ZAPATERO Y RAJOY, SÓLO OTRA NUEVA BATALLA DIALÉCTICA.-. ¿Hay puntos de coincidencia entre el Jefe del Gobierno y en principal dirigente de la Oposición? Siempre hubo uno, sobre todos los demás, entre ambos políticos: Los dos consideran que las llaves del presente, y sobre todo del futuro, están y estarán en su poder. En algún momento pudo suponerse que Zapatero se veía poco menos que derrotado, pero sobre todo, por la reiterada expresión de los dirigentes del PP, que han dado por hecho el final de un Gobierno mucho antes de que llegara su tiempo. ¿Cuánto tiempo lleva Rajoy reclamando elecciones anticipadas, elecciones ya, porque se ve como seguro sucesor y portador de las soluciones que requiere la Nación. De hecho, Rajoy siempre se creyó muy superior a Zapatero, y trató de convencer a todos los españoles de que así era. Durante toda la crisis, la estrategia de Rajoy consistió en hacer creer que todos los males eran consecuencia de un jefe del Gobierno inadecuado e incompetente, y que con él las cosas irían de otra manera, porque difícilmente se podían cometer tantos errores y torpezas. Y ahora mismo, esa es la situación que se vive entre ambos líderes y partidos, como ponían de relieve los correspondientes discursos de fin de año, en los que cada uno de los políticos apreciaba sus propias ventajas comparativas y los malos tiempos que inevitablemente traía consigo “el otro”. No hay duda de que Rajoy u sus colaboradores han llegado a verse encumbrados en el poder, no tanto por méritos propios sino por las torpezas del contrario. Y sin embargo, nada está decidido, como nada está predeterminado, y aún quedan muchos combates que librar, con resultado incierto. Una cosa es cierta, si en algún momento Zapatero pudo haber dado la imagen de que daba por concluido su itinerario político, en su balance de 2010 no fue ésa la sensación que transmitió, así como Rajoy, fiel a sí mismo, insistió una y otra vez en proclamar su hegemonía y la derrota del adversario.
Para empezar, el presidente del Gobierno, salía al paso ala gran acusación del PP, e incluso extendida por sus propias filas del PSOE, de que habría traicionado sus preocupaciones sociales, y proclamaba que su Ejecutivo ha sido el que "más ha mejorado las políticas sociales" en España, y anunciaba que comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentar un informe exhaustivo que lo demuestre. "Si algo caracterizará a la crisis económica, es el esfuerzo titánico que este Gobierno ha venido haciendo para mantener las grandes políticas sociales, los grandes pilares del estado de bienestar", decía Zapatero respondiendo "a los sectores que dicen que su Gobierno es el que más recortes sociales ha hecho". Según Zapatero se trata de un debate "de gran interés para la ciudadanía", en el que el Gobierno "pondrá sobre la mesa los datos de cómo ha evolucionado en los últimos siete años las políticas sociales" en educación, sanidad, pensiones, vivienda, ayuda a la familia, Salario Mínimo Interprofesional, y dependencia, e hizo hincapié en que el "gran objetivo" de las reformas estructurales emprendidas por el Ejecutivo es mantener la extensión y la evolución de los pilares fundamentales del estado de bienestar y las políticas sociales. "El estado del bienestar, sus fundamentos, han avanzado de una manera muy significativa desde 2004, muy poderosa. Se mantienen a pesar de la grave crisis económica y fiscal que hemos padecido", afirmó Zapatero, quien reiteró que "si algo" ha procurado "mantener" en esta crisis son los avances en políticas sociales. " >Nadie duda de que 2010 fue un año con muchas dificultades para el Gobierno y su jefe. Zapatero explicó que su peor momento político de este año fue el Ecofin de mayo y el decreto de recortes que ese mes se aprobó por un único voto de diferencia en el Congreso. "Nos la jugamos", dijo y añadió que si no se hubieran aprobado esas medidas (congelación de pensiones y recorte de sueldos públicos, entre otras), España viviría hoy una situación "extraordinariamente complicada". Dejó claro que "en ningún momento" se ha planteado dimitir porque "cuando las cosas son más difíciles hay que tener más sentido de la responsabilidad, más fuerza y más energía porque eso es imprescindible para tomar decisiones". "En mi caso es así, ha sido así y seguirá siendo así", ha añadido. Además, se mostró convencido de que el PSOE no va a sufrir una derrota 'monumental' en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, sobre todo porque, según recalcó, el PSOE es un partido "muy competitivo" y va a trabajar "fuertemente" ante esa cita. Zapatero afirmó que el primero y el segundo trimestres de 2011 serán decisivos para que se consolide el sistema financiero mejoren su solvencia y credibilidad e indicó que la reforma del sistema financiero se ha llevado a cabo en las fechas previstas, sobre todo en el ámbito de las cajas, para adaptarlo a un mercado más reducido que el anterior. Ahora mismo, la cuestión se llama jubilación a los 67 años. Zapatero quiere que esté totalmente en vigor en 2027. Este año culminaría un periodo transitorio en el que la edad legal de retiro iría aumentando progresivamente desde los 65 años actuales. Sobre la banda terrorista ETA ha vuelto a advertir que ya no valen "subterfugios, ni palabras gastadas". "No se trata de esperar o no esperar", dijo el jefe del Ejecutivo con relación a un posible comunicado de ETA en el que la banda anuncie un alto el fuego sobre el que se ha especulado recientemente. "Sólo esperamos de ETA el abandono definitivo de la violencia, el cese total y absoluto para siempre", ha insistido. Y que el Ejecutivo "mantendrá" su política antiterrorista hasta que ETA abandone algún día definitivamente la violencia. Y sobre las posibilidades de que la izquierda abertzale pueda concurrir a las elecciones si ETA no abandona el terrorismo, Zapatero ha dicho que el ordenamiento jurídico "es muy claro" sobre quiénes pueden constituirse en partido político y presentarse a unos comicios, y que el primer requisito es el rechazo de la violencia. "Pero eso hay que acreditarlo", ha añadido Zapatero, aunque, en cualquier caso, "la última palabra la tienen los tribunales". El presidente del Gobierno espera que la ley Sinde, que "evita las descargas ilegales" y "garantiza la propiedad intelectual" concite un consenso, "lo antes posible", "en el que puedan estar razonablemente la mayoría de las fuerzas políticas". . La "llamada ley Sinde, explicó, "se sitúa en una regulación equiparable a la de la mayoría de los países que han abordado esta cuestión" y "aunque es verdad que no prosperó parlamentariamente" le parece "muy significativa" la reacción al día siguiente de la mayoría de los partidos políticos y algunos comentarios editoriales. "Como diciendo -ha detallado- 'hombre, nosotros queremos hacer eso', o 'no queríamos que esa disposición no prosperase'. Garantizar la propiedad intelectual es propio de países avanzados. Hay que respetar los derechos de los internautas, cómo no, y se puede hacer y espero que lo hagamos".
