CASCOS ROMPE CON EL PP DE RAJOY.- En la última semana del año recién concluido se han producido dos notables bofetadas del equipo de Rajoy, y de Rajoy mismo -se supone-, a la vieja guardia de su propio partido, representados básicamente por los aznaristas. Primera bofetada: la felicitación de Navidad, en la que aparecen., por parte de la dirección del PP, rodeando a Rajoy, las fotos de sus principales colaboradores y portavoces en distintas cámaras nacionales o europeas: Hospeda, Santamaría, Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja… Con no ocas sorpresas para muchos observadores, aparecen también algunos otros personajes, como Ana Mato o el alcalde de Madrid, Ruiz Gallardón, miembro del comité de dirección del PP, ciertamente, pero también rival bien conocido de la ausente Esperanza Aguirre. Creen los mencionados analistas que es una apuesta clara de Rajoy por el alcalde para la hipótesis de que llegara al Gobierno, por más que la extraordinaria deuda acumulada por el ayuntamiento de Madrid rompe el buen cartel del alcalde.
La segunda bofetada, es la que el propio equipo de Rajoy, y se supone que Rajoy mismo, dejaron caer sobre Alvarez Cascos y sus aspiraciones para ser el candidato del PP a la presidencia de la Comunidad asturiana. Cabe recordar Cascos fue “el general secretario” del PP en tiempos de Aznar, así como vicepresidente y ministro de Fomento del propio Aznar. Pero sus huellas en el Partido no han sido las más deseables. Todavía muchos recuerdan sus malos modales en la relación personal y conducta dictatorial. Cascos, sin embargo, contaba para esta nueva recuperación en la política con las mejores referencias expresadas por José María Aznar o Esperanza Aguirre, dos de las cabezas visibles más noticias del “anterior equipo”, al que se enfrentaron, en el Congreso de Valencia, el equipo de Rajoy y Rajoy mismo.
Hasta el último momento, hubo serias dudas de que Rajoy terminara accediendo a las aspiraciones de Cascos, pero parece que ha sido muy sostenido y su equipo de “íntimos”, Cospedal y Santamaría, particularmente, a quienes Cascos no parece ser “danto de su devoción”, como suele decirse. De ahí que, contra muchos pronósticos, y también para salvar la paz regional, en el PP asturiano, Rajoy y los suyos optaron por no atender las aspiraciones de Cascos, y en cambio, designar candidata a una perfecta desconocida, y de capacidades políticas no excepcionales, llamada Isabel Pérez Espinosa, cuya candidatura aprobó el comité nacional electoral de los Populares. Pérez Espinosa cree saber, o se imagina, que Alvarez Cascos se unirá a quienes apoyen su candidatura, aunque otros muchos en el partido dan por hecho un alejamiento del exsecretario general y exvicepresidente, a quien los suyos no han querido admitir en su regreso a la política “pro bono pacis”, por el bien de la paz local en el PP asturiano. De hecho, sólo dos días después de que el Partido Popular frenara su deseo de aspirar a la Presidencia del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos ha presentado presentaba, en la mañana de este sábado, primero de enero, su baja como afiliado en el Partido Popular. El ex ministro y ex secretario general del PP ha entregado una carta dirigida a Mariano Rajoy en la sede del partido en Génova. En el escrito, al que ha tenido acceso el diario 'El Comercio', Cascos explica que ha tomado esta decisión "al no recibir el amparo solicitado reiteradamente al órgano competente ante los menosprecios, descalificaciones e insultos que me dirigieron otros militantes, cobijados con el membrete oficial del PP de Asturias, impunemente, sin otro pretexto que el de haber manifestado mi disponibilidad para encabezar la candidatura a las próximas elecciones autonómicas". Queda bien a las claras el profundo enfado del “exgeneral secretario” a quienes hoy rigen el partido que él mandó en otros tiempos…
BLANCO APOYA LA CANDIDATURA DE ZAPATERO.- Como cabía suponer, la controversia sobre si Zapatero será o no el candidato del PSOE en las elecciones generales de 2012, fue cuestión a debate en la parte final d e 2010, y sigue siendo motivo para el debate en el año nuevo, 2011. Este viernes, el ministro de Fomento, José Blanco, ha comenzado el nuevo año con un nuevo gesto de apoyo al presidente del Gobierno en medio de la incertidumbre sobre si repetirá o no como candidato socialista en las próximas elecciones generales de 2012. El nombre de Blanco se barajaba como uno de los elegidos por el secretario general del PSOE para guardar su secreto sobre si será o no cabeza de lista cuando anunció a los periodistas en la copa de Navidad que ya había tomado una decisión al respecto y que sólo una persona de su partido la conocía. Preguntado sobre si era o no esa persona de confianza y si conoce la decisión de Zapatero, Blanco ha asegurado que no lo sabe, pero que "aunque lo supiera tampoco lo diría". En lo que sí ha sido contundente es en mostrar, una vez más, su respaldo al presidente como candidato. A su juicio, es "el mejor activo" del PSOE y ha asegurado que "la mejor noticia que podría dar" es que repita como candidato en las próximas elecciones generales. En una entrevista difundida este viernes en la Cadena Ser, Blanco ha manifestado su "gratitud infinita" hacia Zapatero y ha señalado que cuando anuncie su decisión sobre si será o no el candidato del PSOE estará a su lado apoyándole. El ministro se ha mostrado convencido de que los socialistas van a "revalidar" y "ampliar" sus resultados en las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo, aunque ha rechazado que vayan a ser "determinantes" en la decisión de Zapatero. El titular de Fomento ha insistido en que el jefe del Ejecutivo es "un activo muy importante" del PSOE y ha considerado que "tomará la mejor decisión para el partido socialista". Blanco no ha querido pronunciarse sobre si apoyaría una eventual candidatura del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el caso de que finalmente Zapatero decida no repetir, al asegurar que todavía trabaja con la hipótesis de que el presidente del Gobierno se presente. En cuanto a si este año puede ser el fin de ETA, el ministro ha señalado que la banda terrorista está más débil que nunca y se ha mostrado seguro de que 2011 "va a ser determinante para seguir avanzando hacia la derrota final".
Nadie duda en el PSOE, de la fuerza que tiene y ejerce el actual ministro de Fomento, y anterior secretario de organización del PSOE, así como la confianza que goza del presidente Rodríguez Zapatero. Pero también es conocido el control que ejerce sobre algunos otros “barones” del partido, como el manchego Barreda, que ha reclamado que, para que Zapatero vuelva a ser candidato, deberían someterse a alguna clase de elecciones primarias en el seno del PSOE. No se sabe de nadie en el partido que esté dispuesto a competir con Zapatero, si éste mostrara su propósito de intentar una tercera legislatura en la Moncloa…
MERKEL Y SARKOZY APUESTAN POR EL EURO.- Al término de un año en el que, como consecuencia de la crisis económica, el euro se ha vito seria y repetidamente vapuleado por ese ente anónimo pero feroz llamado ”los mercados”, las dos principales autoridades de la Unión Europea, la canciller Merkel y el presidente Sarkozy, han sido coincidentes en su defensa de la moneda única europea. Y ambos lo han hecho en el discurso de fin de año, que es tradicional que pronuncien los jefes de estado y de gobierno de las distancias naciones e incluso, en nuestro país, Comunidades Autónomas. Por ejemplo, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, ha unido su voz este viernes a la de la canciller alemana, Angela Merkel, para pedir a sus compatriotas confianza en la economía europea, tras las operaciones de rescate financiero a Grecia e Irlanda, en las que Alemania ha sido el principal contribuidor. "No crean, queridos compatriotas, a aquéllos que sugieren que deberíamos dejar el euro... El fin del euro sería el fin de Europa", ha afirmado Sarkozy en su mensaje televisado de fin de año. "Lucharé con todas mis fuerzas contra estos retrocesos que podrían deshacer 60 años de construcción europea que trajeron paz y fraternidad al continente", ha agregado. Sarkozy también ha asegurado que no dejará que Francia siga el camino de otros países europeos que han sufrido crisis de deuda este año, y ha prometido que mantendrá los planes de mejorar la finanzas estatales.
Sus declaraciones se han producido mientras los alemanes escuchaban por televisión el discurso de Merkel, ya adelantado el jueves Un discurso para despedir el 2010 en el que la canciller afirma que "Alemania necesita a Europa". Con la misma idea de Sarkozy, la canciller muestra su decidida apuesta por el euro y pide a los ciudadanos que sigan su ejemplo pese a la gran desconfianza generada tras los rescates. "Europa se encuentra estos meses en medio de una prueba crucial. Debemos reforzar el euro. No se trata sólo de nuestro dinero. El euro es más que una divisa", explica Merkel. Y añade: "Una Europa unida garantiza nuestra paz y nuestra libertad. El euro es la base de nuestra prosperidad". La canciller, que en los últimos meses ha recibido duras críticas en Europa por sus posiciones intransigentes en la política económica común, suaviza con este mensaje su imagen exterior y anima a su país a confiar en la UE. Según una encuesta publicada el lunes en el diario Bild, el 51% de los alemanes está descontento con el euro, frente a un 44% que se declara satisfecho. Además, el 49% desea el regreso del marco, mientras que el 41% lo rechaza. El Bundesbank calcula que los alemanes todavía guardan el equivalente a 6,9 billones de euros en la que fuera su moneda nacional, a pesar de que todavía pueden canjearla de forma gratuita en cualquiera de las 47 sedes que posee la entidad en todo el país.
En nuestro país, José Luis Rodríguez Zapatero también hizo referencia, en su comparecencia del jueves, al término del Consejo de Ministros, a las dificultades que ha pasado el euro en el. último año. “Por cambiar de año no desaparecen las tensiones en la zona euro”, advirtió, y añadió que España no está a cubierto de nuevas convulsiones financieras. “Hay que estar con las alertas puestas ante las tensiones financieras, que no han desaparecido. Todas las medidas de transparencia, de gestión y de reforma son imprescindibles.”, dijo. Y añadió que España está fuerte para evitar cualquier riesgo sobre la necesidad de financiarse. Zapatero también dijo que los dos primeros trimestres del año serán decisivos para que se consolide el sistema financiero, mejore su solvencia y credibilidad y quede definido el nuevo tamaño del sector. Y admitió que en 2010 se ha pasado de la recesión a la recuperación, porque los últimos cuatro trimestres ha habido leve crecimiento, si bien se tardará cinco años en hacer frente a los desequilibrios del país. Pero la creación de empleo se producirá en 2011 y será entonces cuando pueda certificarse una recuperación.
JAMÓN, VINO, QUESOS, ACEITE Y CÍTRICOS.-El jamón ibérico, el vino, el queso manchego, el aceite de oliva y los cítricos conforman el top 5 entre los alimentos españoles más vendidos en el exterior. Además, las Navidades son un periodo especialmente importante para la exportación de los alimentos de nuestro país, con ventas que suponen hasta el 43% del total anual en productos como el jamón. Menos estacional, pero igualmente exitoso es el caso del aceite de oliva, que ha incrementado sus exportaciones en un 22% respecto a 2009 según datos del Grupo de Análisis de Mercados del Consejo Asesor de la Agencia para el Aceite de Oliva o el del vino de Rioja, con el que AGR ha logrado importantes hitos para potenciar el consumo en los mercados mexicano y suizo. Mateo Blay, Presidente del Grupo AGR, cree que gracias a estas exitosas campañas de marketing los productos españoles pueden igualar o incluso superar otros bien posicionados a nivel internacional como los franceses o los italianos. Otro alimento con un claro potencial exportador que ha demostrado ya su éxito en el mercado nacional es el Plátano de Canarias, para el que AGR está trabajando en la búsqueda de países y targets objetivos, después de haber logrado una preferencia del 87% entre población en España frente a competidores como la banana sudamericana o africana. AGR, agencia de marketing y comunicación especializada en el sector agroalimentario, cierra sus cuentas de 2010 con un incremento en su facturación del 40% gracias a su éxito en la internacionalización de alimentos españoles, que supone ya el 65% de sus ingresos. Los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que apuntan a una facturación exterior de la industria agroalimentaria española del 15% del total demuestran que la exportación es un factor clave para la industria alimentaria de nuestro país, con un constante incremento durante los últimos años. AGR ha sido y sigue siendo la única agencia de publicidad española especializada en exclusiva en campañas de promoción agroalimentaria. Con productos como el jamón ibérico –a través de su cliente la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico- y la marca Bouquet de Anecoop entre sus últimos clientes, entre sus proyectos actuales están las campañas de los aceites de oliva españoles en Europa –a través de la Interprofesional del Aceite-, las del vino de Rioja en Suiza y México, las del fresón de Huelva en Francia y la del Plátano de Canarias bajo el programa RUP. AGR es una agencia de marketing y comunicación especializada en el sector agroalimentario con más de 20 años de experiencia y una facturación de 8.575.000 euros en 2009. Desde hace 10 años está integrada en la red mundial de Publicis Groupe, presente en 55 países, grupo con el que participan a nivel accionarial en Zenithbrmedia. Sus previsiones de facturación para 2010 alcanzan los 12 millones de euros.
UN AÑO HORRIBLE PARA LOS FARMACÉUTICOS.- “Un año horribilis”. Así define Asefarma los últimos 365 días que los farmacéuticos españoles han tenido que sufrir. Y no es demagogia. Para una de las Asesorías de Farmacias líderes de nuestro país, los continuos recortes en el gasto sanitario han dañado mucho a un colectivo que siempre ha sido un motor económico y empresarial fundamental en nuestro país. “Desgraciadamente, teníamos razón cuando a principio de año comentábamos que la crisis, lejos de amainar se recrudecía y que éramos pesimistas respecto a medidas de recorte del gasto sanitario que podrían venir. El 2010 pasará a la historia como una de los peores en la vida de las farmacias. Los decretos 4 y 8/2010 han supuesto un fuerte varapalo económico para las farmacias, sumado todo ello al nuevo decreto de precios de referencia que entrará en vigor en marzo de 2011”, según comenta Carlos García Mauriño, socio director de Asefarma. Sin embargo Asefarma ve el vaso medio lleno en lo que está por venir en el 2011 y considera que con esfuerzo y tesón todo pasará. “Seguimos siendo optimistas respecto al futuro de las farmacias. Pero estas tienen que tener en cuenta que deben modernizarse, aplicar la gestión dinámica a su farmacia en sus diversos apartados (gestión d stock y compras, marketing, planes de fidelidad, robotización, etc). Aquellas que no estén dispuestas a ello, deben plantearse vender y obtener un justo fruto a tantos años de trabajo y esfuerzo”, añade dicho responsable. Además Asefarma pide medidas económicas específicas tanto para las farmacias rurales como para aquellas que atienden a núcleos de población muy pequeños. “Este tipo de oficinas realizan un verdadero servicio público y la mejora en la gestión puede no ser suficiente para ellas por su limitada facturación. Para estas farmacias, los poderes públicos deben plantearse medidas económicas que garanticen su supervivencia, fundamentales para mantener la extraordinaria calidad de nuestro sistema de salud”. Esta Asesoría considera que a pesar de los tiempos vividos, las ganas de que el engranaje de la Farmacia siga funcionando a todo ritmo, pueden con todo. “El mercado de compraventa de farmacias está muy activo actualmente y Asefarma dispone de una gran número de personas interesadas en adquirir farmacia, a las que les buscamos financiación y les proporcionamos todas las herramientas para el mejor aprovechamiento de la farmacia. Creemos que 2011 va a ser un año especialmente duro, pero en vez de quejarnos y hacernos las víctimas, tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y seguir adelante con la ilusión del primer día. Asefarma estará detrás de cada una de sus farmacias clientes para apoyarlas en el empeño”, finaliza Carlos García-Mauriño.
sábado, 1 de enero de 2011
viernes, 31 de diciembre de 2010
LA ÚLTIMA BATALLA DIALÉCTICA DE ZP Y RAJOY. LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS FUTUEAS PENSIONES. ETA REDUCE SU PRESENCIA EN FRANCIA
ZAPATERO Y RAJOY, SÓLO OTRA NUEVA BATALLA DIALÉCTICA.-. ¿Hay puntos de coincidencia entre el Jefe del Gobierno y en principal dirigente de la Oposición? Siempre hubo uno, sobre todos los demás, entre ambos políticos: Los dos consideran que las llaves del presente, y sobre todo del futuro, están y estarán en su poder. En algún momento pudo suponerse que Zapatero se veía poco menos que derrotado, pero sobre todo, por la reiterada expresión de los dirigentes del PP, que han dado por hecho el final de un Gobierno mucho antes de que llegara su tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva Rajoy reclamando elecciones anticipadas, elecciones ya, porque se ve como seguro sucesor y portador de las soluciones que requiere la Nación. De hecho, Rajoy siempre se creyó muy superior a Zapatero, y trató de convencer a todos los españoles de que así era. Durante toda la crisis, la estrategia de Rajoy consistió en hacer creer que todos los males eran consecuencia de un jefe del Gobierno inadecuado e incompetente, y que con él las cosas irían de otra manera, porque difícilmente se podían cometer tantos errores y torpezas. Y ahora mismo, esa es la situación que se vive entre ambos líderes y partidos, como ponían de relieve los correspondientes discursos de fin de año, en los que cada uno de los políticos apreciaba sus propias ventajas comparativas y los malos tiempos que inevitablemente traía consigo “el otro”. No hay duda de que Rajoy u sus colaboradores han llegado a verse encumbrados en el poder, no tanto por méritos propios sino por las torpezas del contrario. Y sin embargo, nada está decidido, como nada está predeterminado, y aún quedan muchos combates que librar, con resultado incierto. Una cosa es cierta, si en algún momento Zapatero pudo haber dado la imagen de que daba por concluido su itinerario político, en su balance de 2010 no fue ésa la sensación que transmitió, así como Rajoy, fiel a sí mismo, insistió una y otra vez en proclamar su hegemonía y la derrota del adversario.
Para empezar, el presidente del Gobierno, salía al paso ala gran acusación del PP, e incluso extendida por sus propias filas del PSOE, de que habría traicionado sus preocupaciones sociales, y proclamaba que su Ejecutivo ha sido el que "más ha mejorado las políticas sociales" en España, y anunciaba que comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentar un informe exhaustivo que lo demuestre. "Si algo caracterizará a la crisis económica, es el esfuerzo titánico que este Gobierno ha venido haciendo para mantener las grandes políticas sociales, los grandes pilares del estado de bienestar", decía Zapatero respondiendo "a los sectores que dicen que su Gobierno es el que más recortes sociales ha hecho". Según Zapatero se trata de un debate "de gran interés para la ciudadanía", en el que el Gobierno "pondrá sobre la mesa los datos de cómo ha evolucionado en los últimos siete años las políticas sociales" en educación, sanidad, pensiones, vivienda, ayuda a la familia, Salario Mínimo Interprofesional, y dependencia, e hizo hincapié en que el "gran objetivo" de las reformas estructurales emprendidas por el Ejecutivo es mantener la extensión y la evolución de los pilares fundamentales del estado de bienestar y las políticas sociales. "El estado del bienestar, sus fundamentos, han avanzado de una manera muy significativa desde 2004, muy poderosa. Se mantienen a pesar de la grave crisis económica y fiscal que hemos padecido", afirmó Zapatero, quien reiteró que "si algo" ha procurado "mantener" en esta crisis son los avances en políticas sociales. " >Nadie duda de que 2010 fue un año con muchas dificultades para el Gobierno y su jefe. Zapatero explicó que su peor momento político de este año fue el Ecofin de mayo y el decreto de recortes que ese mes se aprobó por un único voto de diferencia en el Congreso. "Nos la jugamos", dijo y añadió que si no se hubieran aprobado esas medidas (congelación de pensiones y recorte de sueldos públicos, entre otras), España viviría hoy una situación "extraordinariamente complicada". Dejó claro que "en ningún momento" se ha planteado dimitir porque "cuando las cosas son más difíciles hay que tener más sentido de la responsabilidad, más fuerza y más energía porque eso es imprescindible para tomar decisiones". "En mi caso es así, ha sido así y seguirá siendo así", ha añadido. Además, se mostró convencido de que el PSOE no va a sufrir una derrota 'monumental' en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, sobre todo porque, según recalcó, el PSOE es un partido "muy competitivo" y va a trabajar "fuertemente" ante esa cita. Zapatero afirmó que el primero y el segundo trimestres de 2011 serán decisivos para que se consolide el sistema financiero mejoren su solvencia y credibilidad e indicó que la reforma del sistema financiero se ha llevado a cabo en las fechas previstas, sobre todo en el ámbito de las cajas, para adaptarlo a un mercado más reducido que el anterior. Ahora mismo, la cuestión se llama jubilación a los 67 años. Zapatero quiere que esté totalmente en vigor en 2027. Este año culminaría un periodo transitorio en el que la edad legal de retiro iría aumentando progresivamente desde los 65 años actuales. Sobre la banda terrorista ETA ha vuelto a advertir que ya no valen "subterfugios, ni palabras gastadas". "No se trata de esperar o no esperar", dijo el jefe del Ejecutivo con relación a un posible comunicado de ETA en el que la banda anuncie un alto el fuego sobre el que se ha especulado recientemente. "Sólo esperamos de ETA el abandono definitivo de la violencia, el cese total y absoluto para siempre", ha insistido. Y que el Ejecutivo "mantendrá" su política antiterrorista hasta que ETA abandone algún día definitivamente la violencia. Y sobre las posibilidades de que la izquierda abertzale pueda concurrir a las elecciones si ETA no abandona el terrorismo, Zapatero ha dicho que el ordenamiento jurídico "es muy claro" sobre quiénes pueden constituirse en partido político y presentarse a unos comicios, y que el primer requisito es el rechazo de la violencia. "Pero eso hay que acreditarlo", ha añadido Zapatero, aunque, en cualquier caso, "la última palabra la tienen los tribunales". El presidente del Gobierno espera que la ley Sinde, que "evita las descargas ilegales" y "garantiza la propiedad intelectual" concite un consenso, "lo antes posible", "en el que puedan estar razonablemente la mayoría de las fuerzas políticas". . La "llamada ley Sinde, explicó, "se sitúa en una regulación equiparable a la de la mayoría de los países que han abordado esta cuestión" y "aunque es verdad que no prosperó parlamentariamente" le parece "muy significativa" la reacción al día siguiente de la mayoría de los partidos políticos y algunos comentarios editoriales. "Como diciendo -ha detallado- 'hombre, nosotros queremos hacer eso', o 'no queríamos que esa disposición no prosperase'. Garantizar la propiedad intelectual es propio de países avanzados. Hay que respetar los derechos de los internautas, cómo no, y se puede hacer y espero que lo hagamos".
En cuanto al balance de Rajoy, si 2009 ya le pareció malo, 2010 ha sido aún peor. El retrato económico, social e institucional de España que dibujó Mariano Rajoy ha sido un retrato en negro, sin color alguno de esperanza…, y con constantes atribuciones a Zapatero de todas las culpas: "Zapatero vaticinó que 2010 iba a ser el año de la recuperación progresiva y ha sido el año del agravamiento de la crisis". En análisis del PP se titula: "Balance del año 2010. Agravamiento de la crisis, agonía del Gobierno"- que explica, en cifras, cómo estábamos hace 12 meses y cómo estamos hoy.. Entre otras cosas, recuerda que, en diciembre de 2009, había 4,3 millones de parados y en diciembre de 2009, son 4,8 millones. Que, en diciembre de 2009, el 72% de los ciudadanos -según el CIS- tenía una valoración negativa de la situación económica de España y, en diciembre de 2010, el 76,5% ha hecho la misma apreciación. Que, en diciembre de 2009, la deuda de las administraciones públicas era de 560.622 millones de euros, y, en diciembre de 2010, ha subido hasta 611.198 millones... Y, así, varios epígrafes con todo tipo de materias que, en 12 meses, se han ido al traste. "Ha sido un año sin crecimiento económico, ha sido un año de subida de impuestos, -sin aclarar los faumentos decididos en algunas autonomías gestionadas por el PP- ha sido un año de recortes sociales, los mayores de la historia de la democracia", ha expresado el presidente del PP, para quien "las promesas del presidente del Gobierno se han quedado en palabras". Eso sí, quiso dejar una esperanza para sui propia colaboración: "Cuando hay cosas razonables las hemos apoyado", ha recordado, y ha dicho también que "el PP va a apoyar todo lo que sea bueno para el interés general de los españoles". "No les quepa duda de que estaremos a la altura de las circunstancias", ha añadido también. Y ha lanzado más guiños: que si "hemos hablado con el Gobierno y seguimos dispuestos a hablar", que si "hay algunos temas en los que es preciso el consenso", que si "en los grandes temas el Gobierno ha tenido el apoyo del PP»... Rajoy hizo estos planteamientos al Ejecutivo "de cara al futuro" con una seria de reformas que habría que emprender para "recuperar la confianza que el Gobierno ha dilapidado". Empezando por "lo más urgente": la reestructuración del sistema financiero. Rajoy dijo estar a favor de que las cajas de ahorros se agrupen y se conviertan en bancos. Y la reducción del gasto público y siguiendo con todo tipo de reformas: fiscal, laboral, energética y educativa. La única condición que puso Rajoy a Zapatero, es que no les pidan un apoyo "para una cosa y la contraria"., en referencia a medidas anunciadas por el Gobierno que o bien no se han llevado luego a la práctica o bien más adelante se han cancelado, como el cheque bebé. Pero sin olvidar el mensaje más veces repetido durante todo el año: Rajoy considera que "lo mejor" para los españoles sería que el Gobierno convocara elecciones generales "cuanto antes". Pero, si esta situación no se produce, -parece que ya se va haciendo a la idea de que Zapatero le planteará batalla en mayo de 2012, va a trabajar para que "la factura que el actual Gobierno pueda dejar a los españoles sea la menor posible".
EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LAS FUTURAS PENSIONES.- El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapartrero, y el principal dirigente de la Oposición, Mariano Rajoy, comparecieron al mediodía de este jueves, penúltimo día del mes y del año, para dar sus correspondientes versiones sobre el año que termina. Zapatero se refirió, sobre todo, a las tareas que su gobierno tiene por delante, mientras Rajoy insistía en descalificar al presidente por el pésimo año concluido. Para Zapatero, la principal incógnita de la reforma de las pensiones que está en marcha ya se ha despejado: Los españoles se jubilarán a los 67 años en 2027, según ha aclarado. Además, Zapatero detalló el plazo en que se irá elevando la edad: 15 años, entre 2013 y 2027. Teniendo en cuenta este periodo, si la reforma final se ajusta a los planes del Ejecutivo, el desplazamiento de la edad legal de jubilación desde los 65 años actuales a los 67 se producirá a un ritmo superior al mes y medio por año. Es decir, en 2013, la edad de jubilación se situará en 65 años y un mes y medio; en 2014, en 65 años y algo más de tres meses; y así sucesivamente hasta que en 2027 se alcance el objetivo final de 2027. El Ejecutivo mantiene la intención anunciada en enero de este año de retrasar la edad legal a los 67, así como los criterios que permitirán la jubilación anticipada para quienes tengan carreras largas de cotización (en principio más de 36 años, cifra que también irá creciendo de forma progresiva) y profesiones penosas. El anuncio ha llegado el día después de que el Pacto de Toledo concluyera su dictamen con el que tradicionalmente se consensúa el camino a seguir por el Gobierno en la reforma del sistema de pensiones. En esta ocasión, el consenso no ha sido posible. Y, de hecho, entre las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo se constata el desacuerdo de los grupos políticos para retrasar la edad legal de jubilación, algo inédito en las otras dos ocasiones (1995 y 2003) en las que el Pacto de Toledo emitió recomendaciones para una posterior reforma. Pese a ello, para el presidente, las conclusiones de este órgano son "de máximo interés", y ha adelantado que el debate proseguirá antes y después de que el Gobierno envíe su proyecto de ley al Parlamento el 28 de enero. Zapatero, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, insistió en que actualizar el sistema es una "reforma imprescindible" con un objetivo claro: que el gasto en pensiones a partir de 2025 esté en la media europea. Dentro de 15 años, ha explicado, España gastará en jubilaciones tres puntos del PIB más que el resto de países de la UE por su particular evolución demográfica y el retiro de las generaciones del llamado baby boom. "Va a haber muchas más personas cobrando pensión. Por tanto, para que el gasto público no se dispare y se convierta en insostenible, hay que tomar medidas hoy. También para que la reforma sea progresiva y no haya que hacerla en 2020 de forma brusca", ha insistido antes de volver a tender la mano a los grupos de la oposición y sindicatos para debatir la reforma.
