sábado, 3 de septiembre de 2011

EL LÍDER DEL PP AVANZA IDEAS DE SU GOBIERNO

RAJOY YA SE VE PRESIDENTE: LA SALIDA DE LA CRISIS NO SERÁ FÁCIL
Frente al Rodiezmo de otros años, el curso político lo inició este sábado el líder del PP, Rajoy, en la localidad pontevedresa de Soutomaior El presidente ncional del PP, Mariano Rajoy, está convencido de que "el déficit público se puede reducir y eliminar" en España y considera que para lograr este objetivo no es necesario subir los impuestos a los españoles. Insistió en el que allí donde gobierna, los servicios públicos esenciales son intocables, pero se ahorrará en todo lo que sea "gasto superfluo" y se hará una política económica que "genere ingresos" y en la que se liberarán "todos los recursos posibles para apoyar a los emprendedores". La situación económica no sólo es complicada, sino que está empeorando. Esa, al menos, es la visión instalada en el Partido Popular (PP). Tanto que la dirección empieza a estar muy preocupada con la situación que se va a encontrar Mariano Rajoy cuando llegue a La Moncloa, algo que dan por hecho. Se cree que el líder del PP empezó a preparar a la gente para lo que puede venir y a avisar de que la salida de la crisis no va a ser nada fácil. Rajoy no concretó, y evitó el dramatismo, pero apuntó un discurso mucho más preocupado de lo que ha hecho hasta ahora: "No voy a hablar del Gobierno, es el pasado. Lo que nos toca y nos preocupa es mirar al futuro. Nos espera una tarea muy difícil por delante. Quien piense que las cosas van a ser fáciles se equivoca, quien piense que se puede hace sin esfuerzo se equivoca, y quien crear que esto se arregla con una varita mágica se equivoca". "Salir de donde estamos va a ser muy difícil", insistió Rajoy, "pero vamos a superar todas las dificultades, que no haya dudas. No existe crisis lo suficientemente profunda que no podamos superar. Tenemos pruebas fehacientes de la capacidad de nuestros trabajadores, de la pujanza de nuestros emprendedores, de la competencia de nuestras empresas. Tenemos talento, dinamismo, somos una gran nación, una nación imbatible que se llama España". Rajoy prometió que, si gana las elecciones, actuará desde "el diálogo, la centralidad y la concordia" para, con el apoyo de todos, superar la "gran encrucijada" histórica que atraviesa España. Con su discurso, Rajoy inicia un curso político, que, como ha destacado, "no es un curso cualquiera", sino "uno de los más cruciales" de la historia de la democracia española. La situación de crisis económica centró el discurso de Rajoy, que prometió "transparencia en la gestión" de los recursos públicos y mantener como prioridades la sanidad y la educación públicas, así como la creación de empleo y la creación de techos de gasto, déficit y endeudamiento para todas las administraciones porque ésa es la garantía para la recuperación económica, el crecimiento y el empleo. En su opinión, la recuperación económica necesita un gobierno preparado y solvente que fije un plan a cuatro años, y un gobierno austero en el gasto que gestione los servicios públicos y ponga en marcha inmediatamente un plan de ahorro y racionalización del sector publico. Rajoy reconoció que aunque su partido gane las elecciones del 20-N y llegue a la Moncloa la recuperación económica no será inminente. Salir de donde estamos va a ser muy difícil, indicó. Y reconoció que no tiene una varita mágica que vaya a arreglar las cosas en media hora. También aludió a la necesidad de que España salga de sus fronteras como clave para recuperarse de la crisis económica y de llegar a Iberoamérica: “Es parte de nuestra historia y ahí tiene que estar España y su futuro". Propone un Gobierno "que recupere nuestro papel histórico en la comunidad internacional, que ayude a construir Europa. Que la voz de España se escuche en Europa y en el mundo". Elogió la reforma de la Constitución que se aprobó este viernes en el Congreso de los Diputados porque dice que no se puede gastar lo que no se tiene. Todos sabemos que nunca teníamos que haber llegado tan lejos, hasta la situación limite en la que ahora nos encontramos. Con casi cinco millones de españoles que no pueden trabajar, casi la mitad de los jóvenes sin empleo y 5.000 empresas desaparecidas, España ha sido el país más golpeado por la crisis entre los grandes países del mundo desarrollado, dibujó Rajoy el escenario actual. Señaló que los recortes, el déficit público, los cambios de criterio, las improvisaciones, gobernar para lo que puede pasar en las próximas 24 horas, que atribuye al Gobierno de Rodríguez Zapatero, ya es historia, y dio las gracias al actual Ejecutivo estatal porque si algo hay que agradecer a Rajoy aseguró que el partido ya tiene elaborado el programa electoral de cara las elecciones del 20-N, que es resultado de un trabajo de los últimos cuatro años, y que se ha perfilado en el último verano, pero no ha avanzado nada del mismo, al margen de que será un "proyecto de cambio". Esos datos los dejará para la convención nacional del PP prevista para el próximo octubre en Málaga. Indicó: Vamos a proponerles a los españoles un Gobierno que devuelva el prestigio a las instituciones, la concordia a nuestra convivencia y las oportunidades a una educación publica. Ese es el Gobierno que yo quiero presidir, auguró en este discurso triunfalista en el que se mostró convencido de que será el próximo presidente del Gobierno de España y que en su Gobierno no quiere ni líos ni disputas ni crispación ni problemas.
Rajoy estuvo acompañado por uno de los barones clave del Partido Popular, el presidente de su tierra natal, Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Junto a él estaban también las juntas directivas regionales y provinciales, y más de 2.000 afiliados y simpatizantes. Los populares gallegos celebran que su líder haya vuelto a elegir su tierra natal para un acto que, como dicen, "supone el primer paso de su última etapa" en al carrera que termina el 20-N en La Moncloa. Si el PP llega a la Moncloa tras el 20-N, "no subiremos impuestos a los autónomos y emprendedores", y una de las medidas que se abordará será aprobar una Ley del Emprendedor por la que se rebajará cinco puntos el impuesto de sociedades. En su opinión, ésa será "la diferencia" del Gobierno ‘popular’ frente al Ejecutivo estatal actual, integrado por quienes creen que el déficit se ataja aumentando impuestos y con recortes sociales". Rajoy presentará, de cara a las elecciones generales del 20-N, un modelo de Gobierno que se basará en "una agenda global de reformas constantes y permanentes" para lograr conseguir "un gran objetivo nacional que es crecer económicamente y crear empleo. Evitar solapamientos entre administraciones y la reorganización financiera serán algunas de las medidas en las que se apoyen. Para atajar la crisis económica también ve fundamental apoyar a los Gobiernos de las comunidades autónomas, pues es "una obligación del Estado hablar con las comunidades autónomas y darle un plazo mayor para devolver" el anticipo de financiación que tienen que devolver "por errores del Gobierno", según dijo. Cree que medidas como ésta serán las que ayuden a las administraciones a salir del contexto de crisis económica. Se refirió al aplazamiento del pago que el Estado anticipa a las comunidades autónomas sobre los cálculos de lo que piensa recaudar. El problema es que, con la menor recaudación por la crisis, muchas administraciones se encuentran sin liquidez suficiente para afrontar la devolución del dinero al Estado.
Tuvo especial protagonismo, en el acto de Rajoy, el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, quien anunció este viernes que prepara su retirada de la política activa. "Fraga ha sido el que ha hecho posible que este partido sea lo que es. Fraga ha prestado grandes servicios a Galicia y a España y Fraga sigue y seguirá en el PP, con nosotros, y estoy convencido de que seguirá ayudándonos como ha hecho a lo largo de toda su vida política", señaló Rajoy- El líder 'popular' dio las claves del rumbo que debe adoptar el Gobierno de España para salir de la situación de crisis económica y, para ello, reveló que, en primer lugar, el país "necesita un Gobierno consciente del sentido histórico de la situación en la que vivimos". En su opinión, "hasta la mejor y la más dinámica de las sociedades, como es la española, necesita un Gobierno con un liderazgo claro, que se anticipe con decisión a los acontecimientos a través de una agenda global de reformas constantes y permanentes y con un gran objetivo nacional que hoy es crecer económicamente y crear empleo". Del gobierno de Zapatero se limitó a señalar que "resulta innecesario hacer un balance final de un Gobierno que ha sido la primera fuente de inestabilidad económica" del país y que "se ha limitado a dilapidar la mejor herencia recibida por un Gobierno en la democracia española" (en alusión al Ejecutivo de José María Aznar). Rajoy también se refirió al panorama político español tras la llegada de Bildu a las instituciones vascas. "No queremos quintacolumnistas del terrorismo que hagan uso de las instituciones sin impunidad", concluyó…
Triunfalmente, hacia el palacete de la Moncloa

