APORTACIONES DE DURÁN A LA REFORMA
Tras haberse negado a votar en el pleno que debatió la reforma constitucional, CiU tiene previsto presentar a lo largo de este jueves un paquete de enmiendas, una decena, al texto de reforma constitucional del artículo 135 que pone techo al déficit del Estado y limitará el gasto público. Los convergentes de Durán aspiran a introducir una garantía para que las comunidades autónomas tengan la potestad de fijar su propio techo de gasto, con una referencia a la limitación del déficit fiscal territorial. El paquete de enmiendas, incluirá otra sobre la necesidad de limitar la solidaridad entre comunidades. Se trata de una referencia a la voluntad del partido que gobierna la Generalitat de recortar el déficit fiscal de Cataluña con el Estado. Esta enmienda no incluye una cifra concreta de límite de déficit fiscal. Recordemos que durante los anteriores trámites de este proyecto “urgente”, Durán criticó duramente las maneras empleadas para alcanzar el consenso entre PP y PSOE y las calificó de "chapuza" y de ruptura del espíritu constitucional. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Durán i Lleida, había anunciado el martes en la Cámara baja que su partido presentaría enmiendas a la iniciativa pactada entre el PSOE y el PP. Uno de sus puntos básicos consistirá en establecer un límite a la solidaridad interterritorial en la Constitución, tal y como sucede en el modelo constitucional alemán. CiU confirmó a última hora de ayer que este jueves hará pública la enmienda, antes del límite de plazo de las dos de la tarde.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, ha intentado rebajar esa irritación de CiU por la tramitación de la reforma constitucional. Este miércoles dijo Zapatero que CiU "está de acuerdo con el fondo" de la reforma, y que sólo existen "discrepancias en torno a su configuración normativa", al tiempo que pedía "no abusar de los adjetivos en los discursos políticos". El jefe del Ejecutivo apuntó que habría diálogo, pero también advirtió de que "algunas de las cosas que proponen, son difíciles de incorporar en este proceso. No sé si en la ley orgánica habrá espacio", dijo. Fuentes de la federación nacionalista de CiU aseguran que tanto el PSOE como el PP son conocedores de los cambios que plantea CiU a la reforma del texto constitucional. Aunque, a la espera de la respuesta de PP y PSOE, CiU ya ve escaso margen y pocas esperanzas para que se acepten sus reclamaciones. Otros partidos catalanes discrepantes de la reforma, como ICV-EUiA y ERC, han reclamado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que convoque a principios de la próxima semana un pleno extraordinario monográfico para que el Parlament pueda pronunciarse sobre la reforma de la Constitución.
El interés especial del PSOE por incorporar a CiU al consenso se debe a que el partido nacionalista catalán participó en el pacto que dio origen a la Constitución de 1978. No lo hicieron, sin embargo, la inmensa mayoría de los partidos que rechazan la reforma, que o bien no existían o no la apoyaron, como es el caso del PNV, que se abstuvo, o ERC, que votó en contra. A esa participación constitucional y a la moderación de la que ha hecho gala CiU durante su trayectoria política desde el inicio de la democracia, apeló Rodríguez Zapatero, en una rueda de prensa en la Moncloa, para tratar de incorporar a la formación al consenso de la reforma constitucional. El presidente confía en que "se imponga el sentido de la responsabilidad" de CiU "en un momento tan decisivo para el futuro de España", en alusión a la importancia de la reforma constitucional sobre la estabilidad presupuestaria como impedimento ante el riesgo de futuras convulsiones financieras. "Espero que la moderación, que es una de las señas de gala que exhibe (CiU), se mantenga dentro de lo que es y puede ser la legítima discrepancia", dijo. Zapatero también hizo esta apelación especial porque CiU no presenta objeciones de fondo al contenido del acuerdo, en la medida que comparte la constitucionalización de la estabilidad presupuestaria. De hecho, CiU pertenece al mismo grupo parlamentario europeo que la canciller alemana, Angela Merkel, impulsora de la incorporación de la estabilidad presupuestaria a la Constitución y que el miércoles alabó la iniciativa de reforma impulsada por el Gobierno socialista español. Pero no se le presenta nada fácil a los socialistas la incorporación del partido catalán al consenso por sus discrepancias sobre el encaje normativo de la propuesta. El propio Zapatero, admitió las dificultades de la negociación con CiU. A juicio del presidente, no es correcta la discrepancia con su interpretación de CiU sobre el impacto negativo de la reforma constitucional en el autogobierno y la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Zapatero insistió en que la reforma constitucional que se votará el viernes en el Congreso no tiene nada que ver con la distribución territorial de poder, como se quejó Durán durante el debate del martes. Se trata, dijo el presidente del Gobierno, de "llevar lo que ya hay en la ley, en referencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2006, a la Constitución, para hacer más fuerte y sólido el principio de estabilidad presupuestaria, que es una buena regla y un mandato para el funcionamiento del conjunto de las administraciones públicas".
El presidente del Gobierno precisó que la dificultad de negociación con CiU radica en "algunas cosas" que "resultan difíciles de incorporar en este proceso de reforma", refiriéndose a la exigencia del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Durán i Lleida, expresada durante el debate de toma en consideración del pasado martes en el Congreso, de que se rompa el corsé de los límites de endeudamiento y déficit para las comunidades autónomas que marcan el artículo 135 de la Constitución reformado y, sobre todo, la ley orgánica que lo desarrollará. Este nuevo artículo 135 de la ley fundamental señala que "el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea". Y añade que "una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido por el Estado y las comunidades autónomas, en relación con su PIB". La ley orgánica que desarrolla la reforma constitucional precisa en un 0,4% el déficit estructural global máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2010. Y a las comunidades autónomas les exige que no superen el 0,14% de su PIB. Asimismo, el punto 3 del artículo 135 de la Constitución añade que el Estado y las comunidades autónomas habrán de estar autorizadas por ley para emitir deuda o contraer crédito.
Zapatero, dejó abierta la puerta a una negociación en el futuro que permita la incorporación de los nacionalistas catalanes al consenso. En su opinión, CiU podrá tener algún espacio en el posterior desarrollo legislativo, que "tendrá un trámite de diálogo y negociación", en clara referencia a la ley orgánica que desarrolla el artículo 135 de la Constitución reformado.
No hay duda: Durán y sus convergentes no se han resignado a ser los ausentes de la reforma…
jueves, 1 de septiembre de 2011
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