ULTIMOS RETOQUES AL PACTO DE PENSIONES. POCAS DUPLICIDADES ENTRE GOBIERNO Y CCAA

ÚLTIMOS RETOQUES AL PACTO DE PENSIONES.- Una vez producida la sesión de negociación de la noche del miércoles, como la del lunes también con participación del presidente Zapatero, aún quedan algunos puntos de desencuentro entre las partes sobre edades de jubilación, tiempos de cotización y tiempos de cómputo, pero todo permite suponer que es cuestión de horas para que, finalmente, se cierre un debate que viene resultando interminable. Entre los puntos clave del desencuentro siguen apareciendo la edad legal de jubilación, a los 67 años para el Gobierno, salvo para las carreras largas de cotización o para profesiones penosas, frente a los 65 años con 35 de cotización y el 100% de la pensión, como hasta ahora, para los sindicatos. Éstos están dispuestos a ceder hasta los 38 años cotizados, también para las profesiones penosas y de riesgo. Para el Gobierno, retiro a los 65 años cuando se han cotizado al menos 39 años y cómputo de los últimos 25 años de vida laboral, en lugar de los 15 últimos. En cuanto a la jubilación anticipada, sería a los 63 años y no a los 61 como ahora. La reforma admitirá condiciones más flexibles cuando la situación sea de crisis empresarial, y el retiro parcial será más duro subiendo la cotización para las empresas., y periodo transitorio hasta 2027, aunque Trabajo está dispuesto a llevarlo hasta 2030. Los sindicalistas plantean, además, lo que llaman relleno de lagunas de cotización, consistente en que las mujeres sumen dos años de cotización por hijo y buscar fórmulas de compensación para los periodos de estudios de los jóvenes. Reclaman que el periodo transitorio llegue más allá de 2027, así como el aumento de las bases máximas de cotización para lograr más ingresos para el sistema de pensiones e incentivos para prolongar la vida activa, aumentando la base de cotización hasta el 5%...
Pero es evidente que las posiciones entre sindicatos y Gobierno sobre la reforma de las pensiones se aproximan, con evidente esfuerzo e indudable deseo de coincidencia final. El principal escollo para alcanzar el pacto sigue estando en los años de cotización necesarios para jubilarse con 65 años y obtener la pensión completa. Pero las posturas en este punto se han ido limando. El Gobierno se ha apeado de su exigencia inicial (41 años de cotización), y ahora acepta 39. Los sindicatos parecen dispuestos a aceptar 38. Pero todavía nadie quiere lanzar las campanas al vuelo ni dar todo por resuelto. A falta de una jornada decisiva para saber si hay pacto, la diferencia es ya solo de meses, y ya puede hablarse de principio de acuerdo. Por más que se podrá seguir negociando después del viernes, cuando el Gobierno cumpla su calendario y presente el correspondiente anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Desde el primer día de la compleja negociación, el obstáculo más duro se situó en los años necesarios para poder jubilarse con 65. El Gobierno planteó 41. En conversaciones informales habló de 39. Pero los 41 estuvieron encima de la mesa el lunes por la noche, cuando los líderes sindicales se vieron con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora han vuelto a los 39, y el Gobierno no quiere bajar más. Los sindicatos, por su parte, en charlas informales se han mostrado dispuestos a aceptar 38 años cotizados. No obstante, un alto dirigente sindical respondía ayer mismo: "No puedo aceptar una oferta que no me han hecho formalmente". La resolución que aprobó el Congreso el pasado martes no es un aval a la intención del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación a 67 años, pero sí significa el camino de negociación a seguir. El voto particular apoyado por CiU, PNV, CC y PSOE da luz verde a este propósito, pero también reclama que no sea de forma general, sino flexible y progresiva. Un punto de flexibilidad se refiere a las profesiones penosas y de riesgo en las que habrá excepciones a la norma general de jubilarse a los 67. Este podía ser un tema a negociar después del viernes, pero supone aceptar que se retrase la edad de jubilación a los 67 años. La jubilación responderá,de este modo, más a horquillas que, básicamente, estarán comprendidas entre los 63 años (edad mínima para la jubilación anticipada) y los 67. En cuanto a los periodos de implantación de la reforma también se han producido avances. Zapatero situó el periodo de transición para que la reforma entre plenamente en vigor entre 2013 y 2027 con la intención de no perjudicar a quienes se jubilan en un futuro inmediato. Los sindicatos exigen que este periodo transitorio sea aún mayor. El Ministerio de Trabajo está dispuesto a aumentar el periodo transitorio en dos o tres años, aunque nunca más allá de 2030, que es cuando se calcula que empiezan las tensiones demográficas en el sistema. Donde el Gobierno muestra una postura más inflexible es en el periodo de cómputo. Lo mantiene en 25 años, frente a los actuales 15. Los sindicatos están dispuestos a negociar. Un punto de acuerdo podría ser fijarlo en 20 años en un primer momento y elevarlo luego a 25.
