EL LUNES, DÍA CRÍTICO PARA APLACAR TENSIONES
Pocos podían vaticinar que el acuerdo para reformar la Constitución “al modo que quiere Angela Merkel”, iba a resultar tan sencillo de conseguir en el Congreso. No es menos cierto que quedan algunos “ajustes finales”: la rebelión de algunos diputados socialistas, y lo que, finalmente, harán a la hora de votar, los opuestos a la reforma: la IU de Llamazares, la UPyD de Rosa Díez, y sobre todo, los nacionalistas vascos y catalanes, a quienes la reforma recortará sus competencias para fijar el déficit anual… Este lunes, en el que muchos ciudadanos regresarán “al curro”, tras las vacaciones de agosto, será un día clave en el PSOE, tras las críticas registradas en sus filas… El PSOE vivirá, por tanto, la víspera de que el acuerdo de la reforma constitucional se discuta en el pleno del Congreso, una jornada maratoniana de reuniones para cerrar filas. El PSOE ha fijado tres reuniones para abordar ese debate y calmar los ánimos: Primera: La Ejecutiva Federal del partido, presidida por José Luis Rodríguez Zapatero, se reunirá a las diez de la mañana. A su vez, a las cinco de la tarde, el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba ha convocado a todos los secretarios generales de las federaciones. Y a las ocho se celebrará una reunión extraordinaria del grupo parlamentario, encabezado por José Antonio Alonso. De modo que la dirección del partido, los barones territoriales y los 169 diputados del partido, discutirán el texto pactado con el PP. Y en todas las reuniones intervendrá, para explicarlo, Rubalcaba.
La reunión del grupo parlamentario estaba prevista para el 13 de septiembre, pero ha sido adelantada después de que varios diputados mostraran en los últimos días su descontento por el fondo de la propuesta de Zapatero, que algunos consideran una renuncia de su ideología ante los mercados, y por las formas, ya que se enteraron cuando el presidente subió al estrado el martes. Varios habían reclamado una reunión del grupo al completo para debatirla. Pero, anteriormente, como les decía, están citados en la calle Ferraz de Madrid, sede del PSOE, los 33 miembros de la dirección del partido con Zapatero, y los 17 barones territoriales con Rubalcaba. Asistirán también José Blanco, vicesecretario general del PSOE, y Marcelino Iglesias, secretario de Organización. El candidato socialista a las generales intervendrá ante la Ejecutiva Federal por la mañana, ante los barones por la tarde y, ya a la caída del sol, se desplazará al Congreso para explicar también el acuerdo ante los 169 diputados del grupo parlamentario. El candidato del PSOE para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha invitado a sus compañeros socialistas críticos a leerse el texto acordado, poniéndose como modelo a imitar: "Yo también tenía reticencias", dijo sobre las dudas de algunos compañeros suyos de partido, antes de insistir en que el acuerdo, finalmente, es bueno para el país, porque recoge una imprescindible estabilidad presupuestaria, una cierta flexibilidad para cuando "vienen mal dadas" y una referencia europea. Rubalcaba, según José Blanco, como líder del PSOE, fue quien fijó la posición del partido durante la negociación con el PP, y el lunes tendrá la oportunidad de intervenir y explicar al resto de diputados por qué deben votar a favor del texto. La propuesta de reforma generó inicialmente un gran malestar entre varios dirigentes y diputados socialistas, si bien los ánimos se han aplacado tras la iniciativa de Rubalcaba de dejar fuera de la Carta Magna las cifras exactas de cada año del límite de déficit, que se concretarán en una ley orgánica posterior. Las quejas pasaron a centrarse en la negativa socialista a convocar un referéndum para que los ciudadanos se pronuncien en las urnas sobre esta reforma constitucional.
Muchos diputados socialistas definido “perplejos”. Argumentan que. “es un suicidio político para el PSOE”, y que no entienden cómo Zapatero ha dado tanta munición al PP a tres meses de unas elecciones”, señala Joan Tardà (ERC). “Rubalcaba debe de estar preguntándose por qué ha hecho esto Zapatero, por qué le ha hecho quedar tan mal en la foto”, añade Ana Oramas (Coalición Canaria). Ese malestar en un amplio sector del PSOE, llevó a varios diputados y veteranos del partido, como Alfonso Guerra, Guillermo Fernández Vara, Patxi López, Juan Fernando López Aguilar y Josep Borrell, a mostrar sus dudas, su desconcierto, su incomprensión o su desacuerdo total. Aunque aún se oyen aisladas voces críticas, los ánimos se han ido aplacando. El diputado gallego Xavier Carro tachó de “trágala” el acuerdo y adelantó que no tomará una decisión sobre su voto hasta el lunes, porque cree que reformar la Constitución para poner techo a la deuda y el déficit “no es de izquierdas, sino neoliberal”, aunque también opina que Rubalcaba “ha mejorado un poco la propuesta inicial de Zapatero”. Sí tiene clara una cosa: “Si se produce una votación para solicitar un referéndum, yo votaré que sí”. Antonio Gutiérrez, diputado del PSOE (sin carné) y exsecretario general de CC OO, ya avanzó que votaría en contra de la reforma. Opina que el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE, lejos de mejorar el planteamiento inicial, es aún “peor de lo que cabía esperar”, “un disparate” y una “involución constitucional”. Y subrayó que el día de la votación no debería haber disciplina de voto, porque “para poder pedir corresponsabilidad, hay que pedir una mínima participación que, en este caso, no ha existido”. José Antonio Pérez Tapias, de la corriente Izquierda Socialista opina que “Rubalcaba ha despejado la situación, pero se equivoca si no apuesta por la democracia real, en este caso, el referéndum. Hay que convencer a Rubalcaba de que con el referéndum ganamos todos”.
Se espera que el lunes también se conozca la postura de los 25 miembros del PSC. La federación nacionalista y el Partit dels Socialistes (PSC) celebrarán sendas reuniones para aclarar si apuestan o no por la convocatoria de un referéndum para votar la reforma de la Constitución para introducir un déficit máximo. El expresidente catalán, José Montilla, primer secretario del PSC, ya empezó a fijar su posición al señalar que la reforma no le entusiasma, pero que es necesaria. Así, difícilmente los socialistas catalanes se desmarcarán del PSOE, y CiU tendrá nueva munición en la campaña electoral contra su principal rival el 20-N. El líder del PSC en el Parlamento catalán, Joaquim Nadal, opinó que el acuerdo entre PP y PSOE es “mejor del que se había insinuado inicialmente” porque es más genérico y evita fijar limitaciones presupuestarias precisas en la Constitución. Nadal ha apuntado, sin embargo, que los socialistas catalanes no se pueden pronunciar taxativamente hasta saber “el detalle total del acuerdo y de la negociación con los otros partidos”. En cualquier caso, Nadal calificó de insólita y muy rápida la reforma emprendida por PSOE y PP, y, pese a que ha comprendido las circunstancias que les han llevado a tomar la decisión, ha avisado de que el método para controlar el déficit se hubiera podido establecer “perfectamente” al margen de la Ley Fundamental.
Y luego, lo que dirán y harán los nacionalistas catalanes y vascos, que ven seriamente amenazada su prerrogativa para determinar el déficit de sus cuentas anuales. CiU también quiere que haya un referéndum, y podría utilizar esa demanda como ariete para negociar su adhesión a la reforma, dado el interés que PSOE y PP han manifestado en sumar a los nacionalistas catalanes al acuerdo.
En Ferraz esperan que el lunes será día de reconciliación y de volver a ser una piña en torno a Rubalcaba.