Durante su comparecencia, Rodríguez Zapatero, proclamóque su Ejecutivo ha sido el que "más ha mejorado las políticas sociales" en España y ha anunciado que comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentar un informe exhaustivo que lo demuestre. "Si algo caracterizará a la crisis económica, es el esfuerzo titánico que este Gobierno ha venido haciendo para mantener las grandes políticas sociales, los grandes pilares del estado de bienestar", manifestó. Zapatero respondía de este modo "a los sectores que dicen que su Gobierno es el que más recortes sociales ha hecho"."Proclamo y vamos a demostrar que éste es el Gobierno que más ha mejorado las políticas sociales", aseguró el jefe del Ejecutivo quien añadió que, para ello, el Consejo de Ministros ha decidido solicitar su comparecencia ante el pleno del Congreso.El objetivo de esta comparecencia, ha continuado Zapatero, es "evaluar y analizar" la evolución de las políticas sociales en el estado de bienestar en los últimos años, así como las perspectivas de futuro del estado de bienestar. Zapatero recalcó que se trata de un debate "de gran interés para la ciudadanía", en el que el Gobierno "pondrá sobre la mesa los datos de cómo ha evolucionado en los últimos siete años las políticas sociales" en educación, sanidad, pensiones, vivienda, ayuda a la familia, Salario Mínimo Interprofesional, y dependencia. El presidente ha dicho que establecerá durante esa comparecencia los objetivos y prioridades del Gobierno en esta materia, para lo que elevará un "informe exhaustivo" sobre su evolución, el momento actual y "la perspectiva de futuro". "Sin duda alguna es el objetivo fundamental del Gobierno que presido", insistió Zapatero, quien hizo hincapié en que el "gran objetivo" de las reformas estructurales emprendidas por el Ejecutivo es mantener la extensión y la evolución de los pilares fundamentales del estado de bienestar y las políticas sociales. "El estado del bienestar, sus fundamentos, han avanzado de una manera muy significativa desde 2004, muy poderosa. Se mantienen a pesar de la grave crisis económica y fiscal que hemos padecido", aseguró Zapatero, quien añadió que "si algo" ha procurado "mantener" en esta crisis, son los avances en políticas sociales. "El proyecto, las políticas y la coherencia son los datos. Y los datos son contundentes", ha concluido.
José Luis Rodríguez Zapatero no quiso desvelar la incógnita de si se presentará o no a las reelección en las elecciones generales de 2012. "No es el lugar ni el momento", zanjó. El presidente fue preguntado directamente si se va a presentar o no a las próximas elecciones generales, incluso los periodistas insistieron sin obtener respuesta. Se le preguntó entonces si mantener esta incertidumbre no puede perjudicar las reformas que el Gobierno plantea para España: "No tienen nada que ver cuestiones que afectan a otro lugar y otro momento con la acción del Gobierno, que adopta decisiones", dijo.Explicó que su peor momento político de este año fue el Ecofin de mayo y el decreto de recortes que ese mes se aprobó por un único voto de diferencia en el Congreso. "Nos la jugamos", sentenció, recalcando que si no se hubieran aprobado esas medidas (congelación de pensiones y recorte de sueldos públicos, entre otras), España viviría hoy una situación "extraordinariamente complicada". Ahora bien, ha dejado claro que "en ningún momento" se ha planteado dimitir porque "cuando las cosas son más difíciles hay que tener más sentido de la responsabilidad, más fuerza y más energía porque eso es imprescindible para tomar decisiones". "En mi caso es así, ha sido así y seguirá siendo así", añadió, y se mostró convencido de que el PSOE no va a sufrir una derrota 'monumental' en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, sobre todo porque, según ha recalcado, el PSOE es un partido "muy competitivo" y va a trabajar "fuertemente" ante esa cita. Dijo luego que el primero y el segundo trimestres de 2011 serán decisivos para que se consolide el sistema financiero, mejore su solvencia y credibilidad. Zapatero indicó que la reforma del sistema financiero se ha llevado a cabo en las fechas previstas, sobre todo en el ámbito de las cajas, para adaptarlo a un mercado más reducido que el anterior. A este respecto, indicó que el proceso de reestructuración de las cajas se completó el pasado viernes, pero añadió que la tarea aún no ha concluido, ya que estas entidades deben elevar sus niveles de transparencia, "con el respaldo pleno del Gobierno". Advirtió también que las tensiones que afectan a los mercados financieros de la zona euro aún no han desaparecido, pero que España "está fuerte" y actuará con "determinación" para evitar que cualquier riesgo pueda mermar la capacidad de financiación del país. "No podemos ser tan ingenuos como para pensar que por el simple hecho de cambiar de año van a desaparecer las tensiones", subrayó .Asimismo, Zapatero advirtió a la banda terrorista ETA de que ya no valen "subterfugios, ni palabras gastadas". "No se trata de esperar o no esperar", ha dicho con relación a un posible comunicado de ETA en el que la banda anuncie un alto el fuego sobre el que se ha especulado recientemente. "Sólo esperamos de ETA el abandono definitivo de la violencia, el cese total y absoluto para siempre", ha insistido Zapatero. Agregó que el Ejecutivo "mantendrá" su política antiterrorista hasta que ETA abandone algún día definitivamente la violencia. Lo único que puede tener valor, para el presidente, es el "fin absoluto, incuestionable de la violencia terrorista". "Es lo único que el Gobierno escuchará y la sociedad española en su conjunto", ha afirmado el presidente, mientras en la primera fila de la sala de prensa de Moncloa el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asentía sus palabras. Preguntado por las posibilidades de la izquierda abertzale de concurrir a las elecciones si ETA no abandona el terrorismo, Zapatero dijo que el ordenamiento jurídico "es muy claro" sobre quiénes pueden constituirse en partido político y presentarse a unos comicios y que el primer requisito es el rechazo de la violencia. "Pero eso hay que acreditarlo", ha añadido Zapatero, aunque, en cualquier caso, "la última palabra la tienen los tribunales". El presidente del Gobierno espera que la ley Sinde, que "evita las descargas ilegales" y "garantiza la propiedad intelectual" concite un consenso, "lo antes posible", "en el que puedan estar razonablemente la mayoría de las fuerzas políticas". Hay que regular este tema. Garantizar la propiedad intelectual es propio de países avanzados. Hay que respetar los derechos de los internautas, cómo no, y se puede hacer y espero que lo hagamos".
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró que su partido va a apoyar al Gobierno en todo lo que sea bueno para el interés general de los españoles porque España no se puede permitir que 2011 sea otra vez un año perdido y ha asegurado que estarán a la altura de las circunstancias. En una rueda de prensa, la primera en todo el año que hace desde la sede del PP en Madrid, en la que ha hecho balance del año 2010, Rajoy se mostró convencido de que "hace falta un profundo cambio en España" para que todo pueda mejorar, sobre todo después de "muchos años de inacción" o de "ir en direcciones equivocadas". A juicio de Rajoy "no hay confianza posible cuando la crisis no se explica" y se "reacciona con medidas inconcretas o atropelladas o impuestas desde fuera". El líder popular se mostró convencido de que España puede mirar al futuro con confianza porque existen "recursos humanos" y hay un capital construido en las últimas décadas de andadura democrática y una sociedad fuerte que "no se resigna a la decadencia". En este sentido, subrayó que en España hay "buenos emprendedores, excelentes empresas" y ha comentado que las cosas funcionan "cuando hay un gobierno que genera las condiciones necesarias, como se ha demostrado recientemente", en referencia a los años de Gobierno de su partido. Para el presidente del PP, 2010 ha sido "el año de los recortes sociales" y ha recordado que hace un año el jefe del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, manifestó que este año sería el de la recuperación económica. Según ha dicho, sus promesas se han quedado "en palabras" como "tantas otras veces". "Ha sido el año en que más españoles han perdido su puesto de trabajo, en el que han subido los impuestos, el año de los recortes sociales. Ha sido el año de mayores dificultades para las familias y en el que se ha cuestionado nuestra deuda pública", ha afirmado, para añadir que el año
EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LAS FUTURAS PENSIONES.- El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapartrero, y el principal dirigente de la Oposición, Mariano Rajoy, comparecieron al mediodía de este jueves, penúltimo día del mes y del año, para dar sus correspondientes versiones sobre el año que termina. Zapatero se refirió, sobre todo, a las tareas que su gobierno tiene por delante, mientras Rajoy insistía en descalificar al presidente por el pésimo año concluido. Para Zapatero, la principal incógnita de la reforma de las pensiones que está en marcha ya se ha despejado: Los españoles se jubilarán a los 67 años en 2027, según ha aclarado. Además, Zapatero detalló el plazo en que se irá elevando la edad: 15 años, entre 2013 y 2027. Teniendo en cuenta este periodo, si la reforma final se ajusta a los planes del Ejecutivo, el desplazamiento de la edad legal de jubilación desde los 65 años actuales a los 67 se producirá a un ritmo superior al mes y medio por año. Es decir, en 2013, la edad de jubilación se situará en 65 años y un mes y medio; en 2014, en 65 años y algo más de tres meses; y así sucesivamente hasta que en 2027 se alcance el objetivo final de 2027. El Ejecutivo mantiene la intención anunciada en enero de este año de retrasar la edad legal a los 67, así como los criterios que permitirán la jubilación anticipada para quienes tengan carreras largas de cotización (en principio más de 36 años, cifra que también irá creciendo de forma progresiva) y profesiones penosas. El anuncio ha llegado el día después de que el Pacto de Toledo concluyera su dictamen con el que tradicionalmente se consensúa el camino a seguir por el Gobierno en la reforma del sistema de pensiones. En esta ocasión, el consenso no ha sido posible. Y, de hecho, entre las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo se constata el desacuerdo de los grupos políticos para retrasar la edad legal de jubilación, algo inédito en las otras dos ocasiones (1995 y 2003) en las que el Pacto de Toledo emitió recomendaciones para una posterior reforma. Pese a ello, para el presidente, las conclusiones de este órgano son "de máximo interés", y ha adelantado que el debate proseguirá antes y después de que el Gobierno envíe su proyecto de ley al Parlamento el 28 de enero. Zapatero, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, insistió en que actualizar el sistema es una "reforma imprescindible" con un objetivo claro: que el gasto en pensiones a partir de 2025 esté en la media europea. Dentro de 15 años, ha explicado, España gastará en jubilaciones tres puntos del PIB más que el resto de países de la UE por su particular evolución demográfica y el retiro de las generaciones del llamado baby boom. "Va a haber muchas más personas cobrando pensión. Por tanto, para que el gasto público no se dispare y se convierta en insostenible, hay que tomar medidas hoy. También para que la reforma sea progresiva y no haya que hacerla en 2020 de forma brusca", ha insistido antes de volver a tender la mano a los grupos de la oposición y sindicatos para debatir la reforma.
Durante su comparecencia, Rodríguez Zapatero, proclamóque su Ejecutivo ha sido el que "más ha mejorado las políticas sociales" en España y ha anunciado que comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentar un informe exhaustivo que lo demuestre. "Si algo caracterizará a la crisis económica, es el esfuerzo titánico que este Gobierno ha venido haciendo para mantener las grandes políticas sociales, los grandes pilares del estado de bienestar", manifestó. Zapatero respondía de este modo "a los sectores que dicen que su Gobierno es el que más recortes sociales ha hecho"."Proclamo y vamos a demostrar que éste es el Gobierno que más ha mejorado las políticas sociales", aseguró el jefe del Ejecutivo quien añadió que, para ello, el Consejo de Ministros ha decidido solicitar su comparecencia ante el pleno del Congreso.El objetivo de esta comparecencia, ha continuado Zapatero, es "evaluar y analizar" la evolución de las políticas sociales en el estado de bienestar en los últimos años, así como las perspectivas de futuro del estado de bienestar. Zapatero recalcó que se trata de un debate "de gran interés para la ciudadanía", en el que el Gobierno "pondrá sobre la mesa los datos de cómo ha evolucionado en los últimos siete años las políticas sociales" en educación, sanidad, pensiones, vivienda, ayuda a la familia, Salario Mínimo Interprofesional, y dependencia. El presidente ha dicho que establecerá durante esa comparecencia los objetivos y prioridades del Gobierno en esta materia, para lo que elevará un "informe exhaustivo" sobre su evolución, el momento actual y "la perspectiva de futuro". "Sin duda alguna es el objetivo fundamental del Gobierno que presido", insistió Zapatero, quien hizo hincapié en que el "gran objetivo" de las reformas estructurales emprendidas por el Ejecutivo es mantener la extensión y la evolución de los pilares fundamentales del estado de bienestar y las políticas sociales. "El estado del bienestar, sus fundamentos, han avanzado de una manera muy significativa desde 2004, muy poderosa. Se mantienen a pesar de la grave crisis económica y fiscal que hemos padecido", aseguró Zapatero, quien añadió que "si algo" ha procurado "mantener" en esta crisis, son los avances en políticas sociales. "El proyecto, las políticas y la coherencia son los datos. Y los datos son contundentes", ha concluido.
José Luis Rodríguez Zapatero no quiso desvelar la incógnita de si se presentará o no a las reelección en las elecciones generales de 2012. "No es el lugar ni el momento", zanjó. El presidente fue preguntado directamente si se va a presentar o no a las próximas elecciones generales, incluso los periodistas insistieron sin obtener respuesta. Se le preguntó entonces si mantener esta incertidumbre no puede perjudicar las reformas que el Gobierno plantea para España: "No tienen nada que ver cuestiones que afectan a otro lugar y otro momento con la acción del Gobierno, que adopta decisiones", dijo.Explicó que su peor momento político de este año fue el Ecofin de mayo y el decreto de recortes que ese mes se aprobó por un único voto de diferencia en el Congreso. "Nos la jugamos", sentenció, recalcando que si no se hubieran aprobado esas medidas (congelación de pensiones y recorte de sueldos públicos, entre otras), España viviría hoy una situación "extraordinariamente complicada". Ahora bien, ha dejado claro que "en ningún momento" se ha planteado dimitir porque "cuando las cosas son más difíciles hay que tener más sentido de la responsabilidad, más fuerza y más energía porque eso es imprescindible para tomar decisiones". "En mi caso es así, ha sido así y seguirá siendo así", añadió, y se mostró convencido de que el PSOE no va a sufrir una derrota 'monumental' en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, sobre todo porque, según ha recalcado, el PSOE es un partido "muy competitivo" y va a trabajar "fuertemente" ante esa cita. Dijo luego que el primero y el segundo trimestres de 2011 serán decisivos para que se consolide el sistema financiero, mejore su solvencia y credibilidad. Zapatero indicó que la reforma del sistema financiero se ha llevado a cabo en las fechas previstas, sobre todo en el ámbito de las cajas, para adaptarlo a un mercado más reducido que el anterior. A este respecto, indicó que el proceso de reestructuración de las cajas se completó el pasado viernes, pero añadió que la tarea aún no ha concluido, ya que estas entidades deben elevar sus niveles de transparencia, "con el respaldo pleno del Gobierno". Advirtió también que las tensiones que afectan a los mercados financieros de la zona euro aún no han desaparecido, pero que España "está fuerte" y actuará con "determinación" para evitar que cualquier riesgo pueda mermar la capacidad de financiación del país. "No podemos ser tan ingenuos como para pensar que por el simple hecho de cambiar de año van a desaparecer las tensiones", subrayó .Asimismo, Zapatero advirtió a la banda terrorista ETA de que ya no valen "subterfugios, ni palabras gastadas". "No se trata de esperar o no esperar", ha dicho con relación a un posible comunicado de ETA en el que la banda anuncie un alto el fuego sobre el que se ha especulado recientemente. "Sólo esperamos de ETA el abandono definitivo de la violencia, el cese total y absoluto para siempre", ha insistido Zapatero. Agregó que el Ejecutivo "mantendrá" su política antiterrorista hasta que ETA abandone algún día definitivamente la violencia. Lo único que puede tener valor, para el presidente, es el "fin absoluto, incuestionable de la violencia terrorista". "Es lo único que el Gobierno escuchará y la sociedad española en su conjunto", ha afirmado el presidente, mientras en la primera fila de la sala de prensa de Moncloa el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asentía sus palabras. Preguntado por las posibilidades de la izquierda abertzale de concurrir a las elecciones si ETA no abandona el terrorismo, Zapatero dijo que el ordenamiento jurídico "es muy claro" sobre quiénes pueden constituirse en partido político y presentarse a unos comicios y que el primer requisito es el rechazo de la violencia. "Pero eso hay que acreditarlo", ha añadido Zapatero, aunque, en cualquier caso, "la última palabra la tienen los tribunales". El presidente del Gobierno espera que la ley Sinde, que "evita las descargas ilegales" y "garantiza la propiedad intelectual" concite un consenso, "lo antes posible", "en el que puedan estar razonablemente la mayoría de las fuerzas políticas". Hay que regular este tema. Garantizar la propiedad intelectual es propio de países avanzados. Hay que respetar los derechos de los internautas, cómo no, y se puede hacer y espero que lo hagamos".
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró que su partido va a apoyar al Gobierno en todo lo que sea bueno para el interés general de los españoles porque España no se puede permitir que 2011 sea otra vez un año perdido y ha asegurado que estarán a la altura de las circunstancias. En una rueda de prensa, la primera en todo el año que hace desde la sede del PP en Madrid, en la que ha hecho balance del año 2010, Rajoy se mostró convencido de que "hace falta un profundo cambio en España" para que todo pueda mejorar, sobre todo después de "muchos años de inacción" o de "ir en direcciones equivocadas". A juicio de Rajoy "no hay confianza posible cuando la crisis no se explica" y se "reacciona con medidas inconcretas o atropelladas o impuestas desde fuera". El líder popular se mostró convencido de que España puede mirar al futuro con confianza porque existen "recursos humanos" y hay un capital construido en las últimas décadas de andadura democrática y una sociedad fuerte que "no se resigna a la decadencia". En este sentido, subrayó que en España hay "buenos emprendedores, excelentes empresas" y ha comentado que las cosas funcionan "cuando hay un gobierno que genera las condiciones necesarias, como se ha demostrado recientemente", en referencia a los años de Gobierno de su partido. Para el presidente del PP, 2010 ha sido "el año de los recortes sociales" y ha recordado que hace un año el jefe del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, manifestó que este año sería el de la recuperación económica. Según ha dicho, sus promesas se han quedado "en palabras" como "tantas otras veces". "Ha sido el año en que más españoles han perdido su puesto de trabajo, en el que han subido los impuestos, el año de los recortes sociales. Ha sido el año de mayores dificultades para las familias y en el que se ha cuestionado nuestra deuda pública", ha afirmado, para añadir que el año termina con una subida de precios, en referencia a la luz, el butano, gas natural, trenes AVE y otros trayectos..
ETA REDUCE SU PRESENCIA EN FRANCIA.- ETA está inmersa en un apresurado proceso de adaptación a su futuro más inmediato, el que dibujará el próximo comunicado que convertirá la actual tregua en "permanente", "verificable" y que, probablemente, aluda a un cese en sus actividades de extorsión y aprovisionamiento. En este sentido, y según cuenta este jueves el diario Público, las Fuerzas de Seguridad han detectado en las últimas semanas el abandono del territorio francés por parte de miembros de la organización terrorista. Se trata, según el análisis policial, de enfrentar la nueva etapa con unas filas más reducidas, sobre las que ejercer un control directo y que necesiten de menos fondos para subsistir. Este proceso de remodelación estaría también detrás del retraso en la publicación del nuevo comunicado. Igualmente, casa con una de las hipótesis del robo de seis impresoras y 6.000 tarjetas blancas de PVC el pasado 20 de diciembre cerca de Lyon. Según esta tesis, los terroristas necesitan material para fabricar documentos de identidad que faciliten la movilidad de los que permanezcan en Francia durante la nueva tregua y, al tiempo, la salida de los que han recibido la orden de dejar el país vecino, previsiblemente en dirección a Suramérica.
Las fuentes consultadas no se atreven a sentenciar si la reducción de las filas de ETA en Francia está relacionada con un eventual fin de la violencia, pero aseguran que facilita la toma de cualquier decisión de calado, sobre todo si los apartados se han expresado en contra de la corriente que predomine en la actual dirección. Asimismo, una banda en tregua no necesita arriesgar con la presencia en Francia de todos sus miembros y menos aún si decide adentrarse en un proceso de reconversión de organización "armada" a otra de carácter exclusivamente político.
El Acuerdo de Gernika, en el que Batasuna quiere que ETA base su próximo comunicado, exige, por otra parte, señala Público, "la desaparición de todo tipo de amenazas y presiones". Si la organización terrorista cesara en el chantaje del impuesto revolucionario tendría que subsistir con lo recaudado hasta el pasado noviembre, mes en el que consta la última remesa de cartas enviadas a los empresarios vascos y navarros. Por su parte, los elegidos para abandonar Francia vivirán por sus propios medios, como lo hacen los integrantes de colonias como la venezolana o la mexicana y, como ellos, serán susceptibles de ser llamados a regresar en el futuro. En el documento Euskal Herria hacia su independencia, de agosto de 2009, la banda planteaba recibir del Estado cuatro millones de euros anuales para acabar con su actividad extorsionadora. Casi nada se sabe con certeza de los fondos que maneja ETA, ya que el aparato de finanzas de la organización terrorista ha sido el menos golpeado en la lucha antiterrorista. Aún así, del declive económico de la organización terrorista hablan documentos incautados a su dirección en los últimos años y la negativa creciente de los empresarios a ceder al chantaje, según se profundizaba en la crisis operativa de ETA.
Aunque los Servicios de Información dudan de que la dirección de la banda haya resuelto ya acabar de forma inexorable con la violencia, el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha afirmado en unas declaraciones publicadas por el diario conservador The Wall Street Journal que la banda ya está lista para dejar su estrategia terrorista. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió el martes "con cautelas" que ya se puede haber entrado en e principio del fin de la banda. En la documentación incautada en mayo de 2008 a la cúpula de ETA se recogía el presupuesto para los tres principales aparatos que actúan en Francia: militar (140.000), logístico (154.000) y político (48.000). La policía francesa calculaba a finales de 2009 en 218 los miembros con los que contaba ETA, pero un centenar debían situarse fuera de Francia, principalmente en las colonias de la banda en países suramericanos. Las decisiones en ETA se toman en un comité directivo (Zuba) integrado siempre por un número impar de miembros, para decantar las votaciones. En mayo de 2008, el Zuba tenía cinco miembros.
EL PRECIO DE UN CAFÉ.- El precio del café vuelve a ser piedra de escándalo del gobierno socialista. Lo fue ya hace una larga temporada, y aún se recuerda, cuando un ciudadano participante de un programa televisivo preguntó a Zapatero si sabía cuánto costaba un café. El presidente contestó que unos 60 céntimos, posiblemente como demostración de la distancia que el Gobierno tiene con la realidad de la calle, o a´si se interpretó. Ahora, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha repetido el error, al tratar de reducir el impacto que ha tenido en la opinión pública la próxima subida de la luz en casi un diez por ciento. Para Sebastián, la subida viene a ser el precio de un café “per cápita”, esta vez ya elevado a 1,70 euros, aproximadamente. Sebastián tendrá que buscar argumentos más sólidos, como los que su propio Departamento ha expuesto en un reciente informe interno, ahora divulgado, que reconoce que, desde hace dos años, el sistema eléctrico está en situación de desequilibrio, por haberse producido una “burbuja fotovoltaica”, debido a que se subvenciona con 450 euros cada megavatio/hora producido, cuando el precio de mercado es de 64 euros, es decir, siete veces menos. Se recuerda que las primas a esta energía verde, las fotovoltaicas, superarán los 2.500 millones, y se cargan al recibo... así como las ayudas al carbón, que a su vez supondrán 2.400 millones, hasta 2014, sin aportación a la generación eléctrica, pero sí a su precio... Se supone que Sebastián brindará estas explicaciones, y no las relativas al precio del carbón, cuando comparezca para explicar una de las decisiones que mayor enfado ciudadano han originado en los últimos tiempos. En todo caso, Sebastián y el Gobierno del que forma parte, parecen olvidarse de que el precio de la luz es solamente uno más de los nuevos costes con los que arranca el año nuevo, con subidas en la bombona de butano, en el gas, con recortes probables en las pensiones, con la eliminación de los 426 euros a los desempleados y de los 2.500 euros a las parturientas... En este clima de recortes, y con cifras récord en el número de parados, el próximo recibo de la luz no es más que una gota más en un panorama desolador de descontento e insatisfacción al que ha conducido la gestión de al crisis, sin que era crisis está definitivamente desaparecida o superada. Y de ahí la falta se sensibilidad de un ministerio y de un Gobierno que pretenden minimizar un coste elemental y básico y siempre creciente, sin razones aparentes, y en ningún moco explicados. Si Sebastián buscaba hacer pedagogía, como se ha alegado, su error es “de libro”, y si el Gobierno debiera o quisiera responder a la insatisfacción popular, don Miguel ya estaría en las listas de cesantes. Pero ni se plantea esa eventualidad, en un ministro “amigo del presidente” y de eficacia aún no demostrada. Después de todo, el coste de la luz se asumirá como cualquier otra elevación del coste de la vida: resignadamente y sin alterar la vida cotidiana, por más que ya se nos anticipen los 4.590 millones de beneficios que se repartirán en 2011 las tres grandes compañías eléctricas que se van a embolsar esos euros más de elevación de las tarifas. Por si faltaba algún agravio más, se nos anuncia y anticipa que la elevación ahora anunciada, es muy probable que no sea la única que se produzca en el año que comienza, el ya desventurado y atroz 2011...
