sábado, 29 de enero de 2011

LOS BARONES SOCIALISTAS BUSCANM EL FUTURO AUTONÓMICO. LAS METEDURS DE PATA DEL PP. 4,7 MILLONES DE PARADOS

LOS BARONES PSOE DEBATEN EL FUTURO AUTONÓMICO.- Con bastante probabilidad, más de uno, en el PSOE y fuera, se habrá preguntado estos días por qué se va a buscar sucesor de Zapatero, cuando, a estas alturas de la legislatura, cuenta con más apoyos parlamentarios de los que nunca tuvo, PNV, CC, CiU, en ocasiones incluso el PP, y cuando acaba de lograr el notable éxito de la reforma de las pensiones y el Pacto Social que algunos no han dudado en calificar de “el más importante y trascendente hito de la legislatura”. Y sin embargo, así es, y la cuestión, o una de ellas, es si repetirá Zapatero como candidato en la legislatura que dará comienzo el año que viene... Asegura hoy un diario que” “cada vez es más numeroso el grupo de quienes piensan que hay más posibilidades de que Zapatero no tenga intención de repetir y creen que, si esto fuera así, beneficiaría a sus candidatos si lo anunciara antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo”. Es decir, que es cuestión de determinar quién será el sustituto y cuándo se anunciará su candidatura. ¿Antes o después de las elecciones de mayo? Se sospecha y se teme que los candidatos socialistas pudieran verse sometidos, durante la campaña, a la cuestión sobre si Zapatero se presentará o no, en detrimento de los mensajes de los candidatos y de la explicación de sus programas electorales. Mientras tanto, la versión oficial es la que proporciona el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, anfitrión de la convención autonómica, que se sigue esforzando en negar que el partido haya abierto "ninguna sucesión" para reemplazar al presidente del Gobierno. Con esas dudas se ha iniciado la reunión de los 'barones' del PSOE en torno a tres mesas redondas: políticas activas de empleo, servicios públicos y futuro del Estado autonómico. Zapatero intervendrá el domingo en el acto de clausura. ¿Hará alguna mención a su futuro? De entrada, parece muy improbable. Y a la espera de lo que decida esta “cumbre de barones socialistas”, se vuelve sobre los efectos del diálogo social que todos pensábamos muerto, y que ha resucitado en los últimos días con fuerza considerable, y para desesperación de algunos, que se creen marginados: El acuerdo de pensiones , permitirá vertebrar un gran pacto social que refuerce la economía y estimule la confianza. Se anuncia ahora que, consciente del potencial político de esta iniciativa, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha buscado una escenificación solemne en el Palacio de La Moncloa el 2 de febrero. El Gobierno no ha dudado en mostarr su satisfacción por lo logrado en los últimos días. Tanto el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, como , Valeriano Gómez, ministro de Trabajo, no dudaron en definir la reforma como "la más intensa que ha experimentado el sistema en democracia", a la vez que han celebrado la vuelta al primer plano del diálogo social tras dos años y medio sin dar réditos. Para cerrar los flecos de los otros dos grandes asuntos del pacto (negociación colectiva y políticas de empleo) y presentar una declaración de las materias pendientes (política industrial, energética e I+D+i), los negociadores ya han anunciado que continuarán la próxima semana. La principal novedad desvelada por el ministro Gómez radica en la nueva ayuda para parados sin rentas (unos 400 euros) que participen en programas de formación. Ahora, los negociadores deberán concretar los planes de política industrial y se limitarán a una declaración de intenciones en política energética, sin incursiones, se asegura, en la polémica nuclear. Y mientras se oficializa el acuerdo, el Gobierno intensifica los contactos con los grupos políticos junto con CiU, PNV y Coalición Canaria. Ahora se ha sabido que en als negociaicones finales del pacto de pensiones, junto con Zapatero, Toxo y Méndez, participaron también Pérez Rubalcaba, Elena Salgado y Valeriano Gómez, así como los secretarios de Estado José Manuel Campa, y Octavio Granado. Hubo finalmente dos representantes de CEOE: el director de relaciones laborales, José de la Cavada, y Alberto Nadal. Rosell se mantuvo en permanente contacto con ellos, según fuentes de la negociación.

LAS METEDURAS DE PATA DEL PP.- En un momento en el que el PSOE ha vuelto a recuperar la iniciativa, con la reforma de las pensiones, el resto del pacto social, la cumbre sobre de los barones socialistas sobre el futuro autonómico..., paralelamente, el PP pasa por un momento de oscuridad y de “baja forma”, inmediatamente después de su momento de euforia de la Convención desarrollada el pasado fin de semana en Sevilla Se recordará que inmediatamente después de aquella feliz convención, en la que el PP “·vendió”, sobre todo, unidad de todos sus dirigentes en torno al líder Rajoy, se produjo un resbalón, que protagonizó la muy a menudo conflictiva presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, cuando se negó a dar su apoyo a la candidata decidida por el PP asturiano en lugar de Francisco Alvarez Cascos. Desde la dirección del PP se recordó a Aguirre que decidir el candidato asturiano no entraba en sus prerrogativas... La propia Aguirre, en los días siguientes, volvió a ofrecerse a Rajoy para ayudarle a ganar las elecciones de 2012, algo que a muchos pareció escasamente oportuno, y que hizo recordar la pelea de Aguirre y Gallardón, hace unos pocos años, cuando ambos se ofrecieron para ir en las listas del PP al Congreso de los Diputados...
Y tras las “ocurrencias” de Aguirre, en el PP se han producido otras considerables “meteduras de pata”, que a muchos han dejado perplejos. Empezando por la de Javier Arenas, que ha resucitado la vieja conspiración que significó la sospecha de que ETA pudo haber estado detrás de la mayor matanza terrorista que se ha producido en nuestro país, en los trenes de Atocha. A la ocurrencia de Arenas se le sumó el portavoz González Pons, con su inconveniente afirmación de que “yo apoyo todo lo que diga Arenas”...
Otro personaje que tampoco ha resultado favorecido en los últimos días, en este balance de la imagen de los dirigentes del PP, es Ana Mato. Han reaparecido, con mayor abundancia y documentación, los papeles que la mezclaron con el Caso Gurtel en el listado de beneficiarios. Ana Mato percibió del orden de 28.000 euros, que es una bonita cantidad, para efectuar viajes a cuenta de la trama de Correa, y con algunas particularidades: se vieron también beneficiados otros miembros de la familia y hasta su asistenta domiciliaria. No se sabe que haya devuelto esos dineros al Tesoro Público. Más desfachatez, si cabe, ha mostrado el presidente valenciano, Francisco Camps, cuando ha visto que las acusaciones sobre su cohecho impropio avanzan y pudieran privarle de su actual condición de político en activo y pudieran también impedir que presente su candidatura para seguir cuatro años más en su cargo. Camps no ha tenido mejor ocurrencia que reclamar que se le apliquen los mismos criterios que, en su opinión, han dejado libres de culpa a Bono y Chávez en las acusaciones que se hicieron a ambos desde determinados medios de prensa, y de los que los jueces los liberaron con todas las garantías. Camps viene a decirnos que él acepta sus propios pecados, y que bien quisiera verse tan libre como sus colegas de vida pública...
Otra metedura de pata memorable es la de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal que ha abundando en su afición a descubrir conspiraciones y espionajes de sus adversarios. Ya lo hizo hace un par de veranos, sin hacer la menor aportación de datos de implicación contra nadie, y lo ha vuelto a hacer ahora, tal vez necesitada de unas atenciones mediáticas que no logra por otros medios menos contundentes y llamativos.
Tampoco conviene olvidar la salida de tono del portavoz económico Cristóbal Montoro Dos días después de que el PP se negara a apoyar la reforma de pensiones propuesta por el gobierno, don Cristóbal echaba de manos la ausencia del PP en ese importante acuerdo alcanzado entre gobierno, sindicatos y patronal. ¿Cómo era posible prescindir de la gran fuerza creciente del PP?, se venía a quejar Montoro, dolido por su propia ausencia.
A la oposición cabe exigir tanto como al gobierno. Sobre todo, porque aspira a ser gobierno lo antes posible, con la mayor urgencia. Si es esta semana, mejor que la semana que viene... Antes de que el elector pueda pensárselo mejor.

4,7 MILLONES DE PARADOS, Y CRECIENDO.- El paro en España subió en 370.100 personas en 2010 respecto a 2009, un 8,5% más, situándose el número total de desempleados en 4.696.600 personas y la tasa de paro en el 20,33%, cifra 1,5 puntos superior a la del año anterior, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) hecha pública en la mañana del viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).La tasa de paro alcanza así su nivel más alto de la serie histórica comparable, que arranca en 2001. Remontándose más atrás, utilizando series no comparables, no se alcanzaba un porcentaje de esta naturaleza desde el segundo trimestre de 1997, cuando la tasa de paro llegó a situarse en el 20,72%. El número de parados, por su parte, también supone una cifra récord para la economía española. La diferencia entre las personas que se quedaron en paro en 2009 y en 2010 es de 748.500 De esta forma, 2010 se convierte en el cuarto año consecutivo en el que se incrementa el número de desempleados. En 2007, el paro se incrementó en 117.000 personas, en 2008 subió en 1.280.300 desempleados, en 2009 en 1.118.600 personas y en 2010 se ha incrementado en 370.100 personas. El aumento del año pasado es tres veces inferior al de 2009, uno de los peores años de la crisis. A esa cifra de casi 4,7 millones de desempleados con la que se cerró 2010 se ha llegado después de que el paro se incrementara en el último trimestre de 2010 en 121.900 desempleados, un 2,6% más que en el tercer trimestre. Al igual que el repunte del paro en 2010 fue sensiblemente inferior al de 2009, el número de empleos destruidos el año pasado fue cinco veces inferior al del ejercicio precedente. Así, el año pasado se destruyeron 237.800 puestos de trabajo (-1,3%), frente a los 1.210.800 que se perdieron en 2009. En 2008, los empleos perdidos fueron algo más de 600.000. En el último trimestre de 2010, el número de ocupados se redujo en 138.600 personas (-0,75%), cerrándose el ejercicio con 18.408.200 ocupados. En el último año, el número de asalariados disminuyó en 178.400 personas (-1,1%), de los que 85.900 tenían contrato temporal (-2,2%) y 92.500 tenían contrato indefinido (-0,8%). A cierre de 2010, la tasa de temporalidad se situó en el 24,82%, siete décimas inferior a la del tercer trimestre de 2009. Con respecto a los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 2010 en 107.900, lo que supone un 8,8% más que en 2009, hasta situarse en 1.328.000, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el último trimestre de 2010, los hogares con todos sus miembros en paro se incrementaron en 35.600, un 2,7% respecto al tercer trimestre del año pasado. Por su parte, los hogares con todos sus integrantes ocupados se redujeron en 187.800 durante 2010, un 2% respecto a 2009, hasta un total de 9.220.700 hogares. En los últimos tres meses del ejercicio, las familias con todos sus miembros ocupados bajaron en 39.400 (-0,43%). Los datos de 2010 suponen una importante moderación respecto a los de 2009. En aquel año, los hogares con todos sus miembros en paro subieron en 392.800, un 47,5%, mientras los que tenían todos sus integrantes ocupados bajaron en casi 700.000 (-6,8%).