sábado, 27 de agosto de 2011
viernes, 26 de agosto de 2011
TRAS EL CONSENSO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
LAS PREOCUPACIONES DEL PP Y LAS DEL PSOE
Tras el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para la reforma de la Constitución, ha sido muy notable el esfuerzo de los populares por reducir o anular la importancia de Rubalcaba en la operación, estrategia totalmente contraria a la que han seguido los socialistas. Sobre todo, ha correspondido a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, esa tarea. Tras felicitarse del pacto alcanzado entre su partido y el PSOE para reformar el artículo 135 de la Constitución, que ha definido como "un buen acuerdo" que dota a la economía española de la confianza que necesita, garantiza el Estado de bienestar y las políticas sociales y también la austeridad, SSS quiso dejar claro que han sido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, los que han "cerrado" el acuerdo, y ha aclarado que "no ha habido ninguna reunión" del equipo negociador del PP con el candidato del PSOE a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, pese a que fuentes socialistas habían anunciado el día anterior que el candidato socialista estaba al frente de la negociación de la reforma constitucional por parte del PSOE. Sáenz de Santamaría quiso agradecer expresamente a José Antonio Alonso "el ambiente y la lealtad" con la que ha "encabezado" las conversaciones por parte del Grupo Socialista que, según señaló, se han producido de manera "fluida y ágil". También agradeció la labor de los socialistas Francisco Fernández Marugán y Txiki Benegas. Para el PP, este pacto es bueno desde el punto de vista "económico", "porque contribuye a mejorar la confianza que tanto necesita reforzar la economía española", pero también lo es desde el punto de vista "social" ya que, según enfatizó la portavoz parlamentaria, "garantiza el Estado de bienestar y las políticas sociales, frente al descontrol en las cuentas públicas que siempre lleva a recortes sociales".Señaló que también es positivo políticamente porque "marca un consenso clave en una de las principales reformas estructurales que necesita la economía española".“La austeridad ya no es una opción sino una obligación”. La dirigente popular ha asegurado que la reforma constitucional no sólo no bloqueará las políticas sociales sino que “pone a salvo el Estado del bienestar” y “garantiza el mantenimiento de los servicios públicos”, porque facilitará que España obtenga “crédito y financiación” y dará “solvencia” a los Presupuestos. Y sobre el papel jugado en la negociación por Pérez Rubalcaba, a quien el PSOE atribuye la iniciativa de dejar fuera de la Constitución la cifra de déficit, la portavoz popular se limitó a señalar que ni ella ni nadie de la delegación del PP se ha reunido en estos días con el candidato socialista. Fuentes del PSOE habían explicado que Rubalcaba estuvo en contacto telefónico permanente con Alonso, que ha sido el interlocutor del PP. Sáenz de Santamaría subrayó que ésta es “la primera de las reformas estructurales que hay que hacer” en España, y apuntó otras: “Fiscal, laboral, de competitividad…”. Reformas cuyo contenido el PP aún no ha querido concretar en ningún foro. “Queremos formar parte del grupo de países a la vanguardia de la política económica europea”, ha dicho la portavoz. A su vez, Cristóbal Montoro, responsable de economía del PP, se ufanó de que “ningún país ha hecho esto en Europa”. El criterio esencial que PP y PSOE han acordado incluir en la Constitución obligará a las administraciones a “no incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea”. Eso quiere decir, según Sáenz de Santamaría, que “los límites de déficit y deuda que vaya marcando la UE serán de obligado cumplimiento”. Y uno de esos límites, el de deuda, figura ya en el Tratado de la Unión con una cifra fija: 60% de deuda máxima sobre el PIB. “La deuda pública española tendrá que estar en el 60% en 2020”, ha afirmado (ahora roza el 75%). El déficit deberá ser del 0,4% como máximo en 2020, pero eso será establecido en una ley orgánica. SSS recordó que la vicepresidenta Elena Salgado “defendió” la cifra del 0,35% del PIB en un principio. “Nunca hemos hecho causa ni debate de las cifras, lo que nos importaba a nosotros era establecer el principio de estabilidad presupuestaria”, dijo la portavoz del PP. Sí ha matizado que, aunque la reforma tiene un horizonte de aplicación a partir de 2020, eso no quiere decir que, a partir de ese año, empiece a aplicarse, sino que desde ahora y hasta entonces tienen que ponerse en marcha “los mecanismos que marquen la senda de la disciplina presupuestaria”, parar estar “con el contador a cero” (déficit máximo del 0,4% y deuda del 60%) en 2020. También destaca el PP el esfuerzo que viene haciendo sumar a los nacionalistas catalanes a la reforma. Pero, si no se consigue, al PP no le preocupa especialmente que la reforma salga adelante con menos consenso del obtenido por la Constitución en 1978: “PP y PSOE representan al 90% de la ciudadanía en esta Cámara”, concluyó.
Por su parte, el PSOE, tras la insistencia de varios de sus diputados, ha convocado a los 169 miembros del grupo parlamentario en el Congreso a una reunión el próximo lunes día 29, a las ocho de la tarde, víspera del pleno en el que la Cámara baja debe tomar en consideración la reforma pactada por PP y PSOE del el artículo 135 de la Constitución sobre el límite de déficit público. La reunión semanal del grupo socialista estaba prevista para el 13 de septiembre, pero el descontento surgido en sus filas por la manera en la que conocieron la reforma que tienen que votar, ha movido a la dirección del grupo a adelantar el encuentro. La mayoría de los diputados del PSOE se enteró el mismo martes por la mañana, cuando José Luis Rodríguez Zapatero lo anunció desde el estrado, de que su partido iba a impulsar una reforma de la Constitución para fijar un límite al déficit público (y, por tanto, al gasto público), algo a lo que los socialistas siempre se habían negado. Diputados del PSOE habían pedido en los últimos días una reunión del grupo parlamentario para discutir una medida que consideran demasiado relevante como para votarla sin debate previo. La diputada por Sevilla y presidenta de la Comisión de Interior en el Congreso, Carmen Hermosín, tachó el jueves de “insólito” y “chocante” que la primera reforma constitucional en tres décadas —hubo otra en 1992, obligada por el Tribunal Constitucional para adaptarse al Tratado de Maastricht— se vaya a hacer “a velocidad exprés”. Ella apoyará la reforma porque, si el Gobierno la ha planteado, confió Hermosín, “sus razones tendrá”, pero no entiende la falta de debate. Por eso pidió una reunión de todo el grupo parlamentario, para que los diputados puedan expresar sus dudas. “He echado de menos una mayor explicación”, dijo Hermosín a Europa Press. “Ya que estamos en esto, al menos debatámoslo”, concluyó la diputada sevillana. Hermosín no es la única que pidió que se adelante unos días el plenario socialista para que puedan hablar antes del pleno en el que se decidirá la toma en consideración de la reforma constitucional. Las voces críticas del PSOE, que se habían alzado la víspera contra la propuesta de reforma, quedaron acalladas el jueves después de que Elena Valenciano, jefa de campaña de Alfredo Pérez Rubalcaba, pidiera a esos descontentos “un poco de prudencia y paciencia”. “Que salgan discrepantes con esta cuestión es relativamente grave en la medida en que es comprensible que haya un debate sobre esto, y el PSOE es un partido que debate y además debate abiertamente. La gente tiene una cierta dificultad para comprenderla, incluso para compartirla, pero creo que cuando esté acordado lo compartirán”, dijo Valenciano a RNE. “Entiendo que haya muchos compañeros que tengan dificultades para verlo, que sea una decisión que les afecte, que les resulte difícil. Eso es normal”, afirmó, en “un partido que debate abiertamente” y que tiene “voces plurales, distintas personalidades”. Por su parte, el expresidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, José Montilla, declaró que no es “entusiasta” de la reforma, que en su opinión viene impuesta por Francia y Alemania. “La compra de bonos españoles por parte del BCE no ha sido gratis”, añadió Montilla.. En todo caso, en la actual situación de crisis “tiene más costes no hacer la reforma que hacerla”
Pero tiende a remitir la controversia…
Tras el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE para la reforma de la Constitución, ha sido muy notable el esfuerzo de los populares por reducir o anular la importancia de Rubalcaba en la operación, estrategia totalmente contraria a la que han seguido los socialistas. Sobre todo, ha correspondido a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, esa tarea. Tras felicitarse del pacto alcanzado entre su partido y el PSOE para reformar el artículo 135 de la Constitución, que ha definido como "un buen acuerdo" que dota a la economía española de la confianza que necesita, garantiza el Estado de bienestar y las políticas sociales y también la austeridad, SSS quiso dejar claro que han sido el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy, los que han "cerrado" el acuerdo, y ha aclarado que "no ha habido ninguna reunión" del equipo negociador del PP con el candidato del PSOE a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, pese a que fuentes socialistas habían anunciado el día anterior que el candidato socialista estaba al frente de la negociación de la reforma constitucional por parte del PSOE. Sáenz de Santamaría quiso agradecer expresamente a José Antonio Alonso "el ambiente y la lealtad" con la que ha "encabezado" las conversaciones por parte del Grupo Socialista que, según señaló, se han producido de manera "fluida y ágil". También agradeció la labor de los socialistas Francisco Fernández Marugán y Txiki Benegas. Para el PP, este pacto es bueno desde el punto de vista "económico", "porque contribuye a mejorar la confianza que tanto necesita reforzar la economía española", pero también lo es desde el punto de vista "social" ya que, según enfatizó la portavoz parlamentaria, "garantiza el Estado de bienestar y las políticas sociales, frente al descontrol en las cuentas públicas que siempre lleva a recortes sociales".Señaló que también es positivo políticamente porque "marca un consenso clave en una de las principales reformas estructurales que necesita la economía española".“La austeridad ya no es una opción sino una obligación”. La dirigente popular ha asegurado que la reforma constitucional no sólo no bloqueará las políticas sociales sino que “pone a salvo el Estado del bienestar” y “garantiza el mantenimiento de los servicios públicos”, porque facilitará que España obtenga “crédito y financiación” y dará “solvencia” a los Presupuestos. Y sobre el papel jugado en la negociación por Pérez Rubalcaba, a quien el PSOE atribuye la iniciativa de dejar fuera de la Constitución la cifra de déficit, la portavoz popular se limitó a señalar que ni ella ni nadie de la delegación del PP se ha reunido en estos días con el candidato socialista. Fuentes del PSOE habían explicado que Rubalcaba estuvo en contacto telefónico permanente con Alonso, que ha sido el interlocutor del PP. Sáenz de Santamaría subrayó que ésta es “la primera de las reformas estructurales que hay que hacer” en España, y apuntó otras: “Fiscal, laboral, de competitividad…”. Reformas cuyo contenido el PP aún no ha querido concretar en ningún foro. “Queremos formar parte del grupo de países a la vanguardia de la política económica europea”, ha dicho la portavoz. A su vez, Cristóbal Montoro, responsable de economía del PP, se ufanó de que “ningún país ha hecho esto en Europa”. El criterio esencial que PP y PSOE han acordado incluir en la Constitución obligará a las administraciones a “no incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea”. Eso quiere decir, según Sáenz de Santamaría, que “los límites de déficit y deuda que vaya marcando la UE serán de obligado cumplimiento”. Y uno de esos límites, el de deuda, figura ya en el Tratado de la Unión con una cifra fija: 60% de deuda máxima sobre el PIB. “La deuda pública española tendrá que estar en el 60% en 2020”, ha afirmado (ahora roza el 75%). El déficit deberá ser del 0,4% como máximo en 2020, pero eso será establecido en una ley orgánica. SSS recordó que la vicepresidenta Elena Salgado “defendió” la cifra del 0,35% del PIB en un principio. “Nunca hemos hecho causa ni debate de las cifras, lo que nos importaba a nosotros era establecer el principio de estabilidad presupuestaria”, dijo la portavoz del PP. Sí ha matizado que, aunque la reforma tiene un horizonte de aplicación a partir de 2020, eso no quiere decir que, a partir de ese año, empiece a aplicarse, sino que desde ahora y hasta entonces tienen que ponerse en marcha “los mecanismos que marquen la senda de la disciplina presupuestaria”, parar estar “con el contador a cero” (déficit máximo del 0,4% y deuda del 60%) en 2020. También destaca el PP el esfuerzo que viene haciendo sumar a los nacionalistas catalanes a la reforma. Pero, si no se consigue, al PP no le preocupa especialmente que la reforma salga adelante con menos consenso del obtenido por la Constitución en 1978: “PP y PSOE representan al 90% de la ciudadanía en esta Cámara”, concluyó.
