al amparo del Estatuto vigente. En concreto, entre las peticiones del presidente aparecen el traspaso de la competencia en becas para estudios universitarios y no universitarios; la evaluación de la calidad de las universidades; la ampliación de funciones, medios personales y materiales en justicia; la formación sanitaria especializada; la protección de datos de carácter personal; protección civil; salvamento marítimo, y funciones y servicios de la Seguridad Social. También ponía encima de la mesa seis traspasos que quiere revisar, entre los que sobresale el de Cercanías y Regionales, que hizo el tripartito, y que CiU siempre ha calificado de insuficientes por considerar que se hicieron sin la titularidad de trenes, vías y estaciones. El acuerdo interesa a ambas partes. Mas necesita como agua de mayo financiación por valor de unos 10.000 millones para hacer frente a los pagos de la Generalitat a corto y medio plazo. Políticamente el acuerdo también beneficiaría a Zapatero, pues facilitaría pactos del PSOE con Convergència i Unió en el Congreso en un momento en que deben aprobarse las ambiciosas reformas económicas pendientes. Además, quitar presión sobre las finanzas de la Generalitat, redundaría también, en palabras de los máximos responsables del Gobierno catalán, en una mejora de la imagen exterior de las finanzas públicas del conjunto de España. Estas fuentes insisten en que Mas no pide ningún trato de favor hacia Cataluña, sino el cumplimiento de lo que dicta el sistema de financiación pactado en 2009 en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Zapatero ya alertó el viernes desde Bruselas de que, si bien es partidario de que la Generalitat tenga una financiación "razonable", la Administración catalana debe asumir más responsabilidad en el control del déficit. Estas palabras, lejos de inquietar al Gobierno catalán, le dan mayor confianza para lograr el acuerdo. De hecho, Mas envió ya la semana pasada un plan de viabilidad al Gobierno en el que se prevé un recorte presupuestario de un 10% para el conjunto de la Generalitat.
Tras su toma de posesión, Artur Mas parece haber llegado a la firme conclusión de que no tiene posibilidad alguna de entendimiento con el PP, partido con el que discrepa en la mayor parte de las actuaciones y propósitos, y en cambio, puede beneficiarse sustancialmente del buen entendimiento con el PSOE gobernante en Madrid. Además, en esta etapa, y tras la sustitución del tripartido que encabezaban los socialistas catalanes, no existen los problemas que originaban Montilla y el PSC para la colaboración de CiU y PSOE. A entenderse bien con el PSOE gobernante, y en concreto, con el presidente Rodríguez Zapatero,, dedica buena parte de su tiempo y esfuerzos el portavoz de CiU en el Congreso, José Antonio Durán i Lleida, quien rechazó la integración en el Govern de Mas a cambio de su trabajo para el entendimiento y buena relación de Zapatero con el Gobierno catalán que preside Artur Mas. Ambas partes, con toda seguridad, se beneficiarán de este entendimiento: los presupuestos catalanes, de un lado, y la aprobación de las reformas que en este instante tramita el Gobierno socialista en el Congreso: Reforma de pensiones, Acuerdo Social y Económico, reforma de la estructura de las Cajas de Ahorros... Es probable que los dirigentes de CiU hayan llegado al convencimiento de que les resulta más fácil, y mucho más rentable, entenderse con el PSOE que con el PP de Rajoy y Sánchez Camacho, el partido que recurrió, y logró rebajar, el contenido del estatuto catalán.
SORTU, CRECER, EL NUEVO NOMBRE DE BATASUNA.- Eta, la banda y sus principales dirigentes, siempre han sido expertos en buscar denominaciones a sus nuevos tentáculos. Ahora, de nuevo, se han visto en la necesidad de hallar nombre para “la nueva Batasuna”, y ya hay nombre: El nombre del partido que la izquierda abertzale dará a conocer en las próximas horas en Bilbao, cuyos estatutos presentará el miércoles en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior en Madrid, será 'Sortu' (Crecer), según adelanta el diario 'Gara'. Este acto de presentación del partido se producirá después de que el lunes, el representante de la izquierda abertzale Rufi Etxeberria y el abogado Iñigo Iruin, dieran a conocer en el Palacio Euskalduna de Bilbao el contenido de los referidos estatutos de la nueva formación. El proyecto político, según avanzaron Etxeberria e Iruin, rechaza abiertamente la violencia de ETA y no se convertirá en "una organización vicarial" de la banda. Según se recoge en los estatutos de la nueva formación, adelantados por 'Gara', "el nuevo partido desarrollará su actividad desde el rechazo de la violencia como instrumento de acción política o método para el logro de objetivos políticos, cualquiera que sea su origen y naturaleza; rechazo que incluye a la organización ETA, en cuanto sujeto activo de conductas que vulneran derechos y libertades fundamentales de las personas". En las bases fundacionales de esta nueva formación también se cita un compromiso expreso para contribuir "a la definitiva y total desaparición de cualquier tipo de violencia, en particular, la de la organización ETA", y se recoge que el partido rechaza "las diferentes formas de manifestación de la violencia y el terrorismo, tal y como legislativamente han sido definidas en los diferentes apartados del Artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políticos", y su incumplimiento será motivo de expulsión de cualquier militante. Los estatutos de esta nueva formación incluyen también el compromiso del partido para contribuir "a la superación de las consecuencias de toda violencia y terrorismo, en pro de la paz, justicia y reconciliación de la sociedad vasca" y al "reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas". “'Sortu'” nace igualmente con el objetivo, según dice en sus estatutos, de romper "con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado y, por tanto, con los vínculos de dependencia a que aquéllos daban lugar". "Se trata con ello de impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia o por partidos políticos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella", según el texto. También lanza un compromiso político para promover y defender "un modelo de sociedad acorde y coherente con el concepto de 'sociedad democrática' definido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos".
Nadie duda de que son días clave para la izquierda abertzale, y la presentación de los nuevos Estatutos de Batasuna era una demostración de la trascendencia del acto del lunes. El grupo Lokarri, que se hizo cargo de la organización, cree que "se trata de un acontecimiento político de gran relevancia" y que "estaríamos ante un paso de gran trascendencia para la paz". Rufi Etxebarria, fue portavoz, con Iñigo Iruin, en el acto. Según Rufi, la opción de presentar unos estatutos adaptados a la Ley de Partidos "no es prestar un disfraz a ETA", sino que está ligada a "un punto de inflexión" en la trayectoria de la izquierda abertzale. Etxebarria afirmó que se cierra la puerta "al ciclo de la violencia”, y que cualquier negociación o diálogo necesita "un escenario sin violencia ni restricciones democráticas". Mencionó expresamente a ETA y comprometió el rechazo del nuevo partido a una eventual vuelta de la banda terrorista al ejercicio de "la violencia o la amenaza en cualquier forma" que pudieran adoptar. Dijo que ésta es "una apuesta coherente y de no retorno", pese a que denunció el carácter antidemocrático de la Ley de Partidos. "La legalización es necesaria para avanzar a un escenario de diálogo entre los partidos políticos". Pidió "una reflexión a todos los agentes políticos para ofrecer soluciones a una sociedad atravesada por la violencia y múltiples violaciones de los derechos". Y señaló que la apuesta marca "un antes y un después en nuestra trayectoria". Etxeberría rechazó “cualquier connivencia con organizaciones que usen la violencia con fines políticos" y proclamó que la izquierda abertzale demanda su legalización". Sin duda, lo más destacable de su intervención fue que la izquierda abertzale, que ha discutido hasta vísperas del acto si habría una mención expresa a ETA en el capítulo del rechazo y desmarque de la violencia, sí lo ha hecho finalmente y con claridad. Y que en los estatutos consta expresamente que el nuevo partido "contribuirá a la definitiva desaparición de cualquier clase de violencia, incluida la de ETA, y también a la reparación de todas las víctimas de cualquier clase. Iñigo Iruin, dijo en su intervención que “nada puede impedir a los miembros de la izquierda abertzale crear un instrumento colectivo, siempre que no constituya continuación de los ilegalizados", con referencias a pronunciamientos del Tribunal Supremo, cuyos requerimientos y exigencias desgranó. Al elegir los términos que figuran en los estatutos, dijo, "hemos tenido en cuenta la última reforma legal, que habla de rechazo y separación, no de condena. Además, hay una ruptura con el anterior modelo organizativo, afirmó. Los estatutos mencionan expresamente a ETA, adelantó. El partido se opondrá a tutelas externas que pretendan convertirlo en una organización vicarial de quienes defiendan la violencia, dice uno de los artículos de los estatutos. "El rechazo incluye sin embages a la organización ETA en cuanto sujeto activo de acciones que vulneren los derechos de las personas", dijo. Sus dirigentes harán "rechazo claro y activo" de acciones violentas. Igual rechazo mostrarán hacia "quienes fomenten, amparen o legitimen los actos de terrorismo, oponiéndose a cualquier justificación conceptual de los mismos". "El nuevo partido de la izquierda abertzale tiene que ser legal", finalizó Iruin., que se basó, sobre todo, en las sentencias del Tribunal Supremo de mayo de 2007 sobre ASB, una de las marcas ilegalizadas, y no ha citado ni al TC y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sí lo ha hecho con la Constitución. Los estatutos hablan expresamente de "terrorismo" en varios artículos, según aseguró Iruin, y en ellos consta expresamente que el nuevo partido "contribuirá a la definitiva desaparición de cualquier clase de violencia, incluida la de ETA, y también a la reparación de todas las víctimas de cualquier clase.
Pero las cautelas y desconfianzas son más que las esperanzas a la hora de la creación del nuevo ente...
AL PP LE FALTA UN EQUIPO ECONÓMICO SOLVENTE.- Se ha dicho que Mariano Rajoy es una marioneta de José María Aznar, que es lento tomando decisiones, que es un vago y que no concreta sus medidas. Según el presidente del Partido Popular son los socialistas quienes extienden estos "tópicos". "Salvo ladrón o incompetente, me han llamado de todo", señaló el martes pasado durante su entrevista en Veo7. El líder de los conservadores también lamenta que se acuse constantemente a la oposición de no tener alternativas y que se repita sin cesar que no cuenta con un gabinete económico potente. Pero Rajoy, en este último caso, no puede culpar a los estrategas del PSOE. Dentro de sus propias filas lo admiten abiertamente, según cuenta el diario Público: "El equipo con el contamos es formal. Un grupo de personas elegidas para fajarse en el día a día, ir a reuniones, encuentros y realizar la tarea parlamentaria. Pero no es el real, el que tendríamos si llegamos al Gobierno". La derecha sabe que la situación no se parece a la de 1996 cuando se visualizaba quién iba a acompañar a Aznar en el camino hacia la Moncloa. Todo el mundo daba por hecho que el vicepresidente político iba a ser Francisco Álvarez-Cascos y el económico, Rodrigo Rato. En la actualidad, en el PP dudan de que los que llevan las riendas en materia de economía sigan manejándolas en el futuro. Tienen la impresión de que sólo se mueven peones por el tablero para ocultar que no existe un rey que los guíe en este terreno. La imagen económica de la derecha se reduce ahora mismo a tres personas: el portavoz del área y experto en materia fiscal, Cristóbal Montoro, y sus dos estrechos colaboradores, los diputados Álvaro Nadal y Fátima Báñez. Sus compañeros reconocen su trabajo y preparación, pero eso no quita para que la mayoría de ellos considere que hace falta un revulsivo, una o varias figuras con relevancia que atraigan votantes y den a su discurso, tan centrado en la crisis, mayor solvencia. Sobre todo cuando la situación económica se ha convertido en el eje principal de su estrategia y cuando Rajoy pretende erigirse en el artífice del "segundo milagro español". Además, hay quien cree que en estos años se ha mantenido un tono, en ocasiones, demasiado bronco, que se aleja de la crítica política constructiva. Y piensan que se debería dar un giro en este sentido, reforzando el gabinete y modulando los discursos. Algunos cargos están preocupados por las próximas citas electorales y les gustaría estar preparados para el caso de un adelanto de las generales. Pero para poder mostrar sus ases, dicen los que están cerca de Rajoy, queda tiempo. Sus colaboradores están seguros de que seguirá el mismo patrón de comportamiento y escogerá perfiles similares a los que eligió en 2008. Hay que tener en cuenta ese precedente. Tras la derrota electoral de 2004, el líder del PP puso a Miguel Arias Cañete al frente de la secretaría económica porque nadie quería hacerse cargo de ella. El ex ministro de Agricultura y abogado del Estado cumplió con el encargo hasta que fue patente que al PP le faltaba músculo económico. Rajoy se puso a buscar. Ocho meses antes de las últimas generales, designó al exministro de Ciencia y Tecnología Juan Costa como director del programa electoral. Y, poco antes de las elecciones, anunció que el expresidente de Endesa Manuel Pizarro iba como número dos en su lista por Madrid. Fueron sus dos grandes "fichajes" y sus dos grandes pérdidas porque ambos terminaron abandonando en 2010 sus escaños parlamentarios, volviendo a dejar a Rajoy huérfano. Eso sí, al irse a la iniciativa privada, el primero dejó una puerta abierta por si el PP alcanza la Moncloa y le llaman. Y el segundo, dicen que a pesar de que se distanció del líder conservador porque en su día no le hizo portavoz del grupo en el Congreso, mantiene una buena relación con él y le asesora en algunos temas. Desde la sede nacional afirman que no se puede descartar su regreso. Así como el del exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid Juan José Güemes, que para muchos compañeros permanece en la recámara. La idea de la operación, en aquel entonces, fue buscar a alguien que pudiese enfrentarse al entonces ministro Pedro Solbes. Ahora, en las filas del PP menosprecian a la vicepresidenta segunda y titular de Economía y Hacienda, Elena Salgado, al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y a buena parte de los principales actores económicos. Pero la situación económica es más complicada y hay quien se pregunta si el PP estará listo para afrontarla. Rajoy asegura que estará "a la altura de las circunstancias". Pero lo cierto es que cumple en marzo siete años de su travesía por el desierto y, en todo este tiempo, no ha logrado consolidar esta parcela económica. El jefe de la oposición ha preferido echarse él la carga a cuestas, desarrollando hasta sus propias intervenciones económicas, y centrarse en los mensajes. Ahora en todos sus mítines repite que lo fundamental es generar empleo y critica al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero cuando le preguntan por sus medidas, no profundiza. En la entrevista con Pedro J. Ramírez quedó en evidencia cuando una joven quiso saber sus propuestas para luchar contra el paro juvenil y se quedó en blanco, perdido en la confusión de su letra. Algo que también le ocurre cuando alguien le pide que detalle su plan. Siempre responde apelando a la confianza y a la importancia de decir la verdad a la gente y arrogándose la capacidad de arreglar la situación en dos años a base de filosofía. Sus colaboradores afirman que es injusta esta apreciación. "Hemos presentado más de 71 enmiendas a la reforma laboral, varias iniciativas, hemos trabajado en la convención de Barcelona, en la de Sevilla, en foros con expertos", defienden. Su entorno afirma que lanzará propuestas con cuentagotas hasta la refriega electoral. Algunos diputados explican que lo hace para evitar "el coste político". Por el momento, Rajoy va manteniendo reuniones sectoriales y los que le rodean presumen de que la clase empresarial y financiera no deja de llamarle porque ya "huelen el cambio". En las filas conservadoras son conscientes de sus carencias. "Se busca una persona del perfil de Almunia", comenta, medio en broma medio en serio, un miembro del Comité de Dirección reconociendo con ello que su partido necesita alguien con una dilatada y completa trayectoria al estilo de la del vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de la Competencia. Pero resulta difícil cubrir esta "página en blanco" porque Rajoy ni siquiera cuenta con alguien de perfil económico en su comité de dirección. A los clásicos maitines acuden María Dolores de Cospedal, Ana Mato, Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz-Gallardón, Jaime Mayor Oreja, Esteban González Pons y Javier Arenas. "Mucha de nuestra gente se podría hacer cargo de Interior, pero somos conscientes de que no tenemos a muchos Rato", confirman. El presidente de Caja Madrid se prodiga en los actos de PP para avalar su oferta. Se ha especulado con su vuelta, pero los que le conocen bien dicen que está centrado en otros temas y que, si algo quiere, será, en caso de que gane el PP, influir en los nombramientos más importantes: el ministro de Economía y el decisivo sillón del gobernador del Banco de España. Además, de su equipo parlamentario, Mariano Rajoy suele pedir opinión y consultar sus decisiones con una serie de personas. Entre ellas se encuentra el exsecretario de Estado de Economía, Luis de Guindos. En el PP aseguran que es uno de sus mayores hombres de confianza y su nombre siempre surge cuando se hacen quinielas sobre el futuro ministro de Economía. Para ese puesto también se habla de José Manuel Soria, vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Economía y Hacienda hasta 2010, que cuenta con la absoluta confianza de Rajoy. El jefe de la oposición también suele acudir a su sociólogo de cabecera, Pedro Arriola. Con él marca la estrategia del PP y prepara sus intervenciones más destacadas. Rajoy también mantiene buena relación con Fernando Bécker, director de recursos de Iberdrola y exconsejero de Economía en el Gobierno de Castilla y León en la etapa de Juan José Lucas. El presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, también es buen amigo suyo. El líder del PP escucha a veces a Manuel Pizarro. El expresidente de Endesa dejó su escaño en enero de 2010, pero los que rodean a Rajoy confirman que la comunicación no se ha roto. Y dicen que no se puede descartar su regreso. En el partido, Rajoy cuenta con Baudilio Tomé. El coordinador de los programas marco de las elecciones municipales y autonómicas se encargó de las convenciones de Barcelona y Sevilla. Exsecretario de Estado de Telecomunicaciones, Tomé es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. También es el enlace del PP con la macrofundación ideológica FAES.