En cuanto al balance de Rajoy, si 2009 ya le pareció malo, 2010 ha sido aún peor. El retrato económico, social e institucional de España que dibujó Mariano Rajoy ha sido un retrato en negro, sin color alguno de esperanza…, y con constantes atribuciones a Zapatero de todas las culpas: "Zapatero vaticinó que 2010 iba a ser el año de la recuperación progresiva y ha sido el año del agravamiento de la crisis". En análisis del PP se titula: "Balance del año 2010. Agravamiento de la crisis, agonía del Gobierno"- que explica, en cifras, cómo estábamos hace 12 meses y cómo estamos hoy.. Entre otras cosas, recuerda que, en diciembre de 2009, había 4,3 millones de parados y en diciembre de 2009, son 4,8 millones. Que, en diciembre de 2009, el 72% de los ciudadanos -según el CIS- tenía una valoración negativa de la situación económica de España y, en diciembre de 2010, el 76,5% ha hecho la misma apreciación. Que, en diciembre de 2009, la deuda de las administraciones públicas era de 560.622 millones de euros, y, en diciembre de 2010, ha subido hasta 611.198 millones... Y, así, varios epígrafes con todo tipo de materias que, en 12 meses, se han ido al traste. "Ha sido un año sin crecimiento económico, ha sido un año de subida de impuestos, -sin aclarar los faumentos decididos en algunas autonomías gestionadas por el PP- ha sido un año de recortes sociales, los mayores de la historia de la democracia", ha expresado el presidente del PP, para quien "las promesas del presidente del Gobierno se han quedado en palabras". Eso sí, quiso dejar una esperanza para sui propia colaboración: "Cuando hay cosas razonables las hemos apoyado", ha recordado, y ha dicho también que "el PP va a apoyar todo lo que sea bueno para el interés general de los españoles". "No les quepa duda de que estaremos a la altura de las circunstancias", ha añadido también. Y ha lanzado más guiños: que si "hemos hablado con el Gobierno y seguimos dispuestos a hablar", que si "hay algunos temas en los que es preciso el consenso", que si "en los grandes temas el Gobierno ha tenido el apoyo del PP»... Rajoy hizo estos planteamientos al Ejecutivo "de cara al futuro" con una seria de reformas que habría que emprender para "recuperar la confianza que el Gobierno ha dilapidado". Empezando por "lo más urgente": la reestructuración del sistema financiero. Rajoy dijo estar a favor de que las cajas de ahorros se agrupen y se conviertan en bancos. Y la reducción del gasto público y siguiendo con todo tipo de reformas: fiscal, laboral, energética y educativa. La única condición que puso Rajoy a Zapatero, es que no les pidan un apoyo "para una cosa y la contraria"., en referencia a medidas anunciadas por el Gobierno que o bien no se han llevado luego a la práctica o bien más adelante se han cancelado, como el cheque bebé. Pero sin olvidar el mensaje más veces repetido durante todo el año: Rajoy considera que "lo mejor" para los españoles sería que el Gobierno convocara elecciones generales "cuanto antes". Pero, si esta situación no se produce, -parece que ya se va haciendo a la idea de que Zapatero le planteará batalla en mayo de 2012, va a trabajar para que "la factura que el actual Gobierno pueda dejar a los españoles sea la menor posible".
EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LAS FUTURAS PENSIONES.- El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapartrero, y el principal dirigente de la Oposición, Mariano Rajoy, comparecieron al mediodía de este jueves, penúltimo día del mes y del año, para dar sus correspondientes versiones sobre el año que termina. Zapatero se refirió, sobre todo, a las tareas que su gobierno tiene por delante, mientras Rajoy insistía en descalificar al presidente por el pésimo año concluido. Para Zapatero, la principal incógnita de la reforma de las pensiones que está en marcha ya se ha despejado: Los españoles se jubilarán a los 67 años en 2027, según ha aclarado. Además, Zapatero detalló el plazo en que se irá elevando la edad: 15 años, entre 2013 y 2027. Teniendo en cuenta este periodo, si la reforma final se ajusta a los planes del Ejecutivo, el desplazamiento de la edad legal de jubilación desde los 65 años actuales a los 67 se producirá a un ritmo superior al mes y medio por año. Es decir, en 2013, la edad de jubilación se situará en 65 años y un mes y medio; en 2014, en 65 años y algo más de tres meses; y así sucesivamente hasta que en 2027 se alcance el objetivo final de 2027. El Ejecutivo mantiene la intención anunciada en enero de este año de retrasar la edad legal a los 67, así como los criterios que permitirán la jubilación anticipada para quienes tengan carreras largas de cotización (en principio más de 36 años, cifra que también irá creciendo de forma progresiva) y profesiones penosas. El anuncio ha llegado el día después de que el Pacto de Toledo concluyera su dictamen con el que tradicionalmente se consensúa el camino a seguir por el Gobierno en la reforma del sistema de pensiones. En esta ocasión, el consenso no ha sido posible. Y, de hecho, entre las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo se constata el desacuerdo de los grupos políticos para retrasar la edad legal de jubilación, algo inédito en las otras dos ocasiones (1995 y 2003) en las que el Pacto de Toledo emitió recomendaciones para una posterior reforma. Pese a ello, para el presidente, las conclusiones de este órgano son "de máximo interés", y ha adelantado que el debate proseguirá antes y después de que el Gobierno envíe su proyecto de ley al Parlamento el 28 de enero. Zapatero, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, insistió en que actualizar el sistema es una "reforma imprescindible" con un objetivo claro: que el gasto en pensiones a partir de 2025 esté en la media europea. Dentro de 15 años, ha explicado, España gastará en jubilaciones tres puntos del PIB más que el resto de países de la UE por su particular evolución demográfica y el retiro de las generaciones del llamado baby boom. "Va a haber muchas más personas cobrando pensión. Por tanto, para que el gasto público no se dispare y se convierta en insostenible, hay que tomar medidas hoy. También para que la reforma sea progresiva y no haya que hacerla en 2020 de forma brusca", ha insistido antes de volver a tender la mano a los grupos de la oposición y sindicatos para debatir la reforma.