Por su parte, el PSOE, tras la insistencia de varios de sus diputados, ha convocado a los 169 miembros del grupo parlamentario en el Congreso a una reunión el próximo lunes día 29, a las ocho de la tarde, víspera del pleno en el que la Cámara baja debe tomar en consideración la reforma pactada por PP y PSOE del el artículo 135 de la Constitución sobre el límite de déficit público. La reunión semanal del grupo socialista estaba prevista para el 13 de septiembre, pero el descontento surgido en sus filas por la manera en la que conocieron la reforma que tienen que votar, ha movido a la dirección del grupo a adelantar el encuentro. La mayoría de los diputados del PSOE se enteró el mismo martes por la mañana, cuando José Luis Rodríguez Zapatero lo anunció desde el estrado, de que su partido iba a impulsar una reforma de la Constitución para fijar un límite al déficit público (y, por tanto, al gasto público), algo a lo que los socialistas siempre se habían negado. Diputados del PSOE habían pedido en los últimos días una reunión del grupo parlamentario para discutir una medida que consideran demasiado relevante como para votarla sin debate previo. La diputada por Sevilla y presidenta de la Comisión de Interior en el Congreso, Carmen Hermosín, tachó el jueves de “insólito” y “chocante” que la primera reforma constitucional en tres décadas —hubo otra en 1992, obligada por el Tribunal Constitucional para adaptarse al Tratado de Maastricht— se vaya a hacer “a velocidad exprés”. Ella apoyará la reforma porque, si el Gobierno la ha planteado, confió Hermosín, “sus razones tendrá”, pero no entiende la falta de debate. Por eso pidió una reunión de todo el grupo parlamentario, para que los diputados puedan expresar sus dudas. “He echado de menos una mayor explicación”, dijo Hermosín a Europa Press. “Ya que estamos en esto, al menos debatámoslo”, concluyó la diputada sevillana. Hermosín no es la única que pidió que se adelante unos días el plenario socialista para que puedan hablar antes del pleno en el que se decidirá la toma en consideración de la reforma constitucional. Las voces críticas del PSOE, que se habían alzado la víspera contra la propuesta de reforma, quedaron acalladas el jueves después de que Elena Valenciano, jefa de campaña de Alfredo Pérez Rubalcaba, pidiera a esos descontentos “un poco de prudencia y paciencia”. “Que salgan discrepantes con esta cuestión es relativamente grave en la medida en que es comprensible que haya un debate sobre esto, y el PSOE es un partido que debate y además debate abiertamente. La gente tiene una cierta dificultad para comprenderla, incluso para compartirla, pero creo que cuando esté acordado lo compartirán”, dijo Valenciano a RNE. “Entiendo que haya muchos compañeros que tengan dificultades para verlo, que sea una decisión que les afecte, que les resulte difícil. Eso es normal”, afirmó, en “un partido que debate abiertamente” y que tiene “voces plurales, distintas personalidades”. Por su parte, el expresidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, José Montilla, declaró que no es “entusiasta” de la reforma, que en su opinión viene impuesta por Francia y Alemania. “La compra de bonos españoles por parte del BCE no ha sido gratis”, añadió Montilla.. En todo caso, en la actual situación de crisis “tiene más costes no hacer la reforma que hacerla”
Pero tiende a remitir la controversia…
SE SUPERÓ EL ESCOLLO DEL PROTAGONISMO ENTRE LOS CANDIDATOS
RUBALCABA INCORPORÓ SU FÓRMULA AL ACUERDO CONTITUCIONAL
En la madrugada del viernes al sábado, el PSOE y el PP consiguieron cerrar el acuerdo para reformar la Constitución y establecer una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, al mismo tiempo que han pactado un documento marco para una futura ley orgánica, que fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones a partir de 2020. De manera que sigue el calendario de l tramitación previsto: el 30 de agosto será tomado en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados el texto de la reforma constitucional. El 2 de septiembre se votará la reforma constitucional y se remitirá lo aprobado al Senado. Y tras la votación en el Senado, se dispone de 15 días para que un 10% de senadores o diputados pida un referéndum. El acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para modificar la Constitución con el fin de incluir en ella un principio genérico de estabilidad presupuestaria, que impide al Estado y las comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea, no fija cifras sobre los límites del déficit en el texto constitucional. Las cifras tope de déficit se recogerán en otra ley orgánica, que ambos partidos se han comprometido a aprobar antes del 30 de junio de 2012, y que precisará un déficit estructural máximo del 0,4% para el conjunto de las Administraciones públicas. El déficit no superará el 0,26% del PIB en el caso de la Administración del Estado ni el 0,14% en cada comunidad autónoma. Asimismo, las entidades locales deberán presentar un equilibrio presupuestario. Los déficits estructural y la deuda podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018 a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben el acuerdo, para atender las circunstancias de la evolución de la economía, según el texto pactado. En su nueva redacción, el artículo 135 de la Constitución constará de cinco apartados frente a los dos anteriores a la reforma. La reforma establece, también, una cierta flexibilidad sobre la superación de los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública: Se podrá superar “en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”. Tales situaciones deben ser apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso. El texto aprobado recoge, asimismo, una exposición de motivos en la que subraya que, treinta años después de la entrada de España en la Unión Europea, “en el marco de una creciente globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado social que proclama la Constitución”. El principio de acuerdo se alcanzaba una vez que ambos partidos aceptaron dejar fuera de la norma fundamental la cifra tope de déficit. El presidente Rodríguez Zapatero, había planteado en su propuesta inicial a Mariano Rajoy introducir en la Constitución un déficit máximo del 0,35%, y el líder del PP estaba de acuerdo. Pero, durante la negociación, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reclamó que esa cifra se incluyera sólo en una ley orgánica posterior, y que en la Constitución figurase un principio “genérico” de estabilidad presupuestaria. El portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, llevó esa propuesta a la mesa y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, la asumió. Ambas delegaciones han negociado contrarreloj la modificación constitucional desde el miércoles por la mañana, tras anunciarla por sorpresa Zapatero el martes en el Congreso. Los socialistas sostienen que, con la fórmula introducida en el último momento a iniciativa de Rubalcaba, se ha logrado la “máxima flexibilidad” para que el Gobierno correspondiente, en situaciones de crisis económica o de catástrofe, tenga margen de maniobra suficiente para gestionar libremente las políticas sociales. Asimismo, esta fórmula salvaguarda, según el PSOE, el objetivo que adelantó el presidente Zapatero en el debate del pasado martes: enviar a los mercados un “mensaje claro” de “austeridad y rigor”. Y, al complementar con una ley las cifras que ponen límite al déficit, permitirá que ese mensaje quede aún más claro. A su vez, fuentes del PP señalaron que el primer partido de la oposición no puso dificultades en la mesa de negociación a la propuesta de la delegación socialista de colocar fuera del texto constitucional, a través de una ley orgánica, la limitación concreta del déficit máximo. Aseguraron que fue Zapatero quien en un principio propuso establecer el 0,35% como tope de déficit, y que posteriormente el PSOE rectificó. Fuentes socialistas admitieron que la propuesta inicial del presidente a Rajoy —ambos estuvieron intercambiándose documentos antes de dejar la negociación en manos de sus portavoces parlamentarios— fue esa: un tope del 0,35% similar al que figura en la Constitución de Alemania, como también reconoció el miércoles la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Rubalcaba introdujo el jueves en la negociación la nueva fórmula, que otorga mayor flexibilidad al déficit, al no constitucionalizarlo y precisar la cifra en una ley orgánica. Paralelamente a la mesa de negociación de los portavoces del Congreso del PP y PSOE, el presidente del Gobierno y el líder del PP, también mantuvieron conversaciones telefónicas durante todo el día. El PP utilizó este dato para acusar a Rubalcaba de querer “retomar la iniciativa política para salvar su posición”, cuando eran Zapatero y Rajoy quienes negociaban. Dirigentes socialistas replicaron que existió un contacto permanente de Zapatero con Rubalcaba y de éste con la mesa negociadora, que encabezaba José Antonio Alonso por el PSOE, acompañado del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de Francisco. La crítica del PP incidía en lo sucedido el martes, cuando Rajoy acusó a Rubalcaba de haber rechazado expresamente la iniciativa de la modificación constitucional cuando el líder de la oposición la propuso hace un año. El exvicepresidente y hoy candidato se limitó a responder que Zapatero le había convencido de su necesidad la víspera del debate y que la había apoyado, tras asegurarle el presidente que contaba con el apoyo del PP. Y del mismo modo, tanto Zapatero como Rubalcaba y Rajoy mantuvieron contactos con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, para sumar a este partido al pacto. Pero este adelantó ayer que no respaldará la presentación de la propuesta ante la Cámara, y no garantizó que finalmente vote a favor. Se trata de una reforma que ya cuenta con numerosas voces críticas, entre ellas, varios miembros del Partido Socialista. Tanto el 'lehendakari' Patxi López, como el ex ministro José Borrell y el diputado Antonio Gutiérrez, han mostrado públicamente su desacuerdo con la reforma 'exprés'.