Siguen siendo matices y “limaduras”, pero con suficiente calado, cada una de ellas, como para remover y modificar posiciones ya anteriormente aceptadas...

POCAS DUPLICIDADES ENTRE GOBIERNO Y CCAA.- El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha asegurado este martes que "no son muchas las duplicidades" de competencias encontradas en el informe encargado por el Ministerio de Política Territorial para detectar las posibles "ineficiencias" del modelo autonómico. Por lo tanto, en su opinión, "no pone en cuestión" el desarrollo del Estado de las Autonomías en España "como últimamente alguien ha querido cuestionar". Zarrías hizo estas declaraciones al ser preguntado sobre el encargo realizado el pasado 21 de diciembre por el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, de realizar un informe relativo a la eliminación de las "posibles duplicidades, solapamientos e ineficiencias" del modelo autonómico. Al término de una rueda de prensa ofrecida en Valencia, ha defendido el modelo autonómico y ha asegurado que la recuperación económica "se hace mejor desde el Estado de las Autonomías que desde el centralismo". Además, ha aclarado que la administración autonómica "no es más cara ni menos" que ayuntamientos, diputaciones o administración central. "El Estado de las Autonomías es un modelo singular, equiparable a otros" pero que, según Zarrías, "ha permitido que nuestro país progrese". Asimismo, el secretario de Estado ha aclarado que el estudio elaborado por la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas pretende "evaluar si hay alguna cuestión que se pueda mejorar" con el objetivo de que la administración sea "más eficiente y eficaz". Preguntado sobre las declaraciones del presidente del Congreso, José Bono, quien este lunes consideró que “el café para todos fue un error”, y que aún se puede "corregir", Zarrías ha recalcado que el modelo autonómico "tiene, desde el Gobierno, una altísima valoración". Asimismo, el secretario de Estado ha señalado que le "asusta" cuando se habla de "adelgazamiento del Estado de las Autonomías", una afirmación que ha atribuido a la "derecha". "La derecha habla de adelgazamiento de los servicios públicos fundamentales en beneficio de lo privado", una medida que no comparte y que ha criticado, ya que el Estado de las Autonomías merece un "sobresaliente". "Qué 30 años después, visto su funcionamiento, tenemos que hacer algún tipo de ajuste, por supuesto, pero desde un prisma de austeridad, reformas y cohesión social", zanjó. Por último, ha enumerado los principios que inspiran el Estado de las Autonomías, como "la solidaridad, la igualdad y el principio de que ningún territorio debe ser discriminado" y ha explicado que las autonomías significan "capacidad de autogobierno". En su opinión, "el diseño que se hizo es adecuado para un país complejo como el nuestro".

ARENAS Y EL 11-M.- El presidente del Partido Popular de Andalucía (PP-A), Javier Arenas, aseguró el martes que "la magnitud de los problemas de España exige un ejecutivo de concentración". "Los problemas actuales requieren un acuerdo de estado para el futuro. Creo que España necesita un gran pacto de los dos grandes partidos nacionales para la recuperación nacional", explicó. En una entrevista concedida al director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, durante el programa 'La Vuelta al Mundo'de VEO7, el líder del PP andaluz detalló que, pese a la necesidad de que se produzca ese hipotético acuerdo, él se muestra pesimista. "Zapatero es un tapón para ese pacto de estado por es un experto en romper pactos nacionales", comentó. No obstante, Arenas afirmó que "no descarta que con otra dirección [en el PSOE] pudiera darse ese pacto". Eso sí, a nivel personal, recalcó que "ha superado" la "página de la política nacional". Como parte del Gobierno de Aznar que vivió el 11-M, Arenas afirmó que "resulta evidentísimo" que ese suceso "tuvo incidencia en el proceso electoral y sin el mismo, los resultados de las elecciones no habrían sido los mismos". Preguntado sobre los obstáculos que existen en las investigaciones del atentado, en parte por parte del vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba: "Me parece muy mal pero no me sorprende viniendo de él, ocultando información como en el caso Faisán, que se produce en plena negociación con ETA". Javier Arenas incidió en que Rubalcaba "representa lo malo del felipismo y lo malo del zapaterismo, que tiene que ver con la negación de la crisis y con la ruptura de los consensos nacionales". "Rubalcaba y Zapatero representan la misma cara del mismo fracaso", añadió. El dirigente 'popular' también hizo un repaso de la actualidad de su región, de la que espera hacerse cargo en las próximas elecciones si se confirman los datos de los sondeos. Arenad habló del pasado -"30 años de agotamiento con kilos de prepotencia y de soberbia"-, del presente -"un millón de parados"- y del futuro. Entre sus propuestas para su hipotético mandato, "disminuir el 50% de los altos cargos, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones y poner en marcha de inmediato la reforma crucial de la educación", asunto este que señala como uno de los principales problemas de la comunidad autónoma.