EL FAVOR DE RUIZ GALLARDON A MONTSERRAT CORULLA.- Vuelve un asunto que, en su momento, empleó el candidato Miguel Sebastiánm contra su adversario, el candidato Ruiz Gallardón, en las elecciones municipales de hace cuatro años... Alberto Ruiz-Gallardón podría haber incurrido en un delito contra el Patrimonio Histórico al conceder a Monserrat Corulla, imputada en el caso Malaya, la licencia para convertir en hotel el Palacio de Villagonzalo a pesar de que los informes que exigía la norma urbanística eran negativos. Por lo menos, eso nos cuenta una crónica de El Confidencial, que proporciona abundantes datos y detalles del asunto. La ficha de condiciones del Plan General Urbano de Madrid, la máxima norma urbanística vigente (PGOUM-1997), exigía la tramitación de un Plan Especial a la Empresa Promotora Palacio de Villagonzalo S.L., previo a la concesión de la licencia de obra. El Gobierno municipal de Gallardón obvió que dichos informes del 2004 y 2005 eran negativos para la conversión del edificio. Según los artículos 320 y 321 del Código Penal, la concesión de una licencia en contra del plan vigente, y más en un edifico protegido, es un delito. Según los informes contrarios a la modificación del inmueble protegido, a los que ha tenido acceso El Confidencial, “la concesión de la licencia supone una alteración importante a un edificio de gran valor arquitectónico", ya que contemplaba un aumento de edificabilidad y "la destrucción del jardín sobre el que se quería construir un 70% de la superficie, cuando la ley solo contempla el 10%”. El informe apunta en la línea de un supuesto trato de favor del alcalde de Madrid hacia Montserrat Corulla. La abogada madrileña obtuvo esta licencia justo en la época de la que datan las conversaciones telefónicas borradas del sumario del caso Malaya en las que Corulla habla de un tal “Alberto”. Con las obras realizadas en el Palacio de Villagonzalo se aumentó en más de 800 metros cuadrados el espacio del edificio, según señalan los propios informes técnico municipales. Hay conversaciones en el sumario en las que interviene Montserrat Corulla y en las que se comenta que “se puede hablar con Alberto para un canje del suelo”, en una aparente alusión al alcalde de Madrid. Los investigadores policiales que han declarado esta semana en el caso Malaya hablan de Monserrat Corulla como de “una mujer de gran inteligencia”. Su puesto como administradora única de varias de las sociedades fantasma de Roca, entre ellas la firma Condeor S.L., le hizo especializarse en las gestiones urbanísticas y de esa manera se encargó de todo lo que tenía que ver con la Gerencia de Urbanismo de Madrid. Corulla se hizo experta en comprar palacetes históricos en ruina y venderlos tras su rehabilitación para convertirlos en hoteles de lujo a través de las sociedades creadas por Roca. Así hasta que se topó con la que fue la casa del Conde de Villagonzalo, un edificio histórico de mediados del siglo XIX. Todos los edificios protegidos que en esa fecha solicitaron ser convertidos en hoteles necesitaron de un Plan Especial para llevar a cabo las reformas y rehabilitaciones Todos menos el del Palacio Villagonzalo, administrado por Corulla. El PSOE acusó entonces al Ayuntamiento de "eximir" del plan especial a “la dama del velo blanco”. El equipo de Gallardón negó la mayor. Y rechazó el argumento de que existiera privilegio alguno: alegaron que la ley permite realizar algunas actuaciones sin necesidad del citado plan y aseguraron que Corulla se había servido de todos los recovecos legales para sacar adelante su proyecto. La Comisión de Patrimonio Histórico, con representantes de la Comunidad, el Ayuntamiento y los arquitectos, corrigieron hasta en once ocasiones las incongruencias que querían llevar a cabo en el Palacio de Villagonzalo. Montserrat Corulla hizo caso omiso a las correspondientes objeciones tal y como consta en el expediente: las subsanó una a una y recurrió a autorizaciones parciales para llevar a cabo las obras. Corulla, acusada de blanqueo de dinero en la operación Malaya, cuenta entre sus méritos varias recalificaciones ventajosas de edificios históricos de la capital. Nadie sabe como conseguía las licencias. Es por eso que su comparecencia en la vista de la Operación Malaya es una de las más esperadas. De todos es sabido que del sumario del caso que ahora se juzga en la Ciudad de la Justicia de Málaga se excluyeron unas conversaciones con el alcalde de Madrid porque el juez las consideró “privadas”, pero se mantuvieron otras en las que ella menciona con familiaridad a un tal “Alberto” como intermediario para lograr que el histórico frontón Beti Jai se convirtiera en un hotel de lujo. En plena campaña electoral a la alcaldía de Madrid en mayo de 2007, el por entonces candidato socialista a la alcaldía de la capital, Miguel Sebastián, mostró en un debate televisivo la foto de Montserrat Corulla a Gallardón. En tan solo dos años y medio, la abogada amiga de Gallardón visitó las dependencias de la gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid en cuarenta ocasiones. En el relato que mantuvo en el despacho del juez Torres el día de su interrogatorio dijo que desde que estaba de administradora de Condeor había adquirido para la sociedad el Palacio de Saldaña, el Palacio de Villagonzalo y en los Alcázares un hotel y un aparcamiento, y que todo se había financiado con préstamos, excepto el Palacio de Villagonzalo. Las obras también se pagaron con préstamos.
EL TRABAJO DE RAJOY.- Trabajo de despacho. Con estas palabras suelen aludir en la sede del PP a las tareas que realiza su presidente, Mariano Rajoy, cuando no participa en actos públicos de su partido, según se explica en La Vanguardia. ¿Qué quiere decir ese trabajo de despacho? Pues, sobre todo, reuniones lejos de los focos y los micrófonos, pero tan interesantes o más para el líder popular que las que tienen su reflejo en los medios de comunicación. Desde hace semanas, Rajoy ha plagado su agenda de reuniones con representantes de distintos sectores sociales de la sociedad civil española con el objetivo de escuchar de primera mano en sus problemas y tomar nota de las soluciones que proponen. Se compromete o no, pero con ello transmite a sus interlocutores su interés por lo que él mismo llama siempre “problemas reales de la sociedad”. Los asesores de Mariano Rajoy le han aconsejado que se someta a un menor desgaste en actos del partido, aunque todos coinciden en que el presidente del PP no les hará mucho caso. “En precampaña es difícil dosificar”, se justifican, más aún cuando existe la sensación de que un esfuerzo más puede ser vital para el resultado electoral que le lleve hasta la Moncloa. Pero aun así, sus asesores insisten en que Rajoy debería reducir esos actos políticos y ampliar esa otra agenda paralela con la sociedad civil. Al igual que hizo hace unos meses con los representantes de entidades bancarias, cajas y grandes empresas, Rajoy ya ha venido realizando encuentros en otros ámbitos. Se ha reunido con el presidente de la Organización Médica Colegial, Juan José Rodríguez Sendín; con el del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado, y con responsables de onegés. Especial atención han tenido para el líder del PP los responsables de la federación de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor; el secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Sebastián Reyna, o los de las organizaciones de profesionales de autónomos. Junto a un aumento de estas citas más o menos secretas con representantes de la sociedad civil, el equipo de Rajoy le receta prudencia. Prudencia en sus palabras y no asumir grandes compromisos que después no pueda llevar a la práctica. Basta con formular líneas de trabajo genéricas para que el electorado compruebe que otra gestión es posible en España. De ahí que ya en sus últimas intervenciones públicas, el presidente del PP haya modulado algunas de sus propuestas icono. Donde antes hablaba de reducción de impuestos, empezando por el del IRPF, ahora el discurso es otro. Habla de reforma fiscal “que deberá adecuarse a la situación en cada momento”. Rajoy recuerda que él es partidario de bajar el IRPF y en general de gravar menos a los contribuyentes pero la crisis es la crisis. Sí insiste en bajar el impuesto de sociedades y revisar los módulos para ayudar a los autónomos, pero ya no dice, como antes, en cuántos puntos. El equipo de Rajoy y él mismo prefieren una campaña aburrida a grandes titulares de los que después tenga que arrepentirse. La consigna es “no meterse en charcos”. No dar titulares más allá de las críticas al Gobierno y a su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque el lío de la sucesión en el PSOE ha obligado a ampliar miras: Alfredo Pérez Rubalcaba también es su objetivo. Por lo que pueda pasar.
EL PP VALENCIANO QUIERE UN CANDIDATO DISTINTO A CAMPS.- “Esto se va a llevar por delante a Francisco Camps y su Ejecutiva”. No es la opinión de un miembro del PSOE sobre el proceso judicial que amenaza al presidente de la Comunidad Valenciana, sino la de un dirigente del PP en esa región. Pese a la aparente unidad de los populares en torno a Camps, y la insistencia de Génova en declararlo oficiosamente candidato, cada vez son más las voces dentro del partido que reclaman un cabeza de cartel sin causas pendientes y sin relación con el caso Gürtel, según relata El Confidencial. Muchos integrantes de la Junta Directiva del PP valenciano, cuadros medios y militantes de base están hartos de que su formación y su comunidad solo aparezca en el ámbito nacional por cuestiones relacionadas con la corrupción. A las múltiples conexiones de la trama de Francisco Correa y El Bigotes se suma el eterno periplo judicial de Carlos Fabra o el alicantino caso Brugal. “La marca del PP gana de forma aplastante las elecciones y el PSOE aquí en Valencia no existe. ¿Qué necesidad hay de mantener a Camps y su equipo?” se pregunta un diputado popular. Esta idea se ha extendido también a empresarios levantinos que ven un riesgo en las sospechas que acompañan al Gobierno valenciano, así como en la parálisis política que, en plena crisis económica, ha provocado el llamado asunto de los trajes. En la calle Génova se sigue sin tomar una decisión, por más que todas las declaraciones públicas son de respaldo a Camps. “Dicen que no hay duda de que es el candidato, pero ya han designado oficialmente a Rudi, Cervera, Bouza, Pérez-Espinosa o Monago. Y desde luego nadie duda de Arenas o Cospedal. Pero han dejado la puerta abierta en Valencia”, señaló un dirigente. El presidente de la Generalitat valenciana es consciente de que sus apoyos se reducen, y no solo por la tradicional confrontación de familias del partido. “Camps evita convocar a la Junta Directiva Nacional, porque sabe que hay voces críticas. Solo se reúne con el Comité Ejecutivo, porque lo controla él”, criticaron fuentes del PP. El modo en que está dirigiendo el partido, como la puesta en marcha de la maquinaria electoral, prueban el estado de debilidad del líder valenciano. El pasado julio convirtió una celebración por sus siete años al frente del Consell en una improvisada Junta Directiva. En el Palau de la Música, fuera de los cauces ordinarios y con notables ausencias al tratarse de un homenaje a su persona, Camps sorprendió a los suyos anunciando oficialmente la composición del Comité Electoral. La semana pasada, en una nueva maniobra para controlar el partido y no dejar espacio a la contestación, ordenó que las agrupaciones de ciudades de más de 20.000 habitantes eligieran a su candidato municipal con tan solo 48 horas de margen. La previsible decisión del juez Flors de abrir juicio oral está acelerando las maniobras de Camps y su equipo directivo para blindar su candidatura y su control sobre el partido. Mañana, el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad decide si acepta nuevas pruebas solicitadas por la defensa del presidente popular o si considera que se trata de una estratagema más para dilatar el proceso. Será una prueba de fuego para la presidenta de esta institución, Pilar de la Oliva, que sustituye a Juan Luis de la Rúa, supuestamente amigo de Camps. Si se cumplen las previsiones, y en marzo se conoce que el presidente valenciano debe sentarse en el banquillo ante un jurado popular, la carrera electoral quedaría gravemente alterada. Mariano Rajoy deberá elegir entonces entre sustituir a su candidato en Valencia o comprometer su reputación y la de su partido haciendo campaña junto a un procesado por cohecho. Por ello, las quinielas sobre los posibles relevos ya han comenzado. Rita Barberá es la preferida por todos los militantes, aunque ha dado muestras de querer seguir como alcaldesa. “Habrá que ver qué dice si se lo pide el partido, es normal que ahora se niegue”, indicó un diputado levantino del PP. “Esteban González Pons también quiere ser presidente, aunque sabe que si aguanta en Madrid puede aspirar a un Ministerio”, añadió esta fuente, quien apostó por Alberto Fabra como candidato de consenso. El alcalde de Castellón es también diputado autonómico y coordinador general del PP en la comunidad. “Es joven, prudente y ni campsistas ni ripollistas le vetarían”. Pero, por ahora, y pese al deseo de cambio extendido entre los populares valencianos, valen las recientes palabras de Rajoy: “Camps no es un corrupto. No voy a liquidar su carrera política”.
EL AJUSTE TOCA A SU FIN. FALTA RECUPERAR EL EMPLEO,.- Un documentado trabajo de Carlos Sánchez en El Confidencial llega a la conclusión de que el ajuste de la economía española toca a su fin. El PIB acabó creciendo en 2010, según el Banco de España, un 0,6% en términos interanuales, y, aunque en media del año todavía cayó un 0,1%, todos los indicadores apuntan en una dirección: el durísimo proceso de estabilización de la actividad económica está a punto de acabar. Aunque no del todo. El débil crecimiento es todavía insuficiente para crear puestos de trabajo, y eso explica que la tasa de paro -que es un indicador retrasado respecto de la actividad- seguirá en el entorno del 20% de la población activa durante algún tiempo. ¿Cuánto? El consenso de los 17 institutos de coyuntura del país estima que hasta 2012 no será posible rebajar esa tasa. O lo que es lo mismo, alrededor de 4,7 millones de trabajadores seguirán en paro durante los próximos trimestres. El FMI, la Comisión Europea y hasta el propio Gobierno avalan esta previsión. Zapatero (o el candidato que elija su partido) se presentará a las elecciones con una tasa de desempleo no inferior al 18-19%. Ahora bien, este estudio de BBVA sostiene que excluyendo el sector de la construcción, el resto del aparato productivo puede crear puestos de trabajo a partir de un crecimiento del PIB del 1%, objetivo no tan lejano en el tiempo si se tiene en cuenta que en estos momentos avanza un 0,6% en términos anuales. Este otro estudio, estima que sin el sector de la construcción la economía habría crecido un 1,5% en 2010. O un 0,8% sin inversión en vivienda. A la espera de que el mayor crecimiento se traslade al mercado de trabajo, la economía -la parte sana del tejido productivo que ha podido sobrevivir a la crisis- recupera el pulso, aunque todavía de forma tímida. Y lo hace, y aquí está la novedad respecto de otros periodos históricos, gracias a las exportaciones. Pero al contrario que en la recesión de los 90 o de los primeros años 80, la recuperación del sector exterior se produce sin devaluaciones, el instrumento de política económica que tradicionalmente han utilizado los gobiernos correspondientes para recuperar competitividad. Durante la Gran Recesión, sin embargo, el mecanismo de ajuste casi único ha sido el empleo, lo que explica las altas tasas de paro. Como es tradicional en la economía española después de una recesión (gracias a las devaluaciones), el sector exterior tira ahora de la economía, como reflejan estos informes oficiales, pero con un cambio cualitativo de indudable transcendencia. Al contrario que lo ocurrido durante los dos primeros años de la crisis, en los que la recuperación de la demanda externa vino de la mano del desplome de las importaciones, en estos momentos son las exportaciones las que están sosteniendo el crecimiento. Aunque todavía de forma insuficiente para compensar la caída de la demanda interna (consumo público, privado e inversiones). La debilidad de las importaciones se explica, lógicamente, por la anemia del consumo (tanto público como privado) y de las inversiones. La renta disponible de las familias está por lo suelos, el sector público está inmerso en un duro proceso de ajuste presupuestario y las empresas no invierten por falta de demanda y ausencia de crédito. Algo que, paradójicamente, está favoreciendo el crecimiento en términos macroeconómicos, aunque sin empleo. España, por lo tanto, se está aprovechando no sólo del incremento de las ventas a la Unión Europea, sino, sobre todo, a los países emergentes, con tasas de crecimiento verdaderamente notables. Las exportaciones a China crecen un 35,2%, las destinadas a Latinoamérica aumentan un 33,7%, mientras que las que están dirigidas al conjunto de Asia se incrementan un 29,8%. Incluso las destinadas a los países fuera de la UE avanzan un 27,2%. En todos los casos, por encima del 14,6% que crecen las exportaciones al área del euro, lo que explica el renacer (todavía timido), de la industria. Como sostiene el director del servicio de estudios de un importante banco privado, “a la fuerza ahorcan y las empresas españolas se han visto obligadas a buscar nuevos mercados”. Y de ahí que mientras la demanda nacional detrajo en el cuatro trimestre de 2010 siete décimas de crecimiento del PIB, la demanda externa contribuyó con 1,3 puntos porcentuales, tres décimas más que en el trimestre anterior. El saldo son esas seis décimas que crece la economía respecto al cuatro trimestre de 2009. El perfil de salida de la crisis cuenta, además, con una novedad verdaderamente relevante. Se produce en un contexto de restricción del gasto público, lo que aparentemente debería de haber deprimido más la actividad. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. La economía cayó en 2010 un 0,1%, menos que lo estimado a mediados de año por los analistas, que tras conocer las medidas de ajuste del Gobierno a mediados de año empeoraron en algunas décimas sus estimaciones de crecimiento. Ha ocurrido justamente lo contrario, dando la razón a quienes creían que la restricción del gasto público tendría efectos expansivos sobre la actividad. Básicamente porque el comportamiento de los agentes privados en dirección opuesta compensa el ajuste presupuestario. El servicio de estudios del BBVA publicó hace algunos meses un informe en el que sostenía que la contención salarial en la función pública tendría -paradójicamente- efectos positivos sobre los márgenes empresariales, lo que facilitaría la recuperación económica al favorecer los procesos de inversión, tanto en capital fijo como en plantillas. Son los llamados ‘efectos no keynesianos’ derivados de una política de ajuste fiscal. En concreto, algunos estudios estiman que una reducción del 1% en el peso de los salarios del sector público en el producto interior bruto representa un impacto en la ratio de inversión privada respecto del PIB de 0,48 puntos, en el corto plazo, y de 2,56 puntos acumulados en un periodo de cinco años. Algunos economistas consideran que a la luz de lo ocurrido en Irlanda o Dinamarca en los años 80, un plan de austeridad intenso como el planteado por el Gobierno “puede tener efectos positivos sobre la actividad”, en particular sobre los salarios en el sector privado. Aunque es evidente que el menor consumo público tiene consecuencias adversas sobre el crecimiento económico a corto plazo (de ahí que hasta el propio Zapatero anunciara en su día una revisión a la baja de “unas décimas” en el crecimiento del PIB), se considera que en términos macroeconómicos es más relevante el comportamiento del sector privado (85% del PIB), cuyos salarios tienden a imitar lo sucedido en el sector público. Las empresas tienen nuevos argumentos para justificar una mayor contención salarial. Y realmente eso es lo que está pasando. En 2010, los salarios subieron un 1,3%, un punto menos que en 2009, que fue el año más intenso en cuanto a deterioro de la actividad (el PIB cayó un 3,7%). La incipiente recuperación -ahora si que se observan los célebres ‘brotes verdes’ está avalada, además, por un hecho relevante. Como pone de relieve el último informe de coyuntura del Ministerio de Economía, los datos de diciembre reflejan que la financiación a los sectores no financieros residentes en España del mes de diciembre un aumento interanual del 0,8%, lo que supone cuatro décimas más que en noviembre. La financiación destinada a las empresas, por su parte, aumentó un 1% (cuatro décimas más que en noviembre) mientras que la dirigida a las familias lo hizo en un 0,4% (dos décimas más que en noviembre), con un mayor crecimiento de la destinada a vivienda, 0,8% en diciembre (desde el 0,4% de noviembre). Tasas todavía muy suaves pero que apuntan -ahora sí- en la dirección correcta. Otra cosa es saber cuánto tiempo pasará hasta que el paro vuelva a niveles del 10-12%. Desde luego, no antes de un lustro.
