sábado, 17 de marzo de 2012

EL CASO DEL MARIDO DE LA COSPEDAL, Y EL DE EMPRESAS Y CONSEJEROS SON VEINTE AÑOS DE INACTIVIDAD

Muchos loros comen chocolate largo tiempo

Si hay un elemento que, en tempos de paro, carestía y necesidades, llega a resultar crispante para los ciudadanos, es el agravio comparativo. Y en estos días hemos tenido varios casos de esa especie, en un tiempo en el que se anima, instruye y adoctrina permanentemente a cualquier responsable político municipal, autonómico o de instituciones nacionales a emplear los dineros públicos del modo más razonable y restringido. Desde luego, está en boca de todo el caso de “el marido de la César Cospedal”. Algún diario llega a emplear el caso con titulares poco menos que “de tragedia”, por sus dimensiones. Ya este viernes era asunto “de escándalo para algunos medios, como El Mundo. Este sábado, el diario El País lo eleva a la condición de primerísimo asunto, con el gran titular “Moncloa forzó que el marido de Cospedal renunciara a Red Eléctrica. Rajoy hizo llegar su malestar a la número dos del PP. Crítica en el Partido a los movimientos de Ignacio López del Hierro. Cospedal rectificó tras conocer el malestar de Rajoy. La polémica tapó la presentación del plan de austeridad de Santamaría”... Algunos relatos periodísticos han reparado en el hecho de que., además de “colocar” a su marido, la muy poderosa señora De Cospedal estaba igualmente feliz por tener colocado, en otro puesto público, a su hermano Ricardo, al frente de la Fundación Carolina, de la que poco o nada se sabe... Se ha comentado profusamente que lo de López del Hierro aumentó considerablemente el flujo de llamadas telefónicas en las propias filas “peperas” como en las del adversario, por igual. Situaciones de esa naturaleza no sin precisamente nuevas, pero son capaces de arruinar cualquier campaña que intente recuperar la bandera de la integridad y el buen uso de los dineros públicos, tan escasos... Y, ya de paso, se ha recordado que hay otros cuantos “familiares de ministros” o militantes o amigos del PP que se vienen beneficiando del reparto de altos cargos de quienes han cesado por su pertenencia al “la situación política anterior”: José Folgado, Josep Piqué, Elena Pisonera, Angeles Alarcón (ex de Rato), el cuñado de Arias Cañete, el hermano de Alvaro Nadal... Ciertamente, no han sido ni serán modelos a imitar o a seguir, sino todo lo contrario. Por lo demás, y volviendo al “marido de la general-secretaria”, no constan en el personaje las virtudes, conocimiento y habilidades como para ser consejero de Unión Eléctrica, como tampoco parece que lo fueran para haber sido designado, en etapa anterior, consejero de Caja Castilla la Mancha. También por virtud de la poderosa intercesión de doña Colores la manchega. Parece que la propia secretaria general del PP está cavando, a gran rapidez, su propia tumba política con casos nada ejemplares.
Desde el propio Gobierno, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría mostraba en la tarde del viernes su regocijo por haber procedido a clausurar una serie larga de empresas que hace hasta veinte años dejaron de tener razón de ser, y no ocultaba que los muchos consejeros de esas instituciones vacías de contenido, estuvieron percibiendo sueldos de importante niveles durante esas dos décadas. Pues ya era hora de que se descubriera la existencia de tales entes y elementos, por igual. A Soraya “se le escapó” un gesto “pícaro” cuando mencionó que esos muchos consejeros sin nada que hacer durante dos décadas, hubieran seguido percibiendo sus sueldos sin rechistar... Lo sorprendente no es que se puedan dar situaciones de esa naturaleza, sino que, hasta ahora mismo, ni siquiera sea posible determinar con exactitud wl número de empresas que dependen de las tres administraciones del Estado, como señala el diario El Mundo, que apunta a qu7e podría tratarse de más de cuatro mil, o acaso... el doble. ¿Se imaginan ustedes cuántas toneladas de chocolate se precisan para atender a tantísimos loros a cargo del Tesoro Público, y cómo es posible que el sufrido contribuyente participe, año tras año, en desmadre tan abultado y consentido, aunque sea por pasividad de los administradores de primeros niveles? Resulta que ha estado funcionando Barcelona Holding Olímpico, constituida para los Juegos del 92, o la Sociedad V Centenario, (del descubrimiento de América, 1492), cuya actividad también había quedado extinguida hace dos décadas... Pero, del mismo modo, se ha procedido a clausurar Carmen, la Cocina de España, que, presumiblemente, promocionaba nuestra cocina, o la Sociedad Pública de Alquileres, invento infeliz que se le ocurrió a Zapatero hace media docena de años... Desde luego, sólo con esas revelaciones y descubrimientos, Sáenz de Santamaría se ha ganado el sueldo del tiempo que perdure en su cargo. Nos ha situado en un mapa de abusos de difícil sospecha, como cuando nos contaron que los ciudadanos griegos desde hace años estaban pagando la pensión a cuarenta o cincuenta mil viudos-viudas también fallecidos... Pues hemos quedado a la misma altura que el sufrido país griego, por causa de la inoperancia, la pasividad y la indolencia, vicios ciertamente culpables todos ellos en un responsable político, cuando no de la prevaricación pura y dura de quien ha consentido, a sabiendas, el incumplimiento de la norma y con alto coste para el Estado. Si González no clausuró esas instituciones y cesó a sus consejeros, debió hacerlo Aznar, y si éste lo pasó por alto o lo ignoró, debió haber actuado Zapatero, sin esperar a que se apuntara el tanto la perspicaz Santamaría, que a buen seguro nos deleitará con otros hallazgos prodigiosos, de más chocolates y más loros..
Desde luego, el caso Cospedal-López del Hierro deberá marcar un antes y un después en el que ya no vale todo, y mucho menos, enchufar a la ubre pública a los esposos u otra clase de familiares del “mando”. En adelante, debieran tener explicaciones más minuciosas las designaciones de altos cargos de sueldo oficial, y las capacidades de los correspondientes asesores, la mayor parte de los cuales son perfectamente superfluos, y sin embargo, costosos para un país que se ve forzado a recortar en presupuestos sanitarios, educativos, en becas, en investigación científica, en atenciones a la dependencia “real”...
No hemos llegado a valorar lo que cuesta llevar un sueldo a casa, ni mucho menos, a contribuir con una parte de ese sueldo no sólo a las necesidades, sino, sobre todo, a los caprichos impresentables de quienes nos gobiernan...