AHORA CULPA A RUBALCABA DE INVENTARSE EL CASO GURTEL

LOS PAPELES DE FEDERICO TRILLO EN EL PP
Su nivel medio de “aparición en escena” suele ser bajo, pero de vez en cuando, Federico Trillo, diputado, ex presidente del Congreso, ex ministro de Defensa, ha tenido el protagonismo de otras tareas más reservadas, como la defensa de los implicados en Gurtel, la defensa de Camps, o la defensa de los candidatos del PP a integrarse en el siempre necesitado de renovación Tribunal Consitucional. Ahora, Trillo ha querido celebrar por todo lo cato que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que sigue instruyendo el caso Gürtel, haya archivado la parte de la causa referida al extesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. El magistrado considera, después de más de dos años de mantener imputado a Bárcenas, que los indicios detectados a lo largo de la instrucción no sostienen la imputación de delitos contra la Administración Pública, de fraude fiscal y blanqueo de capitales de los que se le acusaba. Considera que el fraude fiscal que se le atribuye, presuntamente cometido entre 2002 y 2003, habría prescrito, mientras que interpreta que la posibilidad de haber cometido un cohecho se diluye ya que, “como senador, Luis Bárcenas no puede realizar actuaciones que comprometan a la Administración Pública, pues esto sólo lo puede hacer la propia Cámara y no él a título individual”. Pedreira compara el caso de Bárcenas con el de Ricardo Costa, diputado del PP en las Cortes de Valencia, y recuerda que el Tribunal Supremo sostuvo que Costa no podría cometer cohecho por su puesto en el parlamento valenciano. Tampoco son válidas, ahora, para el juez las atribuciones de las siglas L. B. al extesorero, en referencia a varias cantidades de dinero (cerca de un millón de euros) entregadas por la trama. Según apunta el magistrado, en un auto firmado a finales de julio y conocido ahora, en el informe de la policía “existen otras personas a las que podría corresponder esa inicial”. Por el contrario, el juez describe a Bárcenas como el descubridor de la malevolencia de la trama que lideraba Francisco Correa y le atribuye el distanciamiento del PP con las empresas corruptas a partir de 2003. “Las relaciones entre Correa y Bárcenas eran malas, dice Pedreira en su auto. Bárcenas advirtió de la conducta irregular de Francisco Correa y sobre la conveniencia de apartar a Correa y sus empresas de las relaciones con la Dirección del Partido Popular”, asegura el auto de sobreseimiento que, en cualquier caso, es recurrible. “El que transmite la necesidad de negarse a Correa es Luis Bárcenas”, sostiene el juez, quien a continuación intenta quitar todo el valor a la grabación incorporada al sumario en la que Correa le contaba a un amigo: ‘Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de [Francisco Álvarez] Cascos”. El juez señala: “El que organiza el malentendido de haber abonado mil millones a Bárcenas es el propio Francisco Correa, aunque luego lo negase ante el Instructor, y dice que eran beneficios para el Partido Popular, que le ahorró en eventos mucho dinero y beneficios”. Y concluye: “Las relaciones entre ambos eran muy malas”, insiste Pedreira, que destaca como “evidencia” el “despido del hermano de Luis Bárcenas de la Agencia de Viajes” de Correa. Este auto, dictado ahora por Pedreira, responde a la solicitud de sobreseimiento formulada por el letrado del extesorero del PP el 1 de junio, una solicitud a la que se unió el propio PP, personado en la causa, que sostuvo que “el material incorporado podría llegar a permitir el planteamiento de infinitas hipótesis, elucubraciones y valoraciones subjetivas, pero resulta patente la ausencia o inexistencia de elementos de convicción objetivos con los que poder sostener en su caso una acusación tan grave como la que se pretende” Según el auto hecho público ahora por Pedreira, Bárcenas ha acreditado, tanto ante el Supremo como ante el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el pago de los viajes que contrató con la empresa Pasadena Viajes y otras agencias vinculadas a la trama de corrupción. En consecuencia, para el juez, “no existe prueba de que tales pagos hayan sido abonados por el propio Grupo Correa”. Y aún en el caso de que los hubiera pagado, según Pedreira, “sería irrelevante que se le hubiese invitado a dichos viajes”, puesto que entonces Bárcenas no ocupaba ningún cargo público. La resolución del magistrado del Tribunal Superior de Madrid también hace referencia al préstamo que pidió Bárcenas para su antecesor, Rosendo Naseiro. La policía sostuvo, por el contrario, que Bárcenas utilizó esa operación para blanquear dinero de la trama Gürtel. Opina Pedreira que Bárcenas solicitó un préstamo, de 330.000 euros, que “ni se ha acreditado que careciera de sentido, ni se ha demostrado que fuera inveraz”. La Fiscalía Anticorrupción ya ha anunciado que recurrirá el auto.
El abogado de Bárcenas recurrió, en su momento, la decisión de trasladar la causa a la Audiencia Nacional después de que los tres diputados autonómicos del PP que estaban imputados (Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco) perdieran su acta de parlamentario tras las últimas elecciones de mayo. De modo que el juez Pedreira estaría a punto de perder su competencia sobre la causa. Ahora ha dictado estos autos donde concluye, según destaca El País, que “prevalece el principio de presunción de inocencia” en beneficio de Bárcenas. “Los indicios inicialmente apuntados no han sido confirmados. Por ello, debe accederse a lo solicitado y acordarse el sobreseimiento de las actuaciones para el señor Bárcenas”, señala. El magistrado también ha decidido archivar la causa contra el exconcejal popular en el Ayuntamiento de Estepona Ricardo Galeote, al entender que los indicios contra él “no han alcanzado la solidez y contundencia incriminatoria”., y ha hecho lo propio con el exdiputado nacional, Jesús Merino.
Como consecuencia de tantas buenas noticias para el PP, Trillo ha salido en tromba buscando su propia felicitación –él es el jefe de los abogados defensores del caso- y para atacar al enemigo: como hiciera Alvarez Cascos antes de romper con el PP, también Trillo ve ahora “a mano negra” de los socialistas que se habrían inventado y sostenido las acusaciones contra los populares imputados. Trillo acusa directamente del “invento” a Rubalcaba, con quien negoció, en vano, el encargo con fecha final del Congreso de renovar los magistrados del Supremo. Da la sensación de que en las filas del PP, atacar ahora a Rubalcaba es oportuno, necesario y conveniente. El malvado Rubalcaba, quién podía dudarlo, “inventó” la trama Gurtel para desacreditar al PP en su totalidad…
Oh, si Trillo contara toda la verdad y nada más que la verdad…

viernes, 2 de septiembre de 2011

PARECIDO TRÁMITE Y RESISTENCIA TENDRÁ EN EL SENADO

LA REFORMA CONSTITUCIONAL, APROBADA EN EL CONGRESO
Finalmente, al mediodía del viernes, el pleno del Congreso aprobaba por 316 votos a favor, y 5 en contra (entre ellos, dos socialistas), la primera reforma constitucional de calado, acordada por PSOE y Partido Popular (PP), que introduce de forma urgente en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. El debate sobre las 19 enmiendas admitidas por la Mesa del Congreso se desarrolló en un ambiente de malestar y rechazo de la oposición a la propuesta. Los diputados de ERC, BNG, ICV y Nafarroa Bai se ausentaron del hemiciclo antes de que comenzasen las votaciones. Gaspar Llamazares (IU) permaneció durante la votación de las enmiendas para vetar las transaccionales con las que PP y PSOE pretendían conseguir la abstención de CiU. PNV y CiU no votaron y varios diputados socialistas se han abstenido. Los síes de PP y PSOE han superado sobradamente los 202 votos necesarios para que, ahora, la reforma comience su trámite en el Senado. Los dos grandes partidos intentaron hasta el último minuto conseguir el apoyo de CiU, para lo que le ofrecieron unas enmiendas transaccionales para ampliar el marco de colaboración de las comunidades autónomas. La formación catalana no había votado el martes la propuesta por considerar que perjudica la capacidad financiera de Cataluña al limitar su capacidad de fijar su propio déficit, y porque les excluye del consenso constituyente, en cuyos inicios sí estuvo, cuando se redactó la Constitución. IU y otros partidos, que también participaron en aquel proceso en 1978, no recibieron sin embargo la misma atención que el partido nacionalista catalán.
Al voto contrario del diputado socialista Antonio Gutiérrez se sumó otro de un diputado de Baleares que se equivocó al apretar el botón. De modo que ninguna de las enmiendas presentadas por los partidos minoritarios fue aceptada. Para la aprobación era necesaria una mayoría de tres quintos, que se ha superado de forma amplia. El proyecto pasa ahora al Senado donde concluirá su tramitación parlamentaria la próxima semana. Una vez que se apruebe definitivamente, los parlamentarios tendrán 15 días de plazo para intentar que se convoque un referéndum, aunque para ello tienen que conseguir el apoyo del 10% de los diputados o de los senadores. PP y PSOE han justificado la reforma constitucional que ambos pactaron de forma acelerada con un único argumento: servir de instrumento contra la crisis. "¿No se dan cuenta de la gravedad de la situación?", preguntó Soraya Sáenz de Santamaría a los nacionalistas y diputados de la izquierda parlamentaria contrarios a la reforma. "La reforma es imprescindible para la recuperación económica, la respuesta más oportuna para la convulsión financiera que hemos vivido", dijo la portavoz 'popular' desde la tribuna. Sáenz de Santamaría, además, advirtió a los nacionalistas de que "dejar al arbitrio de cada comunidad autónoma el límite de su déficit, es dejar 17 límites que difícilmente cuadran", A su vez, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, la urgencia de la modificación constitucional responde a la "necesidad de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad del estado del bienestar", que, en su opinión, "se encuentra en peligro". "La reforma", para los socialistas", "no puede permitirse dilación alguna", dijo. Al margen de la "grave" situación económica por la que atraviesa el país y el peligro de que nuevamente los ataques financieros contra la deuda soberana pongan en solfa la solvencia económica de España, ninguno de los dos grandes partidos manejaron más argumentos, y sus razones y sus llamamientos a la reflexión y a la responsabilidad hicieron poca mella en los restantes grupos. Convergencia i Unió, la formación política a la que PSOE y PP intentaron convencer hasta el último minuto para evitar un frente de guerra contra de la reforma de la Carta Magna, aseguró que se siente "expulsada" de la Constitución. Y todas las formaciones minoritarias, a excepción de UPN, compartieron y expresaron esa misma sensación. Las críticas y acusaciones se desataron contra los dos grandes partidos, PP y PSOE. A la amargura expuesta por el portavoz de CiU, Sánchez Llibre, se sumó el malestar abierto del resto de las formaciones pequeñas. El BNG acusó a populares y socialistas de "sacrificar la democracia, la soberanía popular y el autogobierno de las Comunidades Autónomas, todo ello aceptando el chantaje de los especuladores". Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, calificó la reforma, tal y como se ha llevado a cabo, de "absolutamente vergonzosa". "Es una reforma", ha dicho, "no de consenso, sino de exclusión". La portavoz de UPyD, Rosa Díez, también fue muy dura. Acusado a PP y PSOE de "perpetrar" un ataque en toda regla contra la Carta Magna. "Hay que reformar la Constitución", ha dicho, "para protegerla de ustedes"."Ustedes han expropiado la Constitución y la democracia española al negarnos a los restantes grupos el derecho a participar". Díez, anunció la intención de su formación de acudir al Tribunal Constitucional "en amparo", para "defender el derecho a la participación política", que, a su entender, PSOE y PP han cercenado en esta ocasión. Para ERC, la reforma es sencillamente "deleznable", además de "antidemocrática, antisocial y centralista". Para ERC se trata de "una reforma letal, un nuevo golpe de Estado constitucional". IU-ICV también mostró su "indignación" por la inadmisión de plano de la enmienda a la totalidad que habían presentado. "El procedimiento que han empleado ustedes", ha asegurado Nuria Buenaventura, "convierte la reforma en ilegítima e inconstitucional". "Esto", ha añadido, "es una involución democrática", dijo. Los nacionalistas vascos por boca de Josu Erkoreka acusaron a los dos grandes partidos de "manipular" las normas y los procedimientos y de llevar a cabo algo tan importante como una modificación de la Carta Magna "en secreto y a puerta cerrada" negando al resto de las formaciones políticas y a los ciudadanos la mínima participación.
El texto propuesto a los nacionalistas catalanes, el que más atención había supuesto, planteó que los parlamentos autonómicos pudieran solicitar directamente al Congreso autorización para superar el límite de déficit en casos "excepcionales, como en catástrofes naturales", si bien, en ningún caso las comunidades podrían fijar limites de déficit y estructural por encima del techo del 0,4% que se fijará por ley orgánica, tal y como pretendía CiU. Sánchez Llibre (CiU) que intervenía en lugar de Duran Lleida, manifestó que PP y PSOE "han agredido" a su formación política "en las formas y el fondo", y que quieren evitar "que el PP y el PSOE se apropien de la Constitución, y adopten posiciones radicales". CiU está de acuerdo en que "no se puede gastar más de lo que se ingresa", y que "ciertas cuestiones vengan marcadas por la UE. Las ocho enmiendas de CiU, sobre las que resultó imposible conseguir un acuerdo, defendieron que sean los parlamentos autonómicos, y no el nacional, como consta en la propuesta de reforma constitucional del PSOE-PP, los que tengan la última palabra en las decisiones que afecten al déficit de las comunidades autónomas.
Mientras todo eso sucedía en el Congreso, el Movimiento 15M decidió esperar a los diputados a su llegada al Congreso desde las siete y media de la mañana. El edificio y la zona, fuertemente protegido, estuvo rodeado por un cordón policial, por lo que los indignados se tuvieron que dar cita a unos metros de la entrada de la Cámara. Al grito de "ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero", los indignados marcharon el jueves entre Atocha y la plaza de Neptuno para protestar por lo que llaman "mercadocracia", que como denuncian, habría suplantado a la democracia.
Finalmente, se impuso la aritmética parlamentaria, como se supone que sucederá en el Senado, y el nuevo artículo 135 pasará a formar parte de la Constitución vigente.

