PARECIDO TRÁMITE Y RESISTENCIA TENDRÁ EN EL SENADO

LA REFORMA CONSTITUCIONAL, APROBADA EN EL CONGRESO
Finalmente, al mediodía del viernes, el pleno del Congreso aprobaba por 316 votos a favor, y 5 en contra (entre ellos, dos socialistas), la primera reforma constitucional de calado, acordada por PSOE y Partido Popular (PP), que introduce de forma urgente en la Carta Magna el principio de estabilidad financiera para limitar el déficit. El debate sobre las 19 enmiendas admitidas por la Mesa del Congreso se desarrolló en un ambiente de malestar y rechazo de la oposición a la propuesta. Los diputados de ERC, BNG, ICV y Nafarroa Bai se ausentaron del hemiciclo antes de que comenzasen las votaciones. Gaspar Llamazares (IU) permaneció durante la votación de las enmiendas para vetar las transaccionales con las que PP y PSOE pretendían conseguir la abstención de CiU. PNV y CiU no votaron y varios diputados socialistas se han abstenido. Los síes de PP y PSOE han superado sobradamente los 202 votos necesarios para que, ahora, la reforma comience su trámite en el Senado. Los dos grandes partidos intentaron hasta el último minuto conseguir el apoyo de CiU, para lo que le ofrecieron unas enmiendas transaccionales para ampliar el marco de colaboración de las comunidades autónomas. La formación catalana no había votado el martes la propuesta por considerar que perjudica la capacidad financiera de Cataluña al limitar su capacidad de fijar su propio déficit, y porque les excluye del consenso constituyente, en cuyos inicios sí estuvo, cuando se redactó la Constitución. IU y otros partidos, que también participaron en aquel proceso en 1978, no recibieron sin embargo la misma atención que el partido nacionalista catalán.
Al voto contrario del diputado socialista Antonio Gutiérrez se sumó otro de un diputado de Baleares que se equivocó al apretar el botón. De modo que ninguna de las enmiendas presentadas por los partidos minoritarios fue aceptada. Para la aprobación era necesaria una mayoría de tres quintos, que se ha superado de forma amplia. El proyecto pasa ahora al Senado donde concluirá su tramitación parlamentaria la próxima semana. Una vez que se apruebe definitivamente, los parlamentarios tendrán 15 días de plazo para intentar que se convoque un referéndum, aunque para ello tienen que conseguir el apoyo del 10% de los diputados o de los senadores. PP y PSOE han justificado la reforma constitucional que ambos pactaron de forma acelerada con un único argumento: servir de instrumento contra la crisis. "¿No se dan cuenta de la gravedad de la situación?", preguntó Soraya Sáenz de Santamaría a los nacionalistas y diputados de la izquierda parlamentaria contrarios a la reforma. "La reforma es imprescindible para la recuperación económica, la respuesta más oportuna para la convulsión financiera que hemos vivido", dijo la portavoz 'popular' desde la tribuna. Sáenz de Santamaría, además, advirtió a los nacionalistas de que "dejar al arbitrio de cada comunidad autónoma el límite de su déficit, es dejar 17 límites que difícilmente cuadran", A su vez, el portavoz socialista, José Antonio Alonso, la urgencia de la modificación constitucional responde a la "necesidad de garantizar la estabilidad y la sostenibilidad del estado del bienestar", que, en su opinión, "se encuentra en peligro". "La reforma", para los socialistas", "no puede permitirse dilación alguna", dijo. Al margen de la "grave" situación económica por la que atraviesa el país y el peligro de que nuevamente los ataques financieros contra la deuda soberana pongan en solfa la solvencia económica de España, ninguno de los dos grandes partidos manejaron más argumentos, y sus razones y sus llamamientos a la reflexión y a la responsabilidad hicieron poca mella en los restantes grupos. Convergencia i Unió, la formación política a la que PSOE y PP intentaron convencer hasta el último minuto para evitar un frente de guerra contra de la reforma de la Carta Magna, aseguró que se siente "expulsada" de la Constitución. Y todas las formaciones minoritarias, a excepción de UPN, compartieron y expresaron esa misma sensación. Las críticas y acusaciones se desataron contra los dos grandes partidos, PP y PSOE. A la amargura expuesta por el portavoz de CiU, Sánchez Llibre, se sumó el malestar abierto del resto de las formaciones pequeñas. El BNG acusó a populares y socialistas de "sacrificar la democracia, la soberanía popular y el autogobierno de las Comunidades Autónomas, todo ello aceptando el chantaje de los especuladores". Uxue Barkos, de Nafarroa Bai, calificó la reforma, tal y como se ha llevado a cabo, de "absolutamente vergonzosa". "Es una reforma", ha dicho, "no de consenso, sino de exclusión". La portavoz de UPyD, Rosa Díez, también fue muy dura. Acusado a PP y PSOE de "perpetrar" un ataque en toda regla contra la Carta Magna. "Hay que reformar la Constitución", ha dicho, "para protegerla de ustedes"."Ustedes han expropiado la Constitución y la democracia española al negarnos a los restantes grupos el derecho a participar". Díez, anunció la intención de su formación de acudir al Tribunal Constitucional "en amparo", para "defender el derecho a la participación política", que, a su entender, PSOE y PP han cercenado en esta ocasión. Para ERC, la reforma es sencillamente "deleznable", además de "antidemocrática, antisocial y centralista". Para ERC se trata de "una reforma letal, un nuevo golpe de Estado constitucional". IU-ICV también mostró su "indignación" por la inadmisión de plano de la enmienda a la totalidad que habían presentado. "El procedimiento que han empleado ustedes", ha asegurado Nuria Buenaventura, "convierte la reforma en ilegítima e inconstitucional". "Esto", ha añadido, "es una involución democrática", dijo. Los nacionalistas vascos por boca de Josu Erkoreka acusaron a los dos grandes partidos de "manipular" las normas y los procedimientos y de llevar a cabo algo tan importante como una modificación de la Carta Magna "en secreto y a puerta cerrada" negando al resto de las formaciones políticas y a los ciudadanos la mínima participación.
El texto propuesto a los nacionalistas catalanes, el que más atención había supuesto, planteó que los parlamentos autonómicos pudieran solicitar directamente al Congreso autorización para superar el límite de déficit en casos "excepcionales, como en catástrofes naturales", si bien, en ningún caso las comunidades podrían fijar limites de déficit y estructural por encima del techo del 0,4% que se fijará por ley orgánica, tal y como pretendía CiU. Sánchez Llibre (CiU) que intervenía en lugar de Duran Lleida, manifestó que PP y PSOE "han agredido" a su formación política "en las formas y el fondo", y que quieren evitar "que el PP y el PSOE se apropien de la Constitución, y adopten posiciones radicales". CiU está de acuerdo en que "no se puede gastar más de lo que se ingresa", y que "ciertas cuestiones vengan marcadas por la UE. Las ocho enmiendas de CiU, sobre las que resultó imposible conseguir un acuerdo, defendieron que sean los parlamentos autonómicos, y no el nacional, como consta en la propuesta de reforma constitucional del PSOE-PP, los que tengan la última palabra en las decisiones que afecten al déficit de las comunidades autónomas.
Mientras todo eso sucedía en el Congreso, el Movimiento 15M decidió esperar a los diputados a su llegada al Congreso desde las siete y media de la mañana. El edificio y la zona, fuertemente protegido, estuvo rodeado por un cordón policial, por lo que los indignados se tuvieron que dar cita a unos metros de la entrada de la Cámara. Al grito de "ahora no es Tejero, son Rajoy y Zapatero", los indignados marcharon el jueves entre Atocha y la plaza de Neptuno para protestar por lo que llaman "mercadocracia", que como denuncian, habría suplantado a la democracia.
Finalmente, se impuso la aritmética parlamentaria, como se supone que sucederá en el Senado, y el nuevo artículo 135 pasará a formar parte de la Constitución vigente.