LA COMPRA DE VIVIENDA SIGUE VETADA A LOS JÓVENES.- La bajada del precio de la vivienda, de cerca de un 18% desde los máximos que alcanzó en el año 2007, no ha beneficiado a los jóvenes que desean emanciparse, según se explica en una información aparecida en La Vanguardia.. Según los datos del Observatorio Joven de la Vivienda en España, aunque ahora la cuota de la hipoteca consume sólo el 36% del sueldo del hogar cuando está formado por dos personas que trabajan (y es un porcentaje muy similar al 34% que ya supone pagar un alquiler), la necesidad de aportar el 30% del importe de la vivienda como entrada impide comprar a los jóvenes. “La entrada impide la adquisición de una vivienda, libre o protegida, incluso demostrando una regularidad de ingresos corrientes con los que asumir el pago mensual de las cuotas”, señala el estudio, que recuerda que ahora la entrada media equivale al salario de 2,5 años de una pareja… y que no hay vías alternativas al ahorro previo para financiarla. La entrada debe cubrir el 20% del precio de la vivienda que no cubre la hipoteca y el 10% de gastos asociados a la compra. Para una pareja joven (cuyos miembros tengan menos de 34 años), el precio de una vivienda asumible es de unos 153.000 euros y deben aportar de entrada, por tanto, más de 55.000 euros. “Antes, en contextos de bonanza económica, la red de apoyo intergeneracional permitió a menudo que los familiares más cercanos sufragaran total o parcialmente la entrada. Bajo la forma de donación directa o créditos más o menos informales. En períodos de recesión y disparo del ahorro, estos flujos monetarios son más restrictivos”, señala el estudio. Los bancos, por su parte, que antes estaban más abiertos a financiar más del 80% del valor de tasación de la vivienda, son “cada vez más exigentes, debido a su estrategia de asegurar al máximo la viabilidad de sus operaciones”. Y en esa prudencia tiene un impacto tremendamente negativo la precariedad laboral de los jóvenes: el 37,4% de los menores de 34 años que hoy trabajan tiene un contrato temporal, frente al 16,4% de los que superan esa edad. El estudio recuerda que la principal barrera para la emancipación de los jóvenes es ahora mismo el empleo, cuando antes de la crisis, por el contrario, era la carestía de la vivienda. Y es que ahora trabaja sólo el 57,4% de los menores de 34 años, cuando hace dos años estaban empleados más del 70% de ellos. No sólo se ha disparado el número de jóvenes en paro (ya son 2,2 millones, el 26,3% del total), sino que otros 40.000 que hace un año trabajaban ahora, tras perder el empleo, han reemprendido los estudios. Así, señala el Observatorio Joven de la Vivienda, por primera vez desde que se elabora el estudio ha caído la tasa de emancipación, es decir el porcentaje de jóvenes que han dejado de vivir en casa de sus padres, y ha pasado de casi el 47% que se alcanzó antes de la crisis al 45,8%. Ahora hay 264.000 jóvenes más que hace un año viviendo en casa de sus padres, un fenómeno que ha afectado sobre todo a los nacidos en los años ochenta: casi un 10% de los jóvenes de entre 22 y 30 años ha vuelto con su familia. El estudio señala que además de las multiplicaciones de “trayectorias residenciales truncadas” por la crisis, en la reducción del número de jóvenes emancipados ha influido también la emigración de algunos fuera del país, generalmente en busca de empleo.
ENGORDE DE CENSOS EN PUEBLOS DE ORENSE.- Como ocurrió en los meses previos a las elecciones municipales del 2007, la provincia de Ourense ha vuelto a convertirse en escenario de sospechosos engordes repentinos de censos electorales y padrones de habitantes a unos meses de los comicios locales del 22 de mayo, según ha denunciado este lunes La Voz de Galicia.. Mientras que hace cuatro años fueron al menos siete los concellos donde se produjo un incremento injustificado en el número de electores, en esta ocasión son dos los municipios también de Ourense que registran bien en el censo o en el padrón aumentos en una magnitud que no se produce en ningún otro lugar de Galicia y que, por ello, resultan inexplicables en una zona que no deja de perder población. Calvos de Randín, que ha visto caer su padrón de 1.258 vecinos en el 2001 a 1.065 en la actualidad, acaba de registrar en su censo electoral una subida del 8,69% entre enero y diciembre del 2010. En cada uno de los diez años anteriores el listado de electores de Calvos menguó entre 20 y 30 personas, e incluso bajó en 43 en el 2006. En cambio, afrontará los comicios de mayo con una subida de 80 personas dadas de alta en el último año, según la contabilidad estadística del INE. Con ese espectacular salto en su censo, Calvos de Randín es la localidad de Galicia que más ha visto crecer su listado de posibles votantes, seguida muy de lejos por Ames, que, pese a ser el mayor polo de expansión demográfica de la comunidad, registra un incremento en su censo de 5,6 puntos menos. Como en Calvos, en el municipio próximo de Oímbra, también al sur de Ourense, un inexplicable incremento de vecinos se registra en su caso en el padrón de habitantes, que ha crecido un 6,05% en el último año. Tras perder 93 vecinos entre el 2001 y el 2009, Oímbra presenta en su nuevo padrón un crecimiento en solo un año de 116 residentes, obteniendo además con ello el premio de ver aumentada en dos escaños su corporación al superar la barrera de los 2.000 residentes. Casi la mitad de los nuevos teóricos vecinos tienen nacionalidad portuguesa. Los partidos de la oposición de ambas localidades no dudan de que dichos incrementos censales obedezcan a una estrategia electoral de sus respectivos alcaldes, constatando además que las altas producidas en muy pocos casos tienen que ver con la llegada efectiva de nuevos vecinos. «Non temos ningunha nova empresa, nin vivendas e pasan anos enteiros sen que naza un neno, e en lugar de caer o padrón sube grazas a que nalgunhas casas alguén deu de alta ata dez persoas que nunca viviron alí, ou que nun barrio din que están empadroados noventa portugueses, cando en realidade non vive ningún», asegura Antón Alonso, concejal del BNG en Oímbra desde 1979. Alfonso Villarino, alcalde de Oímbra y perteneciente al PP, niega cualquier irregularidad y atribuye el ascenso poblacional a los servicios y comunicaciones del pueblo. «El padrón es imposible de manipular», dice, aunque reconoce que algunos de los nuevos habitantes viven en otras localidades pero tienen alguna relación con Oímbra. El regidor niega también que haya buscado incrementar el padrón para aumentar el número de concejales, que habían bajado en dos en el 2003 y que precisamente perdió el PP.
EL GASTO FRMACÉUTICO DE GALICIA.- La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica ante la decisión del gobierno de recurrir ante el Tribunal Constitucional la puesta en funcionamiento del catálogo de fármacos en Galicia, tiene que señalar:
1) El elevado gasto farmacéutico es el principal problema para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y su rebaja es por lo tanto imprescindible y urgente, sobre todo en un momento de crisis económica.
2) El catalogo de fármacos aprobado en Galicia recogía una antigua reivindicación de la FADSP: que el Sistema Sanitario Público solo financiara el medicamento que con igual principio activo sea el mas barato del mercado, porque sin alterar la calidad de la prescripción favorece el control del gasto-
3) Es evidente, no obstante, que es el Ministerio de Sanidad el que tiene la competencia exclusiva sobre la prestación farmacéutica y que por lo tanto es mas que probable que el recurso del gobierno sea formalmente razonable.
4) También que una medida de este tipo debería de haberse gestionado en el seno del Consejo Interterritorial y haberse aplicado para el conjunto del SNS.
5) Resulta también sorprendente que sea un gobierno del PP, partido que se caracteriza por sus alharacas y declaraciones sobre la “ruptura” de la unidad de España y sobre la necesidad de restringir las competencias de las CCAA, los que, a la primera ocasión hacen exactamente todo lo contrario de lo que predican.
6) Por otro lado conviene recordar que en Galicia el gobierno del PP esta embarcado en varios proyectos de construcción de hospitales por el modelo PFI(publico-privado) que tienen un sobrecoste de 5-6 veces y que llevan a la Comunidad Autónoma a una situación económica difícilmente sostenible
martes, 8 de febrero de 2011
lunes, 7 de febrero de 2011
DOS CITAS PARA HOY. BATASUNA PRESENTA ESTATUTOS. ARTUR MAS PRESENTA LAS CUENTAS DE CATALUÑA EN MONCLOA
DOS CITAS: La política tiene este lunes, comienzo de la nueva semana, dos puntos de interés: Batasuna presenta sus nuevos estatutos, y Artur Mas presenta las cuentas de la generalitat de Cataluña al presidente Zapatero.
LOS BATASUNOS QUIEREN QUE SE LEGALICE SU “NUEVO” PARTIDO.- Esta es la repetición de una historia ya conocida: Los batasunos dicen aspirar a ser un partido cumplidor de la ley, y reclaman su legalización como cualquier otra fuerza política que se propone tener representación ciudadana. La agenda abertzale tiene unos cuantos días !”ocupados”: este lunes, presentación de estatutos de la nueva formación política abertzale; el miércoles, presentación de esos estatutos fundacionales en el Ministerio del Interior.. El día 19, una manifestación en Bilbao de apoyo a “la nueva Batasuna”, nacida en el seno de la plataforma Lokarri. La nueva batasuna, en efecto, presenta este lunes unos estatutos “como los del PSOE o el PNV”. Es decir, con el firme deseo de que sean legalizados y terminen las sospechas que vienen equiparando a Batasuna con su organización “madre”, la banda ETA. Los proetarras piensan que su declarado “rechazo a la violencia” es el salvoconducto adecuado y un santo y seña suficiente para obtener la correspondiente autorización para competir con las otras siglas en las siguientes elecciones. Y sin embargo, es seguro que hay más de una oposición. Muchos siguen pensando que Batasuna es un caballo de Troya con el que ETA pretende instalarse y beneficiarse de la democracia. Por ejemplo, cuenta de entrada con la la oposición de socialistas y populares, quienes, de entrada, no se fían de este nuevo intento batasuno para colarse en las instituciones, por sospechar que su estrategia consiste en combinar bombas y votos... Y lo más probable es que el asunto termine en manos del ministerio fiscal y de los jueces, hasta que se demuestre, si la tienen, su buena voluntad y propósitos perfecta e indiscutiblemente democráticos. A favor de los opuestos a la legalización funcionará la idea de que el nuevo partido no romperá con ETA, y más bien tratará de seguir teniendo una relación “fraternal” con la banda, por más que la nueva Batasuna haya rechazado “cualquier violencia de ETA si la hubiera”. Se desmarcan de la banda..., pero no demasiado, por más que algunos recuerden que, en el último año, la izquierda abertzale ha pasado de callar ante la violencia a cuestionarla y rechazara. ¿Pero es bastante, es suficiente esa actitud teórica?
Dice el diario portavoz Gara que, una vez que la izquierda abertzale confirmó que su debate interno había concluido y que no acudirá a la ventanilla con ambigüedades sino con definiciones claras y que no eludan las alusiones concretas a ETA, su posición respecto a la violencia irá en la línea de todo lo que se ha ido concretando tras el proceso interno de debate de la izquierda abertzale. Y que “serán enunciados claros e inequívocos, en favor de las vías exclusivamente pacíficas y democráticas". La nueva etiqueta pretende significar un nuevo tiempo de signo distinto en el abertzalismo vasco que hasta ahora ha sido ETA. En esta hora aparecen dos líderes en la renovada formación: Rufi Etxeberria, en la parte política, y el abogado Iñigo Iruin, en la parte jurídica. Ambos se vienen esforzando en convencernos del compromiso de la nueva formación de rechazar la violencia, incluida la de ETA, con una fórmula que se aproximará en su contenido a la que recoge en las conclusiones de su último debate interno: "La izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos, y eso incluye la violencia de ETA si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones". Esta fórmula u otra similar se encuadra en un proceso iniciado ya en noviembre de 2009, con propuestas que se enmarcan en los principios que inspiraron el proceso de paz irlandés, o el acuerdo de Gernika, de septiembre, de 2010, suscrito por Aralar, Eusko Alkartasuna y la propia izquierda abertzale, y en el que se exigía a ETA, además de una tregua permanente y verificable, que avance hacia el final definitivo de la violencia. La izquierda abertzale también pretende aclarar que el nuevo partido "no puede ser utilizado para estrategias diferentes a la exclusivamente política y democrática aprobada por las bases de la izquierda abertzale", en alusión a ETA. E incluso reitera su compromiso con las vías democráticas. Proclaman los patrocinadores de la idea de “la nueva Batasuna” que no se trata sólo de superar la Ley de Partidos sino, sobre todo, de materializar un cambio sustancial en la línea de acción de la izquierda abertzale, una izquierda que deberá ajustar la nueva estrategia democrática del nuevo partido a sus estructuras organizativas, muy similares a las del PSOE o del PNV. Es decir, sustancialmente distinta a la versión anterior, cuando estaba concebida como una organización política de combate, el brazo político de la banda armada. De manera que podrá afiliarse cualquier persona mayor de edad y se financiará, entre otras fuentes, por las cotizaciones de sus afiliados, afiliados que tendrán derechos, como el de votar en sus órganos internos, ser informado, expresar sus opiniones libremente y ser elegido. También dispondrá de un órgano máximo, el Congreso Nacional, que se reunirá cada cuatro años, y una Asamblea Nacional, que lo hará, al menos, una vez al mes. El Congreso elegirá la Ejecutiva Nacional, con un mínimo de 25 miembros, y al secretario general.
Batasuna reclama que se preste atención a su nueva condición, que se le otorgue, por lo menos, el beneficio de la duda. Pero no resultará sencillo el cambio de actitud de los “demócratas de toda la vida”, que no terminan de ver un cambio radical de actitud a los hasta ahora compañeros de viaje de la Banda ETA...