EL AUTOR DE INDIGNAOS ELOGIA A ZAPATERO

LA NECESIDAD DE INVENTAR UNA NUEVA DEMOCRACIA
Para unos, su paso por Madrid ha sido irrelevante, y otros medios, en cambio, han hecho de esa visita todo un acontecimiento político. Incluso un acontecimiento electoral, por la inclinación política que Stephane Hessel expresó… Dicho brevemente, ha pasado por Madrid el conocido como “padre del movimiento de los indignados”; un francés de muy larga y turbulenta trayectoria vital: sufrió los campos de concentración, fue torturado y combatió clandestinamente contra los nazis. Pero, además de todo eso, Stephane Hessel cree en el futuro. Hessel, prefiere recordar que, también, asistió a la gestación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es nonagenario, y ha estado acompañado por el coautor de su nuevo libro, Gilles Vaderpooten, y llegaron a explicar que cada cita es relevante en la defensa de la "democracia real" ante el poder económico, si bien precisan que el camino "no es fácil". Los autores recordaron la próxima cita del 15 de octubre, que llevará a las calles a 'indignados' de todo el mundo. "Es una etapa importante, pero es sólo una etapa, explicaron. Para recorrer este camino también hará falta paciencia y confianza", aseguró Hessel. .Según él, los ciudadanos "deben preguntarse" si los Gobiernos europeos aplican los "valores fundamentales" de la democracia y, si no es así, por qué. "Las grandes, las enormes presiones que ejercen las fuerzas económicas sobre nuestros Gobiernos impiden que éstos escuchen a sus pueblos. Hoy, las fuerzas populares de España Francia, América o Italia pueden reunirse para hacer presión sobre sus Gobiernos y desprenderse de este vasallaje de las fuerzas económicas". Los autores apuestan por "inventar una nueva democracia", por el compromiso frente al derrotismo y la resignación, creando "nuevas fuerzas", tanto en Europa como en el resto del mundo, para "desbloquear esta situación". "Comprometerse es abrirse al mundo que nos rodea", alienta. En el nuevo de sus libros, '¡Comprometeos!', Hessel dialoga con Vanderpooten, casi setenta años más joven. A pesar de su diferencia de edad y de haber crecido en contextos muy diferentes, llegan a la misma conclusión: la "insurrección pacífica" es necesaria para lograr "un mundo viable", no ya el "mejor de los mundos".Para ello, y como destaca la portada del libro, "ya no basta con indignarse", y así lo ratifican los autores en una carta abierta, a modo de prólogo, dirigida a los lectores españoles. "Os corresponde a vosotros, amigos de España, a cada uno de vosotros, individualmente, y a todos, colectivamente, encontrar las pistas a través de las cuales la 'internacional ciudadana' podrá dotar de vida a este siglo. ¡Llegó la hora de actuar!".En este sentido, y durante la presentación, Vaderpooten subrayó que el "compromiso es la indignación puesta en acción". "Quiero, en este grito de '¡Comprometeos!', invitar a nuestros conciudadanos, amigos de otros países, a que se comprometan siguiendo este camino que nos abre Hessel”, concluye. Por cierto, que Hessel ha hecho referencias a su propia trayectoria vital: "Lo que caracteriza mi vida es la suerte. He sido sumamente afortunado. He pasado por cosas que han salido mal y he logrado salir indemne". Hessel escribió, primero, un panfleto titulado ¡Indignaos!, al que luego ha seguido otro ¡Comprometeos!, y al que sucederá un tercero en breve, éste al alimón con el filósofo Edgar Morin . Una obra que ha dado cauce teórico a un descontento que ya ha vivido alguna crecida, como bien conoce los españoles. Hessel, desgrana sus recetas universales: hay que despedirse de la era Reagan y Thatcher en la que vivimos, hay que apoyar nuevos movimientos democráticos y votar por los partidos que más se acerquen a la defensa de la democracia y la igualdad social. "Hay que empezar por usar las fuerzas que ya existen en las próximas elecciones en Francia, España y Alemania, no vale decir que todos son iguales y me abstengo, y luego hay que apoyar a los nuevos movimientos", dijo, antes de explicar que, en Francia, respalda al partido socialista. Tampoco tuvo empacho en confesar sus simpatías por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero -y por mostrar esperanza ante Alfredo Pérez Rubalcaba, de quien dijo que "quizás sea otro gran líder"- y en recomendar que se combata activamente a los partidos que van en dirección contraria al refuerzo de la democracia y la solidaridad. ¿Cómo? Con el voto. Al 15-M, el movimiento español que enarboló su manifiesto como un estandarte, le augura larga vida. Hessel insiste en que "hay que inventar una nueva democracia", "No podemos aceptar este FMI incapaz de resolver el problema de la deuda", "Cuando la legalidad democrática choca contra la legitimidad democrática, es válido recurrir a la desobediencia civil", "La excesiva presión de los mercados y el poder financiero han hecho que los gobiernos actúen de espaldas a su pueblo". El diplomático y escritor Stéphane Hessel , nacido en Berlín, en 1917, y cuyo libro '¡Indignaos!' es uno de los pilares del movimiento 15-M, ha visitado España, por primera vez desde las protestas de mayo, para subrayar que "hay que tener valor ante las fuerzas económicas". "El valor es necesario", afirma, "porque las fuerzas económicas son muy listas y pueden enredarte".
Palabra de viejo combatiente…

jueves, 1 de septiembre de 2011

COINCIDENTE CON LOS FESTEJOS VERANIEGOS

DESAPARECE LA VIOLENCIA CALLEJERA EN EUSKADI
Siguen estando abiertas algunas grandes expectativas, como cuándo y cómo hará pública ETA su firme voluntad de abandonar la violencia de una vez. Incluso algunos testimonios insisten en que sigue habiendo etarras decididos a apuntarse a la violencia… ¿Les terminará de convencer el protagonismo de Bildu, salsa inevitable en todas las reuniones sociales que se producen en Euskadi? Desde luego, mal podía sospecharse el “éxito social” de Garitazo, diputado general de Guipúzcoa, o el de su correligionario, el alcalde de San Sebastián, Juan Karlos Izaguirre…Y sin embargo, algunos datos animan a mantener la esperanza de que las cosas, a su ritmo, avanzan y acaso se estén consolidando. Es el caso de la “vieja” violencia callejera, o kale borroka. El dato es esperanzador: En los meses de julio y agosto se produjeron en Euskadi apenas cinco actos de violencia callejera, ninguno de ellos ninguno de ellos calificado como grave. Son números que animaron el miércoles al consejero de Interior, Rodolfo Ares, a declarar de manera solemne que “la kale borroka ha desaparecido de nuestros pueblos y ciudades”. En una rueda de prensa desarrollada en Bilbao, y con la que hizo balance de las intervenciones realizadas por Interior en las fiestas de estos dos meses, el máximo responsable de Interior calificó este verano como “histórico” por ese bajo nivel de conflictividad. Ares recordó, de paso, que en el verano de 2009, el primero con los socialistas en Ajuria Enea, la Ertzaintza registró 53 episodios de violencia callejera, diez de ellos considerados graves. En 2010 ya se produjo un descenso, con 35 actos de kale borroka, cinco de gravedad. Y este año sólo se han producido cinco, y ninguno estuvo revestido de gravedad. Según detalló el consejero, se trató de “episodios aislados” de quema de contenedores y destrozo de mobiliario urbano.
Los enfrentamientos suscitados por las órdenes dictadas por Interior prohibiendo manifestaciones o modificando su recorrido, también han desaparecido, agregó el consejero Ares. Los cambios de recorrido de las marchas de este mes a favor de los presos en Vitoria y San Sebastián durante sus fiestas, por ejemplo, fueron cumplidos por los “radicales abertzales”, según dijo.
El balance, sin embargo, no es totalmente feliz: Persisten los casos de enaltecimiento del terrorismo. Entre julio y agosto, Interior ha instruido un total de 52 atestados por esta razón, tan sólo siete menos que en 2010. “Sigue habiendo gente que quiere seguir manteniendo actitudes del pasado”, explicó Ares. Otro dato poco feliz: se mantiene la colocación en las calles de pancartas con mensajes relacionados con ETA, sus presos y su entorno, aunque las actuaciones de la Ertzaintza para eliminar esas demostraciones han bajado en un 12% con respecto al verano pasado, porque “cada vez se colocan menos”, según puntualizó el consejero Ares, quien apuntó que, “en general, los Ayuntamientos han colaborado”, en referencia a los municipios en los que, desde mayo, gobierna Bildu. Precisamente, agentes de la Ertzaintza retiraron en la tarde del miércoles, en la parte vieja de San Sebastián, una pancarta en apoyo a presos de la banda, como si quisieran ilustrar la renovada apuesta del consejero de Interior por la “tolerancia cero” frente a cualquier muestra de enaltecimiento a ETA. El portavoz del PP en el Ayuntamiento donostiarra, Ramón Gómez Ugalde, había deplorado, poco antes, en un comunicado, la colocación de dicho cartel. Gómez Ugalde consideró “lamentable e indignante” que el equipo de gobierno de Bildu permitiera ese tipo de hechos y “sólo se preocupe de politizar las fiestas donostiarras, en vez de solventar los problemas de la ciudad”. A su vez, el PNV donostiarra ya había reclamado al consistorio que aclarase si los carteles en favor de los presos etarras colocados en algunos puntos de la ciudad durante la pasada Semana Grande, contaban con autorización. .
El consejero Ares mostró su vivo deseo de que la normalidad “sea irreversible”, pero alertó a la ciudadanía de que esta situación “no es un regalo de los radicales abertzales”, sino de quienes predican la tolerancia cero ante ETA y su entorno. Ares reiteró que su política seguirá siendo la misma para que “los espacios públicos sean para la convivencia y la libertad, y no sean instrumentalizados para hacer actos de homenaje a presos u otro tipo de actividades no regladas”. Estas declaraciones impulsaron las críticas de la izquierda abertzale, que en un comunicado rechazó el “cinismo” de Ares y su política de “generar tensión y crispación” porque, según los abertzales, a lo largo del verano ha impulsado una “constante vulneración de derechos básicos, como el derecho a reunión, manifestación o expresión”. Ares aprovechó la ocasión para hacer un nuevo llamamiento a Bildu para que exija la inmediata desaparición de ETA y muestre su rechazo de los actos de kale borroka.
Ares aprovechó su comparecencia pública para condena la violencia machista, que este año ha acabado ya con la vida de tres mujeres en Euskadi. Condenó estos crímenes y los casos de violaciones o abusos sexuales que se han denunciado durante las fiestas, y confirmó que reforzará las labores de contravigilancia en el caso de personas amenazadas por ETA y en el de mujeres maltratadas, una labor que será realizada por agentes de la unidad de acompañamiento, que hasta ahora se ha centrado en escoltar a políticos amenazados por la banda. El consejero explicó que Interior ha decidido realizar “ajustes puntuales en los horarios” del Alarde de Hondarribia, del próximo 8 de septiembre, para garantizar la normalidad y la seguridad del tradicional evento festivo. Interior ha modificado el recorrido durante los ensayos y ha cambiado el horario y la ruta de las diferentes compañías para que el Alarde mixto y el tradicional no se junten. “El año pasado tuvimos problemas para garantizar la seguridad”, explicó Ares, quien reconoció y subrayó que los ajustes afectan a todas las compañías. La compañía mixta Jaizkibel había censurado estas medidas por considerarlas “un paso atrás en la conquista de la lucha por la igualdad”. Bildu criticó que la decisión hace “guiños a los que no quieren un Alarde normalizado”.
Desde siempre, los festejos veraniegos vascos han dado ocasión a actos de violencia por parte del mundo abertzale o proetarra…