EL PROBLEMA ES EL EMPLEO NO LAS PENSIONES.- Según el análisis que, tras conocer se los número del paro, ha facilitado la central USO, los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2010 ponen en evidencia que el gran problema de nuestro país es el empleo. Los cerca de 4,7 de desempleados son una losa que está sepultando al Gobierno y la recuperación económica. La encuesta revela una tasa de paro que sigue creciendo y que lamentablemente es lo único que lideramos en Europa. Ante esta situación la actuación del Gobierno -buscando la complicidad de los agentes sociales- es reformar nuestro sistema de pensiones en lugar de afrontar con decisión medidas dirigidas a la recuperación de la actividad económico y del empleo. La reforma laboral no está sirviendo para generar empleo, sino todo lo contrario, ya que el de a tiempo parcial aumenta este trimestre en 102.500 personas, mientras que los ocupados a tiempo completo descienden en 241.200 y  el número de hogares que tienen a todos sus activos en paro experimenta un incremento de 35.600 y se sitúa en 1.328.000.Ante la gravedad de la situación, desde la USO pedimos al Gobierno que centre su acción en el empleo. ¿Por qué pone su prioridad en sanear el mercado financiero y no el laboral? , ¿por qué no pone los 20.000 millones que dedicará a FROB al servicio de la generación de empleo? Y termina diciendo: De nada servirán proclamas de garantizar en un futuro las pensiones si no hay trabajo. No podemos olvidar que para tener derecho a la pensión hay que cotizar, ahora todavía más, y sin empleo no hay cotización, ni tampoco habrá pensión.
PRÓXIMO ENCUENTRO DE ZAPATERO Y MERKEL.- José Luis Rodríguez Zapatero podrá entregar a Angela Merkel la prometida reforma de las pensiones, recién pactada con los sindicatos, y cuyo anteproyecto aprobó este viernes el Consejo de Ministros. La canciller alemana aterriza en Madrid el próximo jueves para celebrar la XXIII cumbre bilateral y examinar de primera mano el resultado de las medidas económicas puestas en marcha por el Gobierno. Tras meses de retrasos e incertidumbre, el acuerdo con UGT y CCOO inyecta un balón de oxígeno al presidente socialista, que evita una nueva huelga general, y le permite cumplir con su calendario de reformas. El PSOE respiró tranquiló al conocer el principio de acuerdo, ya que tras el apoyo de los barones al programa económico del Gobierno, la paz con los sindicatos supone un alivio de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas. “Esto demuestra que Zapatero todavía tiene fuerzas para acometer las reformas hasta 2012 y que conservamos opciones electorales”, señalaron fuentes socialistas que cita El Confidencial. Pero la reforma ha tenido efectos políticos muy diferentes a derecha e izquierda. El Gobierno ha conseguido sacar de la foto del pacto al PP, lo que no ha sentado bien en la calle Génova. Cristóbal Montoro tachó de “lamentable” que su partido no haya podido participar en la negociación de “asuntos tan importantes”, aunque, hasta ahora, los populares aseguraban no estar preocupados por el resultado de un diálogo que no iba a resolver ninguno de los problemas urgentes de los españoles. El PP sí tendrá la oportunidad de sumarse al pacto en el Congreso, donde se votará definitivamente la reforma. Mariano Rajoy expresó ayer su buena disposición ante el principio de acuerdo durante un almuerzo con alcaldes populares, después de que el martes su partido se abstuviera en la votación que abría la puerta al retraso de la edad de jubilación a los 67 años. El PSOE pactó un texto con CiU para que esta ampliación de la reforma de pensiones fuera progresiva, y no se realizara “de manera homogénea y forzosa”, pero el Grupo Popular insistió en que defenderá sus propias enmiendas en contra de alargar dos años la edad de retiro. El referente del PP es la reforma laboral, donde también se abstuvieron al no lograr que se incluyeran la mayoría de sus propuestas. Mientras, la unidad de la izquierda en contra de los recortes sociales de Zapatero se ha visto resquebrajada por la posición de UGY y CCOO. IU o ERC no pueden aceptar de cara a su electorado una reforma que se traducirá en un tijeretazo de más de un 20% a las pensiones. Cayo Lara afirmó que su formación “hará todo lo posible en el Parlamento y en la calle para que la edad legal de jubilación se mantenga en los 65 años y en 15 el periodo de cálculo”. Pese a todo, no se atrevió a culpar a los sindicatos, “respetamos el trabajo que llevan a cabo los sindicatos”, responsabilizando “exclusivamente al Gobierno de estos recortes”. En cuando al portavoz de ERC, Joan Ridao, también advirtió que su posición es “independiente” del acuerdo, y que mantendrá su posición favorable a “hacer converger la edad real de jubilación con la edad legal”. Pero, sin la fuerza de las centrales sindicales en la calle, la oposición de la izquierda parlamentaria se ve restringida a sus escasos votos en el Congreso y el Senado, insuficientes para detener el proyecto del Ejecutivo. Zapatero ha logrado ocupar así un lugar central en la culminación de la reforma, desactivando tanto al PP como a la izquierda, pero asumiendo personalmente el descontento social que también puede generar. Ahora, solo necesita el visto bueno de Merkel.
LA POSIBLE RETIRADA DE ZAPATERO EN VISTA ALEGRE.- El PSOE ya lo tiene muy asumido: José Luis Rodríguez Zapatero no repetirá en 2012 como candidato socialista a La Moncloa. Lo que sólo unos pocos elegidos saben es cuándo y dónde anunciará su decisión. Pero muy bien podría ser el próximo mes de abril y en un escenario tan emblemático para el presidente del Gobierno como la plaza de toros de Vista Alegre, en Madrid, según se relata en El Confidencial. El Comité Electoral de Ferraz que preside José Blanco prepara con el mayor sigilo un macroacto electoral en ese templo sagrado socialista, que, además de marcar el arranque de la campaña para las autonómicas y municipales del 22 de mayo, servirá de homenaje y despedida a quien ha liderado el partido durante los últimos 11 años. Y para un amante del simbolismo como Zapatero, Vista Alegre parece el lugar idóneo para una suerte de catarsis colectiva. Fuentes de Ferraz han confirmado a El Confidencial que la decisión de convocar ese multitudinario acto para rendir tributo al líder socialista, ahora en sus horas más bajas, ya está tomada. Sólo falta por cerrar la fecha definitiva, pero será un domingo de abril, probablemente antes del parón vacacional de Semana Santa, según las mismas fuentes. La elección del escenario no ha sido casual: la plaza de toros del barrio madrileño de Carabanchel es un lugar fetiche para Zapatero y su generación de dirigentes socialistas. Allí fue donde, el 27 de octubre de 2002, el secretario general del PSOE fue proclamado por primera vez candidato a la presidencia del Gobierno; y allí nació también el llamado espíritu de Vista Alegre, al que los socialistas atribuyen en su imaginario el impulso esencial que los condujo a la victoria electoral en 2004. Ferraz quiere movilizar a todo el partido para que ese día no falte nadie en Vista Alegre, desde la cúpula del partido al Gobierno en pleno, pasando por los barones regionales, secretarios provinciales, candidatos municipales y autonómicos, diputados, senadores, alcaldes y miles de militantes y simpatizantes dispuestos a reventar el coso taurino -con un aforo de más de 20.000 personas- en un emotivo adiós a Zapatero. Y no sólo eso: el macroacto de Carabanchel pretende ser también una inyección de autoestima para un PSOE que parece prepararse para una larga travesía del desierto en la oposición. Lo que las fuentes consultadas no se atreven a pronosticar es si Zapatero aprovechará su presencia estelar en ese mitin multitudinario para dar a conocer, por fin, la decisión sobre su candidatura para 2012. Prácticamente ningún dirigente socialista duda en privado de que el secretario general del partido dará un paso atrás y cederá el testigo a otro aspirante -todas las miradas están puestas en el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba-, y algunos hasta lo expresan ya en público. Al vicepresidente tercero del Gobierno y presidente del PSOE, Manuel Chaves -tan poco dado a revelar secretos-, muy probablemente se le escapó de los labios, pero lo que dijo ayer es bien elocuente: "Yo hubiera preferido que hubiera seguido José Luis Rodríguez Zapatero, pero hay que afrontar con absoluta normalidad el supuesto de otro candidato". Las fuentes socialistas consultadas tampoco descartan que Zapatero anuncie su decisión unas semanas antes del mitin de Vista Alegre, aprovechando la reunión del Comité Federal -el máximo órgano de decisión del PSOE entre congreso y congreso- prevista para el próximo mes de marzo, y que aún no ha sido convocada. Ese Comité Federal será el que dé el visto bueno definitivo a las listas electorales para las autonómicas y municipales del 22 de mayo; y en ese escenario, ante casi 300 dirigentes del partido, Zapatero podría optar por seguir al pie de la letra la ortodoxia interna para comunicar a sus compañeros que no será candidato. De ser así, el líder socialista se daría pocos días después un baño de multitudes -esta vez de despedida- en el ya mítico Vista Alegre.
PLAN DE VIABILIDAD DEL GOVERN CATALÁN.- La Generalitat celebró este viernes un Consell Executiu extraordinario para aprobar su plan de viabilidad, una de las primeras medidas de urgencia que debe tomar el equipo liderado por Artur Mas, y que el lunes remitirá al Gobierno central. De esta forma, hy según cuenta La Vanguardia, Mas pretende controlar la deuda de la Generalitat y frenar el déficit, que según sus primeras estimaciones podría superar los 7.000 millones, una cantidad que es entre dos y tres veces superior a previsión que el tripartito formalizó en noviembre, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Por boca de su ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, el Gobierno ha declinado que tenga responsabilidad ante la circunstancia de que el déficit de la Generalitat podría superar con creces las previsiones oficiales. A este plan de viabilidad se sumarán en breve una auditoría de las cuentas de la Generalitat, uno de los compromisos que adoptó CiU con los electores para conocer exactamente la situación financiera heredada del tripartito. Las finanzas de la Generalitat son uno de los grandes retos que tiene que afrontar el nuevo Govern, y centrarán la reunión entre Mas y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, programada para el 7 de febrero. La estrategia de Mas para invertir la situación financiera llega poco después de los avisos que ha lanzado el Gobierno central a las autonomías, indicando que si no cumplen con las previsiones de déficit y deuda, no se descarta que el Estado pueda intervenirlas o vetar nuevas emisiones de deuda. Luego, el Gobierno también advirtió, a Cataluña concretamente, de que si no controlaba sus cuentas, no autorizaría nuevas emisiones de bonos, una de las opciones que tiene el Govern para lograr liquidez, ante la circunstancia de que según varias informaciones publicadas, si no entra dinero la Generalitat podría tener dificultades para pagar las nóminas en primavera. Cataluña fue la primera autonomía que recurrió a los bonos minoristas para buscar liquidez para financiarse, iniciativa que luego han secundado otras