LA FACTURA CATALANA QUE MAS PRESENTARÁ A ZAPATERO.- Cataluña ya tiene precio: 16.646 millones de euros. Ésta es la cifra que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pondrá sobre la mesa de José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo lunes, en la reunión que ambos mantendrán en La Moncloa. Esa es la cantidad que exigirá que el Estado aporte a Cataluña durante el año 2011 para que la Administración funcione, esto es, para cubrir los gastos de sanidad, educación, seguridad, servicios y transportes públicos, entre otros. Y para que sea suficiente, el Gobierno catalán ya ha entregado al Gobierno central un plan de ajuste que contempla la reducción de un 10% en los presupuestos generales para este ejercicio en relación con el año pasado, un medida histórica, según datos que proporcionó el viernes El Confidencial. Para que el plan funcione, no obstante, ha de darse la condición de que la aportación que el Estado haga a las maltrechas arcas de la Generalitat sea, como mínimo, similar a la que realizó el año pasado. Y los números elaborados por el equipo de Artur Mas ya tienen la cifra a pedir: los citados 16.646 millones citados. Claro que el Estado ha de dotar también económicamente los servicios traspasados, como la gestión de la red de Cercanías o los casos derivados de la Ley de Dependencia, porque no tiene sentido realizar transferencias a las autonomías pero no enviarles las dotaciones económicas pertinentes para poder llevar a cabo los servicios. Además, debería aplicar la disposición adicional tercera del Estatuto, que prevé una inversión anual del 18,8% del PIB catalán para ir paliando las históricas deficiencias de las infraestructuras de esta comunidad. Esto comportaría unos 2.700 millones de euros más, aunque está por ver si el Estado cumple con las obligaciones contraídas. El dinero que Cataluña pide no está inflado. El déficit fiscal que tiene la comunidad, por ejemplo, oscila entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros. Éste es el dinero que los catalanes pagan en impuestos pero que no revierte en su comunidad, sino que se queda en Madrid a pesar del déficit de servicios que padece Cataluña. Y los 16.646 millones reclamados es dinero que el Estado habría de gastar igualmente si no existiese Gobierno autonómico. Además, los nacionalistas catalanes piden un poco de manga ancha a Madrid para poder endeudarse, con lo que podrían solventar los problemas de financiación a corto plazo, ya que las arcas de la Generalitat están vacías. Y, de seguir así, se tendría que echar mano incluso de un préstamo del Gobierno central para pagar las nóminas en el mes de abril. El propio secretario general adjunto de Convergència, Oriol Pujol, ya advirtió el martes de esa situación. Y, aunque posteriormente matizó sus palabras, lo cierto es que situación es delicada: hay que hacer frente a los gastos ordinarios y se necesita dinero en efectivo para que la Administración funcione. El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ya lleva varios días alertando de las consecuencias que los i cumplimientos de las obligaciones del Estado pueden acarrear. La semana pasada, advertía de que, ante el ahogo financiero de la Generalitat, “la alternativa que nos dejan ya sólo podría ser la independencia” ya que “gente que jamás había soñado hacerlo votaría independencia”. En el último boletín de su centro de estudios, volvía sobre el tema y subrayaba que “hemos de rechazar enérgicamente la imposición que se nos hace desde España” porque “va contra el interés no sólo de Cataluña como colectividad, sino contra su gente, contra las personas”. Pujol reivindicaba también que fueron precisamente los nacionalistas catalanes los que en mayo pasado ayudaron al Gobierno central a aprobar las medidas de ajuste que salvaron a España de ser intervenida por la Unión Europea. Y relata que en abril “vino a Barcelona una delegación de la CDU alemana, el partido de la señora Merkel. Del más alto nivel, con presidentes de los principales länder (...) y Christian Wulf, que un mes después sería nombrado presidente de Alemania. Y pidieron que desde Cataluña se ayudase a convencer a Rodríguez Zapatero para que cambiase de política en la línea que la Comisión Europea, Francia y Alemania piden. Sólo lo pudieron plantear a fondo a los dirigentes de CiU. Pero no al PP, aunque en Bruselas forman parte del mismo grupo parlamentario, a causa de su obstinación partidista”. El veterano dirigente nacionalista tiene duras palabras para los populares, que se apuntan “a la idea de la catástrofe como gran herramienta política”. Pero destaca que CiU ha actuado siempre con sentido de Estado y fue “hiper-responsable” cuando hubo que arrimar el hombro. Por ello, ante la situación de crisis, el Estado ha de estar a la altura de las circunstancias. El portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, manifestó ayer a El Confidencial que las tesis de Pujol “son compartidas al 100%” por la formación nacionalista. “Viene a decir lo mismo que todos vamos machacando las últimas semanas. Y es que ante una coyuntura como la actual no nos podemos quedar contemplativos y debemos hacernos respetar”, afirma Turull. El portavoz convergente ya había alertado que Madrid ahoga a Cataluña premeditadamente y que “el expolio de Cataluña es más que evidente”. Pero, ¿a dónde puede llevar esta situación? “Puede abocarnos a una situación socialmente tensa -explica Jordi Turull-. Porque gente que tiene parientes en otras comunidades es la que puede comparar mejor y lo ve. Saben los impuestos que pagan y los servicios que reciben. Por eso, pedimos que nos den sólo lo que nos corresponde, ya que Cataluña ha ido más allá del sentido de la responsabilidad”. Los nacionalistas tienen claro que “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No nos pueden pedir que paguemos por adelantado. Y nos moveremos”. Pero no crearán “tensión por tensión, porque no es nuestro estilo”. La principal preocupación, hoy por hoy, es salir de la crisis. Y el año que viene, cuando la economía empiece a remontar el vuelo y se celebren elecciones generales, CiU tiene ya preparada su siguiente ofensiva: lograr un pacto fiscal más justo para Cataluña.
LOS TESOROS DE LA TRAMA GURTEL.- Dos diarios, El País y Público, dan cuenta hoy de unas informaciones coincidentes sobre los tesoros acumulados por la trama Gurtel. Según la información de El País, el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, prepara un total de 99 embargos (algunos ya están en marcha) contra bienes que atesoró la trama que dirigían Francisco Correa y el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo. Pedreira pidió en noviembre pasado a la policía que detallase los bienes muebles e inmuebles vinculados a la red Gurtel con la finalidad de tasarlos y posteriormente subastarlos para reintegrar a las arcas públicas los muchos millones de euros que la trama amasó sobornando a políticos del PP a cambio de contratas. La policía ha entregado al juez una relación de 102 bienes situados en diferentes partes de España. Prácticamente todos ellos pertenecen a Correa, aunque los tiene a nombre de sociedades interpuestas, Kintamani, Artas, Caroki, Osiris Patrimonial... Otros están a nombre de Crespo, lugarteniente de Correa, o de Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market en Valencia. Los agentes le han descubierto 25 fincas o parcelas en Cádiz, Madrid y Baleares; 18 plazas de aparcamiento en diferentes ciudades y una treintena de casas y apartamentos, muchos de ellos de lujo, en Marbella, Cádiz, Madrid y Barcelona, así como 22 vehículos (muchos de ellos de gama alta) y dos barcos radicados en Alicante. En registros hechos por la policía en viviendas de Correa los agentes también han decomisado todo un arsenal de joyas, que también serán tasadas y subastadas. El juez Pedreira quiere que todo sea subastado y se convierta en dinero que vuelva a las arcas del Estado. En la citada relación de bienes no figuran otros apartamentos que Correa tiene en Colombia, Panamá y Estados Unidos. Aparte de estos pisos, coches, fincas y plazas de garaje, la trama Gürtel esconde muchos millones en el extranjero procedentes de las comisiones que obtenía Correa merced a los pelotazos inmobiliarios que le permitían sus contactos políticos, a los que sobornaba. Los agentes han descubierto ya 33 millones en Suiza y Mónaco, y se le buscan otros 30 en EE UU.
En la información del diario Público se coincide en señalar que el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, tiene en su poder desde diciembre un informe de la Policía que enumera los bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones de los presuntos implicados en la red de corrupción y blanqueo de capitales, y que pretende, según fuentes jurídicas, conocer las propiedades con las que los eventuales condenados responderían de la responsabilidad civil que establezca una sentencia. El listado, al que ha tenido acceso Público, incluye los terrenos, viviendas, barcos y coches que acumularon durante más de una década los principales integrantes de la trama crecida a la sombra del Partido Popular. En ocasiones aparecen sus nombres como titulares y en otras, las firmas que componían la trama. Entre ellas destaca Inversiones Kintami SL, que se sitúa al final del hilo que formaba la madeja societaria con la que la trama blanqueaba el dinero en paraísos fiscales para después reintegrarlo en España a través de distintas propiedades, principalmente bienes inmuebles. El listado supone un viaje por la vida de lujo que Francisco Correa y sus principales colaboradores llevaban en las zonas más exclusivas, principalmente en Cádiz, Málaga y Madrid, aunque también en Ibiza o Galicia. En la relación también se han incluido 22 vehículos de todo tipo y cilindrada, desde el Audi A8 en el que se movía con chófer Francisco Correa a la moto de tres ruedas Bombardier Cam que Álvaro Pérez, el Bigotes, prestó al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, Ric, como se refería a él la red. El 19 de noviembre de 2010, Pedreira remitió un oficio a la UDEF y su Brigada de Blanqueo se puso manos a las obra, entregando el listado al juez tres semanas después. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pedía una relación de todos los bienes muebles e inmuebles "así como de cualquier otro tipo, que sean susceptibles de valoración y tasación pericial". Pedreira ya estableció en abril de 2010 fianzas por valor de 201,4 millones de euros a los principales cabecillas de la trama 80 en el caso de Correa en concepto de responsabilidad civil por los delitos cometidos. Aunque el listado de la Brigada de Blanqueo no incluye una estimación del valor de las posesiones de la red Gürtel, fuentes policiales consideran que la suma de las propiedades incluidas en la relación no alcanza ni el 10% de esos más de 200 millones de euros. Señalan que los vehículos se deprecian rápidamente y que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha devaluado enormemente algunos de los terrenos y viviendas. En cualquier caso, termina diciendo Público, el juez Antonio Pedreira da una absoluta prioridad a la recuperación del dinero procedente de la trama de corrupción. Y de ahí la intensa actividad en forma de comisiones rogatorias enviadas a otros países y paraísos fiscales. La investigación de la Fiscalía, la Policía y la Agencia Tributaria ya ha permitido localizar, que no recuperar, 63 millones de euros en el exterior.
En el diario El País se cuenta también, sobre este Caso Gurtel de innumerables ramificaciones, que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez instructor del caso que ordene la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Valencia de un archivo de Excel que probaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros a la tienda Forever Young de Madrid para pagar trajes destinados al presidente de Valencia, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su Ejecutivo. La fiscalía quiere que ese archivo sea aportado "al procedimiento del Tribunal del Jurado 1/09", que es el que tramita el magistrado del Tribunal Superior de Valencia José Flors contra Camps, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, y el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Según esta información el juez Flors ha terminado ya la investigación sobre la causa de los trajes, y decidirá en breve si abre juicio contra Camps y los otros imputados por un posible delito de cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal, que castiga al funcionario público que acepta regalos en función de su cargo. El archivo, cuya remisión a Valencia pide Anticorrupción, está incluido en un disco duro que en su día aportó ante notario Isabel Jordán, administradora de Easy Concept, una de las principales empresas del entramado de la Red Gurtel que dirigía Francisco Correa. En el disco duro había carpetas de contabilidad elaboradas por diferentes empleados de Correa; entre ellos, uno confeccionado por Alicia Mínguez en el que consta un pago de 30.000 euros a la tienda Forever Young, donde la trama pagó supuestamente los trajes para Camps y para otros altos cargos del PP a instancias del gerente de Orange Market, la firma valenciana de la red Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. Jordán tiene declarado que ella recibió ese disco duro, con el citado archivo dentro, de manos de Javier Nombela, imputado en Gürtel y ex asesor del concejal del PP de la Junta Municipal de Moncloa (Madrid). Jordán llegó a ver personalmente el archivo y la anotación de los 30.000 euros de Forever Young. Esta ex directiva de Gürtel declaró ante un juez de Móstoles que, cuando vio esa anotación, preguntó a Nombela sobre ella y éste le dijo que era de los trajes de Camps.
ACTO DE CONCILIACIÓN DE COSPEDAL.- Los socialistas han promovido un acto de conciliación con la secretaria general del PP y presidenta de los conservadores de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a quien piden que reconozca que acusó sin pruebas al PSOE de contratar detectives privados para investigar a miembros del PP, según se cuenta en Público. Además, le reclaman que admita que sus manifestaciones son falsas y que lo ha hecho con el fin de lesionar el honor y dignidad de sus adversarios políticos. En definitiva, le piden que se retracte públicamente y le avisan de que, de no atender a estas peticiones, la formación liderada por José María Barreda iniciará cuantas acciones legales vea necesarias en su defensa. El acto de conciliación tiene como objeto intentar que las partes puedan ponerse de acuerdo antes de comenzar un procedimiento judicial. Pero lo más seguro es que Cospedal no se presente. Es lo que ocurrió cuando el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid la citó para que se ratificara o retractara de las acusaciones que realizó en agosto de 2009, cuando denunció sin pruebas la existencia de supuestas escuchas ilegales a su partido por parte del Gobierno. El PP de Castilla-La Mancha se ratificó ayer en su denuncia pública y dijo que también estudia la posibilidad de acudir a los tribunales. Para los conservadores, una evidencia de que los socialistas están detrás del espionaje es que el director de la agencia de detectives, Isidro García, es militante del PSOE. De acuerdo con esta teoría, cualquier afiliado a un partido político estaría bajo sospecha para trabajar como detective. Y, en cualquier caso, Cospedal siguió sin aportar prueba alguna de que el encargo que denuncia lo haya realizado algún socialista. El PP exigió ayer la dimisión o del número dos del PSOE en esta comunidad, José Manuel Caballero, y la expulsión de García del partido. Mariano Rajoy resaltó el "cuajo" de Cospedal por "soportar" la "campaña" que, a su juicio, están desarrollando contra ella.
DIFICULTADES DE LIQUIDEZ EN NUEVA RUMASA.- Nueva Rumasa necesita financiación a corto plazo. Los problemas de liquidez que atraviesan varias compañías del grupo han obligado a la familia Ruiz Mateos a recurrir a distintas alternativas con las que poder afrontar sus compromisos con proveedores y acreedores. Sin embargo, en las últimas semanas, el holding ha sido objeto de varias demandas por impago, la última de las cuales, dictada ayer jueves por un Juzgado de Primer Instancia de Madrid, ha provocado el embargo preventivo de siete fincas de su propiedad, según relata El Confidencial. En esta ocasión, el demandante es la familia Radó, con la que los Ruiz-Mateos acumula retrasos en el abono de pagarés nominativos por un total de 1,2 millones de euros, cantidad derivada de la compra de dos hoteles en las Islas Canarias, de los que los demandantes eran accionistas minoritarios. La justificación de los retrasos, según la familia, no hace referencia a problemas de liquidez, sino al incumplimiento de contrato, según el cual el vendedor se había comprometido a ¨dotar a las instalaciones hoteleras de las licencias oportunas¨. Más allá de la ejecución de las fincas, Nueva Rumasa afronta un problema de liquidez reconocido, sobre todo después de que las ¨líneas de crédito a largo se hayan reducido drásticamente¨. Esta situación provocó que la familia optara por financiarse acudiendo al mercado de particulares, sin intermediarios bancarios. Sus famosas emisiones de pagarés, hasta cuatro, la última con rentabilidad anual del 10%, por el 8 por 100 de la prima emitida a comienzos de 2009, han colocado al holding en el centro de atención, en buena parte por las advertencias realizadas por la CNMV. Para estas emisiones, los Ruiz Mateos ofrecieron como garantías activos de sus empresas más reconocidas, como Apis, Fruco, Clesa o Duhl. Esta financiación, siempre a corto, con vencimientos a doce meses, ha sido empleada, sin embargo, para financiar el circulante de otras compañías del holding, lo que explicaría que entre las sociedades de Nueva Rumasa se deban entre sí cerca de 240 millones de euros. A esta relación de pasivos hay que sumar la deuda bancaria existente, que al cierre de 2010 supera los 700 millones y por la que responde un patrimonio de 5.900 millones. Esta delicada estructura financiera ya provocó que, a finales del mes de diciembre, el colectivo de ganaderos aragoneses iniciara acciones legales contra Nueva Rumasa por los impagos acumulados de Clesa desde el verano de 2010. En este caso, la judicialización del conflicto sirvió para que los ganaderos y los Ruiz Mateos alcanzaran un acuerdo, que implicaba un nuevo calendario de pagos mucho más corto, ya que el fabricante lácteo había estirado los pagos de 30 a 90 días, utilizando así a los proveedores como herramienta para financiarse la compra de la materia prima. La marcha de su compañía insignia no es precisamente la mejor. Esta semana se ha sabido que Clesa negocia con los representantes sindicales un ERE, Expediente de Regulación de Empleo temporal para su planta de Madrid, que tendrá una duración máxima de 18 meses y para el que propone una reducción de jornada y disminución de sueldo para no incluir despidos. A esta situación hay que añadir el cese de la actividad de la compañía láctea en la planta de yogures de Sevilla que tenía alquilada a Capsa y cuya producción se traslada a su planta de Caldas de Reis (Pontevedra). Para salvar la crisis, los Ruiz Mateos han optado por redimensionar su holding, ¨ajustándonos a la demanda del mercado¨, y buscar nuevas vías de financiación. En este sentido, los activos inmobiliarios son una alternativa para obtener liquidez. Algunos sirvieron para avalar los primeros pagarés, mientras que ahora Nueva Rumasa pretende hacer un “sale&lease lack de inmuebles”, bien sean fabriles u hoteleros, para obtener hasta 200 millones, manteniendo la gestión y con opción de recompra. En lugar de recurrir a una de las consultoras de referencia del sector, el holding de la abeja se ha encomendado a la estadounidense Shelby Financial Group. Esta opción no ha sido la única reciente. Según informó la propia familia, Nueva Rumasa vendió a comienzos del pasado mes de diciembre un 5 por 100 de Cacaolat a la sociedad de inversión Esteve Cavaller, liderada por el empresario catalán Manuel Esteve, por un importe de 9 millones de euros. Años atrás, la familia dijo haber tenido ofertas por el total de la compañía, a pesar de las cuales no aceptó vender, situación que sí estaría dispuesta a hacer ahora, pero llegando sólo hasta el 25%, una desinversión con la que haría una caja de 30 millones. En esta búsqueda urgente de socios, Ruiz Mateos haber cerrado con éxito la ampliación de capital de Clesa, equivalente a un 5%, por la que ha obtenido 13,2 millones de euros, aunque se desconoce la identidad de los inversores. Esta necesidad de financiación ha llevado a la familia a viajar recientemente a Italia, donde mantuvieron un encuentro con Marina Berlusconi, hija del primer ministro italiano y presidenta del conglomerado empresarial Fininvest, con los que, a falta de noticias concretas, esperan cerrar algún acuerdo de colaboración. Pero mientras el dinero está de camino, Nueva Rumasa ha tratado de salvar su estrechez financiera estirando su relación con los proveedores al máximo. En el algunos casos, según las denuncias de los sindicatos CCOO y UGT indistintamente, estas acciones han provocado parones en la producción de alguna fábrica, como en Mahón, y conflictos con repartidores autónomos por el desabastecimiento de productos. Este escenario también lo ha sufrido la plantilla, a la que también se ha pagado con retrasos la nómina durante los últimos meses. Otra de las empresas de Nueva Rumasa en apuros es el Club Rayo Vallecano. Desde el inicio de la temporada, según fuentes internas, la plantilla ha tenido varios retrasos en el pago de nóminas, como otros equipos de Segunda, y rebajas en la retribución variable. De hecho, el conjunto franjirojo ha sido uno de los equipos, junto a Betis y Hércules, a los que la Liga de Fútbol Profesional ha impedido fichar en el mercado de invierno `por acumular deuda con sus jugadores, situación que la familia espera revertir con los ingresos televisivos.