DIEZ ENMIENDAS PARA NO QUEDARSE AL MARGEN

APORTACIONES DE DURÁN A LA REFORMA
Tras haberse negado a votar en el pleno que debatió la reforma constitucional, CiU tiene previsto presentar a lo largo de este jueves un paquete de enmiendas, una decena, al texto de reforma constitucional del artículo 135 que pone techo al déficit del Estado y limitará el gasto público. Los convergentes de Durán aspiran a introducir una garantía para que las comunidades autónomas tengan la potestad de fijar su propio techo de gasto, con una referencia a la limitación del déficit fiscal territorial. El paquete de enmiendas, incluirá otra sobre la necesidad de limitar la solidaridad entre comunidades. Se trata de una referencia a la voluntad del partido que gobierna la Generalitat de recortar el déficit fiscal de Cataluña con el Estado. Esta enmienda no incluye una cifra concreta de límite de déficit fiscal. Recordemos que durante los anteriores trámites de este proyecto “urgente”, Durán criticó duramente las maneras empleadas para alcanzar el consenso entre PP y PSOE y las calificó de "chapuza" y de ruptura del espíritu constitucional. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Durán i Lleida, había anunciado el martes en la Cámara baja que su partido presentaría enmiendas a la iniciativa pactada entre el PSOE y el PP. Uno de sus puntos básicos consistirá en establecer un límite a la solidaridad interterritorial en la Constitución, tal y como sucede en el modelo constitucional alemán. CiU confirmó a última hora de ayer que este jueves hará pública la enmienda, antes del límite de plazo de las dos de la tarde.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha intentado rebajar esa irritación de CiU por la tramitación de la reforma constitucional. Este miércoles dijo Zapatero que CiU "está de acuerdo con el fondo" de la reforma, y que sólo existen "discrepancias en torno a su configuración normativa", al tiempo que pedía "no abusar de los adjetivos en los discursos políticos". El jefe del Ejecutivo apuntó que habría diálogo, pero también advirtió de que "algunas de las cosas que proponen, son difíciles de incorporar en este proceso. No sé si en la ley orgánica habrá espacio", dijo. Fuentes de la federación nacionalista de CiU aseguran que tanto el PSOE como el PP son conocedores de los cambios que plantea CiU a la reforma del texto constitucional. Aunque, a la espera de la respuesta de PP y PSOE, CiU ya ve escaso margen y pocas esperanzas para que se acepten sus reclamaciones. Otros partidos catalanes discrepantes de la reforma, como ICV-EUiA y ERC, han reclamado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que convoque a principios de la próxima semana un pleno extraordinario monográfico para que el Parlament pueda pronunciarse sobre la reforma de la Constitución.
El interés especial del PSOE por incorporar a CiU al consenso se debe a que el partido nacionalista catalán participó en el pacto que dio origen a la Constitución de 1978. No lo hicieron, sin embargo, la inmensa mayoría de los partidos que rechazan la reforma, que o bien no existían o no la apoyaron, como es el caso del PNV, que se abstuvo, o ERC, que votó en contra. A esa participación constitucional y a la moderación de la que ha hecho gala CiU durante su trayectoria política desde el inicio de la democracia, apeló Rodríguez Zapatero, en una rueda de prensa en la Moncloa, para tratar de incorporar a la formación al consenso de la reforma constitucional. El presidente confía en que "se imponga el sentido de la responsabilidad" de CiU "en un momento tan decisivo para el futuro de España", en alusión a la importancia de la reforma constitucional sobre la estabilidad presupuestaria como impedimento ante el riesgo de futuras convulsiones financieras. "Espero que la moderación, que es una de las señas de gala que exhibe (CiU), se mantenga dentro de lo que es y puede ser la legítima discrepancia", dijo. Zapatero también hizo esta apelación especial porque CiU no presenta objeciones de fondo al contenido del acuerdo, en la medida que comparte la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria. De hecho, CiU pertenece al mismo grupo parlamentario europeo que la canciller alemana, Angela Merkel, impulsora de la incorporación de la estabilidad presupuestaria a la Constitución y que el miércoles alabó la iniciativa de reforma impulsada por el Gobierno socialista español. Pero no se le presenta nada fácil a los socialistas la incorporación del partido catalán al consenso por sus discrepancias sobre el encaje normativo de la propuesta. El propio Zapatero, admitió las dificultades de la negociación con CiU. A juicio del presidente, no es correcta la discrepancia con su interpretación de CiU sobre el impacto negativo de la reforma constitucional en el autogobierno y la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Zapatero insistió en que la reforma constitucional que se votará el viernes en el Congreso no tiene nada que ver con la distribución territorial de poder, como se quejó Durán durante el debate del martes. Se trata, dijo el presidente del Gobierno, de "llevar lo que ya hay en la ley, en referencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2006, a la Constitución, para hacer más fuerte y sólido el principio de estabilidad presupuestaria, que es una buena regla y un mandato para el funcionamiento del conjunto de las administraciones públicas".
El presidente del Gobierno precisó que la dificultad de negociación con CiU radica en "algunas cosas" que "resultan difíciles de incorporar en este proceso de reforma", refiriéndose a la exigencia del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Durán i Lleida, expresada durante el debate de toma en consideración del pasado martes en el Congreso, de que se rompa el corsé de los límites de endeudamiento y déficit para las comunidades autónomas que marcan el artículo 135 de la Constitución reformado y, sobre todo, la ley orgánica que lo desarrollará. Este nuevo artículo 135 de la ley fundamental señala que "el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea". Y añade que "una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido por el Estado y las comunidades autónomas, en relación con su PIB". La ley orgánica que desarrolla la reforma constitucional precisa en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2010. Y a las comunidades autónomas les exige que no superen el 0,14% de su PIB. Asimismo, el punto 3 del artículo 135 de la Constitución añade que el Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizadas por ley para emitir deuda o contraer crédito.
Zapatero, dejó abierta la puerta a una negociación en el futuro que permita la incorporación de los nacionalistas catalanes al consenso. En su opinión, CiU podrá tener algún espacio en el posterior desarrollo legislativo, que "tendrá un trámite de diálogo y negociación", en clara referencia a la ley orgánica que desarrolla el artículo 135 de la Constitución reformado.
No hay duda: Durán y sus convergentes no se han resignado a ser los ausentes de la reforma…

miércoles, 31 de agosto de 2011

UN MODELO PARA PROPIOS Y EXTRAÑOS

LAS GRANDES TIJERAS DE PODAR GASTO PÚBLICO DE COSPEDAL
Desde el momento en que fue designada candidata a presidir Castilla la Mancha, Dolores de Cospedal logró encarnar al PP que llegaba a recortar gastos, todos los posibles. Y ahora, le llega su hora. La presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha ofrecido los detalles del recorte del 20% a los Presupuestos de la comunidad para 2012, que pasarán de los 8.616 millones de euros de este año a unos 6.800 millones. Con este plan, que ha presentado como "un ejemplo" para toda España, pretende ahorrar 1.800 millones, 1.718 en gastos, y 97 más en concepto de nuevos ingresos. Cospedal también se ha comprometido a iniciar el pago, en este trimestre, de los 2600 millones a proveedores, tanto autónomos como pymes. El Ejecutivo manchego pretende ahorrar 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012, lo que supone que el presupuesto regional se reduce un 20% (1.718 millones) y quedará por debajo de los 7.000 millones de euros. Cospedal pretende que los ingresos se incrementen en 97,5 millones de euros. Del plan se espera un ahorro de 400 millones en sanidad, la cifra más alta de todas; 319 millones de euros en el coste de personal. En vehículos, arrendamientos y venta de inmuebles se espera un ahorro de 134,4 millones. En subvenciones a empresas privadas y públicas, recoge un ahorro total de 389 millones de euros. La suspensión de obra nueva e infraestructuras dejará un ahorro de 247 millones de euros. Finalmente, en el capítulo de reducción de transferencias a empresas agrícolas, se prevé un ahorro de 156 millones. Son algunas de las muchísimas medidas concretas para el ahorro y el ingreso que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha presentado en el Plan de Garantía de Servicios Sociales Básicos, Plan que –entre otras más-, también contiene el aumento de dos horas lectivas semanales para los docentes de Infantil, Primaria (de 23 al 25) y Secundaria (de 18 a 20). No se pagarán las vacaciones a los interinos que trabajen más de 5,5 meses. Se cobrará en función del tiempo trabajado, con un máximo de 22 días hábiles. Reducción de 500 liberados sindicales, cifra que pasará de 785 a un máximo de 284. Supresión del 40% de puestos de personal eventual en la Administración pública. Eliminación de 19 empresas y fundaciones públicas. Plan contra el absentismo laboral, en el que se sustituye el pago de horas extras por tiempo de descanso, y que supone un ahorro de 46 millones de euros. Eliminación de la figura del Defensor del Pueblo y los delegados de las consejerías en las cinco provincias manchegas. Supresión de las subvenciones directas a sindicatos y patronales. Reducción de 32 de los 33 centros de formación de profesorado que existen en la región, con ahorro de 28 millones. Congelación temporal de la oferta pública de empleo en todos los sectores de cara al 2012, con ahorro de 6 millones de euros. Prohibición de contratar personal funcionario interino. Supresión de la Oficina de la Junta en Bruselas, una delegación de la comunidad autónoma en la capital europea. Reducción del presupuesto de la Televisión de Castilla-La Mancha en un 20% para su posterior privatización. Se reducirán las subvenciones a un 10% con carácter general. Control del consumo de la telefonía móvil, con el que se ahorrará 2 millones de euros. Restricción de la contratación de asistencias técnicas, con ahorro de 11,7 millones. Reducción del 50% de los gastos de protocolo y campañas institucionales. Venta de acciones en sociedades privadas que posee el Gobierno regional, como Gas Natural o Telecom, de la que se conseguirá un ingreso de 12 millones de euros. Venta de inmuebles en propiedad de la Junta de Castilla-La Mancha sin uso que supondrá un ingreso de 10 millones. Venta de vehículos públicos (una flota de 2.500 vehículos) de la que se espera un ingreso de 4 millones de euros… Para alcanzar el objetivo del déficit, Cospedal ha concretado medidas que incluyen la venta de inmuebles sin uso, la venta de acciones en sociedades privadas e incluso vehículos de propiedad pública. El plan de ajuste pretende, además eliminar la administración paralela de la comunidad autónoma, lo que conlleva la supresión de la Oficina de la Junta en Bruselas y el Defensor del Pueblo, entre otras instituciones. En total, reduciendo los gastos de personal, Cospedal espera ahorrar 391 millones. Una de los principales capítulos es el de los liberados sindicales, que pasarán de 785 a 284, lo que supondrá un ahorro de 19,4 millones. También los profesores se verán afectados. Cospedal les impondrá más horas lectivas y suprimirá 200 plazas de año sabático para docentes. Además, anticipó que el PP, si llega a gobernar en toda España, pondrá en marcha una ley estatal que permitirá la privatización de las televisiones autonómicas. Estas decisiones del Gobierno 'popular' se enmarcan dentro del compromiso de ajustar el elevado déficit público de Castilla-La Mancha al máximo fijado por el Estado a 31 de diciembre, que debe ser del 1,3%. La propia presidenta explicó el pasado lunes que va a intentar cumplir el límite de déficit, " teniendo en cuenta que en el mes de junio en Castilla-La Mancha había un déficit del 4,9 por 100”. El ajuste establece nuevas prioridades al gasto público para garantizar los servicios esenciales. Por ello, irá acompañado de un Plan de garantía de los servicios sociales básicos, aprobado el martes por el Consejo de Gobierno, un compromiso adquirido antes de la campaña electoral para "garantizar la atención de las personas que más lo necesitan". Cospedal informará también en su comparecencia sobre este programa.
Cabe recordar que nada más acceder al poder, tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, Cospedal denunció que el anterior Gobierno socialista de José María Barreda había dejado un déficit en la región por encima del 4% a fecha de 30 de junio, cuando el objetivo para todo 2011 era del 1,3%. Los 'populares' llegaron a afirmar que la región estaba en "quiebra total". A raíz de esta polémica, se elaboró un informe sobre el estado de las cuentas públicas de Castilla-La Mancha que reveló la existencia de 1.742 millones de euros de facturas sin pagar a fecha 30 de junio, algunas de ellas vigentes desde hacía un año. Anteriormente los socialistas habían reconocido la existencia de 700 millones de euros pendientes de pago. José María Barreda llegó a admitir entonces que el Gobierno entrante de Cospedal podía tener que enfrentarse a los 1.742 millones porque en los dos meses y medio en los que se realizó el cambio de poder se habían podido acumular las facturas por valor de unos mil millones "en un momento de transición política".
Cospedal gobernará, desde la austeridad, para los manchegos…, pero no sólo. Su plan de ahorro es ya el ejemplo a imitar por sus compañeros de partido que también son presidentes autonómicos…, y por quienes son presidentes autonómicos y no son del PP. Camps, Varcárcel, Feijoo, Aguirre, Mas, Bauzá, Monago, Griñán, Rudi… Todos ellos tienen ya “modelo para practicar reportes ambiciosos”. Para que el Estado autonómico vuelva a sus orígenes de austeridad severísima…