BLOQUEO EN LA DESIGNACIÓN DE JUECES.- El Consejo del Poder Judicial incluye en el orden del día del pleno que celebrará este jueves la designación de tres vacantes en las Salas Civil, Penal y Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Pero el martes por la tarde, tras dos días de reuniones no exentas de nervios, y según relata El País, quedó bloqueada la negociación que mantienen los vocales progresistas y conservadores. Uno de los motivos, la "tajante negativa" de los progresistas a apoyar para la Sala de lo Civil al hasta hace unas semanas portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García. La APM y sus vocales afines en el Consejo, que son mayoría, han hecho casus belli a favor de García para esa plaza, pero tampoco hay unanimidad en sus filas en torno a él. Los progresistas, a su vez, quieren la vacante de la Sala de lo Penal, conscientes de que está atestada de jueces conservadores, para situar en ella al catedrático Gonzalo Quintero. "Si no quieren a García, nosotros no queremos a Quintero", señalan desde las filas conservadoras, partidarias del fiscal Antonio del Moral. Para estos nombramientos los vocales de ambos grupos están obligados a pactar. El acuerdo tácito es que la derecha del Consejo cubra la Sala de lo Civil; la izquierda, la Penal, y que la vacante de la Sala Tercera recaiga en algún juez moderado. José María Gil Sáez, ex jefe de la inspección del Poder Judicial, suena con fuerza para ella. Pero todo sigue en el aire y es posible que el jueves se pospongan los nombramientos.

Es la única dirigente del PP con capacidad de hacer sombra a cualquier logro de Mariano Rajoy, y tal vez por eso, aunque desde hace un año su relación ha mejorado, casi cada palabra que dice o no dice Esperanza Aguirre es escrutada con detalle por los marianistas.
AGUIRRE, DISPONIBLE PARA RAJOY.- En El País se plantean algunas de las incógnitas que plantea la figura de Esperanza Aguirre: ¿Sigue queriendo ir en las listas al Congreso como hace cuatro años?, le preguntaron en Onda Cero. "Hace cuatro años dije que si para ayudar a Rajoy a ganar hay que ir en su lista, yo estoy disponible y lo vuelvo a decir exactamente igual ahora. Lo que pasa es que yo siempre pensé que, desde donde estamos, también le podemos ayudar a ganar", contestó. En Génova sonaron de nuevo las alarmas. El entorno de la presidenta explicó que ella no tiene ninguna intención de dejar la Comunidad "tendría que hacerlo para ir al Congreso" y que no pretendía abrir más polémicas. Aún así, los gallardonistas siguen temiendo que si Rajoy decide finalmente poner al alcalde de Madrid en las listas al Congreso, "algo para lo que queda un año", ella podría intentar alguna maniobra como hizo en 2008. El entorno de la presidenta insiste en que este debate ha sido superado, que ella se acercó hace tiempo a Rajoy y no quiere buscar más problemas, y que solo quiere ganar en la Comunidad de Madrid.