Durante su comparecencia, Rodríguez Zapatero, proclamóque su Ejecutivo ha sido el que "más ha mejorado las políticas sociales" en España y ha anunciado que comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentar un informe exhaustivo que lo demuestre. "Si algo caracterizará a la crisis económica, es el esfuerzo titánico que este Gobierno ha venido haciendo para mantener las grandes políticas sociales, los grandes pilares del estado de bienestar", manifestó. Zapatero respondía de este modo "a los sectores que dicen que su Gobierno es el que más recortes sociales ha hecho"."Proclamo y vamos a demostrar que éste es el Gobierno que más ha mejorado las políticas sociales", aseguró el jefe del Ejecutivo quien añadió que, para ello, el Consejo de Ministros ha decidido solicitar su comparecencia ante el pleno del Congreso.El objetivo de esta comparecencia, ha continuado Zapatero, es "evaluar y analizar" la evolución de las políticas sociales en el estado de bienestar en los últimos años, así como las perspectivas de futuro del estado de bienestar. Zapatero recalcó que se trata de un debate "de gran interés para la ciudadanía", en el que el Gobierno "pondrá sobre la mesa los datos de cómo ha evolucionado en los últimos siete años las políticas sociales" en educación, sanidad, pensiones, vivienda, ayuda a la familia, Salario Mínimo Interprofesional, y dependencia. El presidente ha dicho que establecerá durante esa comparecencia los objetivos y prioridades del Gobierno en esta materia, para lo que elevará un "informe exhaustivo" sobre su evolución, el momento actual y "la perspectiva de futuro". "Sin duda alguna es el objetivo fundamental del Gobierno que presido", insistió Zapatero, quien hizo hincapié en que el "gran objetivo" de las reformas estructurales emprendidas por el Ejecutivo es mantener la extensión y la evolución de los pilares fundamentales del estado de bienestar y las políticas sociales. "El estado del bienestar, sus fundamentos, han avanzado de una manera muy significativa desde 2004, muy poderosa. Se mantienen a pesar de la grave crisis económica y fiscal que hemos padecido", aseguró Zapatero, quien añadió que "si algo" ha procurado "mantener" en esta crisis, son los avances en políticas sociales. "El proyecto, las políticas y la coherencia son los datos. Y los datos son contundentes", ha concluido.
José Luis Rodríguez Zapatero no quiso desvelar la incógnita de si se presentará o no a las reelección en las elecciones generales de 2012. "No es el lugar ni el momento", zanjó. El presidente fue preguntado directamente si se va a presentar o no a las próximas elecciones generales, incluso los periodistas insistieron sin obtener respuesta. Se le preguntó entonces si mantener esta incertidumbre no puede perjudicar las reformas que el Gobierno plantea para España: "No tienen nada que ver cuestiones que afectan a otro lugar y otro momento con la acción del Gobierno, que adopta decisiones", dijo.Explicó que su peor momento político de este año fue el Ecofin de mayo y el decreto de recortes que ese mes se aprobó por un único voto de diferencia en el Congreso. "Nos la jugamos", sentenció, recalcando que si no se hubieran aprobado esas medidas (congelación de pensiones y recorte de sueldos públicos, entre otras), España viviría hoy una situación "extraordinariamente complicada". Ahora bien, ha dejado claro que "en ningún momento" se ha planteado dimitir porque "cuando las cosas son más difíciles hay que tener más sentido de la responsabilidad, más fuerza y más energía porque eso es imprescindible para tomar decisiones". "En mi caso es así, ha sido así y seguirá siendo así", añadió, y se mostró convencido de que el PSOE no va a sufrir una derrota 'monumental' en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, sobre todo porque, según ha recalcado, el PSOE es un partido "muy competitivo" y va a trabajar "fuertemente" ante esa cita. Dijo luego que el primero y el segundo trimestres de 2011 serán decisivos para que se consolide el sistema financiero, mejore su solvencia y credibilidad. Zapatero indicó que la reforma del sistema financiero se ha llevado a cabo en las fechas previstas, sobre todo en el ámbito de las cajas, para adaptarlo a un mercado más reducido que el anterior. A este respecto, indicó que el proceso de reestructuración de las cajas se completó el pasado viernes, pero añadió que la tarea aún no ha concluido, ya que estas entidades deben elevar sus niveles de transparencia, "con el respaldo pleno del Gobierno". Advirtió también que las tensiones que afectan a los mercados financieros de la zona euro aún no han desaparecido, pero que España "está fuerte" y actuará con "determinación" para evitar que cualquier riesgo pueda mermar la capacidad de financiación del país. "No podemos ser tan ingenuos como para pensar que por el simple hecho de cambiar de año van a desaparecer las tensiones", subrayó .Asimismo, Zapatero advirtió a la banda terrorista ETA de que ya no valen "subterfugios, ni palabras gastadas". "No se trata de esperar o no esperar", ha dicho con relación a un posible comunicado de ETA en el que la banda anuncie un alto el fuego sobre el que se ha especulado recientemente. "Sólo esperamos de ETA el abandono definitivo de la violencia, el cese total y absoluto para siempre", ha insistido Zapatero. Agregó que el Ejecutivo "mantendrá" su política antiterrorista hasta que ETA abandone algún día definitivamente la violencia. Lo único que puede tener valor, para el presidente, es el "fin absoluto, incuestionable de la violencia terrorista". "Es lo único que el Gobierno escuchará y la sociedad española en su conjunto", ha afirmado el presidente, mientras en la primera fila de la sala de prensa de Moncloa el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asentía sus palabras. Preguntado por las posibilidades de la izquierda abertzale de concurrir a las elecciones si ETA no abandona el terrorismo, Zapatero dijo que el ordenamiento jurídico "es muy claro" sobre quiénes pueden constituirse en partido político y presentarse a unos comicios y que el primer requisito es el rechazo de la violencia. "Pero eso hay que acreditarlo", ha añadido Zapatero, aunque, en cualquier caso, "la última palabra la tienen los tribunales". El presidente del Gobierno espera que la ley Sinde, que "evita las descargas ilegales" y "garantiza la propiedad intelectual" concite un consenso, "lo antes posible", "en el que puedan estar razonablemente la mayoría de las fuerzas políticas". Hay que regular este tema. Garantizar la propiedad intelectual es propio de países avanzados. Hay que respetar los derechos de los internautas, cómo no, y se puede hacer y espero que lo hagamos".
