REPITE EN EL DISCURSO DE LAS PASCUA MILITAR EL MENSAJE NAVIDEÑO,

EL REY INSISTE EN ATACAR LOS COMPORTAMIENTOS ILÍCITOS
Ha sorprendido que el Rey insistiera en hablar de principios éticos, en su discurso de la Pascua militar, al igual que hizo en el mensaje navideño, cuando todos entendimos que se refería a los negocios inconvenientes de su yerno Urdangarín, con su mención directa de la necesidad de comportamientos ejemplares. Pero, este viernes, cuando sólo habían transcurrido 11 días de aquella intervención, el Rey insistió en la necesidad de dar "primacía a los principios éticos", después de que el pasado 29 de diciembre, el marido de la infanta Cristina fuera imputado por corrupción tras levantarse el secreto de sumario. Recordemos que la investigación del juez José Castro apunta a que Iñaki Urdangarín facturó, a través de la ONG Instituto Nóos y su conglomerado de empresas, más de 16 millones de euros, y que casi el 40% de los ingresos totales salieron del erario público. Pese a que el rey se mostró molesto de las reacciones periodísticas y políticas, tras su mensaje navideño, al entender que los medios de comunicación habían personalizado el discurso de Navidad en su yerno, aludía a que "la Justicia es igual para todos" y a que es "natural" que la sociedad reaccione ante conductas no éticas. Sin embargo, este viernes volvió a poner sobre la mesa la necesidad de comportamientos basados en la ética. El rey Juan Carlos hizo esta mención, según destaca el diario Público, en el momento en el que alababa "la excelente formación y la alta exigencia personal" de las Fuerzas Armadas. Después de recordar que se trata de "una profesión vocacional", recordó que las Reales Ordenanzas establecen que el militar "dará primacía a los principios éticos que responden a una exigencia de la que hará norma de vida". Se recuerda que, en su discurso del año pasado, el monarca no realizó ninguna alusión relativa a estos "principios éticos" que este año sí optó por mencionar en su intervención en el salón del trono ante la reina, los príncipes de Asturias, el presidente del Gobierno, los ministros de Defensa y del Interior y 250 invitados. En el resto del mensaje, Juan Carlos coincidió con el del titular de Defensa, Pedro Morenés en trasladar a los militares la necesidad de que las Fuerzas Armadas sigan avanzando pese a la delicada situación económica, emplazándoles a cuidar los medios de los que disponen en un momento en el que el Ministerio de Defensa arrastra una deuda de más de 27.000 millones y ha sufrido un primer recorte de más de 300. "Ante la actual crisis económica, tengo la certeza de que, como habéis hecho en el pasado de manera ejemplar, sabréis obtener el máximo rendimiento de los recursos asignados y de ser sumamente cuidadosos en el empleo y mantenimiento de los medios", sostuvo el monarca. En su discurso, el ministro Morenés insistió en la necesidad de hacer más con menos, recortar gastos sin que las Fuerzas Armadas retrocedan en el tiempo o vean peligrar su seguridad. "Trataremos de fortalecer las capacidades críticas con los recursos disponibles para evitar descender más allá de los mínimos por debajo de los cuales la defensa resulta insuficiente y el daño a la seguridad inaceptable".