comunidades, como la Valenciana. El plan del Govern se conocerá el mismo día en el que el PSOE abrirá en Zaragoza su convención autonómica, donde se oficializará su apuesta por la cooperación "horizontal" entre comunidades autónomas. El propósito del equipo de Mas es evitar que se aproveche la crisis para impulsar una recentralización, por lo que ha encargado un informe jurídico para evidenciar las obligaciones de gasto público que el Estado impone las autonomías, mediante la aprobación de leyes sobre asuntos que son de competencia autonómica. El president de la Generalitat, Artur Mas, volvió a pedir responsabilidad al Gobierno central para conseguir el cumplimiento de la reducción del déficit en Cataluña. Mas aseguró que "en el Estado ha habido gravísimas cotas de irresponsabilidad" y recordó al Ejecutivo de Zapatero que también es responsable de la situación actual del Estado del Bienestar. "No es una amenaza", señaló Mas, "es una llamada a la responsabilidad", con la que el president ha vuelto a pedir al Gobierno que cumpla con los compromisos firmados para conseguir que la Generalitat consiga el mismo nivel de ingresos que en el ejercicio anterior. En concreto, el Govern persigue que el Estado cumpla con los 1.000 millones que han desaparecido del fondo de competitividad de los Presupuestos del Estado. Mas presentó el plan de austeridad que el lunes el conseller de Economia Andreu Mas-Colell presentará al ministerio para cumplir con el déficit del 1,3% fijado para el año 2011. El plan fija una reducción del 10% en el presupuesto de la Generalitat para este ejercicio, lo que supone unos 3.000 millones de euros, que afectará a todos los departementos, aunque no en la misma medida. 
LAS CAJAS QUIEREN IGUALDAD DE TRATO CON LA BANCA.- La Confederación Española de Cajas de Cajas de Ahorros (CECA) no está dispuesta a asumir el nuevo rumbo que el Gobierno quiere imponer en el sector financiero sin dar la batalla por una «igualdad de trato», según informaron distintas fuentes financieras que cita La Voz de Galicia. El sector está trabajando para reclamar al Ministerio de Economía que equipare las exigencias de solvencia para cajas y bancos. Entienden que el Ejecutivo y el supervisor están «desequilibrando» la vara de medir que aplicarán a unos y otros mediante el decreto ley anunciado por la vicepresidenta Elena Salgado para febrero. La ministra afirmó el miércoles que exigirá un core capital del 8% a los bancos. Pero a las instituciones que no coticen, las que no tengan presencia significativa de inversores privados, o cuya dependencia de los mercados financieros sea superior al 20% de sus activos (las cajas, principalmente) les será reclamado entre un 9 y un 10% para esta ratio, que mide la relación entre el capital disponible y los activos ponderados por riesgo. El plazo máximo del que dispondrán para cumplir estos parámetros vence el próximo mes de septiembre. El Banco Mundial de Pagos, con sede en Basilea, no le pide a las entidades europeas un mínimo del 7% de core capital hasta el año 2019. El sector entiende que no solamente se están adelantando los plazos en nada menos que nueve años. Lo más grave, a su juicio, es que a las cajas se les exija una capitalización mayor. Y sobre todo, que se haga después de que en la reestructuración acometida en el 2009, el propio Banco de España les haya obligado a destinar buena parte del capital a provisiones para insolvencias. Estos saneamientos abordados masivamente por las cajas deben tenerse en cuenta ahora, argumentan. Entre otras cosas, porque si bancos y cajas se sometiesen a nuevas pruebas de estrés, aquellas con mejores niveles de provisiones reflejarían una mayor solvencia. El core capital, principal motivo de la discordia, es un cociente que en su numerador suma el capital y las reservas de las cajas, mientras que en el denominador incluye todos los activos ponderados por riesgo. En el último año, prácticamente todas trasladaron un importante volumen de sus reservas a la partida de provisiones. Pero lo hicieron atendiendo las indicaciones del Banco de España. Ahora, las nuevas exigencias del Gobierno obligan a las cajas a buscar más capital (o bien vendiendo activos o bien emitiendo participaciones preferentes que ahora mismo tienen serias dificultades de colocación en los mercados). Pero también las fuerza a disminuir o al menos congelar sus riesgos, lo que muchos expertos ven como un más que posible cierre masivo al crédito en los próximos meses. El sector pretende que Economía rectifique y se limite a establecer un nuevo marco de solvencia que, al menos, «sea igual para todos». La ministra ya advirtió que las cajas con problemas para mejorar su capital deberán convertirse en bancos en los que el Gobierno entraría con cuotas participativas que les darían derechos políticos. En la práctica se trataría de una nacionalización «parcial y temporal» de estas entidades, que serían obligadas a presentar un plan de mejora de su solvencia a cinco años. Transcurrido este período, el Ejecutivo saldría nuevamente del capital y vendería sus participaciones en el mercado libre. Elena Salgado calculó que harán falta 20.000 millones para sanear al sector financiero español en esta nueva reconversión. Pero los principales brókeres internacionales (Nomura o Merrill Lynch) hablan de, por lo menos, 40.000.
DAVOS, ¿SIRVE PARA ALGO? Es la pregunta que se ha hecho el diario Veinte Minutos. Y describe: En una pintoresca villa suiza al pie de los Alpes nevados se dan cita estos días 2.500 personas pertenecientes a la élite económica, política y social para debatir el futuro económico global. Duermen en hoteles de lujo, almuerzan como 'gourmets' y trasnochan en galas VIP después de sesudas conferencias sobre la crisis. Y, para atraer más atención, invitan a estrellas mediáticas como Bono o Angelina Jolie. Es el Foro Económico Mundial de Davos, la conferencia económica más importante del mundo. Una cita que, en 2011 más que nunca, plantea serias dudas sobre la utilidad de las grandes cumbres en la resolución de los problemas reales. Estas reuniones al más alto nivel tienen su origen en la conferencia de Bretton Woods de 1944, que definió el orden internacional que regiría al mundo capitalista de la posguerra. Actualmente, cada año hay una reunión de Davos, otra del G-8 y otra del G-20, citas que traen y llevan de una punta a otra del mundo a cientos de líderes mundiales. Los orígenes del G8 se establecen en 1973, cuando se reunieron los ministros de finanzas de las seis potencias más industrializadas: Estados Unidos, Japón, Alemania Occidental, Italia, Francia y el Reino Unido. Más tarde se unirían Canadá y Rusia. La finalidad de estas reuniones es analizar el estado de la política y las economías internacionales e intentar aunar posiciones respecto a las decisiones que se toman en torno al sistema económico y político mundial. Desde hace unos años el grupo ha perdido fuerza, por el empuje de los países emergentes. España fue invitada en 2009 a la cumbre de Italia. La próxima cita será en mayo en Francia. En las últimas cumbres se ha criticado la laxitud de algunas de sus medidas. Por ejemplo, un acuerdo alcanzado en 2008 para combatir el cambio climático cuyos efectos no se notarán hasta el año 2200. El grupo de los veinte ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales, G-20, se estableció en 1999 para reunir a las economías industrializadas y las emergentes para debatir cuestiones clave en la economía mundial. Desde 2009 el organismo ha desbancado en importancia al G-8. España ha logrado la condición de "invitado permanente". Las divisiones internas por la crisis han abierto brecha entre los dos tipos de economías. La última cumbre, celebrada en Seúl, acabó con un acuerdo de mínimos, aunque a veces por el tono de las conversaciones pareció que el grupo se iba a romper. En cuanto a Davoz, una fundación sin ánimo de lucro organiza desde hace 41 años una asamblea anual en un complejo turístico de los Alpes suizos donde reúne a los directores de las 1.000 empresas miembros del foro, además de políticos selectos, representantes de academias, organizaciones no gubernamentales, líderes religiosos y los medios de comunicación. Considerada la 'catedral del capitalismo' se jacta de escuchar a todas las corrientes socioeconómicas. De ser una fiesta del capitalismo, recientemente y por la crisis, se ha mudado a un tono más agorero. Es aquí, de hecho, donde varios economistas alertaron hace tres años de la crisis de las hipotecas subprime se extendería a los mercados financieros. Su principal valor es ese, precisamente, escuchar las más diversas teorías económicas. Pero es también la crisis económica la que ha disparado el nivel de criticismo hacia este y otros foros, tarea que ya no es un monopolio de antiglobalizadores y anticapitalistas. Recientemente, hasta Nicolas Sarkozy, encargado de la organizar próxima reunión del G-20, advertía de que para que este organismo “sea creíble tiene que ser eficaz”, sobre todo ante los tibios resultados de la última cumbre. Ni la prensa que más medios y espacio dedica a cubrir el foro de Davos ahorra en dardos envenenados: “Davos 2011, ¿quién necesita un foro económico?, se preguntaba la semana pasada la BBC británica: ¿Sirve de algo tanto hablar?, inquiría el Telegraph. "Titulaba irónico un artículo de Huffington Post.: ¿Y si Davos realmente funcionara? Estas cumbres se quedan en muchas ocasiones en gestos de buena voluntadLa asamblea anual de Davos ha sido menospreciada en los últimos años por ser una “combinación de pompa y lugares comunes” y ha recibido críticas por dejar los asuntos económicos importantes. La visión de Fátima de la Fuente, catedrática Internacional de Economía Financiera en la Universidad Complutense, es que "siempre es útil reunirse para hablar", pero coincide con la idea de que estas cumbres mundiales se encuentran en punto muerto: "La dificultad que veo es que, en más ocasiones de las que me gustaría, las buenas intenciones que hacen que estas cumbres existan suelen quedarse en gestos de buena voluntad", explica, "pienso que sería necesario alcanzar un mayor grado de compromiso". En Davos -como ya ocurriera en las dos últimas citas del G-8 o el G-20-  se habla estos días del alcance de la crisis, del nuevo orden económico mundial, de un mundo que avanza a dos velocidades, pero no cabe esperar que este domingo el fin de la cumbre aporte un gran titular con la solución a problemas como la destrucción de empleo o la deuda soberana de la zona euro. El propio fundador del Foro de Davos, Klaus Schwab, admitía días atrás de que la cita corría el peligro de convertirse en una letanía de lamentaciones. "Estamos en una situación tan compleja que los políticos y las instituciones están desbordados", dijo a Reuters. La receta de la profesora De la Fuente para que la cita suiza y otras futuribles fueran más útiles y mejor apreciadas socialmente, es valentía: "Que de ellas"saliésemos de acuerdo en que hay que diseñar un nuevo sistema que sustituya al actual, demasiado basado en la maximización de beneficios y muy poco enfocado en la maximización del bienestar social. Hacia este último es donde propongo que debemos dirigir nuestros pasos", les pide a los que están debatiendo el futuro económico global en una villa pintoresca de los Alpes suizos, termina diciendo Veinte Minutos.