viernes, 16 de marzo de 2012

FEIJOO ALIENTA LA MEDIDA PESE A LA INOPORTUNIDAD QUE TIENE PARA ARENAS

El copago, o repago farmacéutico, parece muy próximo

Es tiempo de pagar viejas deudas y de prever que no puedan volverse a producir esa acumulación de facturas sin pagar, a cargo de las administraciones públicas, tanto municipales como autonómicas. Hay más de cinco mil municipios con deudas, de los ocho mil existentes... En las últimas horas, los ayuntamientos han terminado de elaborar sus listas de acreedores, con resultados sorprendentes: hay municipios que no pagan, y municipios que no deben, por igual. Madrid ha llegado a acumular más de mil millones en deudas sin pagar, mientras Barcelona apenas debe mil euros y Bilbao no debe un euro. ¿Cómo es posible tal diferencia de administradores? Lo único que se sabe es que a Gallardón lo premiaron con un Ministerio y le permitieron designar sucesora a su gusto...
Pero, a la hora de resolver esas viejas cuentas, las administraciones, sobre todo las autonómicas, quieren disponer de más dinero “corriente” para afrontar gastos. Quieren disponer de ingresos nuevos. Por ejemplo, el copago, o repago, o participación del usuario-ciudadano en el pago de medicinas o atenciones médicas. De momento, el modelo ya existe y entrará en vigor próximamente: Convergencia i Unió, lo acaba de aprobar en su presupuestos, con el apoyo del PP. Y en el PP, parece a punto de abrirse la veda para que cada presidente autonómico aplique esa fórmula. Uno de los “padrinos” habrá sido el presidente gallego, Núñez Feijoo, hombre de confianza de Rajoy, y gallego como él, que ha preferido olvidarse de disparates como el centro cultural Gaiás, que lleva enterrados unos cuantos cientos de millones, y cuya utilidad aún se ignora,, o de los cuatro aeropuertos gallegos, nada menos...Pues bien, la ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró este jueves que el copago farmacéutico está pendiente del acuerdo que posiblemente se decida en el próximo Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud. “Tenemos que buscar mecanismos para la sostenibilidad de la sanidad pública, para la racionalización del gasto”, sentenció la ministra, en línea con las comunidades del PP. Mato subrayó el compromiso del Ejecutivo con una “sanidad pública universal, de calidad y gratuita”, aunque evitó criticar la decisión del euro por receta de Cataluña, que apoyó indirectamente su partido. Según indica El País este viernes, cada día que pasa está más claro que, después de las elecciones andaluzas, van a producirse cambios muy significativos de la estructura del Estado de bienestar y de la Administración. Explica que el Gobierno está intentando frenar cualquier debate sobre los recortes hasta que pasen esas elecciones clave, a las que ahora se suman las asturianas, pero la realidad de las comunidades autónomas le impide controlarlo todo. En concreto, menciona la decisión de Cataluña de aprobar, con la imprescindible abstención del PP, el cobro de un euro por cada receta, que ha desatado un intenso debate sobre posibles reformas en la financiación de la sanidad. El PP parece que trata de posponer la polémica para que no afecte a la campaña electoral de Javier Arenas. El presidente de la Xunta, Núñez Feijoo, que fue presidente del Insalud durante el Gobierno de Aznar. planteó una fórmula distinta a la catalana. Como señala La voz de Galicia este viernes, Feijoo abrió la puerta al copago farmacéutico “en atención a la renta”. Dijo que habría que estudiar una reforma en la que tenga que ver la renta de los ciudadanos y en la que tenga mucho más que ver la solidaridad. Feijoo indicó que cualquier medida que se tome debiera contar con el consenso de todas las Comunidades. En estos momentos, todos los ciudadanos, sin diferencias de renta, pagan solo una pequeña parte de medicinas que le recetan los médicos de la sanidad pública. Los pensionistas no pagan nada. Lo que está planteando el presidente gallego, y ha dejado caer en público en otras ocasiones y sobre todo en reuniones internas del PP, es que todos los ciudadanos a partir de una cierta renta paguen más para reducir el coste farmacéutico de las comunidades autónomas, que ronda el 10%. Feijóo remataba su propuesta en un día especialmente relevante, tras la decisión de Cataluña en las primeras páginas y poco antes de reunirse con Rajoy en La Moncloa. A la salida de esta cita, Feijóo intentó suavizar el debate, tal vez ante la evidencia de que la polémica había trastocado la campaña andaluza, aunque insistió en que no hay que “criminalizar” a Artur Mas por cobrar a partir de ahora un euro por receta. Se recuerda que, en una reunión interna del PP, con la presencia de Rajoy, también Esperanza Aguirre, la presidenta madrileña, planteó una solución similar. Pero los populares quieren huir en lo posible de más subidas de impuestos. Se cuenta este viernes en El País que el copago coloca a Arenas en el ecuador electoral, y de igual manera, señala El Mundo que Feijoo pone en aprietos a Arenas al justificar el copago farmacéutico, mientras el candidato andaluz del PP se muestra en contra, y dice que, en principio, no cree en cobrar una tasa por receta, mientras Griñán le insta a aclarare cuanto antes su posición. Por parte del PSOE, es conocida la oposición al copago. Rubalcaba afirma que el copago llegará con los Presupuestos y cree que se dará vía libre a las autonomías para implantarlo. El líder del PSOE advierte de que el Gobierno está introduciendo el cambio “en dosis”. De hecho, el propio Feijóo ha rechazado esta misma semana la posibilidad de subir el tramo autonómico del IRPF, aunque la mayoría de los barones autonómicos del PP no ven con malos ojos esta solución de cobrar más en función de la renta por algunos servicios, y en especial por las medicinas. Sin embargo, todos quieren evitar el coste político de ser los primeros en implantarlo. Y en este juego de ver quién asume el coste político de plantearlo, si el Ejecutivo o las autonomías, llegan las andaluzas. “Estoy seguro de que el Gobierno sabrá liderar fórmulas que sean capaces de hacer viable el sistema sanitario español”, dijo Ignacio Diego, el presidente cántabro, que también visitó este jueves a Rajoy. Por otra parte, recuerda La Razón que la postura del PSOE sobre el copago sanitario no está del todo clara, y que al menos cuatro exministros se postularon, en la legislatura anterior, a favor de la medida, aunque ahora apuestan por una Sanidad fuerte, de calidad, equitativa y generosa... Pero todo permite suponer que el aumento del porcentaje de los medicamentos que pagan los ciudadanos directamente y no a través de los impuestos, (ya se paga un porcentaje de su precio), y otras medidas de aumento de tasas, precios públicos de todo tipo y tal vez subidas de impuestos, se va imponiendo como fórmula de recortar el déficit. Es lo que nos va a tocar...