De otro lado, este sábado se ha sabido que la Casa del Rey intervino para desactivar los negocios de Iñaki Urdangarin en 2006, antes de que estallase el escándalo que ha llevado a la imputación por supuesta corrupción del yerno de don Juan Carlos. Según los nuevos datos ahora divulgados, el secretario general de la casa, Alberto Aza, tomó cartas en el asunto y presionó al esposo de la infanta Cristina para que abandonara sus actividades empresariales. Desde La Zarzuela se ordenó por escrito el abandono de su actividad privada y su renuncia a los cargos que ocupaba para colocar en su lugar a un emisario real, el asesor personal del monarca, el abogado José Manuel Romero. La carta está incluida en el sumario judicial, según detalla el corresponsal de El País en Palma de Mallorca, que viene detallando aspectos desconocidos de dicho sumario que tramita el juez Castro. Los consejos reales, que se plasmaron en actuaciones, quedaron por escrito y han sido incorporados a la causa del caso Urgangarin. El documento mecanografiado, con encabezamiento y firmas a mano, fue intervenido en un registro de las sedes de la trama Nóos en Barcelona. Figuraba en el expediente de la fundación, junto a poderes y manuscritos sobre presupuestos. Urdangarin fue emplazado a dimitir de manera directa por escrito y adjuntándole una carta formulario de renuncia y los documentos de identidad de su sustituto. El conde de Fontao resalta que esa operación se realizó así, “especialmente” por indicación de Alberto Aza, entonces secretario general de la Casa. La misiva del embajador privado del Rey alude también a una conversación con Carlos García Revenga, secretario de las infantas y que estuvo en el patronato del Instituto Nóos con la esposa de Urdangarin. El mismo diario ya publicó el 17 de diciembre que el Rey mandó a un delegado a Barcelona para examinar la actividad del esposo de la Infanta Cristina con la misión de desmontar su presencia física en el capital, la trama de empresas privadas y sus órganos mercantiles. Urdangarin dejó Nóos y sus ramificaciones comerciales en junio de 2006, pero seguía en agosto de 2007 enganchado a la malla de Nóos y a sus otras fundaciones, según las notas internas de reuniones de la segunda entidad de base filantrópica, sin ánimo de lucro. Y siguió ligado al tinglado al menos tres años más, en la sombra, beneficiándose del flujo de los negocios con entidades públicas y de patrocino y mecenazgos que están bajo sospecha. El holding del Instituto Nóos alzado por Urdangarin y su socio reunió más de diez millones de euros en seis años. Para sostener la acusación contra el duque —que deberá declarar el 25 de febrero en Palma—, el fiscal se basa en los informes de la Agencia Tributaria y los atestados de la Policía. En la causa, según el relato de El País, constan poderes sobre cuentas, estados bancarios, facturaciones del grupo Nóos, así como las declaraciones de la renta de Urdangarin y la actividad de su compañía particular Aizoon, que comparte con la infanta Cristina. Aizoon es la propietaria de la mansión de Pedralbes valorada en más de siete millones de euros. La misión del enviado de La Zarzuela a Barcelona, el conde de Fontao, y la posterior acción de desenganche y supuesta toma de control de los negocios del duque de Palma, ocurrió cuando el PSOE de Baleares formuló preguntas públicas sobre el coste de los congresos de deportes y turismo que Urdangarin y su socio realizaron, por 2,3 millones, entre 2005 y 2006, por encargo del Gobierno balear de Jaume Matas (PP). En paralelo, durante tres años Nóos organizó los Summit de Valencia por más de tres millones.
Un caso que no cesa, y sigue deteriorando la imagen de la familia del Rey.

SSS RECONOCE QUE LAS COSAS ESTÁN PEOR DE LO QUE SOSPECHÓ

EL GOBIERNO DECLARA LA GUERRA AL FRAUDE FISCAL
La frase más significativa, y también demoledora, que escuchamos tras el segundo consejo de ministros, este viernes víspera de Reyes, la pronunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría: “No esperábamos una realidad tan dura”, confesó quien presidió la que confesó que había sido “transición modélica” de un Gobierno a otro . SSS ha adelantado que el Gobierno aprobará en breve un Plan General de Control Tributario por el que espera recaudar 8.171 millones de euros en 2012, y que se centrará fundamentalmente en la lucha de la economía sumergida y los paraísos fiscales. Al término de la reunión del Consejo, la vicepresidenta indicó que una de las novedades que incluirá ese plan será limitar el uso de dinero efectivo en determinadas transacciones financieras para aflorar parte de la economía sumergida que se lleva a cabo a través de estas operaciones.. Destacó que esta medida ya la han puesto en práctica Francia e Italia para frenar compras con dinero negro, en las que se emplean “grandes billetes”. Explicó a continuación que el plan de prevención del fraude fiscal operará en tres ámbitos: la intensificación en el lucha contra los incumplimientos tributarios, la mejora del control en la fase recaudatoria y la colaboración de la Agencia Tributaria con los organismos fiscales de las comunidades autónomas y la Seguridad Social. El Gobierno también anunció que trabajará para analizar la información elaborada por países que han dejado de ser paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y Antillas holandesas. El plan intensificará el control sobre ciertos sectores