AJUSTE A LA BAJA DEL PODER AUTONÓMICO.- Una Loapa de nuevo tipo (ajuste a la baja del poder autonómico) está en marcha y se despliega, con más prisas que pausas, en al menos en tres ámbitos: sistemática campaña de desprestigio de la descentralización del poder político en España; medidas de homogeneización que no se concretarán hasta después de las elecciones locales y regionales de mayo, más una severa castración del viejo vínculo (clientelar en muchos casos) entre las cajas de ahorros y el poder territorial. Comienza una nueva e incierta etapa del 'café y cajas para todos'. Así describe en La Vanguardia la situación política y económica su analista Enric Juliana. Matiza que no es la Loapa de 1981. No es una nueva ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Es una dinámica de fondo. Es un proceso. Es una concatenación de circunstancias. Hoy no hay ninguna necesidad de calmar a los militares. Las urgencias son otras. España debe cumplir con las exigencias de austeridad del Directorio Europeo; transmitir garantías de pago a los compradores de deuda pública y a los bancos extranjeros –alemanes y franceses, principalmente– que financiaron el fenomenal despegue crediticio del periodo 1996-2008; y ofrecer nuevas oportunidades de negocio: la desamortización de la mitad del ahorro español, por ejemplo. Concluye Juliana que “la decisión del Ejecutivo de forzar la venta de buena parte de las cajas de ahorros al sector bancario modificará la anatomía del poder en España con más intensidad que una ley de armonización autonómica. Será, además, un cambio desigual. asimétrico, puesto que no todas las cajas de ahorros bordean la insolvencia por sus pecados inmobiliarios”. Y explica que uno de los mayores interrogantes se cierne sobre la alianza Caja Madrid-Bancaja, principal instrumento financiero del poder territorial en manos del Partido Popular y hoy símbolo de la tradicional apetencia madrileña por Valencia. La batalla del 2008 por el liderazgo del PP se libró en muy buena medida en torno a la presidencia de Caja Madrid. Si Esperanza Aguirre hubiese conseguido –como pretendía– el control total de la segunda entidad de ahorro española, quizás Mariano Rajoy hoy no sería candidato a la Moncloa. Rajoy ganó la batalla, aceptando a Rodrigo Rato como presidente. Caja Madrid-Bancaja se halla en estos momentos por debajo de los ratios (core capital) exigidos por el Ejecutivo para evitar la recapitalización forzosa, bajo amenaza de nacionalización, advertencia claramente dirigida a los poderes autonómicos. Palo al que no obedezca y quiera enrocarse en la taifa. En los activos de Caja Madrid figuran estratégicas participaciones empresariales (Iberia, Indra, Mapfre, Realia...). A su vez, la Comunidad de Valencia, duramente golpeada por la crisis inmobiliaria, se quedó sin cajas de ahorros en la fase de las fusiones frías. Sólo le resta Caixa Ontinyent. La alicantina CAM ha sido absorbida por el banco Liberta, que lidera Caja Astur (PSOE), a su vez trasfondo de la singular crisis en el PP asturiano. El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, quiso evitar la órbita de Madrid y logró la fusión de Caixanova y Caixa Galicia, pese a la tradicional rivalidad entre La Coruña y Vigo. Esa alianza gallega puede ser ahora insuficiente. La Junta de Andalucía, pese a intentarlo, no consiguió la unificación de todas las cajas del Sur. Hay un orden disperso en la España meridional. Y de la crisis saldrá un banco catalán controlado por La Caixa. Desde la presidencia de la CECA, Isidre Fainé ha evitado que triunfasen los criterios maximalistas que pretendían una Loapa completa: la puesta en venta de todas las cajas, sin distinción de solvencia. Era la tesis del gobernador del Banco de España, apoyada por la gran banca española (lógicamente interesada en la tarta del el 50% del ahorro), que, en algún momento, habría seducido al presidente del Gobierno. En Cataluña, el debate girará sobre la antigua Caixa Catalunya, cuya casa matriz, la Diputación de Barcelona (PSC), será estrella polar de las próximas elecciones municipales.