Como es fácilmente apreciable, demás del fondo de la cuestión y su oportunidad, se ha tenido que superar otro escollo nada sencillo: el protagonismo entre los dos candidatos presidenciales, Rajoy y Rubalcaba…
En la madrugada del viernes al sábado, el PSOE y el PP consiguieron cerrar el acuerdo para reformar la Constitución y establecer una disciplina de equilibrio presupuestario de las administraciones públicas, al mismo tiempo que han pactado un documento marco para una futura ley orgánica, que fijará en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones a partir de 2020. De manera que sigue el calendario de l tramitación previsto: el 30 de agosto será tomado en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados el texto de la reforma constitucional. El 2 de septiembre se votará la reforma constitucional y se remitirá lo aprobado al Senado. Y tras la votación en el Senado, se dispone de 15 días para que un 10% de senadores o diputados pida un referéndum. El acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para modificar la Constitución con el fin de incluir en ella un principio genérico de estabilidad presupuestaria, que impide al Estado y las comunidades autónomas incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos por la Unión Europea, no fija cifras sobre los límites del déficit en el texto constitucional. Las cifras tope de déficit se recogerán en otra ley orgánica, que ambos partidos se han comprometido a aprobar antes del 30 de junio de 2012, y que precisará un déficit estructural máximo del 0,4% para el conjunto de las Administraciones públicas. El déficit no superará el 0,26% del PIB en el caso de la Administración del Estado ni el 0,14% en cada comunidad autónoma. Asimismo, las entidades locales deberán presentar un equilibrio presupuestario. Los déficits estructural y la deuda podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018 a iniciativa de cualquiera de las partes que suscriben el acuerdo, para atender las circunstancias de la evolución de la economía, según el texto pactado. En su nueva redacción, el artículo 135 de la Constitución constará de cinco apartados frente a los dos anteriores a la reforma. La reforma establece, también, una cierta flexibilidad sobre la superación de los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública: Se podrá superar “en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado”. Tales situaciones deben ser apreciadas por la mayoría absoluta del Congreso. El texto aprobado recoge, asimismo, una exposición de motivos en la que subraya que, treinta años después de la entrada de España en la Unión Europea, “en el marco de una creciente globalización económica y financiera, la estabilidad presupuestaria adquiere un valor verdaderamente estructural y condicionante de la capacidad de actuación del Estado, del mantenimiento y desarrollo del Estado social que proclama la Constitución”. El principio de acuerdo se alcanzaba una vez que ambos partidos aceptaron dejar fuera de la norma fundamental la cifra tope de déficit. El presidente Rodríguez Zapatero, había planteado en su propuesta inicial a Mariano Rajoy introducir en la Constitución un déficit máximo del 0,35%, y el líder del PP estaba de acuerdo. Pero, durante la negociación, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, reclamó que esa cifra se incluyera sólo en una ley orgánica posterior, y que en la Constitución figurase un principio “genérico” de estabilidad presupuestaria. El portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, llevó esa propuesta a la mesa y la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, la asumió. Ambas delegaciones han negociado contrarreloj la modificación constitucional desde el miércoles por la mañana, tras anunciarla por sorpresa Zapatero el martes en el Congreso. Los socialistas sostienen que, con la fórmula introducida en el último momento a iniciativa de Rubalcaba, se ha logrado la “máxima flexibilidad” para que el Gobierno correspondiente, en situaciones de crisis económica o de catástrofe, tenga margen de maniobra suficiente para gestionar libremente las políticas sociales. Asimismo, esta fórmula salvaguarda, según el PSOE, el objetivo que adelantó el presidente Zapatero en el debate del pasado martes: enviar a los mercados un “mensaje claro” de “austeridad y rigor”. Y, al complementar con una ley las cifras que ponen límite al déficit, permitirá que ese mensaje quede aún más claro. A su vez, fuentes del PP señalaron que el primer partido de la oposición no puso dificultades en la mesa de negociación a la propuesta de la delegación socialista de colocar fuera del texto constitucional, a través de una ley orgánica, la limitación concreta del déficit máximo. Aseguraron que fue Zapatero quien en un principio propuso establecer el 0,35% como tope de déficit, y que posteriormente el PSOE rectificó. Fuentes socialistas admitieron que la propuesta inicial del presidente a Rajoy —ambos estuvieron intercambiándose documentos antes de dejar la negociación en manos de sus portavoces parlamentarios— fue esa: un tope del 0,35% similar al que figura en la Constitución de Alemania, como también reconoció el miércoles la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Rubalcaba introdujo el jueves en la negociación la nueva fórmula, que otorga mayor flexibilidad al déficit, al no constitucionalizarlo y precisar la cifra en una ley orgánica. Paralelamente a la mesa de negociación de los portavoces del Congreso del PP y PSOE, el presidente del Gobierno y el líder del PP, también mantuvieron conversaciones telefónicas durante todo el día. El PP utilizó este dato para acusar a Rubalcaba de querer “retomar la iniciativa política para salvar su posición”, cuando eran Zapatero y Rajoy quienes negociaban. Dirigentes socialistas replicaron que existió un contacto permanente de Zapatero con Rubalcaba y de éste con la mesa negociadora, que encabezaba José Antonio Alonso por el PSOE, acompañado del secretario de Estado de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios, José Luis de Francisco. La crítica del PP incidía en lo sucedido el martes, cuando Rajoy acusó a Rubalcaba de haber rechazado expresamente la iniciativa de la modificación constitucional cuando el líder de la oposición la propuso hace un año. El exvicepresidente y hoy candidato se limitó a responder que Zapatero le había convencido de su necesidad la víspera del debate y que la había apoyado, tras asegurarle el presidente que contaba con el apoyo del PP. Y del mismo modo, tanto Zapatero como Rubalcaba y Rajoy mantuvieron contactos con el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, para sumar a este partido al pacto. Pero este adelantó ayer que no respaldará la presentación de la propuesta ante la Cámara, y no garantizó que finalmente vote a favor. Se trata de una reforma que ya cuenta con numerosas voces críticas, entre ellas, varios miembros del Partido Socialista. Tanto el 'lehendakari' Patxi López, como el ex ministro José Borrell y el diputado Antonio Gutiérrez, han mostrado públicamente su desacuerdo con la reforma 'exprés'.
Como es fácilmente apreciable, demás del fondo de la cuestión y su oportunidad, se ha tenido que superar otro escollo nada sencillo: el protagonismo entre los dos candidatos presidenciales, Rajoy y Rubalcaba…
jueves, 25 de agosto de 2011
MÁS IMPUESTOS PARA LOS MÁS RICOS (EN FRANCIA)
EL EJEMPLO DE LOS ADINERADOS FRANCESES
Nos darían un buen susto si un grupo de compatriotas de fortuna tomaran ejemplo de sus correspondientes franceses, un grupo de 16 líderes empresariales y poseedores de grandes fortunas, que recientemente se dirigieron al Gobierno de Sarkozy ofreciéndose a pagar más impuestos ante la crisis. Cualquiera podría confeccionar una lista española como la que componen la accionista mayoritaria de L´Oreal, el director general de Société Generale, el director general de France Telecom, el presidente de Peugeot Citroen… y otros cuantos, hasta 16, que han propuesto aportar una contribución especial en atención a que el déficit y la deuda. Un tributo excepcional a los ricos para ayudar a preservar el modelo de bienestar. Admirable ejemplo, en tiempos en, quien puede, se aproxima las ayudas del poder… Muy pocos días más tarde, el Gobierno de París subía la presión fiscal a quienes ganan más de 500.000 euros, dentro del anunciado plan de ajuste para conseguir 12.000 millones de euros. Las medidas, ya explicadas por el primer ministro, François Fillon, incluyen una tasa temporal sobre los ingresos más altos del orden del 3%, la reducción del gasto público y la supresión o limitación de varias reducciones fiscales. En un ejercicio de "realismo", el Gobierno ha tenido también que revisar a la baja el crecimiento para este año, del 2% al 1,75%, y para 2012, del 2,25% al 1,75%. Argumentó Fillon que “el umbral de tolerancia a la deuda se ha sobrepasado", y que la crisis de la deuda en la zona euro y la rebaja de la nota soberana estadounidense, han hecho temer al Gobierno que Francia pierda a su vez la triple A, y explicó el objetivo de mantener la confianza de los mercados en su economía, enumerando una serie de medidas que deberían permitir al Estado ahorrar 1.000 millones de euros este mismo año y 11.000 millones el que viene. Todo para mantener, pese a un crecimiento por debajo de lo esperado, los objetivos de reducir el déficit del 5,7% esperado este año, al 4,5% el que viene, el 3% en 2013 y 2% en 2014. "Nuestro país no puede vivir constantemente por encima de sus posibilidades", añadió Fillon. Sin duda, la medida más espectacular ha sido la creación de una tasa excepcional y temporal aplicable a los más adinerados, al igual que hizo el Gobierno de Silvio Berlusconi en Italia. El Gobierno galo ha decidido aplicar esta nueva tasa a los contribuyentes que declaren en concepto de renta y capital más de 500.000 euros anuales y supondrá un recargo del 3% sobre la suma que supere esta cantidad. La medida es más simbólica que otra cosa, dado que apenas aportará unos 200 millones de euros adicionales a las arcas del Estado. Será anulada en cuanto el Gobierno cumpla el objetivo de reducción del déficit al 3%. Pero supone para el Gobierno de Sarkozy un procedimiento para lanzar el mensaje, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2012. Otro de los anuncios con un marcado valor simbólico ha sido el que se refiere a la modificación de la desfiscalización de las horas extraordinarias trabajadas. Estas horas, hasta ahora exentas, pasarán a integrarse en la base de la cotización a la Seguridad Social de las empresas. Aunque Fillon ha insistido en que no se trata de una reducción de este dispositivo, lo cierto es que se ha tocado un último tabú para el Gobierno.