más ligados a la economía sumergida, en los que se pondrá el foco en datos como el consumo eléctrico o el uso de terminales de tarjetas de crédito. En fase recaudatoria, se adelantará la intervención de los órganos de recaudación en los procedimientos de gestión tributaria y se fomentará la adopción de medidas cautelares desde el inicio del procedimiento. Asimismo, se potenciará la 'autorregularización' voluntaria, la 'autocorrección' de incidencias censales, la ampliación del ámbito del borrador del IRPF, la potenciación de la administración electrónica, la obtención 'on line' de información tributaria personalizada y la formulación de consultas a la administración sobre el tratamiento tributario de operaciones especialmente complejas. Se trata de que aquellos contribuyentes a los que la Agencia Tributaria advierta de que han cometido errores u omisiones en sus declaraciones, puedan voluntariamente subsanarlos antes de que se les abra un procedimiento, con la finalidad, también, de poder reducir recargos o sanciones. De este modo, se evitarán comprobaciones de pequeños contribuyentes para llevar a cabo grandes operaciones contra el fraude. Estas líneas generales del plan de prevención del fraude permitirán recaudar 8.171 millones, una cantidad que consideró "muy importante" para garantizar la "justicia y equidad" en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, "porque lo más injusto y lo más inequitativo es aquel que teniendo obligación de declarar no declara o declara lo que no le corresponde".En la justificación de esas medidas argumenta el Gobierno que la situación es “excepcional” y que, por eso, ha tenido que tomar decisiones excepcionales, más duras y hasta impopulares, medidas distintas a las que prometieron en la campaña electoral, en su programa para el 20-N y en el debate de investidura de Rajoy. Pese a todo ello, la portavoz excluyó que el presidente del Gobierno pueda dirigirse a los ciudadanos y al resto de partidos desde el Congreso antes del mes de febrero, y no lo hará, dijo, por “economía procesal”, porque entonces habrán pasado 40 días de su estancia en La Moncloa, cinco consejos de ministros y una reunión del consejo de Europa. SSS describió de esta forma, la economía procesal, la manera en la que Rajoy asume la presidencia del Gobierno, basada en la ausencia pública del jefe del Ejecutivo, y que es coherente con sus reticencias a comparecer ante los medios de comunicación para responder preguntas. Actuar de ese modo se lo permite su amplia mayoría absoluta que facilita, por ejemplo, que en la Mesa del Congreso se imponga el rodillo del PP para frenar las peticiones de comparecencia. Habrá que esperar., por tanto, hasta febrero, para escuchar las explicaciones de Rajoy. Alguna propuesta del Gobierno, como el control previo de los presupuestos autonómicos, se han conocido por declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, a un medio extranjero como Financial Times. Rajoy no ha tenido ninguna actividad pública desde su toma de posesión. Sólo en el acto solemne de la apertura de la legislatura mantuvo un contacto breve e informal con los periodistas. Desde ese día no se le ha oído ninguna frase sobre nada y menos para explicar a los ciudadanos la subida de impuestos, negada antes por él, o los recortes sociales. Sólo se le escuchó leer la lista de sus ministros el 22 de diciembre, aunque con un gesto eludió responder a preguntas de los periodistas. La vicepresidenta y portavoz sí explicó el cambio de criterio de Rajoy con la subida ahora de impuestos: “La realidad es otra, más difícil y más dura, lo que ha obligado al Gobierno a tomar medidas también más difíciles, de carácter extraordinario”. Lo que ha cambiado, dijo, es que el Gobierno socialista dejó una herencia mucho peor de lo que el PP preveía cuando se comprometió a bajar impuestos. Una situación que se concreta en que el déficit público no fue del 6% como preveía el Gobierno de Zapatero, sino de más del 8% y que, según desveló ayer, la Seguridad Social no registró el esperado superávit oficial del 0,4 por 100, sino un déficit de 668 millones, el 0,06 por 100. El anterior Gobierno no les dio este dato en el traspaso de poderes, aunque el secretario de Estado de esa área, Octavio Granado, sí llevaba tiempo anticipando que no habría superávit.
Por lo demás, el Consejo de Ministros no tomó ninguna medida concreta, pero apuntó a dos para las próximas semanas: otro plan contra el fraude fiscal y la supresión de organismos, fundaciones y empresas públicas, ambas medidas para combatir el déficit . Para ello, necesita la colaboración de las comunidades autónomas, a las que convocará este mes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, pedirá a las CCAA, en esa reunión que reduzcan su déficit cumpliendo el compromiso adquirido hace un año, y que supriman 500 entidades públicas de las que sólo han eliminado 69, el 14%. Montoro debe convencer a las comunidades para que acepten el control previo de sus presupuestos por parte del Gobierno central, para desarrollar la reforma constitucional pactada por PP y PSOE para fijar límites legales al déficit. Algunas comunidades, como la catalana, la vasca, la andaluza o la canaria, ya han mostrado su desacuerdo con esa “consulta previa” de los presupuestos autonómicos, que entienden que es un atentado directo a la autonomía de los gobiernos y los parlamentos regionales.

EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS NACIERON 500 EMPRESAS AUTONOMICAS
Ha resultado controvertido el cálculo del déficit del PIB con el que se ha estrenado el Gobierno de Rajoy. Frente a la previsión de Elena Salgado de un 6 por 100, los populares encuentran hasta algo más del ocho... ¿Cómo se explica la diferencia de cálculos? Resulta que más de dos mil seiscientas empresas públicas funcionan en el seno de las Comunidades Autónomas, de las cuales unas quinientas nacieron durante los tres años de la crisis, 2008-11. Según datos proporcionados por la firma internacional de auditoría y asesoramiento legal Russell Bedford, las comunidades autónomas incrementaron en cerca de 5.400 millones de euros la deuda de sus empresas públicas entre 2008 y el tercer trimestre de 2011, lo que ha elevado el nivel de endeudamiento total de estas administraciones territoriales en un 7,2% durante la crisis. Muchas autonomías, explica la firma auditora, crean sociedades mercantiles para evitar sus límites de déficit. Para reducir el gasto y el endeudamiento de las administraciones, el nuevo Gobierno español planea, en breve, reestructurar y suprimir algunos de estos entes públicos. En los últimos meses son numerosas las comunidades que revisan al alza sus niveles de déficit y, en gran medida, se debe al afloramiento de obligaciones en empresas creadas expresamente por las Administraciones para acceder a un mayor endeudamiento. Según Russell Bedford España, sobre datos del ministerio de Economía y Empleo. Los balances de sociedades mercantiles no consolidan con los presupuestos de las autonomías, lo que permite ocultar temporalmente las cuantías reales. Además, esta práctica también se utiliza para escapar a controles internos y políticos, aunque al final perjudica las cuentas y eficiencia de las administraciones, que han visto cómo sus ratios económicos han empeorado en poco tiempo. Desde que comenzó la crisis, a principios de 2008, el número de entes públicos no ha dejado de crecer en las administraciones territoriales, al pasar de 2.196 en enero de 2008 hasta los 2.671 actuales. Tal y como señala Russell Bedford, su crecimiento en número (+21,6%) es menos espectacular que el de la deuda (+53,3%) que ocultan: ha pasado de 10.100 a 15.500 millones en tres años, 5.400 millones de euros más. De los 135.000 millones de euros que adeudan el conjunto de las autonomías, el 11,5% procede de las sociedades mercantiles públicas. Además, en ese mismo período, las autonomías incrementaron su
endeudamiento en 75.000 millones de euros, de los que el 7,2% procede de las empresas públicas.
Examinadas una a una las cuentas de las Comunidades Autónomas, sobre salen algunas cifras, como las 446 entes públicas catalanas o las 444 empresas públicas vascas. En el referido periodo de los tres años de la crisis, los entes regionales catalanes a cargo de los presupuestos aumentaron un 71 por 100, un 46 por 100 las empresas autonómicas canarias, un 41 por 100 las navarras, un 40 por 100 las andaluzas, un 38 por 2100 las madrileñas y las aragonesas, un 36 por 100 las asturianas...
La deuda de cada una de las Comunidades ha crecido de manera muy distinta en el período que se viene considerando, 2008-2011. Ocho comunidades incrementaron por encima de la media el endeudamiento de sus empresas, entre las que se encuentran las de mayores dimensiones. Lidera estos incrementos Castilla y León (+631,5%), seguida
de Extremadura (+500%), Andalucía (+317,5%), Aragón (+114%), Asturias (+91,8%), Cantabria (+84,2%),
Madrid (+77,6%) y Cataluña (+69,7%). En cuanto a la deuda del sector público empresarial de otras cinco autonomías, creció por debajo de la media, como es el caso de Baleares (+25,6%), Navarra (+25,3%), Comunidad Valenciana (+15,6%), Canarias (+5%) y País Vasco (+3,9%). Sólo tres comunidades redujeron la deuda de sus empresas: La Rioja (-94,1%), Castilla-La Mancha (-43,6%) y Galicia (-3,4%). La Región de Murcia es la única que no acumula deudas en sus entes empresariales. El estudio de Russell Bedford España destaca que el pago de la deuda y sus intereses ha llevado a una situación complicada a muchas administraciones regionales y ha contribuido a que su déficit se haya disparado del 0,2% del PIB español al 3,5% entre 2007 y 2010.