LA ESTRATEGIA DE LA CAJA GALLEGA.- La nueva caja gallega,según ha explicado este miércoles La Voz de Galicia, tiene en un balance más de 30.300 millones de euros entrampados en el sector inmobiliario, bien a través de préstamos para particulares (hipotecas), bien en dinero prestado a promotores y constructores, bien en pisos y otros activos que directamente ha tenido que quedarse por impago de sus clientes. Esa cifra supone algo más de la mitad de todo el dinero que tiene prestado Novacaixagalicia. Es el 55% de los 54.700 millones de euros que tiene prestados a la clientela. Según la entidad, los datos son mejores que la media y hay 16 firmas en una peor situación. Esas cifras las reveló el martes la caja gallega apenas unas horas después de que el Gobierno desmontara su plan de negocio hasta el 2015 al endurecer las condiciones de solvencia y capitalización que tendrán que cumplir las entidades financieras españolas. Esas mayores exigencias afectan directamente a Novacaixagalicia, al igual que a otras cuatro fusiones de cajas, que tienen ahora menos de ocho meses para subir su core capital hasta al menos el 8%. El ejercicio de transparencia que hizo la entidad gallega con su exposición al ladrillo sólo lo ha llevado a cabo antes la fusión Caja España-Duero, aunque con unas ratios peores que las de la gallega. En este caso más del 70% del crédito de la entidad está en el ladrillo. Seguidamente, también, lo hicieron las cajas catalanas. Y CatalunyaCaixa reveló que mantiene un 78% de su dinero metido en la construcción; suman 41.700 millones. El resto de las entidades tienen este mes para desvelar esas cifras por imperativo del Banco de España, que ha evaluado en 180.000 millones los activos «potencialmente peligrosos» de la banca española por estar vinculados a un sector en declive. De los 30.300 millones de la caja gallega, la mayoría se concedieron a hipotecas, más de 16.000. Hay otros 11.150 adjudicados directamente a constructores y promotores. Menos de la mitad de esa última cantidad corresponden a viviendas finalizadas. El resto es más complicado de colocar: suelo o terreno en construcción. Mientras, la entidad ha comenzado a estudiar las diferentes vías que le deja el Gobierno toda vez que su plan de negocio hasta el 2015 -cuando terminará de devolver las ayudas del FROB- ha quedado en papel mojado. La entidad mantiene un core capital en el entorno del 6% y ha de elevarlo al menos dos puntos, aunque algunas fuentes indican que para la caja gallega y para otras que no son aún bancos (las catalanas, la de Castilla y León y las que siguen en solitario), el criterio de capital será del 9,4%. ¿Cómo se alcanzarán esos números? Para mantener su naturaleza de caja, según el análisis de La Voz de Galicia, Novacaixagalicia tendría que emitir varios millones de euros en cuotas participativas. O puede dar un giro total y terminar siendo un banco y captar capital con accionistas.
PUJOL SE PLANTEA LA INDEPENDENIA DE CATALUÑA.- El expresidente catalán Jordi Pujol ha contemplado este martes, por primera vez de manera abierta, la independencia de Cataluña como una posible "alternativa" ante "la marginación y el ahogo" al que se quiere someter a los catalanes en la España actual, y ha dicho no ver argumentos para oponerse a un Estado propio. Pujol, que hasta ahora siempre se había mostrado extremadamente comedido a la hora de hablar de la opción independentista, ha sido más explícito que nunca en un texto publicado en el boletín electrónico del Centro de Estudios Jordi Pujol, titulado 'Del Tribunal Constitucional a la independencia. Pasando por el Quebec', y del que habla La Vanguardia. Durante muchos años el nacionalismo catalán mayoritario no ha sido independentista. Ha jugado la carta de un autonomismo que garantizase políticamente y administrativamente un techo alto, económicamente viable y con garantía identitaria", ha recordado. Este nacionalismo mayoritario, encarnado por la CiU que él mismo lideró durante más de dos décadas, "rechazaba los requerimientos que algunos sectores le hacían para que se adhiriese al independentismo. Tenía argumentos para hacerlo. Ahora ya no los tiene", ha añadido. Tras subrayar que económicamente "una Catalunya independiente es viable", Pujol ha admitido que aún se podría objetar que no hay que "poner en peligro la cohesión interna catalana" con planteamientos independentistas, un argumento que a menudo utiliza Artur Mas para enfriar las expectativas de un referéndum de autodeterminación. "Pero incluso este (argumento) pierde peso a medida que se acentúa tanto el trato económico discriminatorio, con repercusiones sociales y humanas. Ahora no tiene argumentos políticos y cada vez menos argumentos sentimentales. O económicos", ha agregado. Aunque ha reconocido que la "opción independentista es de difícil realización", Pujol ha advertido de que la otra alternativa es la que "impone" España y que "equivale a rendirse" y a "aceptar la marginación y el ahogo de Cataluña". Esta última opción sería el "final colectivo" de Cataluña, por lo que, "llegado el caso, gente que nunca habría soñado con hacerlo, votaría independencia", ha afirmado. Según el expresidente de la Generalitat, "habría habido una manera de evitar esto: que se hubiese aceptado que Cataluña es un pueblo con personalidad propia, con derecho a ser respetado y considerado como tal. Y esto era posible dentro de España". A su juicio, "hace unos años" parecía que se podría evitar que Cataluña se viese ante la disyuntiva de elegir entre "la España que el Tribunal Constitucional ha dibujado" o la independencia. Para Pujol, antes "parecía viable" una "evolución favorable de la interpretación de la Constitución", con el "reconocimiento de la personalidad propia y diferenciada de Cataluña", que comportaría una "contribución leal y a fondo por parte de Catalunya al progreso democrático, económico, social y de prestigio de España". "Esto ha fracasado. Desde hace unos años se ha ido consolidando un modelo homogeneizador, de techo competencial muy bajo, es decir, de autogobierno muy limitado y sometido a un creciente ahogo financiero", ha denunciado. Pero en este momento, según Pujol, "es ingenuo pensar que se podrá frenar el proceso de ir atornillando la autonomía y, de hecho, la identidad, el autogobierno, la economía de Cataluña, con nuevas negociaciones, como pretenden aún algunos socialistas catalanes". "Si algún cambio puede haber de momento, más fácil es que sea por mal que por bien. Por lo tanto, la alternativa a esto ahora ya sólo podría ser la independencia", ha sentenciado. "Mientras esperamos el día de un hipotético referéndum oficial y vinculante, los catalanes un objetivo claro sí que tenemos: reforzarnos internamente", ha concluido.