LAS RENOVABLES, NIEGAN SER RESPONSABLES DE LA SUBIDA DE LA LUZ..- Cuenta una crónica de El Confidencial que “las energías renovables no quieren saber nada de la subida del 10% de la tarifa de la luz aplicada por el Ministerio de Industria”. Y explica que “bastante tienen con sufrir el severo recorte de primas que se les aplicó vía decreto el último día de la semana de Navidad”. Motor de crecimiento económico y sector industrial de referentes internacionales, las fuentes verdes son consideradas por el Gobierno ¨un grave riesgo a corto plazo para el sistema por razones económicas y técnicas¨: no hay dinero para pagar lo que cuestión y su tecnología está en proceso de constante evolución. Motivos de este tipo han convertido a las renovables en objeto de debate durante el último año. Arrastran el estigma de ser las principales responsables del incremento millonario del déficit tarifario que acumula el sistema español. Precisamente, este argumento ha sido esgrimido por el Gobierno, junto a la moratoria al carbón y el incremento del precio del petróleo, como el principal motivo para justificar la subida del precio del recibo de la luz (por cuarto año consecutivo, desde 2007), aunque en esta ocasión nada menos que un 10%, el mayor en casi tres décadas. El pulso entre Sebastián y las renovables lleva un año abierto. En abril de 2010, el Ministerio de Industria Turismo y Comercio distribuyó un documento en el que acusaba directamente a las renovables de ser las causantes de las subidas del recibo de la luz. Este diciembre, ocho meses después, Sebastián ha aprobado una reducción de costes de la tarifa de 4.600 millones de euros, de los que más del 70% (3.300 millones) se detraen de las renovables (fotovoltaica, eólica y termosolar), tijeretazo que no ha evitado la subida de la luz un 10%. Bajo esta premisa, desde la Fundación Renovables descartan que estas tecnologías sean las responsables de la subida, como se quiere dar a entender a la opinión pública. En su opinión, el origen del problema descansa en la opacidad existente en el modelo energético que sostiene el sistema. La famosa fijación de precios finalistas, cuyo formato de subasta según las renovables es inflacionista además de poco transparente, ha contado en esta subida con las ayudas al carbón (700 millones) para 2011 y los pagos por disponibilidad de las centrales térmicas. Esta tesis sobre la complejidad de la tarifa es avalada, entre otros, por el presidente de la CNC, Luis Berenguer, que ha llegado a afirmar que ¨el sistema de conformación de precios en el pool eléctrico español es un escándalo y la energía producida por las centrales amortizadas, como son las hidroeléctricas y algunas nucleares, supone llenar los bolsillos de las eléctricas en detrimento del precio que pagamos los ciudadanos”. Es decir, costes de producción que todavía se repercuten en la tarifa a pesar de que por su antigüedad ya estarían amortizados
El debate público no llega sin embargo a este punto de detalles. Las explicaciones manejadas popularmente son mucho más sencillas y simplistas, como demostraron ayer dirigentes del PSOE y PP, que se limitaron a lanzarse acusaciones sobre la autoría del déficit del sistema eléctrico. Mientras tanto, el encargado de justificar ayer la medida como voz del Gobierno fue Miguel Sebastián, que restó importancia a la decisión al comparar la subida de la luz con el precio de un café al mes. En definitiva, poca información sobre el pool eléctrico e incertidumbre para el extranjero. Según la encuesta realizada por la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) entre 80 inversores profesionales internacionales, la gran mayoría de los financieros consultados estima que conviene contratar algún tipo de seguro para seguir invirtiendo en España, lo que coincide a su vez con la subida de la prima de riesgo para los activos sujetos a cambios en el marco normativo. Precisamente, este contexto crítico está dejando al sector de las energías renovables sin capacidad de acceder al mercado de la financiación, después de años de relativo dinero barato. El dinero que han disfrutado las renovables durante los últimos tres años de boom guarda una estrecha relación con el incremento experimentado por el déficit de tarifa en los ejercicios 2008/09/10, que ha superado la media anual de los 4.500 millones, hasta llegar, según las previsiones, a una deuda global del sistema es 25.000 millones de euros pendientes de titulizar para ser colocados en el mercado con el aval del Estado. Sin embargo, desde los productores verdes lanzan una pregunta al aire: ¿Si recortan las primas, causantes del déficit, por qué suben el precio de la tarifa?
LOS CONTROLADORES, ACUSADOS DE SEDICIÓN.- Como muchos esperaban, la Fiscalía de Madrid ha remitido al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Plaza de Castilla una denuncia contra los controladores aéreos por un presunto delito de sedición, tras el caos aéreo que se produjo los días 3 y 4 de diciembre, el puente-fin de semana de la Constitución, con la finalidad de que un juez les cite a declarar en el marco de unas diligencias penales. Así lo confirmaba el fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, quien ha adelantado que "intervendrán en las diligencias con todas las consecuencias". Además, Esteban ha señalado que nada más recaiga la denuncia en un juzgado concreto, pedirán que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal.
Cabe recordar que, hasta ahora, los controladores no han querido prestar declaración hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. Los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que se les debe tomar declaración bajo la jurisdicción militar desde el momento en que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma. Las investigaciones del fiscal -el defensor de la legalidad-, están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar. El delito de sedición está castigado con penas de entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren "inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores", y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. En el caso de que los imputados no sean los instigadores, "se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años", según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal.
La presidenta de la Agrupación de Demandantes afectados por el Cierres del Espacio Aéreo, Elena Fuente, considera un "paso positivo" la demanda presentada por la Fiscalía de Madrid contra los controladores aéreos ante los juzgados de Plaza Castilla. "Es un paso adelante por el buen camino de intentar responder al salvaje atropello que sufrieron mas de 600.000 ciudadanos con todo el peso de la ley", afirmó Fuente. La asociación está preparando una demanda colectiva contra los controladores y contra Aena para reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios provocados por el caos aéreo, bajo el asesoramiento del despacho Cremades & Calvo Sotelo. Por ello, la presidenta de la asociación pidió también a la Fiscalía que "tome urgentemente las medidas necesarias para que las víctimas sean resarcidas". Además, la asociación se personará como acusación particular en la causa que abran los juzgados a instancias de la Fiscalía.
LAS DENUNCIAS CONTRA LOS CONTROLADORES, REMITIDAS A LA FISCALÍA.- Como ya adelantó hace dos semanas el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, las denuncias presentadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) contra el sindicato de controladores USCA tenían poco futuro al no encajar en el catálogo de delitos de ese tribunal. Esa es la razón que dio este miércoles el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, para archivar el caso y remitirlo a la Fiscalía de Madrid. La denuncia de OCU coincidía en su visión del caso con la de la fiscalía. Esa organización consideraba que, al haber abandonado los controladores sus puestos de trabajo provocando el cierre del espacio aéreo español, pudieron haber cometido un delito contra el tráfico aéreo "en su vertiente de sedición". Ese delito se recoge en una norma preconstitucional, la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, aprobada en 1964. FACUA, por su parte, consideraba que los hechos podían ser constitutivos de sedición (no la aérea, sino la recogida en el Código Penal común), abandono de destino, falsedad documental y coacciones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el archivo del caso por falta de competencia de la Audiencia. En su informe, consideraba que la protesta de los controladores podría encajar en la sedición aérea, como manifestaba OCU. Sin embargo, subrayaba que ese delito no estaba entre los correspondientes a la Audiencia. La Fiscalía General del Estado entiende desde hace semanas que los hechos encajan en ese delito. El juez Ismael Moreno, en su resolución, sigue el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y sostiene que "en modo alguno los referidos hechos pueden ser objeto de tipificación, siquiera indiciariamente, en alguno de los supuestos delictivos comprendidos en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", el que establece las infracciones que corresponde investigar y juzgar a la Audiencia Nacional. Por esa razón, según el juez, "ha de denegarse la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de las mismas". Moreno, aceptando también la petición del fiscal, remite las denuncias a la Fiscalía de Madrid, al tener abiertas esta última unas diligencias de investigación sobre la huelga encubierta. Sin embargo, y como explica el diario Público, la exigencia de responsabilidades penales a los controladores aéreos por el motín que protagonizaron en el puente de la Constitución ha dado un salto cualitativo con el envío a los Juzgados Centrales de Madrid de la denuncia de la fiscalía provincial contra 175 técnicos que abandonaron su trabajo en las torres de Barajas y Torrejón de Ardoz. El fiscal les imputa un delito de sedición, castigado con penas de entre ocho y diez años de cárcel. S recuerda que la fiscalía empleó también esta figura penal contra los trabajadores de Iberia detenidos en septiembre de 1996 tras bloquear las pistas de El Prat en una protesta que retuvo a miles de pasajeros. La judicialización del caso pasa así a una nueva fase. El trámite que hizo el ministerio público marca la pauta a seguir y el delito a imputar en el primer eslabón de una larga cadena en la que las distintas fiscalías provinciales remitirán a juzgados de toda España las diligencias que abrieron de oficio por el plante de los controladores en cada uno de los aeropuertos afectados. En el caso de Madrid, y como primer paso, el decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla deberá decidir en los próximos días qué juzgado tramitará la denuncia. Hasta ahora, la única que se ha presentado por sedición relacionada con este caso planteada por el colectivo ultraderechista Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo afectado se encuentra sobre la mesa del juzgado número 28 de Madrid.El número 3 de Plaza de Castilla ha recogido también varias denuncias en relación con este caso, aunque no incluyen este delito entre los atribuidos los controladores. De este modo, si se considera que los hechos notificados son los mismos, uno de estos juzgados podría asumir la denuncia de la Fiscalía de Madrid, cuyo responsable, Eduardo Esteban, prometió ayer firmeza frente a los controladores. Esteban adelantó que el ministerio público "intervendrá en las diligencias con todas las consecuencias" y advirtió de que no es "en absoluto descabellado" que se solicite el embargo de bienes de los controladores en el marco de las actuaciones judiciales que se sucederán a partir de este momento. Este embargo trataría de asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles derivadas del proceso recién abierto, entre ellas, las indemnizaciones que reclaman los afectados por el parón aéreo, que suman cifras millonarias. La fiscalía ha denunciado a los controladores basándose en un informe remitido por Aena sobre los hechos ocurridos durante el pasado puente de la Constitución, que se ha unido a las notificaciones de la Guardia Civil que incluyen la relación de los controladores que se ausentaron de sus puestos el 3 y el 4 de diciembre. La investigación realizada hasta ahora por la fiscalía se ha ceñido a esos informes, ya que los 26 controladores que fueron llamados ante el fiscal los días 9, 10 y 13 de diciembre se negaron a prestar declaración, argumentando no reconocer su competencia por estar militarizados. La fiscalía considera que los hechos investigados son anteriores a esa militarización, por lo que mostró su discrepancia con las excusas de los controladores para frenar su investigación. El interrogatorio pretendía esclarecer cómo se coordinaron en las horas previas al anuncio de bajas médicas masivas con las que los controladores justificaron su imposibilidad de seguir trabajando. De hecho, la fiscalía pedirá, una vez que se asigne un juzgado a la causa, que su titular tome declaración como imputados a los técnicos que se negaron a ser interrogados. Aún así, y para alimentar el pulso, los controladores han anunciado en reiteradas ocasiones su rechazo a declarar ante jueces y fiscales hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que han planteado contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) evitó valorar ayer el paso dado por la fiscalía, y señaló que cualquier actuación en el futuro relacionada con este asunto se encuentra "en manos de sus abogados".
EL GOBIERNO IMPULSA LA RENOVACIÓN DEL TC SIN EL PP.- El Gobierno ha dado luz verde a la renovación del Tribunal Constitucional sin contar con el PP, para lo que remitirá "de manera inmediata" al BOE los nombramientos de los cuatro magistrados constitucionales nombrados por el Senado el pasado día 1, según cuenta este jueves, destacadamente, el diario El País. La decisión estuvo precedida de contactos de última hora en los que el PP reiteró que no iba a renunciar a su candidato, el magistrado Enrique López, al que el PSOE ha vetado por no cumplir los requisitos legales y por su escaso bagaje jurídico para acceder a la institución. Recuerda esta información que los grupos parlamentarios del Congreso tenían plazo hasta este jueves para presentar a los candidatos del Congreso al Tribunal Constitucional, pero el desacuerdo entre PSOE y PP sobre uno de ellos, a propuesta de los populares, bloquea la renovación. El PSOE albergaba la esperanza de que el PP desistiera de presentar a Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, rechazado ya por los socialistas en el Senado, pero los populares le mantienen. Así se lo ha comunicado el primer partido de la oposición a los socialistas en contactos oficiosos mantenidos en las últimas horas. Este conflicto, sin embargo, explica la información, servirá para corregir una anomalía que grupos de oposición consideraban bastante escandaloso: el Gobierno retenía la publicación en el BOE de los cuatro magistrados constitucionales elegidos por el Senado el pasado 1 de diciembre, ante la expectativa de que pudieran coincidir estos nombramientos con los del Congreso, para renovar conjuntamente el alto tribunal y proceder a una única elección de presidente. No ha sido así. "Con acuerdo o sin acuerdo en el Congreso, se publicarán los nombres de manera inmediata", confirmaron fuentes gubernamentales. La publicación será inminente y la toma de posesión se verificará en cuanto las agendas de las autoridades del Estado lo permitan, al coincidir el desbloqueo con las fiestas navideñas. Pero ya no habrá demoras significativas ante la imposibilidad de saber cuándo se producirá el acuerdo sobre los candidatos que tiene que nombrar el Congreso.
Ahora, los dos partidos mayoritarios tienen que ponerse de acuerdo en el Congreso para cubrir las plazas de cuatro magistrados, tres de los cuales tienen el mandato prorrogado y el cuarto sustituirá al fallecido Roberto García Calvo. A partir de este jueves, se entra en fase de incumplimiento de la obligación de presentar candidatos. En su descargo, los grupos del Congreso recuerdan que el Senado ha tardado tres años en cumplir el proceso de renovación de los miembros del Constitucional y ellos sólo llevan mes y medio de retraso, lo que no ha impedido que el Pleno del Constitucional reclamase a los grupos políticos "que respeten" la Constitución y cumplan los plazos establecidos "imperativamente". El plazo para proponer candidatos terminaba precisamente este 30 de diciembre. El conflicto no tiene visos de fácil resolución, ya que el PSOE se niega a aceptar a Enrique López. "No hay nada personal, sino profesional, y su currículo no es el adecuado para un magistrado del Tribunal Constitucional", señalan reiteradamente fuentes socialistas. Y se preguntan si el PP no es capaz de proponer "a un catedrático, o a un magistrado con una vida profesional más acorde para el cargo". En esta opinión coinciden tanto la dirección del Grupo Socialista, que encabeza José Antonio Alonso, como La Moncloa y el Ministerio de Justicia. López sigue siendo motivo de discordia entre PSOE y PP. Lo fue en el Senado hasta que el PP retiró su candidatura. Los socialistas confiaron en que los populares no le volverían a proponer, pero sí lo han hecho.
La renovación de los magistrados del Senado se iniciará con la publicación de seis reales decretos de cese de los magistrados salientes, María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata -nombrados el 16 de diciembre de 1998 los tres primeros y el 18 de diciembre de 2002 el último-, y otros dos correspondientes al cese de la presidenta Casas y el vicepresidente Jiménez, elegidos para el cargo el 15 de junio de 2004. El cese se hará efectivo tan pronto tomen posesión los cuatro nuevos, Luis Ignacio Ortega y Adela Asúa, propuestos por el PSOE, y Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, a propuesta del PP. Dado que la ley orgánica del alto tribunal prevé que, a falta de presidente presidirá el magistrado más antiguo y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad, la presidencia recaerá en el conservador Javier Delgado Barrio, de 78 años. El presidente en funciones solo puede convocar el pleno de elección del presidente y vicepresidente. A esa elección concurrirán 11 magistrados, ya que el fallecido Roberto García Calvo no ha sido sustituido. Según una norma no escrita pero seguida en el tribunal, el presidente en principio saldría de entre los magistrados del tercio más antiguo, el del Congreso, que son el propio Javier Delgado, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay. Pero en esa elección concurren dos inconvenientes: el primero es que los tres tienen el mandato ya caducado y deberían dirigir el alto tribunal en esas condiciones. Además, estarían a expensas de que si al PP no le gusta el elegido, acceda a renovar a los del Congreso. El presidente estaría así a expensas del PP y tendría que abandonar su efímero cargo en cuanto los populares decidiesen revocarlo. Por tanto, sería más favorable que la presidencia recaiga sobre los magistrados del último tercio, que tienen mandato todavía hasta junio de 2013. Es decir, entre los magistrados Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Ramón Rodríguez Arribas. Los tres primeros son del sector progresista, y el último conservador.
CASADAS O NO CASADAS, VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA POR IGUAL.- Estar casada, divorciada, mantener una relación afectiva con un hombre fuera del matrimonio o haber roto ya ese vínculo con él, no es un factor determinante en los casos de violencia de género. Los últimos datos del Observatorio sobre la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, de los que da cuenta este jueves el diario Público, demuestran que las órdenes de protección concedidas por los juzgados de Violencia de Género se distribuyen de manera muy equitativa entre las mujeres casadas y las no casadas con una relación afectiva. Desde la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en junio de 2005, hasta septiembre de este año, el 32,6% de mujeres con orden de protección estaban casadas. Otro 30,5% mantenía una relación afectiva con su agresor. El tercer grupo lo forman las mujeres que rompieron su relación de pareja (un 24,9%) y en último lugar están las divorciadas, que han recibido el 12% de las órdenes de protección dictadas en los últimos cinco años. "Estos datos confirman que el maltrato es endémico de las relaciones de poder y dominación", afirma la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Ángela Cerrillos. "Una relación desigual puede darse en cualquier tipo de pareja, ya sea homosexual o heterexual, casada o pareja de hecho", agrega la abogada.
El debate sobre el estado civil de las mujeres víctimas de violencia de género saltó a la palestra el pasado lunes, cuando el obispo de Alcalá de Henares y responsable del área de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Reig Pla, hizo saltar las alarmas: "Los matrimonios católicos son menos dados a la violencia de género que las parejas de hecho", afirmó. Los datos del Observatorio no especifican si las mujeres casadas con orden de protección están unidas a sus agresores por la Iglesia o por lo civil porque los organismos en los que las víctimas pueden solicitar las medidas de protección (juzgados, fiscalía, policía, servicios sociales, etcétera) no formulan esta pregunta. Aun así, el año pasado se celebraron 175.952 bodas religiosas frente a 94.993 civiles, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cifras del Observatorio muestran una caída de seis puntos en el porcentaje de órdenes de protección concedidas a mujeres casadas desde 2006. En el caso de las mujeres que mantienen una relación afectiva con su agresor, el porcentaje se mantiene estable alrededor del 30% aunque en 2009 y durante los nueve primeros meses de este año ha superado el porcentaje de medidas de protección para mujeres casadas. Para Cerrillos, estas tendencias no son significativas, ya que a su juicio pueden tener que ver con "los cambios sociológicos poblacionales" motivados por el "incremento de ciudadanos extranjeros y el auge de las uniones de hecho". Aun así, las órdenes de protección son, para Cerrillos, un "buen indicador" de los escenarios de violencia de género. Trece de las 71 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas este año tenían en vigor una orden de protección, según los datos de la Secretaría de Estado de Igualdad.
Para la filóloga y feminista Pilar Careaga, las estadísticas del Observatorio son un fiel reflejo de la sociedad porque "la violencia machista no entiende de estados civiles", sostiene. Careaga relata el caso de un hombre denunciado por maltrato en tres ocasiones, en tres ciudades distintas y por tres mujeres diferentes. El hombre en cuestión estuvo casado, separado y manteniendo una relación sentimental, lo que demuestra que "el machismo y el androcentrismo se dan en todas las edades, en todo tipo de relaciones y en cualquier clase social", afirma Careaga. Sobre las declaraciones del obispo de Alcalá de Henares, Carega opina que son "una solemne tontería" y pide que "nadie dé crédito" a las palabras de Reig Pla. "Está demostradísimo que hay violencia de género en los matrimonios canónicos", insiste Careaga, "lo que habría que ver es qué dicen los curas cuando una mujer creyente les confiesa que sufre maltrato en casa". "Espero que los curas las animen a denunciar y no a aguantar, como ha estado pasando hasta hace poco", denuncia.
MAS: CON MENOS DINERO, HAY QUE HACER MÁS Y EXPLICARLO MEJOR.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, reunió este jueves por primera vez a su Gabinete y le exigió la máxima eficiencia, que en los tiempos que corren es sinónimo de administrar los escasos recursos públicos con extremo rigor. CiU se despidió del Govern en una época de bonanza económica y regresa a la Generalitat con una crisis global que obliga a todas las administraciones a dar ejemplo. Los cinco consellers que ya conocen los entresijos de la Administración autonómica serán los primeros en notar que las cosas han cambiado y que ahora toca apretarse el cinturón. Mas no les pidió que gestionen la miseria pero le faltó bien poco. «Con menos dinero tenemos que hacer más y explicarlo mejor», advirtió en el discurso que dirigió a todos ellos antes de que tomasen posesión de sus respectivos cargos. El jefe del Ejecutivo catalán preparó a su equipo para tiempos difíciles y, además, le reclamó que sepa trasladar a la sociedad las decisiones impopulares que les tocará adoptar en más de una ocasión. Si lo consiguen, marcarán un punto de inflexión respecto al tripartito.
Además de subrayar la solvencia de su Gabinete, el presidente quiso arropar especialmente al exsocialista Ferrán Mascarell, que sigue siendo blanco de críticas de sus antiguos compañeros de militancia, según cuenta El Periódico de Cataluña.. Mas proclamó que el nuevo Govern traspasa las «fronteras estrictas» de los partidos políticos porque su objetivo es sumar las diferentes sensibilidades que se identifican con el catalanismo. Vamos, que la puerta está abierta por si hay más gente que quiera seguir el ejemplo de Mascarell. Otra de las protagonistas de este Ejecutivo es la vicepresidenta, Joana Ortega, quien formalmente es la número dos, pero con una cartera recortada, puesto que de las competencias que tenía el republicano Josep Lluís Carod-Rovira prácticamente sólo mantendrá las de religión, un ámbito que como era previsible queda en manos de Unió bajo el paraguas de Governació. El resto de las atribuciones más destacadas han sido recolocadas en Presidència y serán gestionadas por su secretario general, Francesc Homs. Así, la relación con los medios de comunicación -la radio y televisión públicas, pero también los grupos privados-, las delegaciones territoriales, la política exterior -el control de las embajadas en el extranjero-, las ayudas a la cooperación y las subvenciones de Esports se integran en Presidència. En los corrillos del Pati dels Tarongers, (patio de los naranjos), Josep Antoni Duran Lleida, explicó que su implicación en la política exterior se limitará a la asesoría, ya que le resulta inviable combinar una acción ejecutiva con su papel en el Congreso. Como ejemplo de su aportación, el democristiano afirmó que gestionará reuniones de Mas con personalidades, algo para lo que el líder de Unió cuenta con una agenda de contactos a la que CDC nunca ha aspirado. Duran presidirá la parte catalana de la comisión mixta de traspasos, de la comisión bilateral Estado-Generalitat y de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales. No podrá presidir el Institut de la Mediterrània, por incompatibilidad con su condición de diputado en la Cámara baja.
Uno de los ámbitos más delicados, la política lingüística, recae del lado de Cultura. Así, Mascarell será el encargado de aplicar las multas a los comercios que no rotulen, por lo menos, en catalán. Durante la campaña, CiU se mostró ambigua respecto a la necesidad de sancionar a dichos establecimientos. El PP, que hace bandera de su guerra contra las multas, ya ha advertido de que su apoyo, aunque sea en casos concretos, dependerá también de la actitud del nuevo Govern en este ámbito. Los conservadores recuerdan que, durante el periodo en que apoyaron al Ejecutivo de Jordi Pujol, la Generalitat dejó de multar a comercios. En la primera reunión, el Govern también nombró a los números dos de cada conselleria. De los 12 secretarios generales, siete han pasado por Esade. Solo dos -el de Cultura y el de Empresa i Ocupació- no habían trabajado antes en la Generalitat. Otros dos -Ensenyament y Justícia- sobrevivieron con el tripartito e incluso se mantuvieron como altos cargos durante ese periodo.
EL RELEVO EN EL GOVERN DE CATALUNYA.- Describe El Periódico de Cataluña que “una gran e imaginaria puerta giratoria dio ayer entrada a los 11 nuevos consellers de la Generalitat y salida a los 15 del anterior Govern”. Y cuenta esta crónica que “no hubo reproches ni pullas. Regalos, sonrisas, buenas palabras, incluso entre quienes se han pasado los últimos cuatro años en sendas trincheras disparándose sin tregua. El caso más rotundo de los esfuerzos que dos personas pueden hacer para simular estima recíproca fue el de Joan Saura y Felip Puig.”. Y prosigue relatando que la jornada empezó en el Palau de la Generalitat, donde los titulares de las 11 conselleries del nuevo Ejecutivo prometieron su cargo. Ninguno imitó la fórmula de Artur Mas, con su promesa de fidelidad al pueblo catalán. Sólo tres tomaron posesión del cargo de forma personalizada. A la pregunta del president de si prometían cumplir con sus obligaciones, todos replicaron: «Sí, prometo». La flamante vicepresidenta, Joana Ortega, fue la primera en añadir algo: «Con la ayuda de Dios». Idéntica apostilla eligió la nueva titular de Justícia, Pilar Fernández Bozal, aunque ella dijo «ayuda» en castellano. El tercero en significarse fue el conseller de Salut, Boi Ruiz, quien agregó a su promesa: «Por mi honor». Después, los elegidos y sus familias departieron en el Pati dels Tarongers, y enseguida empezaron los traspasos de carteras. Se esperaba con cierta expectación el de Josep Lluís Carod-Rovira a Ortega. El Carod que sale del Govern nada tiene que ver con el que entró en éste en el 2003. Llegó el líder de Esquerra, artífice del mayor éxito del partido en las urnas, y se va un militante de base (que ha insinuado que dejará de serlo). El republicano fue extraordinariamente cordial con su sucesora, a la que regaló el libro “El Nadal que no vam tornar a casa”, una recopilación de prosa y poesía que narra el inicio del exilio catalán en 1939, y un ramo de rosas. Luego, el ya exvicepresidente se despidió en Facebook: «Rosas rojas, libro del exilio y carta personal. Hecho el traspaso de poderes. Govern nuevo, vida nueva. Ahora ya se ha acabado. Empiezo un nuevo camino». Y felicitó las fiestas.
En Economia se presenció el encuentro de dos profesores que además son amigos, Antoni Castells y Andreu Mas-Colell. Se da la circunstancia de que hace pocas semanas fueron a almorzar juntos, de catedrático a catedrático. En tono distendido, antes de que se hiciera realidad, Castells le espetó a su interlocutor: «Tú tendrías que ocupar mi silla». Y así ha sido. Castells explicó que espera haber dejado el listón un poco más alto de lo que se lo dejó su antecesor, Francesc Homs Ferret, y que está convencido de que Mas-Colell lo dejará mucho más alto que él. Este expresó su satisfacción por recibir el traspaso por parte del «profesor Castells». No se descartaba que en Interior el traspaso se hiciera por correo electrónico, pero no. Antes de empezar a desmantelar la gestión de Joan Saura, que es lo que CiU lleva meses anunciando que hará, su sucesor, Felip Puig, llenó de elogios a su antecesor y recordó que tuvo «el honor» de completar «de forma ejemplar y modélica» el despliegue de los Mossos. A su lado, Saura, serio, subrayó que deja una área compleja: «Solo es noticia cuando hay problemas». En Cultura se repitió la foto de hace cuatro años. Ferran Mascarell recibió el traspaso de cartera de aquel al que se la entregó, Joan Manuel Tresserras, un hombre al que se ve feliz por su próximo reingreso en la universidad, un remanso de paz en comparación con la vida interna del tripartito y de Esquerra, el partido que le hizo conseller y en el que ingresó como militante hace poco, en un gesto simbólico. También hubo flores en Salut, donde el ya titular, Boi Ruiz, entregó un ramo a Marina Geli, y Educació, cuya nueva cabeza visible, Irene Rigau, las recibió de Ernest Maragall. Entre leridanos, y viejos conocidos, marchó la cosa en Agricultura, donde Josep Maria Pelegrí vivió un relevo distendido con Joaquim Llena, el mismo que en campaña llamó «gilipollas» a los nacionalistas. En la guerra, ya se sabe. Lo de Joaquim Nadal y Lluís Recoder, exconseller y conseller de Política Territorial i Obres Públiques, fue una explosión de buen rollo. Antes de verse en un despacho, lo hicieron en la red social Twitter. Por la mañana, Recoder escribió: «Salgo de casa como un ciudadano más, tras más de 11 años como alcalde. Pero sigo recogiendo bolsas de la calle». Nadal lo comentó: «Hombre, ciudadano-conseller ya nombrado en el DOGC. Pero esto dice mucho a favor del instinto de alcalde. Felicidades y buenos días».