jueves, 15 de marzo de 2012

RECETAS, TURISMO, PRECIO DEL AGUA..., TODO SUBE EN CATALUÑA

Cataluña implanta el copago farmacéutico, y tres tasas más, con ayuda del PP

En materia de recortes del gasto público, el gobierno catalán se apunta dos novedades: El Govern de CiU ha logrado sacar adelante, en el debate presupuestario, la creación de dos nuevas tasas, una turística y otra farmacéutica, gracias al PP catalán, que ha permitido, con su abstención, la aprobación de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras, que incluye los nuevos impuestos. La norma, conocida también como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, se ha sometido a votación en la cámara catalana con un mes de retraso, el que ha necesitado el Consejo de Garantías Estatutarias para avalar su legalidad, después de que ICV-EUiA, SI y Ciutadans solicitaran su dictamen. La Ley de Medidas recoge esas dos tasas polémicas, el nuevo impuesto sobre las pernoctaciones turísticas, que comenzará a aplicarse el 1 de noviembre y el copago farmacéutico de un euro por receta, que se cobrará desde el 1 de junio, y del que quedarán exentos los enfermos con menos recursos, los beneficiarios de una pensión no contributiva y los crónicos, parcialmente. Estos últimos deberán abonar la tasa en las primeras 61 recetas del año. La nueva ley, que salió adelante con 61 votos a favor, 52 en contra y 17 abstenciones, tendrá otras consecuencias , como un incremento del canon por captación de agua, un recorte del 15% en la jornada laboral de los empleados interinos de la Generalitat, y la implantación de una tasa para acceder a la justicia.
El retraso de un mes en la aprobación de esta ley tendrá un impacto negativo en las arcas de la Generalitat de 50 millones de euros, según las estimaciones del Departamento de Economía, aunque el portavoz adjunto de CiU en la cámara, Ramon Espadaler, ha elevado esta cifra a 60 millones. Espadaler defendió en su intervención la tasa que ha recibido el rechazo más unánime entre la oposición, el copago farmacéutico, del que ha dicho que su "voluntad recaudadora está en segundo plano", al tiempo que ha recordado las exenciones a los colectivos "más débiles". Por su parte, el diputado del PPC José Antonio Coto explicó que, al posibilitar la aprobación de los Presupuestos de 2012 y de la Ley de Medidas, su partido "ha evitado" una eventual convocatoria anticipada de elecciones autonómicas, que habría perjudicado la imagen de Cataluña. Los 'populares' también se complacen por haber logrado arrancar al Govern que retrase la aplicación de la tasa turística y el copago farmacéutico, y que introduzca topes y exenciones en unos impuestos que el PPC se ha comprometido a que "pasen a ser historia" cuando se recupere la situación económica. En cuanto a los grupos que han rechazado el proyecto, el diputado del PSC y exconseller Ernest Maragall ha lamentado que estas modificaciones introducidas por los populares representan una "voluminosa renuncia a ingresos" por parte del Govern. "Esta ley está tan desvinculada de la realidad como lo estaba la de Presupuestos", dijo Maragall, quien ha denunciado que la norma no se ajusta ni a la realidad económica actual ni a las previsiones. Por su lado, el diputado de ICV-EUiA Josep Vendrell, sentenció que la aprobación de la Ley de Medidas consolida una "mayoría natural de derechas" en la cámara catalana, para reprochar después a CiU que "a cada foto con el PP le sigue una gesticulación soberanista". Y en la misma línea fueron las críticas al Govern desde las filas de ERC: "Ha querido ser el primero de la clase en recortes de cara al maestro de Madrid, pero ahora se ha dado cuenta de que el maestro le tiene manía", ironizó el diputado Pere Aragonès. Para Ciutadans, la luz verde dada por el Parlament a la ley "visualiza una guerra fría ideológica emprendida por el sector más conservador de la cámara contra el Estado del bienestar y mediante el ataque a todos sus pilares", según explicó el diputado Jordi Cañas. Por su parte, el diputado de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) Uriel Bertran, insistió en reclamar al Govern medidas "firmes y valientes" para caminar hacia la independencia. En fin, el diputado no adscrito Joan Laporta ha votado a favor de la medida, igual que votó a favor de la Ley de Presupuestos.