LO QUE QUEDA HASTA LAS ELECCIONES DEL 20-N

LOS NUEVOS TIEMPOS
Con ocasión del debate de la reforma constitucional, algún diputado socialista advirtió “el clima reinante”: No se puede ser excesivamente reivindicativo, rebelde o protestón con el partido que está s punto de incluirte en sus listas electorales, o que puede prescindir de ti de tales opciones electorales, dentro de unos pocos días, o a lo sumo, semanas. Por o demás, hemos visto ya cómo determinadas figuras del PSOE anuncian su propósito de no acudir a las elecciones siguientes: Esas uvas no están maduras para muchos… Y no serán alcanzables, como en la fábula de la zorra y las uvas, porque, con toda probabilidad, habrá unos cuantos diputados socialistas menos que en la legislatura que está terminando: ¿Veinte, cuarenta menos? Eso dicen algunas encuestas. Parece que el clima es muy diferente en el PP, en cuyas listas “todos quieren estar”, precisamente porque es previsible un cambio de tendencia que afectará a las dos grandes formaciones del parlamento.
Así las cosas, se supone que al aspirante a diputado se le exige y requiere una mayor disponibilidad y una menor autonomía en su propia actuación y expresión de opiniones. Llega la hora en la que Rubalcaba y sus compañeros de dirección elaboren o repasen las listas de aspirantes s sentarse en el futuro Congreso o Senado, y lo harán, con bastante probabilidad, con carácter restrictivo: tratando de mantener a “pesos pesados”, y sin excesivas experimentaciones con nombres nuevos. Todo lo cual no quita para que haya peleas por los primero puestos. Incluso es probable que se agudicen tales peleas, por las menores oportunidades que tendrán los aspirantes a la elección. Ya digo, el clima en el seno del PP será muy distinto: Los seguidores de Rajoy incluso optan, en esta ocasión, a formar gobierno, y por tanto, a integrarse en él. Nada menos…
Hay una segunda tarea pendiente, para estas semanas finales del curso político: la elaboración de los correspondientes programas. Apenas hemos tenido oportunidad de vislumbrar algún contenido, pero no es improbable que esta vez los dos grandes partidos jueguen a diferenciarse lo más posible. Hemos visto las muy distintas actitudes de Rubalcaba y Cospedal sobre el llamado “impuesto para los ricos”, que a la postre pudiera resultar diferenciación extrema entre ambos partidos. Rubalcaba incluso se quiere distanciar de lo que hizo Zapatero, mientras Rajoy y su equipo no parecen deseosos de entrar en esa clase de batallas de futuro.
Por lo demás, se supone que esas dos cuestiones pendientes, listas y programa, merecerán ya todas las atenciones de aquí al 20-N. La secretaria general del PP, que parece decidida a mantenerse en su puesto tras las elecciones, se ha referido a la estrategia de su partido: El PP se propone apoyar al gobierno en este tiempo “para no perder tres meses”, con el argumento de que “no se puede perder todo ese tiempo por la borda, ni hacérselo perder a los españoles. De manera que, sorprendentemente, el PP “estará al lado del gobierno de Rodríguez Zapatero”, según el mensaje de la, también, presidenta manchega. Curiosamente, y como ya hemos visto en la reforma del texto constitucional, pudiera suceder que PP y PSOE empiezan a colaborar “más que nunca”, más que lo han hecho en los últimos ocho años…, justamente cuando llega el tiempo de la gran confrontación… Por cierto, que estos nuevos tiempos también traen consigo un planteamiento nuevo para las relaciones con los nacionalistas catalanes, algo que no parecía entrar en los cálculos del PP, pero que trajo consigo la pactada reforma constitucional…

martes, 30 de agosto de 2011

LA PROPOSICIÓN SUPERÓ EL TRÁMITE EN EL CONGRESO

CASI TODOS, CONTRA LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE PP Y PSOE
Como estaba previsto, la Proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución Española presentada por los grupos de PP y PSOE superó este martes sin problemas su primer trámite parlamentario. Los votos favorables de las bancadas socialista y popular permitieron que la propuesta fuera tomada en consideración y aprobada su tramitación por vía directa y en lectura única. La toma en consideración fue aprobada por 318 votos a favor, 16 en contra y 2 abstenciones. Posteriormente, la tramitación directa y en lectura obtuvo 319 votos favorables y 17 en contra. La sorpresa la proporcionó CiU, que optó por permanecer sentado durante la votación sin apretar el botón ni en un sentido ni en otro. Lo hicieron, según explicaron, para no confundir su posición con la de IU. Duran declaró, al concluir la sesión, que "si no hemos estado en el consenso ni en el diálogo, tampoco estamos en las votaciones". Por su parte, IU-ICV, BNG, PNV, ERC, UPyD y Nafarroa Bai rechazaron la reforma, mientras que UPN se unió a PP y PSOE en su aprobación. Coalición Canaria se abstuvo. Entre los votos en contra, destacó el ya anunciado del diputado socialista, Antonio Gutiérrez. Ahora, tras este trámite, como anunció el presidente del Congreso, José Bono, los grupos parlamentarios tendrán hasta las 14:00 horas del jueves para presentar enmiendas a la Proposición. El próximo viernes día 2, el pleno votará la reforma. La votación se produjo tras un acalorado debate en el que PP y PSOE defendieron la modificación del artículo 135 ante la oposición y pese a las duras críticas de la mayoría de grupos minoritarios. El primero en intervenir fue el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, quien defendió a ultranza la reforma y negó que suponga un límite para el gasto en políticas sociales. Alonso remitió a las palabras del candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para considerar que hacer o no recortes no depende de esta reforma sino "de quien gobierna y de la coyuntura". Y remarcó que "la diferencia entre la izquierda y la derecha, es que la izquierda gasta los recursos en garantizar la igualdad". Alonso justificó la iniciativa del presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, en la necesidad de "acabar sin dilación" con el problema del aumento del "coste de la financiación de la deuda soberana", y consideró que el mensaje de esta reforma es que "España es un país cumplidor en el pago de sus deudas". "No debe haber dudas". Por parte del PP, Soraya Sáenz de Santamaría fue contundente al expresar el sentido de la reforma y la posición de su partido. Dijo la portavoz popular que "la estabilidad presupuestaria ya no es una opción: es un deber" y subrayó, en todo momento, el pacto de Estado, defendiendo que, ante la crisis de la deuda, "España responde con un gran acuerdo entre los dos grandes partidos nacionales, que aparcamos nuestras diferencia para el interés general". La portavoz del PP garantizó que "el compromiso con una cuentas públicas estructuradas no puede ser temporal ni depender de quien gobierne" y avisó que la reforma es sólo el principio de un conjunto de reformas que irán más allá. Para SSS, la reforma "no será la única" y tiene el objetivo de "garantizar los derechos sociales de los ciudadanos".
Una de las pocas voces disidentes fue la del líder de CiU en el Congreso, Josep Antoni Durán i Lleida, quien reiteró que, para su grupo, la reforma pactada entre PP y PSOE, que tachó de "esperpéntica", supone "una ruptura del proceso constituyente". Duran reprochó a los dos principales partidos que hayan ignorado al resto y, especialmente a los que aprobaron la Constitución, y les ha recordado que la "Constitución no fue objeto sólo de PP y PSOE". Duran quiso dejar claro que CiU "comparte el principio de estabilidad presupuestaria" y "lo aplica día a día en el gobierno de la Generalitat". El portavoz de CiU aludió a los diputados del PSC al subrayar que "algunos que votarán esta reforma" critican las políticas de estabilidad presupuestaria del Govern. Sin embargo, Duran se mostró contrario a fijar este límite a través de la Carta Magna. Duran fue crítico tanto con las formas como con el fondo. Sobre las formas, además de la falta de consenso que, a su juicio, han mostrado PP y PSOE, se volvió a mostrar favorable a un referéndum, indicando que "todos sabemos, aunque duela, que no es de recibo una reforma exprés en cuatro días". Sobre el fondo, reiteró que no es necesaria una modificación constitucional para garantizar la estabilidad presupuestaria porque, además, a su juicio, limita la autonomía financiera y fiscal de las comunidades. También fueron muy duras las críticas del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien llamó a los diputados del PSOE a rebelarse ante una reforma que tachó de "golpe a la Constitución y secuestro de la voluntad popular". El representante de Izquierda Unida ha considerado que PP y PSOE han "ninguneado" a su partido, que participó en la elaboración de la Constitución, por lo que la proposición de ambos partidos simboliza "una ruptura del consenso constitucional". Llamazares negó que se trate de una reforma parcial, sino que es "total", e insistió en que supone "una involución democrática" que no busca estabilidad sino "opulencia y despilfarro privado". Llamazares compartió turno de palabra con Joan Ridao, portavoz de ERC, quien también expresó su disconformidad con la propuesta. "Van a petrificar un mecanismo rígido que impedirá atender con la necesaria agilidad cualquier situación de recesión y es el último golpe a la izquierda y a una posible salida social de la crisis", resumió el republicano, que también denunció que la norma "se carga" la autonomía fiscal y financiera de comunidades, sin tener en cuenta sus competencias, su soberanía fiscal y su estructura de gasto. Josu Erkoreka, el portavoz del PNV, argumentó que "si la reforma constitucional, antaño tan grave y difícil, se ha convertido de repente en algo tan nimio y trivial como lo que estamos viendo estos días", también ellos harán su "propia propuesta". Erkoreka no ha precisado el contenido de esta propuesta aunque los dirigentes de su partido, cuando el presidente del Gobierno realizó el anuncio de la reforma, anunciaron su intención de incluir el derecho de autodeterminación. Para el PNV esta modificación supone "un atropello en toda regla" de los procedimientos democráticos, es irrespetuoso con la estructura del Estado, es "ineficaz" porque "ni hace todo lo que pedían los mercados ni garantiza a las administraciones públicas que podrán seguir utilizando todas las herramientas fiscales de las que disponían hasta ahora". Además, ha añadido que es "innecesaria" y es "antieuropea". A su vez, la portavoz del grupo parlamentario UPyD, Rosa Díez, apeló a los diputados de la Cámara baja para que voten de manera individual: “¿Qué ocurre para que al menos 35 de ellos no se levanten y voten en conciencia? Las reformas deben hacerse, desde la autonomía, no desde la imposición”. “Chapuza” y “atropello democrático” fueron algunos de los descalificativos utilizados por Rosa Díez para referirse a la reforma constitucional. "En nuestras leyes ya hay instrumentos para combatir el déficit. Lo que falta en España no son normas sino voluntad política", sostuvo
La anécdota de la sesión la protagonizó el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien abandonó el debate alegando: "Me voy a tomar un café, que me duermo”. A la salida de la sesión plenaria, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, destacó el "enorme sentido de la responsabilidad" demostrado por los diputados del PSOE al apoyar esta reforma porque, según ha dicho, "es muy importante para España". Antonio Gutiérrez habló en los pasillos del Congreso tras saltarse la disciplina de voto dentro del PSOE para decir que no descarta suscribir la propuesta para convocar un referéndum ya que le anima el hecho de que los que están en contra de la consulta utilicen una argumentación "miedosa" del ejercicio de la democracia.
La inclusión del límite del gasto público en la Constitución comienza así un fugaz camino por el Congreso que culminará, si no hay cambios drásticos, el viernes con su aprobación definitiva. Y una semana después, en el Senado.
Y habrá terminado el aceleradísimo trámite para reformar la Constitución días antes de que comience la campaña electoral del 20-N…