LEIRE PAJÍN SE CONFIESA A DIEZ MINUTOS.- Lleva dos meses en el cargo de ministra de Sanidad y ya se le acumulan los asuntos pendientes: la Ley Antitabaco, la Ley de Dependencia o la Ley sobre la muerte digna. Pese a ello, esta licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante no se deja vencer por el desaliento e intenta que los contratiempos y la impopularidad que le acompaña no le quiten el sueño: “Suelo dormir bastante bien, tengo esa gran ventaja. Si tengo que tomar una decisión, la tomo. No me quita el sueño”. Así se lo ha confesado a la revista Diez Minutos Leire Pajín, quien ostenta todavía el título de diputada más joven del Congreso. “Todavía no me han quitado ese récord”, afirma, orgullosa esta política vasca de 34 años que, por el momento, está soltera y no tiene hijos. Pese a la acumulación de cargos que ha ocupado en su corta, aunque prematura, carrera política -dio el salto a la vida pública a los 15 años, cuando ingresó en las Juventudes Socialistas de Alicante-, Pajín no quiere hacer ostentación de su cargo y asegura que lleva una vida normal. Es más, los fines de semana, matiza, se olvida del coche oficial y se dedica a hacer lo que más le satisface. “Llevo años viajando en coche oficial, pero los fines de semana jamás lo utilizo porque me gusta coger mi coche y hacer vida normal. Nunca he dejado de ir con mis amigas y de hacer lo que siempre me ha gustado. Ser ministra me lleva un tiempo. Ser ciudadana es para toda la vida”, sentencia.
En una amplia entrevista, la ministra de Sanidad se explaya hablando de política. Cuenta que su referente siempre ha sido Felipe González, aunque fue con su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que alcanzó la notoriedad. Lleva más de la mitad de su vida metida en la “res pública” pero, según confiesa, aún sigue sintiendo vértigo: la última vez, cuando tomó posesión de su cargo de ministra. “En ese momento sí sentí el vértigo de la responsabilidad”. En ese momento sufrió la presión, pero ha habido otros en los que lo que ha sentido ha sido rabia. “Me sigue molestando que a una mujer la miren o juzguen por cómo viste o por cómo es físicamente en vez de por cómo gestiona. Ser mujer y ser joven es tener que seguir demostrando que vales, aunque lleves mucho tiempo gestionando en política”. En su opinión, estos comportamientos responden a “una educación con siglos de dominio de los hombres”. Pero la ministra de Sanidad se muestra optimista. “Tardará generaciones en desaparecer el machismo, aunque yo creo que hemos avanzado mucho”.
LA VICTORIA DE COSPEDAL SUPONDRÍA EL CESE DE 4.000 ASESORES.- El vuelco electoral que anuncian las encuestas para los comicios de 2011 puede tener importantes consecuencias en los segundos niveles de las administraciones autonómicas. Las comunidades más afectadas serían feudos tradicionales del PSOE como Castilla-La Mancha, donde una victoria de María Dolores de Cospedal supondría la salida de 4.000 asesores y personal eventual designado ‘a dedo’, según asegura una crónica de El Confidencial. Los cálculos del PP apuntan a que el cambio de régimen en la Junta castellano-manchega desencadenará el éxodo de unos 900 asesores y cargos de confianza vinculados al Ejecutivo socialista. Claro que, de ganar a las elecciones, los populares deberán buscar nuevos cuadros para sustituir, al menos, a una parte de este personal. A un primer grupo de más de 300 empleados pertenecen directores generales y secretarios generales, técnicos, miembros de los diferentes gabinetes y jefes de prensa de las diversas consejerías. Siempre según cálculos del PP, otros 500 corresponden a cargos en empresas y organismos públicos, muchos de los cuales serían eliminados de llevarse a cabo el programa económico de Cospedal. Por otra parte, los sindicatos de Castilla-La Mancha consideran que hay un total de 3.000 puestos de trabajo ‘a dedo’ en la Junta. En diciembre de 2009, UGT, CCOO, USO, CSI-CSIF y STAS difundieron un manifiesto en el que denunciaban el “vicioso sistema” de contratación del Gobierno socialista. Desde CSIF se aseguró entonces que el sistema de nombramientos de la Junta respondía a “afinidades política y pagos de favores”. Para los populares, este elevado número de trabajadores eventuales también responde a “compromisos” de Barreda para reforzarse en el poder. La sensación en el PP es que su victoria en Castilla-La Mancha supondría un movimiento inédito en la comunidad de asesores y funcionarios: los primeros cesarían de su cargo, mientras que los segundos regresarían a sus plazas originarias. Otro colectivo al que Cospedal debería encontrar una salida, si finalmente logra imponerse a Barreda en 2011, es el del personal directivo profesional. En principio, estos empleados son designados según el principio de mérito y capacidad, pero en la práctica estos criterios pueden ser adaptados a los candidatos elegidos ‘a dedo’. Y, a diferencia del personal eventual, que cesa automáticamente al ser relevada la autoridad para la que presta el servicio, los directivos profesionales pueden continuar en su puesto.
Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con unos 75.000 funcionarios. Cospedal se ha comprometido a llevar a cabo una reducción de empresas públicas de entre el 50 y el 75% para lograr, a su juicio, una Administración más eficiente. Asimismo, ha asegurado que recortará un 50% los cargos de libre designación, reducirá un 20% el gasto corriente y eliminará el número de delegados de la Junta repartidos por el territorio. Precisamente ayer llegó a las Cortes de Castilla-La Mancha el proyecto de Ley de Empleo Público, con la que el Gobierno de Barreda pretende mejorar la posibilidad de promoción de los funcionarios y regular la citada figura del personal directivo
Para empezar, el presidente del Gobierno, salía al paso ala gran acusación del PP, e incluso extendida por sus propias filas del PSOE, de que habría traicionado sus preocupaciones sociales, y proclamaba que su Ejecutivo ha sido el que "más ha mejorado las políticas sociales" en España, y anunciaba que comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentar un informe exhaustivo que lo demuestre. "Si algo caracterizará a la crisis económica, es el esfuerzo titánico que este Gobierno ha venido haciendo para mantener las grandes políticas sociales, los grandes pilares del estado de bienestar", decía Zapatero respondiendo "a los sectores que dicen que su Gobierno es el que más recortes sociales ha hecho". Según Zapatero se trata de un debate "de gran interés para la ciudadanía", en el que el Gobierno "pondrá sobre la mesa los datos de cómo ha evolucionado en los últimos siete años las políticas sociales" en educación, sanidad, pensiones, vivienda, ayuda a la familia, Salario Mínimo Interprofesional, y dependencia, e hizo hincapié en que el "gran objetivo" de las reformas estructurales emprendidas por el Ejecutivo es mantener la extensión y la evolución de los pilares fundamentales del estado de bienestar y las políticas sociales. "El estado del bienestar, sus fundamentos, han avanzado de una manera muy significativa desde 2004, muy poderosa. Se mantienen a pesar de la grave crisis económica y fiscal que hemos padecido", afirmó Zapatero, quien reiteró que "si algo" ha procurado "mantener" en esta crisis son los avances en políticas sociales. " >Nadie duda de que 2010 fue un año con muchas dificultades para el Gobierno y su jefe. Zapatero explicó que su peor momento político de este año fue el Ecofin de mayo y el decreto de recortes que ese mes se aprobó por un único voto de diferencia en el Congreso. "Nos la jugamos", dijo y añadió que si no se hubieran aprobado esas medidas (congelación de pensiones y recorte de sueldos públicos, entre otras), España viviría hoy una situación "extraordinariamente complicada". Dejó claro que "en ningún momento" se ha planteado dimitir porque "cuando las cosas son más difíciles hay que tener más sentido de la responsabilidad, más fuerza y más energía porque eso es imprescindible para tomar decisiones". "En mi caso es así, ha sido así y seguirá siendo así", ha añadido. Además, se mostró convencido de que el PSOE no va a sufrir una derrota 'monumental' en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, sobre todo porque, según recalcó, el PSOE es un partido "muy competitivo" y va a trabajar "fuertemente" ante esa cita. Zapatero afirmó que el primero y el segundo trimestres de 2011 serán decisivos para que se consolide el sistema financiero mejoren su solvencia y credibilidad e indicó que la reforma del sistema financiero se ha llevado a cabo en las fechas previstas, sobre todo en el ámbito de las cajas, para adaptarlo a un mercado más reducido que el anterior. Ahora mismo, la cuestión se llama jubilación a los 67 años. Zapatero quiere que esté totalmente en vigor en 2027. Este año culminaría un periodo transitorio en el que la edad legal de retiro iría aumentando progresivamente desde los 65 años actuales. Sobre la banda terrorista ETA ha vuelto a advertir que ya no valen "subterfugios, ni palabras gastadas". "No se trata de esperar o no esperar", dijo el jefe del Ejecutivo con relación a un posible comunicado de ETA en el que la banda anuncie un alto el fuego sobre el que se ha especulado recientemente. "Sólo esperamos de ETA el abandono definitivo de la violencia, el cese total y absoluto para siempre", ha insistido. Y que el Ejecutivo "mantendrá" su política antiterrorista hasta que ETA abandone algún día definitivamente la violencia. Y sobre las posibilidades de que la izquierda abertzale pueda concurrir a las elecciones si ETA no abandona el terrorismo, Zapatero ha dicho que el ordenamiento jurídico "es muy claro" sobre quiénes pueden constituirse en partido político y presentarse a unos comicios, y que el primer requisito es el rechazo de la violencia. "Pero eso hay que acreditarlo", ha añadido Zapatero, aunque, en cualquier caso, "la última palabra la tienen los tribunales". El presidente del Gobierno espera que la ley Sinde, que "evita las descargas ilegales" y "garantiza la propiedad intelectual" concite un consenso, "lo antes posible", "en el que puedan estar razonablemente la mayoría de las fuerzas políticas". . La "llamada ley Sinde, explicó, "se sitúa en una regulación equiparable a la de la mayoría de los países que han abordado esta cuestión" y "aunque es verdad que no prosperó parlamentariamente" le parece "muy significativa" la reacción al día siguiente de la mayoría de los partidos políticos y algunos comentarios editoriales. "Como diciendo -ha detallado- 'hombre, nosotros queremos hacer eso', o 'no queríamos que esa disposición no prosperase'. Garantizar la propiedad intelectual es propio de países avanzados. Hay que respetar los derechos de los internautas, cómo no, y se puede hacer y espero que lo hagamos".
En cuanto al balance de Rajoy, si 2009 ya le pareció malo, 2010 ha sido aún peor. El retrato económico, social e institucional de España que dibujó Mariano Rajoy ha sido un retrato en negro, sin color alguno de esperanza…, y con constantes atribuciones a Zapatero de todas las culpas: "Zapatero vaticinó que 2010 iba a ser el año de la recuperación progresiva y ha sido el año del agravamiento de la crisis". En análisis del PP se titula: "Balance del año 2010. Agravamiento de la crisis, agonía del Gobierno"- que explica, en cifras, cómo estábamos hace 12 meses y cómo estamos hoy.. Entre otras cosas, recuerda que, en diciembre de 2009, había 4,3 millones de parados y en diciembre de 2009, son 4,8 millones. Que, en diciembre de 2009, el 72% de los ciudadanos -según el CIS- tenía una valoración negativa de la situación económica de España y, en diciembre de 2010, el 76,5% ha hecho la misma apreciación. Que, en diciembre de 2009, la deuda de las administraciones públicas era de 560.622 millones de euros, y, en diciembre de 2010, ha subido hasta 611.198 millones... Y, así, varios epígrafes con todo tipo de materias que, en 12 meses, se han ido al traste. "Ha sido un año sin crecimiento económico, ha sido un año de subida de impuestos, -sin aclarar los faumentos decididos en algunas autonomías gestionadas por el PP- ha sido un año de recortes sociales, los mayores de la historia de la democracia", ha expresado el presidente del PP, para quien "las promesas del presidente del Gobierno se han quedado en palabras". Eso sí, quiso dejar una esperanza para sui propia colaboración: "Cuando hay cosas razonables las hemos apoyado", ha recordado, y ha dicho también que "el PP va a apoyar todo lo que sea bueno para el interés general de los españoles". "No les quepa duda de que estaremos a la altura de las circunstancias", ha añadido también. Y ha lanzado más guiños: que si "hemos hablado con el Gobierno y seguimos dispuestos a hablar", que si "hay algunos temas en los que es preciso el consenso", que si "en los grandes temas el Gobierno ha tenido el apoyo del PP»... Rajoy hizo estos planteamientos al Ejecutivo "de cara al futuro" con una seria de reformas que habría que emprender para "recuperar la confianza que el Gobierno ha dilapidado". Empezando por "lo más urgente": la reestructuración del sistema financiero. Rajoy dijo estar a favor de que las cajas de ahorros se agrupen y se conviertan en bancos. Y la reducción del gasto público y siguiendo con todo tipo de reformas: fiscal, laboral, energética y educativa. La única condición que puso Rajoy a Zapatero, es que no les pidan un apoyo "para una cosa y la contraria"., en referencia a medidas anunciadas por el Gobierno que o bien no se han llevado luego a la práctica o bien más adelante se han cancelado, como el cheque bebé. Pero sin olvidar el mensaje más veces repetido durante todo el año: Rajoy considera que "lo mejor" para los españoles sería que el Gobierno convocara elecciones generales "cuanto antes". Pero, si esta situación no se produce, -parece que ya se va haciendo a la idea de que Zapatero le planteará batalla en mayo de 2012, va a trabajar para que "la factura que el actual Gobierno pueda dejar a los españoles sea la menor posible".
EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LAS FUTURAS PENSIONES.- El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapartrero, y el principal dirigente de la Oposición, Mariano Rajoy, comparecieron al mediodía de este jueves, penúltimo día del mes y del año, para dar sus correspondientes versiones sobre el año que termina. Zapatero se refirió, sobre todo, a las tareas que su gobierno tiene por delante, mientras Rajoy insistía en descalificar al presidente por el pésimo año concluido. Para Zapatero, la principal incógnita de la reforma de las pensiones que está en marcha ya se ha despejado: Los españoles se jubilarán a los 67 años en 2027, según ha aclarado. Además, Zapatero detalló el plazo en que se irá elevando la edad: 15 años, entre 2013 y 2027. Teniendo en cuenta este periodo, si la reforma final se ajusta a los planes del Ejecutivo, el desplazamiento de la edad legal de jubilación desde los 65 años actuales a los 67 se producirá a un ritmo superior al mes y medio por año. Es decir, en 2013, la edad de jubilación se situará en 65 años y un mes y medio; en 2014, en 65 años y algo más de tres meses; y así sucesivamente hasta que en 2027 se alcance el objetivo final de 2027. El Ejecutivo mantiene la intención anunciada en enero de este año de retrasar la edad legal a los 67, así como los criterios que permitirán la jubilación anticipada para quienes tengan carreras largas de cotización (en principio más de 36 años, cifra que también irá creciendo de forma progresiva) y profesiones penosas. El anuncio ha llegado el día después de que el Pacto de Toledo concluyera su dictamen con el que tradicionalmente se consensúa el camino a seguir por el Gobierno en la reforma del sistema de pensiones. En esta ocasión, el consenso no ha sido posible. Y, de hecho, entre las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo se constata el desacuerdo de los grupos políticos para retrasar la edad legal de jubilación, algo inédito en las otras dos ocasiones (1995 y 2003) en las que el Pacto de Toledo emitió recomendaciones para una posterior reforma. Pese a ello, para el presidente, las conclusiones de este órgano son "de máximo interés", y ha adelantado que el debate proseguirá antes y después de que el Gobierno envíe su proyecto de ley al Parlamento el 28 de enero. Zapatero, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, insistió en que actualizar el sistema es una "reforma imprescindible" con un objetivo claro: que el gasto en pensiones a partir de 2025 esté en la media europea. Dentro de 15 años, ha explicado, España gastará en jubilaciones tres puntos del PIB más que el resto de países de la UE por su particular evolución demográfica y el retiro de las generaciones del llamado baby boom. "Va a haber muchas más personas cobrando pensión. Por tanto, para que el gasto público no se dispare y se convierta en insostenible, hay que tomar medidas hoy. También para que la reforma sea progresiva y no haya que hacerla en 2020 de forma brusca", ha insistido antes de volver a tender la mano a los grupos de la oposición y sindicatos para debatir la reforma.
Durante su comparecencia, Rodríguez Zapatero, proclamóque su Ejecutivo ha sido el que "más ha mejorado las políticas sociales" en España y ha anunciado que comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentar un informe exhaustivo que lo demuestre. "Si algo caracterizará a la crisis económica, es el esfuerzo titánico que este Gobierno ha venido haciendo para mantener las grandes políticas sociales, los grandes pilares del estado de bienestar", manifestó. Zapatero respondía de este modo "a los sectores que dicen que su Gobierno es el que más recortes sociales ha hecho"."Proclamo y vamos a demostrar que éste es el Gobierno que más ha mejorado las políticas sociales", aseguró el jefe del Ejecutivo quien añadió que, para ello, el Consejo de Ministros ha decidido solicitar su comparecencia ante el pleno del Congreso.El objetivo de esta comparecencia, ha continuado Zapatero, es "evaluar y analizar" la evolución de las políticas sociales en el estado de bienestar en los últimos años, así como las perspectivas de futuro del estado de bienestar. Zapatero recalcó que se trata de un debate "de gran interés para la ciudadanía", en el que el Gobierno "pondrá sobre la mesa los datos de cómo ha evolucionado en los últimos siete años las políticas sociales" en educación, sanidad, pensiones, vivienda, ayuda a la familia, Salario Mínimo Interprofesional, y dependencia. El presidente ha dicho que establecerá durante esa comparecencia los objetivos y prioridades del Gobierno en esta materia, para lo que elevará un "informe exhaustivo" sobre su evolución, el momento actual y "la perspectiva de futuro". "Sin duda alguna es el objetivo fundamental del Gobierno que presido", insistió Zapatero, quien hizo hincapié en que el "gran objetivo" de las reformas estructurales emprendidas por el Ejecutivo es mantener la extensión y la evolución de los pilares fundamentales del estado de bienestar y las políticas sociales. "El estado del bienestar, sus fundamentos, han avanzado de una manera muy significativa desde 2004, muy poderosa. Se mantienen a pesar de la grave crisis económica y fiscal que hemos padecido", aseguró Zapatero, quien añadió que "si algo" ha procurado "mantener" en esta crisis, son los avances en políticas sociales. "El proyecto, las políticas y la coherencia son los datos. Y los datos son contundentes", ha concluido.
José Luis Rodríguez Zapatero no quiso desvelar la incógnita de si se presentará o no a las reelección en las elecciones generales de 2012. "No es el lugar ni el momento", zanjó. El presidente fue preguntado directamente si se va a presentar o no a las próximas elecciones generales, incluso los periodistas insistieron sin obtener respuesta. Se le preguntó entonces si mantener esta incertidumbre no puede perjudicar las reformas que el Gobierno plantea para España: "No tienen nada que ver cuestiones que afectan a otro lugar y otro momento con la acción del Gobierno, que adopta decisiones", dijo.Explicó que su peor momento político de este año fue el Ecofin de mayo y el decreto de recortes que ese mes se aprobó por un único voto de diferencia en el Congreso. "Nos la jugamos", sentenció, recalcando que si no se hubieran aprobado esas medidas (congelación de pensiones y recorte de sueldos públicos, entre otras), España viviría hoy una situación "extraordinariamente complicada". Ahora bien, ha dejado claro que "en ningún momento" se ha planteado dimitir porque "cuando las cosas son más difíciles hay que tener más sentido de la responsabilidad, más fuerza y más energía porque eso es imprescindible para tomar decisiones". "En mi caso es así, ha sido así y seguirá siendo así", añadió, y se mostró convencido de que el PSOE no va a sufrir una derrota 'monumental' en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, sobre todo porque, según ha recalcado, el PSOE es un partido "muy competitivo" y va a trabajar "fuertemente" ante esa cita. Dijo luego que el primero y el segundo trimestres de 2011 serán decisivos para que se consolide el sistema financiero, mejore su solvencia y credibilidad. Zapatero indicó que la reforma del sistema financiero se ha llevado a cabo en las fechas previstas, sobre todo en el ámbito de las cajas, para adaptarlo a un mercado más reducido que el anterior. A este respecto, indicó que el proceso de reestructuración de las cajas se completó el pasado viernes, pero añadió que la tarea aún no ha concluido, ya que estas entidades deben elevar sus niveles de transparencia, "con el respaldo pleno del Gobierno". Advirtió también que las tensiones que afectan a los mercados financieros de la zona euro aún no han desaparecido, pero que España "está fuerte" y actuará con "determinación" para evitar que cualquier riesgo pueda mermar la capacidad de financiación del país. "No podemos ser tan ingenuos como para pensar que por el simple hecho de cambiar de año van a desaparecer las tensiones", subrayó .Asimismo, Zapatero advirtió a la banda terrorista ETA de que ya no valen "subterfugios, ni palabras gastadas". "No se trata de esperar o no esperar", ha dicho con relación a un posible comunicado de ETA en el que la banda anuncie un alto el fuego sobre el que se ha especulado recientemente. "Sólo esperamos de ETA el abandono definitivo de la violencia, el cese total y absoluto para siempre", ha insistido Zapatero. Agregó que el Ejecutivo "mantendrá" su política antiterrorista hasta que ETA abandone algún día definitivamente la violencia. Lo único que puede tener valor, para el presidente, es el "fin absoluto, incuestionable de la violencia terrorista". "Es lo único que el Gobierno escuchará y la sociedad española en su conjunto", ha afirmado el presidente, mientras en la primera fila de la sala de prensa de Moncloa el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asentía sus palabras. Preguntado por las posibilidades de la izquierda abertzale de concurrir a las elecciones si ETA no abandona el terrorismo, Zapatero dijo que el ordenamiento jurídico "es muy claro" sobre quiénes pueden constituirse en partido político y presentarse a unos comicios y que el primer requisito es el rechazo de la violencia. "Pero eso hay que acreditarlo", ha añadido Zapatero, aunque, en cualquier caso, "la última palabra la tienen los tribunales". El presidente del Gobierno espera que la ley Sinde, que "evita las descargas ilegales" y "garantiza la propiedad intelectual" concite un consenso, "lo antes posible", "en el que puedan estar razonablemente la mayoría de las fuerzas políticas". Hay que regular este tema. Garantizar la propiedad intelectual es propio de países avanzados. Hay que respetar los derechos de los internautas, cómo no, y se puede hacer y espero que lo hagamos".
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró que su partido va a apoyar al Gobierno en todo lo que sea bueno para el interés general de los españoles porque España no se puede permitir que 2011 sea otra vez un año perdido y ha asegurado que estarán a la altura de las circunstancias. En una rueda de prensa, la primera en todo el año que hace desde la sede del PP en Madrid, en la que ha hecho balance del año 2010, Rajoy se mostró convencido de que "hace falta un profundo cambio en España" para que todo pueda mejorar, sobre todo después de "muchos años de inacción" o de "ir en direcciones equivocadas". A juicio de Rajoy "no hay confianza posible cuando la crisis no se explica" y se "reacciona con medidas inconcretas o atropelladas o impuestas desde fuera". El líder popular se mostró convencido de que España puede mirar al futuro con confianza porque existen "recursos humanos" y hay un capital construido en las últimas décadas de andadura democrática y una sociedad fuerte que "no se resigna a la decadencia". En este sentido, subrayó que en España hay "buenos emprendedores, excelentes empresas" y ha comentado que las cosas funcionan "cuando hay un gobierno que genera las condiciones necesarias, como se ha demostrado recientemente", en referencia a los años de Gobierno de su partido. Para el presidente del PP, 2010 ha sido "el año de los recortes sociales" y ha recordado que hace un año el jefe del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, manifestó que este año sería el de la recuperación económica. Según ha dicho, sus promesas se han quedado "en palabras" como "tantas otras veces". "Ha sido el año en que más españoles han perdido su puesto de trabajo, en el que han subido los impuestos, el año de los recortes sociales. Ha sido el año de mayores dificultades para las familias y en el que se ha cuestionado nuestra deuda pública", ha afirmado, para añadir que el año
EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LAS FUTURAS PENSIONES.- El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapartrero, y el principal dirigente de la Oposición, Mariano Rajoy, comparecieron al mediodía de este jueves, penúltimo día del mes y del año, para dar sus correspondientes versiones sobre el año que termina. Zapatero se refirió, sobre todo, a las tareas que su gobierno tiene por delante, mientras Rajoy insistía en descalificar al presidente por el pésimo año concluido. Para Zapatero, la principal incógnita de la reforma de las pensiones que está en marcha ya se ha despejado: Los españoles se jubilarán a los 67 años en 2027, según ha aclarado. Además, Zapatero detalló el plazo en que se irá elevando la edad: 15 años, entre 2013 y 2027. Teniendo en cuenta este periodo, si la reforma final se ajusta a los planes del Ejecutivo, el desplazamiento de la edad legal de jubilación desde los 65 años actuales a los 67 se producirá a un ritmo superior al mes y medio por año. Es decir, en 2013, la edad de jubilación se situará en 65 años y un mes y medio; en 2014, en 65 años y algo más de tres meses; y así sucesivamente hasta que en 2027 se alcance el objetivo final de 2027. El Ejecutivo mantiene la intención anunciada en enero de este año de retrasar la edad legal a los 67, así como los criterios que permitirán la jubilación anticipada para quienes tengan carreras largas de cotización (en principio más de 36 años, cifra que también irá creciendo de forma progresiva) y profesiones penosas. El anuncio ha llegado el día después de que el Pacto de Toledo concluyera su dictamen con el que tradicionalmente se consensúa el camino a seguir por el Gobierno en la reforma del sistema de pensiones. En esta ocasión, el consenso no ha sido posible. Y, de hecho, entre las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo se constata el desacuerdo de los grupos políticos para retrasar la edad legal de jubilación, algo inédito en las otras dos ocasiones (1995 y 2003) en las que el Pacto de Toledo emitió recomendaciones para una posterior reforma. Pese a ello, para el presidente, las conclusiones de este órgano son "de máximo interés", y ha adelantado que el debate proseguirá antes y después de que el Gobierno envíe su proyecto de ley al Parlamento el 28 de enero. Zapatero, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, insistió en que actualizar el sistema es una "reforma imprescindible" con un objetivo claro: que el gasto en pensiones a partir de 2025 esté en la media europea. Dentro de 15 años, ha explicado, España gastará en jubilaciones tres puntos del PIB más que el resto de países de la UE por su particular evolución demográfica y el retiro de las generaciones del llamado baby boom. "Va a haber muchas más personas cobrando pensión. Por tanto, para que el gasto público no se dispare y se convierta en insostenible, hay que tomar medidas hoy. También para que la reforma sea progresiva y no haya que hacerla en 2020 de forma brusca", ha insistido antes de volver a tender la mano a los grupos de la oposición y sindicatos para debatir la reforma.