De manera que, con estos nuevos presupuestos, comprar un medicamento, pasar la noche en un hotel o abrir el grifo del agua, será más caro en Cataluña a partir de ahora, en un intento de la Generalitat de corregir sus maltrechas cuentas. El Gobierno de Convergència i Unió, con la decisiva abstención del Partido Popular, dio luz verde definitiva a la ley de medidas fiscales y financieras que tiene como objetivo aumentar los ingresos de la Administración catalana. El objetivo de fondo es ayudar a reducir el déficit, desde el 3,7% del año pasado hasta acercarse lo máximo posible al 1,5% que el Gobierno central ha fijado para las autonomías este año. Nadie se salvará de los incrementos de impuestos, que se sucederán durante todo el año. La Generalitat prevé comenzar a cobrar el euro por cada receta médica as partir de junio, una tasa, que CiU pretendía aplicar de forma universal, y que incluye algunas exenciones que el PP impuso a la Generalitat a cambio de su abstención en los Presupuestos: sólo afecta a los medicamentos que cuesten más de 1,67 euros y no deberán pagarla los perceptores de una pensión no contributiva o de la renta mínima de inserción. Para el resto de los ciudadanos se aplicará hasta un máximo de 62 recetas al año. La tasa entrará en vigor cuatro meses más tarde de lo previsto inicialmente por el Gobierno catalán, un retraso que supondrá una merma de ingresos de ocho millones de euros, aproximadamente. El Departamento de Salud, que el año pasado ya excedió el presupuesto en 582 millones, preveía ingresar 81 millones de euros con esa medida. En cuanto a la nueva tasa de pernoctaciones turísticas, tendrá un coste de entre 0,5 y 2,5 euros, y estará en vigor el 1 de noviembre, tal como exigió el Partido Popular. Los Ayuntamientos ingresarán el 30% de este nuevo impuesto, aunque el de Barcelona se quedará con el 50%. No pagarán esta tasa ni los menores de 12 años ni a partir del segundo ocupante de cada habitación o apartamento. La nueva ley también establece el incremento del canon del agua. El Gobierno de CiU asegura que su finalidad es penalizar el consumo abusivo, por lo que el precio de los primeros 14 metros cúbicos sólo subirá el equivalente al IPC. Para los consumos mayores, la subida será del 10%. El objetivo es también salvar las finanzas de la Agencia Catalana del Agua, que se encuentra en situación de quiebra técnica. En fin, la cuarta gran medida de la ley es la que recorta un 15% el sueldo y la dedicación del personal interino de la Administración. La mayoría verá reducida su jornada en, aproximadamente, una hora al día, aunque hay exenciones para bomberos y personal penitenciario, entre otros colectivos. Todos los partidos de la izquierda catalana han criticado duramente el pacto CiU-PP para aprobar las medidas y acusaron al Gobierno de no querer dialogar. El diputado del PSC Ernest Maragall acusó al Gobierno de no lograr ninguna de sus finalidades con los recortes impuestos hasta la fecha: “Ahora tenemos la evidencia de que ustedes no saben contener el déficit”, dijo Maragall para recordar que CiU apenas ha conseguido reducirlo en medio punto pese a los reiterados recortes que ya ha aplicado el último año. Por su parte, los aliados Convergència i Unió y el Partido Popular calificaron estas subidas de impuestos, que siempre habían rechazado en campaña electoral, como un “acto de responsabilidad”...
Un nuevo invento contra la crisis, que pocos dudan de que significa un precedente que se aplicará en otros niveles de las administraciones públicas, y para seguir deteriorando la capacidad adquisitiva de los ciudadanos.