DESDE HOY EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

LA TRAMITACIÓN MÁS ACELERADA
La inclusión de un tope al gasto público en la Constitución comienza, este martes, una rapidísima tramitación por el Congreso que debe culminar, si no hay cambios drásticos, el viernes, con su aprobación definitiva. Y una semana después, en el Senado. El texto que prevé introducirse en la Constitución no incluye una cifra concreta para limitar el gasto público: será una ley orgánica la que fije ese tope. Ya ha sido acordado por el PSOE y el PP y no será sometido a referéndum, como piden otros partidos, sindicatos o movimientos sociales, como el 15-M. El espíritu del contenido, las formas y la negativa a someterlo a una consulta provocaron en los últimos días críticas entre los socialistas, si bien en una triple cumbre de la dirección, los barones y los diputados, se produjo un cierre de filas en torno a lo "imprescindible" de la reforma, para convencer a los escépticos y así mantener la disciplina de voto. Habrá que ver hoy si todos obedecen, o si alguno más se suma a la anunciada disidencia de Antonio Gutiérrez. Parece que dos senadores socialistas seguirán sus pasos en la cámara alta. Lo cierto es que la iniciativa que avanzó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado martes, está siendo tramitada por el procedimiento de urgencia, ya que de no hacerse así, acortando todos los plazos, no habría tiempo para aprobarla antes de la disolución de las Cortes, el 27 de septiembre, tras la convocatoria electoral del 20-N. Por ello, y tras el acuerdo conseguido también en tiempo récord entre PSOE y PP, ambos grupos registraron la propuesta de reforma en el registro del Congreso el pasado viernes. Y este martes por la mañana comienza el debate para su toma en consideración con la defensa de la proposición de ley por parte de los grupos proponentes. En principio se esperan las intervenciones de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y de la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría. A continuación, intervendrán los portavoces del resto de grupos parlamentarios para fijar postura, y a continuación se votará su tramitación directa y en lectura única, en virtud de lo dispuesto en el artículo 150 del reglamento del Congreso de los Diputados. Con la mayoría en la votación es suficiente para continuar el camino. Los grupos tendrán 48 horas de plazo -entre el miércoles y el jueves- para registrar enmiendas, y el viernes se procederá a realizar la votación definitiva. Según el artículo 167 de la Carta Magna, los proyectos de reforma constitucional deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras que, en principio, suman los dos grupos que han impulsado la reforma, PSOE y PP. Después de que la proposición de reforma del artículo 135 de la Constitución sea aprobada, el viernes, en el Congreso, seguirá el mismo trámite urgente en el Senado, donde previsiblemente será sometida a votación el martes o el miércoles de la próxima semana. El futuro texto constitucional establece que, aprobada la reforma por las Cortes, se abrirá un plazo de 15 días tras el cual si una décima parte de los miembros de cualquiera de las cámaras así lo solicita, deberá ser sometido a referéndum.
¿Qué novedades aportará el nuevo artículo 135 de la Constitución?. Primera y principal, que todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria y por tanto, que el Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará ese déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. Señala asimismo ese artículo que el Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito, y que los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Por último, se habla de los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública, que sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará: a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse. b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. En fin, las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
En su articulado final se establece que la Ley Orgánica prevista en el artículo 135 de la Constitución Española deberá estar aprobada antes de 30 de junio de 2012, que dicha ley contemplará los mecanismos que permitan el cumplimiento del límite de deuda a que se refiere el artículo 135.3., que los límites de déficit estructural establecidos en el 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020., por último, que la presente reforma del artículo 135 de la Constitución Española entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.
Y habrá pasado a la historia la reforma más rápida y urgente de cuantas ha vivido la Constitución española del 78, urgida por los mercados, la señora Merkel y el consenso de Zapatero y Rajoy en los días cálidos de agosto de 2011…

lunes, 29 de agosto de 2011

LOS DIPUTADOS DE CIU NO SON DECISIVOS

LA PROPUESTA DE CIU PARA ACEPTAR LA REFORMA CONSTITUCIONAL
Desde el primer momento, se pudo comprobar que la reforma constitucional que llegará dentro de unas pocas horas al Congreso, iba a tener distintos tipos de enemigos: en primer lugar, diputados de la izquierda, PSOE e IU, con el argumento de que el nuevo control de gastos significará recortes sociales. En segundo lugar, los nacionalistas catalanes y vascos, que ven en riesgo sus competencias y atribuciones sobre fijación del déficit público, y que no han dudado en tratar de conseguir algo a cambio. El PNV reclamó, nada menos, que se expusiera su derecho a decidir. Y en cuanto a CiU, por boca de Durán i Lleida, ha condicionado su aceptación de la reforma en marcha a que en una futura ley orgánica se establezca un tope máximo del 4 por 100 del déficit fiscal entre cada Comunidad autónoma y el Estado. Dicho de otro modo, Durán aspira a poner límite a la diferencia entre lo que el Estado recauda en Cataluña y lo luego gasta en esa comunidad. Una propuesta que significaría la solidaridad entre los territorios autónomos, por cuanto el Estado tendría menos margen de gasto en las regiones menos desarrolladas. Durán también advirtió, según relata La Vanguardia, que PSOE y PP han roto el espíritu constitucional, al excluir a CiU de la reforma de la Carta Magna. Los diez escaños del Grupo Catalán, según observa Público, no serán decisorios en la votación. Durán también revela que Rubalcaba fue quien negoció que no apareciera el porcentaje de déficit en el artículo de la Constitución que se modificará.
Y así como en el PSOE la preocupación ha sido, en los últimos días “aplacar” y convencer a sus diputados discrepantes con la reforma, desde el PP se ha salido al paso a la propuesta convergente. El coordinador de Economía y Empleo del PP, Cristóbal Montoro, ha rechazado la propuesta de CiU para que la reforma de la Constitución, que va a limitar el déficit público, incluya también un tope a la solidaridad de las comunidades autónomas con el resto del Estado. Montoro criticó que CiU pretenda aprovechar la reforma constitucional pactada por PSOE y PP para reducir la aportación de Cataluña al conjunto de España, que los nacionalistas cifran actualmente en el 9%. Montoro aseguró que, al abrir ese debate, "estamos distrayendo de los objetivos centrales" de la modificación constitucional que pretende controlar, para el futuro, el déficit de las administraciones públicas. El dirigente 'popular' atribuyó esta propuesta a que el nacionalismo "siempre trata de diferenciarse y no coincidir" con los grandes partidos, aunque así "no hace más que desconcertar". Además, recalcó que CiU conoce perfectamente la propuesta pactada por PSOE y PP. "Se la hemos contado", aseguró. Montoro respondió también a la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien ha afirmado que España debería seguir el ejemplo de Cataluña si quiere salir de la actual crisis económica. El coordinador de Economía del PP admitió que Cataluña "es una tierra de emprendedores, y como tal todos tenemos que aprender mucho", pero matizó que la gestión de los socialistas al frente de la Generalitat "ha dejado un déficit público pavoroso" en la comunidad, y que pone en cuestión las palabras de Chacón.
Finalmente, en las mismas declaraciones, Montoso se opuso a la reforma laboral aprobada el viernes por el Consejo de Ministros, como las que permiten ampliar la duración de los contratos temporales y de formación. Cree que ambas medidas recuerdan a las que aplicaba el PSOE en la década de los 80 y los 90, bajo los gobiernos de Felipe González, y ponen de manifiesto que, en el Ejecutivo de Zapatero, existe "resignación" ante el gran número de parados. En lugar de empeorar las condiciones laborales de los trabajadores, las tesis del ministro Valeriano Gómez sostienen que cualquier cosa es mejor que un parado. Montoro apuntó que habría que emprender otras reformas para crear empleo…
Entre tanto, se ha sabido que el mes de agosto volverá a dar malos datos de empleo, pese a la temporada estival. El paro aumentará, aunque menos que hace un año, según prevé el e ministro de Trabajo. En declaraciones a la 'Cadena Ser', Valeriano Gómez ha afirmado que desde hace varios años este mes se "ha ido convirtiendo en malo" porque los empresarios "aprovechan para rescindir los contratos" con la finalidad de que sea "el servicio público" quien "se haga cargo del pago de las vacaciones". En julio, el turismo redujo el desempleo en 42.059 personas, situando el total en 4.079.742 parados. El próximo viernes se conocerán las cifras de agosto. Gómez también afirmó que, durante "las recuperaciones, no es momento de bajar impuestos, sino de ahorrar para cuando las cosas vayan mal. El ministro comparte "especialmente el fondo" del proceso de negociación entre el PSOE y el PP para reformar la Constitución para establecer un techo de déficit y el compromiso de una estabilidad presupuestaria, "que no es déficit cero, como pretendía el PP" sino "de estabilidad a lo largo del ciclo económico". Sobre las nuevas medidas del Gobierno para aumentar el empleo en los jóvenes, probadas el pasado viernes (suspensión de la obligación de convertir en dos años los contratos temporales en fijos y la reforma del contrato de formación), el ministro reconoce que es difícil reducir la alta temporalidad en un país cuyo sistema productivo se caracteriza por la "estacionalidad". En su opinión, en España hay "una parte" de la temporalidad que "no está justificada", pero "tenemos" sectores donde esta característica es "aneja", como es en el turismo. El ministro de Trabajo se ha marcado como objetivo reducir la tasa, situada en el 25% de los asalariados, a niveles europeos, donde la media se coloca en una horquilla de entre el 17% y el 20%.