Para reducir el gasto y el endeudamiento de las administraciones, el nuevo Gobierno español planea
reestructurar y suprimir diferentes tipos de entes públicos. Entre sus objetivos se encuentra la simplificación
del sector público empresarial y fundacional con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades.
Russell Bedford recuerda que comunidades autónomas como Galicia, Valencia, Cataluña o Aragón, ya han
realizado auditorías a sus empresas públicas que han revelado un desfase en las cuentas. Según el socio fundador de Russell Bedford España, Gabriel Martínez, "la creación de sociedades públicas es una potestad perfectamente lícita que tiene la Administración Pública y que además puede reportarle importantes ventajas fiscales, en la contratación laboral, la financiación y la eficiencia económica y social. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que ha servido a otros fines poco relacionados con la operatividad funcional que debe tener todo servicio público, convirtiéndose en una tapadera del despilfarro público". Por todo ello, Russell Bedford considera "necesario" que las empresas públicas se sometan a auditorías externas, sobre todo después de un cambio de gobierno, "para comprobar el verdadero estado de su
tesorería y así permitir a autonomías y corporaciones locales diseñar y gestionar sus presupuestos con
fiabilidad".
El recorte parece imprescindible, y deberá ser extraordinariamente drástico.

LA MÁS ENDEUDADA, SÓLO SUPERADA POR LA CATALANA

EL RESCATE DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
No parece que deba extrañar que los nuevos responsables de la economía, una vez vistas las tareas que tienen por delante y conocidos en detalle los datos provocados por la crisis, muestren su desazón, su desconfianza y su desconsuelo, y lleguen a proclamar, como lo hace el superministro Luis de Guindos, en la segunda semana de su “mando en plaza”, que las cifras -las de los parados, y del déficit de la Seguridad Social, que fueron las divulgadas este martes, y que fueron particularmente negativas y preocupantes-, ponen en cuestión el estado del bienestar. Nada menos. De Guindos, sobre todo, apunta al paro, -4,42 millones de desempleados, 2,3 millones más que en 2007-, como amenaza a la sostenibilidad del Estado. En este clima, ni siquiera llega a sorprender lo que este miércoles cuentan El País y El Mundo, a saber, -reproducimos primero los titulares de El País-, que el Gobierno se ha visto en la necesidad de avalar a la Generalitat Valenciana para pagar una deuda. Economía, según esta información, intercede para evitar el impago de un vencimiento de 123 millones. La Comunidad tiene problemas para pagar las nóminas y los gastos farmacéuticos. Y a continuación, relata el mismo diario cómo el nuevo presidente de esa Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha dado un tijeretazo de mil millones diez días después de haber aprobado los presupuestos de su Comunidad. La valenciana es la segunda comunidad más endeudada, y el pasado septiembre llegó a registrar un déficit del 2,3 por 100, un punto más de lo autorizado por el Estado para todo el año. Tan grave resulta ser la situación económica de esta Comunidad, -que el vicepresidente José Ciscar ha comparado con un enfermo de cáncer-, que, sin embargo, en los últimos años ha venido apareciendo como una de las Comunidades Autónomas más brillantes, florecientes y prometedoras... El segundo de ños diarios mencionado, El Mundo, cuenta, a su vez, que el Tesoro sale en auxilio de Valencia. Le avala para evitar el impago de un crédito de 125 millones (es decir, dos millones más que los mencionados en la información anterior) con el banco alemán Deutsche Bank. Economía, destaca también el periódico, niega el acuerdo, pero fuentes solventes lo confirman. Y también, a renglón seguido, la decisión del president Fabra: Presentará este jueves el plan de ajuste de mil millones de euros. Encaminado a reorganizar y racionalizar la prestación de servicios públicos, incr4ementar la corresponsabilidad en su financiación e impulsar nuevas políticas de ahorro en el seno de la Administración. Fabra necesita con urgencia liberar recursos para pagar los 2.500 millones de euros a los proveedores, una de las principales rémoras dela herencia recibida de Camps, y ya ha comprobado que es insuficiente el recorte anunciado en julio de 680 millones de recortes... Del expresident se critica que no afrontara con decisión el problema de la liquidez y la alarmante caída de ingresos que se ha venido produciendo. El Mundo ilustra estas informaciones con un cuadro que muestra la evolución de la deuda pública autonómica durante la crisis: La Comunidad catalana está en cabeza de las comunidades más endeudadas, hasta los 40.000 millones, seguida, precisamente, por la Comunidad Valenciana, con 20.000 millones de endeudamiento. En términos proporcionales, según explica El Mundo, la valenciana es la región más endeudada, tras haber aumentado por encima del 17 por 100 en el último año. Su endeudamiento ha llegado a representar el 20 por 100 del PIB, tres décimas más que la catalana, en cabeza en el ránking de las regiones más endeudadas en términos absolutos, con casi cuarenta mil millones... Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla la Mancha, País Vasco, Castilla y León, Baleares, Canarias, Aragón, Murcia, Navarra, Asturias, Extremadura, Cantabria y La Rioja, por este orden, completan ese mapa de deuda, que desde los 60.000 millones acumulados en 2007, ha llegado en 2011 a superar los 135.000 millones. Esa es la penosísima situación del Estado Autonómico, que parece haber sido la causa de que las previsiones de déficit del gobierno central hayan quedado muy superadas: del seis por ciento previsto por la exvicepresidenta Elena Salgado, al ocho y pico por ciento del PIB que este lunes revelaban Guindos, Montoro y Fernández Díaz, sin demasiada coincidencia en decimales, a la espera de que, el mes que viene, se conozca la cifra oficial....