miércoles, 14 de marzo de 2012

SE ESTIMA QUE LOS DOS SOCIOS DEBERÍAN DEVOLVER TRES MILLONES CADA UNO

Según el juez, Urdangarín y su socio Diego Torres, son igualmente responsables

El juez José Castro ha hablado, y comenta la declaración que escuchó hace algunas semanas al imputado Urdangarín, del modo que es habitual en un juez: mediante un auto judicial de veinticinco páginas. El juez, en estas explicaciones pormenorizadas, rechaza en su auto d la tesis autoexculpatoria que esgrimió Iñaki Urdangarin en su declaración del pasado 25 de febrero y aclara que estaba en la gestión presuntamente delictiva de Nóos «al mismo nivel” que su socio Diego Torres. Es decir, que rechaza la tesis que planteó Urdangarín según el cual, su papel en Noos era “únicamente institucional”. Sostiene el auto , del que informan los dos periódicos que más atentamente siguen el caso, El País y El Mundo, que el duque «siempre estuvo detrás de todo el entramado societario... al mismo nivel que Diego Torres». Añade que «no acaba de convencer el argumento de que sus funciones sólo eran en materia deportiva», sin conexión con la gerencia, y rechaza citar al conde de Fontao con el argumentode que el duque desempeñó «antes y después» la misma actividad en su gestión. Es decir, el juez del caso Nóos no cree a Urdangarín, y considera que existen “sobrados indicios” de que el duque de Palma siguió vinculado al Instituto Nóos después de marzo de 2006, fecha en la que el Rey le ordenó que dejara a un lado sus actividades en la entidad sin ánimo de lucro. “Todo apunta a que tal desvinculación no se produjo”, relata el auto del juez, que pone en duda las explicaciones de Urdangarin en el sentido de que su papel era meramente institucional y que era su socio, Diego Torres, quien llevaba la voz cantante y tomaba las decisiones. “No acaba de convencer el argumento de que sus funciones sólo lo eran en materia estrictamente deportiva y sin conexión alguna con la gerencia”, afirma José Castro, que también recuerda que innumerables testigos han explicado a la policía que “Urdangarin siempre estuvo detrás de todo el entramado societario, antes y después de esa fecha”, y que esas declaraciones le sitúan “al mismo nivel” que Torres, algo que también avala “la documentación intervenida”. “Por si cupiere alguna duda”, añade el juez, el propio Urdangarin “vino a reconocer” haber mediado, en 2007, ante la Administración balear, para que Torres y él cobrasen 400.000 euros de un pago pendiente. Antes de la “ruptura de la amistad”, el duque de Palma “desarrolló negocios puntuales” con su exsocio al entender, según se desprende de su declaración, que la recomendación del Rey no lo impedía. Y llega a la conclusión de que el yerno del Rey controló la trama antes y después de dejarla oficialmente, y que su papel de rector de Noos está avalado por innumerables testigos que “le sitúan como rector de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social., y al mismo nivel que Diego Torres, lo que también viene avalado por la numerosa documentación intervenida”.
El juez hace públicas esas pormenorizadas consideraciones a propósito de la petición del “sindicato” ultraderechista Manos Limpias, para que el asesor del Rey José Manuel Romero declare como testigo. Castro rechaza que se efectúe tal declaración de Romero, así como la del secretario de la infanta Cristina y extesorero de Nóos, Carlos García Revenga, y advierte de que no tiene “ninguna trascendencia penal” conocer “cuáles fueron, en concreto”, los consejos o instrucciones que la Casa del Rey dio a Urdangarin. La instrucción, dice el juez, no tiene por objeto hechos que “sirvan exclusivamente a intereses mediáticos, al favorecimiento hacia actitudes políticas o simplemente para satisfacer la curiosidad”. En cambio, el juez sí cita a declarar, en calidad de testigos, a otras dos personas: la asistenta personal de Urdangarin desde 2007, Julita Cuquerella, y el secretario de turismo y proyectos estratégicos de la Generalitat Valenciana en 2004, Luis Lobón Martín. En su declaración ante la policía, Cuquerella ya admitió que hizo “algunos trabajos” para Aizóon, la empresa inmobiliaria del duque y su esposa. Asimismo, diversas entidades bancarias deberán informar, por orden del juez, sobre todos los movimientos de una cuenta corriente a nombre de Urdangarin, y de otras ocho a nombre de Ana María Tejeiro, la esposa de Torres. Su abogado, Manuel González Peeters, ha pedido que se archive la causa contra ella por las mismas razones por las que el juez ha decidido no imputar a la infanta Cristina. El juez, que a partir de ahora grabará las declaraciones para evitar “distorsiones”, también ordena a la Agencia Tributaria que informe sobre las operaciones con terceros de la mercantil Global Consulting Partners, vinculada a Domingo Díez de Mera, compañía que en 2007 pagó a Urdangarin 300.000 euros por consultorías verbales y telefónicas.
Interpreta el diario El Mundo que este auto del juez, primero, deja constancia de que no cree la versión de Urdangarín en sus más de veinte horas de declaraciones en el juzgado de Palma. Y observa que “en buena lógica, si Castro considera que Urdangarín tenía el mismo nivel que Torres, el tratamiento penal debería ser semejante para ambos”. Dice también el diario que el autor del juez supone un salto cualitativo en la investigación, ya que aboca, si no surgen nuevos elementos, a sentar a Urdangarín en el banquillo, dado que refuta su versión en base a los testimonios recabados y la documentación incautada.
Por otra parte, en loas días anteriores se ha venido especulando sobre la fianza que se podría pedirse a Urdangarín para evitar la privación de libertad: del orden de tres millones de euros, que sería la mitad de los aproximadamente seis millones percibidos de los Gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia gracias a la amabilidad de Jaume Matas y Francisco Camps, para con el yernísimo... Los otros tres millones debería devolverlos el socio Diego Torres, según cabría deducir...