LA PENSIÓN DE AZNAR Y GONZÁLEZ, BLINDADA.- La iniciativa emprendida por Mariano Rajoy para acabar con los privilegios de os parlamentarios encontró ayer en el Congreso, su primer dique de contención con los sueldos de los ex presidentes del Gobierno. PP y PSOE blindaron el retiro dorado de José María Aznar y Felipe González para que ambos puedan seguir redondeando su sueldo público con su muy bien remunerada faceta de conferenciantes y asesores de empresas privadas. Para la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, esa asignación no es, en ningún modo, “una pensión”. Botella ha sido tajante a la hora de defender las retribuciones y el estatus de su marido al señalar, en una entrevista a Telemadrid, reproducida en El Confidencial, que “la pensión compensatorio la reciben los dos años siguientes a salir de La Moncloa”, al igual que otros ministros y altos cargos del Ejecutivo. Después, “reciben una cantidad para el funcionamiento de una oficina”, que asciende a 70.000 euros anuales. Todo ello sin contar con que, tanto Aznar como Felipe, tienen derecho a disponer de un servicio de escolta, una secretaria y un asistente personal. Botella quiso dejar "una cosa muy clara" para acabar con las críticas de quienes consideran eso como un privilegio: "No hay un solo ex presidente del Gobierno en ningún país de mundo que no tenga una mínima cobertura". Y ha recordado también que "hay algún ex presidente, ahora mismo, que no tiene ninguna actividad" profesional, como es el caso de Adolfo Suárez (1976-1981). "Luego ya, que hable quien tenga que hablar". El problema y el debate llega a la Cámara Baja después de que una medida prevista, en principio, para asegurar la cómoda jubilación de los ex presidentes se haya puesto en entredicho por quienes la consideran incompatible con cualquier actividad privada de lobista. La propuesta de ERC-IU-ICV quiere regular por ley ese sueldo vitalicio para que se asigne durante un máximo de dos años o, incluso, se suprima si en ese periodo de tiempo los ex presidentes compaginan la indemnización pública con un sueldo privado. La polémica no es para menos. El último fichaje millonario de Aznar por Endesa le podría reportar unos 200.000 euros anuales. En total y según un cálculo elaborado por el Confidencial, el presidente de FAES podría redondear su sueldo público con casi 1,5 millones de euros, procedentes de sus ingresos como consejero de varias multinacionales, conferenciante, escritor y gestor de su propia sociedad de consultoría. Felipe González, por su parte, acaba de entrar a formar parte del consejo de administración de Gas Natural para que resuelva la pugna del gas en la argelina Sonatrach. Para el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, esa forma de combinar lo público con lo privado “parece incompatible”. Ha destacado, que eso no es posible en su comunidad autónoma, donde Juan Carlos Rodríguez Ibarra "eligió ser profesor de la universidad y tuvo que renunciar" a su retribución como ex presidente: “Parece que éste es un modelo razonable y extrapolable". PP y PSOE unieron sus fuerzas, sin embargo, para proteger y respetar el estatus de los ex jefes de Gobierno por lo que representa su figura. El portavoz de Convergencia i Unio, Josep Antoni Duran i Lleida ha señalado, al respecto, que si se debate sobre las pensiones de los parlamentarios, también se debe abrir la discusión sobre los sueldos de los ex presidentes. "Me parece lógico que un ex presidente del Gobierno tenga una cobertura: unos escoltas, un despacho, una secretaria y un sueldo”, ha señalado. “Pero si deja de ejercer una vida pública, dando conferencias, y pasa a ejercer de 'lobbista' con la compañía que sea, no tiene sentido la pensión pública".