Curiosamente, la Comunidad Valenciana ha sido presentada reiteradamente como “joya de la Corona” durante los últimos años. Los políticos valencianos, sin embargo, pretendían estar en cabeza de todas las iniciativas posibles: El anterior presidente de la Comunidad, el muy controvertido Francesc Camps, planteó y propuso que Valencia fuera sede de la Copa Europa de Vela, de la Fórmula Uno, tuviera una televisión autonómica récord en acumulación de deudas, obtuvo el tren de alta velocidad, y mantuvo el patrocinio del candidato Rajoy en los tiempos que siguieron a su segunda derrota como aspirante a presidir el Gobierno de la Nación. Es el Camps que estos días viene compareciendo ante los tribunales por causa de los presuntos cobros en especie a la empresa Gurtel, a la que favoreció la organización de muchos de esos eventos que a Camps le gustaba presidir. Camps, finalmente sustituido por Fabra, contempla cómo su imperio se tambalea, empezando por su propia imagen de líder invicto y glorioso …
Un ruinoso Estado autonómico, como se viene comprobando...

EL SUMARIO, YA SIN SECRETOS, LLEGA A TODOS LOS DIARIOS

URDANGARIN A TOPE Y A DIARIO
Este 2012 de muy reciente estreno es seguro que seguirá proporcionando noticias relevantes en el ámbito de la administración de Justicia: El Caso Camps, el Caso Urgandarín, el Caso Campeón-José Blanco... Todos casos relacionados con presuntas corrupciones en los que cada uno de os encausados aparecen como presuntos comisionistas” o receptores de dinero o productos a cambio de favores o “buena disposición”. En el caso Urdangarín, todo empezó con alguna primicia periodística, escasa y en un solo diario, ahora es ya “lluvia intensa” que se reparte en todos los diarios de alcance nacional. Revelaciones del momento resulta abrumador para el lector..., y se supone que en mayor medidas para el famoso yerno y para su letrado defensor. El simple repaso a lo que dicen los diarios de este martes viene a ser toda una comprobación de que “el yerno desleal” está ampliamente juzgado y condenado en la opinión pública española:
El fiscal vincula a Urdangarín con salidas invisibles de fondos a Belice. El duque de Palma estuvo ligado a “singulares operaciones de valores”. El yerno del Rey sólo aparentó que rompía la relación con Torres y la trama. Pepote, el amigo arrepentido del duque de Palma, confesó ante el juez Castro. Y que el abogado de Matas reitera que el caso debe pasar a la Audiencia -relata El País
Según El Mundo, Reven6ta gestionó los negocios de Urdangarín desde La Zarzuela. Un fax revela que llevaba los temas fiscales del dique antes de aterrizar en Noos. El mensaje va dirigido a García Revenga, “de la empresa Casa Real”. Contiene los datos de Namasté, una de las sociedades privadas del duique. Torres alquiló su yate a la ONG de niños discapacitados. La Infanta cobra 72.000 euros de la Casa Real, se´gun el sumario -cuenta también El Mundo
El mismo diario proporciona un artículo de Javier Gómez de Liaño sobre el Rey, la normas sucesorias... “Me preocupa que desde hace algún tiempo, las peores arrugas del Rey de España no sean las de la cara, sino las del alma”, es la conclusión del exjuez.