domingo, 28 de agosto de 2011

BLANCO PIDE QUE EL PP TAMBIÉN LO HAGA

RUBALCABA SUBIRÁ IMPUESTOS A LOS RICOS
El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, avanzó este domingo en Mislata (Valencia) que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, incluirá una "subida de los impuestos a los ricos" en su programa electoral para los comicios del 20 de noviembre. Blanco, que se refería a las declaraciones realizadas la víspera respecto a este asunto por el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, y ha retado al PP a contemplar también esta subida entre sus propuestas electorales. En este sentido, ha apuntado que si los 'populares' "creen que los ricos deben contribuir también en un momento de dificultad, no se trata de pedir caridad sino de subirles los impuestos". Blanco se pronunciaba de este modo durante la visita que realizaba a la localidad valenciana de Mislata con motivo de las fiestas de este municipio. El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, aprovechaba la ocasión para avanzar que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, incluirá una "subida de los impuestos a los ricos" en su programa electoral para los comicios del 20 de noviembre. Recordemos que, en su primer discurso como candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, tras ser proclamado oficialmente por el Comité Federal, Rubalcaba ya anunció que se proponía recuperar el impuesto sobre el patrimonio para que los que más tienen "colaboren". Ahora, el reto de Blanco es respuesta a las declaraciones realizadas por el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, quien invitaba a los ciudadanos españoles con más renta a imitar a un grupo de ciudadanos franceses adinerados que se ofrecieron a pagar más tributos al Estado francés, dada la situación de crisis. En concreto, Pons animó el sábado a las grandes fortunas españolas a hacer "un gesto similar" al que han tenido las fortunas francesas, porque "todos" los españoles tienen que hacer "un gran esfuerzo" para sacar al país adelante y "la clase media y los trabajadores" ya lo están haciendo desde "hace mucho tiempo". En respuesta, Blanco ha retado al PP a incorporar también esta subida entre sus propuestas electorales. En concreto, Blanco ha apuntado que si los 'populares' "creen que los ricos deben contribuir también en un momento de dificultad, no se trata de pedir caridad sino de subirles los impuestos, incluyendo en su programa para las próximas elecciones generales, al igual que van a hacer los socialistas, un "impuesto para los ricos". Blanco, en la referida comparecencia ante los medios en la localidad valenciana de Mislata, ha instado al PP a que su programa contemple este impuesto, como ha hecho el candidato del PSOE a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba. El socialista ha afirmado que si el PP "cree que los ricos deben contribuir, no se trata de pedir caridad", porque la contribución a las arcas públicas "se hace a través de los impuestos". También ha aprovechado para recordar a los dirigentes populares que, "para conseguir estabilidad presupuestaria en los momentos de dificultad, hay que garantizar que los ingresos y los gastos cuadren", por lo que ha pedido a los conservadores que expliquen "cómo va a hacer cuadrar las cuentas públicas si no establece un impuesto para los que más tienen".
Por otro lado, a preguntas de los periodistas, Blanco ha calificado de "inconveniente e inoportuno" que se pida a Naciones Unidas que no reconozca el Estado Palestino, como ha defendido el Coordinador de Política Internacional del PP, Jorge Moragas. Para Blanco "El PP en materia de política exterior nos está anunciando que quiere volver al pasado, que quiere volver a la política exterior de Aznar", algo que para el dirigente socialista "es un retroceso". El dirigente socialista ha recordado que, "a pesar de lo mucho que ha cambiado el mundo durante estos años, el PP sigue planteado la misma política exterior que planteó en su momento Aznar: una política que fue un fracaso estrepitoso y que nos condujo a la guerra de Irak".

CAMPAÑA PARA QUE LA REFORMA CONSTITUCIONAL NO SEA COSA EXCLUSIVA DEL PARLAMENTO

MUCHOS QUIEREN REFERENDUM
La reforma constitucional pactada por PP y PSOE libra aún una batalla previa: la de su presentación en sociedad y aprobación por la ciudadanía. En principio, está previsto que el asunto sea debatido y votado por las Cámaras parlamentarias, pero a muchos ciudadanos les parece un trámite insuficiente, después del éxito que ha tenido uno de los eslóganes del 15-M: “Que no nos representan, que no…” De ahí que se esté reclamando una democracia más directa y más plural para una cuestión como la que, en principio, se pretende que resuelva exclusivamente la representación popular del Parlamento. Por ello, partidos políticos y movimientos ciudadanos como el 15-M han convocado para los próximos días decenas de manifestaciones en distintas ciudades españolas en protesta por la decisión de introducir un techo de gasto en la Constitución, y para reclamar un referéndum que permita a los ciudadanos opinar sobre la iniciativa. El Movimiento 15M, Izquierda Unida (IU), CC.OO. y UGT pretenden que, en el caso de que la reforma sea finalmente aprobada por las Cortes, se celebre un referéndum que le dé la oportunidad a la ciudadanía de opinar sobre una cuestión que consideran fundamental. Los primeros en salir a la calle en diferentes ciudades del país para mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el Partido Popular, serán los simpatizantes del 15-M durante la tarde del domingo 28. El Movimiento 15-M ha convocado manifestaciones de protesta en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valencia, Murcia, Logroño, Cáceres, Málaga y Jerez. En la capital, la concentración, bajo el lema No a esta reforma de la Constitución. ¡Ni un paso atrás!, arrancará este domingo en Atocha y terminará en la simbólica Puerta del Sol. Sus promotores aseguran que el acuerdo entre PP y PSOE para reformar la Constitución "es un atraco a mano armada que va a hipotecar a generaciones futuras", aseguró la portavoz de Democracia Real Ya en San Sebastián, Rosa García, en rueda de prensa. "Una vez más, los políticos intentan obviar la democracia y la soberanía del pueblo y plantean reformas fundamentales en la norma suprema sin tener en cuenta la opinión y el voto de los ciudadanos", añadieron en una nota, en la que reclaman la convocatoria de un referéndum. Según los convocantes de Democracia Real Ya, el texto del artículo 135 de la Carta Magna resultante de la reforma es "muy próximo a intereses económicos neoliberales". "Les permitirá, bajo mandato constitucional, recortar en servicios sociales (educación, sanidad y seguridad social) cuando sea menester", denuncian. "Desde Democracia Real Ya Entendemos que esta reforma traerá gravísimas consecuencias para el futuro del Estado de bienestar y un importantísimo impacto sobre la vida de los ciudadanos. No puede realizarse de espaldas a la ciudadanía. Por ello exigimos que las reforma constitucional sea llevada a referéndum. Este domingo saldremos a la calle, #yoquierovotar, #nosomosviolentos", concluye la convocatoria.
Mientras, continúa la recogida de firmas para pedir una consulta popular sobre la reforma. De momento, la plataforma que lidera el catedrático de Ciencias Políticas Vicenç Navarro, ha contabilizado más de 79.200. También el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que ve en el acuerdo entre PP y PSOE "un atentado sin precedentes a la democracia", ha convocado concentraciones de protesta contra el pacto y para reclamar un referéndum. Serán el martes, día en que la propuesta pactada por socialistas y populares llegará al Congreso para comenzar su tramitación-, y tendrán lugar en las siete grandes ciudades gallegas. A su vez, el secretario general de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, ha pedido a los diputados socialistas, especialmente a los del PSC, que firmen la petición de convocatoria de referéndum. Herrera asegura que "hacer una reforma constitucional a escondidas, en 15 días, por la puerta de atrás y sin permitir el referéndum, es una falta de escrúpulos". No es improbable que también los socialistas debatan la cuestión del eventual referéndum en la reunión del grupo, el lunes por la tarde. El PSC también celebra su propia reunión para decidir si apuesta por la convocatoria de una consulta popular sobre la reforma. Pero, los movimientos sociales no serán los únicos que muestren su indignación en las calles por la reforma y pidan un referéndum ya que, tal y como adelantó el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, la coalición también prepara acciones de movilización. De momento, ya hay convocadas por parte de IU protestas en Sevilla y en Zaragoza frente a las Delegaciones de Gobierno de ambas ciudades para el próximo día 30, coincidiendo con el inicio del debate parlamentario en la Cámara Baja sobre la reforma, aunque no se descartan nuevas citas. Por su parte, Comisiones Obreras y UGT tienen previsto celebrar este lunes día 29 una reunión en la sede Confederal de CC.OO con diferentes organizaciones sociales para estudiar respuestas concretas, si bien las centrales andaluzas de ambos sindicatos ya han convocado una concentración el próximo jueves 1 en las sedes provinciales de las Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia de Andalucía. En una detallada crónica que este domingo publica La Vanguardia, se recuerda que la limitación constitucional del déficit público que inició Alemania en el 2009 encuentra dificultades a la hora de extenderse al resto de países de la Unión Europea pese a que esta regla de oro destinada a frenar el endeudamiento aparece como un mecanismo para sanear las cuentas públicas y, lo más importante, calmar las inquietudes de los mercados sobre la viabilidad de la deuda soberana. Así, mientras en Alemania la iniciativa salió adelante sin problemas y en España sigue el mismo camino, en Francia choca con la cerrada oposición del Partido Socialista, sin cuyo concurso no tiene ninguna posibilidad. En el caso italiano, en cambio, no parece haber dificultades de principio, pues la oposición comparte la medida, pero aún no se conocen ni los plazos ni los detalles de la reforma. En Portugal es el rechazo del presidente de la República, el conservador Cavaco Silva, lo que puede frenar una iniciativa que impulsa un gabinete de su mismo signo. De manera que, de momento, en la UE, sólo Alemania tiene un precepto constitucional, bautizado como "freno al endeudamiento", que impone un rigor presupuestario, y el de Merkel es el único país que cuenta hoy con límites al déficit en su ley fundamental. La reforma se aprobó en el 2009 como la panacea para el futuro del país. A partir del 2015, el gobierno federal no podrá tener un déficit superior al 0,35% de su PIB. Los länder tendrán de plazo hasta el 2020 para alcanzar una deuda cero