LAS PENSIONES DE ALGUNOS PARLAMENTARIOS.- Las Cortes gastan cada año algo más de un millón de euros en complementar la pensión de 81 diputados y senadores que no llegan a la pensión máxima, según la información que ha facilitado El Confidencial. La identidad de dichos parlamentarios se mantiene en secreto para preservar su derecho a la intimidad, según justificó un portavoz del Congreso. Manuel Alba, secretario general de la Cámara y responsable en última instancia de la gestión de dichos complementos, declinó comentar estos datos. Los presidentes del Congreso y del Senado, José Bono y Javier Rojo, han pedido iniciativas a los grupos parlamentarios para evitar el “daño injusto” que está sufriendo la imagen de sus señorías por los privilegios de que disfrutan en comparación con el resto de ciudadanos. Desde las Cortes Constituyentes de 1977 ha habido 3.609 parlamentarios (1.985 diputados y 1.915 senadores) de los que 81 cobran, en este momento, un complemento a su pensión pública con cargo a los presupuestos de las cámaras. Son diputados y senadores ya jubilados a los que su base de cotización o el tiempo cotizado en su actividad profesional no les alcanza para tener derecho a la pensión máxima (2.466,20 euros mensuales). La diferencia entre la pensión que les corresponde por su vida laboral y la pensión máxima la pagan las Cortes. Es lo que se denomina “pensión parlamentaria”, que en este momento supone 1.066 euros mensuales de media para cada uno de los 81 beneficiarios y supone un gasto total de 1.3036.152 euros anuales. Eso sí, con algunas salvedades. Si el diputado o senador acumularon una antigüedad de entre 7 y 9 años, las Cortes le abonan el 80% de la citada diferencia. Si su actividad parlamentaria se prolongó entre 9 y 11 le pagan el 90%, y suman más de 11 años como representantes de la soberanía popular, tienen asegurado el 100%. Si el cese como parlamentario se produce con 55 años y no tiene trabajo, las Cortes le pagan sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta que complete el periodo necesario para tener derecho a la jubilación. Además, sus señorías pueden jubilarse anticipadamente a los 60 años si han cotizado durante 40, según establece el “Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras prestaciones económica a favor de los ex parlamentarios” aprobado por las mesas del Congreso y Senado en julio de 2006. La polémica sobre las ventajas de que gozan nuestro parlamentarios frente al resto de ciudadanos lo ha suscitado el presidente del PP, Mariano Rajoy, en pleno debate político sobre la reforma de las pensiones, que el Gobierno aprobará el próximo viernes con o sin acuerdo con los sindicatos. Su punto más conflictivo es el retraso de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, salvo en caso de carreras laborales muy prolongada (el Ejecutivo pretende que se entienda como tal haber cotizado a la Seguridad Social durante 41 años), en cuyo caso se mantendrá en los actuales 65 años. Los presidentes del Congreso y Senado, José Bono y Javier Rojo, han tomado cartas en el asunto para para preservar “la dignidad de los diputados”, después de que varios parlamentarios hayan reclamado en público mayor transparencia y la supresión de los privilegios de que disfrutan. En una carta remitida a los grupos parlamentarios de ambas cámaras piden que en el plazo de 15 días les hagan llegar las iniciativas que consideren oportunas sobre tres cuestiones concretas: el citado Reglamento de Pensiones Parlamentarias; el Régimen de incompatibilidades de los diputados, que según la Ley Orgánica sobre el Régimen Electoral General (LOREG) “se ejercerá en régimen de dedicación absoluta”, pese a lo cual algunos tienen otras actividades profesionales para las que han sido autorizados, y sobre la conveniencia de hacer públicos (en el Boletín Oficial y/o en la página web) el patrimonio y rentas que declaran los parlamentarios en el Registro de Intereses, que no es público. Bono señala en su carta que una vez recibidas las propuestas “les daré el tratamiento reglamentario y legal que proceda”. Por su parte, José Antonio Alonso, portavoz socialista en el Congreso, ha manifestado que “si hay algún privilegio se debe cortar. Pero, por razones de justicia y equidad, si hay situaciones de necesidad de gente que ha dedicado al servicio público buena parte de su vida, con limpieza y honestidad, es lógico que no se les deje en la calle una vez que acaba su tarea política”.