Durante su comparecencia, Rodríguez Zapatero, proclamóque su Ejecutivo ha sido el que "más ha mejorado las políticas sociales" en España y ha anunciado que comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentar un informe exhaustivo que lo demuestre. "Si algo caracterizará a la crisis económica, es el esfuerzo titánico que este Gobierno ha venido haciendo para mantener las grandes políticas sociales, los grandes pilares del estado de bienestar", manifestó. Zapatero respondía de este modo "a los sectores que dicen que su Gobierno es el que más recortes sociales ha hecho"."Proclamo y vamos a demostrar que éste es el Gobierno que más ha mejorado las políticas sociales", aseguró el jefe del Ejecutivo quien añadió que, para ello, el Consejo de Ministros ha decidido solicitar su comparecencia ante el pleno del Congreso.El objetivo de esta comparecencia, ha continuado Zapatero, es "evaluar y analizar" la evolución de las políticas sociales en el estado de bienestar en los últimos años, así como las perspectivas de futuro del estado de bienestar. Zapatero recalcó que se trata de un debate "de gran interés para la ciudadanía", en el que el Gobierno "pondrá sobre la mesa los datos de cómo ha evolucionado en los últimos siete años las políticas sociales" en educación, sanidad, pensiones, vivienda, ayuda a la familia, Salario Mínimo Interprofesional, y dependencia. El presidente ha dicho que establecerá durante esa comparecencia los objetivos y prioridades del Gobierno en esta materia, para lo que elevará un "informe exhaustivo" sobre su evolución, el momento actual y "la perspectiva de futuro". "Sin duda alguna es el objetivo fundamental del Gobierno que presido", insistió Zapatero, quien hizo hincapié en que el "gran objetivo" de las reformas estructurales emprendidas por el Ejecutivo es mantener la extensión y la evolución de los pilares fundamentales del estado de bienestar y las políticas sociales. "El estado del bienestar, sus fundamentos, han avanzado de una manera muy significativa desde 2004, muy poderosa. Se mantienen a pesar de la grave crisis económica y fiscal que hemos padecido", aseguró Zapatero, quien añadió que "si algo" ha procurado "mantener" en esta crisis, son los avances en políticas sociales. "El proyecto, las políticas y la coherencia son los datos. Y los datos son contundentes", ha concluido.
José Luis Rodríguez Zapatero no quiso desvelar la incógnita de si se presentará o no a las reelección en las elecciones generales de 2012. "No es el lugar ni el momento", zanjó. El presidente fue preguntado directamente si se va a presentar o no a las próximas elecciones generales, incluso los periodistas insistieron sin obtener respuesta. Se le preguntó entonces si mantener esta incertidumbre no puede perjudicar las reformas que el Gobierno plantea para España: "No tienen nada que ver cuestiones que afectan a otro lugar y otro momento con la acción del Gobierno, que adopta decisiones", dijo.Explicó que su peor momento político de este año fue el Ecofin de mayo y el decreto de recortes que ese mes se aprobó por un único voto de diferencia en el Congreso. "Nos la jugamos", sentenció, recalcando que si no se hubieran aprobado esas medidas (congelación de pensiones y recorte de sueldos públicos, entre otras), España viviría hoy una situación "extraordinariamente complicada". Ahora bien, ha dejado claro que "en ningún momento" se ha planteado dimitir porque "cuando las cosas son más difíciles hay que tener más sentido de la responsabilidad, más fuerza y más energía porque eso es imprescindible para tomar decisiones". "En mi caso es así, ha sido así y seguirá siendo así", añadió, y se mostró convencido de que el PSOE no va a sufrir una derrota 'monumental' en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, sobre todo porque, según ha recalcado, el PSOE es un partido "muy competitivo" y va a trabajar "fuertemente" ante esa cita. Dijo luego que el primero y el segundo trimestres de 2011 serán decisivos para que se consolide el sistema financiero, mejore su solvencia y credibilidad. Zapatero indicó que la reforma del sistema financiero se ha llevado a cabo en las fechas previstas, sobre todo en el ámbito de las cajas, para adaptarlo a un mercado más reducido que el anterior. A este respecto, indicó que el proceso de reestructuración de las cajas se completó el pasado viernes, pero añadió que la tarea aún no ha concluido, ya que estas entidades deben elevar sus niveles de transparencia, "con el respaldo pleno del Gobierno". Advirtió también que las tensiones que afectan a los mercados financieros de la zona euro aún no han desaparecido, pero que España "está fuerte" y actuará con "determinación" para evitar que cualquier riesgo pueda mermar la capacidad de financiación del país. "No podemos ser tan ingenuos como para pensar que por el simple hecho de cambiar de año van a desaparecer las tensiones", subrayó .Asimismo, Zapatero advirtió a la banda terrorista ETA de que ya no valen "subterfugios, ni palabras gastadas". "No se trata de esperar o no esperar", ha dicho con relación a un posible comunicado de ETA en el que la banda anuncie un alto el fuego sobre el que se ha especulado recientemente. "Sólo esperamos de ETA el abandono definitivo de la violencia, el cese total y absoluto para siempre", ha insistido Zapatero. Agregó que el Ejecutivo "mantendrá" su política antiterrorista hasta que ETA abandone algún día definitivamente la violencia. Lo único que puede tener valor, para el presidente, es el "fin absoluto, incuestionable de la violencia terrorista". "Es lo único que el Gobierno escuchará y la sociedad española en su conjunto", ha afirmado el presidente, mientras en la primera fila de la sala de prensa de Moncloa el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asentía sus palabras. Preguntado por las posibilidades de la izquierda abertzale de concurrir a las elecciones si ETA no abandona el terrorismo, Zapatero dijo que el ordenamiento jurídico "es muy claro" sobre quiénes pueden constituirse en partido político y presentarse a unos comicios y que el primer requisito es el rechazo de la violencia. "Pero eso hay que acreditarlo", ha añadido Zapatero, aunque, en cualquier caso, "la última palabra la tienen los tribunales". El presidente del Gobierno espera que la ley Sinde, que "evita las descargas ilegales" y "garantiza la propiedad intelectual" concite un consenso, "lo antes posible", "en el que puedan estar razonablemente la mayoría de las fuerzas políticas". Hay que regular este tema. Garantizar la propiedad intelectual es propio de países avanzados. Hay que respetar los derechos de los internautas, cómo no, y se puede hacer y espero que lo hagamos".
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró que su partido va a apoyar al Gobierno en todo lo que sea bueno para el interés general de los españoles porque España no se puede permitir que 2011 sea otra vez un año perdido y ha asegurado que estarán a la altura de las circunstancias. En una rueda de prensa, la primera en todo el año que hace desde la sede del PP en Madrid, en la que ha hecho balance del año 2010, Rajoy se mostró convencido de que "hace falta un profundo cambio en España" para que todo pueda mejorar, sobre todo después de "muchos años de inacción" o de "ir en direcciones equivocadas". A juicio de Rajoy "no hay confianza posible cuando la crisis no se explica" y se "reacciona con medidas inconcretas o atropelladas o impuestas desde fuera". El líder popular se mostró convencido de que España puede mirar al futuro con confianza porque existen "recursos humanos" y hay un capital construido en las últimas décadas de andadura democrática y una sociedad fuerte que "no se resigna a la decadencia". En este sentido, subrayó que en España hay "buenos emprendedores, excelentes empresas" y ha comentado que las cosas funcionan "cuando hay un gobierno que genera las condiciones necesarias, como se ha demostrado recientemente", en referencia a los años de Gobierno de su partido. Para el presidente del PP, 2010 ha sido "el año de los recortes sociales" y ha recordado que hace un año el jefe del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, manifestó que este año sería el de la recuperación económica. Según ha dicho, sus promesas se han quedado "en palabras" como "tantas otras veces". "Ha sido el año en que más españoles han perdido su puesto de trabajo, en el que han subido los impuestos, el año de los recortes sociales. Ha sido el año de mayores dificultades para las familias y en el que se ha cuestionado nuestra deuda pública", ha afirmado, para añadir que el año termina con una subida de precios, en referencia a la luz, el butano, gas natural, trenes AVE y otros trayectos..
ETA REDUCE SU PRESENCIA EN FRANCIA.- ETA está inmersa en un apresurado proceso de adaptación a su futuro más inmediato, el que dibujará el próximo comunicado que convertirá la actual tregua en "permanente", "verificable" y que, probablemente, aluda a un cese en sus actividades de extorsión y aprovisionamiento. En este sentido, y según cuenta este jueves el diario Público, las Fuerzas de Seguridad han detectado en las últimas semanas el abandono del territorio francés por parte de miembros de la organización terrorista. Se trata, según el análisis policial, de enfrentar la nueva etapa con unas filas más reducidas, sobre las que ejercer un control directo y que necesiten de menos fondos para subsistir. Este proceso de remodelación estaría también detrás del retraso en la publicación del nuevo comunicado. Igualmente, casa con una de las hipótesis del robo de seis impresoras y 6.000 tarjetas blancas de PVC el pasado 20 de diciembre cerca de Lyon. Según esta tesis, los terroristas necesitan material para fabricar documentos de identidad que faciliten la movilidad de los que permanezcan en Francia durante la nueva tregua y, al tiempo, la salida de los que han recibido la orden de dejar el país vecino, previsiblemente en dirección a Suramérica.
Las fuentes consultadas no se atreven a sentenciar si la reducción de las filas de ETA en Francia está relacionada con un eventual fin de la violencia, pero aseguran que facilita la toma de cualquier decisión de calado, sobre todo si los apartados se han expresado en contra de la corriente que predomine en la actual dirección. Asimismo, una banda en tregua no necesita arriesgar con la presencia en Francia de todos sus miembros y menos aún si decide adentrarse en un proceso de reconversión de organización "armada" a otra de carácter exclusivamente político.
El Acuerdo de Gernika, en el que Batasuna quiere que ETA base su próximo comunicado, exige, por otra parte, señala Público, "la desaparición de todo tipo de amenazas y presiones". Si la organización terrorista cesara en el chantaje del impuesto revolucionario tendría que subsistir con lo recaudado hasta el pasado noviembre, mes en el que consta la última remesa de cartas enviadas a los empresarios vascos y navarros. Por su parte, los elegidos para abandonar Francia vivirán por sus propios medios, como lo hacen los integrantes de colonias como la venezolana o la mexicana y, como ellos, serán susceptibles de ser llamados a regresar en el futuro. En el documento Euskal Herria hacia su independencia, de agosto de 2009, la banda planteaba recibir del Estado cuatro millones de euros anuales para acabar con su actividad extorsionadora. Casi nada se sabe con certeza de los fondos que maneja ETA, ya que el aparato de finanzas de la organización terrorista ha sido el menos golpeado en la lucha antiterrorista. Aún así, del declive económico de la organización terrorista hablan documentos incautados a su dirección en los últimos años y la negativa creciente de los empresarios a ceder al chantaje, según se profundizaba en la crisis operativa de ETA.
Aunque los Servicios de Información dudan de que la dirección de la banda haya resuelto ya acabar de forma inexorable con la violencia, el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha afirmado en unas declaraciones publicadas por el diario conservador The Wall Street Journal que la banda ya está lista para dejar su estrategia terrorista. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió el martes "con cautelas" que ya se puede haber entrado en e principio del fin de la banda. En la documentación incautada en mayo de 2008 a la cúpula de ETA se recogía el presupuesto para los tres principales aparatos que actúan en Francia: militar (140.000), logístico (154.000) y político (48.000). La policía francesa calculaba a finales de 2009 en 218 los miembros con los que contaba ETA, pero un centenar debían situarse fuera de Francia, principalmente en las colonias de la banda en países suramericanos. Las decisiones en ETA se toman en un comité directivo (Zuba) integrado siempre por un número impar de miembros, para decantar las votaciones. En mayo de 2008, el Zuba tenía cinco miembros.
EL PRECIO DE UN CAFÉ.- El precio del café vuelve a ser piedra de escándalo del gobierno socialista. Lo fue ya hace una larga temporada, y aún se recuerda, cuando un ciudadano participante de un programa televisivo preguntó a Zapatero si sabía cuánto costaba un café. El presidente contestó que unos 60 céntimos, posiblemente como demostración de la distancia que el Gobierno tiene con la realidad de la calle, o a´si se interpretó. Ahora, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha repetido el error, al tratar de reducir el impacto que ha tenido en la opinión pública la próxima subida de la luz en casi un diez por ciento. Para Sebastián, la subida viene a ser el precio de un café “per cápita”, esta vez ya elevado a 1,70 euros, aproximadamente. Sebastián tendrá que buscar argumentos más sólidos, como los que su propio Departamento ha expuesto en un reciente informe interno, ahora divulgado, que reconoce que, desde hace dos años, el sistema eléctrico está en situación de desequilibrio, por haberse producido una “burbuja fotovoltaica”, debido a que se subvenciona con 450 euros cada megavatio/hora producido, cuando el precio de mercado es de 64 euros, es decir, siete veces menos. Se recuerda que las primas a esta energía verde, las fotovoltaicas, superarán los 2.500 millones, y se cargan al recibo... así como las ayudas al carbón, que a su vez supondrán 2.400 millones, hasta 2014, sin aportación a la generación eléctrica, pero sí a su precio... Se supone que Sebastián brindará estas explicaciones, y no las relativas al precio del carbón, cuando comparezca para explicar una de las decisiones que mayor enfado ciudadano han originado en los últimos tiempos. En todo caso, Sebastián y el Gobierno del que forma parte, parecen olvidarse de que el precio de la luz es solamente uno más de los nuevos costes con los que arranca el año nuevo, con subidas en la bombona de butano, en el gas, con recortes probables en las pensiones, con la eliminación de los 426 euros a los desempleados y de los 2.500 euros a las parturientas... En este clima de recortes, y con cifras récord en el número de parados, el próximo recibo de la luz no es más que una gota más en un panorama desolador de descontento e insatisfacción al que ha conducido la gestión de al crisis, sin que era crisis está definitivamente desaparecida o superada. Y de ahí la falta se sensibilidad de un ministerio y de un Gobierno que pretenden minimizar un coste elemental y básico y siempre creciente, sin razones aparentes, y en ningún moco explicados. Si Sebastián buscaba hacer pedagogía, como se ha alegado, su error es “de libro”, y si el Gobierno debiera o quisiera responder a la insatisfacción popular, don Miguel ya estaría en las listas de cesantes. Pero ni se plantea esa eventualidad, en un ministro “amigo del presidente” y de eficacia aún no demostrada. Después de todo, el coste de la luz se asumirá como cualquier otra elevación del coste de la vida: resignadamente y sin alterar la vida cotidiana, por más que ya se nos anticipen los 4.590 millones de beneficios que se repartirán en 2011 las tres grandes compañías eléctricas que se van a embolsar esos euros más de elevación de las tarifas. Por si faltaba algún agravio más, se nos anuncia y anticipa que la elevación ahora anunciada, es muy probable que no sea la única que se produzca en el año que comienza, el ya desventurado y atroz 2011...
LAS RENOVABLES, NIEGAN SER RESPONSABLES DE LA SUBIDA DE LA LUZ..- Cuenta una crónica de El Confidencial que “las energías renovables no quieren saber nada de la subida del 10% de la tarifa de la luz aplicada por el Ministerio de Industria”. Y explica que “bastante tienen con sufrir el severo recorte de primas que se les aplicó vía decreto el último día de la semana de Navidad”. Motor de crecimiento económico y sector industrial de referentes internacionales, las fuentes verdes son consideradas por el Gobierno ¨un grave riesgo a corto plazo para el sistema por razones económicas y técnicas¨: no hay dinero para pagar lo que cuestión y su tecnología está en proceso de constante evolución. Motivos de este tipo han convertido a las renovables en objeto de debate durante el último año. Arrastran el estigma de ser las principales responsables del incremento millonario del déficit tarifario que acumula el sistema español. Precisamente, este argumento ha sido esgrimido por el Gobierno, junto a la moratoria al carbón y el incremento del precio del petróleo, como el principal motivo para justificar la subida del precio del recibo de la luz (por cuarto año consecutivo, desde 2007), aunque en esta ocasión nada menos que un 10%, el mayor en casi tres décadas. El pulso entre Sebastián y las renovables lleva un año abierto. En abril de 2010, el Ministerio de Industria Turismo y Comercio distribuyó un documento en el que acusaba directamente a las renovables de ser las causantes de las subidas del recibo de la luz. Este diciembre, ocho meses después, Sebastián ha aprobado una reducción de costes de la tarifa de 4.600 millones de euros, de los que más del 70% (3.300 millones) se detraen de las renovables (fotovoltaica, eólica y termosolar), tijeretazo que no ha evitado la subida de la luz un 10%. Bajo esta premisa, desde la Fundación Renovables descartan que estas tecnologías sean las responsables de la subida, como se quiere dar a entender a la opinión pública. En su opinión, el origen del problema descansa en la opacidad existente en el modelo energético que sostiene el sistema. La famosa fijación de precios finalistas, cuyo formato de subasta según las renovables es inflacionista además de poco transparente, ha contado en esta subida con las ayudas al carbón (700 millones) para 2011 y los pagos por disponibilidad de las centrales térmicas. Esta tesis sobre la complejidad de la tarifa es avalada, entre otros, por el presidente de la CNC, Luis Berenguer, que ha llegado a afirmar que ¨el sistema de conformación de precios en el pool eléctrico español es un escándalo y la energía producida por las centrales amortizadas, como son las hidroeléctricas y algunas nucleares, supone llenar los bolsillos de las eléctricas en detrimento del precio que pagamos los ciudadanos”. Es decir, costes de producción que todavía se repercuten en la tarifa a pesar de que por su antigüedad ya estarían amortizados
El debate público no llega sin embargo a este punto de detalles. Las explicaciones manejadas popularmente son mucho más sencillas y simplistas, como demostraron ayer dirigentes del PSOE y PP, que se limitaron a lanzarse acusaciones sobre la autoría del déficit del sistema eléctrico. Mientras tanto, el encargado de justificar ayer la medida como voz del Gobierno fue Miguel Sebastián, que restó importancia a la decisión al comparar la subida de la luz con el precio de un café al mes. En definitiva, poca información sobre el pool eléctrico e incertidumbre para el extranjero. Según la encuesta realizada por la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) entre 80 inversores profesionales internacionales, la gran mayoría de los financieros consultados estima que conviene contratar algún tipo de seguro para seguir invirtiendo en España, lo que coincide a su vez con la subida de la prima de riesgo para los activos sujetos a cambios en el marco normativo. Precisamente, este contexto crítico está dejando al sector de las energías renovables sin capacidad de acceder al mercado de la financiación, después de años de relativo dinero barato. El dinero que han disfrutado las renovables durante los últimos tres años de boom guarda una estrecha relación con el incremento experimentado por el déficit de tarifa en los ejercicios 2008/09/10, que ha superado la media anual de los 4.500 millones, hasta llegar, según las previsiones, a una deuda global del sistema es 25.000 millones de euros pendientes de titulizar para ser colocados en el mercado con el aval del Estado. Sin embargo, desde los productores verdes lanzan una pregunta al aire: ¿Si recortan las primas, causantes del déficit, por qué suben el precio de la tarifa?
LOS CONTROLADORES, ACUSADOS DE SEDICIÓN.- Como muchos esperaban, la Fiscalía de Madrid ha remitido al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Plaza de Castilla una denuncia contra los controladores aéreos por un presunto delito de sedición, tras el caos aéreo que se produjo los días 3 y 4 de diciembre, el puente-fin de semana de la Constitución, con la finalidad de que un juez les cite a declarar en el marco de unas diligencias penales. Así lo confirmaba el fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, quien ha adelantado que "intervendrán en las diligencias con todas las consecuencias". Además, Esteban ha señalado que nada más recaiga la denuncia en un juzgado concreto, pedirán que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal.
Cabe recordar que, hasta ahora, los controladores no han querido prestar declaración hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. Los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que se les debe tomar declaración bajo la jurisdicción militar desde el momento en que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma. Las investigaciones del fiscal -el defensor de la legalidad-, están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar. El delito de sedición está castigado con penas de entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren "inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores", y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. En el caso de que los imputados no sean los instigadores, "se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años", según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal.
La presidenta de la Agrupación de Demandantes afectados por el Cierres del Espacio Aéreo, Elena Fuente, considera un "paso positivo" la demanda presentada por la Fiscalía de Madrid contra los controladores aéreos ante los juzgados de Plaza Castilla. "Es un paso adelante por el buen camino de intentar responder al salvaje atropello que sufrieron mas de 600.000 ciudadanos con todo el peso de la ley", afirmó Fuente. La asociación está preparando una demanda colectiva contra los controladores y contra Aena para reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios provocados por el caos aéreo, bajo el asesoramiento del despacho Cremades & Calvo Sotelo. Por ello, la presidenta de la asociación pidió también a la Fiscalía que "tome urgentemente las medidas necesarias para que las víctimas sean resarcidas". Además, la asociación se personará como acusación particular en la causa que abran los juzgados a instancias de la Fiscalía.
LAS DENUNCIAS CONTRA LOS CONTROLADORES, REMITIDAS A LA FISCALÍA.- Como ya adelantó hace dos semanas el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, las denuncias presentadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) contra el sindicato de controladores USCA tenían poco futuro al no encajar en el catálogo de delitos de ese tribunal. Esa es la razón que dio este miércoles el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, para archivar el caso y remitirlo a la Fiscalía de Madrid. La denuncia de OCU coincidía en su visión del caso con la de la fiscalía. Esa organización consideraba que, al haber abandonado los controladores sus puestos de trabajo provocando el cierre del espacio aéreo español, pudieron haber cometido un delito contra el tráfico aéreo "en su vertiente de sedición". Ese delito se recoge en una norma preconstitucional, la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, aprobada en 1964. FACUA, por su parte, consideraba que los hechos podían ser constitutivos de sedición (no la aérea, sino la recogida en el Código Penal común), abandono de destino, falsedad documental y coacciones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el archivo del caso por falta de competencia de la Audiencia. En su informe, consideraba que la protesta de los controladores podría encajar en la sedición aérea, como manifestaba OCU. Sin embargo, subrayaba que ese delito no estaba entre los correspondientes a la Audiencia. La Fiscalía General del Estado entiende desde hace semanas que los hechos encajan en ese delito. El juez Ismael Moreno, en su resolución, sigue el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y sostiene que "en modo alguno los referidos hechos pueden ser objeto de tipificación, siquiera indiciariamente, en alguno de los supuestos delictivos comprendidos en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", el que establece las infracciones que corresponde investigar y juzgar a la Audiencia Nacional. Por esa razón, según el juez, "ha de denegarse la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de las mismas". Moreno, aceptando también la petición del fiscal, remite las denuncias a la Fiscalía de Madrid, al tener abiertas esta última unas diligencias de investigación sobre la huelga encubierta. Sin embargo, y como explica el diario Público, la exigencia de responsabilidades penales a los controladores aéreos por el motín que protagonizaron en el puente de la Constitución ha dado un salto cualitativo con el envío a los Juzgados Centrales de Madrid de la denuncia de la fiscalía provincial contra 175 técnicos que abandonaron su trabajo en las torres de Barajas y Torrejón de Ardoz. El fiscal les imputa un delito de sedición, castigado con penas de entre ocho y diez años de cárcel. S recuerda que la fiscalía empleó también esta figura penal contra los trabajadores de Iberia detenidos en septiembre de 1996 tras bloquear las pistas de El Prat en una protesta que retuvo a miles de pasajeros. La judicialización del caso pasa así a una nueva fase. El trámite que hizo el ministerio público marca la pauta a seguir y el delito a imputar en el primer eslabón de una larga cadena en la que las distintas fiscalías provinciales remitirán a juzgados de toda España las diligencias que abrieron de oficio por el plante de los controladores en cada uno de los aeropuertos afectados. En el caso de Madrid, y como primer paso, el decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla deberá decidir en los próximos días qué juzgado tramitará la denuncia. Hasta ahora, la única que se ha presentado por sedición relacionada con este caso planteada por el colectivo ultraderechista Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo afectado se encuentra sobre la mesa del juzgado número 28 de Madrid.El número 3 de Plaza de Castilla ha recogido también varias denuncias en relación con este caso, aunque no incluyen este delito entre los atribuidos los controladores. De este modo, si se considera que los hechos notificados son los mismos, uno de estos juzgados podría asumir la denuncia de la Fiscalía de Madrid, cuyo responsable, Eduardo Esteban, prometió ayer firmeza frente a los controladores. Esteban adelantó que el ministerio público "intervendrá en las diligencias con todas las consecuencias" y advirtió de que no es "en absoluto descabellado" que se solicite el embargo de bienes de los controladores en el marco de las actuaciones judiciales que se sucederán a partir de este momento. Este embargo trataría de asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles derivadas del proceso recién abierto, entre ellas, las indemnizaciones que reclaman los afectados por el parón aéreo, que suman cifras millonarias. La fiscalía ha denunciado a los controladores basándose en un informe remitido por Aena sobre los hechos ocurridos durante el pasado puente de la Constitución, que se ha unido a las notificaciones de la Guardia Civil que incluyen la relación de los controladores que se ausentaron de sus puestos el 3 y el 4 de diciembre. La investigación realizada hasta ahora por la fiscalía se ha ceñido a esos informes, ya que los 26 controladores que fueron llamados ante el fiscal los días 9, 10 y 13 de diciembre se negaron a prestar declaración, argumentando no reconocer su competencia por estar militarizados. La fiscalía considera que los hechos investigados son anteriores a esa militarización, por lo que mostró su discrepancia con las excusas de los controladores para frenar su investigación. El interrogatorio pretendía esclarecer cómo se coordinaron en las horas previas al anuncio de bajas médicas masivas con las que los controladores justificaron su imposibilidad de seguir trabajando. De hecho, la fiscalía pedirá, una vez que se asigne un juzgado a la causa, que su titular tome declaración como imputados a los técnicos que se negaron a ser interrogados. Aún así, y para alimentar el pulso, los controladores han anunciado en reiteradas ocasiones su rechazo a declarar ante jueces y fiscales hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que han planteado contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) evitó valorar ayer el paso dado por la fiscalía, y señaló que cualquier actuación en el futuro relacionada con este asunto se encuentra "en manos de sus abogados".
EL GOBIERNO IMPULSA LA RENOVACIÓN DEL TC SIN EL PP.- El Gobierno ha dado luz verde a la renovación del Tribunal Constitucional sin contar con el PP, para lo que remitirá "de manera inmediata" al BOE los nombramientos de los cuatro magistrados constitucionales nombrados por el Senado el pasado día 1, según cuenta este jueves, destacadamente, el diario El País. La decisión estuvo precedida de contactos de última hora en los que el PP reiteró que no iba a renunciar a su candidato, el magistrado Enrique López, al que el PSOE ha vetado por no cumplir los requisitos legales y por su escaso bagaje jurídico para acceder a la institución. Recuerda esta información que los grupos parlamentarios del Congreso tenían plazo hasta este jueves para presentar a los candidatos del Congreso al Tribunal Constitucional, pero el desacuerdo entre PSOE y PP sobre uno de ellos, a propuesta de los populares, bloquea la renovación. El PSOE albergaba la esperanza de que el PP desistiera de presentar a Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, rechazado ya por los socialistas en el Senado, pero los populares le mantienen. Así se lo ha comunicado el primer partido de la oposición a los socialistas en contactos oficiosos mantenidos en las últimas horas. Este conflicto, sin embargo, explica la información, servirá para corregir una anomalía que grupos de oposición consideraban bastante escandaloso: el Gobierno retenía la publicación en el BOE de los cuatro magistrados constitucionales elegidos por el Senado el pasado 1 de diciembre, ante la expectativa de que pudieran coincidir estos nombramientos con los del Congreso, para renovar conjuntamente el alto tribunal y proceder a una única elección de presidente. No ha sido así. "Con acuerdo o sin acuerdo en el Congreso, se publicarán los nombres de manera inmediata", confirmaron fuentes gubernamentales. La publicación será inminente y la toma de posesión se verificará en cuanto las agendas de las autoridades del Estado lo permitan, al coincidir el desbloqueo con las fiestas navideñas. Pero ya no habrá demoras significativas ante la imposibilidad de saber cuándo se producirá el acuerdo sobre los candidatos que tiene que nombrar el Congreso.