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró que su partido va a apoyar al Gobierno en todo lo que sea bueno para el interés general de los españoles porque España no se puede permitir que 2011 sea otra vez un año perdido y ha asegurado que estarán a la altura de las circunstancias. En una rueda de prensa, la primera en todo el año que hace desde la sede del PP en Madrid, en la que ha hecho balance del año 2010, Rajoy se mostró convencido de que "hace falta un profundo cambio en España" para que todo pueda mejorar, sobre todo después de "muchos años de inacción" o de "ir en direcciones equivocadas". A juicio de Rajoy "no hay confianza posible cuando la crisis no se explica" y se "reacciona con medidas inconcretas o atropelladas o impuestas desde fuera". El líder popular se mostró convencido de que España puede mirar al futuro con confianza porque existen "recursos humanos" y hay un capital construido en las últimas décadas de andadura democrática y una sociedad fuerte que "no se resigna a la decadencia". En este sentido, subrayó que en España hay "buenos emprendedores, excelentes empresas" y ha comentado que las cosas funcionan "cuando hay un gobierno que genera las condiciones necesarias, como se ha demostrado recientemente", en referencia a los años de Gobierno de su partido. Para el presidente del PP, 2010 ha sido "el año de los recortes sociales" y ha recordado que hace un año el jefe del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, manifestó que este año sería el de la recuperación económica. Según ha dicho, sus promesas se han quedado "en palabras" como "tantas otras veces". "Ha sido el año en que más españoles han perdido su puesto de trabajo, en el que han subido los impuestos, el año de los recortes sociales. Ha sido el año de mayores dificultades para las familias y en el que se ha cuestionado nuestra deuda pública", ha afirmado, para añadir que el año
EL CALENDARIO DE APLICACIÓN DE LAS FUTURAS PENSIONES.- El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapartrero, y el principal dirigente de la Oposición, Mariano Rajoy, comparecieron al mediodía de este jueves, penúltimo día del mes y del año, para dar sus correspondientes versiones sobre el año que termina. Zapatero se refirió, sobre todo, a las tareas que su gobierno tiene por delante, mientras Rajoy insistía en descalificar al presidente por el pésimo año concluido. Para Zapatero, la principal incógnita de la reforma de las pensiones que está en marcha ya se ha despejado: Los españoles se jubilarán a los 67 años en 2027, según ha aclarado. Además, Zapatero detalló el plazo en que se irá elevando la edad: 15 años, entre 2013 y 2027. Teniendo en cuenta este periodo, si la reforma final se ajusta a los planes del Ejecutivo, el desplazamiento de la edad legal de jubilación desde los 65 años actuales a los 67 se producirá a un ritmo superior al mes y medio por año. Es decir, en 2013, la edad de jubilación se situará en 65 años y un mes y medio; en 2014, en 65 años y algo más de tres meses; y así sucesivamente hasta que en 2027 se alcance el objetivo final de 2027. El Ejecutivo mantiene la intención anunciada en enero de este año de retrasar la edad legal a los 67, así como los criterios que permitirán la jubilación anticipada para quienes tengan carreras largas de cotización (en principio más de 36 años, cifra que también irá creciendo de forma progresiva) y profesiones penosas. El anuncio ha llegado el día después de que el Pacto de Toledo concluyera su dictamen con el que tradicionalmente se consensúa el camino a seguir por el Gobierno en la reforma del sistema de pensiones. En esta ocasión, el consenso no ha sido posible. Y, de hecho, entre las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo se constata el desacuerdo de los grupos políticos para retrasar la edad legal de jubilación, algo inédito en las otras dos ocasiones (1995 y 2003) en las que el Pacto de Toledo emitió recomendaciones para una posterior reforma. Pese a ello, para el presidente, las conclusiones de este órgano son "de máximo interés", y ha adelantado que el debate proseguirá antes y después de que el Gobierno envíe su proyecto de ley al Parlamento el 28 de enero. Zapatero, durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros del año, insistió en que actualizar el sistema es una "reforma imprescindible" con un objetivo claro: que el gasto en pensiones a partir de 2025 esté en la media europea. Dentro de 15 años, ha explicado, España gastará en jubilaciones tres puntos del PIB más que el resto de países de la UE por su particular evolución demográfica y el retiro de las generaciones del llamado baby boom. "Va a haber muchas más personas cobrando pensión. Por tanto, para que el gasto público no se dispare y se convierta en insostenible, hay que tomar medidas hoy. También para que la reforma sea progresiva y no haya que hacerla en 2020 de forma brusca", ha insistido antes de volver a tender la mano a los grupos de la oposición y sindicatos para debatir la reforma.