viernes, 28 de enero de 2011

AL GRAN PACTO SOCIAL DE LA LEGISLATURA. MARCHA ÁCRATA EN LA PUERTA DEL SOL. MONTORO ENFADADO CON LA MARGINACIÓN DEL PP

EL GRAN PACTO SOCIAL DE LA LEGISLATURA.- Algunos lectores de periódicos podrán resultar desconcertados este viernes por la lectura de la información relativa a la reforma de las pensiones acordada, finalmente, tras mucho esfuerzo y dedicación, por el gobierno -con Zapatero y Valeriano Gómez como estrellas principales- y los dirigentes sindicales Toxo y Méndez. Hay apreciaciones `para todos los gustos: desde la consideración de que “el PSOE dinamita el sistema de pensiones”, q1ue aporta La Gaceta, hasta la valoración que hace El País, según el cual, el acuerdo en pensiones da paso a un gran pacto social. En otras crónicas se prefiere ceñirse a las novedades que aportará la futura normativa en materia de pensiones: que se recorta la renta de los futuros jubilados, que se retrasa la edad de retiro a los 67 años o la “misión imposible” de trabajar desde los 26 años, y sin cortes, para poder cobrar toda la pensión. Y luego, las reacciones, incluida la de lo sindicalistas ácratas que hicieron su ruidosa aparición en la Puerta del Sol de Madrid, en la noche del viernes, para expresar su desacuerdo rotundo. El episodio de los radicales terminó con una batalla campal con la policía que dispersó a los radicales... Izquierda Unida, a su vez, ha lamentado que se haya conseguido un cambio para el que, en su opinión, no existían razones objetivas. Y mientras Rajoy mostraba una disposición favorable a apoyar el acuerdo social, y confirma al presidente su voluntad de sumarse al acuerdo, su portavoz económico, Cristóbal Montoro expresaba su desaliento porque el PP haya quedado al margen de este gran acuerdo...
Entre las valoraciones más reseñables, también cabe mencionar la que se lee en La Vanguardia: La mayor reforma del Estado de Bienestar; el objetivo final de la iniciativa es reducir el gasto en pensiones, que supone el 10 por 100 del PIB, o la que contiene El Periódico de Cataluña: Zapatero respira, el pacto social da oxígeno al gobierno y le ayuda a recuperar su credibilidad. Público indica que Zapatero logra cerrar el primer pacto social de la legislatura, y que el Ejecutivo sale fortalecido de cara a los comicios autonómicos. Lo cierto es que el nuevo cálculo del pago de pensiones reduce su coste, precisamente por ampliarse el tiempo de cómputo y tomarse en consideración años en que las sanciones tienden a ser más bajas. Según la estimación que se hace en Expansión, la reforma reducirá la cuantía de las pensiones en torno al 20 por 100. Entiende Cinco Días, por su parte, que el gobierno ha logrado el aval para acelerar el resto de las reformas pendientes, y que la patronal CEOE entrará a fondo ahora con la negociación colectiva. Eso ya parece un contenido del propósito siguiente, que no es otro que el pacto social sobre el que ya adelantaron algo los negociadores en su sesión de trabajo de la madrugada del viernes. Aunque casi todo está por saber, se cree saber que tocará no sólo el delicado asunto de la negociación colectiva, sino también la política industrial y la innovación.. En resumen, como relata El Economista, que “Zapatero cumple con los jefes europeos”, al poder presentar una batería de reformas a tan sólo una semana de la visita que efectuará a Madrid la canciller alemana Angela Merkel. Este diario aprovecha para repasar “las asignaturas pendientes”: la reiterada negociación colectiva, las nuevas políticas de empleo,el plan de choque para combatir el desempleo, la nueva ayuda de 350 euros, la reestructuración del sistema financiero y reordenación de las Cajas de Ahorros, y el Plan Industrial. No debe sorprender la impaciencia de Montoro, que observa cómo las grandes cuestiones pendientes las aborda -y resuelve- el PSOE gobernante cuando, en su opinión, ya debiera estar dejando paso a la alternativa, con la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas. Pero es evidente que Zapatero no se resigna a los proyectos que el PP quiere para él y su futuro...
LA REFORMA FINALMENTE PACTADA.- El Gobierno, los sindicatos y la patronal firmarán oficialmente el próximo miércoles (día 2 de febrero), el pacto sobre pensiones, según fuentes gubernamentales. El acuerdo se produjo la noche del miércoles, durante una cena en la que participaron Zapatero y los representantes de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo, respectivamente. En el transcurso de la cena, que duró desde las 9.30 hasta las 12 de la noche, se acordó un principio de acuerdo sobre uno de los temas más espinosos: el número de años cotizados para jubilarse con el 100% de la pensión a los 65 años. Si bien el acuerdo se ratificará el día 1 de febrero, sin embargo se firmará oficialmente a tres bandas un día después. La propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, y que los sindicatos ven con buenos ojos, consiste en que que los trabajadores con 38,5 años cotizados podrían jubilarse a los 65 años con la totalidad de la pensión, según fuentes sindicales. Para jubilarse a los 67, habrá que haber cotizado 37 años. El Ministerio de Trabajo ha enviado esta misma mañana del jueves un comunicado en el que ha confirmado que "hay un principio de acuerdo con empresarios y sindicatos sobre la reforma de las pensiones". Según Trabajo, se espera que "hoy se cierren los capítulos pendientes". Sin embargo, los sindicatos siguen siendo muy cautos, mucho más que el Gobierno: sostienen que el acuerdo sobre los años cotizados "está condicionado a muchas otras cosas. Aún quedan muchos flecos pendientes, no se puede hablar ni siquiera de principio de acuerdo". En cuanto al encuentro con el presidente, lo consideran como "habitual", ya que se ha producido varias veces a lo largo de las últimas semanas, en plena negociación de la reforma de pensiones. CCOO ha manifestado que la posibilidad de un acuerdo sobre la reforma de las pensiones está "encarrilado", pero que es "prematuro" hablar de un consenso definitivo. Esta mañana se seguirá negociando y habrá que ver "todo lo que se pone sobre la mesa"...
Pero es evidente que las posiciones entre sindicatos y Gobierno sobre la reforma de las pensiones se aproximan, con evidente esfuerzo e indudable deseo de coincidencia final. El principal escollo para alcanzar el pacto sigue estando en los años de cotización necesarios para jubilarse con 65 años y obtener la pensión completa. Pero las posturas en este punto se han ido limando. El Gobierno se ha apeado de su exigencia inicial (41 años de cotización), y ahora acepta 39. Los sindicatos parecen dispuestos a aceptar 38. Pero todavía nadie quiere lanzar las campanas al vuelo ni dar todo por resuelto. A falta de una jornada decisiva para saber si hay pacto, la diferencia es ya solo de meses, y ya puede hablarse de principio de acuerdo. Por más que se podrá seguir negociando después del viernes, cuando el Gobierno cumpla su calendario y presente el correspondiente anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Desde el primer día de la compleja negociación, el obstáculo más duro se situó en los años necesarios para poder jubilarse con 65. El Gobierno planteó 41. En conversaciones informales habló de 39. Pero los 41 estuvieron encima de la mesa el lunes por la noche, cuando los líderes sindicales se vieron con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora han vuelto a los 39, y el Gobierno no quiere bajar más. Los sindicatos, por su parte, en charlas informales se han mostrado dispuestos a aceptar 38 años cotizados. No obstante, un alto dirigente sindical respondía ayer mismo: "No puedo aceptar una oferta que no me han hecho formalmente". La resolución que aprobó el Congreso el pasado martes no es un aval a la intención del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación a 67 años, pero sí significa el camino de negociación a seguir. El voto particular apoyado por CiU, PNV, CC y PSOE da luz verde a este propósito, pero también reclama que no sea de forma general, sino flexible y progresiva. Un punto de flexibilidad se refiere a las profesiones penosas y de riesgo en las que habrá excepciones a la norma general de jubilarse a los 67. Este podía ser un tema a negociar después del viernes, pero supone aceptar que se retrase la edad de jubilación a los 67 años. La jubilación responderá,de este modo, más a horquillas que, básicamente, estarán comprendidas entre los 63 años (edad mínima para la jubilación anticipada) y los 67. En cuanto a los periodos de implantación de la reforma también se han producido avances. Zapatero situó el periodo de transición para que la reforma entre plenamente en vigor entre 2013 y 2027 con la intención de no perjudicar a quienes se jubilan en un futuro inmediato. Los sindicatos exigen que este periodo transitorio sea aún mayor. El Ministerio de Trabajo está dispuesto a aumentar el periodo transitorio en dos o tres años, aunque nunca más allá de 2030, que es cuando se calcula que empiezan las tensiones demográficas en el sistema. Donde el Gobierno muestra una postura más inflexible es en el periodo de cómputo. Lo mantiene en 25 años, frente a los actuales 15. Los sindicatos están dispuestos a negociar. Un punto de acuerdo podría ser fijarlo en 20 años en un primer momento y elevarlo luego a 25.
Siguen siendo matices y “limaduras”, pero con suficiente calado, cada una de ellas, como para remover y modificar posiciones ya anteriormente aceptadas...

AVANZA LA “HIPÓTESIS RUBALCABA”.- De momento, y hasta que no haya comunicación formal y oficial, el relevo de Zapatero por Rubalcaba no es otra cosa que una hipótesis, una probabilidad, una impresión no científica ni comprobable. No hay duda, sin embargo, que “la hipótesis Rubalcaba” avanza y se impone. Entre otras cosas, por las buenas perspectivas que han señalado algunas encuestas, según las cuales, Rubalcaba podría superar a Rajoy en una competición por la jefatura del gobierno del país. Ante esa posibilidad, si existía alguna duda, se ha disuelto y difuminado. También parecen entenderlo de ese modo en el seno del PP y, sobre todo, en su dirección, que viene enfocando sus dardos y ataques, tradicionalmente dirigidos a Zapatero, al dúo que manda: Zapatero y Rubalcaba, conjuntamente. El desarrollo del debate de control del Gobierno de este miércoles fue una demostración de que para el PP, ya no hay un solo malvado, un malo a batir, sino que son dos, el presidente y el vicepresidente primero. En esa misma comprensión de la situación se inscriben este mismo jueves algunos grandes titulares de los diarios: El Mundo asegura que “no cabe ninguna duda, el candidato será Rubalcaba”, según un alto cargo del PSOE que trompe, dice “la ambigüedad” de Zapatero sobre la sucesión. Y, a su vez, en La Vanguardia, también en su principal titular se asegura que Zapatero anunciará en otoño que no será candidato, y que, pese al mutismo del presidente, el gobierno y el PSOE trabajan ya pensando en Rubalcaba como sucesor. Algunas otras crónicas del día señalan en la misma dirección. Por ejemplo, la que en la Gaceta observa que el PP ya hace corresponsable a Rubalcaba de los fracasos de Zapatero,y que el PP se lanzó al cuello del vicepresidente, este miércoles, en el debate de control del Gobierno en el Congreso. Se asegura en El Mundo que el presidente anunciará la candidatura de Rubalcaba tras el verano, y el PSOE celebrará un Congreso durante el verano para avalar la candidatura del hoy vicepresidente primero. Una sospecha que se recoge también en La Vanguardia, donde se sostiene que la elección de Rubalcaba como candidato electoral se producirá en otoño en un Congreso. Se cuenta también en El Periódico de Cataluña: el PSOE prevé evitar las primarias y confiar en Rubalcaba como solución. En La Vanguardia, asimismo, se asegura que el Gobierno trabaja ya con el escenario de que Rubalcaba será el candidato en 2012, porque el presidente quiere asumir todas las reformas en curso y anunciar su marcha en otoño. Según esta tesis, el propio Zapatero habría planificado con Rubalcaba y Blanco su salida en 2012. Llega a la conclusión esta crónica de que el vicepresidente podría evitar una debacle electoral que desmoronara al PSOE... Otro diario más, Público, relata que un sector del Gobierno ya ve candidato a Rubalcaba y prevé que el relevo se producirá en un Congreso en octubre próximo...
Esa parece la estrategia marcada cuando Zapatero decidió incorporar a Rubalcaba a “la segunda posición” del Gobierno, y que se desarrolla desde entonces con notable precisión, y posiblemente eficacia. Se ha restado la presión, a menudo insoportable, sobre Zapatero, que ya se reparte con Rubalcaba, y se concede a éste mucha mayor atención pública y mediática.
La preparación del relevo parece “de libro”. Decían bien Cospedal y Arenas que la recomposición en la que Zapatero aupó a Rubalcaba les tenía que preocupar. Les empezaba a preocupar desde el primer momento...El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha recalcado que el Gobierno trabaja para que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, vuelva a ser el candidato socialista a la reelección. De esta manera, el ministro ha terciado en el debate abierto en el seno del PSOE sobre su candidato cara a las elecciones generales del 2012.  Frente a esas informaciones, aparecidas el jueves en los diarios referidos anteriormente, afirmaba, a su vez, el Periódico de Cataluña, que en el entorno del presidente se da por hecho que el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, será el sucesor de Zapatero en las generales, y que el anuncio de la sucesión se hará este mismo año, y no en el 2012. Zapatero asumiría de esta manera el coste político de la crisis económica y las reformas que la UE y los mercados le han requerido. Rubalcaba sería un presidente y un candidato de transición, sin contrincantes en unas primarias que nadie en el PSOE desea en un momento en que el PP les saca más de 10 puntos en las encuestas. Sin embargo, en declaraciones a TV-3, Jáuregui ha restado importancia a estas informaciones. "Son todo especulaciones; no tienen ningún fundamento", insistió. "Trabajamos para que Zapatero sea el candidato. El partido está detrás de él por mayoría, por no decir por unanimidad", ha añadido. Jáuregui ha reiterado que la decisión de presentarse o no la tomará el presidente. Si este decide finalmente renunciar a la reelección, el ministro ha afirmado que "el partido responderá".

CIU SUMARÁ SUS APOYOS AL PSOE.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, va a acabar la legislatura con más apoyos parlamentarios que nunca. Según fuentes de la Moncloa, que cita El Periódico de Cataluña, CiU está dispuesta a sumarse a PNV y Coalición Canaria para respaldar al Ejecutivo en las reformas previstas. El déficit del Govern de Artur Mas, que se calcula que superó los 7.000 millones de euros en el 2010, y la necesidad de refinanciación, han empujado a la federación nacionalista a mostrarse abierta a negociar una alianza estable con el PSOE en el Congreso. Zapatero y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, se han reunido este miércoles en la Cámara baja para acercar posiciones. CiU ya dio una muestra de esta nueva sintonía el martes, cuando facilitó al Gobierno el aval parlamentario que necesitaba para poder justificar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Duran ya ha adelantado que la primera cita entre Mas y Zapatero se celebrará el 7 de febrero en la Moncloa.