El socio de Urdangarín dijo al fiscal que no sabía que debían presentar facturas. Nunca se nos pidieron cuentas de los gastos incurridos, sólo de las actividades realizadas, dijo Diego Torres. Año 2008: Caja Iñaki Urdan, 110.300 euros. Recibos falsos con una finalidad fiscal. Antocorrupción buscaba rebajar artificialmente el coste del Impuesto de Sociedades. El administrador de la trama confirmó que los pagos eran irregulares. Torres le dictaba concepto y cantidad en los recibos. El sumario revela la asignación de 72.000 euros a la Infanta en 2004 -ABC resume el Sumario del Caso Noos.
Urdangarín y su socio ganaron 5,8 millones con sus empresas. El sumario del Caso Noos revela los negocios ilícitos del duque de Palma -titulares de La Vanguardia en portada
Urdangarín dirigía en persona la trama Noos. El sumario destapa instrucciones del duque de Palma para desviar fondos del instituto. Las empresas de los imputados se cruzaron facturas por un importe de cinco millones -titulares de portada de El Periódico de Cataluña
Noos ocultó a Hacienda pagos en 2008 a Urdangarín por 110.300 euros. Una chequera con notas delata el duque. El fiscal vincula al yerno del rey con la empresa que evadió fondos a Belice. “Torres me dijo que Iñaki no trabajaba y sólo quería beneficios”. El talonario tenía seis anotaciones de pago y una leyenda: Caja Iñali Urdangar´ñin. Torres declaró que podían ser abonos adeudados a empresas del duque. En 2008, Urdangarñín llevaba dos años formalmente alejado de la entidad. El Rey asignó a su hija 72.000 euros en 2004. Un testigo relató a la policía la ruptura de os dos socios por razones económicas -Público
Urdangarín y su socio se embolsaron 5,8 millones de Noos. El fiscal afirma que lo hicieron a través de sus empresas. Urdangarín, según el informe, recibió 274.889 euros de la inmobiliaria Aizoon entre 2004 y 2005. Torres usó un velero para discapacitados -La Razón
Matas reclama otra vez a la Audiencia Nacional que investigue a Urdangarín. El yerno y su socio Torres se embolsaron de Noos 5,6 millones. No se descarta que también se le impute un presunto delito de blanqueo de capital. Las facturas no justifican el fin de los fondos, según la Fiscalía. Anticorrupción cree que desvió fondos a Belice -cuenta La Gaceta
Con un comentario firmado por Maire Nolla: Marivent no es una gasoLinera, que compara el caso Urgandarín con el Caso José Blanco. “Me sorprende la diferebnci8a de trato con otrod asuntos como el del patrimonio de Bono -La Gaceta
La Policía eleva a un millón el dinero que Urdangarín ocultó en paraísos fiscalkes. Tras hallar 650.000 euros en Belice, se descubre una cuenta en luxemburgo. Salvador Trichet, asesor fiscal de Urdangarín, creó una estructura fiduciaria en Londres para evadir capital y ocultarlo al fisco. La asignación real de la infanta Cristina72.000 euros, según un documento manuscrito incluuido en el sumario de los negocios de Urdangarín. El socio del duque disfrutó de una embarcación de recreo de la Fundación de niños discapacitados -El Economista.
Es previsible pensar que esta “lluvia intensa” de noticias sobre los nada santos negocios de Udangarín, proseguirá a medida que se vayan divulgando y hasta que se agoten los asuntos que contiene el Sumario judicial del Caso, y una vez que ha quedado levantado el secreto sobre el mismo. ¿Quién podrá poner la mano en el fuego sobre la presunción de inocencia del duque, e incluso sobre la presunta inocencia de su esposa la Infanta?