CAMA

MUCHOS QUIEREN REFERENDUM
La reforma constitucional pactada por PP y PSOE libra aún una batalla previa: la de su presentación en sociedad y aprobación por la ciudadanía. En principio, está previsto que el asunto sea debatido y votado por las Cámaras parlamentarias, pero a muchos ciudadanos les parece un trámite insuficiente, después del éxito que ha tenido uno de los eslóganes del 15-M: “Que no nos representan, que no…” De ahí que se esté reclamando una democracia más directa y más plural para una cuestión como la que, en principio, se pretende que resuelva exclusivamente la representación popular del Parlamento. Por ello, partidos políticos y movimientos ciudadanos como el 15-M han convocado para los próximos días decenas de manifestaciones en distintas ciudades españolas en protesta por la decisión de introducir un techo de gasto en la Constitución, y para reclamar un referéndum que permita a los ciudadanos opinar sobre la iniciativa. El Movimiento 15M, Izquierda Unida (IU), CC.OO. y UGT pretenden que, en el caso de que la reforma sea finalmente aprobada por las Cortes, se celebre un referéndum que le dé la oportunidad a la ciudadanía de opinar sobre una cuestión que consideran fundamental. Los primeros en salir a la calle en diferentes ciudades del país para mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el Partido Popular, serán los simpatizantes del 15-M durante la tarde del domingo 28. El Movimiento 15-M ha convocado manifestaciones de protesta en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valencia, Murcia, Logroño, Cáceres, Málaga y Jerez. En la capital, la concentración, bajo el lema No a esta reforma de la Constitución. ¡Ni un paso atrás!, arrancará este domingo en Atocha y terminará en la simbólica Puerta del Sol. Sus promotores aseguran que el acuerdo entre PP y PSOE para reformar la Constitución "es un atraco a mano armada que va a hipotecar a generaciones futuras", aseguró la portavoz de Democracia Real Ya en San Sebastián, Rosa García, en rueda de prensa. "Una vez más, los políticos intentan obviar la democracia y la soberanía del pueblo y plantean reformas fundamentales en la norma suprema sin tener en cuenta la opinión y el voto de los ciudadanos", añadieron en una nota, en la que reclaman la convocatoria de un referéndum. Según los convocantes de Democracia Real Ya, el texto del artículo 135 de la Carta Magna resultante de la reforma es "muy próximo a intereses económicos neoliberales". "Les permitirá, bajo mandato constitucional, recortar en servicios sociales (educación, sanidad y seguridad social) cuando sea menester", denuncian. "Desde Democracia Real Ya Entendemos que esta reforma traerá gravísimas consecuencias para el futuro del Estado de bienestar y un importantísimo impacto sobre la vida de los ciudadanos. No puede realizarse de espaldas a la ciudadanía. Por ello exigimos que las reforma constitucional sea llevada a referéndum. Este domingo saldremos a la calle, #yoquierovotar, #nosomosviolentos", concluye la convocatoria.
Mientras, continúa la recogida de firmas para pedir una consulta popular sobre la reforma. De momento, la plataforma que lidera el catedrático de Ciencias Políticas Vicenç Navarro, ha contabilizado más de 79.200. También el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que ve en el acuerdo entre PP y PSOE "un atentado sin precedentes a la democracia", ha convocado concentraciones de protesta contra el pacto y para reclamar un referéndum. Serán el martes, día en que la propuesta pactada por socialistas y populares llegará al Congreso para comenzar su tramitación-, y tendrán lugar en las siete grandes ciudades gallegas. A su vez, el secretario general de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, ha pedido a los diputados socialistas, especialmente a los del PSC, que firmen la petición de convocatoria de referéndum. Herrera asegura que "hacer una reforma constitucional a escondidas, en 15 días, por la puerta de atrás y sin permitir el referéndum, es una falta de escrúpulos". No es improbable que también los socialistas debatan la cuestión del eventual referéndum en la reunión del grupo, el lunes por la tarde. El PSC también celebra su propia reunión para decidir si apuesta por la convocatoria de una consulta popular sobre la reforma. Pero, los movimientos sociales no serán los únicos que muestren su indignación en las calles por la reforma y pidan un referéndum ya que, tal y como adelantó el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, la coalición también prepara acciones de movilización. De momento, ya hay convocadas por parte de IU protestas en Sevilla y en Zaragoza frente a las Delegaciones de Gobierno de ambas ciudades para el próximo día 30, coincidiendo con el inicio del debate parlamentario en la Cámara Baja sobre la reforma, aunque no se descartan nuevas citas. Por su parte, Comisiones Obreras y UGT tienen previsto celebrar este lunes día 29 una reunión en la sede Confederal de CC.OO con diferentes organizaciones sociales para estudiar respuestas concretas, si bien las centrales andaluzas de ambos sindicatos ya han convocado una concentración el próximo jueves 1 en las sedes provinciales de las Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia de Andalucía. En una detallada crónica que este domingo publica La Vanguardia, se recuerda que la limitación constitucional del déficit público que inició Alemania en el 2009 encuentra dificultades a la hora de extenderse al resto de países de la Unión Europea pese a que esta regla de oro destinada a frenar el endeudamiento aparece como un mecanismo para sanear las cuentas públicas y, lo más importante, calmar las inquietudes de los mercados sobre la viabilidad de la deuda soberana. Así, mientras en Alemania la iniciativa salió adelante sin problemas y en España sigue el mismo camino, en Francia choca con la cerrada oposición del Partido Socialista, sin cuyo concurso no tiene ninguna posibilidad. En el caso italiano, en cambio, no parece haber dificultades de principio, pues la oposición comparte la medida, pero aún no se conocen ni los plazos ni los detalles de la reforma. En Portugal es el rechazo del presidente de la República, el conservador Cavaco Silva, lo que puede frenar una iniciativa que impulsa un gabinete de su mismo signo. De manera que, de momento, en la UE, sólo Alemania tiene un precepto constitucional, bautizado como "freno al endeudamiento", que impone un rigor presupuestario, y el de Merkel es el único país que cuenta hoy con límites al déficit en su ley fundamental. La reforma se aprobó en el 2009 como la panacea para el futuro del país. A partir del 2015, el gobierno federal no podrá tener un déficit superior al 0,35% de su PIB. Los länder tendrán de plazo hasta el 2020 para alcanzar una deuda cero

CAMA

MUCHOS QUIEREN REFERENDUM
La reforma constitucional pactada por PP y PSOE libra aún una batalla previa: la de su presentación en sociedad y aprobación por la ciudadanía. En principio, está previsto que el asunto sea debatido y votado por las Cámaras parlamentarias, pero a muchos ciudadanos les parece un trámite insuficiente, después del éxito que ha tenido uno de los eslóganes del 15-M: “Que no nos representan, que no…” De ahí que se esté reclamando una democracia más directa y más plural para una cuestión como la que, en principio, se pretende que resuelva exclusivamente la representación popular del Parlamento. Por ello, partidos políticos y movimientos ciudadanos como el 15-M han convocado para los próximos días decenas de manifestaciones en distintas ciudades españolas en protesta por la decisión de introducir un techo de gasto en la Constitución, y para reclamar un referéndum que permita a los ciudadanos opinar sobre la iniciativa. El Movimiento 15M, Izquierda Unida (IU), CC.OO. y UGT pretenden que, en el caso de que la reforma sea finalmente aprobada por las Cortes, se celebre un referéndum que le dé la oportunidad a la ciudadanía de opinar sobre una cuestión que consideran fundamental. Los primeros en salir a la calle en diferentes ciudades del país para mostrar su rechazo al acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el Partido Popular, serán los simpatizantes del 15-M durante la tarde del domingo 28. El Movimiento 15-M ha convocado manifestaciones de protesta en ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Valencia, Murcia, Logroño, Cáceres, Málaga y Jerez. En la capital, la concentración, bajo el lema No a esta reforma de la Constitución. ¡Ni un paso atrás!, arrancará este domingo en Atocha y terminará en la simbólica Puerta del Sol. Sus promotores aseguran que el acuerdo entre PP y PSOE para reformar la Constitución "es un atraco a mano armada que va a hipotecar a generaciones futuras", aseguró la portavoz de Democracia Real Ya en San Sebastián, Rosa García, en rueda de prensa. "Una vez más, los políticos intentan obviar la democracia y la soberanía del pueblo y plantean reformas fundamentales en la norma suprema sin tener en cuenta la opinión y el voto de los ciudadanos", añadieron en una nota, en la que reclaman la convocatoria de un referéndum. Según los convocantes de Democracia Real Ya, el texto del artículo 135 de la Carta Magna resultante de la reforma es "muy próximo a intereses económicos neoliberales". "Les permitirá, bajo mandato constitucional, recortar en servicios sociales (educación, sanidad y seguridad social) cuando sea menester", denuncian. "Desde Democracia Real Ya Entendemos que esta reforma traerá gravísimas consecuencias para el futuro del Estado de bienestar y un importantísimo impacto sobre la vida de los ciudadanos. No puede realizarse de espaldas a la ciudadanía. Por ello exigimos que las reforma constitucional sea llevada a referéndum. Este domingo saldremos a la calle, #yoquierovotar, #nosomosviolentos", concluye la convocatoria.
Mientras, continúa la recogida de firmas para pedir una consulta popular sobre la reforma. De momento, la plataforma que lidera el catedrático de Ciencias Políticas Vicenç Navarro, ha contabilizado más de 79.200. También el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que ve en el acuerdo entre PP y PSOE "un atentado sin precedentes a la democracia", ha convocado concentraciones de protesta contra el pacto y para reclamar un referéndum. Serán el martes, día en que la propuesta pactada por socialistas y populares llegará al Congreso para comenzar su tramitación-, y tendrán lugar en las siete grandes ciudades gallegas. A su vez, el secretario general de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera, ha pedido a los diputados socialistas, especialmente a los del PSC, que firmen la petición de convocatoria de referéndum. Herrera asegura que "hacer una reforma constitucional a escondidas, en 15 días, por la puerta de atrás y sin permitir el referéndum, es una falta de escrúpulos". No es improbable que también los socialistas debatan la cuestión del eventual referéndum en la reunión del grupo, el lunes por la tarde. El PSC también celebra su propia reunión para decidir si apuesta por la convocatoria de una consulta popular sobre la reforma. Pero, los movimientos sociales no serán los únicos que muestren su indignación en las calles por la reforma y pidan un referéndum ya que, tal y como adelantó el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, la coalición también prepara acciones de movilización. De momento, ya hay convocadas por parte de IU protestas en Sevilla y en Zaragoza frente a las Delegaciones de Gobierno de ambas ciudades para el próximo día 30, coincidiendo con el inicio del debate parlamentario en la Cámara Baja sobre la reforma, aunque no se descartan nuevas citas. Por su parte, Comisiones Obreras y UGT tienen previsto celebrar este lunes día 29 una reunión en la sede Confederal de CC.OO con diferentes organizaciones sociales para estudiar respuestas concretas, si bien las centrales andaluzas de ambos sindicatos ya han convocado una concentración el próximo jueves 1 en las sedes provinciales de las Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia de Andalucía. En una detallada crónica que este domingo publica La Vanguardia, se recuerda que la limitación constitucional del déficit público que inició Alemania en el 2009 encuentra dificultades a la hora de extenderse al resto de países de la Unión Europea pese a que esta regla de oro destinada a frenar el endeudamiento aparece como un mecanismo para sanear las cuentas públicas y, lo más importante, calmar las inquietudes de los mercados sobre la viabilidad de la deuda soberana. Así, mientras en Alemania la iniciativa salió adelante sin problemas y en España sigue el mismo camino, en Francia choca con la cerrada oposición del Partido Socialista, sin cuyo concurso no tiene ninguna posibilidad. En el caso italiano, en cambio, no parece haber dificultades de principio, pues la oposición comparte la medida, pero aún no se conocen ni los plazos ni los detalles de la reforma. En Portugal es el rechazo del presidente de la República, el conservador Cavaco Silva, lo que puede frenar una iniciativa que impulsa un gabinete de su mismo signo. De manera que, de momento, en la UE, sólo Alemania tiene un precepto constitucional, bautizado como "freno al endeudamiento", que impone un rigor presupuestario, y el de Merkel es el único país que cuenta hoy con límites al déficit en su ley fundamental. La reforma se aprobó en el 2009 como la panacea para el futuro del país. A partir del 2015, el gobierno federal no podrá tener un déficit superior al 0,35% de su PIB. Los länder tendrán de plazo hasta el 2020 para alcanzar una deuda cero