EL ESCÁNDALO DE LOS NIÑOS ROBADOS.- El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene desde el jueves sobre su mesa una denuncia por el robo de 261 niños cometido en distintas oleadas durante el franquismo y hasta finales de los años ochenta. La Asociación nacional de Afectados de Adopciones Irregulares, Anadir, ha decidido acudir al fiscal con la esperanza de que abra una causa que les permita encontrar a las madres, hijos y hermanos que buscan. "Hay muchos más, que irán adhiriéndose a la denuncia", asegura el abogado Enrique Vila. "La mayoría [84 casos] ocurrieron en Madrid, pero también hay muchos en Andalucía y Cataluña. Ocurrió en todas las comunidades autónomas. Con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago, e inscripción como hijo propio". En la denuncia, al asociación de afectados argumenta que existen indicios de los delitos de tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto (simular haber dado a luz a un niño vivo) y secuestro y detención ilegal, que no prescriben. El escrito incluye un listado de las pruebas que podrían presentar al fiscal, como partidas de nacimiento y defunción falsificadas, y los testimonios de una enfermera que trabajó en la Clínica San Ramón, de Madrid, y asegura que la venta de niños era habitual allí; un funerario de Málaga que relata cómo rellenaba los pequeños ataúdes que le llegaban vacíos de algunas maternidades; una mujer que confiesa haber comprado una niña en un parque de Melilla en 1979 y otra que cuenta cómo le dijeron que fingiera un embarazo antes de regalarle un bebé. "Los precios iban de las 50.000 pesetas, en los años cincuenta, hasta un máximo de un millón", añade Vila. "Es cierto que el origen, cuando le quitaban los hijos a las republicanas, es una depuración política, pero eso es solo el origen, unos 30.000 casos, según el juez Garzón. Nosotros pensamos que puede haber cientos de miles porque esto siguió muchos años después como negocio". La mayoría de los casos denunciados ahora se produjeron a finales de los setenta. Hasta 1987, cuando se cambió la ley, la Administración apenas tenía control sobre las adopciones, lo que favorecía el poder de los médicos para amañar la venta de bebés, explica Vila. Antonio Barroso, presidente de Anadir, afirma que el objetivo de la denuncia es conocer la verdad. Por eso piden a Pumpido que "como poder judicial, se dirija al Ejecutivo y le pida un banco de ADN para los afectados". "Los hijos robados buscan su origen, y las madres, a sus hijos y un castigo a los culpables. Debería haberse investigado mucho antes. Si Pumpido dice que esto ha prescrito, iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", señala el abogado Enrique Vila.
LAS APORTACIONES DE GURTEL A ANA MATO.- Ana Mato faltó a la verdad el pasado lunes cuando aseguró que entre la documentación intervenida por la policía al cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, sólo aparece una "única anotación sobre mi persona" que corresponde a "un viaje a Suiza que fue pagado por mí". Además de ese viaje y de otros muchos que disfrutaron su entonces marido, Jesús Sepúlveda, sus hijos, su hermana, una sobrina y hasta su empleada de hogar, presuntamente pagados con dinero negro de la caja B de Correa, éste también costeó el alquiler de varios vehículos a la vicesecretaria de Organización del PP, cuyo nombre figura en las facturas que obran en poder del juez Antonio Pedreira, según recuerda El Confidencial. El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales remitido el pasado viernes a Pedreira, instructor del caso Gürtel, revela que Correa regaló sólo en 2003 y 2004, a través de su agencia Pasadena S. L., viajes por importe de casi 28.000 euros a Mato y Sepúlveda. La policía no encontró un solo documento en los registros practicados en las oficinas del cerebro de la trama corrupta que acredite que Sepúlveda -ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) e imputado por cohecho y otros delitos- la número tres del PP hubiesen pagado esos viajes de su bolsillo. El pasado lunes, tras hacerse público el informe, Mato amenazó con emprender "las acciones judiciales oportunas ante cualquier falsa información, insinuación o acusación que ponga en entredicho mi buen nombre". Y aseguró, a través de un comunicado oficial, que la "única anotación que se refiere a mi persona" es la de un viaje a Montreux (Suiza) en junio de 2004 para acompañar a su hija Ana Sepúlveda Mato a un campamento de verano, cuya factura, que ascendió a casi 2.500 euros, se saldó con un ingreso en efectivo en una cuenta corriente de Pasadena S. L. procedente de la caja B de la trama. Pero no es ésa la única referencia a Mato que aparece entre las facturas y albaranes intervenidos por la policía, como aseguró la vicesecretaria de Organización del PP. Su nombre también figura en otros dos documentos de Pasadena S. L. incorporados al sumario judicial: el primero corresponde a la reserva de un vehículo de alquiler de la empresa Niza Car que fue recogido por Mato el 9 de julio de 2004 en el aeropuerto de Jerez de la Frontera; el segundo es un contrato de alquiler de un automóvil de la compañía Avis en agosto de ese mismo año, también a nombre de aquélla, en el aeropuerto de Santander. El PP sigue cerrando filas en defensa de su número tres. Después de que el lunes los vicesecretarios generales Javier Arenas y Esteban González Pons proclamaran la inocencia de su compañera, ayer la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, hizo lo propio. "Mato ha dado unas explicaciones muy claras y rotundas acerca de su no implicación en este asunto, y creo que son lo suficientemente contundentes", dijo Cospedal. Esas explicaciones, sin embargo, se han limitado a tratar de desacreditar el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales con el argumento de que "no aporta nada nuevo".

EL COHECHO PASIVO DE CAMPS.- El juez Flors ha notificado a las acusaciones -Fiscalía y PSPV- una providencia en la que abre un plazo de cinco días para presentar sus conclusiones provisionales sobre la investigación abierta contra el jefe del Consell, Francisco Camps, por un presunto delito de cohecho pasivo, según nos ha relatado El País. La providencia, de fecha 25 de enero, dice así: 'Practicadas todas las diligencias declaradas pertinentes que se han acordado en esta fase del procedimiento a propuesta de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.4 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, dese traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación popular para que en el plazo de cinco días insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando en su caso escrito de conclusiones provisionales. A continuación, se abrirá otro plazo de cinco días para que presenten sus escritos las defensas, tal y como se estipula en la ley del jurado. Después, deberá decidir si archiva la causa o convoca una vista preliminar donde todas las partes personadas en la causa que investiga si Camps y otros altos cargos de la Generalitat y del PPCV aceptaron regalos de los responsables de la trama 'Gürtel', comparecerán para exponer sus conclusiones. Según fuentes del TSJCV, todo este proceso es susceptible de ser recurrido -en un plazo máximo de tres días desde la emisión de la providencia- por lo que es difícil pronosticar cuándo llegará a su término. La investigación terminó hace unos días y faltaba por saber cuándo abriría este plazo de conclusiones el magistrado que sigue la causa contra Camps, el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa y los ex cargos del partido Víctor Campos y Rafael Betoret en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El propio juez Flors rechazó nuevas pruebas por parte de la defensa del presidente valenciano, que posiblemente recurrirá la decisión del magistrado. Camps está acusado por la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV de aceptar regalos de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, con Álvaro Pérez 'el Bigotes' como cabeza visible en la Comunidad Valenciana. Queda en el aire la causa por la presunta financiación irregular en el PP de la Comunidad Valenciana, pendiente de ser asumida o no por el TSJ valenciano tras la inhibición en mayo pasado del magistrado Antonio Pedreira.

CRECE LA AFICIÓN POR LA ENSEÑANZA DEL CHINO.- Según un reportaje que este jueves publicó La Vanguardia, el chino empieza poco a poco a sonar más familiar para los oídos de esta parte del mundo como consecuencia del increíble ascenso económico, y por consiguiente político, del gigante asiático. Su influencia crece y también el interés por su cultura, su lengua y sus negocios. Tanto que países como Francia o Estados Unidos han introducido ya el chino como asignatura optativa en algunas de sus escuelas e institutos públicos. Detrás de tal iniciativa, está la idea de que los alumnos deben tener la oportunidad de conocer los idiomas más potentes del mundo aunque sea de forma básica, y el chino está alcanzando ese estatus, explica Sara Rovira, profesora de la UAB experta en la enseñanza de esta lengua. En España, la única comunidad autónoma que se ha planteado algo similar ha sido la Comunidad Valenciana, donde el chino se estudia como asignatura optativa en doce institutos públicos. En Cataluña una decena de centros enseñan mandarín fuera del horario lectivo, la mayoría en Barcelona, dentro del plan de actividades extraescolares del Departament d'Ensenyament. El chino es el segundo idioma más estudiado dentro de este programa, con 501 alumnos en el curso 2010-2011 –el primero es el árabe–. Hace sólo tres cursos el chino ocupaba la cuarta posición de idiomas extra escolares con 129 alumnos, por detrás del árabe (1.338 alumnos), el rumano (179) y el holandés (131). Buena parte de estos estudiantes son hijos de inmigrantes. Aparte del inglés, los alumnos catalanes de secundaria pueden estudiar alemán, francés o italiano como optativa siempre que el centro ofrezca la posibilidad. De momento, Ensenyament no se plantea incluir el mandarín en la bolsa de asignaturas optativas, aunque no cierra la puerta a revisarlo en el futuro. Si de verdad existe la voluntad política de hacerlo, Ensenyament no estará solo en el intento. “Contarán con todo el apoyo del Gobierno chino y si es necesario aportaremos nosotros los profesores”, afirma Minkang Zhou, director del Instituto Confucio de Barcelona y profesor de la UAB. Zhou ya colaboró con la Generalitat para enseñar chino como asignatura extraescolar y ahora, a través del Instituto Confucio –el Instituto Cervantes chino– trata de dar un salto en el impulso y difusión de este idioma en Cataluña. Además de fomentar los cursos de lengua, el Instituto Confucio de Barcelona tiene previsto abrir una convocatoria de becas para que alumnos de entre 12 y 18 años estudien entre uno y tres meses en China. “De momento ofreceremos diez plazas, ampliables según la demanda”, indica Zhou. Los aspirantes deben tener nociones de chino y durante este verano asistirán a clases de lengua y cultura en Pekín. Es el mismo modelo que se sigue con los cientos de adolescentes catalanes que cada verano viajan a países anglosajones para mejorar su nivel de inglés. Encontrar profesores de chino en Cataluña no es problema, según Rovira. “Contamos con una cantera suficiente a través de los titulados en traducción e interpretación y en estudios de Asia Oriental”, añade. Rovira opina que España debe ser menos “chino dependiente”, en el sentido de que debe formar a sus propios especialistas en el país asiático. “¿Por qué todos los traductores de chino-castellano tienen que ser siempre chinos?”, se pregunta. Aunque con los cuatro años, como mucho, que un catalán pueda estudiar chino en el instituto no se convertirá en un experto en esta lengua. “Es cierto que el chino es difícil, sobre todo la escritura, a la que los estudiantes de China dedican el 30% del horario escolar, pero el alumno que lo estudie en el instituto tendrá unas nociones suficientes para jugar con ventaja en el futuro”, insiste Rovira. Lo mismo opina Pedro Nueno, profesor de Iniciativa Empresarial del Iese y profesor del Ceibs (China Europe International Business School). “El inglés es absolutamente imprescindible, esto nadie lo discute, pero para trabajar con China conocer su lengua es un punto a favor; es un idioma de futuro, hay muchas más posibilidades de que en Cataluña se instalen empresas chinas que no alemanas o italianas”, dice. “Y si se adquiere un nivel básico en la escuela, luego es más fácil seguir aprendiendo y profundizar en este idioma”, insiste Nueno. ¿Ocupará algún día el chino el puesto del inglés? Veremos. De momento, España aún tiene una asignatura pendiente con esta última lengua.
LAS EXIGENCIAS A LAS CAJAS.- Las cajas españolas tendrán que cumplir con unos criterios de capitalización (el llamado core capital) que no se le exigen aún a ninguna entidad europea y que, en el peor de los escenarios, sólo se pedirán a partir del 2019. La ministra de Economía aprovechó el miércoles una entrevista en TVE para avanzar el listón que fijará para las cajas, que se enteraron de esa cifra a la vez que el resto de los telespectadores, según se relata en La Voz de Galicia. Elena Salgado adelantó a las entidades que no son bancos, que no poseen accionistas o que tienen una dependencia de financiación exterior del 20% de su activo, que tendrán que presentar antes de ocho meses un core capital «de entre el 9 y el 10%». Para el resto, para los que sí son bancos o disponen de una ficha bancaria con la que acudir a los mercados, esa cifra será del 8%. La discriminación hecha por Salgado, y que ya se esperaban las cajas, apunta directamente a cuatro entidades: Novacaixagalicia, Caja España-Duero, CatalunyaCaixa y Unnim (una fusión de tres comarcales catalanas). Son las que, indirectamente, ya saben que el Gobierno las ha señalado. A otras firmas con una ratio de capitalización baja, como las fusión que lidera Caja Madrid, Banca Cívica (el primer SIP que se creó en España) o Mare Nostrum (con Cajastur y CAM al frente), esos nuevos requisitos les afectarán de manera indirecta, porque todas ellas ya han constituido un banco al que traspasarán todo su negocio, de tal forma que actuarán en la práctica como una no caja. Otra perjudicada por ese anuncio sorpresa de Salgado -en el sector se esperaba para el mes de febrero- es La Caixa, cuya ratio está ligeramente por debajo del 8,8%. Pero, ya está estudiando varias vías para iniciar su reconversión. Si a las entidades ya les iba a costar lo suyo llegar a ese 8% exigido inicialmente, ahora la situación se ha tornado en misión imposible. Aunque Novacaixagalicia guarda silencio, lo cierto es que sus dirigentes llevan tres días enfrascados en determinar qué caminos seguir y fijar los plazos que se han de cumplir para llegar a septiembre con los deberes hechos. Porque, de lo contrario, el futuro es su nacionalización parcial con la entrada de fondos públicos del Estado, del FROB. Esa vía extrema puede suponer que, en el plazo de cinco años, esa entidad termine siendo vendida. En esa misma entrevista, la vicepresidenta segunda trató de evitar que su nuevo anuncio se interprete como una guerra entre cajas y bancos al asegurar que, si de entre estos últimos, alguno no cumple, también será nacionalizado; solo hay uno en esa situación, Bankinter. Sin embargo, a estos se les pedirá un 8% y las vías que tienen para captar capital son más numerosas, comenzando por una ampliación de capital.