LA INVESTIGACIÓN, OTRO ÁMBITO DE RECORTES MÚLTIPLES

UN AÑO ESPECIALMENTE ÁSPERO CON LOS FUNCIONARIOS
Llegados a 2012, el nuevo año arranca en España con subidas en el gas natural y las tarifas de Correos, mientras se congelan los precios de la luz y el butano. Pero también se congelan el sueldo de los funcionarios y el salario mínimo, y se incrementan pensiones e impuestos. De los primeros cálculos efectuados, tras conocerse las noticias del ajuste duro anunciado por el gobierno el viernes, tras su segundo consejo de ministros, también cabe concluir que más de tres millones de pensionistas –es decir, la mitad de los pensionistas de nuestro país-, se verán afectados por la subida del IRPF. Y por consiguiente, el alza fiscal anunciada, de un uno por ciento –equivalente a 8,11 euros al mes-, se comerá toda la subida del 1% para más de 100.000 beneficiarios. Los func9onar9os también han hecho su correspondiente cálculo: no es que su el sueldo les haya quedado congelado, que sí lo estará, sino que, al tener que trabajar dos horas y media más, hasta 37,5 horas semanales, por el mismo salario, se les reduce su poder adquisitivo… Más aún: Junto a la congelación salarial, el aumento de la jornada laboral y la reducción al mínimo de la oferta de empleo público, el decreto-ley de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado que este domingo, primero de año, publica el Boletín Oficial del Estado encierra otra sorpresa, también negativa para los funcionarios, que no fue anunciada por la portavoz del Gobierno, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Se trata de que los funcionarios se quedarán en 2012 sin aportación para sus planes de pensiones, según relata este domingo el diario El País en su versión digital.
Dice textualmente el texto que “durante el ejercicio 2012, las Administraciones, entidades y sociedades (…) [públicas] no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación”. El texto de la norma publicada hoy supone una vuelta de tuerca más al capítulo de gastos de personal. Tras el recorte medio del 5% de los sueldos aprobado en mayo de 2010, la retribución de los funcionarios quedó congelada en 2011, pero pese a ello se permitió destinar hasta un 0,3% de la masa salarial a la financiación de aportaciones a planes de pensiones de empleo o similares. Ahora, esa partida desaparece, y además lo hace para todas las administraciones, organismos y empresas públicas. Se trata, en la práctica, de un recorte más en la retribución total de los funcionarios. A ese recorte se une la disminución de más de un 6,6% en el salario por hora de jornada laboral, pues en eso se traduce con carácter general el hecho de mantener el mismo sueldo y aumentar la jornada de 35 a 37,5 horas. Según la nota difundida por el Gobierno, se puede mantener el horario de 35 horas semanales pero, en tal caso, con una reducción de salario proporcional. Esa reducción (en el caso de querer mantener las 35 horas de jornada en lugar de las 37,5 nuevas) supondría un recorte de ese 6,66% citado.
Otro recorte significativo, que también recae sobre un grupo de personal de la función pública, es el relativo a la investigación científica y tecnológica, que sufre una reducción de 600 millones de euros, tanto en subvenciones como en préstamos, en el plan de choque de recortes aprobado por el Consejo de Ministros. El presupuesto total en 2011 es de 8.600 millones de euros. La reducción agrava más aún la situación de la I+D+i (investigación, desarrollo e innovación) española, cuya financiación pública está en claro declive desde su congelación de 2009. El panorama que afronta, por tanto, la nueva secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, Carmen Vela, es claramente difícil, según pone de relieve El País. Los 8.600 millones de euros de 2011 (5.200 de créditos y 3.400 de subvenciones y transferencias) suponen ya un recorte del 8% respecto a 2010, cuando la reducción fue del 15% sobre el año anterior. Las medidas de contención del gasto en ciencia y tecnología en los últimos años del Gobierno Zapatero se habían concretado, sobre todo, en los organismos públicos de investigación, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales (Ciemat), que tienen las arcas vacías y han restringido ya notablemente sus actividades y contrataciones de personal. Los investigadores y expertos alertan sobre la contradicción política de defender, por un lado, la I+D+i como clave para avanzar hacia la economía del conocimiento y, por otro, la escasez presupuestaria en el sistema, que disfrutó de unos años de clara expansión con los primeros Gobiernos de Zapatero. En la congelación de la tasa de reposición de las plantillas de la administración, se exceptúan algunos sectores, entre los que no figura la I+D+i. Esto se traduce en que no se cubrirán las plazas que queden libres, sobre todo por jubilación, de investigación en las instituciones públicas. No es de extrañar que la primera encuesta del año, que proporciona El Mundo en su página web, se nos hable de unos españoles, en términos muy amplios, bajos de ánimo. Cuatro años de crisis parecen haber agostado los ánimos. La inmensa mayoría -un 70,6%- está convencida de que, en este nuevo año, el estado de la economía será igual o peor que en 2011.
El Gobierno no ha colaborado, precisamente, a subir los ánimos, salvo en la no subida de la luz y del butano… En el resto de las noticias hay escasos motivos para la satisfacción y las celebraciones por el año nuevo.