Ahora, los dos partidos mayoritarios tienen que ponerse de acuerdo en el Congreso para cubrir las plazas de cuatro magistrados, tres de los cuales tienen el mandato prorrogado y el cuarto sustituirá al fallecido Roberto García Calvo. A partir de este jueves, se entra en fase de incumplimiento de la obligación de presentar candidatos. En su descargo, los grupos del Congreso recuerdan que el Senado ha tardado tres años en cumplir el proceso de renovación de los miembros del Constitucional y ellos sólo llevan mes y medio de retraso, lo que no ha impedido que el Pleno del Constitucional reclamase a los grupos políticos "que respeten" la Constitución y cumplan los plazos establecidos "imperativamente". El plazo para proponer candidatos terminaba precisamente este 30 de diciembre. El conflicto no tiene visos de fácil resolución, ya que el PSOE se niega a aceptar a Enrique López. "No hay nada personal, sino profesional, y su currículo no es el adecuado para un magistrado del Tribunal Constitucional", señalan reiteradamente fuentes socialistas. Y se preguntan si el PP no es capaz de proponer "a un catedrático, o a un magistrado con una vida profesional más acorde para el cargo". En esta opinión coinciden tanto la dirección del Grupo Socialista, que encabeza José Antonio Alonso, como La Moncloa y el Ministerio de Justicia. López sigue siendo motivo de discordia entre PSOE y PP. Lo fue en el Senado hasta que el PP retiró su candidatura. Los socialistas confiaron en que los populares no le volverían a proponer, pero sí lo han hecho.
La renovación de los magistrados del Senado se iniciará con la publicación de seis reales decretos de cese de los magistrados salientes, María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata -nombrados el 16 de diciembre de 1998 los tres primeros y el 18 de diciembre de 2002 el último-, y otros dos correspondientes al cese de la presidenta Casas y el vicepresidente Jiménez, elegidos para el cargo el 15 de junio de 2004. El cese se hará efectivo tan pronto tomen posesión los cuatro nuevos, Luis Ignacio Ortega y Adela Asúa, propuestos por el PSOE, y Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, a propuesta del PP. Dado que la ley orgánica del alto tribunal prevé que, a falta de presidente presidirá el magistrado más antiguo y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad, la presidencia recaerá en el conservador Javier Delgado Barrio, de 78 años. El presidente en funciones solo puede convocar el pleno de elección del presidente y vicepresidente. A esa elección concurrirán 11 magistrados, ya que el fallecido Roberto García Calvo no ha sido sustituido. Según una norma no escrita pero seguida en el tribunal, el presidente en principio saldría de entre los magistrados del tercio más antiguo, el del Congreso, que son el propio Javier Delgado, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay. Pero en esa elección concurren dos inconvenientes: el primero es que los tres tienen el mandato ya caducado y deberían dirigir el alto tribunal en esas condiciones. Además, estarían a expensas de que si al PP no le gusta el elegido, acceda a renovar a los del Congreso. El presidente estaría así a expensas del PP y tendría que abandonar su efímero cargo en cuanto los populares decidiesen revocarlo. Por tanto, sería más favorable que la presidencia recaiga sobre los magistrados del último tercio, que tienen mandato todavía hasta junio de 2013. Es decir, entre los magistrados Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Ramón Rodríguez Arribas. Los tres primeros son del sector progresista, y el último conservador.
CASADAS O NO CASADAS, VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA POR IGUAL.- Estar casada, divorciada, mantener una relación afectiva con un hombre fuera del matrimonio o haber roto ya ese vínculo con él, no es un factor determinante en los casos de violencia de género. Los últimos datos del Observatorio sobre la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, de los que da cuenta este jueves el diario Público, demuestran que las órdenes de protección concedidas por los juzgados de Violencia de Género se distribuyen de manera muy equitativa entre las mujeres casadas y las no casadas con una relación afectiva. Desde la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en junio de 2005, hasta septiembre de este año, el 32,6% de mujeres con orden de protección estaban casadas. Otro 30,5% mantenía una relación afectiva con su agresor. El tercer grupo lo forman las mujeres que rompieron su relación de pareja (un 24,9%) y en último lugar están las divorciadas, que han recibido el 12% de las órdenes de protección dictadas en los últimos cinco años. "Estos datos confirman que el maltrato es endémico de las relaciones de poder y dominación", afirma la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Ángela Cerrillos. "Una relación desigual puede darse en cualquier tipo de pareja, ya sea homosexual o heterexual, casada o pareja de hecho", agrega la abogada.
El debate sobre el estado civil de las mujeres víctimas de violencia de género saltó a la palestra el pasado lunes, cuando el obispo de Alcalá de Henares y responsable del área de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Reig Pla, hizo saltar las alarmas: "Los matrimonios católicos son menos dados a la violencia de género que las parejas de hecho", afirmó. Los datos del Observatorio no especifican si las mujeres casadas con orden de protección están unidas a sus agresores por la Iglesia o por lo civil porque los organismos en los que las víctimas pueden solicitar las medidas de protección (juzgados, fiscalía, policía, servicios sociales, etcétera) no formulan esta pregunta. Aun así, el año pasado se celebraron 175.952 bodas religiosas frente a 94.993 civiles, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cifras del Observatorio muestran una caída de seis puntos en el porcentaje de órdenes de protección concedidas a mujeres casadas desde 2006. En el caso de las mujeres que mantienen una relación afectiva con su agresor, el porcentaje se mantiene estable alrededor del 30% aunque en 2009 y durante los nueve primeros meses de este año ha superado el porcentaje de medidas de protección para mujeres casadas. Para Cerrillos, estas tendencias no son significativas, ya que a su juicio pueden tener que ver con "los cambios sociológicos poblacionales" motivados por el "incremento de ciudadanos extranjeros y el auge de las uniones de hecho". Aun así, las órdenes de protección son, para Cerrillos, un "buen indicador" de los escenarios de violencia de género. Trece de las 71 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas este año tenían en vigor una orden de protección, según los datos de la Secretaría de Estado de Igualdad.
Para la filóloga y feminista Pilar Careaga, las estadísticas del Observatorio son un fiel reflejo de la sociedad porque "la violencia machista no entiende de estados civiles", sostiene. Careaga relata el caso de un hombre denunciado por maltrato en tres ocasiones, en tres ciudades distintas y por tres mujeres diferentes. El hombre en cuestión estuvo casado, separado y manteniendo una relación sentimental, lo que demuestra que "el machismo y el androcentrismo se dan en todas las edades, en todo tipo de relaciones y en cualquier clase social", afirma Careaga. Sobre las declaraciones del obispo de Alcalá de Henares, Carega opina que son "una solemne tontería" y pide que "nadie dé crédito" a las palabras de Reig Pla. "Está demostradísimo que hay violencia de género en los matrimonios canónicos", insiste Careaga, "lo que habría que ver es qué dicen los curas cuando una mujer creyente les confiesa que sufre maltrato en casa". "Espero que los curas las animen a denunciar y no a aguantar, como ha estado pasando hasta hace poco", denuncia.
MAS: CON MENOS DINERO, HAY QUE HACER MÁS Y EXPLICARLO MEJOR.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, reunió este jueves por primera vez a su Gabinete y le exigió la máxima eficiencia, que en los tiempos que corren es sinónimo de administrar los escasos recursos públicos con extremo rigor. CiU se despidió del Govern en una época de bonanza económica y regresa a la Generalitat con una crisis global que obliga a todas las administraciones a dar ejemplo. Los cinco consellers que ya conocen los entresijos de la Administración autonómica serán los primeros en notar que las cosas han cambiado y que ahora toca apretarse el cinturón. Mas no les pidió que gestionen la miseria pero le faltó bien poco. «Con menos dinero tenemos que hacer más y explicarlo mejor», advirtió en el discurso que dirigió a todos ellos antes de que tomasen posesión de sus respectivos cargos. El jefe del Ejecutivo catalán preparó a su equipo para tiempos difíciles y, además, le reclamó que sepa trasladar a la sociedad las decisiones impopulares que les tocará adoptar en más de una ocasión. Si lo consiguen, marcarán un punto de inflexión respecto al tripartito.
Además de subrayar la solvencia de su Gabinete, el presidente quiso arropar especialmente al exsocialista Ferrán Mascarell, que sigue siendo blanco de críticas de sus antiguos compañeros de militancia, según cuenta El Periódico de Cataluña.. Mas proclamó que el nuevo Govern traspasa las «fronteras estrictas» de los partidos políticos porque su objetivo es sumar las diferentes sensibilidades que se identifican con el catalanismo. Vamos, que la puerta está abierta por si hay más gente que quiera seguir el ejemplo de Mascarell. Otra de las protagonistas de este Ejecutivo es la vicepresidenta, Joana Ortega, quien formalmente es la número dos, pero con una cartera recortada, puesto que de las competencias que tenía el republicano Josep Lluís Carod-Rovira prácticamente sólo mantendrá las de religión, un ámbito que como era previsible queda en manos de Unió bajo el paraguas de Governació. El resto de las atribuciones más destacadas han sido recolocadas en Presidència y serán gestionadas por su secretario general, Francesc Homs. Así, la relación con los medios de comunicación -la radio y televisión públicas, pero también los grupos privados-, las delegaciones territoriales, la política exterior -el control de las embajadas en el extranjero-, las ayudas a la cooperación y las subvenciones de Esports se integran en Presidència. En los corrillos del Pati dels Tarongers, (patio de los naranjos), Josep Antoni Duran Lleida, explicó que su implicación en la política exterior se limitará a la asesoría, ya que le resulta inviable combinar una acción ejecutiva con su papel en el Congreso. Como ejemplo de su aportación, el democristiano afirmó que gestionará reuniones de Mas con personalidades, algo para lo que el líder de Unió cuenta con una agenda de contactos a la que CDC nunca ha aspirado. Duran presidirá la parte catalana de la comisión mixta de traspasos, de la comisión bilateral Estado-Generalitat y de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales. No podrá presidir el Institut de la Mediterrània, por incompatibilidad con su condición de diputado en la Cámara baja.
Uno de los ámbitos más delicados, la política lingüística, recae del lado de Cultura. Así, Mascarell será el encargado de aplicar las multas a los comercios que no rotulen, por lo menos, en catalán. Durante la campaña, CiU se mostró ambigua respecto a la necesidad de sancionar a dichos establecimientos. El PP, que hace bandera de su guerra contra las multas, ya ha advertido de que su apoyo, aunque sea en casos concretos, dependerá también de la actitud del nuevo Govern en este ámbito. Los conservadores recuerdan que, durante el periodo en que apoyaron al Ejecutivo de Jordi Pujol, la Generalitat dejó de multar a comercios. En la primera reunión, el Govern también nombró a los números dos de cada conselleria. De los 12 secretarios generales, siete han pasado por Esade. Solo dos -el de Cultura y el de Empresa i Ocupació- no habían trabajado antes en la Generalitat. Otros dos -Ensenyament y Justícia- sobrevivieron con el tripartito e incluso se mantuvieron como altos cargos durante ese periodo.
EL RELEVO EN EL GOVERN DE CATALUNYA.- Describe El Periódico de Cataluña que “una gran e imaginaria puerta giratoria dio ayer entrada a los 11 nuevos consellers de la Generalitat y salida a los 15 del anterior Govern”. Y cuenta esta crónica que “no hubo reproches ni pullas. Regalos, sonrisas, buenas palabras, incluso entre quienes se han pasado los últimos cuatro años en sendas trincheras disparándose sin tregua. El caso más rotundo de los esfuerzos que dos personas pueden hacer para simular estima recíproca fue el de Joan Saura y Felip Puig.”. Y prosigue relatando que la jornada empezó en el Palau de la Generalitat, donde los titulares de las 11 conselleries del nuevo Ejecutivo prometieron su cargo. Ninguno imitó la fórmula de Artur Mas, con su promesa de fidelidad al pueblo catalán. Sólo tres tomaron posesión del cargo de forma personalizada. A la pregunta del president de si prometían cumplir con sus obligaciones, todos replicaron: «Sí, prometo». La flamante vicepresidenta, Joana Ortega, fue la primera en añadir algo: «Con la ayuda de Dios». Idéntica apostilla eligió la nueva titular de Justícia, Pilar Fernández Bozal, aunque ella dijo «ayuda» en castellano. El tercero en significarse fue el conseller de Salut, Boi Ruiz, quien agregó a su promesa: «Por mi honor». Después, los elegidos y sus familias departieron en el Pati dels Tarongers, y enseguida empezaron los traspasos de carteras. Se esperaba con cierta expectación el de Josep Lluís Carod-Rovira a Ortega. El Carod que sale del Govern nada tiene que ver con el que entró en éste en el 2003. Llegó el líder de Esquerra, artífice del mayor éxito del partido en las urnas, y se va un militante de base (que ha insinuado que dejará de serlo). El republicano fue extraordinariamente cordial con su sucesora, a la que regaló el libro “El Nadal que no vam tornar a casa”, una recopilación de prosa y poesía que narra el inicio del exilio catalán en 1939, y un ramo de rosas. Luego, el ya exvicepresidente se despidió en Facebook: «Rosas rojas, libro del exilio y carta personal. Hecho el traspaso de poderes. Govern nuevo, vida nueva. Ahora ya se ha acabado. Empiezo un nuevo camino». Y felicitó las fiestas.
En Economia se presenció el encuentro de dos profesores que además son amigos, Antoni Castells y Andreu Mas-Colell. Se da la circunstancia de que hace pocas semanas fueron a almorzar juntos, de catedrático a catedrático. En tono distendido, antes de que se hiciera realidad, Castells le espetó a su interlocutor: «Tú tendrías que ocupar mi silla». Y así ha sido. Castells explicó que espera haber dejado el listón un poco más alto de lo que se lo dejó su antecesor, Francesc Homs Ferret, y que está convencido de que Mas-Colell lo dejará mucho más alto que él. Este expresó su satisfacción por recibir el traspaso por parte del «profesor Castells». No se descartaba que en Interior el traspaso se hiciera por correo electrónico, pero no. Antes de empezar a desmantelar la gestión de Joan Saura, que es lo que CiU lleva meses anunciando que hará, su sucesor, Felip Puig, llenó de elogios a su antecesor y recordó que tuvo «el honor» de completar «de forma ejemplar y modélica» el despliegue de los Mossos. A su lado, Saura, serio, subrayó que deja una área compleja: «Solo es noticia cuando hay problemas». En Cultura se repitió la foto de hace cuatro años. Ferran Mascarell recibió el traspaso de cartera de aquel al que se la entregó, Joan Manuel Tresserras, un hombre al que se ve feliz por su próximo reingreso en la universidad, un remanso de paz en comparación con la vida interna del tripartito y de Esquerra, el partido que le hizo conseller y en el que ingresó como militante hace poco, en un gesto simbólico. También hubo flores en Salut, donde el ya titular, Boi Ruiz, entregó un ramo a Marina Geli, y Educació, cuya nueva cabeza visible, Irene Rigau, las recibió de Ernest Maragall. Entre leridanos, y viejos conocidos, marchó la cosa en Agricultura, donde Josep Maria Pelegrí vivió un relevo distendido con Joaquim Llena, el mismo que en campaña llamó «gilipollas» a los nacionalistas. En la guerra, ya se sabe. Lo de Joaquim Nadal y Lluís Recoder, exconseller y conseller de Política Territorial i Obres Públiques, fue una explosión de buen rollo. Antes de verse en un despacho, lo hicieron en la red social Twitter. Por la mañana, Recoder escribió: «Salgo de casa como un ciudadano más, tras más de 11 años como alcalde. Pero sigo recogiendo bolsas de la calle». Nadal lo comentó: «Hombre, ciudadano-conseller ya nombrado en el DOGC. Pero esto dice mucho a favor del instinto de alcalde. Felicidades y buenos días».
LEIRE PAJÍN SE CONFIESA A DIEZ MINUTOS.- Lleva dos meses en el cargo de ministra de Sanidad y ya se le acumulan los asuntos pendientes: la Ley Antitabaco, la Ley de Dependencia o la Ley sobre la muerte digna. Pese a ello, esta licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante no se deja vencer por el desaliento e intenta que los contratiempos y la impopularidad que le acompaña no le quiten el sueño: “Suelo dormir bastante bien, tengo esa gran ventaja. Si tengo que tomar una decisión, la tomo. No me quita el sueño”. Así se lo ha confesado a la revista Diez Minutos Leire Pajín, quien ostenta todavía el título de diputada más joven del Congreso. “Todavía no me han quitado ese récord”, afirma, orgullosa esta política vasca de 34 años que, por el momento, está soltera y no tiene hijos. Pese a la acumulación de cargos que ha ocupado en su corta, aunque prematura, carrera política -dio el salto a la vida pública a los 15 años, cuando ingresó en las Juventudes Socialistas de Alicante-, Pajín no quiere hacer ostentación de su cargo y asegura que lleva una vida normal. Es más, los fines de semana, matiza, se olvida del coche oficial y se dedica a hacer lo que más le satisface. “Llevo años viajando en coche oficial, pero los fines de semana jamás lo utilizo porque me gusta coger mi coche y hacer vida normal. Nunca he dejado de ir con mis amigas y de hacer lo que siempre me ha gustado. Ser ministra me lleva un tiempo. Ser ciudadana es para toda la vida”, sentencia.
En una amplia entrevista, la ministra de Sanidad se explaya hablando de política. Cuenta que su referente siempre ha sido Felipe González, aunque fue con su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que alcanzó la notoriedad. Lleva más de la mitad de su vida metida en la “res pública” pero, según confiesa, aún sigue sintiendo vértigo: la última vez, cuando tomó posesión de su cargo de ministra. “En ese momento sí sentí el vértigo de la responsabilidad”. En ese momento sufrió la presión, pero ha habido otros en los que lo que ha sentido ha sido rabia. “Me sigue molestando que a una mujer la miren o juzguen por cómo viste o por cómo es físicamente en vez de por cómo gestiona. Ser mujer y ser joven es tener que seguir demostrando que vales, aunque lleves mucho tiempo gestionando en política”. En su opinión, estos comportamientos responden a “una educación con siglos de dominio de los hombres”. Pero la ministra de Sanidad se muestra optimista. “Tardará generaciones en desaparecer el machismo, aunque yo creo que hemos avanzado mucho”.
LA VICTORIA DE COSPEDAL SUPONDRÍA EL CESE DE 4.000 ASESORES.- El vuelco electoral que anuncian las encuestas para los comicios de 2011 puede tener importantes consecuencias en los segundos niveles de las administraciones autonómicas. Las comunidades más afectadas serían feudos tradicionales del PSOE como Castilla-La Mancha, donde una victoria de María Dolores de Cospedal supondría la salida de 4.000 asesores y personal eventual designado ‘a dedo’, según asegura una crónica de El Confidencial. Los cálculos del PP apuntan a que el cambio de régimen en la Junta castellano-manchega desencadenará el éxodo de unos 900 asesores y cargos de confianza vinculados al Ejecutivo socialista. Claro que, de ganar a las elecciones, los populares deberán buscar nuevos cuadros para sustituir, al menos, a una parte de este personal. A un primer grupo de más de 300 empleados pertenecen directores generales y secretarios generales, técnicos, miembros de los diferentes gabinetes y jefes de prensa de las diversas consejerías. Siempre según cálculos del PP, otros 500 corresponden a cargos en empresas y organismos públicos, muchos de los cuales serían eliminados de llevarse a cabo el programa económico de Cospedal. Por otra parte, los sindicatos de Castilla-La Mancha consideran que hay un total de 3.000 puestos de trabajo ‘a dedo’ en la Junta. En diciembre de 2009, UGT, CCOO, USO, CSI-CSIF y STAS difundieron un manifiesto en el que denunciaban el “vicioso sistema” de contratación del Gobierno socialista. Desde CSIF se aseguró entonces que el sistema de nombramientos de la Junta respondía a “afinidades política y pagos de favores”. Para los populares, este elevado número de trabajadores eventuales también responde a “compromisos” de Barreda para reforzarse en el poder. La sensación en el PP es que su victoria en Castilla-La Mancha supondría un movimiento inédito en la comunidad de asesores y funcionarios: los primeros cesarían de su cargo, mientras que los segundos regresarían a sus plazas originarias. Otro colectivo al que Cospedal debería encontrar una salida, si finalmente logra imponerse a Barreda en 2011, es el del personal directivo profesional. En principio, estos empleados son designados según el principio de mérito y capacidad, pero en la práctica estos criterios pueden ser adaptados a los candidatos elegidos ‘a dedo’. Y, a diferencia del personal eventual, que cesa automáticamente al ser relevada la autoridad para la que presta el servicio, los directivos profesionales pueden continuar en su puesto.
Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con unos 75.000 funcionarios. Cospedal se ha comprometido a llevar a cabo una reducción de empresas públicas de entre el 50 y el 75% para lograr, a su juicio, una Administración más eficiente. Asimismo, ha asegurado que recortará un 50% los cargos de libre designación, reducirá un 20% el gasto corriente y eliminará el número de delegados de la Junta repartidos por el territorio. Precisamente ayer llegó a las Cortes de Castilla-La Mancha el proyecto de Ley de Empleo Público, con la que el Gobierno de Barreda pretende mejorar la posibilidad de promoción de los funcionarios y regular la citada figura del personal directivo
jueves, 30 de diciembre de 2010
LOS COSNENSOS DEL PACTO DE TOLEDO. EL PP MENOSPRECIA A LOS ADVERSARIOS. GURTEL, DE NUEVO
LAS PROPUESTAS DEL PACTO DE TOLEDO.- Con mucho menos consenso del que se hubiera deseado, terminaron sus trabajos los integrantes del grupo de trabajo del Pacto de Toledo, elevando al Gobierno una serie de propuestas y recomendaciones, algunas de las cuales veremos llevadas a modificaciones de normas vigentes. Otras requerirán mayor reflexión previa... Está por ver en qué medida el Gobierno “respeta” o interpreta tales recomendaciones, por ejemplo, a la hora de proponer cambios en la edad legal de jubilación, sumándose al consenso adoptado en esta materia, incluido el de su grupo parlamentario. Entienden las fuerzas políticas que no sería razonable que el Ejecutivo actúe contra las decisiones del poder legislativo. Salvo que sólo quiera justificarse ante los “mercados financieros”, que parecen ser los que fuerzan a las modificaciones que se van a efectuar en la reforma de las pensiones, incluso por encima de llamado “consenso social”. Temen las fuerzas políticas y sociales que una medida que extienda la edad legal de jubilación como la que se viene anunciando, los 67 años, conllevaría, con toda probabilidad, un incremento de la confrontación social que ya han anunciado CCOO y UGT. Por lo demás, algunas de las recomendaciones del grupo de trabajo del Pactop de Toledo son claramente ambiguas, por lo que pueden servir de coartada para justificar las modificaciones legislativas que el Gobierno sigue anunciando. Por ejemplo, el incremento de los años de cómputo para calcular la base de la futura pensión no concreta ni cuántos, ni cuáles serán éstos, ni la progresividad de esta medida. De ahí que se `piense que esta medida sólo busca una disminución del valor de la pensión reduciendo la misma entre un 5 y un 10%. Recordemos que el valor medio de la pensión de jubilación actualmente está en torno a los 780€. La actual edad legal de jubilación, los 65 años, es la que da lugar a percibir ese 100% de la pensión, siempre que se hayan cotizado 35 años. Algo que cada vez es más difícil de conseguir, puesto que la incorporación al mercado de trabajo se realiza cada vez más tarde, y además, nuestros jóvenes se ven ante la proliferación de la contratación a tiempo parcial que hacen que sean necesarios más años reales de trabajo para conseguir los 35 efectivos de cotización. De ahí que tenga un relativo sentido ampliar esta edad, ya que nada impide actualmente prolongar la vida laboral más allá de los 65 años. Por ejemplo, sugiere la central USO: ¿Por qué no se incentiva más este supuesto de la prolongación voluntaria de la vida laboral, al menos en la misma cuantía que se penaliza la anticipación? Y argumenta: La mejor medida para garantizar las pensiones de los futuros pensionistas es que éstos coticen, es decir, que tengan empleo. No olvidemos que sin cotización no hay pensión, y que la cotización es fruto del empleo. Por tanto, lo mejor que se puede ofrecer, con más del 40% de paro juvenil, para garantizar su pensión, es un empleo. De ahí que se reclamen reformas globales que configuren un marco adecuado para el crecimiento del empleo y la productividad. “La sostenibilidad del sistema empieza por convertir en cotizantes a los más de 3.250.000 parados actuales que ya han consumido la prestación contributiva y por tanto han dejado de cotizar.”, se argumenta.
RAJOY MENOSPRECIA A SUS ADVERSARIOS.- El líder del PP, Mariano Rajoy, se ve envalentonado, y seguro ya de ser el siguiente jefe del Gobierno, cuando se produzcan las correspondientes elecciones generales. Entiende ya que es cuestión de tiempo. Rajoy se ve de presidente del Gobierno, aunque todavía tiene que ganar las elecciones, autonómicas en mayo, y generales diez meses después. Así lo ponía de relieve en las declaraciones que hizo este martes en Ciudad Real, cuando se refirió de manera despectiva a sus eventuales contrincantes: Zapatero, Rubalcaba, “Pepiño o la Chacón”, según dijo textualmente, en una actitud que el propio José Blanco encajaba mal: “Habrá que llamarle Marianín, o Marianito, para ponerse a su altura”, dijo Blanco sobre el presidente del PP. Pero con el convencimiento de que la próxima vez será la vencida, ya modula el discurso de Rajoy, y trata más de transmitir confianza en lo que hará que de enumerar los males de la gestión de Zapatero. El suyo, como relata La Vanguardia, es un discurso lleno de guiños a un electorado que nunca le ha votado, pero que pide soluciones, y con los que muestra un talante moderado. El presidente del PP describió cómo será su gobierno: “Moderado, centrista, integrador y reformista, en el que todos nos sintamos representados”. Un mensaje, éste que ofreció en Ciudad Real, donde volvió apoyar la candidatura de María Dolores de Cospedal, que habla de su gobierno, pero con el que quiere acabar de captar los últimos votos que le pueden hacer falta para lograr un cambio histórico en Castilla-La Mancha, que puede acabar con la hegemonía socialista de 30 años, y que nadie duda en el PP que será el anticipo del cambio. Palabras de moderación con las que el líder del PP quiere conjurar el mayor de los peligros que ha tenido que afrontar el PP otras veces, que el temor a su triunfo movilice a la izquierda y el PP se vuelva a quedar a las puertas del triunfo. Moderación, centrismo, integración y reformas, porque el problema de España, subrayó Rajoy, no es “ideológico”, sino de “competencia para gestionar asuntos públicos”. En Castilla-La Mancha y en España, y para eso se ofrece el PP “desde la convicción de que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor, y que por encima de las ideologías, toca un cambio”.
Rajoy es consciente de que puede llegar al gobierno en uno de los momentos peores de la reciente historia de España, y por eso en discursos como el de ayer ante el PP de Castilla-La Mancha no hizo promesas, no tiene fórmulas mágicas, ofrece otra cosa: “La herencia será muy mala, no tiene sentido es engañarse, pero el reto es apasionante y habrá que trabajar mucho, nosotros estamos dispuestos a hacerlo”. El único obstáculo en esa carrera hacia el gobierno lo ve Rajoy en la posibilidad de que Zapatero quiera dar un golpe de efecto para intentar parar la debacle con su sucesión. Por eso, y curándose en salud, lo mismo que el PP puso su objetivo en Alfredo Pérez Rubalcaba en el mismo momento en que fue nombrado vicepresidente, ante la posibilidad de que fuera el llamado a sustituir a Zapatero, Rajoy empezó ayer su particular campaña antisucesor, no fijándose en una persona, sino en el hecho, que es a lo que quiere restar importancia, aplicando la tesis, ya enunciada desde el PP, de que el sucesor de Zapatero será Mariano Rajoy. El líder del PP no utilizó estas palabras, pero es lo que vino a decir, aunque con una frase que fue muy aplaudida por los suyos por la carga de menosprecio con el que aludió a los supuestos candidatos: “Nos tiene que tener sin cuidado si el sucesor es Rubalcaba, Pepiño o la Chacón, porque va a haber un cambio, y por eso quien sea el sucesor carece de importancia. No nos debe ocupar ni un segundo”.