LA ENCINA DEL ESCÁNDALO DE POZUELO.- El 'Quercus Palustris', el árbol medio seco que preside el parque de las Cárcavas en la localidad de Pozuelo de Alarcón, costó 27.600 euros, mientras que el Ayuntamiento de Pozuelo pagó a la empresa constructora 104.000 euros, según consta en la declaración a la Policía de Tomás Pastor Calleja, gerente de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que construyó el parque. El gerente dijo en esa misma declaración que el transporte costó 7.000 euros y que fue comprado en Bélgica por una empresa llamada jardinería Jafer que, posteriormente, se lo facturó a la UTE y ésta al Ayuntamiento. Para comprar ese árbol y las otras plantas viajaron tres días a Bélgica, en el otoño de 2006, al menos siete personas. Las personas de esta expedición ecologista fueron: el alcalde de Pozuelo, entonces Jesús Sepúlveda; -ex esposo de Ana Mato, y también “tocado” por el Caso Gurtel-, el teniente de alcalde (hoy alcalde), Gonzalo Aguado, y la concejala de Obras, Yolanda Estrada. También fueron al viaje el jefe de Obras del Ayuntamiento de Pozuelo, Leopoldo Gómez, y tres representantes de la empresa Jafer. Igualmente, iba un representante de cada una de las tres empresas que formaban la UTE. En el mismo atestado, el gerente fue preguntado si sabía si se hicieron pagos en efectivo a funcionarios o concejales, a lo que contestó, según la declaración, que "él no ha pagado absolutamente nada a nadie y que cree que no los ha habido". El asunto del 'Quercus Palustris' millonario es sólo la anécdota de un sumario que se sigue contra el ex alcalde Jesús Sepúlveda, el actual primer edil, Gonzalo Aguado, y varios concejales y funcionarios. Todos ellos están imputados en el caso del Parque de las Cárcavas y van desfilando por el juzgado. El próximo en declarar es el propio alcalde de Pozuelo. En las diligencias se realiza un informe sobre la citada declaración en la que la Policía judicial señala que "llama la atención que se adquieran los árboles y las plantas en un vivero belga y se utilice un vivero como intermediario". También les extraña que se compre esta planta, que tiene dificultades de adaptación y costosas condiciones de mantenimiento. La obra de las Cárcavas es todo un tratado de cómo hacer una chapuza que le ha costado al Ayuntamiento muchos miles de euros. El presupuesto de la obra que adjudicó el Ayuntamiento fue de 4,5 millones de euros, IVA incluido. Posteriormente se hizo una modificación que supuso un incremento del 100% y además se cobró al Ayuntamiento un contrato de mantenimiento de 625.000 euros, cuando estaba incluido en la adjudicación. Pero en los últimos días el juez ha incluido en el sumario un anónimo que abre nuevas vías de investigación. En el texto, que entró en el juzgado el día 4 de enero, se lanzan una serie de improperios contra el jefe de Obras del Ayuntamiento, Leopoldo Gómez, ("maleducado, faltón, mal hablado, mal compañero, tramposo, ladrón y putero"), pero también se dan pistas que podrían investigar los jueces. El texto señala que los contratistas tenían que elaborar los proyectos en su estudio con el beneplácito de los alcaldes (Martín Crespo y Sepúlveda, los dos del PP). El anónimo acusa a Gómez de hacer la mayor parte de los proyectos tanto los públicos como los privados y anima al juez a preguntar por las relaciones con Mariano Tello ("del que llegó a ser socio") o revisar sus contactos con Hispánica, Grupo Civil, Mosa, Stlima, Velasco y Asfaltos Vicálvaro. A muchos, añade, les exigía que fuesen a su estudio Elmur S.A. para hacer los proyectos "si querían evitar problemas a la hora de la recepción". También dice que imponía quién debía ejecutar la obra. "Como de tonto no tiene un pelo,—añade— jamás ha cobrado él o ha firmado ningún proyecto, siempre han sido amigos o familiares quienes lo han hecho y después se lo ha facturado, por lo que cruzando información fiscal de sus sociedades sería sencillo descubrir cómo lo ha hecho". Señala que también "se lo ha llevado" de los concursos de mantenimiento, señalización, asfalto, alcantarillado.... Y que el 'caso Gürtel' le ha estropeado el negocio, pues tenía previsto llevarse en una operación dos millones de euros. Hace referencia a una deuda de dos millones que parece que tiene en Navalcarnero, donde "tu amigo Baltasar Santos (alcalde) por hacerte caso, saltándose la ley te lo ha adjudicado sin concurso y te van a pillar".
LOS BATASUNOS QUIEREN QUE SE LEGALICE SU “NUEVO” PARTIDO.- Esta es la repetición de una historia ya conocida: Los batasunos dicen aspirar a ser un partido cumplidor de la ley, y reclaman su legalización como cualquier otra fuerza política que se propone tener representación ciudadana. La agenda abertzale tiene unos cuantos días !”ocupados”: este lunes, presentación de estatutos de la nueva formación política abertzale; el miércoles, presentación de esos estatutos fundacionales en el Ministerio del Interior.. El día 19, una manifestación en Bilbao de apoyo a “la nueva Batasuna”, nacida en el seno de la plataforma Lokarri. La nueva batasuna, en efecto, presenta este lunes unos estatutos “como los del PSOE o el PNV”. Es decir, con el firme deseo de que sean legalizados y terminen las sospechas que vienen equiparando a Batasuna con su organización “madre”, la banda ETA. Los proetarras piensan que su declarado “rechazo a la violencia” es el salvoconducto adecuado y un santo y seña suficiente para obtener la correspondiente autorización para competir con las otras siglas en las siguientes elecciones. Y sin embargo, es seguro que hay más de una oposición. Muchos siguen pensando que Batasuna es un caballo de Troya con el que ETA pretende instalarse y beneficiarse de la democracia. Por ejemplo, cuenta de entrada con la la oposición de socialistas y populares, quienes, de entrada, no se fían de este nuevo intento batasuno para colarse en las instituciones, por sospechar que su estrategia consiste en combinar bombas y votos... Y lo más probable es que el asunto termine en manos del ministerio fiscal y de los jueces, hasta que se demuestre, si la tienen, su buena voluntad y propósitos perfecta e indiscutiblemente democráticos. A favor de los opuestos a la legalización funcionará la idea de que el nuevo partido no romperá con ETA, y más bien tratará de seguir teniendo una relación “fraternal” con la banda, por más que la nueva Batasuna haya rechazado “cualquier violencia de ETA si la hubiera”. Se desmarcan de la banda..., pero no demasiado, por más que algunos recuerden que, en el último año, la izquierda abertzale ha pasado de callar ante la violencia a cuestionarla y rechazara. ¿Pero es bastante, es suficiente esa actitud teórica?
Dice el diario portavoz Gara que, una vez que la izquierda abertzale confirmó que su debate interno había concluido y que no acudirá a la ventanilla con ambigüedades sino con definiciones claras y que no eludan las alusiones concretas a ETA, su posición respecto a la violencia irá en la línea de todo lo que se ha ido concretando tras el proceso interno de debate de la izquierda abertzale. Y que “serán enunciados claros e inequívocos, en favor de las vías exclusivamente pacíficas y democráticas". La nueva etiqueta pretende significar un nuevo tiempo de signo distinto en el abertzalismo vasco que hasta ahora ha sido ETA. En esta hora aparecen dos líderes en la renovada formación: Rufi Etxeberria, en la parte política, y el abogado Iñigo Iruin, en la parte jurídica. Ambos se vienen esforzando en convencernos del compromiso de la nueva formación de rechazar la violencia, incluida la de ETA, con una fórmula que se aproximará en su contenido a la que recoge en las conclusiones de su último debate interno: "La izquierda abertzale rechaza y se opone al uso de la violencia o la amenaza de su utilización para el logro de objetivos políticos, y eso incluye la violencia de ETA si la hubiera, en cualquiera de sus manifestaciones". Esta fórmula u otra similar se encuadra en un proceso iniciado ya en noviembre de 2009, con propuestas que se enmarcan en los principios que inspiraron el proceso de paz irlandés, o el acuerdo de Gernika, de septiembre, de 2010, suscrito por Aralar, Eusko Alkartasuna y la propia izquierda abertzale, y en el que se exigía a ETA, además de una tregua permanente y verificable, que avance hacia el final definitivo de la violencia. La izquierda abertzale también pretende aclarar que el nuevo partido "no puede ser utilizado para estrategias diferentes a la exclusivamente política y democrática aprobada por las bases de la izquierda abertzale", en alusión a ETA. E incluso reitera su compromiso con las vías democráticas. Proclaman los patrocinadores de la idea de “la nueva Batasuna” que no se trata sólo de superar la Ley de Partidos sino, sobre todo, de materializar un cambio sustancial en la línea de acción de la izquierda abertzale, una izquierda que deberá ajustar la nueva estrategia democrática del nuevo partido a sus estructuras organizativas, muy similares a las del PSOE o del PNV. Es decir, sustancialmente distinta a la versión anterior, cuando estaba concebida como una organización política de combate, el brazo político de la banda armada. De manera que podrá afiliarse cualquier persona mayor de edad y se financiará, entre otras fuentes, por las cotizaciones de sus afiliados, afiliados que tendrán derechos, como el de votar en sus órganos internos, ser informado, expresar sus opiniones libremente y ser elegido. También dispondrá de un órgano máximo, el Congreso Nacional, que se reunirá cada cuatro años, y una Asamblea Nacional, que lo hará, al menos, una vez al mes. El Congreso elegirá la Ejecutiva Nacional, con un mínimo de 25 miembros, y al secretario general.
Batasuna reclama que se preste atención a su nueva condición, que se le otorgue, por lo menos, el beneficio de la duda. Pero no resultará sencillo el cambio de actitud de los “demócratas de toda la vida”, que no terminan de ver un cambio radical de actitud a los hasta ahora compañeros de viaje de la Banda ETA...
LA FACTURA CATALANA QUE MAS PRESENTARÁ A ZAPATERO.- Cataluña ya tiene precio: 16.646 millones de euros. Ésta es la cifra que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, pondrá sobre la mesa de José Luis Rodríguez Zapatero, el próximo lunes, en la reunión que ambos mantendrán en La Moncloa. Esa es la cantidad que exigirá que el Estado aporte a Cataluña durante el año 2011 para que la Administración funcione, esto es, para cubrir los gastos de sanidad, educación, seguridad, servicios y transportes públicos, entre otros. Y para que sea suficiente, el Gobierno catalán ya ha entregado al Gobierno central un plan de ajuste que contempla la reducción de un 10% en los presupuestos generales para este ejercicio en relación con el año pasado, un medida histórica, según datos que proporcionó el viernes El Confidencial. Para que el plan funcione, no obstante, ha de darse la condición de que la aportación que el Estado haga a las maltrechas arcas de la Generalitat sea, como mínimo, similar a la que realizó el año pasado. Y los números elaborados por el equipo de Artur Mas ya tienen la cifra a pedir: los citados 16.646 millones citados. Claro que el Estado ha de dotar también económicamente los servicios traspasados, como la gestión de la red de Cercanías o los casos derivados de la Ley de Dependencia, porque no tiene sentido realizar transferencias a las autonomías pero no enviarles las dotaciones económicas pertinentes para poder llevar a cabo los servicios. Además, debería aplicar la disposición adicional tercera del Estatuto, que prevé una inversión anual del 18,8% del PIB catalán para ir paliando las históricas deficiencias de las infraestructuras de esta comunidad. Esto comportaría unos 2.700 millones de euros más, aunque está por ver si el Estado cumple con las obligaciones contraídas. El dinero que Cataluña pide no está inflado. El déficit fiscal que tiene la comunidad, por ejemplo, oscila entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros. Éste es el dinero que los catalanes pagan en impuestos pero que no revierte en su comunidad, sino que se queda en Madrid a pesar del déficit de servicios que padece Cataluña. Y los 16.646 millones reclamados es dinero que el Estado habría de gastar igualmente si no existiese Gobierno autonómico. Además, los nacionalistas catalanes piden un poco de manga ancha a Madrid para poder endeudarse, con lo que podrían solventar los problemas de financiación a corto plazo, ya que las arcas de la Generalitat están vacías. Y, de seguir así, se tendría que echar mano incluso de un préstamo del Gobierno central para pagar las nóminas en el mes de abril. El propio secretario general adjunto de Convergència, Oriol Pujol, ya advirtió el martes de esa situación. Y, aunque posteriormente matizó sus palabras, lo cierto es que situación es delicada: hay que hacer frente a los gastos ordinarios y se necesita dinero en efectivo para que la Administración funcione. El ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ya lleva varios días alertando de las consecuencias que los i cumplimientos de las obligaciones del Estado pueden acarrear. La semana pasada, advertía de que, ante el ahogo financiero de la Generalitat, “la alternativa que nos dejan ya sólo podría ser la independencia” ya que “gente que jamás había soñado hacerlo votaría independencia”. En el último boletín de su centro de estudios, volvía sobre el tema y subrayaba que “hemos de rechazar enérgicamente la imposición que se nos hace desde España” porque “va contra el interés no sólo de Cataluña como colectividad, sino contra su gente, contra las personas”. Pujol reivindicaba también que fueron precisamente los nacionalistas catalanes los que en mayo pasado ayudaron al Gobierno central a aprobar las medidas de ajuste que salvaron a España de ser intervenida por la Unión Europea. Y relata que en abril “vino a Barcelona una delegación de la CDU alemana, el partido de la señora Merkel. Del más alto nivel, con presidentes de los principales länder (...) y Christian Wulf, que un mes después sería nombrado presidente de Alemania. Y pidieron que desde Cataluña se ayudase a convencer a Rodríguez Zapatero para que cambiase de política en la línea que la Comisión Europea, Francia y Alemania piden. Sólo lo pudieron plantear a fondo a los dirigentes de CiU. Pero no al PP, aunque en Bruselas forman parte del mismo grupo parlamentario, a causa de su obstinación partidista”. El veterano dirigente nacionalista tiene duras palabras para los populares, que se apuntan “a la idea de la catástrofe como gran herramienta política”. Pero destaca que CiU ha actuado siempre con sentido de Estado y fue “hiper-responsable” cuando hubo que arrimar el hombro. Por ello, ante la situación de crisis, el Estado ha de estar a la altura de las circunstancias. El portavoz de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull, manifestó ayer a El Confidencial que las tesis de Pujol “son compartidas al 100%” por la formación nacionalista. “Viene a decir lo mismo que todos vamos machacando las últimas semanas. Y es que ante una coyuntura como la actual no nos podemos quedar contemplativos y debemos hacernos respetar”, afirma Turull. El portavoz convergente ya había alertado que Madrid ahoga a Cataluña premeditadamente y que “el expolio de Cataluña es más que evidente”. Pero, ¿a dónde puede llevar esta situación? “Puede abocarnos a una situación socialmente tensa -explica Jordi Turull-. Porque gente que tiene parientes en otras comunidades es la que puede comparar mejor y lo ve. Saben los impuestos que pagan y los servicios que reciben. Por eso, pedimos que nos den sólo lo que nos corresponde, ya que Cataluña ha ido más allá del sentido de la responsabilidad”. Los nacionalistas tienen claro que “no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. No nos pueden pedir que paguemos por adelantado. Y nos moveremos”. Pero no crearán “tensión por tensión, porque no es nuestro estilo”. La principal preocupación, hoy por hoy, es salir de la crisis. Y el año que viene, cuando la economía empiece a remontar el vuelo y se celebren elecciones generales, CiU tiene ya preparada su siguiente ofensiva: lograr un pacto fiscal más justo para Cataluña.