Durante su comparecencia, Rodríguez Zapatero, proclamóque su Ejecutivo ha sido el que "más ha mejorado las políticas sociales" en España y ha anunciado que comparecerá en el Congreso de los Diputados para presentar un informe exhaustivo que lo demuestre. "Si algo caracterizará a la crisis económica, es el esfuerzo titánico que este Gobierno ha venido haciendo para mantener las grandes políticas sociales, los grandes pilares del estado de bienestar", manifestó. Zapatero respondía de este modo "a los sectores que dicen que su Gobierno es el que más recortes sociales ha hecho"."Proclamo y vamos a demostrar que éste es el Gobierno que más ha mejorado las políticas sociales", aseguró el jefe del Ejecutivo quien añadió que, para ello, el Consejo de Ministros ha decidido solicitar su comparecencia ante el pleno del Congreso.El objetivo de esta comparecencia, ha continuado Zapatero, es "evaluar y analizar" la evolución de las políticas sociales en el estado de bienestar en los últimos años, así como las perspectivas de futuro del estado de bienestar. Zapatero recalcó que se trata de un debate "de gran interés para la ciudadanía", en el que el Gobierno "pondrá sobre la mesa los datos de cómo ha evolucionado en los últimos siete años las políticas sociales" en educación, sanidad, pensiones, vivienda, ayuda a la familia, Salario Mínimo Interprofesional, y dependencia. El presidente ha dicho que establecerá durante esa comparecencia los objetivos y prioridades del Gobierno en esta materia, para lo que elevará un "informe exhaustivo" sobre su evolución, el momento actual y "la perspectiva de futuro". "Sin duda alguna es el objetivo fundamental del Gobierno que presido", insistió Zapatero, quien hizo hincapié en que el "gran objetivo" de las reformas estructurales emprendidas por el Ejecutivo es mantener la extensión y la evolución de los pilares fundamentales del estado de bienestar y las políticas sociales. "El estado del bienestar, sus fundamentos, han avanzado de una manera muy significativa desde 2004, muy poderosa. Se mantienen a pesar de la grave crisis económica y fiscal que hemos padecido", aseguró Zapatero, quien añadió que "si algo" ha procurado "mantener" en esta crisis, son los avances en políticas sociales. "El proyecto, las políticas y la coherencia son los datos. Y los datos son contundentes", ha concluido.
José Luis Rodríguez Zapatero no quiso desvelar la incógnita de si se presentará o no a las reelección en las elecciones generales de 2012. "No es el lugar ni el momento", zanjó. El presidente fue preguntado directamente si se va a presentar o no a las próximas elecciones generales, incluso los periodistas insistieron sin obtener respuesta. Se le preguntó entonces si mantener esta incertidumbre no puede perjudicar las reformas que el Gobierno plantea para España: "No tienen nada que ver cuestiones que afectan a otro lugar y otro momento con la acción del Gobierno, que adopta decisiones", dijo.Explicó que su peor momento político de este año fue el Ecofin de mayo y el decreto de recortes que ese mes se aprobó por un único voto de diferencia en el Congreso. "Nos la jugamos", sentenció, recalcando que si no se hubieran aprobado esas medidas (congelación de pensiones y recorte de sueldos públicos, entre otras), España viviría hoy una situación "extraordinariamente complicada". Ahora bien, ha dejado claro que "en ningún momento" se ha planteado dimitir porque "cuando las cosas son más difíciles hay que tener más sentido de la responsabilidad, más fuerza y más energía porque eso es imprescindible para tomar decisiones". "En mi caso es así, ha sido así y seguirá siendo así", añadió, y se mostró convencido de que el PSOE no va a sufrir una derrota 'monumental' en las elecciones autonómicas y municipales del 22 de mayo, sobre todo porque, según ha recalcado, el PSOE es un partido "muy competitivo" y va a trabajar "fuertemente" ante esa cita. Dijo luego que el primero y el segundo trimestres de 2011 serán decisivos para que se consolide el sistema financiero, mejore su solvencia y credibilidad. Zapatero indicó que la reforma del sistema financiero se ha llevado a cabo en las fechas previstas, sobre todo en el ámbito de las cajas, para adaptarlo a un mercado más reducido que el anterior. A este respecto, indicó que el proceso de reestructuración de las cajas se completó el pasado viernes, pero añadió que la tarea aún no ha concluido, ya que estas entidades deben elevar sus niveles de transparencia, "con el respaldo pleno del Gobierno". Advirtió también que las tensiones que afectan a los mercados financieros de la zona euro aún no han desaparecido, pero que España "está fuerte" y actuará con "determinación" para evitar que cualquier riesgo pueda mermar la capacidad de financiación del país. "No podemos ser tan ingenuos como para pensar que por el simple hecho de cambiar de año van a desaparecer las tensiones", subrayó .Asimismo, Zapatero advirtió a la banda terrorista ETA de que ya no valen "subterfugios, ni palabras gastadas". "No se trata de esperar o no esperar", ha dicho con relación a un posible comunicado de ETA en el que la banda anuncie un alto el fuego sobre el que se ha especulado recientemente. "Sólo esperamos de ETA el abandono definitivo de la violencia, el cese total y absoluto para siempre", ha insistido Zapatero. Agregó que el Ejecutivo "mantendrá" su política antiterrorista hasta que ETA abandone algún día definitivamente la violencia. Lo único que puede tener valor, para el presidente, es el "fin absoluto, incuestionable de la violencia terrorista". "Es lo único que el Gobierno escuchará y la sociedad española en su conjunto", ha afirmado el presidente, mientras en la primera fila de la sala de prensa de Moncloa el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, asentía sus palabras. Preguntado por las posibilidades de la izquierda abertzale de concurrir a las elecciones si ETA no abandona el terrorismo, Zapatero dijo que el ordenamiento jurídico "es muy claro" sobre quiénes pueden constituirse en partido político y presentarse a unos comicios y que el primer requisito es el rechazo de la violencia. "Pero eso hay que acreditarlo", ha añadido Zapatero, aunque, en cualquier caso, "la última palabra la tienen los tribunales". El presidente del Gobierno espera que la ley Sinde, que "evita las descargas ilegales" y "garantiza la propiedad intelectual" concite un consenso, "lo antes posible", "en el que puedan estar razonablemente la mayoría de las fuerzas políticas". Hay que regular este tema. Garantizar la propiedad intelectual es propio de países avanzados. Hay que respetar los derechos de los internautas, cómo no, y se puede hacer y espero que lo hagamos".