martes, 13 de marzo de 2012

TORRES DULCE APAGA LA CONSPIRACIÓN DEL 11-M, Y JUNCKER APRIETA UN POCO MÁS A RAJOY

Dos notables rectificaciones del Gobierno: la del fiscal y la del déficit

Coinciden este martes las noticias de dos muy notables y relevantes rectificaciones, una realizada por el fiscal general del Estado, Torres Dulce, sobre las investigaciones y la sentencia de los atentados del 11-M de hace ocho años. Y la otra, procedente de Bruselas, que viene a señalarle a Rajoy que no es tal la completa capacidad de su gobierno para decidir sus propias cifras de déficit. El Eurogrupo ha pedido al Gobierno español un "esfuerzo adicional" del 0,5% del PIB sobre el objetivo anunciado por Mariano Rajoy, del 5,8% del déficit. De este modo, los socios de la eurozona reclaman a España que recorte su desequilibrio presupuestario para este año hasta el 5,3%. "El Eurogrupo considera que la corrección del déficit excesivo debe asegurarse con un esfuerzo adicional del 0,5% del PIB sobre lo que actualmente ha sido anunciado por el Gobierno español hasta ahora, y mediante la adopción rápida y estricta de las nuevas medidas que fija los mecanismos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria", señala el comunicado que fue difundido la noche del lunes. Los ministros de Economía de la eurozona han pedido además al Gobierno de Mariano Rajoy que aplique "estrictamente" los mecanismos previstos en la nueva ley de estabilidad presupuestaria para controlar la ejecución fiscal "en todos los niveles de la administración". "El Gobierno español ha expresado su disposición a tener en cuenta esto durante el procedimiento presupuestario posterior", asegura el Eurogrupo. El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, -cuya fotografía en el momento de ser cogido del cuello por Juncker aparece este martes en la mayor parte de las portadas de los diarios-, rechazó hacer declaraciones al término de la reunión. El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, aseguró que el Gobierno español ha mostrado su disposición a considerar esta petición de sus socios europeos en el proceso de elaboración del presupuesto, y reconoció el "progreso sustancial" logrado hasta ahora con las reformas estructurales para fomentar el empleo y el crecimiento, aunque destacó que necesitará ser completado con más esfuerzos en los mercados de productos y servicios. El también primer ministro de Luxemburgo reconoció en rueda de prensa que se trata de un "resultado inesperado" que no podía anticipar antes del encuentro y celebró que ahora exista un "acuerdo común" al respecto. Por su parte, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, se mostró satisfecho con que España haya accedido a reconsiderar la meta del 5,8% que anunció Rajoy y subrayó la importancia de que el país esté firmemente comprometido a cumplir con el 3% del 2013.
De modo que “ni para ti ni para mi”: Ni el 4,4 comprometido, ni el 5,8 que decidió unilateralmente Rajoy. Un término medio, el 5,3, que deberá incorporarse de inmediato en los presupuestos que elabora Hacienda...
La otra rectificación es la que ha efectuado, por su propia cuenta, o acaso a sugerencia del Consejo del Poder Judicial, el fiscal general Eduardo Torres Dulce. A Torres Dulce, le ha correspondido recordar un viejísimo axioma de la Jurisprudencia: Una cosa no se juzga a dos veces. La cosa juzgada, y los hechos probados, bien probados y juzgados están, y no cabe revisión... Pocas horas después de que escuchara las esperanzas que había puesto en sus presuntos propósitos una de las asociaciones de víctimas del terrorismo, la de la señora Pedraza, Torres Dulce aseguraba que la sentencia del 11-M “es incontestable”. Lo indicaba de esa matera contundente a la entrada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), curiosamente. El fiscal general señalaba, sobre los atentados de los trenes de Atocha, que “hay una verdad jurídica” que es la sentencia. Y ha matizado que él no ha ordenado la reapertura del sumario del 11-M, sino que simplemente se ha limitado a poner de manifiesto que se mire si los restos de uno de los vagones aparecidos ya habían sido analizados y valorados por los tribunales. Añadió que en ningún momento ha indicado que se esté investigando un delito en relación con los restos descubiertos en uno de los vagones que estallaron en el atentado del 11-M. Respecto a las declaraciones de Pilar Manjón, la otra de las presidentas de asociaciones de víctimas del terrorismo, afectados del 11-M, que pidió a los “conspiranoicos" que dejen en paz a los muertos, el fiscal general expresó su “máximo respeto” a sus declaraciones y comentó que su despacho está abierto para cuando ella quiera entrevistarse con él y hablar sobre este tema. En efecto, la insistencia de algunos medios, como El Mundo, en la teoría de la conspiración, ha llevado a las víctimas del peor atentado cometidos en España a acudir divididas a los actos del octavo aniversario. Tras recordar al fiscal general que el caso está juzgado y que hay tres sentencias que así lo confirman, Manjón sostuvo que la decisión emana de la “conspiración repugnante de unos fanáticos que no asumen que los atentados fueron cometidos por yihadistas". Recordemos que el domingo, en el parque del Retiro de Madrid, Ángeles Pedraza había afirmado que "el 11-M es un caso abierto y ahora más que nunca", al tiempo que pedía a todos cuantos tienen responsabilidades públicas que actúen "con decisión y valentía" para lograr el esclarecimiento total del peor atentado de la historia de España. ¿Qué pasa con ese “tren suelto”, que apareció recientemente, y que tantas especulaciones suscita y genera? La Fiscalía de Madrid ha ordenado a la Guardia Civil el precinto y custodia de los restos ferroviarios hallados en un almacén del distrito de Villaverde, en Madrid, que podrían corresponder con una parte de los trenes que sufrieron los atentados del 11-M, por si su hallazgo pudiera suponer "un delito de obstrucción a la Administración de Justicia". La orden fue dada por el fiscal provincial de Madrid, Eduardo Esteban, una semana después de que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, hiciera público que había ordenado investigar la aparición de estos restos, cuyo hallazgo fue conocido por informaciones periodísticas. Fuentes de la Fiscalía General del Estado confirmaron que el precinto era consecuencia directa de la comunicación realizada por Torres-Dulce a la Fiscalía Provincial de Madrid y descartaron que, por el momento, se hubieran adoptado otras medidas como la recogida de muestras. Torres-Dulce manifestó el 2 de marzo que si el hallazgo de los restos se estuviera investigando en un proceso, el Ministerio Público archivaría sus diligencias de investigación y actuaría en la causa que ya estuviera abierta. "De no ser así, agotaríamos las diligencias de investigación con el objetivo que estamos precisando y a continuación solicitaríamos la inmediata judicialización". La declaración de ahora del fiscal Torres-Dulce, en la que ha subrayado que el 11-M es un caso cerrado, a pesar de que ha ordenado investigar un tren hallado donde siempre se dijo que estaba, merece una lectura atenta. Según señala el diario El País, lo alambicado de las palabras del fiscal general tiene todas las trazas de lo que coloquialmente se denomina “meterse en un jardín ajeno”. O también, “meter la pata”. En modo alguno se puede “reabrir” el caso, algo que para el fiscal general del Estado y para cualquier autoridad significa que los hechos están ya probados en superior instancia".
¿Cesarán las voces de los conspiranoicos? Oh, no. Sería quitarles de la boca el gran caramelo con el que Torres llegó al cargo para sustituir a Conde Pumpido...