LOS TESOROS DE LA TRAMA GURTEL.- Dos diarios, El País y Público, dan cuenta hoy de unas informaciones coincidentes sobre los tesoros acumulados por la trama Gurtel. Según la información de El País, el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, prepara un total de 99 embargos (algunos ya están en marcha) contra bienes que atesoró la trama que dirigían Francisco Correa y el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo. Pedreira pidió en noviembre pasado a la policía que detallase los bienes muebles e inmuebles vinculados a la red Gurtel con la finalidad de tasarlos y posteriormente subastarlos para reintegrar a las arcas públicas los muchos millones de euros que la trama amasó sobornando a políticos del PP a cambio de contratas. La policía ha entregado al juez una relación de 102 bienes situados en diferentes partes de España. Prácticamente todos ellos pertenecen a Correa, aunque los tiene a nombre de sociedades interpuestas, Kintamani, Artas, Caroki, Osiris Patrimonial... Otros están a nombre de Crespo, lugarteniente de Correa, o de Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market en Valencia. Los agentes le han descubierto 25 fincas o parcelas en Cádiz, Madrid y Baleares; 18 plazas de aparcamiento en diferentes ciudades y una treintena de casas y apartamentos, muchos de ellos de lujo, en Marbella, Cádiz, Madrid y Barcelona, así como 22 vehículos (muchos de ellos de gama alta) y dos barcos radicados en Alicante. En registros hechos por la policía en viviendas de Correa los agentes también han decomisado todo un arsenal de joyas, que también serán tasadas y subastadas. El juez Pedreira quiere que todo sea subastado y se convierta en dinero que vuelva a las arcas del Estado. En la citada relación de bienes no figuran otros apartamentos que Correa tiene en Colombia, Panamá y Estados Unidos. Aparte de estos pisos, coches, fincas y plazas de garaje, la trama Gürtel esconde muchos millones en el extranjero procedentes de las comisiones que obtenía Correa merced a los pelotazos inmobiliarios que le permitían sus contactos políticos, a los que sobornaba. Los agentes han descubierto ya 33 millones en Suiza y Mónaco, y se le buscan otros 30 en EE UU.
En la información del diario Público se coincide en señalar que el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, tiene en su poder desde diciembre un informe de la Policía que enumera los bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones de los presuntos implicados en la red de corrupción y blanqueo de capitales, y que pretende, según fuentes jurídicas, conocer las propiedades con las que los eventuales condenados responderían de la responsabilidad civil que establezca una sentencia. El listado, al que ha tenido acceso Público, incluye los terrenos, viviendas, barcos y coches que acumularon durante más de una década los principales integrantes de la trama crecida a la sombra del Partido Popular. En ocasiones aparecen sus nombres como titulares y en otras, las firmas que componían la trama. Entre ellas destaca Inversiones Kintami SL, que se sitúa al final del hilo que formaba la madeja societaria con la que la trama blanqueaba el dinero en paraísos fiscales para después reintegrarlo en España a través de distintas propiedades, principalmente bienes inmuebles. El listado supone un viaje por la vida de lujo que Francisco Correa y sus principales colaboradores llevaban en las zonas más exclusivas, principalmente en Cádiz, Málaga y Madrid, aunque también en Ibiza o Galicia. En la relación también se han incluido 22 vehículos de todo tipo y cilindrada, desde el Audi A8 en el que se movía con chófer Francisco Correa a la moto de tres ruedas Bombardier Cam que Álvaro Pérez, el Bigotes, prestó al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, Ric, como se refería a él la red. El 19 de noviembre de 2010, Pedreira remitió un oficio a la UDEF y su Brigada de Blanqueo se puso manos a las obra, entregando el listado al juez tres semanas después. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pedía una relación de todos los bienes muebles e inmuebles "así como de cualquier otro tipo, que sean susceptibles de valoración y tasación pericial". Pedreira ya estableció en abril de 2010 fianzas por valor de 201,4 millones de euros a los principales cabecillas de la trama 80 en el caso de Correa en concepto de responsabilidad civil por los delitos cometidos. Aunque el listado de la Brigada de Blanqueo no incluye una estimación del valor de las posesiones de la red Gürtel, fuentes policiales consideran que la suma de las propiedades incluidas en la relación no alcanza ni el 10% de esos más de 200 millones de euros. Señalan que los vehículos se deprecian rápidamente y que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha devaluado enormemente algunos de los terrenos y viviendas. En cualquier caso, termina diciendo Público, el juez Antonio Pedreira da una absoluta prioridad a la recuperación del dinero procedente de la trama de corrupción. Y de ahí la intensa actividad en forma de comisiones rogatorias enviadas a otros países y paraísos fiscales. La investigación de la Fiscalía, la Policía y la Agencia Tributaria ya ha permitido localizar, que no recuperar, 63 millones de euros en el exterior.
En el diario El País se cuenta también, sobre este Caso Gurtel de innumerables ramificaciones, que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez instructor del caso que ordene la remisión al Tribunal Superior de Justicia de Valencia de un archivo de Excel que probaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros a la tienda Forever Young de Madrid para pagar trajes destinados al presidente de Valencia, Francisco Camps, y a otros altos cargos de su Ejecutivo. La fiscalía quiere que ese archivo sea aportado "al procedimiento del Tribunal del Jurado 1/09", que es el que tramita el magistrado del Tribunal Superior de Valencia José Flors contra Camps, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, y el ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. Según esta información el juez Flors ha terminado ya la investigación sobre la causa de los trajes, y decidirá en breve si abre juicio contra Camps y los otros imputados por un posible delito de cohecho impropio del artículo 426 del Código Penal, que castiga al funcionario público que acepta regalos en función de su cargo. El archivo, cuya remisión a Valencia pide Anticorrupción, está incluido en un disco duro que en su día aportó ante notario Isabel Jordán, administradora de Easy Concept, una de las principales empresas del entramado de la Red Gurtel que dirigía Francisco Correa. En el disco duro había carpetas de contabilidad elaboradas por diferentes empleados de Correa; entre ellos, uno confeccionado por Alicia Mínguez en el que consta un pago de 30.000 euros a la tienda Forever Young, donde la trama pagó supuestamente los trajes para Camps y para otros altos cargos del PP a instancias del gerente de Orange Market, la firma valenciana de la red Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes. Jordán tiene declarado que ella recibió ese disco duro, con el citado archivo dentro, de manos de Javier Nombela, imputado en Gürtel y ex asesor del concejal del PP de la Junta Municipal de Moncloa (Madrid). Jordán llegó a ver personalmente el archivo y la anotación de los 30.000 euros de Forever Young. Esta ex directiva de Gürtel declaró ante un juez de Móstoles que, cuando vio esa anotación, preguntó a Nombela sobre ella y éste le dijo que era de los trajes de Camps.
ACTO DE CONCILIACIÓN DE COSPEDAL.- Los socialistas han promovido un acto de conciliación con la secretaria general del PP y presidenta de los conservadores de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, a quien piden que reconozca que acusó sin pruebas al PSOE de contratar detectives privados para investigar a miembros del PP, según se cuenta en Público. Además, le reclaman que admita que sus manifestaciones son falsas y que lo ha hecho con el fin de lesionar el honor y dignidad de sus adversarios políticos. En definitiva, le piden que se retracte públicamente y le avisan de que, de no atender a estas peticiones, la formación liderada por José María Barreda iniciará cuantas acciones legales vea necesarias en su defensa. El acto de conciliación tiene como objeto intentar que las partes puedan ponerse de acuerdo antes de comenzar un procedimiento judicial. Pero lo más seguro es que Cospedal no se presente. Es lo que ocurrió cuando el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Madrid la citó para que se ratificara o retractara de las acusaciones que realizó en agosto de 2009, cuando denunció sin pruebas la existencia de supuestas escuchas ilegales a su partido por parte del Gobierno. El PP de Castilla-La Mancha se ratificó ayer en su denuncia pública y dijo que también estudia la posibilidad de acudir a los tribunales. Para los conservadores, una evidencia de que los socialistas están detrás del espionaje es que el director de la agencia de detectives, Isidro García, es militante del PSOE. De acuerdo con esta teoría, cualquier afiliado a un partido político estaría bajo sospecha para trabajar como detective. Y, en cualquier caso, Cospedal siguió sin aportar prueba alguna de que el encargo que denuncia lo haya realizado algún socialista. El PP exigió ayer la dimisión o del número dos del PSOE en esta comunidad, José Manuel Caballero, y la expulsión de García del partido. Mariano Rajoy resaltó el "cuajo" de Cospedal por "soportar" la "campaña" que, a su juicio, están desarrollando contra ella.
DIFICULTADES DE LIQUIDEZ EN NUEVA RUMASA.- Nueva Rumasa necesita financiación a corto plazo. Los problemas de liquidez que atraviesan varias compañías del grupo han obligado a la familia Ruiz Mateos a recurrir a distintas alternativas con las que poder afrontar sus compromisos con proveedores y acreedores. Sin embargo, en las últimas semanas, el holding ha sido objeto de varias demandas por impago, la última de las cuales, dictada ayer jueves por un Juzgado de Primer Instancia de Madrid, ha provocado el embargo preventivo de siete fincas de su propiedad, según relata El Confidencial. En esta ocasión, el demandante es la familia Radó, con la que los Ruiz-Mateos acumula retrasos en el abono de pagarés nominativos por un total de 1,2 millones de euros, cantidad derivada de la compra de dos hoteles en las Islas Canarias, de los que los demandantes eran accionistas minoritarios. La justificación de los retrasos, según la familia, no hace referencia a problemas de liquidez, sino al incumplimiento de contrato, según el cual el vendedor se había comprometido a ¨dotar a las instalaciones hoteleras de las licencias oportunas¨. Más allá de la ejecución de las fincas, Nueva Rumasa afronta un problema de liquidez reconocido, sobre todo después de que las ¨líneas de crédito a largo se hayan reducido drásticamente¨. Esta situación provocó que la familia optara por financiarse acudiendo al mercado de particulares, sin intermediarios bancarios. Sus famosas emisiones de pagarés, hasta cuatro, la última con rentabilidad anual del 10%, por el 8 por 100 de la prima emitida a comienzos de 2009, han colocado al holding en el centro de atención, en buena parte por las advertencias realizadas por la CNMV. Para estas emisiones, los Ruiz Mateos ofrecieron como garantías activos de sus empresas más reconocidas, como Apis, Fruco, Clesa o Duhl. Esta financiación, siempre a corto, con vencimientos a doce meses, ha sido empleada, sin embargo, para financiar el circulante de otras compañías del holding, lo que explicaría que entre las sociedades de Nueva Rumasa se deban entre sí cerca de 240 millones de euros. A esta relación de pasivos hay que sumar la deuda bancaria existente, que al cierre de 2010 supera los 700 millones y por la que responde un patrimonio de 5.900 millones. Esta delicada estructura financiera ya provocó que, a finales del mes de diciembre, el colectivo de ganaderos aragoneses iniciara acciones legales contra Nueva Rumasa por los impagos acumulados de Clesa desde el verano de 2010. En este caso, la judicialización del conflicto sirvió para que los ganaderos y los Ruiz Mateos alcanzaran un acuerdo, que implicaba un nuevo calendario de pagos mucho más corto, ya que el fabricante lácteo había estirado los pagos de 30 a 90 días, utilizando así a los proveedores como herramienta para financiarse la compra de la materia prima. La marcha de su compañía insignia no es precisamente la mejor. Esta semana se ha sabido que Clesa negocia con los representantes sindicales un ERE, Expediente de Regulación de Empleo temporal para su planta de Madrid, que tendrá una duración máxima de 18 meses y para el que propone una reducción de jornada y disminución de sueldo para no incluir despidos. A esta situación hay que añadir el cese de la actividad de la compañía láctea en la planta de yogures de Sevilla que tenía alquilada a Capsa y cuya producción se traslada a su planta de Caldas de Reis (Pontevedra). Para salvar la crisis, los Ruiz Mateos han optado por redimensionar su holding, ¨ajustándonos a la demanda del mercado¨, y buscar nuevas vías de financiación. En este sentido, los activos inmobiliarios son una alternativa para obtener liquidez. Algunos sirvieron para avalar los primeros pagarés, mientras que ahora Nueva Rumasa pretende hacer un “sale&lease lack de inmuebles”, bien sean fabriles u hoteleros, para obtener hasta 200 millones, manteniendo la gestión y con opción de recompra. En lugar de recurrir a una de las consultoras de referencia del sector, el holding de la abeja se ha encomendado a la estadounidense Shelby Financial Group. Esta opción no ha sido la única reciente. Según informó la propia familia, Nueva Rumasa vendió a comienzos del pasado mes de diciembre un 5 por 100 de Cacaolat a la sociedad de inversión Esteve Cavaller, liderada por el empresario catalán Manuel Esteve, por un importe de 9 millones de euros. Años atrás, la familia dijo haber tenido ofertas por el total de la compañía, a pesar de las cuales no aceptó vender, situación que sí estaría dispuesta a hacer ahora, pero llegando sólo hasta el 25%, una desinversión con la que haría una caja de 30 millones. En esta búsqueda urgente de socios, Ruiz Mateos haber cerrado con éxito la ampliación de capital de Clesa, equivalente a un 5%, por la que ha obtenido 13,2 millones de euros, aunque se desconoce la identidad de los inversores. Esta necesidad de financiación ha llevado a la familia a viajar recientemente a Italia, donde mantuvieron un encuentro con Marina Berlusconi, hija del primer ministro italiano y presidenta del conglomerado empresarial Fininvest, con los que, a falta de noticias concretas, esperan cerrar algún acuerdo de colaboración. Pero mientras el dinero está de camino, Nueva Rumasa ha tratado de salvar su estrechez financiera estirando su relación con los proveedores al máximo. En el algunos casos, según las denuncias de los sindicatos CCOO y UGT indistintamente, estas acciones han provocado parones en la producción de alguna fábrica, como en Mahón, y conflictos con repartidores autónomos por el desabastecimiento de productos. Este escenario también lo ha sufrido la plantilla, a la que también se ha pagado con retrasos la nómina durante los últimos meses. Otra de las empresas de Nueva Rumasa en apuros es el Club Rayo Vallecano. Desde el inicio de la temporada, según fuentes internas, la plantilla ha tenido varios retrasos en el pago de nóminas, como otros equipos de Segunda, y rebajas en la retribución variable. De hecho, el conjunto franjirojo ha sido uno de los equipos, junto a Betis y Hércules, a los que la Liga de Fútbol Profesional ha impedido fichar en el mercado de invierno `por acumular deuda con sus jugadores, situación que la familia espera revertir con los ingresos televisivos.