MEDIAPRO Y SUS DATOS ECONÓMICOS.- El grupo mediático amamantado con las ubres del zapaterismo hace agua. Al igual que Prisa, los resultados económicos de Mediapro de 2009 presagian el peor de los augurios, según ha relatado Periodista Digital. Señala que según los resultados económicos de Mediaproducción S.L. de 2009 a los que Periodista Digital ha tenido acceso, la cuentas no le salen en la megaproductora catalana: ha perdido 42 millones de euros en 2009 frente a los 3,3 que perdió en 2008 y sus costes se han disparado un 56% más, pasando de los 390 millones de euros de 2008 a los 582 millones de 2009. La similtud de la crisis que atraviesan ambas terminales mediáticas del socialismo sorprende: En Deuda: Mientras la deuda de Prisa supera los 5.000 millones, la de Mediapro supera los 2.000 millones de euros. - La sangría de Prisa no se detiene: factura un 5 por 100 menos que en 2009. Desconfianza de los bancos: Han salvado in extremis su financiación con los bancos acreedores a los que, a pesar de haber conseguido retrasar el pago de la deuda, o les pagan en un plazo de 4 años o cortan la financiación. En el informe que realiza la firma PriceWaterhouseCoopers, Jaume Roures se compromete a pagar 2.669 millones por derechos deportivos hasta 2015, pero los bancos sólo avalan 118 millones. Importantes pérdidas: En 2009 Prisa registró un beneficio neto de 50,48 millones de euros, lo que supuso un descenso del 39,2%. Los ingresos netos de la compañía cayeron un 19,8% hasta los 3.208,58 millones. Aunque los ingresos fueron mayores que en el ejercicio anterior, ya que tuvo una cifra de negocio de 576 millones de euros (en 2008 fue de 460), sus gastos fueron mayores. La aparición y fracaso del canal de pago GolTV, el fútbol, el mundial de baloncesto y la Fórmula1 llevaron a la productora catalana a gastarse 582 millones de euros. Un año antes, la cifra había sido de 390 millones. Además, la auditora encargada de realizar las cuentas reconoce que: A fecha de emisión del presente informe no es posible estimar objetivamente cuál será el desenlace final de los hechos descritos anteriormente y, por lo tanto, existe incertidumbre sobre la recuperabilidad de los activos por impuesto diferido y sobre la capacidad de la Sociedad para continuar su actividad. El empeño de Jaume Roures, propietario de cerca del 33% de Mediaproduccion S.L. por adquirir los derechos deportivos de las competiciones más importantes de España, puede tener consecuencias nefastas para la viabilidad de la productora. Sus altísimos gastos hacen peligrar no sólo a laSexta sino también a la financiación de los 39 clubes de fútbol de los que tiene los derechos audiovisuales. Solo al F.C. Barcelona le debe 13 millones de euros. Estos resultados, su litigio con Sogecable por los derechos del fútbol, y su deuda con los bancos obligaron a la empresa que dirige Roures a anunciar un concurso de acreedores en julio de 2010,
Finalmente, el informe proporciona los datos negativos y positivos en las cuentas de 2009. Primero, los negativos: El créditos a terceros que pasan de los 334.335 euros en 2008 a los cerca 5,5 millones en 2009. La alta deuda que alcanza con las entidades de crédito a largo plazo (dentro del patrimonio neto pasivo) que en 2009 supera los 32 millones de euros y sin embargo un año antes es de poco más de 5. El resultado de explotación pasa de los 40,4 millones en positivo a los -79,5 millones de las últimas cuentas. El resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas que alcanza unas pérdidas de 42.080.518 millones en 2009 frente a las - 3.291.590 de 2008. El importe neto de la cifra de negocio es de 576.388.232 en 2009 y 12 meses antes es de 460.890.854 euros. La deudas financieras y acreedores comerciales: Con el grupo aumenta la deuda y alcanza los 394.308.117 euros frente los 341.794.034 de 2008. El número de trabajadores pasa de los 265 a 201 en menos de un año.
Y en cuanto a los datos positivos: Las subvenciones, donaciones y legados recibidos dentro de su Patrimonio Neto y Pasivo se mantiene en 197.400 euros. La deuda con empresas del grupo y asociados a corto plazo desciende de los más de 47 millones de 2008 a los 18 de 2008.  Tal y como recoge la Memoria, el sector donde opera Mediapro se caracteriza por la presencia de grandes operadores, con una solvencia financiera contrastada, tanto televisiones privadas como públicas, por lo que el riesgo de impagos es muy bajo. La Sociedad está controlada directamente al 100% por Mediaproduction Properties B.V., sociedad constituida en Holanda. Sus impuestos son muy bajos.