lunes, 12 de marzo de 2012

MANJON CONTRA LOS CONSPIRANOICOS, EL FISCAL CON PEDRAZA

Las dos Españas, en el 11-M y en los preparativos de la huelga

Las movilizaciones que se produjeron este domingo para recordar los ocho años del atentado terrorista de mayores dimensiones de los producidos nunca en España, y para ir calentando el ambiente ante la huelga general del próximo día 29 contra la reforma labora, dejaron tras de sí la imagen de la España partida en dos: dos movilizaciones de víctimas del terrorismo, y dos clases de ciudadanos, los que se lanzaron a la calle y los que contemplaron el espectáculo desde la pasividad o desde la contrariedad y la negativa a adherirse a la iniciativa del Gobierno para reformar las leyes del empleo y del despido. Sobre el aniversario del 11-M, sólo hubo una coincidencia: cada parte hizo la ofrenda de 192 claveles rojos, en un caso, o de 192 globos blancos en otro, que recordaron a las víctimas mortales de los trenes que estallaron en las estaciones de cercanías de Atocha y otras próximas. Pero los discursos de las dos presidentas, las señoras Manjón y Pedraza fueron plenamente distintos. La primera, denunció a los “conspiranoicos”, hoy crecidos y entusiasmados por la iniciativa del fiscal general Torres Dulce de alentar las investigaciones sobre uno de los trenes que, se supone, participaron en la masacre. Con otra particularidad más: el fiscal, la alcaldesa de Madrid, el ministro de Justicia Gallardón, todos dieron la espalda a la convocatoria de Pilar Manjón y se sumaron a la de Pedraza, que no ocultaba su satisfacción porque pudiera modificarse el juicio y la sentencia que en su día se celebró y que se suponía que había zanjado el caso para siempre. Ni mucho menos. Mientras para Manjón “el caso está cerrado”, para Pedraza, el 11-M es un caso más abierto que nunca... La agitación que ha provocado una parte de la opinión publicada, en diarios como El Mundo o La Gaceta, ha hecho mella, según parece, en el fiscal, el ministerio de Justicia y el Gobierno en pleno. También discreparon las dos movilizaciones en dar por buenas, o por condenables, las movilizaciones sindicales preparatorias de la huelga general del jueves 29. A Pilar Manjón le parece que las dos convocatorias, la del 11-M y la del 29-M, son perfectamente compatibles, mientras que a Angeles Pedraza le parecieron impresentables e indignas... De la misma manera, esas movilizaciones de los sindicalistas, les parecen un intento fallido a dos diarios que se significan por su afinidad con el Gobierno del PP, ABC y La Razón: Falla el ensayo de la huelga. UGY y CCOO no logran una movilización masiva en su primera convocatoria contra la reforma laboral y piden negociar con el Gobierno, cuenta ABC. Y en La Razón: Los sindi9catos pierden el respaldo de la calle ante el 29-M. El apoyo popular se reduce un 53 por 100 en las grandes ciudades. La izquieeda escenifica su fuerte división, añade el diario de Lara. Otras versiones más neutrales se limitan a relatar que los sindicatos muestran al Gobierno su fuerza en la calle antes de la huelga general -titulares de Expansión, oque lossinbdi9catos pìden al Gobierno que negocie para desconvocar la huelga; movilizaciones en sesenta ciudades con el 29-M como telón de fondo, según cuenta C9inco Días. O bien, ambos sindicatos ocupan la calle con consignas bélicas en su ensayo de huelga general, como señala La gaceta. Los sindicatos advierten, según cuenta El País, de que las movilizaciones continuarán después de la huelga general si el Gobierno se niega a negociar y cambiar la reforma laboral. Y en El Mundo hablamos la mezcvla de ambos asuntos: Los sindicatos usan el 11-M contra el PP. Y señala que UGT y CCOO advierten a Rajoy de que perderá el crédito ciudadano por la reforma laboral... Las dos Españas que “han de helarte el corazón”, como dijera Machado.
Lo cierto es que cada cual recordó, a su manera, los ocho años del 11-M o procuró estimular la voluntad de los ciudadanos para participar en el paro con el que, el jueves 29, las centrales aspiran a paralizar la actividad del país para expresar su protesta contra una reforma laboral que les parece agresiva, inútil, e ineficaz en el propósito de crear empleo. Dolores de Cospedal. Se viene esforzando por argumentar contra la huelga y por la reforma. Dice la número dos del PP que la huelga es una irresponsabilidad de quienes la convocan; No creo que triunfe. La reforma gusta mucho a los que no tienen empleo y quieren trabajar. Pero también proclama que “En España hay que trabajar más horas, y que Rajoy está haciendo lo que dijo en la campaña..., con algunas excepciones. Rajoy, como yo, dice Cospedal, ha renunciado a su sueldo del PP desde que es presidente. Yo cobro un solo sueldo..”. Con una noticia más: Creo que Camps quiere darse un periodo de tranquilidad... No sólo eso: el diario de Talavera relataba este domingo que “Moncloa permite a Castilla la Mancha endeudarse en otros 1.500 millones más para pagar acreedores”. Cospedal explica: “Vamos a endeudarnos son prudencia y para cumplir con las obligaciones, no para cualquier cosa...”.