LA ENCINA DEL ESCÁNDALO DE POZUELO.- El 'Quercus Palustris', el árbol medio seco que preside el parque de las Cárcavas en la localidad de Pozuelo de Alarcón, costó 27.600 euros, mientras que el Ayuntamiento de Pozuelo pagó a la empresa constructora 104.000 euros, según consta en la declaración a la Policía de Tomás Pastor Calleja, gerente de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que construyó el parque. El gerente dijo en esa misma declaración que el transporte costó 7.000 euros y que fue comprado en Bélgica por una empresa llamada jardinería Jafer que, posteriormente, se lo facturó a la UTE y ésta al Ayuntamiento. Para comprar ese árbol y las otras plantas viajaron tres días a Bélgica, en el otoño de 2006, al menos siete personas. Las personas de esta expedición ecologista fueron: el alcalde de Pozuelo, entonces Jesús Sepúlveda; -ex esposo de Ana Mato, y también “tocado” por el Caso Gurtel-, el teniente de alcalde (hoy alcalde), Gonzalo Aguado, y la concejala de Obras, Yolanda Estrada. También fueron al viaje el jefe de Obras del Ayuntamiento de Pozuelo, Leopoldo Gómez, y tres representantes de la empresa Jafer. Igualmente, iba un representante de cada una de las tres empresas que formaban la UTE. En el mismo atestado, el gerente fue preguntado si sabía si se hicieron pagos en efectivo a funcionarios o concejales, a lo que contestó, según la declaración, que "él no ha pagado absolutamente nada a nadie y que cree que no los ha habido". El asunto del 'Quercus Palustris' millonario es sólo la anécdota de un sumario que se sigue contra el ex alcalde Jesús Sepúlveda, el actual primer edil, Gonzalo Aguado, y varios concejales y funcionarios. Todos ellos están imputados en el caso del Parque de las Cárcavas y van desfilando por el juzgado. El próximo en declarar es el propio alcalde de Pozuelo. En las diligencias se realiza un informe sobre la citada declaración en la que la Policía judicial señala que "llama la atención que se adquieran los árboles y las plantas en un vivero belga y se utilice un vivero como intermediario". También les extraña que se compre esta planta, que tiene dificultades de adaptación y costosas condiciones de mantenimiento. La obra de las Cárcavas es todo un tratado de cómo hacer una chapuza que le ha costado al Ayuntamiento muchos miles de euros. El presupuesto de la obra que adjudicó el Ayuntamiento fue de 4,5 millones de euros, IVA incluido. Posteriormente se hizo una modificación que supuso un incremento del 100% y además se cobró al Ayuntamiento un contrato de mantenimiento de 625.000 euros, cuando estaba incluido en la adjudicación. Pero en los últimos días el juez ha incluido en el sumario un anónimo que abre nuevas vías de investigación. En el texto, que entró en el juzgado el día 4 de enero, se lanzan una serie de improperios contra el jefe de Obras del Ayuntamiento, Leopoldo Gómez, ("maleducado, faltón, mal hablado, mal compañero, tramposo, ladrón y putero"), pero también se dan pistas que podrían investigar los jueces. El texto señala que los contratistas tenían que elaborar los proyectos en su estudio con el beneplácito de los alcaldes (Martín Crespo y Sepúlveda, los dos del PP). El anónimo acusa a Gómez de hacer la mayor parte de los proyectos tanto los públicos como los privados y anima al juez a preguntar por las relaciones con Mariano Tello ("del que llegó a ser socio") o revisar sus contactos con Hispánica, Grupo Civil, Mosa, Stlima, Velasco y Asfaltos Vicálvaro. A muchos, añade, les exigía que fuesen a su estudio Elmur S.A. para hacer los proyectos "si querían evitar problemas a la hora de la recepción". También dice que imponía quién debía ejecutar la obra. "Como de tonto no tiene un pelo,—añade— jamás ha cobrado él o ha firmado ningún proyecto, siempre han sido amigos o familiares quienes lo han hecho y después se lo ha facturado, por lo que cruzando información fiscal de sus sociedades sería sencillo descubrir cómo lo ha hecho". Señala que también "se lo ha llevado" de los concursos de mantenimiento, señalización, asfalto, alcantarillado.... Y que el 'caso Gürtel' le ha estropeado el negocio, pues tenía previsto llevarse en una operación dos millones de euros. Hace referencia a una deuda de dos millones que parece que tiene en Navalcarnero, donde "tu amigo Baltasar Santos (alcalde) por hacerte caso, saltándose la ley te lo ha adjudicado sin concurso y te van a pillar".
domingo, 6 de febrero de 2011
VENTAJA DEL PP SOBRE ZAPATERO Y RAJOY, SEGUN ENCUESTAS DE EL PAÍS Y EL MUNDO. ES MENOR LA VENTAJA SOBRE RUBALCABA QUE SOBRE ZAPATERO.
VENTAJA DE RAJOY SOBRE ZAPATERO Y RUBALCABA.- Dos encuestas preelectorales publicadas este domingo en El País y El Mundo son coincidentes en señalar que con candidatos distintos a Zapatero, el PSOE también perdería las elecciones frente al PP, pero con menos distancia. Es decir, y como concluye El País, que los españoles dan por amortizado a José Luis Rodríguez Zapatero, y que la inmensa mayoría da por hecho que no se volverá a presentar a las elecciones. El nombre que se ve como más probable para encabezar la lista del PSOE es el de Alfredo Pérez Rubalcaba. Según el sondeo de Metroscopia para El primero de los diarios mencionados, Rubalcaba es el único dirigente del PSOE que estaría en condiciones de disputar las elecciones generales al PP. El vicepresidente primero y ministro del Interior no garantiza, de ninguna manera, una victoria electoral de los socialistas, pero eleva las expectativas de su partido lo suficiente como para despertar cierta esperanza entre los suyos. Si con Zapatero la ventaja del PP sobre el PSOE es de más de 14 puntos, con Rubalcaba esa ventaja se reduce a solo cuatro puntos. Esa diferencia sería salvable en más de un año que queda hasta las generales y con una campaña electoral. También con acontecimientos que están dentro de lo previsible, como la visualización del final de ETA, en el que el titular de Interior tendría un papel estelar. Concretamente, el 40,5% asegura que con Rubalcaba votaría al PSOE, frente al 44,1% que votaría al PP de Rajoy. Según la encuesta, el PP tiene una clara ventaja en las encuestas gracias a la inquebrantable movilización de sus votantes, mientras que los electores del PSOE están desmotivados o dispuestos a apoyar a otras opciones, como Izquierda Unida o UPyD. Con Rubalcaba, según el sondeo, sí se produce esa movilización de los electores posibles del PSOE. Con él como cabeza de lista, el PSOE está en condiciones de mantener a más de dos tercios de su antiguo electorado, mientras que con Zapatero ese nivel de fidelidad no llega a la mitad. El número dos del Gobierno consigue hacer real la apelación al voto útil y provoca una polarización del voto en torno a los dos principales partidos y en detrimento de otros minoritarios. Pese a todo y aun con Rubalcaba como cabeza de lista, hay un 11% de votantes del PSOE que, en este momento, han abandonado esa opción. En esa bolsa estaría el objetivo de los socialistas para lograr la difícil remontada. También para mitigar las malas expectativas que tienen para las municipales y autonómicas del mes de mayo, donde los candidatos de cada municipio y autonomía pueden pagar en sus carnes el desgaste del Gobierno. Rubalcaba es, obviamente, el ministro con mejor valoración, con mucha diferencia sobre el resto, mientras que Leire Pajín y Manuel Chaves son los peor puntuados, con tendencia a la baja y sin terminar de tocar suelo entre los ciudadanos. Esa valoración de Rubalcaba se traduce en que el 59% considera que es el dirigente socialista con más posibilidades de ganar las elecciones a Mariano Rajoy. Es apoyado como candidato con mucha diferencia sobre Carme Chacón y José Blanco. Así, el 14% ve candidata a la ministra de Defensa y el 8% al titular de Fomento. Y solo un 3% considera que los tres tienen las mismas posibilidades. Este último dato da idea de cómo el PSOE necesita mucho más que el PP un candidato que sea capaz de movilizar. Lo que sí parece claro es que la mayoría de los españoles, incluso los votantes del PSOE, dan por amortizado a Zapatero, porque ocho de cada diez piden que no se presente. Y aunque el presidente ha decretado entre los suyos el silencio imposible sobre su futuro, hay un 47% que quiere que lo aclare cuanto antes. Su calendario no lo tiene previsto hasta después de mayo.
En cuanto a la segunda encuesta, la que proporciona El Mundo con la firma de Sigma Dos, en las actuales circunstancias, Zapatero y el PSOE cosecharían una derrota sin paliativos. Sin embargo, podría minimizarse si el actual número dos del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, fuera quien encabezara la candidatura en lugar del presidente, aunque también saldría malparada la sigla PSOE. Con Zapatero, la ventaja del PP sería de 16,1 puntos, y con Rubalcaba al frente, la derrota sería de “sólo” 12,2 puntos de distancia. Otro dato llamativo de esta segunda encuesta: La mayoría no cree que Rajoy lograría acabar con la crisis, ni brilla como futuro cabeza del Gobierno Sigue sin suscitar una ilusión clara entre los ciudadanos “quizá porque durante demasiado tiempo –se argumenta- no han percibido con nitidez sus fórmulas alternativas para gobernar el País”…
GURTEL COSTÓ 120 MILLONES AL CONTRIBUYENTE.- La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se cumplen hoy dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Y ello sin contar la evasión fiscal: se trata sólo del dinero público que se evaporó de administraciones o entidades controladas por el PP en el mayor escándalo de corrupción de la democracia. En dos años, el caso sobre la cuadrilla de Don Vito, que inició el juez Baltasar Garzón tras la denuncia de un exconcejal de Majadahonda, ha producido más de 100.000 folios que retratan la tupida red creada alrededor de los feudos del PP. Pero falta todavía un peritaje global que cuantifique el monto que manejó el grupo y qué efecto tuvo en las cuentas públicas. Sin embargo, en la vasta documentación incorporada al sumario existen ya los mimbres para hacer al menos una estimación mínima del coste para el erario público: al menos 120 millones de euros (casi 20.000 millones de pesetas) entre 2000 y 2008. La cifra incluye las adjudicaciones públicas declaradas a Hacienda aunque no por ello necesariamente legales, los contratos conseguidos a través de firmas pantalla, el dinero negro para campañas electorales, los sobornos anotados en la caja B de la trama, comisiones vehiculadas directamente en el extranjero y perjuicios adicionales para los presupuestos públicos ocasionados por determinadas operaciones. La cifra final será necesariamente superior cuando se conozcan los detalles pormenorizados de cada operación con la que se lucró la trama y se cuantifique el impacto fiscal que dejó de pagarse en las operaciones en negro. Son datos que este domingo proporciona con amplitud el diario Público. . Ya ahora, una estimación de los juristas del PSOE sitúa el monto global de adjudicaciones públicas relacionadas con la trama en un mínimo de 250 millones. Pero esta cantidad incluye los pagos legales efectuados por empresas adjudicatarias que habían contado con la intermediación de la trama y, por tanto, va más allá del dinero estrictamente manejado por la Gürtel. La parte blanqueada de esa enorme tarta de 120 millones de euros suma 48,1 millones y procede de las adjudicaciones a empresas de la trama declaradas a Hacienda a través del modelo 347, que detalla pagos y cobros a terceros. El cliente fue directamente el PP cuyos presupuestos dependen en un 90% del dinero público o administraciones bajo su control: sobre todo, el Gobierno central hasta 2004, cuando el PP perdió el poder, sus feudos autonómicos del País Valencià y la Comunidad de Madrid, y municipios de esta comunidad. Hasta 2004, el negocio se centraba en el PP, formación para la que la trama organizaba prácticamente todos los actos y campañas. Entre el partido y la FAES, la trama declaró a Hacienda una facturación de 23,4 millones de euros. El PP, en cambio, nunca declaró la relación en el modelo 347, pese a que así lo exige la ley. El partido se escuda en que ya informa al Tribunal de Cuentas, pero según todos los expertos consultados ello no le eximía de detallar también sus proveedores a la Agencia Tributaria. Tras la derrota electoral de 2004, y con Mariano Rajoy ya al frente de Génova, la trama reorientó su negocio hacia los dos grandes feudos autonómicos del PP: el País Valencià, donde declaró contratos por valor de 8,69 millones, y la Comunidad de Madrid, donde amasó directamente 9,5 millones en adjudicaciones públicas, incluyendo los municipios alrededor de la capital. El hecho de que estas entradas estuvieran declaradas a Hacienda no implica que los contratos fueran necesariamente legales. La práctica de trocear actos en contratos menores de 12.000 euros para evitar la convocatoria pública y repartirlos por varias consejerías es ilegal. Pero los ingresos de estos minicontratos sí constan en las declaraciones a la Agencia Tributaria. Los informes incorporados al sumario muestran hasta qué punto la trama tenía entrada en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Sólo en 2007, las distintas empresas controladas por Correa lograron ingresos, que declararon a Hacienda, de al menos diez consejerías y nueve organismos dependientes del Gobierno regional. La mayoría eran teóricamente contratos menores que no exigían concurso público. Otras adjudicaciones públicas gestionadas por la trama en Madrid ya no las declararon porque se otorgaron formalmente a otras empresas que la Gürtel utilizaba como pantalla para no llamar la atención. El sumario incluye informes específicos de al menos tres empresas que se prestaron a ello: Decoraciones CMR, el Grupo Rafael y Marketing Quality Management (MQM). El mecanismo siempre era el mismo. Estas empresas conseguían la adjudicación y posteriormente firmaban un contrato privado con la trama en el que le cedían el encargo a cambio de una comisión, que oscilaba entre el 5% y el 15%. Estas tres pantallas obtuvieron un mínimo de 3,4 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, cifra que incluye 1,25 millones de la publicidad fantasma Made in Madrid que MQM ganó por sugerencia de Swat SL consultora coordinada con la trama y que nunca se llegó a realizar. Este mecanismo aumentaba necesariamente el coste del servicio que pagaban los presupuestos públicos porque la comisión de la empresa pantalla se cargaba a la factura. Por ejemplo, MQM hinchó hasta un 400% determinadas facturas la Comunidad pagó en 2008 por un acto de cinco minutos en recuerdo del 11-M 118.000 euros, cuando dos años antes había costado 24.000 con idéntico formato o Decoraciones CMR llegó a cobrar el metro de moqueta a 200 euros. La gran partida en dinero opaco fue sin embargo la de comisiones y sobornos, cuyo impacto conocido alcanza ya un mínimo de 63 millones de euros: 27 desvelados por un informe policial difundido el pasado diciembre que destripaba la caja B del documento Excel incautado al contable de la trama, y 36 en otras comisiones o perjuicios conocidos después y que, por su envergadura, no estaban incluidas en el documento anterior, como el pelotazo de Arganda. Al tratarse siempre de dinero negro, ninguno de estos fondos está incluido entre las adjudicaciones públicas citadas, que exigen declarar tanto los ingresos como los pagos. Y en el informe policial se apuntan a empresas privadas como origen de los fondos: Teconsa, Sufi, Hispánica, etc. De estos 27 millones, 14 se quedaron en la trama y los otros 13 se repartieron presuntamente entre políticos que ayudaron en las adjudicaciones. Pese a que esta enorme bolsa de dinero tiene un origen privado, acaba repercutiendo siempre en el contribuyente porque la comisión y el soborno se carga en el presupuesto. A través de dos vías posibles: o encareciendo el contrato que paga la Administración de forma que el plus equivale a la comisión o abaratando la adjudicación precisamente para justificar el pago del favor. Un ejemplo del primer caso es el contrato ganado por Teconsa en Valencia por la visita del Papa, en 2006. Canal 9 le adjudicó la sonorización e instalación de pantallas por 6,3 millones. Como Teconsa es una constructora sin capacidad para cumplir el encargo, subcontrató a otra empresa, que cobró por el trabajo 3,1 millones. Las comisiones a repartir fueron 3,2 millones, pagadas, por tanto, por el contribuyente a través de Canal 9. Un ejemplo del segundo caso es el pelotazo de Arganda. Una tasación municipal valoraba los terrenos en 96 millones, pero fueron adjudicados a Martinsa por sólo 77. De ellos, 11 debían abonarse en especie, pero el pago nunca se materializó. En cambio, la trama cobró en Suiza 12,8 millones por su "intermediación en un desarrollo inmobiliario en Arganda". El perjuicio para el erario público asciende a un mínimo de 30 millones: 19 por la adjudicación a la baja y 11 por los pagos en especie reconvertidos presuntamente en el grueso de la comisión en Suiza. La última bolsa contabilizada es el dinero vehiculado ilegalmente en campañas electorales del PP. De los informes policiales se desprende un mínimo de 4,6 millones: 1,3 en el PP de Madrid en 2003 y 2004, y 3,3 en el PP valenciano en 2007 y 2008. El origen formal vuelve a ser privado al proceder de empresas. Pero el impacto final, de nuevo, es público: los informes policiales subrayan que los donantes acaparaban muchas adjudicaciones en las administraciones dirigidas por el partido cuya campaña presuntamente financiaron al margen de la ley.
LOS COBROS DE GALEOTE DE GURTEL.- Un informe de Hacienda recién incorporado al sumario Gürtel pide al juez Pedreira que reactive la investigación sobre Gerardo Galeote, eurodiputado del PP entre 1994 y 2009, actual asesor de Mariano Rajoy para asuntos europeos, y hasta ahora no imputado en el caso, según refiere el diario Público. Si en diciembre el sumario ya destapó que, entre 1996 y 2000, Galeote había estado literalmente a sueldo de la trama con cobros mensuales que comenzaron siendo de 1.500 euros y terminaron llegando a 3.000, ahora los inspectores adscritos al caso profundizan en los movimientos de las empresas radicadas en paraísos fiscales y ligadas al exeurodiputado. Hacienda destapa que la empresa June Sun International Ltd, domiciliada en la isla de Nevis y cuya conexión con Galeote ya había sido desvelada por la Policía en febrero de 2010, transfirió 10.000 euros a la mercantil Actividades Eólicas. Los inspectores firmantes del informe creen que el nombre completo de la empresa destinataria de esos fondos es Actividades Eólicas Murcianas (AEM). Los registros policiales permitieron hallar en las oficinas del abogado Luis de Miguel, imputado y supuesto testaferro de Correa y su grupo, un documento en el que el letrado se declara fiduciario en nombre de June Sun y reconoce que el beneficiario del fideicomiso es Gerardo Galeote. Asimismo, "figura vinculado" en España a la sociedad Asesoramiento y Estudios La Rochelle, "con entrada de divisas procedentes de Italia" y cuyas cuentas pide investigar Hacienda. Los fondos transferidos por June Sun a Actividades Eólicas, sostiene el informe, se ingresaron desde España el 7 de febrero de 2005. En los registros, la Policía encontró un cheque de 5.441 euros a favor de Consultoría y Gestión de Inversiones empresa también investigada con una anotación manuscrita: "Devolución préstamo AEM (Actividades Eólicas Murcianas) a Jun Sun". Los investigadores fiscales piden a Pedreira que averigüe la cuenta de procedencia y sus movimientos "para determinar las relaciones de June Sun con José Gerardo Galeote y de ambos con AEM". June Sun también transfirió dinero a Vistacourt España 2005 SL, igualmente representada por Luis de Miguel. También aquí los técnicos solicitan analizar los movimientos de divisas de una cuenta abierta en Madrid a nombre de Vistacourt. El informe recuerda cómo José Galeote, exconcejal del PP y padre de Gerardo Galeote, utilizó una sociedad portuguesa llamada Freetown Comercio para invertir 36.000 euros en Bolsa "a través de Renta 4". Hacienda reclama que se recabe de Renta 4 "la documentación correspondiente al ingreso de fondos procedente de esta sociedad [Freetown] para realizar la inversión. El informe reseña que en 2007 se realizaron dos órdenes de pago por 60.000 y 126.666 euros con cargo a la misma cuenta bancaria, abierta por Luis de Miguel Pérez en Madrid. El primer abono fue para Hercesa Inmobiliaria. El segundo, para Willow Inversiones 2002 SL, una empresa con estructura de muñeca rusa y en cuya estructura aparece de nuevo Luis de Miguel Pérez.