Más o menos, lo que se esperaba. Hasta tal punto que antes incluso de conocerse en detalle, el socialista François Hollande, uno de los favoritos a las primarias de su partido que se celebran el mes que viene, ya había reaccionado. "Tenemos la sensación de que no quedará nada del paquete fiscal que fue votado al día siguiente de la victoria de Nicolas Sarkozy", dijo, a la vez que tildó las medidas de "bricolaje" y de "renuncia por parte del Gobierno". Ante el impuesto sobre los más ricos, consideró que no era suficiente, e ironizó: "para hacer política de izquierda, creo que estamos mejor situados".
Como dice el refranero, en todos los países cuecen habas. Y aseguran que en Francia hacen furor las alubias asturianas…
Nos darían un buen susto si un grupo de compatriotas de fortuna tomaran ejemplo de sus correspondientes franceses, un grupo de 16 líderes empresariales y poseedores de grandes fortunas, que recientemente se dirigieron al Gobierno de Sarkozy ofreciéndose a pagar más impuestos ante la crisis. Cualquiera podría confeccionar una lista española como la que componen la accionista mayoritaria de L´Oreal, el director general de Société Generale, el director general de France Telecom, el presidente de Peugeot Citroen… y otros cuantos, hasta 16, que han propuesto aportar una contribución especial en atención a que el déficit y la deuda. Un tributo excepcional a los ricos para ayudar a preservar el modelo de bienestar. Admirable ejemplo, en tiempos en, quien puede, se aproxima las ayudas del poder… Muy pocos días más tarde, el Gobierno de París subía la presión fiscal a quienes ganan más de 500.000 euros, dentro del anunciado plan de ajuste para conseguir 12.000 millones de euros. Las medidas, ya explicadas por el primer ministro, François Fillon, incluyen una tasa temporal sobre los ingresos más altos del orden del 3%, la reducción del gasto público y la supresión o limitación de varias reducciones fiscales. En un ejercicio de "realismo", el Gobierno ha tenido también que revisar a la baja el crecimiento para este año, del 2% al 1,75%, y para 2012, del 2,25% al 1,75%. Argumentó Fillon que “el umbral de tolerancia a la deuda se ha sobrepasado", y que la crisis de la deuda en la zona euro y la rebaja de la nota soberana estadounidense, han hecho temer al Gobierno que Francia pierda a su vez la triple A, y explicó el objetivo de mantener la confianza de los mercados en su economía, enumerando una serie de medidas que deberían permitir al Estado ahorrar 1.000 millones de euros este mismo año y 11.000 millones el que viene. Todo para mantener, pese a un crecimiento por debajo de lo esperado, los objetivos de reducir el déficit del 5,7% esperado este año, al 4,5% el que viene, el 3% en 2013 y 2% en 2014. "Nuestro país no puede vivir constantemente por encima de sus posibilidades", añadió Fillon. Sin duda, la medida más espectacular ha sido la creación de una tasa excepcional y temporal aplicable a los más adinerados, al igual que hizo el Gobierno de Silvio Berlusconi en Italia. El Gobierno galo ha decidido aplicar esta nueva tasa a los contribuyentes que declaren en concepto de renta y capital más de 500.000 euros anuales y supondrá un recargo del 3% sobre la suma que supere esta cantidad. La medida es más simbólica que otra cosa, dado que apenas aportará unos 200 millones de euros adicionales a las arcas del Estado. Será anulada en cuanto el Gobierno cumpla el objetivo de reducción del déficit al 3%. Pero supone para el Gobierno de Sarkozy un procedimiento para lanzar el mensaje, a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2012. Otro de los anuncios con un marcado valor simbólico ha sido el que se refiere a la modificación de la desfiscalización de las horas extraordinarias trabajadas. Estas horas, hasta ahora exentas, pasarán a integrarse en la base de la cotización a la Seguridad Social de las empresas. Aunque Fillon ha insistido en que no se trata de una reducción de este dispositivo, lo cierto es que se ha tocado un último tabú para el Gobierno.
Más o menos, lo que se esperaba. Hasta tal punto que antes incluso de conocerse en detalle, el socialista François Hollande, uno de los favoritos a las primarias de su partido que se celebran el mes que viene, ya había reaccionado. "Tenemos la sensación de que no quedará nada del paquete fiscal que fue votado al día siguiente de la victoria de Nicolas Sarkozy", dijo, a la vez que tildó las medidas de "bricolaje" y de "renuncia por parte del Gobierno". Ante el impuesto sobre los más ricos, consideró que no era suficiente, e ironizó: "para hacer política de izquierda, creo que estamos mejor situados".
Como dice el refranero, en todos los países cuecen habas. Y aseguran que en Francia hacen furor las alubias asturianas…
DIFICULTADES INTERNAS EN EL PSOE Y CON CIU, PNV, IU Y PDP
RUBALCABA NEGOCIA LA REFORMA CONSTITUCIONAL
El candidato socialista para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, dirige ya la negociación para establecer un límite constitucional al déficit y a la deuda, y lo ha hecho para garantizar una suficiente flexibilidad, según fuentes de la dirección del PSOE, que aseguran que Rubalcaba ya se ha puesto a trabajar junto al portavoz parlamentario de los socialistas, José Antonio Alonso, encargado de negociar con su homóloga del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. Con esta decisión Rubalcaba quiere garantizar que "la letra pequeña" de esta reforma constitucional permita una flexibilidad suficiente como para que el Gobierno de turno tenga margen de maniobra ante hipotéticas situaciones de emergencia. El candidato del PSOE quiere lograr que esta reforma de la Constitución no suponga recortes sociales y que cualquiera que sea la coyuntura económica están garantizadas las políticas sociales. Rubalcaba también quiere ampliar el consenso en torno a esta reforma al mayor número posible de fuerzas parlamentarias, y que el consenso sea similar al alcanzado al aprobar la Constitución en 1978. Sobre estos datos de la actualidad política vienen pesando, además, el temor a una nueva recesión así como las exigencias del Banco Central Europeo para comprar deuda española, que habrían llevado al presidente del Gobierno a pedir ayuda a los agentes sociales. Se ha sabido que el pasado 17 de agosto, Rodríguez Zapatero convocó a una reunión secreta en La Moncloa a los líderes de la CEOE, Juan Rosell; CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez con una petición concreta: que prolonguen la moderación salarial hasta 2014, año al que se pretende llegar con un déficit del 3% del PIB. En el acuerdo de negociación colectiva que acaba en 2012 se recomienda a los negociadores de convenios esa moderación salarial. La petición del Gobierno tuvo ya el miércoles sus primeros frutos, porque sindicatos y patronal se reunieron para desbloquear la negociación colectiva de 2011 como paso previo a esa prórroga. Parece, de otro lado, que las reclamaciones del BCE para comprar deuda española han inspirado al Gobierno. Se cree que en la misiva que el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, envió a Zapatero hace un par de semanas, había recomendaciones sobre política fiscal y laboral, y que pedía “medidas que incidan en la recuperación de la competitividad a través de una mayor productividad y una moderación en los costes empresariales”. O, sea, contención salarial. El Gobierno reclama que, en la prórroga de la negociación colectiva, se establezcan como criterios de revisión salarial la inflación prevista y “la evolución de la productividad en cada empresa”. Otras fuentes socialistas señalan que, en dicha carta de Trichet, podría figurar la propuesta de reforma constitucional junto a otras “más duras” y mayor coste social como el endurecimiento de la reforma laboral.
En cuanto a las conversaciones entre dirigentes de PSOE y PP para acordar una modificación de la Constitución que fije un límite al déficit público, se tiene noticia que se complicaron el miércoles por “la reclamación de una cierta flexibilidad en el compromiso de déficit por parte del PSOE. Tal flexibilidad chocó con la rigidez de la representación del PP, que encabeza con Soraya Sáenz de Santamaría. “El PP ha venido con un planteamiento de equilibrio puro y duro, de déficit cero”, explicaron los socialistas. La negociación se desarrolla contra reloj, porque debe cerrarse este viernes, para que el Congreso pueda tomar en consideración la reforma el próximo día 30 y aprobarla el 2 de septiembre. La propuesta del PSOE pretende que la Constitución recoja que, en situaciones de crecimiento económico normal, entre el 2% y el 3% en España, el déficit debe ser cero, con posibilidad de superávit si se supera el 3%; pero también con la posibilidad de incurrir en un pequeño déficit si el crecimiento es inferior al 2%. Ese margen de flexibilidad, ese “pequeño déficit“, podría aplicarse en momentos excepcionales, como catástrofes naturales o situación económica muy grave, excepciones que también figuran en la Constitución alemana, la única que hasta el momento recoge un tope al déficit. La vicepresidenta Elena Salgado también recordó que la Constitución alemana fija un déficit tope del 0,35% del PIB. Aunque el de España no tiene por qué ser el mismo, Salgado precisó que el Gobierno negociará con los partidos a partir de unos parámetros cercanos a esa cifra. No obstante, aclaró que las excepciones incluidas en la norma permitirán que el déficit sea mayor. “Lo otro sería atarse de manos y no poder estimular la economía ni atender a los más necesitados en una situación de grave recesión económica como la que estamos viviendo”, dijo. Además del PP, el PSOE está en contacto con CiU y contactará también con el PNV y Coalición Canaria. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha adelantado su “gran reticencia” a la reforma constitucional, porque “privaría a las Administraciones públicas de una herramienta muy útil para afrontar las recesiones económicas”. La reforma de la Constitución alemana determina que “los presupuestos de la Federación y de los Länder [regiones autónomas] deben ser, por regla general, equilibrados, sin ingresos provenientes de créditos”. “La Federación y los Länder podrán prever la posibilidad de regulaciones concretas cuando el desarrollo coyuntural se aparte de la situación normal, tanto en momentos de expansión económica como de recesión, así como una regulación de excepción para casos de catástrofes naturales o situaciones extraordinarias de emergencia que escapen del control del Estado y que graven considerablemente la situación financiera estatal. Cada regulación de excepción deberá prever [una] regulación de amortización”.