domingo, 11 de marzo de 2012

AMBIENTE DELIBERADAMENTE CONFUSO: LA CORONA, EL 11-M, EL 25 Y 29 DE MARZO...

La mezcla de 11-M y la próxima huelga general

Varias circunstancias políticas vienen estos días mezcladas entre sí, y confundiendo a más de uno, según parece. Estamos en plena campaña de las autonómicas andaluzas y asturianas, que han de desarrollarse el día 25con notable grado de incertidumbre sobre sus resultados, en plena preparación de la huelga del día 29, también con apreciable discrepancia de opiniones, y en el octavo aniversario de la tragedia que originaron los pavorosos atentados de los trenes de cercanías en las estaciones de Atocha. Todo junto y revuelto… A todo lo cual se puede sumar, por ejemplo, una cierta campaña por la monarquía, para afrontar el descrédito que le ocasiona la inadecuada conducta del “yernísimo Urdangarín”. El País editorializó hace unos días con entusiasmo a favor de la Corona, y este domingo se suma a la campaña el diario ABC, “siempre con el Rey”, como si el Monarca necesitara alguna clase de ayuda particular... ¿O sí? El diario asegura que la Monarquía cuenta con el respaldo abrumador del 70 por 100 de los españoles. Por cierto, que declara el ministro Gallardón que “el Gobierno apoya cualquier actuación de la Casa del Rey” Pero posiblemente, de entre los evocados, el evento de mera celebración, el 11-M, también ha venido “calentándose” por algunos medios que no quedaron satisfechos con la sentencia. Todavía este domingo proclama en grandísima tipografía el diario El Mundo que “la mayoría no ve aclarada ni la autoría ni el explosivo del 11-M. Proporciona los datos de una encuesta que también registra el rotundo apoyo a que la Fiscalía investigue los restos de los trenes y a que se averigüe si hubo manipulación de pruebas o falso testimonio. Ocho años después de los hechos, según esta crónica, ni los autores ni los inductores ni el arma empleada están claros, y la mayoría de los españoles sigue mostrando sus dudas sobre aspectos clave de la investigación…, según la referida encuesta de Malo de Molina y Pedro J. Ramírez. Será preciso evocar los días del juicio y de la sentencia: entonces pareció que todo estaba perfectamente claro, pese a algunas opiniones de los que se llamaron “conspiranoicos”. Hoy, esta “tribu” parece alentada por las sospechas que han mantenido unos pocos. En La Gaceta también se lee que aquel atentado “aún está sin aclarar”…
Pero, en mayor medida, para algunos ha venido a enturbiar la cuestión la coincidencia del aniversario con la coincidencia de las manifestaciones convocadas contra el decreto de reforma laboral que acaba de aprobar el PP en el Congreso, y que próximamente pasará a convertirse en proyecto de ley y en ley. No faltan quienes vean en esa coincidencia un claro deseo de restar atención al 11-M y dársela a los sindicalistas y sus planes antireformistas. Como señala El País, los sindicatos han empezado a medir sus propias fuerzas para el 29-M, mientras el PP y el Gobierno intentan debilitar a las centrales sindicales. Desde hace varias semanas se vienen proporcionando datos sobre las ayudas del Gobierno a los sindicatos. Este domingo, La Gaceta asegura que PSOE y sindicatos insultan a las víctimas… Por lo demás, convendría recordar que los sucesivos aniversarios de la tragedia de los trenes han ido pasando con mucha más pena que gloria, y sin apenas asistencia de las autoridades locales a quienes se invitaba a participar en el recuerdo. Ahora, de repente, hay vestidos rasgados porque comparte esa fecha con los preparativos de la gran huelga que aspiran a conseguir los sindicatos y partidos de la izquierda. La Razón no duda en hablar de “afrenta de los sindicatos al convocar movilizaciones en el octavo aniversario del 11-M”… Por cierto, que también hay encuestas sobre la convocatoria de huelga, y no son demasiado esperanzadoras para los promotores de la movilización. Pero eso está por ver. Incluso, como apunta este domingo La Vanguardia, “Rajoy cree tener más apoyo social que los convocantes de la huelga”, mientras el líder opositor, Rubalcaba, insiste en su posición intermedia, reclamando al Ejecutivo que se siente a negociar el acuerdo con los sindicatos, algo a lo que es seguro que Rajoy no accederá.
Un panorama de cierta confusión, en la que cada cual trata de conducir agua a su molino…