jueves, 27 de enero de 2011

ULTIMOS RETOQUES AL PACTO DE PENSIONES. POCAS DUPLICIDADES ENTRE GOBIERNO Y CCAA

ÚLTIMOS RETOQUES AL PACTO DE PENSIONES.- Una vez producida la sesión de negociación de la noche del miércoles, como la del lunes también con participación del presidente Zapatero, aún quedan algunos puntos de desencuentro entre las partes sobre edades de jubilación, tiempos de cotización y tiempos de cómputo, pero todo permite suponer que es cuestión de horas para que, finalmente, se cierre un debate que viene resultando interminable. Entre los puntos clave del desencuentro siguen apareciendo la edad legal de jubilación, a los 67 años para el Gobierno, salvo para las carreras largas de cotización o para profesiones penosas, frente a los 65 años con 35 de cotización y el 100% de la pensión, como hasta ahora, para los sindicatos. Éstos están dispuestos a ceder hasta los 38 años cotizados, también para las profesiones penosas y de riesgo. Para el Gobierno, retiro a los 65 años cuando se han cotizado al menos 39 años y cómputo de los últimos 25 años de vida laboral, en lugar de los 15 últimos. En cuanto a la jubilación anticipada, sería a los 63 años y no a los 61 como ahora. La reforma admitirá condiciones más flexibles cuando la situación sea de crisis empresarial, y el retiro parcial será más duro subiendo la cotización para las empresas., y periodo transitorio hasta 2027, aunque Trabajo está dispuesto a llevarlo hasta 2030. Los sindicalistas plantean, además, lo que llaman relleno de lagunas de cotización, consistente en que las mujeres sumen dos años de cotización por hijo y buscar fórmulas de compensación para los periodos de estudios de los jóvenes. Reclaman que el periodo transitorio llegue más allá de 2027, así como el aumento de las bases máximas de cotización para lograr más ingresos para el sistema de pensiones e incentivos para prolongar la vida activa, aumentando la base de cotización hasta el 5%...
Pero es evidente que las posiciones entre sindicatos y Gobierno sobre la reforma de las pensiones se aproximan, con evidente esfuerzo e indudable deseo de coincidencia final. El principal escollo para alcanzar el pacto sigue estando en los años de cotización necesarios para jubilarse con 65 años y obtener la pensión completa. Pero las posturas en este punto se han ido limando. El Gobierno se ha apeado de su exigencia inicial (41 años de cotización), y ahora acepta 39. Los sindicatos parecen dispuestos a aceptar 38. Pero todavía nadie quiere lanzar las campanas al vuelo ni dar todo por resuelto. A falta de una jornada decisiva para saber si hay pacto, la diferencia es ya solo de meses, y ya puede hablarse de principio de acuerdo. Por más que se podrá seguir negociando después del viernes, cuando el Gobierno cumpla su calendario y presente el correspondiente anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Desde el primer día de la compleja negociación, el obstáculo más duro se situó en los años necesarios para poder jubilarse con 65. El Gobierno planteó 41. En conversaciones informales habló de 39. Pero los 41 estuvieron encima de la mesa el lunes por la noche, cuando los líderes sindicales se vieron con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora han vuelto a los 39, y el Gobierno no quiere bajar más. Los sindicatos, por su parte, en charlas informales se han mostrado dispuestos a aceptar 38 años cotizados. No obstante, un alto dirigente sindical respondía ayer mismo: "No puedo aceptar una oferta que no me han hecho formalmente". La resolución que aprobó el Congreso el pasado martes no es un aval a la intención del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación a 67 años, pero sí significa el camino de negociación a seguir. El voto particular apoyado por CiU, PNV, CC y PSOE da luz verde a este propósito, pero también reclama que no sea de forma general, sino flexible y progresiva. Un punto de flexibilidad se refiere a las profesiones penosas y de riesgo en las que habrá excepciones a la norma general de jubilarse a los 67. Este podía ser un tema a negociar después del viernes, pero supone aceptar que se retrase la edad de jubilación a los 67 años. La jubilación responderá,de este modo, más a horquillas que, básicamente, estarán comprendidas entre los 63 años (edad mínima para la jubilación anticipada) y los 67. En cuanto a los periodos de implantación de la reforma también se han producido avances. Zapatero situó el periodo de transición para que la reforma entre plenamente en vigor entre 2013 y 2027 con la intención de no perjudicar a quienes se jubilan en un futuro inmediato. Los sindicatos exigen que este periodo transitorio sea aún mayor. El Ministerio de Trabajo está dispuesto a aumentar el periodo transitorio en dos o tres años, aunque nunca más allá de 2030, que es cuando se calcula que empiezan las tensiones demográficas en el sistema. Donde el Gobierno muestra una postura más inflexible es en el periodo de cómputo. Lo mantiene en 25 años, frente a los actuales 15. Los sindicatos están dispuestos a negociar. Un punto de acuerdo podría ser fijarlo en 20 años en un primer momento y elevarlo luego a 25.
Siguen siendo matices y “limaduras”, pero con suficiente calado, cada una de ellas, como para remover y modificar posiciones ya anteriormente aceptadas...

POCAS DUPLICIDADES ENTRE GOBIERNO Y CCAA.- El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha asegurado este martes que "no son muchas las duplicidades" de competencias encontradas en el informe encargado por el Ministerio de Política Territorial para detectar las posibles "ineficiencias" del modelo autonómico. Por lo tanto, en su opinión, "no pone en cuestión" el desarrollo del Estado de las Autonomías en España "como últimamente alguien ha querido cuestionar". Zarrías hizo estas declaraciones al ser preguntado sobre el encargo realizado el pasado 21 de diciembre por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, de realizar un informe relativo a la eliminación de las "posibles duplicidades, solapamientos e ineficiencias" del modelo autonómico. Al término de una rueda de prensa ofrecida en Valencia, ha defendido el modelo autonómico y ha asegurado que la recuperación económica "se hace mejor desde el Estado de las Autonomías que desde el centralismo". Además, ha aclarado que la administración autonómica "no es más cara ni menos" que ayuntamientos, diputaciones o administración central. "El Estado de las Autonomías es un modelo singular, equiparable a otros" pero que, según Zarrías, "ha permitido que nuestro país progrese". Asimismo, el secretario de Estado ha aclarado que el estudio elaborado por la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas pretende "evaluar si hay alguna cuestión que se pueda mejorar" con el objetivo de que la administración sea "más eficiente y eficaz". Preguntado sobre las declaraciones del presidente del Congreso, José Bono, quien este lunes consideró que “el café para todos fue un error”, y que aún se puede "corregir", Zarrías ha recalcado que el modelo autonómico "tiene, desde el Gobierno, una altísima valoración". Asimismo, el secretario de Estado ha señalado que le "asusta" cuando se habla de "adelgazamiento del Estado de las Autonomías", una afirmación que ha atribuido a la "derecha". "La derecha habla de adelgazamiento de los servicios públicos fundamentales en beneficio de lo privado", una medida que no comparte y que ha criticado, ya que el Estado de las Autonomías merece un "sobresaliente". "Qué 30 años después, visto su funcionamiento, tenemos que hacer algún tipo de ajuste, por supuesto, pero desde un prisma de austeridad, reformas y cohesión social", zanjó. Por último, ha enumerado los principios que inspiran el Estado de las Autonomías, como "la solidaridad, la igualdad y el principio de que ningún territorio debe ser discriminado" y ha explicado que las autonomías significan "capacidad de autogobierno". En su opinión, "el diseño que se hizo es adecuado para un país complejo como el nuestro".

ARENAS Y EL 11-M.- El presidente del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Javier Arenas, aseguró el martes que "la magnitud de los problemas de España exige un ejecutivo de concentración". "Los problemas actuales requieren un acuerdo de estado para el futuro. Creo que España necesita un gran pacto de los dos grandes partidos nacionales para la recuperación nacional", explicó. En una entrevista concedida al director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, durante el programa 'La Vuelta al Mundo'de VEO7, el líder del PP andaluz detalló que, pese a la necesidad de que se produzca ese hipotético acuerdo, él se muestra pesimista. "Zapatero es un tapón para ese pacto de estado por es un experto en romper pactos nacionales", comentó. No obstante, Arenas afirmó que "no descarta que con otra dirección [en el PSOE] pudiera darse ese pacto". Eso sí, a nivel personal, recalcó que "ha superado" la "página de la política nacional". Como parte del Gobierno de Aznar que vivió el 11-M, Arenas afirmó que "resulta evidentísimo" que ese suceso "tuvo incidencia en el proceso electoral y sin el mismo, los resultados de las elecciones no habrían sido los mismos". Preguntado sobre los obstáculos que existen en las investigaciones del atentado, en parte por parte del vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba: "Me parece muy mal pero no me sorprende viniendo de él, ocultando información como en el caso Faisán, que se produce en plena negociación con ETA". Javier Arenas incidió en que Rubalcaba "representa lo malo del felipismo y lo malo del zapaterismo, que tiene que ver con la negación de la crisis y con la ruptura de los consensos nacionales". "Rubalcaba y Zapatero representan la misma cara del mismo fracaso", añadió. El dirigente 'popular' también hizo un repaso de la actualidad de su región, de la que espera hacerse cargo en las próximas elecciones si se confirman los datos de los sondeos. Arenad habló del pasado -"30 años de agotamiento con kilos de prepotencia y de soberbia"-, del presente -"un millón de parados"- y del futuro. Entre sus propuestas para su hipotético mandato, "disminuir el 50% de los altos cargos, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y poner en marcha de inmediato la reforma crucial de la educación", asunto este que señala como uno de los principales problemas de la comunidad autónoma.

BLOQUEO EN LA DESIGNACIÓN DE JUECES.- El Consejo del Poder Judicial incluye en el orden del día del pleno que celebrará este jueves la designación de tres vacantes en las Salas Civil, Penal y Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Pero el martes por la tarde, tras dos días de reuniones no exentas de nervios, y según relata El País, quedó bloqueada la negociación que mantienen los vocales progresistas y conservadores. Uno de los motivos, la "tajante negativa" de los progresistas a apoyar para la Sala de lo Civil al hasta hace unas semanas portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García. La APM y sus vocales afines en el Consejo, que son mayoría, han hecho casus belli a favor de García para esa plaza, pero tampoco hay unanimidad en sus filas en torno a él. Los progresistas, a su vez, quieren la vacante de la Sala de lo Penal, conscientes de que está atestada de jueces conservadores, para situar en ella al catedrático Gonzalo Quintero. "Si no quieren a García, nosotros no queremos a Quintero", señalan desde las filas conservadoras, partidarias del fiscal Antonio del Moral. Para estos nombramientos los vocales de ambos grupos están obligados a pactar. El acuerdo tácito es que la derecha del Consejo cubra la Sala de lo Civil; la izquierda, la Penal, y que la vacante de la Sala Tercera recaiga en algún juez moderado. José María Gil Sáez, ex jefe de la inspección del Poder Judicial, suena con fuerza para ella. Pero todo sigue en el aire y es posible que el jueves se pospongan los nombramientos.