Algún asesor debiera recordarle a Rajoy el viejo refrán de que “hasta el rabo, todo es toro”, y que acaso es prematuro empezar a celebrar eventuales éxitos futuros...
CASO GURTEL: SE INVESTIGAN CONTRATOS DE TIEMPOS DE AZNAR.- El Caso Gurtel avanza..., ahora hacia atrás, en el tiempo. Según cuenta este miércoles el diario El País, la investigación del Caso Gurtel, la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada al PP, alcanza el Gobierno de José María Aznar. El juez Antonio Pedreira firmó anteayer un auto en el que reclama numerosa documentación de 2001 y 2002 al Ministerio de Economía y Hacienda; al Instituto de Crédito Oficial, ICO, y a Reds Eléctrica española, REE, relacionada con contratos adjudicados a empresas vinculadas a la trama corrupta de Francisco Correa. Dentro de esta investigación también ha metido el juez a otras instituciones como los Ayuntamientos de Soria, Zaragoza y Ador, en Valencia, y la Junta de Castilla y León. Según esta información, el juez ha decidido iniciar estas pesquisas tras conocer un informe reciente de la policía basado en documentos incautados a la red Gürtel que probaban cómo Correa medió en la búsqueda de negocios para una empresa con los ministerios de Economía y Medio Ambiente. Según estos nuevos datos, la red Gurtel se asoció en 2001 con el Grupo Ros Roca, especializado en tratamiento de residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Correa ofreció a ese grupo empresarial su mediación para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según la investigación. El jefe de la red Gürtel tocó al menos a dos ministerios y a otros organismos, como el Instituto de Crédito Oficial y Red Eléctrica Española, para favorecer a Ros Roca, según detalla el informe policial. El Ministerio de Economía controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique. El Ministerio de Medio Ambiente había sacado a concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca. Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente Aznar.
Según esta información, diversos faxes y documentos hallados en los registros de las empresas de Correa acreditan las gestiones políticas que hacía para el Grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4, del 4%. Documentos incautados a la red que figuran en el sumario señalan que la persona clave con la que contacta la red para conseguir créditos FAD a favor del Grupo Ros Roca sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), entonces secretario general de Comercio Exterior, entre 2000 y 2003, y hoy senador. Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M de USD. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total". La policía interpreta que Correa usa sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.
PEDREIRA PIDE DATOS SOBRE 18 EMPRESAS DE GURTEL.- El juez Antonio Pedreira, que investiga la parte principal del caso Gürtel, ha pedido a los ayuntamientos de Zaragoza, Logroño y Ador (Valencia) que le envíen todos los expedientes que posean en relación a 18 empresas vinculadas a la trama corrupta y entre las que figuran dos propiedad del ex diputado del PP al Congreso por Segovia Jesús Merino. Esas dos empresas son Serrano Global Consulting SL y Fuentelavanda SL. El requerimiento del juez, del que da cuenta este miércoles el diairo Público, afecta también de manera especial al grupo empresarial Ros Roca, investigado por sus presuntas conexiones con la red que supuestamente dirigía Francisco Correa. De hecho, Pedreira ha solicitado a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía la remisión de todos los contratos adjudicados a las sociedades del grupo Ros Roca, que en el último mandato de José María Aznar obtuvo créditos de ayuda al desarrollo (FAD). El juez ordena igualmente al Instituto de Crédito Oficial que le facilite los contratos suscritos con mercantiles pertenecientes a Ros Roca. La solicitud de Pedreira, contenida en un auto dictado el pasado día 27, se sustenta en los informes de la policía y la Fiscalía Anticorrupción sobre la presunta ligazón entre el grupo de Francisco Correa y diversas empresas pantalla, categoría en la que estaría encuadrada Ros Roca, así como la empresa Asian Deluxe Group SL. El juez, que espera cerrar la instrucción en los próximos meses, ha comenzado ya la criba de imputados. En un auto notificado ayer, Pedreira levanta provisionalmente la imputación a los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, a quienes hasta ahora se atribuía un delito de blanqueo. Ambos prestaban servicios a Correa.
EL SUBIDÓN ELÉCTRICO ARRASTRA OTRAS SUBIDAS.- El tarifazo eléctrico aprobado esta semana por el Gobierno tendrá un efecto dominó sobre el precio de algunos servicios y productos de primera necesidad que crecerán a partir de enero por encima del IPC real (2,2% a noviembre de este año). Así lo creen las asociaciones de consumidores, convencidas de que el 9,8% aplicado al recibo de la luz incidirá fundamentalmente en la cesta de la compra y en el transporte ferroviario, según las conclusiones que recoge La Voz de Galicia. Las organizaciones de usuarios temen que incida «entre dos y tres puntos» en el índice de precios al consumo del 2011. De momento, el sector panadero maneja ya una escalada de precios que rondaría el 10% por término medio para el año que viene. La bollería o las galletas se encarecerán cerca de un 6%. Además de la subida eléctrica, el argumento principal de estos empresarios es el incremento del 50% experimentado a lo largo del 2010 en el coste del trigo. Según Miguel López Crespo, de la Unión de Consumidores de Galicia, esta «bola de nieve» tendrá una especial incidencia en el transporte, sobre todo en el ferrocarril, que ya anunció subidas de hasta el 3,1% para los trayectos de AVE y largo recorrido. «Podrían no ser las últimas», señala el secretario general de Ucgal. En la cesta de la compra, además, hay productos «especialmente sensibles» al coste de la electricidad, como los congelados, las conservas y, en general, todos los relacionados con la droguería. Los elaborados cárnicos podrían repercutir también el recibo de la luz en los consumidores. Desde la citada asociación consideran en cambio que otros sectores, como el lácteo, no sufrirán el mismo efecto porque no son los productores quienes fijan los precios, aunque el tarifazo sí que incidirá en la cuenta de explotación de los ganaderos.
La patronal eléctrica, Unesa, confirma por su parte los peores pronósticos. La subida del 9,8% aprobada el lunes por la comisión delegada de Asuntos Económicos del Gobierno es «insuficiente», según los empresarios, para corregir los desfases del sistema eléctrico español. Los portavoces de las compañías productoras y distribuidoras de electricidad creen que este incremento no será el último. Primero porque el déficit de tarifa (20.000 millones de euros desde el año 2000 hasta ahora) no se ha corregido. La subida de enero servirá únicamente para que no siga creciendo, pero tanto la CNE como las eléctricas coinciden en que sería necesario otro «ajuste duro», de hasta el 20%, para equilibrar los costes del sistema con sus ingresos. Y después, porque el otro gran componente del recibo de la luz, las materias primas (petróleo, uranio o gas), seguirán subiendo, según todos los pronósticos, en el 2011.
Las reacciones a la escalada de la luz corrieron ayer como la pólvora entre sindicatos, partidos políticos y asociaciones de consumidores. Una de las más llamativas fue la de la federación de consumidores Facua, que anunció una campaña para «movilizar» a los usuarios contra la «desproporcionada» subida. Con el lema «Di a Zapatero que rechazas el tarifazo eléctrico», Facua presentó una carta, que los usuarios pueden enviar al presidente del Gobierno a través de la página web www.facua.org/contraeltarifazo. En la misiva se expresa el rechazo a una subida «desproporcionada» y a una política energética «contraria a los intereses de los consumidores y plegada a intereses empresariales».
En el terreno político, el presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que las subidas de la luz, el gas o los billetes de AVE y cercanías son consecuencia de los «errores monumentales» del Gobierno, como la configuración de un «demencial» modelo energético. Aprovechando una junta directiva popular en Castilla-La Mancha, celebrada en Ciudad Real, arremetió contra Zapatero señalando que decisiones como la del lunes no provienen de «una maldición bíblica» o se producen «porque sí», sino que están provocados por «los errores monumentales de unos gobernantes que no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni de un país como España». A su vez, la presidenta de la comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, calificó de «tragedia» para los españoles esta subida, y señaló que traerá «más paro e inflación, y menos competitividad, renta y transparencia». Del lado del Gobierno, el que ayer dio la cara fue el vicepresidente tercero y ministro de Administración Pública, Manuel Chaves, que admitió que la subida de la luz ha provocado una reacción «negativa» en las asociaciones de consumidores, pero explicó que el problema de ir retrasando la subida representaría al final una situación «mucho peor» que la actual. La federación de Industria de Comisiones Obreras rechazó el incremento y negó que responda a las ayudas al carbón nacional. Y desde IU, su coordinador, Gaspar Llamazares, dijo que «hay gato encerrado» en la medida, que en su opinión «favorece a las grandes eléctricas».
LAS ELÉCTRICAS SE REPARTIRÁN 4.590 MILLONES EN 2011.-El tarifazo aprobado por el Gobierno el pasado lunes 27 de diciembre ya es objeto de debate entre Gobierno y la oposición y de indignación ciudadana a partes iguales. Quienes todavía no se han pronunciado al respecto son sus beneficiarios, las principales compañías eléctricas, que en pleno debate sobre la inminente subida de la tarifa de la luz, que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero de 2001, mantendrán e incluso reforzarán el pago de dividendos a sus accionistas durante el próximo año. Según datos que este miércoles proporciona El Confidencial-Cotizalia, las tres grandes compañías energéticas españolas -Iberdrola, Endesa y Gas Natural- repartieron este año 3.556 millones de euros entre sus accionistas por concepto de dividendo, cantidad que elevarán hasta los 4.589 millones para el próximo 2011, según las estimaciones del mercado recopiladas por Cotizalia. Esta retribución es posible gracias a los beneficios de cada ejercicio, aun teniendo en cuenta que una parte importante de su actividad está condicionada por la fijación del Gobierno del precio de la luz. Esta política de remuneración convierte a estos valores en unos de los más atractivos para los inversores. Endesa ha abonado 1.079 millones en 2010 y podría elevar hasta los 2.147 millones durante 2011, según estimaciones de analistas, que en su mayoría irá a manos de la italiana Enel, que controla el 92% de las acciones.Iberdrola, por su parte, ha pagado este año 1.747 millones, y repartirá 1.640 millones el que viene, mientras que Gas Natural ha distribuido 730 millones en 2010, y elevará esta cantidad hasta los 802 millones. Estos desembolsos a sus accionistas están condicionados normalmente por la evolución de los resultados y por la situación financiera de las compañías. En este último caso, las eléctricas acumulan en la actualidad una deuda de 63.380 millones, ligeramente inferior a los 64.900 millones que acumulaban a cierre de 2009. De esta cantidad, 17.869 millones corresponden a Endesa; 25.677 millones, a Iberdrola; y 19.834 millones, a Gas Natural Fenosa, según datos recogidos por la agencia de noticias Europa Press. En este contexto de flujos de euros millonarios, una subida del precio de la luz un 9,8% puede causar más indignación a ojos de los usuarios, a pesar de que con este recargo extraordinario está previsto que el sistema se adapte a la prórroga de las ayudas a la producción del carbón nacional, cuya pervivencia cuesta más de 580 millones de euros a las arcas públicas, el equivalente a cerca de 220.000 euros por cada minero empleado en este sector.
La patronal eléctrica Unesa ha dejado claro que "es la senda a seguir", sobre todo para reducir el déficit de tarifa que los usuarios pagan para compensar los gastos derivados de que las tarifas estuvieran durante años por debajo de los costes. Sin embargo, esta subida no contribuye a la reducción del déficit como tal, sino a que crezca menos, ya que la subida estrecha la diferencia existente entre el coste de fabricación/distribución con el precio final, que se marca por un complejo sistema de subastas trimestrales y de peajes fijados por el Gobierno. Precisamente, las eléctricas se encuentran pendientes del proceso de colocación en los mercados del déficit de tarifa del sector eléctrico, que les permitirá sacar de su balance cerca de 13.000 millones de este desajuste que financian directamente mediante la titulización de este préstamo y su conversión en valores negociables. Las empresas que más parte del déficit deben financiar son Endesa, con 5.681 millones, e Iberdrola, con 4.421 millones, mientras que a Gas Natural Fenosa le corresponden 1.662 millones.
Ahora que la subida se convierte en un tema de debate público, con las asociaciones de consumidores al frente de las críticas, el responsable del PP, Mariano Rajoy no dejó pasar ayer martes la oportunidad para calificar la decisión como una "injusta vuelta de tuerca" para la economía de los españoles al "decretar, en plena crisis económica, la mayor subida de las tarifas eléctricas reguladas" que ha tenido lugar en "los últimos 28 años". El líder de la oposición tachó la política energética socialista como "demencial" y apuntó al reparto de "primas a determinadas empresas que han ganado mucho dinero" y a las "decisiones equivocadas" como las principales causas que han llevado a este tarifazo. La respuesta por parte del PSOE ha sido igual de contundente, evidenciando la falta de sintonía existente sobre el pacto energético entre los dos principales partidos. El dirigente socialista Hugo Morán, secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, recordó también ayer que “fue en los tiempos en los que Rajoy formaba parte del Gobierno de España cuando el Partido Popular se inventó un sistema para subir la luz sin que los consumidores se enterasen, al tiempo que cargaba los costes de aquella ‘subida clandestina’ en el recibo de todos los abonados con independencia del consumo”. “Aquello recibió el eufemístico nombre de ‘déficit tarifario’, algo así como que las eléctricas fuesen apuntando en una cuenta todo lo que no pudiesen cargar en el recibo a fin de no perjudicar la ‘buena imagen’ del Gobierno”, continuó Morán, “y ya se encargarían los que viniesen detrás de cobrárselo a los ciudadanos asumiendo el coste político correspondiente”. En su descargo, los populares, esta vez por boca de su secretario de Economía, Álvaro Nadal, aseguran que “el 95% del problema del déficit tarifario ha sido generado por la incompetencia de los ministros de Industria, Montilla y Clos, quienes hicieron el problema gravísimo”. Mientras tanto, la luz sube un 9,8% a partir del 1 de enero.
SE BUSCA RESUCITAR LA LEY SINDE.- Dos diarios, El País y El Periódico de Cataluña, destacan como asuntos de relieve en sus ediciones de este miércoles que el gobierno trata de recuperar la “ley Sinde” para que sea aprobada próximamente. Según El País, “Zapatero ultima una nueva Ley Sinde para pactar con el PP”, y salvarla a su paso por el Senado. Según esta información, todo indica que la ley antidescargas, que prevé la posibilidad de cerrar páginas web que sirvan contenidos no autorizados sujetos a derechos de autor, sufrirá cambios sustanciales respecto al texto que fue rechazado en el Congreso de los Diputados la pasada semana. Asimismo, se asegura en El Periódico de Cataluña que, tras su inapelable derrota de la semana pasada en el Congreso, donde todos los partidos menos el PSOE votaron en contra de la llamada ley Sinde, el Gobierno comienza a dar síntomas de querer enmendarse. Tanto en el fondo como en la forma. El modelo original, incluido en una disposición adicional de la ley de economía sostenible (LES), otorgaba a una comisión administrativa, dependiente del Ministerio de Cultura que dirige Ángeles González-Sinde, buena parte de las facultades para cerrar o bloquear el acceso a las webs que permiten el intercambio no autorizado de archivos. Lo que el Ejecutivo sostiene ahora es que este enfoque adolecía de cierta falta de «equilibrio». Es decir, que los derechos de los internautas no estaban suficientemente garantizados. La segunda rectificación tiene que ver con el procedimiento: en lugar de la agónica negociación que desembocó en fracaso el martes en la Cámara baja, los socialistas apuestan por abonar más y mejor el terreno con el resto de grupos. Lo harán en el Senado, donde pretenden volver a incluir la norma de la discordia a través de una enmienda, y lo harán buscando el acuerdo con un PP abierto al entendimiento.
La ley, tan reclamada desde sectores culturales, no se aprobó en el Congreso «por circunstancias del momento», dijo el martes el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que también se mostró convencido de que el pacto con el resto de grupos se habría logrado de haberse retrasado unos días la votación. Sin embargo, según fuentes del PP, el partido de Mariano Rajoy pidió hace unas semanas exactamente esto, una demora, y los socialistas contestaron que de ninguna manera. Y después, cuando solo faltaban unas horas para decidir el futuro de la norma, tras comprobar que ni el PNV ni CiU estaban dispuestos a apoyarles, el Gobierno, a través del propio Jáuregui, buscó la complicidad del PP, que pidió mayores garantías judiciales y la supresión progresiva del denostado canon digital. Nuevo fracaso negociador. Jáuregui consideró que el asunto a lograr con la norma es este: «Combatir la piratería respetando el derecho de los internautas a poder darle al botón y bajarse una determinada información siempre y cuando esta no vulnere la propiedad intelectual». Y aquí el ministro ejerció la autocrítica: «Ese equilibrio no lo habíamos logrado, lo reconozco, y también reconozco que tuvimos poco tiempo para hablar con el PP». Jáuregui pronunció estas palabras después de otras de Mariano Rajoy, y algo debieron de tener que ver las declaraciones del presidente de los conservadores en el optimismo del ministro. Desde Ciudad Real, donde participó en una reunión del PP castellano-manchego, Rajoy dijo que se podían «conciliar» los derechos de autor y los de los internautas, y que si quiere que la negociación tenga éxito el PSOE debe designar a «un interlocutor, el que sea, y se siente y discuta».
Todo empieza a destilar el aroma de un pacto en el Senado entre ambos partidos, según El Periódico de Cataluña. La LES llega a esa cámara el próximo 15 de enero. A su vez, asegura El País que el batacazo de la ley en el Congreso está llevando a todas las partes interesadas en esta normativa a mover ficha, y anuncia un inminente encuentro del presidente de la Academia de Cine con representantes de los internautas.
CAYO LARA REPLICA A MONSEÑOR REIG.- El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha relacionado la violencia machista con la cultura y la educación religiosa recibidas, y ha recordado que, en el matrimonio católico, se emplea la fórmula "hasta que la muerte os separe". Cayo Lara ha recordado que el matrimonio católico usa la fórmula "hasta que la muerte os separe": "Sobran más comentarios", ha apostillado Cayo Lara durante una rueda de prensa en la sede federal de IU, en la que se ha referido a las palabras del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia de la Conferencia Episcopal, sobre la violencia machista. Según Reig Plá, la violencia doméstica se da, sobre todo, en aquellos procesos de separación y divorcio, y en procesos de litigio. "Los matrimonios canónicamente constituidos -dijo-tienen menos casos de violencia doméstica que aquéllos que son parejas de hecho o personas que viven inestablemente". "A lo mejor ha tenido algún tipo de revelación", ha considerado el coordinador general de IU, quien ha reclamado al obispo que diga la "revelación concreta" que ha tenido para que su afirmación cuente con "una base científica". Los datos no avalan la teoría de los obispos, según defiende Cayo Lara. "Sé que la Iglesia fundamentalmente funciona con dogmas, pero es importante que, en este caso, tengamos una base científica", ha continuado Lara, quien ha argumentado que los datos "no dicen que los matrimonios casados como Dios quiere y manda", tengan menos violencia de género "que las parejas que viven de manera diferente a como quiere el obispo". Lara ha dicho que el maltrato "tiene que ver con el machismo" y la idea de "dominio" del hombre sobre la mujer, "con que la mujer, según dice la Iglesia, se hizo de una costilla de Adán". "Está todo íntimamente relacionado", aseguró el líder de IU, para quien el machismo se ceba con las mujeres cuando éstas empiezan a tener independencia económica porque no acepta que no sean "propiedad privada". "Hay una responsabilidad clarísima de nuestra cultura y nuestra educación religiosa. Ya sabéis que el matrimonio religioso cuando da la bendición dice 'hasta que la muerte os separe'. Sobran más comentarios", ha concluido Lara.
ALGUNAS EMBARAZADAS ANTICIPARÁN EL PARTO.-Explica este miércoles el diario El País que “la necesidad económica favorece la picaresca”. Y cuenta cómo algunos centros privados están atendiendo las insistentes peticiones de mujeres cuyo embarazo sobrepasa los ocho meses y medio para dar a luz antes del 31 de diciembre, fecha en que finaliza la ayuda del cheque bebé de 2.500 euros vigente desde julio de 2007. "En la sanidad pública no cuela, pero tengo compañeras que sí lo están viendo en clínicas privadas de Andalucía", asegura una jefa de matronas que trabaja en un gran hospital de la capital sevillana. "Lo que observamos en la sanidad pública es que muchas embarazadas que tienen previsto el parto para la primera quincena de enero, vienen frecuentemente a la consulta diciendo que están manchando, o que han roto aguas. No se atreven a pedirlo abiertamente, pero sabemos que les gustaría adelantar la fecha. Tras un reconocimiento, se les da el alta y a casa". Esta matrona sí conoce testimonios en sentido contrario de compañeras suyas en clínicas privadas, aunque tampoco le sorprende: "Adelantar unos días el parto es algo relativamente frecuente en el sector privado. Lo hacen cuando llegan puentes, o la Semana Santa, o la Feria. Conlleva cierto riesgo sanitario, aunque no suele entrañar gravedad". En los foros de Internet de embarazadas no son pocas las que admiten haber adelantado el alumbramiento, pero siempre se trata de pocos días. Ninguna futura madre pierde el juicio por 2.500 euros. Otras, que van a dar a luz la primera semana de 2011, se reafirman en dejar a la naturaleza seguir su curso y aseguran que el dinero en estos casos carece de importancia. El director médico de la madrileña clínica Belén, que atiende 3.000 partos al año, constata el "interés" de las embarazadas en dar a luz antes de Nochevieja. "Están haciendo muchísimos comentarios en consulta, dicen 'ojalá me ponga de parto', pero no se atreven a más", asegura David Marchante. Esta clínica se planteó doblar el personal de enfermería en los últimos días del año por si tenían que hacer más inducciones de las habituales, pero finalmente no ha sido así.
Otra cuestión son las cesáreas programadas. Como un parto de gemelos a término que vienen de nalgas. "Había que fijar una fecha y lo mismo nos daba", explica Marchante. La familia prefirió que fuera el día 30 y, así, optar al cheque bebé. "Mientras no haya contraindicación médica puede hacerse", añade. Opina lo mismo José Manuel Bajo Arenas, presidente de la Sociedad Española de Ginecolog´ñia y Obstetricia, SEGO: "En esos casos la indicación médica está presente". La SEGO tiene establecidas las condiciones que deben darse para inducir un parto: hipertensión, sufrimiento fetal, diabetes... "Entre ellas no está el cheque bebé", bromea, pero enseguida se pone serio y recuerda que un parto inducido no es lo mismo que uno espontáneo, y que tiene riesgos. "Estaré yo de cancerbero el día 31", asegura José Ángel Espinosa, jefe asociado del Servicio de Ginecología del hospital Quirón de Madrid. Sabe que llegarán mujeres diciendo que ya están de parto sin estarlo. "No voy a dejar que se me cuele ninguna", bromea. Eso sí, admite que estos días han llegado algunas que han pedido que les hagan la maniobra de Hamilton (separar las membranas para inducir de forma natural el parto). "Si pasan de las 38 semanas y lo solicitan, lo hacemos", afirma.
SE BUSCAN SOLUCIONES AL CONFLICTO DE CONTROLADORES.- El diario La Gaceta de los Negocios asegura en su edición de este miércoles que el expresidente del TC Manuel Jiménez de Parga ha recibido la petición del Ejecutivo para que dirima el conflicto con los controladores. Añade esta información que el abogado Jiménez de Parga, catedrático de Derecho, sólo aceptará ser mediador en el conflicto si ambas partes admiten su mediación. Medios jurídicos que cita el mismo diario sostienen que el gobierno quiere solucionar el problema con un arbitraje. En cuanto a los controladores, cree saberse que están divididos: Mientras la mayoría del colectivo quieren acabar cuanto antes con esta situación, una “línea dura” duda del arbitraje, y prefieren presinar al Gobierno con la próxima privatización de hasta el 40 por 100 de Aena.
Mientras tanto, y según relata del diario El Mundo, la Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo y el despacho de abogado que le asesora, Cremades&Calvo Sotelo, se han coordinado para poner en marcha la emisión de un poder con más de 150 notarías de todo el país. La nueva medida permitirá que los afectados que quieran reclamar sus derechos puedan hacerlo de forma colectiva, ágil y eficaz. La puesta en marcha de esta innovadora forma de reclamación supondrá un ahorro económico para los afectados.Los poderes notariales son necesarios para que los abogados realicen las acciones legales que se consideren oportunas para alcanzar la indemnización pretendida por el colectivo: devolución de los daños materiales sufridos y una indemnización global para cada uno de 10.000 euros. El texto del poder puede consultarse en la web de la Agrupación, así como en la del bufete de abogados Cremades &calvo Sotelo. También se pueden consultar el listado de las notarías que se han adherido a la iniciativa. Estas notarias habilitarán unas horas al día durante todo el mes de enero para que cualquier afectado, que haya contactado previamente con la notaría, pueda otorgar ante notario el correspondiente poder para pleitos. Será imprescindible que los afectados presenten su DNI y que la representación de los menores de edad se acredite con el correspondiente Libro de Familia. En cualquier caso, los afectados podrán acudir a cualquier otro notario y solicitar un poder como el del modelo que se ha presentado. La selección geográfica de las Notarías se ha elaborado en función de la procedencia de los afectados, con el fin de facilitar al máximo este trámite y que la mayoría de ellos pueda acudir a una notaría de su propia ciudad. El mayor número de afectados se encuentra en las ciudades de Madrid, Barcelona, Tenerife, Sevilla, Mallorca, Málaga, Bilbao, Valencia, Canarias y Zaragoza. En los próximos días la agrupación hará pública una relación de afectados distribuidos por provincias españolas.
RAJOY MENOSPRECIA A SUS ADVERSARIOS.- El líder del PP, Mariano Rajoy, se ve envalentonado, y seguro ya de ser el siguiente jefe del Gobierno, cuando se produzcan las correspondientes elecciones generales. Entiende ya que es cuestión de tiempo. Rajoy se ve de presidente del Gobierno, aunque todavía tiene que ganar las elecciones, autonómicas en mayo, y generales diez meses después. Así lo ponía de relieve en las declaraciones que hizo este martes en Ciudad Real, cuando se refirió de manera despectiva a sus eventuales contrincantes: Zapatero, Rubalcaba, “Pepiño o la Chacón”, según dijo textualmente, en una actitud que el propio José Blanco encajaba mal: “Habrá que llamarle Marianín, o Marianito, para ponerse a su altura”, dijo Blanco sobre el presidente del PP. Pero con el convencimiento de que la próxima vez será la vencida, ya modula el discurso de Rajoy, y trata más de transmitir confianza en lo que hará que de enumerar los males de la gestión de Zapatero. El suyo, como relata La Vanguardia, es un discurso lleno de guiños a un electorado que nunca le ha votado, pero que pide soluciones, y con los que muestra un talante moderado. El presidente del PP describió cómo será su gobierno: “Moderado, centrista, integrador y reformista, en el que todos nos sintamos representados”. Un mensaje, éste que ofreció en Ciudad Real, donde volvió apoyar la candidatura de María Dolores de Cospedal, que habla de su gobierno, pero con el que quiere acabar de captar los últimos votos que le pueden hacer falta para lograr un cambio histórico en Castilla-La Mancha, que puede acabar con la hegemonía socialista de 30 años, y que nadie duda en el PP que será el anticipo del cambio. Palabras de moderación con las que el líder del PP quiere conjurar el mayor de los peligros que ha tenido que afrontar el PP otras veces, que el temor a su triunfo movilice a la izquierda y el PP se vuelva a quedar a las puertas del triunfo. Moderación, centrismo, integración y reformas, porque el problema de España, subrayó Rajoy, no es “ideológico”, sino de “competencia para gestionar asuntos públicos”. En Castilla-La Mancha y en España, y para eso se ofrece el PP “desde la convicción de que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor, y que por encima de las ideologías, toca un cambio”.