Sin embargo, las críticas en torno a la reforma se han sucedido en las últimas horas dentro y fuera del PSOE. El diputado del Grupo Socialista por Madrid en el Congreso y ex secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, había anunciado que no tiene intención de volver a repetir en las listas del PSOE en las elecciones legislativas de noviembre a no ser que le hagan una petición expresa que vaya acompañada de un "serio compromiso de rectificación" de algunas de las políticas que ha puesto en marcha el Ejecutivo socialista, y además, ha adelantado que votará en contra de la reforma de la Constitución para incluir un tope de déficit. “Si es para comprometerse con las mal llamadas reformas que se han hecho, no quiero seguir", ha apuntado. También Manuel De la Rocha y José Antonio Pérez Tapias, ambos de Izquierda Socialista, han cuestionado la reforma, así como el ex ministro del PSOE y ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell y el ex presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara. Todos han mostrado su rechazo a la reforma constitucional. Y del mismo modo, tanto el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, como la diputada de UPyD, Rosa Díez, se han manifestado a favor de celebrar un referéndum para su aprobación, aunque para ello tendrán que contar con el respaldo de un 10% de sus compañeros de hemiciclo. No menos conflictivo parece el buscado “apoyo” son los convergentes catalanes”. El diputado de CiU en el Congreso Pere Macias ha anunciado que su partido apoyará la reforma constitucional si "la soberanía sobre el límite de déficit público" recae en el Parlament, y ha lamentado que socialistas y populares hayan pactado en pleno mes de agosto la modificación de la norma, porque no ha dado margen a los otros partidos para negociar. También critica que el Gobierno tenga fuerza política para hacer una reforma constitucional exprés y, en cambio, , no haya podido aprobar hasta ahora "una verdadera reforma laboral" con amplios apoyos. Macías se ha mostrado rotundamente a favor de contener el gasto público, pero ha rechazado que esto se quiera "imponer" a través de una reforma constitucional que deje a Cataluña sin posibilidad de decisión.
No está resultando fácil esta reforma contra reloj…
El candidato socialista para las elecciones del 20-N, Alfredo Pérez Rubalcaba, dirige ya la negociación para establecer un límite constitucional al déficit y a la deuda, y lo ha hecho para garantizar una suficiente flexibilidad, según fuentes de la dirección del PSOE, que aseguran que Rubalcaba ya se ha puesto a trabajar junto al portavoz parlamentario de los socialistas, José Antonio Alonso, encargado de negociar con su homóloga del PP, Soraya Sáenz de Santamaría. Con esta decisión Rubalcaba quiere garantizar que "la letra pequeña" de esta reforma constitucional permita una flexibilidad suficiente como para que el Gobierno de turno tenga margen de maniobra ante hipotéticas situaciones de emergencia. El candidato del PSOE quiere lograr que esta reforma de la Constitución no suponga recortes sociales y que cualquiera que sea la coyuntura económica están garantizadas las políticas sociales. Rubalcaba también quiere ampliar el consenso en torno a esta reforma al mayor número posible de fuerzas parlamentarias, y que el consenso sea similar al alcanzado al aprobar la Constitución en 1978. Sobre estos datos de la actualidad política vienen pesando, además, el temor a una nueva recesión así como las exigencias del Banco Central Europeo para comprar deuda española, que habrían llevado al presidente del Gobierno a pedir ayuda a los agentes sociales. Se ha sabido que el pasado 17 de agosto, Rodríguez Zapatero convocó a una reunión secreta en La Moncloa a los líderes de la CEOE, Juan Rosell; CC OO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez con una petición concreta: que prolonguen la moderación salarial hasta 2014, año al que se pretende llegar con un déficit del 3% del PIB. En el acuerdo de negociación colectiva que acaba en 2012 se recomienda a los negociadores de convenios esa moderación salarial. La petición del Gobierno tuvo ya el miércoles sus primeros frutos, porque sindicatos y patronal se reunieron para desbloquear la negociación colectiva de 2011 como paso previo a esa prórroga. Parece, de otro lado, que las reclamaciones del BCE para comprar deuda española han inspirado al Gobierno. Se cree que en la misiva que el presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, envió a Zapatero hace un par de semanas, había recomendaciones sobre política fiscal y laboral, y que pedía “medidas que incidan en la recuperación de la competitividad a través de una mayor productividad y una moderación en los costes empresariales”. O, sea, contención salarial. El Gobierno reclama que, en la prórroga de la negociación colectiva, se establezcan como criterios de revisión salarial la inflación prevista y “la evolución de la productividad en cada empresa”. Otras fuentes socialistas señalan que, en dicha carta de Trichet, podría figurar la propuesta de reforma constitucional junto a otras “más duras” y mayor coste social como el endurecimiento de la reforma laboral.
En cuanto a las conversaciones entre dirigentes de PSOE y PP para acordar una modificación de la Constitución que fije un límite al déficit público, se tiene noticia que se complicaron el miércoles por “la reclamación de una cierta flexibilidad en el compromiso de déficit por parte del PSOE. Tal flexibilidad chocó con la rigidez de la representación del PP, que encabeza con Soraya Sáenz de Santamaría. “El PP ha venido con un planteamiento de equilibrio puro y duro, de déficit cero”, explicaron los socialistas. La negociación se desarrolla contra reloj, porque debe cerrarse este viernes, para que el Congreso pueda tomar en consideración la reforma el próximo día 30 y aprobarla el 2 de septiembre. La propuesta del PSOE pretende que la Constitución recoja que, en situaciones de crecimiento económico normal, entre el 2% y el 3% en España, el déficit debe ser cero, con posibilidad de superávit si se supera el 3%; pero también con la posibilidad de incurrir en un pequeño déficit si el crecimiento es inferior al 2%. Ese margen de flexibilidad, ese “pequeño déficit“, podría aplicarse en momentos excepcionales, como catástrofes naturales o situación económica muy grave, excepciones que también figuran en la Constitución alemana, la única que hasta el momento recoge un tope al déficit. La vicepresidenta Elena Salgado también recordó que la Constitución alemana fija un déficit tope del 0,35% del PIB. Aunque el de España no tiene por qué ser el mismo, Salgado precisó que el Gobierno negociará con los partidos a partir de unos parámetros cercanos a esa cifra. No obstante, aclaró que las excepciones incluidas en la norma permitirán que el déficit sea mayor. “Lo otro sería atarse de manos y no poder estimular la economía ni atender a los más necesitados en una situación de grave recesión económica como la que estamos viviendo”, dijo. Además del PP, el PSOE está en contacto con CiU y contactará también con el PNV y Coalición Canaria. El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, ha adelantado su “gran reticencia” a la reforma constitucional, porque “privaría a las Administraciones públicas de una herramienta muy útil para afrontar las recesiones económicas”. La reforma de la Constitución alemana determina que “los presupuestos de la Federación y de los Länder [regiones autónomas] deben ser, por regla general, equilibrados, sin ingresos provenientes de créditos”. “La Federación y los Länder podrán prever la posibilidad de regulaciones concretas cuando el desarrollo coyuntural se aparte de la situación normal, tanto en momentos de expansión económica como de recesión, así como una regulación de excepción para casos de catástrofes naturales o situaciones extraordinarias de emergencia que escapen del control del Estado y que graven considerablemente la situación financiera estatal. Cada regulación de excepción deberá prever [una] regulación de amortización”.
Sin embargo, las críticas en torno a la reforma se han sucedido en las últimas horas dentro y fuera del PSOE. El diputado del Grupo Socialista por Madrid en el Congreso y ex secretario general de Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, había anunciado que no tiene intención de volver a repetir en las listas del PSOE en las elecciones legislativas de noviembre a no ser que le hagan una petición expresa que vaya acompañada de un "serio compromiso de rectificación" de algunas de las políticas que ha puesto en marcha el Ejecutivo socialista, y además, ha adelantado que votará en contra de la reforma de la Constitución para incluir un tope de déficit. “Si es para comprometerse con las mal llamadas reformas que se han hecho, no quiero seguir", ha apuntado. También Manuel De la Rocha y José Antonio Pérez Tapias, ambos de Izquierda Socialista, han cuestionado la reforma, así como el ex ministro del PSOE y ex presidente del Parlamento Europeo Josep Borrell y el ex presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara. Todos han mostrado su rechazo a la reforma constitucional. Y del mismo modo, tanto el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, como la diputada de UPyD, Rosa Díez, se han manifestado a favor de celebrar un referéndum para su aprobación, aunque para ello tendrán que contar con el respaldo de un 10% de sus compañeros de hemiciclo. No menos conflictivo parece el buscado “apoyo” son los convergentes catalanes”. El diputado de CiU en el Congreso Pere Macias ha anunciado que su partido apoyará la reforma constitucional si "la soberanía sobre el límite de déficit público" recae en el Parlament, y ha lamentado que socialistas y populares hayan pactado en pleno mes de agosto la modificación de la norma, porque no ha dado margen a los otros partidos para negociar. También critica que el Gobierno tenga fuerza política para hacer una reforma constitucional exprés y, en cambio, , no haya podido aprobar hasta ahora "una verdadera reforma laboral" con amplios apoyos. Macías se ha mostrado rotundamente a favor de contener el gasto público, pero ha rechazado que esto se quiera "imponer" a través de una reforma constitucional que deje a Cataluña sin posibilidad de decisión.