Es la única dirigente del PP con capacidad de hacer sombra a cualquier logro de Mariano Rajoy, y tal vez por eso, aunque desde hace un año su relación ha mejorado, casi cada palabra que dice o no dice Esperanza Aguirre es escrutada con detalle por los marianistas.
AGUIRRE, DISPONIBLE PARA RAJOY.- En El País se plantean algunas de las incógnitas que plantea la figura de Esperanza Aguirre: ¿Sigue queriendo ir en las listas al Congreso como hace cuatro años?, le preguntaron en Onda Cero. "Hace cuatro años dije que si para ayudar a Rajoy a ganar hay que ir en su lista, yo estoy disponible y lo vuelvo a decir exactamente igual ahora. Lo que pasa es que yo siempre pensé que, desde donde estamos, también le podemos ayudar a ganar", contestó. En Génova sonaron de nuevo las alarmas. El entorno de la presidenta explicó que ella no tiene ninguna intención de dejar la Comunidad "tendría que hacerlo para ir al Congreso" y que no pretendía abrir más polémicas. Aún así, los gallardonistas siguen temiendo que si Rajoy decide finalmente poner al alcalde de Madrid en las listas al Congreso, "algo para lo que queda un año", ella podría intentar alguna maniobra como hizo en 2008. El entorno de la presidenta insiste en que este debate ha sido superado, que ella se acercó hace tiempo a Rajoy y no quiere buscar más problemas, y que solo quiere ganar en la Comunidad de Madrid.
AJUSTE A LA BAJA DEL PODER AUTONÓMICO.- Una Loapa de nuevo tipo (ajuste a la baja del poder autonómico) está en marcha y se despliega, con más prisas que pausas, en al menos en tres ámbitos: sistemática campaña de desprestigio de la descentralización del poder político en España; medidas de homogeneización que no se concretarán hasta después de las elecciones locales y regionales de mayo, más una severa castración del viejo vínculo (clientelar en muchos casos) entre las cajas de ahorros y el poder territorial. Comienza una nueva e incierta etapa del 'café y cajas para todos'. Así describe en La Vanguardia la situación política y económica su analista Enric Juliana. Matiza que no es la Loapa de 1981. No es una nueva ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Es una dinámica de fondo. Es un proceso. Es una concatenación de circunstancias. Hoy no hay ninguna necesidad de calmar a los militares. Las urgencias son otras. España debe cumplir con las exigencias de austeridad del Directorio Europeo; transmitir garantías de pago a los compradores de deuda pública y a los bancos extranjeros –alemanes y franceses, principalmente– que financiaron el fenomenal despegue crediticio del periodo 1996-2008; y ofrecer nuevas oportunidades de negocio: la desamortización de la mitad del ahorro español, por ejemplo. Concluye Juliana que “la decisión del Ejecutivo de forzar la venta de buena parte de las cajas de ahorros al sector bancario modificará la anatomía del poder en España con más intensidad que una ley de armonización autonómica. Será, además, un cambio desigual. asimétrico, puesto que no todas las cajas de ahorros bordean la insolvencia por sus pecados inmobiliarios”. Y explica que uno de los mayores interrogantes se cierne sobre la alianza Caja Madrid-Bancaja, principal instrumento financiero del poder territorial en manos del Partido Popular y hoy símbolo de la tradicional apetencia madrileña por Valencia. La batalla del 2008 por el liderazgo del PP se libró en muy buena medida en torno a la presidencia de Caja Madrid. Si Esperanza Aguirre hubiese conseguido –como pretendía– el control total de la segunda entidad de ahorro española, quizás Mariano Rajoy hoy no sería candidato a la Moncloa. Rajoy ganó la batalla, aceptando a Rodrigo Rato como presidente. Caja Madrid-Bancaja se halla en estos momentos por debajo de los ratios (core capital) exigidos por el Ejecutivo para evitar la recapitalización forzosa, bajo amenaza de nacionalización, advertencia claramente dirigida a los poderes autonómicos. Palo al que no obedezca y quiera enrocarse en la taifa. En los activos de Caja Madrid figuran estratégicas participaciones empresariales (Iberia, Indra, Mapfre, Realia...). A su vez, la Comunidad de Valencia, duramente golpeada por la crisis inmobiliaria, se quedó sin cajas de ahorros en la fase de las fusiones frías. Sólo le resta Caixa Ontinyent. La alicantina CAM ha sido absorbida por el banco Liberta, que lidera Caja Astur (PSOE), a su vez trasfondo de la singular crisis en el PP asturiano. El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, quiso evitar la órbita de Madrid y logró la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, pese a la tradicional rivalidad entre La Coruña y Vigo. Esa alianza gallega puede ser ahora insuficiente. La Junta de Andalucía, pese a intentarlo, no consiguió la unificación de todas las cajas del Sur. Hay un orden disperso en la España meridional. Y de la crisis saldrá un banco catalán controlado por La Caixa. Desde la presidencia de la CECA, Isidre Fainé ha evitado que triunfasen los criterios maximalistas que pretendían una Loapa completa: la puesta en venta de todas las cajas, sin distinción de solvencia. Era la tesis del gobernador del Banco de España, apoyada por la gran banca española (lógicamente interesada en la tarta del el 50% del ahorro), que, en algún momento, habría seducido al presidente del Gobierno. En Cataluña, el debate girará sobre la antigua Caixa Catalunya, cuya casa matriz, la Diputación de Barcelona (PSC), será estrella polar de las próximas elecciones municipales.
LA ESTRATEGIA DE LA CAJA GALLEGA.- La nueva caja gallega,según ha explicado este miércoles La Voz de Galicia, tiene en un balance más de 30.300 millones de euros entrampados en el sector inmobiliario, bien a través de préstamos para particulares (hipotecas), bien en dinero prestado a promotores y constructores, bien en pisos y otros activos que directamente ha tenido que quedarse por impago de sus clientes. Esa cifra supone algo más de la mitad de todo el dinero que tiene prestado Novacaixagalicia. Es el 55% de los 54.700 millones de euros que tiene prestados a la clientela. Según la entidad, los datos son mejores que la media y hay 16 firmas en una peor situación. Esas cifras las reveló el martes la caja gallega apenas unas horas después de que el Gobierno desmontara su plan de negocio hasta el 2015 al endurecer las condiciones de solvencia y capitalización que tendrán que cumplir las entidades financieras españolas. Esas mayores exigencias afectan directamente a Novacaixagalicia, al igual que a otras cuatro fusiones de cajas, que tienen ahora menos de ocho meses para subir su core capital hasta al menos el 8%. El ejercicio de transparencia que hizo la entidad gallega con su exposición al ladrillo sólo lo ha llevado a cabo antes la fusión Caja España-Duero, aunque con unas ratios peores que las de la gallega. En este caso más del 70% del crédito de la entidad está en el ladrillo. Seguidamente, también, lo hicieron las cajas catalanas. Y CatalunyaCaixa reveló que mantiene un 78% de su dinero metido en la construcción; suman 41.700 millones. El resto de las entidades tienen este mes para desvelar esas cifras por imperativo del Banco de España, que ha evaluado en 180.000 millones los activos «potencialmente peligrosos» de la banca española por estar vinculados a un sector en declive. De los 30.300 millones de la caja gallega, la mayoría se concedieron a hipotecas, más de 16.000. Hay otros 11.150 adjudicados directamente a constructores y promotores. Menos de la mitad de esa última cantidad corresponden a viviendas finalizadas. El resto es más complicado de colocar: suelo o terreno en construcción. Mientras, la entidad ha comenzado a estudiar las diferentes vías que le deja el Gobierno toda vez que su plan de negocio hasta el 2015 -cuando terminará de devolver las ayudas del FROB- ha quedado en papel mojado. La entidad mantiene un core capital en el entorno del 6% y ha de elevarlo al menos dos puntos, aunque algunas fuentes indican que para la caja gallega y para otras que no son aún bancos (las catalanas, la de Castilla y León y las que siguen en solitario), el criterio de capital será del 9,4%. ¿Cómo se alcanzarán esos números? Para mantener su naturaleza de caja, según el análisis de La Voz de Galicia, Novacaixagalicia tendría que emitir varios millones de euros en cuotas participativas. O puede dar un giro total y terminar siendo un banco y captar capital con accionistas.
PUJOL SE PLANTEA LA INDEPENDENIA DE CATALUÑA.- El expresidente catalán Jordi Pujol ha contemplado este martes, por primera vez de manera abierta, la independencia de Cataluña como una posible "alternativa" ante "la marginación y el ahogo" al que se quiere someter a los catalanes en la España actual, y ha dicho no ver argumentos para oponerse a un Estado propio. Pujol, que hasta ahora siempre se había mostrado extremadamente comedido a la hora de hablar de la opción independentista, ha sido más explícito que nunca en un texto publicado en el boletín electrónico del Centro de Estudios Jordi Pujol, titulado 'Del Tribunal Constitucional a la independencia. Pasando por el Quebec', y del que habla La Vanguardia. Durante muchos años el nacionalismo catalán mayoritario no ha sido independentista. Ha jugado la carta de un autonomismo que garantizase políticamente y administrativamente un techo alto, económicamente viable y con garantía identitaria", ha recordado. Este nacionalismo mayoritario, encarnado por la CiU que él mismo lideró durante más de dos décadas, "rechazaba los requerimientos que algunos sectores le hacían para que se adhiriese al independentismo. Tenía argumentos para hacerlo. Ahora ya no los tiene", ha añadido. Tras subrayar que económicamente "una Catalunya independiente es viable", Pujol ha admitido que aún se podría objetar que no hay que "poner en peligro la cohesión interna catalana" con planteamientos independentistas, un argumento que a menudo utiliza Artur Mas para enfriar las expectativas de un referéndum de autodeterminación. "Pero incluso este (argumento) pierde peso a medida que se acentúa tanto el trato económico discriminatorio, con repercusiones sociales y humanas. Ahora no tiene argumentos políticos y cada vez menos argumentos sentimentales. O económicos", ha agregado. Aunque ha reconocido que la "opción independentista es de difícil realización", Pujol ha advertido de que la otra alternativa es la que "impone" España y que "equivale a rendirse" y a "aceptar la marginación y el ahogo de Cataluña". Esta última opción sería el "final colectivo" de Cataluña, por lo que, "llegado el caso, gente que nunca habría soñado con hacerlo, votaría independencia", ha afirmado. Según el expresidente de la Generalitat, "habría habido una manera de evitar esto: que se hubiese aceptado que Cataluña es un pueblo con personalidad propia, con derecho a ser respetado y considerado como tal. Y esto era posible dentro de España". A su juicio, "hace unos años" parecía que se podría evitar que Cataluña se viese ante la disyuntiva de elegir entre "la España que el Tribunal Constitucional ha dibujado" o la independencia. Para Pujol, antes "parecía viable" una "evolución favorable de la interpretación de la Constitución", con el "reconocimiento de la personalidad propia y diferenciada de Cataluña", que comportaría una "contribución leal y a fondo por parte de Catalunya al progreso democrático, económico, social y de prestigio de España". "Esto ha fracasado. Desde hace unos años se ha ido consolidando un modelo homogeneizador, de techo competencial muy bajo, es decir, de autogobierno muy limitado y sometido a un creciente ahogo financiero", ha denunciado. Pero en este momento, según Pujol, "es ingenuo pensar que se podrá frenar el proceso de ir atornillando la autonomía y, de hecho, la identidad, el autogobierno, la economía de Cataluña, con nuevas negociaciones, como pretenden aún algunos socialistas catalanes". "Si algún cambio puede haber de momento, más fácil es que sea por mal que por bien. Por lo tanto, la alternativa a esto ahora ya sólo podría ser la independencia", ha sentenciado. "Mientras esperamos el día de un hipotético referéndum oficial y vinculante, los catalanes un objetivo claro sí que tenemos: reforzarnos internamente", ha concluido.