LOS GASTOS FARMACÉUTICOS GALLEGOS.- Según ha relatado el diario La Voz de Galicia, el Gobierno cumplió el viernes su amenaza y aprobó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de racionalización del gasto farmacéutico aprobada en el Parlamento gallego (que permite ahorrar 300.000 euros al día) y el planteamiento de un conflicto de competencias a la Xunta por la aprobación del catálogo priorizado de fármacos. El Ejecutivo entiende que ambas disposiciones vulneran las competencias del Estado en materia de coordinación de la sanidad y de legislación sobre productos farmacéuticos, además del propio régimen económico de la Seguridad Social, y pueden crear «problemas de salud». El Gobierno ha optado por la misma estrategia utilizada contra la ley gallega de cajas. Como entonces, ha preferido presentar primero el recurso para negociar después con la Xunta las posibles modificaciones desde una posición de fuerza. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo dejó claro. «Siempre es mejor un acuerdo que un pleito», señaló, aclarando que la impugnación no supone una renuncia a llegar a un consenso con la Xunta. «Si hay un acuerdo retiramos el recurso y en paz», aseguró. La presentación del recurso implica que, en cuanto sea admitido a trámite, la ley quedará paralizada durante cinco meses. Si cumplido ese plazo el Constitucional no ha emitido todavía una sentencia, el tribunal deberá decidir si prorroga o suspende esa paralización a la espera del fallo. El Ejecutivo argumenta que la ley excluye 427 presentaciones de medicamentos que no pueden ser dispensadas ni prescritas en Galicia y que pueden afectar a tratamientos de distintas patologías. «Dado que la sustitución por otros medicamentos equivalentes no se puede producir en todos los casos, pueden crearse problemas de salud», explica el informe de la Abogacía del Estado en el que se basa el recurso. En la práctica, según Rubalcaba, eso significa que «un ciudadano extremeño o madrileño tiene derecho a unos fármacos distintos a los gallegos» y que, eventualmente, si alguien que tiene prescrito un fármaco se desplaza, «en Madrid la Seguridad Social se lo paga y en Galicia, no». «¿Verdad que esto es raro, que es poco funcional?», se preguntó para desacreditar el catálogo. «Siempre es mejor un acuerdo que un pleito. Si hay un acuerdo, retiramos el recurso y en paz»
En cuanto a la segunda encuesta, la que proporciona El Mundo con la firma de Sigma Dos, en las actuales circunstancias, Zapatero y el PSOE cosecharían una derrota sin paliativos. Sin embargo, podría minimizarse si el actual número dos del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, fuera quien encabezara la candidatura en lugar del presidente, aunque también saldría malparada la sigla PSOE. Con Zapatero, la ventaja del PP sería de 16,1 puntos, y con Rubalcaba al frente, la derrota sería de “sólo” 12,2 puntos de distancia. Otro dato llamativo de esta segunda encuesta: La mayoría no cree que Rajoy lograría acabar con la crisis, ni brilla como futuro cabeza del Gobierno Sigue sin suscitar una ilusión clara entre los ciudadanos “quizá porque durante demasiado tiempo –se argumenta- no han percibido con nitidez sus fórmulas alternativas para gobernar el País”…
GURTEL COSTÓ 120 MILLONES AL CONTRIBUYENTE.- La gran fiesta de la Gürtel, la trama corrupta encabezada por Francisco Correa de cuya desarticulación se cumplen hoy dos años, dejó una costosísima factura a cuenta del contribuyente: el coste para el erario público asciende a un mínimo de 120 millones de euros, según se desprende del sumario, cuyo tronco central instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Y ello sin contar la evasión fiscal: se trata sólo del dinero público que se evaporó de administraciones o entidades controladas por el PP en el mayor escándalo de corrupción de la democracia. En dos años, el caso sobre la cuadrilla de Don Vito, que inició el juez Baltasar Garzón tras la denuncia de un exconcejal de Majadahonda, ha producido más de 100.000 folios que retratan la tupida red creada alrededor de los feudos del PP. Pero falta todavía un peritaje global que cuantifique el monto que manejó el grupo y qué efecto tuvo en las cuentas públicas. Sin embargo, en la vasta documentación incorporada al sumario existen ya los mimbres para hacer al menos una estimación mínima del coste para el erario público: al menos 120 millones de euros (casi 20.000 millones de pesetas) entre 2000 y 2008. La cifra incluye las adjudicaciones públicas declaradas a Hacienda aunque no por ello necesariamente legales, los contratos conseguidos a través de firmas pantalla, el dinero negro para campañas electorales, los sobornos anotados en la caja B de la trama, comisiones vehiculadas directamente en el extranjero y perjuicios adicionales para los presupuestos públicos ocasionados por determinadas operaciones. La cifra final será necesariamente superior cuando se conozcan los detalles pormenorizados de cada operación con la que se lucró la trama y se cuantifique el impacto fiscal que dejó de pagarse en las operaciones en negro. Son datos que este domingo proporciona con amplitud el diario Público. . Ya ahora, una estimación de los juristas del PSOE sitúa el monto global de adjudicaciones públicas relacionadas con la trama en un mínimo de 250 millones. Pero esta cantidad incluye los pagos legales efectuados por empresas adjudicatarias que habían contado con la intermediación de la trama y, por tanto, va más allá del dinero estrictamente manejado por la Gürtel. La parte blanqueada de esa enorme tarta de 120 millones de euros suma 48,1 millones y procede de las adjudicaciones a empresas de la trama declaradas a Hacienda a través del modelo 347, que detalla pagos y cobros a terceros. El cliente fue directamente el PP cuyos presupuestos dependen en un 90% del dinero público o administraciones bajo su control: sobre todo, el Gobierno central hasta 2004, cuando el PP perdió el poder, sus feudos autonómicos del País Valencià y la Comunidad de Madrid, y municipios de esta comunidad. Hasta 2004, el negocio se centraba en el PP, formación para la que la trama organizaba prácticamente todos los actos y campañas. Entre el partido y la FAES, la trama declaró a Hacienda una facturación de 23,4 millones de euros. El PP, en cambio, nunca declaró la relación en el modelo 347, pese a que así lo exige la ley. El partido se escuda en que ya informa al Tribunal de Cuentas, pero según todos los expertos consultados ello no le eximía de detallar también sus proveedores a la Agencia Tributaria. Tras la derrota electoral de 2004, y con Mariano Rajoy ya al frente de Génova, la trama reorientó su negocio hacia los dos grandes feudos autonómicos del PP: el País Valencià, donde declaró contratos por valor de 8,69 millones, y la Comunidad de Madrid, donde amasó directamente 9,5 millones en adjudicaciones públicas, incluyendo los municipios alrededor de la capital. El hecho de que estas entradas estuvieran declaradas a Hacienda no implica que los contratos fueran necesariamente legales. La práctica de trocear actos en contratos menores de 12.000 euros para evitar la convocatoria pública y repartirlos por varias consejerías es ilegal. Pero los ingresos de estos minicontratos sí constan en las declaraciones a la Agencia Tributaria. Los informes incorporados al sumario muestran hasta qué punto la trama tenía entrada en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Sólo en 2007, las distintas empresas controladas por Correa lograron ingresos, que declararon a Hacienda, de al menos diez consejerías y nueve organismos dependientes del Gobierno regional. La mayoría eran teóricamente contratos menores que no exigían concurso público. Otras adjudicaciones públicas gestionadas por la trama en Madrid ya no las declararon porque se otorgaron formalmente a otras empresas que la Gürtel utilizaba como pantalla para no llamar la atención. El sumario incluye informes específicos de al menos tres empresas que se prestaron a ello: Decoraciones CMR, el Grupo Rafael y Marketing Quality Management (MQM). El mecanismo siempre era el mismo. Estas empresas conseguían la adjudicación y posteriormente firmaban un contrato privado con la trama en el que le cedían el encargo a cambio de una comisión, que oscilaba entre el 5% y el 15%. Estas tres pantallas obtuvieron un mínimo de 3,4 millones de euros en adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, cifra que incluye 1,25 millones de la publicidad fantasma Made in Madrid que MQM ganó por sugerencia de Swat SL consultora coordinada con la trama y que nunca se llegó a realizar. Este mecanismo aumentaba necesariamente el coste del servicio que pagaban los presupuestos públicos porque la comisión de la empresa pantalla se cargaba a la factura. Por ejemplo, MQM hinchó hasta un 400% determinadas facturas la Comunidad pagó en 2008 por un acto de cinco minutos en recuerdo del 11-M 118.000 euros, cuando dos años antes había costado 24.000 con idéntico formato o Decoraciones CMR llegó a cobrar el metro de moqueta a 200 euros. La gran partida en dinero opaco fue sin embargo la de comisiones y sobornos, cuyo impacto conocido alcanza ya un mínimo de 63 millones de euros: 27 desvelados por un informe policial difundido el pasado diciembre que destripaba la caja B del documento Excel incautado al contable de la trama, y 36 en otras comisiones o perjuicios conocidos después y que, por su envergadura, no estaban incluidas en el documento anterior, como el pelotazo de Arganda. Al tratarse siempre de dinero negro, ninguno de estos fondos está incluido entre las adjudicaciones públicas citadas, que exigen declarar tanto los ingresos como los pagos. Y en el informe policial se apuntan a empresas privadas como origen de los fondos: Teconsa, Sufi, Hispánica, etc. De estos 27 millones, 14 se quedaron en la trama y los otros 13 se repartieron presuntamente entre políticos que ayudaron en las adjudicaciones. Pese a que esta enorme bolsa de dinero tiene un origen privado, acaba repercutiendo siempre en el contribuyente porque la comisión y el soborno se carga en el presupuesto. A través de dos vías posibles: o encareciendo el contrato que paga la Administración de forma que el plus equivale a la comisión o abaratando la adjudicación precisamente para justificar el pago del favor. Un ejemplo del primer caso es el contrato ganado por Teconsa en Valencia por la visita del Papa, en 2006. Canal 9 le adjudicó la sonorización e instalación de pantallas por 6,3 millones. Como Teconsa es una constructora sin capacidad para cumplir el encargo, subcontrató a otra empresa, que cobró por el trabajo 3,1 millones. Las comisiones a repartir fueron 3,2 millones, pagadas, por tanto, por el contribuyente a través de Canal 9. Un ejemplo del segundo caso es el pelotazo de Arganda. Una tasación municipal valoraba los terrenos en 96 millones, pero fueron adjudicados a Martinsa por sólo 77. De ellos, 11 debían abonarse en especie, pero el pago nunca se materializó. En cambio, la trama cobró en Suiza 12,8 millones por su "intermediación en un desarrollo inmobiliario en Arganda". El perjuicio para el erario público asciende a un mínimo de 30 millones: 19 por la adjudicación a la baja y 11 por los pagos en especie reconvertidos presuntamente en el grueso de la comisión en Suiza. La última bolsa contabilizada es el dinero vehiculado ilegalmente en campañas electorales del PP. De los informes policiales se desprende un mínimo de 4,6 millones: 1,3 en el PP de Madrid en 2003 y 2004, y 3,3 en el PP valenciano en 2007 y 2008. El origen formal vuelve a ser privado al proceder de empresas. Pero el impacto final, de nuevo, es público: los informes policiales subrayan que los donantes acaparaban muchas adjudicaciones en las administraciones dirigidas por el partido cuya campaña presuntamente financiaron al margen de la ley.
LOS COBROS DE GALEOTE DE GURTEL.- Un informe de Hacienda recién incorporado al sumario Gürtel pide al juez Pedreira que reactive la investigación sobre Gerardo Galeote, eurodiputado del PP entre 1994 y 2009, actual asesor de Mariano Rajoy para asuntos europeos, y hasta ahora no imputado en el caso, según refiere el diario Público. Si en diciembre el sumario ya destapó que, entre 1996 y 2000, Galeote había estado literalmente a sueldo de la trama con cobros mensuales que comenzaron siendo de 1.500 euros y terminaron llegando a 3.000, ahora los inspectores adscritos al caso profundizan en los movimientos de las empresas radicadas en paraísos fiscales y ligadas al exeurodiputado. Hacienda destapa que la empresa June Sun International Ltd, domiciliada en la isla de Nevis y cuya conexión con Galeote ya había sido desvelada por la Policía en febrero de 2010, transfirió 10.000 euros a la mercantil Actividades Eólicas. Los inspectores firmantes del informe creen que el nombre completo de la empresa destinataria de esos fondos es Actividades Eólicas Murcianas (AEM). Los registros policiales permitieron hallar en las oficinas del abogado Luis de Miguel, imputado y supuesto testaferro de Correa y su grupo, un documento en el que el letrado se declara fiduciario en nombre de June Sun y reconoce que el beneficiario del fideicomiso es Gerardo Galeote. Asimismo, "figura vinculado" en España a la sociedad Asesoramiento y Estudios La Rochelle, "con entrada de divisas procedentes de Italia" y cuyas cuentas pide investigar Hacienda. Los fondos transferidos por June Sun a Actividades Eólicas, sostiene el informe, se ingresaron desde España el 7 de febrero de 2005. En los registros, la Policía encontró un cheque de 5.441 euros a favor de Consultoría y Gestión de Inversiones empresa también investigada con una anotación manuscrita: "Devolución préstamo AEM (Actividades Eólicas Murcianas) a Jun Sun". Los investigadores fiscales piden a Pedreira que averigüe la cuenta de procedencia y sus movimientos "para determinar las relaciones de June Sun con José Gerardo Galeote y de ambos con AEM". June Sun también transfirió dinero a Vistacourt España 2005 SL, igualmente representada por Luis de Miguel. También aquí los técnicos solicitan analizar los movimientos de divisas de una cuenta abierta en Madrid a nombre de Vistacourt. El informe recuerda cómo José Galeote, exconcejal del PP y padre de Gerardo Galeote, utilizó una sociedad portuguesa llamada Freetown Comercio para invertir 36.000 euros en Bolsa "a través de Renta 4". Hacienda reclama que se recabe de Renta 4 "la documentación correspondiente al ingreso de fondos procedente de esta sociedad [Freetown] para realizar la inversión. El informe reseña que en 2007 se realizaron dos órdenes de pago por 60.000 y 126.666 euros con cargo a la misma cuenta bancaria, abierta por Luis de Miguel Pérez en Madrid. El primer abono fue para Hercesa Inmobiliaria. El segundo, para Willow Inversiones 2002 SL, una empresa con estructura de muñeca rusa y en cuya estructura aparece de nuevo Luis de Miguel Pérez.
LOS GASTOS FARMACÉUTICOS GALLEGOS.- Según ha relatado el diario La Voz de Galicia, el Gobierno cumplió el viernes su amenaza y aprobó la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de racionalización del gasto farmacéutico aprobada en el Parlamento gallego (que permite ahorrar 300.000 euros al día) y el planteamiento de un conflicto de competencias a la Xunta por la aprobación del catálogo priorizado de fármacos. El Ejecutivo entiende que ambas disposiciones vulneran las competencias del Estado en materia de coordinación de la sanidad y de legislación sobre productos farmacéuticos, además del propio régimen económico de la Seguridad Social, y pueden crear «problemas de salud». El Gobierno ha optado por la misma estrategia utilizada contra la ley gallega de cajas. Como entonces, ha preferido presentar primero el recurso para negociar después con la Xunta las posibles modificaciones desde una posición de fuerza. El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo dejó claro. «Siempre es mejor un acuerdo que un pleito», señaló, aclarando que la impugnación no supone una renuncia a llegar a un consenso con la Xunta. «Si hay un acuerdo retiramos el recurso y en paz», aseguró. La presentación del recurso implica que, en cuanto sea admitido a trámite, la ley quedará paralizada durante cinco meses. Si cumplido ese plazo el Constitucional no ha emitido todavía una sentencia, el tribunal deberá decidir si prorroga o suspende esa paralización a la espera del fallo. El Ejecutivo argumenta que la ley excluye 427 presentaciones de medicamentos que no pueden ser dispensadas ni prescritas en Galicia y que pueden afectar a tratamientos de distintas patologías. «Dado que la sustitución por otros medicamentos equivalentes no se puede producir en todos los casos, pueden crearse problemas de salud», explica el informe de la Abogacía del Estado en el que se basa el recurso. En la práctica, según Rubalcaba, eso significa que «un ciudadano extremeño o madrileño tiene derecho a unos fármacos distintos a los gallegos» y que, eventualmente, si alguien que tiene prescrito un fármaco se desplaza, «en Madrid la Seguridad Social se lo paga y en Galicia, no». «¿Verdad que esto es raro, que es poco funcional?», se preguntó para desacreditar el catálogo. «Siempre es mejor un acuerdo que un pleito. Si hay un acuerdo, retiramos el recurso y en paz»
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