Rajoy es consciente de que puede llegar al gobierno en uno de los momentos peores de la reciente historia de España, y por eso en discursos como el de ayer ante el PP de Castilla-La Mancha no hizo promesas, no tiene fórmulas mágicas, ofrece otra cosa: “La herencia será muy mala, no tiene sentido es engañarse, pero el reto es apasionante y habrá que trabajar mucho, nosotros estamos dispuestos a hacerlo”. El único obstáculo en esa carrera hacia el gobierno lo ve Rajoy en la posibilidad de que Zapatero quiera dar un golpe de efecto para intentar parar la debacle con su sucesión. Por eso, y curándose en salud, lo mismo que el PP puso su objetivo en Alfredo Pérez Rubalcaba en el mismo momento en que fue nombrado vicepresidente, ante la posibilidad de que fuera el llamado a sustituir a Zapatero, Rajoy empezó ayer su particular campaña antisucesor, no fijándose en una persona, sino en el hecho, que es a lo que quiere restar importancia, aplicando la tesis, ya enunciada desde el PP, de que el sucesor de Zapatero será Mariano Rajoy. El líder del PP no utilizó estas palabras, pero es lo que vino a decir, aunque con una frase que fue muy aplaudida por los suyos por la carga de menosprecio con el que aludió a los supuestos candidatos: “Nos tiene que tener sin cuidado si el sucesor es Rubalcaba, Pepiño o la Chacón, porque va a haber un cambio, y por eso quien sea el sucesor carece de importancia. No nos debe ocupar ni un segundo”.
Algún asesor debiera recordarle a Rajoy el viejo refrán de que “hasta el rabo, todo es toro”, y que acaso es prematuro empezar a celebrar eventuales éxitos futuros...
CASO GURTEL: SE INVESTIGAN CONTRATOS DE TIEMPOS DE AZNAR.- El Caso Gurtel avanza..., ahora hacia atrás, en el tiempo. Según cuenta este miércoles el diario El País, la investigación del Caso Gurtel, la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada al PP, alcanza el Gobierno de José María Aznar. El juez Antonio Pedreira firmó anteayer un auto en el que reclama numerosa documentación de 2001 y 2002 al Ministerio de Economía y Hacienda; al Instituto de Crédito Oficial, ICO, y a Reds Eléctrica española, REE, relacionada con contratos adjudicados a empresas vinculadas a la trama corrupta de Francisco Correa. Dentro de esta investigación también ha metido el juez a otras instituciones como los Ayuntamientos de Soria, Zaragoza y Ador, en Valencia, y la Junta de Castilla y León. Según esta información, el juez ha decidido iniciar estas pesquisas tras conocer un informe reciente de la policía basado en documentos incautados a la red Gürtel que probaban cómo Correa medió en la búsqueda de negocios para una empresa con los ministerios de Economía y Medio Ambiente. Según estos nuevos datos, la red Gurtel se asoció en 2001 con el Grupo Ros Roca, especializado en tratamiento de residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Correa ofreció a ese grupo empresarial su mediación para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según la investigación. El jefe de la red Gürtel tocó al menos a dos ministerios y a otros organismos, como el Instituto de Crédito Oficial y Red Eléctrica Española, para favorecer a Ros Roca, según detalla el informe policial. El Ministerio de Economía controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique. El Ministerio de Medio Ambiente había sacado a concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca. Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente Aznar.
Según esta información, diversos faxes y documentos hallados en los registros de las empresas de Correa acreditan las gestiones políticas que hacía para el Grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4, del 4%. Documentos incautados a la red que figuran en el sumario señalan que la persona clave con la que contacta la red para conseguir créditos FAD a favor del Grupo Ros Roca sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), entonces secretario general de Comercio Exterior, entre 2000 y 2003, y hoy senador. Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M de USD. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total". La policía interpreta que Correa usa sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.
PEDREIRA PIDE DATOS SOBRE 18 EMPRESAS DE GURTEL.- El juez Antonio Pedreira, que investiga la parte principal del caso Gürtel, ha pedido a los ayuntamientos de Zaragoza, Logroño y Ador (Valencia) que le envíen todos los expedientes que posean en relación a 18 empresas vinculadas a la trama corrupta y entre las que figuran dos propiedad del ex diputado del PP al Congreso por Segovia Jesús Merino. Esas dos empresas son Serrano Global Consulting SL y Fuentelavanda SL. El requerimiento del juez, del que da cuenta este miércoles el diairo Público, afecta también de manera especial al grupo empresarial Ros Roca, investigado por sus presuntas conexiones con la red que supuestamente dirigía Francisco Correa. De hecho, Pedreira ha solicitado a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía la remisión de todos los contratos adjudicados a las sociedades del grupo Ros Roca, que en el último mandato de José María Aznar obtuvo créditos de ayuda al desarrollo (FAD). El juez ordena igualmente al Instituto de Crédito Oficial que le facilite los contratos suscritos con mercantiles pertenecientes a Ros Roca. La solicitud de Pedreira, contenida en un auto dictado el pasado día 27, se sustenta en los informes de la policía y la Fiscalía Anticorrupción sobre la presunta ligazón entre el grupo de Francisco Correa y diversas empresas pantalla, categoría en la que estaría encuadrada Ros Roca, así como la empresa Asian Deluxe Group SL. El juez, que espera cerrar la instrucción en los próximos meses, ha comenzado ya la criba de imputados. En un auto notificado ayer, Pedreira levanta provisionalmente la imputación a los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, a quienes hasta ahora se atribuía un delito de blanqueo. Ambos prestaban servicios a Correa.
EL SUBIDÓN ELÉCTRICO ARRASTRA OTRAS SUBIDAS.- El tarifazo eléctrico aprobado esta semana por el Gobierno tendrá un efecto dominó sobre el precio de algunos servicios y productos de primera necesidad que crecerán a partir de enero por encima del IPC real (2,2% a noviembre de este año). Así lo creen las asociaciones de consumidores, convencidas de que el 9,8% aplicado al recibo de la luz incidirá fundamentalmente en la cesta de la compra y en el transporte ferroviario, según las conclusiones que recoge La Voz de Galicia. Las organizaciones de usuarios temen que incida «entre dos y tres puntos» en el índice de precios al consumo del 2011. De momento, el sector panadero maneja ya una escalada de precios que rondaría el 10% por término medio para el año que viene. La bollería o las galletas se encarecerán cerca de un 6%. Además de la subida eléctrica, el argumento principal de estos empresarios es el incremento del 50% experimentado a lo largo del 2010 en el coste del trigo. Según Miguel López Crespo, de la Unión de Consumidores de Galicia, esta «bola de nieve» tendrá una especial incidencia en el transporte, sobre todo en el ferrocarril, que ya anunció subidas de hasta el 3,1% para los trayectos de AVE y largo recorrido. «Podrían no ser las últimas», señala el secretario general de Ucgal. En la cesta de la compra, además, hay productos «especialmente sensibles» al coste de la electricidad, como los congelados, las conservas y, en general, todos los relacionados con la droguería. Los elaborados cárnicos podrían repercutir también el recibo de la luz en los consumidores. Desde la citada asociación consideran en cambio que otros sectores, como el lácteo, no sufrirán el mismo efecto porque no son los productores quienes fijan los precios, aunque el tarifazo sí que incidirá en la cuenta de explotación de los ganaderos.
La patronal eléctrica, Unesa, confirma por su parte los peores pronósticos. La subida del 9,8% aprobada el lunes por la comisión delegada de Asuntos Económicos del Gobierno es «insuficiente», según los empresarios, para corregir los desfases del sistema eléctrico español. Los portavoces de las compañías productoras y distribuidoras de electricidad creen que este incremento no será el último. Primero porque el déficit de tarifa (20.000 millones de euros desde el año 2000 hasta ahora) no se ha corregido. La subida de enero servirá únicamente para que no siga creciendo, pero tanto la CNE como las eléctricas coinciden en que sería necesario otro «ajuste duro», de hasta el 20%, para equilibrar los costes del sistema con sus ingresos. Y después, porque el otro gran componente del recibo de la luz, las materias primas (petróleo, uranio o gas), seguirán subiendo, según todos los pronósticos, en el 2011.
Las reacciones a la escalada de la luz corrieron ayer como la pólvora entre sindicatos, partidos políticos y asociaciones de consumidores. Una de las más llamativas fue la de la federación de consumidores Facua, que anunció una campaña para «movilizar» a los usuarios contra la «desproporcionada» subida. Con el lema «Di a Zapatero que rechazas el tarifazo eléctrico», Facua presentó una carta, que los usuarios pueden enviar al presidente del Gobierno a través de la página web www.facua.org/contraeltarifazo. En la misiva se expresa el rechazo a una subida «desproporcionada» y a una política energética «contraria a los intereses de los consumidores y plegada a intereses empresariales».
En el terreno político, el presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que las subidas de la luz, el gas o los billetes de AVE y cercanías son consecuencia de los «errores monumentales» del Gobierno, como la configuración de un «demencial» modelo energético. Aprovechando una junta directiva popular en Castilla-La Mancha, celebrada en Ciudad Real, arremetió contra Zapatero señalando que decisiones como la del lunes no provienen de «una maldición bíblica» o se producen «porque sí», sino que están provocados por «los errores monumentales de unos gobernantes que no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni de un país como España». A su vez, la presidenta de la comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, calificó de «tragedia» para los españoles esta subida, y señaló que traerá «más paro e inflación, y menos competitividad, renta y transparencia». Del lado del Gobierno, el que ayer dio la cara fue el vicepresidente tercero y ministro de Administración Pública, Manuel Chaves, que admitió que la subida de la luz ha provocado una reacción «negativa» en las asociaciones de consumidores, pero explicó que el problema de ir retrasando la subida representaría al final una situación «mucho peor» que la actual. La federación de Industria de Comisiones Obreras rechazó el incremento y negó que responda a las ayudas al carbón nacional. Y desde IU, su coordinador, Gaspar Llamazares, dijo que «hay gato encerrado» en la medida, que en su opinión «favorece a las grandes eléctricas».
LAS ELÉCTRICAS SE REPARTIRÁN 4.590 MILLONES EN 2011.-El tarifazo aprobado por el Gobierno el pasado lunes 27 de diciembre ya es objeto de debate entre Gobierno y la oposición y de indignación ciudadana a partes iguales. Quienes todavía no se han pronunciado al respecto son sus beneficiarios, las principales compañías eléctricas, que en pleno debate sobre la inminente subida de la tarifa de la luz, que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero de 2001, mantendrán e incluso reforzarán el pago de dividendos a sus accionistas durante el próximo año. Según datos que este miércoles proporciona El Confidencial-Cotizalia, las tres grandes compañías energéticas españolas -Iberdrola, Endesa y Gas Natural- repartieron este año 3.556 millones de euros entre sus accionistas por concepto de dividendo, cantidad que elevarán hasta los 4.589 millones para el próximo 2011, según las estimaciones del mercado recopiladas por Cotizalia. Esta retribución es posible gracias a los beneficios de cada ejercicio, aun teniendo en cuenta que una parte importante de su actividad está condicionada por la fijación del Gobierno del precio de la luz. Esta política de remuneración convierte a estos valores en unos de los más atractivos para los inversores. Endesa ha abonado 1.079 millones en 2010 y podría elevar hasta los 2.147 millones durante 2011, según estimaciones de analistas, que en su mayoría irá a manos de la italiana Enel, que controla el 92% de las acciones.Iberdrola, por su parte, ha pagado este año 1.747 millones, y repartirá 1.640 millones el que viene, mientras que Gas Natural ha distribuido 730 millones en 2010, y elevará esta cantidad hasta los 802 millones. Estos desembolsos a sus accionistas están condicionados normalmente por la evolución de los resultados y por la situación financiera de las compañías. En este último caso, las eléctricas acumulan en la actualidad una deuda de 63.380 millones, ligeramente inferior a los 64.900 millones que acumulaban a cierre de 2009. De esta cantidad, 17.869 millones corresponden a Endesa; 25.677 millones, a Iberdrola; y 19.834 millones, a Gas Natural Fenosa, según datos recogidos por la agencia de noticias Europa Press. En este contexto de flujos de euros millonarios, una subida del precio de la luz un 9,8% puede causar más indignación a ojos de los usuarios, a pesar de que con este recargo extraordinario está previsto que el sistema se adapte a la prórroga de las ayudas a la producción del carbón nacional, cuya pervivencia cuesta más de 580 millones de euros a las arcas públicas, el equivalente a cerca de 220.000 euros por cada minero empleado en este sector.
La patronal eléctrica Unesa ha dejado claro que "es la senda a seguir", sobre todo para reducir el déficit de tarifa que los usuarios pagan para compensar los gastos derivados de que las tarifas estuvieran durante años por debajo de los costes. Sin embargo, esta subida no contribuye a la reducción del déficit como tal, sino a que crezca menos, ya que la subida estrecha la diferencia existente entre el coste de fabricación/distribución con el precio final, que se marca por un complejo sistema de subastas trimestrales y de peajes fijados por el Gobierno. Precisamente, las eléctricas se encuentran pendientes del proceso de colocación en los mercados del déficit de tarifa del sector eléctrico, que les permitirá sacar de su balance cerca de 13.000 millones de este desajuste que financian directamente mediante la titulización de este préstamo y su conversión en valores negociables. Las empresas que más parte del déficit deben financiar son Endesa, con 5.681 millones, e Iberdrola, con 4.421 millones, mientras que a Gas Natural Fenosa le corresponden 1.662 millones.
Ahora que la subida se convierte en un tema de debate público, con las asociaciones de consumidores al frente de las críticas, el responsable del PP, Mariano Rajoy no dejó pasar ayer martes la oportunidad para calificar la decisión como una "injusta vuelta de tuerca" para la economía de los españoles al "decretar, en plena crisis económica, la mayor subida de las tarifas eléctricas reguladas" que ha tenido lugar en "los últimos 28 años". El líder de la oposición tachó la política energética socialista como "demencial" y apuntó al reparto de "primas a determinadas empresas que han ganado mucho dinero" y a las "decisiones equivocadas" como las principales causas que han llevado a este tarifazo. La respuesta por parte del PSOE ha sido igual de contundente, evidenciando la falta de sintonía existente sobre el pacto energético entre los dos principales partidos. El dirigente socialista Hugo Morán, secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, recordó también ayer que “fue en los tiempos en los que Rajoy formaba parte del Gobierno de España cuando el Partido Popular se inventó un sistema para subir la luz sin que los consumidores se enterasen, al tiempo que cargaba los costes de aquella ‘subida clandestina’ en el recibo de todos los abonados con independencia del consumo”. “Aquello recibió el eufemístico nombre de ‘déficit tarifario’, algo así como que las eléctricas fuesen apuntando en una cuenta todo lo que no pudiesen cargar en el recibo a fin de no perjudicar la ‘buena imagen’ del Gobierno”, continuó Morán, “y ya se encargarían los que viniesen detrás de cobrárselo a los ciudadanos asumiendo el coste político correspondiente”. En su descargo, los populares, esta vez por boca de su secretario de Economía, Álvaro Nadal, aseguran que “el 95% del problema del déficit tarifario ha sido generado por la incompetencia de los ministros de Industria, Montilla y Clos, quienes hicieron el problema gravísimo”. Mientras tanto, la luz sube un 9,8% a partir del 1 de enero.
SE BUSCA RESUCITAR LA LEY SINDE.- Dos diarios, El País y El Periódico de Cataluña, destacan como asuntos de relieve en sus ediciones de este miércoles que el gobierno trata de recuperar la “ley Sinde” para que sea aprobada próximamente. Según El País, “Zapatero ultima una nueva Ley Sinde para pactar con el PP”, y salvarla a su paso por el Senado. Según esta información, todo indica que la ley antidescargas, que prevé la posibilidad de cerrar páginas web que sirvan contenidos no autorizados sujetos a derechos de autor, sufrirá cambios sustanciales respecto al texto que fue rechazado en el Congreso de los Diputados la pasada semana. Asimismo, se asegura en El Periódico de Cataluña que, tras su inapelable derrota de la semana pasada en el Congreso, donde todos los partidos menos el PSOE votaron en contra de la llamada ley Sinde, el Gobierno comienza a dar síntomas de querer enmendarse. Tanto en el fondo como en la forma. El modelo original, incluido en una disposición adicional de la ley de economía sostenible (LES), otorgaba a una comisión administrativa, dependiente del Ministerio de Cultura que dirige Ángeles González-Sinde, buena parte de las facultades para cerrar o bloquear el acceso a las webs que permiten el intercambio no autorizado de archivos. Lo que el Ejecutivo sostiene ahora es que este enfoque adolecía de cierta falta de «equilibrio». Es decir, que los derechos de los internautas no estaban suficientemente garantizados. La segunda rectificación tiene que ver con el procedimiento: en lugar de la agónica negociación que desembocó en fracaso el martes en la Cámara baja, los socialistas apuestan por abonar más y mejor el terreno con el resto de grupos. Lo harán en el Senado, donde pretenden volver a incluir la norma de la discordia a través de una enmienda, y lo harán buscando el acuerdo con un PP abierto al entendimiento.
La ley, tan reclamada desde sectores culturales, no se aprobó en el Congreso «por circunstancias del momento», dijo el martes el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que también se mostró convencido de que el pacto con el resto de grupos se habría logrado de haberse retrasado unos días la votación. Sin embargo, según fuentes del PP, el partido de Mariano Rajoy pidió hace unas semanas exactamente esto, una demora, y los socialistas contestaron que de ninguna manera. Y después, cuando solo faltaban unas horas para decidir el futuro de la norma, tras comprobar que ni el PNV ni CiU estaban dispuestos a apoyarles, el Gobierno, a través del propio Jáuregui, buscó la complicidad del PP, que pidió mayores garantías judiciales y la supresión progresiva del denostado canon digital. Nuevo fracaso negociador. Jáuregui consideró que el asunto a lograr con la norma es este: «Combatir la piratería respetando el derecho de los internautas a poder darle al botón y bajarse una determinada información siempre y cuando esta no vulnere la propiedad intelectual». Y aquí el ministro ejerció la autocrítica: «Ese equilibrio no lo habíamos logrado, lo reconozco, y también reconozco que tuvimos poco tiempo para hablar con el PP». Jáuregui pronunció estas palabras después de otras de Mariano Rajoy, y algo debieron de tener que ver las declaraciones del presidente de los conservadores en el optimismo del ministro. Desde Ciudad Real, donde participó en una reunión del PP castellano-manchego, Rajoy dijo que se podían «conciliar» los derechos de autor y los de los internautas, y que si quiere que la negociación tenga éxito el PSOE debe designar a «un interlocutor, el que sea, y se siente y discuta».
Todo empieza a destilar el aroma de un pacto en el Senado entre ambos partidos, según El Periódico de Cataluña. La LES llega a esa cámara el próximo 15 de enero. A su vez, asegura El País que el batacazo de la ley en el Congreso está llevando a todas las partes interesadas en esta normativa a mover ficha, y anuncia un inminente encuentro del presidente de la Academia de Cine con representantes de los internautas.
CAYO LARA REPLICA A MONSEÑOR REIG.- El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha relacionado la violencia machista con la cultura y la educación religiosa recibidas, y ha recordado que, en el matrimonio católico, se emplea la fórmula "hasta que la muerte os separe". Cayo Lara ha recordado que el matrimonio católico usa la fórmula "hasta que la muerte os separe": "Sobran más comentarios", ha apostillado Cayo Lara durante una rueda de prensa en la sede federal de IU, en la que se ha referido a las palabras del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia de la Conferencia Episcopal, sobre la violencia machista. Según Reig Plá, la violencia doméstica se da, sobre todo, en aquellos procesos de separación y divorcio, y en procesos de litigio. "Los matrimonios canónicamente constituidos -dijo-tienen menos casos de violencia doméstica que aquéllos que son parejas de hecho o personas que viven inestablemente". "A lo mejor ha tenido algún tipo de revelación", ha considerado el coordinador general de IU, quien ha reclamado al obispo que diga la "revelación concreta" que ha tenido para que su afirmación cuente con "una base científica". Los datos no avalan la teoría de los obispos, según defiende Cayo Lara. "Sé que la Iglesia fundamentalmente funciona con dogmas, pero es importante que, en este caso, tengamos una base científica", ha continuado Lara, quien ha argumentado que los datos "no dicen que los matrimonios casados como Dios quiere y manda", tengan menos violencia de género "que las parejas que viven de manera diferente a como quiere el obispo". Lara ha dicho que el maltrato "tiene que ver con el machismo" y la idea de "dominio" del hombre sobre la mujer, "con que la mujer, según dice la Iglesia, se hizo de una costilla de Adán". "Está todo íntimamente relacionado", aseguró el líder de IU, para quien el machismo se ceba con las mujeres cuando éstas empiezan a tener independencia económica porque no acepta que no sean "propiedad privada". "Hay una responsabilidad clarísima de nuestra cultura y nuestra educación religiosa. Ya sabéis que el matrimonio religioso cuando da la bendición dice 'hasta que la muerte os separe'. Sobran más comentarios", ha concluido Lara.
ALGUNAS EMBARAZADAS ANTICIPARÁN EL PARTO.-Explica este miércoles el diario El País que “la necesidad económica favorece la picaresca”. Y cuenta cómo algunos centros privados están atendiendo las insistentes peticiones de mujeres cuyo embarazo sobrepasa los ocho meses y medio para dar a luz antes del 31 de diciembre, fecha en que finaliza la ayuda del cheque bebé de 2.500 euros vigente desde julio de 2007. "En la sanidad pública no cuela, pero tengo compañeras que sí lo están viendo en clínicas privadas de Andalucía", asegura una jefa de matronas que trabaja en un gran hospital de la capital sevillana. "Lo que observamos en la sanidad pública es que muchas embarazadas que tienen previsto el parto para la primera quincena de enero, vienen frecuentemente a la consulta diciendo que están manchando, o que han roto aguas. No se atreven a pedirlo abiertamente, pero sabemos que les gustaría adelantar la fecha. Tras un reconocimiento, se les da el alta y a casa". Esta matrona sí conoce testimonios en sentido contrario de compañeras suyas en clínicas privadas, aunque tampoco le sorprende: "Adelantar unos días el parto es algo relativamente frecuente en el sector privado. Lo hacen cuando llegan puentes, o la Semana Santa, o la Feria. Conlleva cierto riesgo sanitario, aunque no suele entrañar gravedad". En los foros de Internet de embarazadas no son pocas las que admiten haber adelantado el alumbramiento, pero siempre se trata de pocos días. Ninguna futura madre pierde el juicio por 2.500 euros. Otras, que van a dar a luz la primera semana de 2011, se reafirman en dejar a la naturaleza seguir su curso y aseguran que el dinero en estos casos carece de importancia. El director médico de la madrileña clínica Belén, que atiende 3.000 partos al año, constata el "interés" de las embarazadas en dar a luz antes de Nochevieja. "Están haciendo muchísimos comentarios en consulta, dicen 'ojalá me ponga de parto', pero no se atreven a más", asegura David Marchante. Esta clínica se planteó doblar el personal de enfermería en los últimos días del año por si tenían que hacer más inducciones de las habituales, pero finalmente no ha sido así.
Otra cuestión son las cesáreas programadas. Como un parto de gemelos a término que vienen de nalgas. "Había que fijar una fecha y lo mismo nos daba", explica Marchante. La familia prefirió que fuera el día 30 y, así, optar al cheque bebé. "Mientras no haya contraindicación médica puede hacerse", añade. Opina lo mismo José Manuel Bajo Arenas, presidente de la Sociedad Española de Ginecolog´ñia y Obstetricia, SEGO: "En esos casos la indicación médica está presente". La SEGO tiene establecidas las condiciones que deben darse para inducir un parto: hipertensión, sufrimiento fetal, diabetes... "Entre ellas no está el cheque bebé", bromea, pero enseguida se pone serio y recuerda que un parto inducido no es lo mismo que uno espontáneo, y que tiene riesgos. "Estaré yo de cancerbero el día 31", asegura José Ángel Espinosa, jefe asociado del Servicio de Ginecología del hospital Quirón de Madrid. Sabe que llegarán mujeres diciendo que ya están de parto sin estarlo. "No voy a dejar que se me cuele ninguna", bromea. Eso sí, admite que estos días han llegado algunas que han pedido que les hagan la maniobra de Hamilton (separar las membranas para inducir de forma natural el parto). "Si pasan de las 38 semanas y lo solicitan, lo hacemos", afirma.
SE BUSCAN SOLUCIONES AL CONFLICTO DE CONTROLADORES.- El diario La Gaceta de los Negocios asegura en su edición de este miércoles que el expresidente del TC Manuel Jiménez de Parga ha recibido la petición del Ejecutivo para que dirima el conflicto con los controladores. Añade esta información que el abogado Jiménez de Parga, catedrático de Derecho, sólo aceptará ser mediador en el conflicto si ambas partes admiten su mediación. Medios jurídicos que cita el mismo diario sostienen que el gobierno quiere solucionar el problema con un arbitraje. En cuanto a los controladores, cree saberse que están divididos: Mientras la mayoría del colectivo quieren acabar cuanto antes con esta situación, una “línea dura” duda del arbitraje, y prefieren presinar al Gobierno con la próxima privatización de hasta el 40 por 100 de Aena.
Mientras tanto, y según relata del diario El Mundo, la Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo y el despacho de abogado que le asesora, Cremades&Calvo Sotelo, se han coordinado para poner en marcha la emisión de un poder con más de 150 notarías de todo el país. La nueva medida permitirá que los afectados que quieran reclamar sus derechos puedan hacerlo de forma colectiva, ágil y eficaz. La puesta en marcha de esta innovadora forma de reclamación supondrá un ahorro económico para los afectados.Los poderes notariales son necesarios para que los abogados realicen las acciones legales que se consideren oportunas para alcanzar la indemnización pretendida por el colectivo: devolución de los daños materiales sufridos y una indemnización global para cada uno de 10.000 euros. El texto del poder puede consultarse en la web de la Agrupación, así como en la del bufete de abogados Cremades &calvo Sotelo. También se pueden consultar el listado de las notarías que se han adherido a la iniciativa. Estas notarias habilitarán unas horas al día durante todo el mes de enero para que cualquier afectado, que haya contactado previamente con la notaría, pueda otorgar ante notario el correspondiente poder para pleitos. Será imprescindible que los afectados presenten su DNI y que la representación de los menores de edad se acredite con el correspondiente Libro de Familia. En cualquier caso, los afectados podrán acudir a cualquier otro notario y solicitar un poder como el del modelo que se ha presentado. La selección geográfica de las Notarías se ha elaborado en función de la procedencia de los afectados, con el fin de facilitar al máximo este trámite y que la mayoría de ellos pueda acudir a una notaría de su propia ciudad. El mayor número de afectados se encuentra en las ciudades de Madrid, Barcelona, Tenerife, Sevilla, Mallorca, Málaga, Bilbao, Valencia, Canarias y Zaragoza. En los próximos días la agrupación hará pública una relación de afectados distribuidos por provincias españolas.
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