LA PENSIÓN DE AZNAR Y GONZÁLEZ, BLINDADA.- La iniciativa emprendida por Mariano Rajoy para acabar con los privilegios de os parlamentarios encontró ayer en el Congreso, su primer dique de contención con los sueldos de los ex presidentes del Gobierno. PP y PSOE blindaron el retiro dorado de José María Aznar y Felipe González para que ambos puedan seguir redondeando su sueldo público con su muy bien remunerada faceta de conferenciantes y asesores de empresas privadas. Para la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, esa asignación no es, en ningún modo, “una pensión”. Botella ha sido tajante a la hora de defender las retribuciones y el estatus de su marido al señalar, en una entrevista a Telemadrid, reproducida en El Confidencial, que “la pensión compensatorio la reciben los dos años siguientes a salir de La Moncloa”, al igual que otros ministros y altos cargos del Ejecutivo. Después, “reciben una cantidad para el funcionamiento de una oficina”, que asciende a 70.000 euros anuales. Todo ello sin contar con que, tanto Aznar como Felipe, tienen derecho a disponer de un servicio de escolta, una secretaria y un asistente personal. Botella quiso dejar "una cosa muy clara" para acabar con las críticas de quienes consideran eso como un privilegio: "No hay un solo ex presidente del Gobierno en ningún país de mundo que no tenga una mínima cobertura". Y ha recordado también que "hay algún ex presidente, ahora mismo, que no tiene ninguna actividad" profesional, como es el caso de Adolfo Suárez (1976-1981). "Luego ya, que hable quien tenga que hablar". El problema y el debate llega a la Cámara Baja después de que una medida prevista, en principio, para asegurar la cómoda jubilación de los ex presidentes se haya puesto en entredicho por quienes la consideran incompatible con cualquier actividad privada de lobista. La propuesta de ERC-IU-ICV quiere regular por ley ese sueldo vitalicio para que se asigne durante un máximo de dos años o, incluso, se suprima si en ese periodo de tiempo los ex presidentes compaginan la indemnización pública con un sueldo privado. La polémica no es para menos. El último fichaje millonario de Aznar por Endesa le podría reportar unos 200.000 euros anuales. En total y según un cálculo elaborado por el Confidencial, el presidente de FAES podría redondear su sueldo público con casi 1,5 millones de euros, procedentes de sus ingresos como consejero de varias multinacionales, conferenciante, escritor y gestor de su propia sociedad de consultoría. Felipe González, por su parte, acaba de entrar a formar parte del consejo de administración de Gas Natural para que resuelva la pugna del gas en la argelina Sonatrach. Para el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, esa forma de combinar lo público con lo privado “parece incompatible”. Ha destacado, que eso no es posible en su comunidad autónoma, donde Juan Carlos Rodríguez Ibarra "eligió ser profesor de la universidad y tuvo que renunciar" a su retribución como ex presidente: “Parece que éste es un modelo razonable y extrapolable". PP y PSOE unieron sus fuerzas, sin embargo, para proteger y respetar el estatus de los ex jefes de Gobierno por lo que representa su figura. El portavoz de Convergencia i Unio, Josep Antoni Duran i Lleida ha señalado, al respecto, que si se debate sobre las pensiones de los parlamentarios, también se debe abrir la discusión sobre los sueldos de los ex presidentes. "Me parece lógico que un ex presidente del Gobierno tenga una cobertura: unos escoltas, un despacho, una secretaria y un sueldo”, ha señalado. “Pero si deja de ejercer una vida pública, dando conferencias, y pasa a ejercer de 'lobbista' con la compañía que sea, no tiene sentido la pensión pública".
LAS PENSIONES DE ALGUNOS PARLAMENTARIOS.- Las Cortes gastan cada año algo más de un millón de euros en complementar la pensión de 81 diputados y senadores que no llegan a la pensión máxima, según la información que ha facilitado El Confidencial. La identidad de dichos parlamentarios se mantiene en secreto para preservar su derecho a la intimidad, según justificó un portavoz del Congreso. Manuel Alba, secretario general de la Cámara y responsable en última instancia de la gestión de dichos complementos, declinó comentar estos datos. Los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, han pedido iniciativas a los grupos parlamentarios para evitar el “daño injusto” que está sufriendo la imagen de sus señorías por los privilegios de que disfrutan en comparación con el resto de ciudadanos. Desde las Cortes Constituyentes de 1977 ha habido 3.609 parlamentarios (1.985 diputados y 1.915 senadores) de los que 81 cobran, en este momento, un complemento a su pensión pública con cargo a los presupuestos de las cámaras. Son diputados y senadores ya jubilados a los que su base de cotización o el tiempo cotizado en su actividad profesional no les alcanza para tener derecho a la pensión máxima (2.466,20 euros mensuales). La diferencia entre la pensión que les corresponde por su vida laboral y la pensión máxima la pagan las Cortes. Es lo que se denomina “pensión parlamentaria”, que en este momento supone 1.066 euros mensuales de media para cada uno de los 81 beneficiarios y supone un gasto total de 1.3036.152 euros anuales. Eso sí, con algunas salvedades. Si el diputado o senador acumularon una antigüedad de entre 7 y 9 años, las Cortes le abonan el 80% de la citada diferencia. Si su actividad parlamentaria se prolongó entre 9 y 11 le pagan el 90%, y suman más de 11 años como representantes de la soberanía popular, tienen asegurado el 100%. Si el cese como parlamentario se produce con 55 años y no tiene trabajo, las Cortes le pagan sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta que complete el periodo necesario para tener derecho a la jubilación. Además, sus señorías pueden jubilarse anticipadamente a los 60 años si han cotizado durante 40, según establece el “Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económica a favor de los ex parlamentarios” aprobado por las mesas del Congreso y Senado en julio de 2006. La polémica sobre las ventajas de que gozan nuestro parlamentarios frente al resto de ciudadanos lo ha suscitado el presidente del PP, Mariano Rajoy, en pleno debate político sobre la reforma de las pensiones, que el Gobierno aprobará el próximo viernes con o sin acuerdo con los sindicatos. Su punto más conflictivo es el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, salvo en caso de carreras laborales muy prolongada (el Ejecutivo pretende que se entienda como tal haber cotizado a la Seguridad Social durante 41 años), en cuyo caso se mantendrá en los actuales 65 años. Los presidentes del Congreso y Senado, José Bono y Javier Rojo, han tomado cartas en el asunto para para preservar “la dignidad de los diputados”, después de que varios parlamentarios hayan reclamado en público mayor transparencia y la supresión de los privilegios de que disfrutan. En una carta remitida a los grupos parlamentarios de ambas cámaras piden que en el plazo de 15 días les hagan llegar las iniciativas que consideren oportunas sobre tres cuestiones concretas: el citado Reglamento de Pensiones Parlamentarias; el Régimen de incompatibilidades de los diputados, que según la Ley Orgánica sobre el Régimen Electoral General (LOREG) “se ejercerá en régimen de dedicación absoluta”, pese a lo cual algunos tienen otras actividades profesionales para las que han sido autorizados, y sobre la conveniencia de hacer públicos (en el Boletín Oficial y/o en la página web) el patrimonio y rentas que declaran los parlamentarios en el Registro de Intereses, que no es público. Bono señala en su carta que una vez recibidas las propuestas “les daré el tratamiento reglamentario y legal que proceda”. Por su parte, José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso, ha manifestado que “si hay algún privilegio se debe cortar. Pero, por razones de justicia y equidad, si hay situaciones de necesidad de gente que ha dedicado al servicio público buena parte de su vida, con limpieza y honestidad, es lógico que no se les deje en la calle una vez que acaba su tarea política”.
MEDIAPRO Y SUS DATOS ECONÓMICOS.- El grupo mediático amamantado con las ubres del zapaterismo hace agua. Al igual que Prisa, los resultados económicos de Mediapro de 2009 presagian el peor de los augurios, según ha relatado Periodista Digital. Señala que según los resultados económicos de Mediaproducción S.L. de 2009 a los que Periodista Digital ha tenido acceso, la cuentas no le salen en la megaproductora catalana: ha perdido 42 millones de euros en 2009 frente a los 3,3 que perdió en 2008 y sus costes se han disparado un 56% más, pasando de los 390 millones de euros de 2008 a los 582 millones de 2009. La similtud de la crisis que atraviesan ambas terminales mediáticas del socialismo sorprende: En Deuda: Mientras la deuda de Prisa supera los 5.000 millones, la de Mediapro supera los 2.000 millones de euros. - La sangría de Prisa no se detiene: factura un 5 por 100 menos que en 2009. Desconfianza de los bancos: Han salvado in extremis su financiación con los bancos acreedores a los que, a pesar de haber conseguido retrasar el pago de la deuda, o les pagan en un plazo de 4 años o cortan la financiación. En el informe que realiza la firma PriceWaterhouseCoopers, Jaume Roures se compromete a pagar 2.669 millones por derechos deportivos hasta 2015, pero los bancos sólo avalan 118 millones. Importantes pérdidas: En 2009 Prisa registró un beneficio neto de 50,48 millones de euros, lo que supuso un descenso del 39,2%. Los ingresos netos de la compañía cayeron un 19,8% hasta los 3.208,58 millones. Aunque los ingresos fueron mayores que en el ejercicio anterior, ya que tuvo una cifra de negocio de 576 millones de euros (en 2008 fue de 460), sus gastos fueron mayores. La aparición y fracaso del canal de pago GolTV, el fútbol, el mundial de baloncesto y la Fórmula1 llevaron a la productora catalana a gastarse 582 millones de euros. Un año antes, la cifra había sido de 390 millones. Además, la auditora encargada de realizar las cuentas reconoce que: A fecha de emisión del presente informe no es posible estimar objetivamente cuál será el desenlace final de los hechos descritos anteriormente y, por lo tanto, existe incertidumbre sobre la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido y sobre la capacidad de la Sociedad para continuar su actividad. El empeño de Jaume Roures, propietario de cerca del 33% de Mediaproduccion S.L. por adquirir los derechos deportivos de las competiciones más importantes de España, puede tener consecuencias nefastas para la viabilidad de la productora. Sus altísimos gastos hacen peligrar no sólo a laSexta sino también a la financiación de los 39 clubes de fútbol de los que tiene los derechos audiovisuales. Solo al F.C. Barcelona le debe 13 millones de euros. Estos resultados, su litigio con Sogecable por los derechos del fútbol, y su deuda con los bancos obligaron a la empresa que dirige Roures a anunciar un concurso de acreedores en julio de 2010,
Finalmente, el informe proporciona los datos negativos y positivos en las cuentas de 2009. Primero, los negativos: El créditos a terceros que pasan de los 334.335 euros en 2008 a los cerca 5,5 millones en 2009. La alta deuda que alcanza con las entidades de crédito a largo plazo (dentro del patrimonio neto pasivo) que en 2009 supera los 32 millones de euros y sin embargo un año antes es de poco más de 5. El resultado de explotación pasa de los 40,4 millones en positivo a los -79,5 millones de las últimas cuentas. El resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas que alcanza unas pérdidas de 42.080.518 millones en 2009 frente a las - 3.291.590 de 2008. El importe neto de la cifra de negocio es de 576.388.232 en 2009 y 12 meses antes es de 460.890.854 euros. La deudas financieras y acreedores comerciales: Con el grupo aumenta la deuda y alcanza los 394.308.117 euros frente los 341.794.034 de 2008. El número de trabajadores pasa de los 265 a 201 en menos de un año.
Y en cuanto a los datos positivos: Las subvenciones, donaciones y legados recibidos dentro de su Patrimonio Neto y Pasivo se mantiene en 197.400 euros. La deuda con empresas del grupo y asociados a corto plazo desciende de los más de 47 millones de 2008 a los 18 de 2008.  Tal y como recoge la Memoria, el sector donde opera Mediapro se caracteriza por la presencia de grandes operadores, con una solvencia financiera contrastada, tanto televisiones privadas como públicas, por lo que el riesgo de impagos es muy bajo. La Sociedad está controlada directamente al 100% por Mediaproduction Properties B.V., sociedad constituida en Holanda. Sus impuestos son muy bajos.