No está resultando fácil esta reforma contra reloj…
miércoles, 24 de agosto de 2011
RAJOY Y RUBALCABA DISCUTEN
EL DEBATE DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Como el presidente Zapatero, también Mariano Rajoy, ha descartado la posibilidad de que la reforma de la Constitución española, pactada entre el PSOE y el PP para introducir el llamado techo de gasto de las administraciones públicas, vaya a ser sometida a referéndum. “La Constitución establece con meridiana claridad qué reforma de la misma exige consulta popular y cuál no. Esta reforma no exige consulta, y es un sentir general en la sociedad que no se puede gastar como se ha gastado en los últimos tiempos, añadió en su explicación Rajoy, para quien la reforma tiene el apoyo mayoritario: lo tiene en el PP, y creo que también en la gente que ha dado su confianza al PSOE y a otras fuerzas políticas”, dijo durante una visita a Vélez-Málaga. Rajoy quiso significar y valorar, particularmente, el hecho de incorporar a la Constitución un criterio de estabilidad presupuestaria, lo que considera “una reforma estructural importante”. Argumentó que “es fundamental para crear empleo no gastar más de lo que tenemos; no podemos tener déficit público ni deuda pública, eso repercute en el crédito y en el crecimiento”.
El máximo dirigente popular también rechazó la posibilidad de aprovechar la que será segunda reforma de la ley fundamental –la primera fue con motivo de la ratificación del Tratado de Maastricht- para introducir otras modificaciones, como eliminar la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona, que fue, en su momento, una propuesta que hizo Zapatero pero que el PP rechazó . “La Constitución se puede reformar, pero soy partidario de reformarla sólo eligiendo bien el momento, sabiendo para qué se hace, y sabiendo que hay cosas que requieren referéndum y otras que no lo necesitan. “Yo, dijo Rajoy, en este momento tan próximo a las elecciones, no soy partidario de otras reformas. Tenemos la suerte de poder hacer ésta. Tenemos las elecciones dentro de poco, y ya no es momento para plantear otras reformas. En el futuro, Dios proveerá”, afirmó. Rajoy también opinó sobre la idea de eliminar las diputaciones provinciales, lanzada por el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy, que presidió la Diputación de Pontevedra, se ha mostrado contrario a esa eliminación, al igual que han venido argumentando otros dirigentes del PP, como Ana Mato o Gonzáles Pons. “Estoy convencido de que los pequeños municipios españoles no pueden vivir sin unas instituciones intermedias”, alegó. No obstante, el líder popular ha admitido que hay que hacer reformas en estos entes supramunicipales para que éstos garanticen que “los vecinos de pequeños municipios sean iguales en derechos y oportunidades que los de las ciudades”. Por su parte, volvía a intervenir en estos debates el candidato socialista. Rubalcaba afirma sobre la reforma que su partido y el PP quieren llevar a cabo para fijar en la Constitución un límite de déficit, que el nuevo articulado tiene que tener "suficiente flexibilidad para que el Estado pueda manejarse en situaciones de dificultad". Rubalcaba se pronunciaba en estos términos durante un encuentro con padres y madres en la sede federal de su partido en Madrid, en lo que ha sido su primer pronunciamiento público sobre la reforma constitucional después de que el martes reconociera que, a priori, su posición a esta iniciativa era contraria, -hecho que criticó y zahirió Rajoy-, pero que cambió de opinión el pasado lunes después de que Zapatero le convenciera y revelara que había convencido también a Rajoy. En la mencionada reunión, los ciudadanos han aprovechado para preguntar a Rubalcaba si la reforma constitucional, acordada el martes en el Congreso, puede hacer peligrar el gasto destinado a educación, sanidad y asuntos sociales, según han explicado a los medios algunos de los participantes en el encuentro. De hecho, algunos diputados socialistas emplean esta argumentación para oponerse a la reforma constitucional. Rubalcaba les ha asegurado que la reforma de la Constitución no conllevará "ningún tipo de recorte social", al tiempo que ha insistido en que, en la negociación que ha comenzado para acometer la reforma, lo importante será "la letra pequeña" del acuerdo al que se llegue con los grupos parlamentarios, ya que, en su opinión, no hay que "pillarse los dedos". Se supone que se refiere al tope de gasto que debe contener el futuro nuevo artículo de la Constitución, y sobre el que ya se especula: ¿crecimiento cero del gasto público total, o tope de hasta el tres por ciento?
Como el presidente Zapatero, también Mariano Rajoy, ha descartado la posibilidad de que la reforma de la Constitución española, pactada entre el PSOE y el PP para introducir el llamado techo de gasto de las administraciones públicas, vaya a ser sometida a referéndum. “La Constitución establece con meridiana claridad qué reforma de la misma exige consulta popular y cuál no. Esta reforma no exige consulta, y es un sentir general en la sociedad que no se puede gastar como se ha gastado en los últimos tiempos, añadió en su explicación Rajoy, para quien la reforma tiene el apoyo mayoritario: lo tiene en el PP, y creo que también en la gente que ha dado su confianza al PSOE y a otras fuerzas políticas”, dijo durante una visita a Vélez-Málaga. Rajoy quiso significar y valorar, particularmente, el hecho de incorporar a la Constitución un criterio de estabilidad presupuestaria, lo que considera “una reforma estructural importante”. Argumentó que “es fundamental para crear empleo no gastar más de lo que tenemos; no podemos tener déficit público ni deuda pública, eso repercute en el crédito y en el crecimiento”.
El máximo dirigente popular también rechazó la posibilidad de aprovechar la que será segunda reforma de la ley fundamental –la primera fue con motivo de la ratificación del Tratado de Maastricht- para introducir otras modificaciones, como eliminar la prevalencia del hombre sobre la mujer en la sucesión a la Corona, que fue, en su momento, una propuesta que hizo Zapatero pero que el PP rechazó . “La Constitución se puede reformar, pero soy partidario de reformarla sólo eligiendo bien el momento, sabiendo para qué se hace, y sabiendo que hay cosas que requieren referéndum y otras que no lo necesitan. “Yo, dijo Rajoy, en este momento tan próximo a las elecciones, no soy partidario de otras reformas. Tenemos la suerte de poder hacer ésta. Tenemos las elecciones dentro de poco, y ya no es momento para plantear otras reformas. En el futuro, Dios proveerá”, afirmó. Rajoy también opinó sobre la idea de eliminar las diputaciones provinciales, lanzada por el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy, que presidió la Diputación de Pontevedra, se ha mostrado contrario a esa eliminación, al igual que han venido argumentando otros dirigentes del PP, como Ana Mato o Gonzáles Pons. “Estoy convencido de que los pequeños municipios españoles no pueden vivir sin unas instituciones intermedias”, alegó. No obstante, el líder popular ha admitido que hay que hacer reformas en estos entes supramunicipales para que éstos garanticen que “los vecinos de pequeños municipios sean iguales en derechos y oportunidades que los de las ciudades”. Por su parte, volvía a intervenir en estos debates el candidato socialista. Rubalcaba afirma sobre la reforma que su partido y el PP quieren llevar a cabo para fijar en la Constitución un límite de déficit, que el nuevo articulado tiene que tener "suficiente flexibilidad para que el Estado pueda manejarse en situaciones de dificultad". Rubalcaba se pronunciaba en estos términos durante un encuentro con padres y madres en la sede federal de su partido en Madrid, en lo que ha sido su primer pronunciamiento público sobre la reforma constitucional después de que el martes reconociera que, a priori, su posición a esta iniciativa era contraria, -hecho que criticó y zahirió Rajoy-, pero que cambió de opinión el pasado lunes después de que Zapatero le convenciera y revelara que había convencido también a Rajoy. En la mencionada reunión, los ciudadanos han aprovechado para preguntar a Rubalcaba si la reforma constitucional, acordada el martes en el Congreso, puede hacer peligrar el gasto destinado a educación, sanidad y asuntos sociales, según han explicado a los medios algunos de los participantes en el encuentro. De hecho, algunos diputados socialistas emplean esta argumentación para oponerse a la reforma constitucional. Rubalcaba les ha asegurado que la reforma de la Constitución no conllevará "ningún tipo de recorte social", al tiempo que ha insistido en que, en la negociación que ha comenzado para acometer la reforma, lo importante será "la letra pequeña" del acuerdo al que se llegue con los grupos parlamentarios, ya que, en su opinión, no hay que "pillarse los dedos". Se supone que se refiere al tope de gasto que debe contener el futuro nuevo artículo de la Constitución, y sobre el que ya se especula: ¿crecimiento cero del gasto público total, o tope de hasta el tres por ciento?
martes, 23 de agosto de 2011
GUERRA, BONO, SALGADO, ROSA AGUILAR, CHAVES...
EMPIEZA EL BAILE DE LAS LISTAS DE CANDIDATOS
Según todas las encuestas, y las apreciaciones e impresiones más generalizadas, sería milagroso el triunfo, incluso por la mínima, del candidato socialista, Alfredo Péres Rubalcaba, y su segundas de , Elena Valenciano, en representación del PSOE. Las apuestas siguen cotizando mucho más fuerte para Rajoy y su PP, de cuyos candidatos apenas se sabe nada. Únicamente que es frecuente que con Rajoy aparezcan fotografiados algunos de quienes se supone que serán sus colaboradores en un hipotético y probable gobierno. Jorge Morgas, Ana Mato, Javier Arenas, Santamaría, Trillo, Gallardón, Montoro, Alicia Camacho…, se mencionan con frecuencia entre esos futuribles miembros del equipo de Rajoy… Al propio Rajoy se le cada vez más “autoinvestido” de la autoridad que pudiera llegarle de las urnas. Por el contrario, en el PSOE han comenzado los “autodescartes”: Primero fue José Bono, luego Elena Salgado, y a continuación el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, quienes han confesado que dudan, o no tiene muy claro, si deben presentarse a la reelección como diputados del PSOE, y han señalado que se lo pensarán, o que dejarán a la voluntad de sus compañeros de partido si les reclamara para concurrir de nuevo en las listas. Hay un entusiasmo escasamente indescriptible en las filas socialistas, posiblemente al olor de una pelea que, en principio, les es poco favorable.