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró que su partido va a apoyar al Gobierno en todo lo que sea bueno para el interés general de los españoles porque España no se puede permitir que 2011 sea otra vez un año perdido y ha asegurado que estarán a la altura de las circunstancias. En una rueda de prensa, la primera en todo el año que hace desde la sede del PP en Madrid, en la que ha hecho balance del año 2010, Rajoy se mostró convencido de que "hace falta un profundo cambio en España" para que todo pueda mejorar, sobre todo después de "muchos años de inacción" o de "ir en direcciones equivocadas". A juicio de Rajoy "no hay confianza posible cuando la crisis no se explica" y se "reacciona con medidas inconcretas o atropelladas o impuestas desde fuera". El líder popular se mostró convencido de que España puede mirar al futuro con confianza porque existen "recursos humanos" y hay un capital construido en las últimas décadas de andadura democrática y una sociedad fuerte que "no se resigna a la decadencia". En este sentido, subrayó que en España hay "buenos emprendedores, excelentes empresas" y ha comentado que las cosas funcionan "cuando hay un gobierno que genera las condiciones necesarias, como se ha demostrado recientemente", en referencia a los años de Gobierno de su partido. Para el presidente del PP, 2010 ha sido "el año de los recortes sociales" y ha recordado que hace un año el jefe del Ejecutivo, José Luís Rodríguez Zapatero, manifestó que este año sería el de la recuperación económica. Según ha dicho, sus promesas se han quedado "en palabras" como "tantas otras veces". "Ha sido el año en que más españoles han perdido su puesto de trabajo, en el que han subido los impuestos, el año de los recortes sociales. Ha sido el año de mayores dificultades para las familias y en el que se ha cuestionado nuestra deuda pública", ha afirmado, para añadir que el año termina con una subida de precios, en referencia a la luz, el butano, gas natural, trenes AVE y otros trayectos..
ETA REDUCE SU PRESENCIA EN FRANCIA.- ETA está inmersa en un apresurado proceso de adaptación a su futuro más inmediato, el que dibujará el próximo comunicado que convertirá la actual tregua en "permanente", "verificable" y que, probablemente, aluda a un cese en sus actividades de extorsión y aprovisionamiento. En este sentido, y según cuenta este jueves el diario Público, las Fuerzas de Seguridad han detectado en las últimas semanas el abandono del territorio francés por parte de miembros de la organización terrorista. Se trata, según el análisis policial, de enfrentar la nueva etapa con unas filas más reducidas, sobre las que ejercer un control directo y que necesiten de menos fondos para subsistir. Este proceso de remodelación estaría también detrás del retraso en la publicación del nuevo comunicado. Igualmente, casa con una de las hipótesis del robo de seis impresoras y 6.000 tarjetas blancas de PVC el pasado 20 de diciembre cerca de Lyon. Según esta tesis, los terroristas necesitan material para fabricar documentos de identidad que faciliten la movilidad de los que permanezcan en Francia durante la nueva tregua y, al tiempo, la salida de los que han recibido la orden de dejar el país vecino, previsiblemente en dirección a Suramérica.
Las fuentes consultadas no se atreven a sentenciar si la reducción de las filas de ETA en Francia está relacionada con un eventual fin de la violencia, pero aseguran que facilita la toma de cualquier decisión de calado, sobre todo si los apartados se han expresado en contra de la corriente que predomine en la actual dirección. Asimismo, una banda en tregua no necesita arriesgar con la presencia en Francia de todos sus miembros y menos aún si decide adentrarse en un proceso de reconversión de organización "armada" a otra de carácter exclusivamente político.
El Acuerdo de Gernika, en el que Batasuna quiere que ETA base su próximo comunicado, exige, por otra parte, señala Público, "la desaparición de todo tipo de amenazas y presiones". Si la organización terrorista cesara en el chantaje del impuesto revolucionario tendría que subsistir con lo recaudado hasta el pasado noviembre, mes en el que consta la última remesa de cartas enviadas a los empresarios vascos y navarros. Por su parte, los elegidos para abandonar Francia vivirán por sus propios medios, como lo hacen los integrantes de colonias como la venezolana o la mexicana y, como ellos, serán susceptibles de ser llamados a regresar en el futuro. En el documento Euskal Herria hacia su independencia, de agosto de 2009, la banda planteaba recibir del Estado cuatro millones de euros anuales para acabar con su actividad extorsionadora. Casi nada se sabe con certeza de los fondos que maneja ETA, ya que el aparato de finanzas de la organización terrorista ha sido el menos golpeado en la lucha antiterrorista. Aún así, del declive económico de la organización terrorista hablan documentos incautados a su dirección en los últimos años y la negativa creciente de los empresarios a ceder al chantaje, según se profundizaba en la crisis operativa de ETA.
Aunque los Servicios de Información dudan de que la dirección de la banda haya resuelto ya acabar de forma inexorable con la violencia, el líder de Batasuna, Arnaldo Otegi, ha afirmado en unas declaraciones publicadas por el diario conservador The Wall Street Journal que la banda ya está lista para dejar su estrategia terrorista. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, admitió el martes "con cautelas" que ya se puede haber entrado en e principio del fin de la banda. En la documentación incautada en mayo de 2008 a la cúpula de ETA se recogía el presupuesto para los tres principales aparatos que actúan en Francia: militar (140.000), logístico (154.000) y político (48.000). La policía francesa calculaba a finales de 2009 en 218 los miembros con los que contaba ETA, pero un centenar debían situarse fuera de Francia, principalmente en las colonias de la banda en países suramericanos. Las decisiones en ETA se toman en un comité directivo (Zuba) integrado siempre por un número impar de miembros, para decantar las votaciones. En mayo de 2008, el Zuba tenía cinco miembros.
EL PRECIO DE UN CAFÉ.- El precio del café vuelve a ser piedra de escándalo del gobierno socialista. Lo fue ya hace una larga temporada, y aún se recuerda, cuando un ciudadano participante de un programa televisivo preguntó a Zapatero si sabía cuánto costaba un café. El presidente contestó que unos 60 céntimos, posiblemente como demostración de la distancia que el Gobierno tiene con la realidad de la calle, o a´si se interpretó. Ahora, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, ha repetido el error, al tratar de reducir el impacto que ha tenido en la opinión pública la próxima subida de la luz en casi un diez por ciento. Para Sebastián, la subida viene a ser el precio de un café “per cápita”, esta vez ya elevado a 1,70 euros, aproximadamente. Sebastián tendrá que buscar argumentos más sólidos, como los que su propio Departamento ha expuesto en un reciente informe interno, ahora divulgado, que reconoce que, desde hace dos años, el sistema eléctrico está en situación de desequilibrio, por haberse producido una “burbuja fotovoltaica”, debido a que se subvenciona con 450 euros cada megavatio/hora producido, cuando el precio de mercado es de 64 euros, es decir, siete veces menos. Se recuerda que las primas a esta energía verde, las fotovoltaicas, superarán los 2.500 millones, y se cargan al recibo... así como las ayudas al carbón, que a su vez supondrán 2.400 millones, hasta 2014, sin aportación a la generación eléctrica, pero sí a su precio... Se supone que Sebastián brindará estas explicaciones, y no las relativas al precio del carbón, cuando comparezca para explicar una de las decisiones que mayor enfado ciudadano han originado en los últimos tiempos. En todo caso, Sebastián y el Gobierno del que forma parte, parecen olvidarse de que el precio de la luz es solamente uno más de los nuevos costes con los que arranca el año nuevo, con subidas en la bombona de butano, en el gas, con recortes probables en las pensiones, con la eliminación de los 426 euros a los desempleados y de los 2.500 euros a las parturientas... En este clima de recortes, y con cifras récord en el número de parados, el próximo recibo de la luz no es más que una gota más en un panorama desolador de descontento e insatisfacción al que ha conducido la gestión de al crisis, sin que era crisis está definitivamente desaparecida o superada. Y de ahí la falta se sensibilidad de un ministerio y de un Gobierno que pretenden minimizar un coste elemental y básico y siempre creciente, sin razones aparentes, y en ningún moco explicados. Si Sebastián buscaba hacer pedagogía, como se ha alegado, su error es “de libro”, y si el Gobierno debiera o quisiera responder a la insatisfacción popular, don Miguel ya estaría en las listas de cesantes. Pero ni se plantea esa eventualidad, en un ministro “amigo del presidente” y de eficacia aún no demostrada. Después de todo, el coste de la luz se asumirá como cualquier otra elevación del coste de la vida: resignadamente y sin alterar la vida cotidiana, por más que ya se nos anticipen los 4.590 millones de beneficios que se repartirán en 2011 las tres grandes compañías eléctricas que se van a embolsar esos euros más de elevación de las tarifas. Por si faltaba algún agravio más, se nos anuncia y anticipa que la elevación ahora anunciada, es muy probable que no sea la única que se produzca en el año que comienza, el ya desventurado y atroz 2011...