Posiblemente la novedad más signitificativa es la que más representa Guerra, el más veterano de los dirigentes socialistas en activo. En los pasillos del Congreso, Guerra ha esgrimido tanto su edad (71 años) como el tiempo que lleva de diputado -desde 1977 de forma ininterrumpida- para plantear la posibilidad de no repetir. No obstante, se ha negado a establecer "comparaciones con nadie", después de que el presidente del Congreso, José Bono, dijera la semana pasada que su posición personal sería no volver a presentarse y una vez que también la vicepresidenta económica, Elena Salgado, haya manifestado su deseo de no concurrir de nuevo. Quien fuera vicesecretario general del PSOE con Felipe González ha precisado que escuchará lo que digan sus compañeros de partido, especialmente los de Sevilla, circunscripción por la que se ha presentado siempre. "Si los compañeros lo creen necesario, me lo pensaré. Si ven que es el momento de hacer un relevo, con mucho gusto haré un relevo. No lo tenemos claro", ha indicado. Y en cualquier caso, ha insistido en que él ya ha hecho "la mili" y se ha "reenganchado" muchas veces, hasta el punto de que es el político que más años ha sido diputado "en toda la historia del parlamentarismo español". "Yo creo que estoy legitimado para decir: 'Oiga, ya no más'. Pero ya veremos", ha concluido…
Por su parte, otro veterano, el vicepresidente de Política Territorial y presidente del PSOE, Manuel Chaves, ha comentado que está a disposición del partido, pero que aún no se ha tomado una decisión sobre si podría encabezar la candidatura socialista por Cádiz, un puesto que ha quedado vacante al pasar Rubalcaba a liderar la lista por Madrid. Chaves, ceutí de nacimiento, pasó parte de su infancia en Cádiz, circunscripción por la que ya fue diputado entre 1977 y 1990. También fue diputado autonómico por esa provincia en las últimas elecciones andaluzas a las que concurrió como candidato a la Presidencia de la Junta.
Tercera llamada de atención: La ex ministra de Cultura Carmen Calvo ha anunciado este martes que no irá en una lista electoral que esté encabezada por la actual titular de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar. La ex ministra socialista ha dejado claro que respetará la decisión del candidato a la Presidencia del Gobierno si apuesta por que sea la ex alcaldesa de Córdoba la cabeza de cartel por la provincia: "Si Rubalcaba considera que Rosa Aguilar es la mejor opción electoral, les deseo suerte; pero yo en esa lista no estaré", afirmó. Carmen Calvo justifica su negativa en que tiene "un gran sentido de la coherencia y profundas discrepancias con Rosa Aguilar. La aún diputada socialista recordó que ella no tiene que estar en política "obligatoriamente" porque puede volver a su plaza de profesora universitaria. "No tengo una situación de desesperación", ha subrayado Calvo, que también ha indicado que "hay algunas posibilidades" que su partido le puede ofrecer que ella "no aceptaría". Por último, la ex ministra duda que Rosa Aguilar tenga algún tipo de influencia en el PSOE, al menos "ideológica", porque "no es militante". En cuanto al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que Rosa Aguilar encabece la lista del PSOE por la provincia de Córdoba en las próximas elecciones generales, y ha evitado la polémica asegurando que las listas se hacen "cuando toca" y que "tiempo habrá" de tratar el asunto. "Da usted dos pasos adelante que todavía no hemos dado los demás", dijo en rueda de prensa en Madrid, tras reunirse con el vicepresidente territorial Manuel Chaves. "Las listas se hacen cuando toca y con el procedimiento que toca, y yo no voy a ser el que hable ahora mismo de listas, porque no es un asunto que esté ni en el orden del día del partido, ni a nivel nacional ni autonómico. Tiempo habrá de ver esas candidaturas", se ha limitado a contestar.
Pero empieza a observase “clima de listas”, que irá creciendo en las semanas siguientes.
Según todas las encuestas, y las apreciaciones e impresiones más generalizadas, sería milagroso el triunfo, incluso por la mínima, del candidato socialista, Alfredo Péres Rubalcaba, y su segundas de , Elena Valenciano, en representación del PSOE. Las apuestas siguen cotizando mucho más fuerte para Rajoy y su PP, de cuyos candidatos apenas se sabe nada. Únicamente que es frecuente que con Rajoy aparezcan fotografiados algunos de quienes se supone que serán sus colaboradores en un hipotético y probable gobierno. Jorge Morgas, Ana Mato, Javier Arenas, Santamaría, Trillo, Gallardón, Montoro, Alicia Camacho…, se mencionan con frecuencia entre esos futuribles miembros del equipo de Rajoy… Al propio Rajoy se le cada vez más “autoinvestido” de la autoridad que pudiera llegarle de las urnas. Por el contrario, en el PSOE han comenzado los “autodescartes”: Primero fue José Bono, luego Elena Salgado, y a continuación el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, quienes han confesado que dudan, o no tiene muy claro, si deben presentarse a la reelección como diputados del PSOE, y han señalado que se lo pensarán, o que dejarán a la voluntad de sus compañeros de partido si les reclamara para concurrir de nuevo en las listas. Hay un entusiasmo escasamente indescriptible en las filas socialistas, posiblemente al olor de una pelea que, en principio, les es poco favorable.
Posiblemente la novedad más signitificativa es la que más representa Guerra, el más veterano de los dirigentes socialistas en activo. En los pasillos del Congreso, Guerra ha esgrimido tanto su edad (71 años) como el tiempo que lleva de diputado -desde 1977 de forma ininterrumpida- para plantear la posibilidad de no repetir. No obstante, se ha negado a establecer "comparaciones con nadie", después de que el presidente del Congreso, José Bono, dijera la semana pasada que su posición personal sería no volver a presentarse y una vez que también la vicepresidenta económica, Elena Salgado, haya manifestado su deseo de no concurrir de nuevo. Quien fuera vicesecretario general del PSOE con Felipe González ha precisado que escuchará lo que digan sus compañeros de partido, especialmente los de Sevilla, circunscripción por la que se ha presentado siempre. "Si los compañeros lo creen necesario, me lo pensaré. Si ven que es el momento de hacer un relevo, con mucho gusto haré un relevo. No lo tenemos claro", ha indicado. Y en cualquier caso, ha insistido en que él ya ha hecho "la mili" y se ha "reenganchado" muchas veces, hasta el punto de que es el político que más años ha sido diputado "en toda la historia del parlamentarismo español". "Yo creo que estoy legitimado para decir: 'Oiga, ya no más'. Pero ya veremos", ha concluido…
Por su parte, otro veterano, el vicepresidente de Política Territorial y presidente del PSOE, Manuel Chaves, ha comentado que está a disposición del partido, pero que aún no se ha tomado una decisión sobre si podría encabezar la candidatura socialista por Cádiz, un puesto que ha quedado vacante al pasar Rubalcaba a liderar la lista por Madrid. Chaves, ceutí de nacimiento, pasó parte de su infancia en Cádiz, circunscripción por la que ya fue diputado entre 1977 y 1990. También fue diputado autonómico por esa provincia en las últimas elecciones andaluzas a las que concurrió como candidato a la Presidencia de la Junta.
Tercera llamada de atención: La ex ministra de Cultura Carmen Calvo ha anunciado este martes que no irá en una lista electoral que esté encabezada por la actual titular de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar. La ex ministra socialista ha dejado claro que respetará la decisión del candidato a la Presidencia del Gobierno si apuesta por que sea la ex alcaldesa de Córdoba la cabeza de cartel por la provincia: "Si Rubalcaba considera que Rosa Aguilar es la mejor opción electoral, les deseo suerte; pero yo en esa lista no estaré", afirmó. Carmen Calvo justifica su negativa en que tiene "un gran sentido de la coherencia y profundas discrepancias con Rosa Aguilar. La aún diputada socialista recordó que ella no tiene que estar en política "obligatoriamente" porque puede volver a su plaza de profesora universitaria. "No tengo una situación de desesperación", ha subrayado Calvo, que también ha indicado que "hay algunas posibilidades" que su partido le puede ofrecer que ella "no aceptaría". Por último, la ex ministra duda que Rosa Aguilar tenga algún tipo de influencia en el PSOE, al menos "ideológica", porque "no es militante". En cuanto al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que Rosa Aguilar encabece la lista del PSOE por la provincia de Córdoba en las próximas elecciones generales, y ha evitado la polémica asegurando que las listas se hacen "cuando toca" y que "tiempo habrá" de tratar el asunto. "Da usted dos pasos adelante que todavía no hemos dado los demás", dijo en rueda de prensa en Madrid, tras reunirse con el vicepresidente territorial Manuel Chaves. "Las listas se hacen cuando toca y con el procedimiento que toca, y yo no voy a ser el que hable ahora mismo de listas, porque no es un asunto que esté ni en el orden del día del partido, ni a nivel nacional ni autonómico. Tiempo habrá de ver esas candidaturas", se ha limitado a contestar.
Pero empieza a observase “clima de listas”, que irá creciendo en las semanas siguientes.
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