LAS RENOVABLES, NIEGAN SER RESPONSABLES DE LA SUBIDA DE LA LUZ..- Cuenta una crónica de El Confidencial que “las energías renovables no quieren saber nada de la subida del 10% de la tarifa de la luz aplicada por el Ministerio de Industria”. Y explica que “bastante tienen con sufrir el severo recorte de primas que se les aplicó vía decreto el último día de la semana de Navidad”. Motor de crecimiento económico y sector industrial de referentes internacionales, las fuentes verdes son consideradas por el Gobierno ¨un grave riesgo a corto plazo para el sistema por razones económicas y técnicas¨: no hay dinero para pagar lo que cuestión y su tecnología está en proceso de constante evolución. Motivos de este tipo han convertido a las renovables en objeto de debate durante el último año. Arrastran el estigma de ser las principales responsables del incremento millonario del déficit tarifario que acumula el sistema español. Precisamente, este argumento ha sido esgrimido por el Gobierno, junto a la moratoria al carbón y el incremento del precio del petróleo, como el principal motivo para justificar la subida del precio del recibo de la luz (por cuarto año consecutivo, desde 2007), aunque en esta ocasión nada menos que un 10%, el mayor en casi tres décadas. El pulso entre Sebastián y las renovables lleva un año abierto. En abril de 2010, el Ministerio de Industria Turismo y Comercio distribuyó un documento en el que acusaba directamente a las renovables de ser las causantes de las subidas del recibo de la luz. Este diciembre, ocho meses después, Sebastián ha aprobado una reducción de costes de la tarifa de 4.600 millones de euros, de los que más del 70% (3.300 millones) se detraen de las renovables (fotovoltaica, eólica y termosolar), tijeretazo que no ha evitado la subida de la luz un 10%. Bajo esta premisa, desde la Fundación Renovables descartan que estas tecnologías sean las responsables de la subida, como se quiere dar a entender a la opinión pública. En su opinión, el origen del problema descansa en la opacidad existente en el modelo energético que sostiene el sistema. La famosa fijación de precios finalistas, cuyo formato de subasta según las renovables es inflacionista además de poco transparente, ha contado en esta subida con las ayudas al carbón (700 millones) para 2011 y los pagos por disponibilidad de las centrales térmicas. Esta tesis sobre la complejidad de la tarifa es avalada, entre otros, por el presidente de la CNC, Luis Berenguer, que ha llegado a afirmar que ¨el sistema de conformación de precios en el pool eléctrico español es un escándalo y la energía producida por las centrales amortizadas, como son las hidroeléctricas y algunas nucleares, supone llenar los bolsillos de las eléctricas en detrimento del precio que pagamos los ciudadanos”. Es decir, costes de producción que todavía se repercuten en la tarifa a pesar de que por su antigüedad ya estarían amortizados
El debate público no llega sin embargo a este punto de detalles. Las explicaciones manejadas popularmente son mucho más sencillas y simplistas, como demostraron ayer dirigentes del PSOE y PP, que se limitaron a lanzarse acusaciones sobre la autoría del déficit del sistema eléctrico. Mientras tanto, el encargado de justificar ayer la medida como voz del Gobierno fue Miguel Sebastián, que restó importancia a la decisión al comparar la subida de la luz con el precio de un café al mes. En definitiva, poca información sobre el pool eléctrico e incertidumbre para el extranjero. Según la encuesta realizada por la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) entre 80 inversores profesionales internacionales, la gran mayoría de los financieros consultados estima que conviene contratar algún tipo de seguro para seguir invirtiendo en España, lo que coincide a su vez con la subida de la prima de riesgo para los activos sujetos a cambios en el marco normativo. Precisamente, este contexto crítico está dejando al sector de las energías renovables sin capacidad de acceder al mercado de la financiación, después de años de relativo dinero barato. El dinero que han disfrutado las renovables durante los últimos tres años de boom guarda una estrecha relación con el incremento experimentado por el déficit de tarifa en los ejercicios 2008/09/10, que ha superado la media anual de los 4.500 millones, hasta llegar, según las previsiones, a una deuda global del sistema es 25.000 millones de euros pendientes de titulizar para ser colocados en el mercado con el aval del Estado. Sin embargo, desde los productores verdes lanzan una pregunta al aire: ¿Si recortan las primas, causantes del déficit, por qué suben el precio de la tarifa?
LOS CONTROLADORES, ACUSADOS DE SEDICIÓN.- Como muchos esperaban, la Fiscalía de Madrid ha remitido al Decanato de los Juzgados de Primera Instancia de Plaza de Castilla una denuncia contra los controladores aéreos por un presunto delito de sedición, tras el caos aéreo que se produjo los días 3 y 4 de diciembre, el puente-fin de semana de la Constitución, con la finalidad de que un juez les cite a declarar en el marco de unas diligencias penales. Así lo confirmaba el fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, quien ha adelantado que "intervendrán en las diligencias con todas las consecuencias". Además, Esteban ha señalado que nada más recaiga la denuncia en un juzgado concreto, pedirán que su titular tome declaración como imputados a los controladores que se negaron a declarar ante el fiscal.
Cabe recordar que, hasta ahora, los controladores no han querido prestar declaración hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos interpuestos contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. Los controladores no reconocían la competencia del fiscal para interrogarles, puesto que entienden que se les debe tomar declaración bajo la jurisdicción militar desde el momento en que pasaron a ser movilizados por la declaración del estado de alarma. Las investigaciones del fiscal -el defensor de la legalidad-, están encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores las horas antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar. El delito de sedición está castigado con penas de entre ocho y diez años de prisión, según el artículo 545 del Código Penal, para los que hubieren "inducido, sostenido o dirigido la sedición o aparecieren en ella como sus principales autores", y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. En el caso de que los imputados no sean los instigadores, "se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años", según precisa el segundo punto del artículo 545 del Código Penal.
La presidenta de la Agrupación de Demandantes afectados por el Cierres del Espacio Aéreo, Elena Fuente, considera un "paso positivo" la demanda presentada por la Fiscalía de Madrid contra los controladores aéreos ante los juzgados de Plaza Castilla. "Es un paso adelante por el buen camino de intentar responder al salvaje atropello que sufrieron mas de 600.000 ciudadanos con todo el peso de la ley", afirmó Fuente. La asociación está preparando una demanda colectiva contra los controladores y contra Aena para reclamar las indemnizaciones por los daños y perjuicios provocados por el caos aéreo, bajo el asesoramiento del despacho Cremades & Calvo Sotelo. Por ello, la presidenta de la asociación pidió también a la Fiscalía que "tome urgentemente las medidas necesarias para que las víctimas sean resarcidas". Además, la asociación se personará como acusación particular en la causa que abran los juzgados a instancias de la Fiscalía.
LAS DENUNCIAS CONTRA LOS CONTROLADORES, REMITIDAS A LA FISCALÍA.- Como ya adelantó hace dos semanas el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, las denuncias presentadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) contra el sindicato de controladores USCA tenían poco futuro al no encajar en el catálogo de delitos de ese tribunal. Esa es la razón que dio este miércoles el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, para archivar el caso y remitirlo a la Fiscalía de Madrid. La denuncia de OCU coincidía en su visión del caso con la de la fiscalía. Esa organización consideraba que, al haber abandonado los controladores sus puestos de trabajo provocando el cierre del espacio aéreo español, pudieron haber cometido un delito contra el tráfico aéreo "en su vertiente de sedición". Ese delito se recoge en una norma preconstitucional, la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, aprobada en 1964. FACUA, por su parte, consideraba que los hechos podían ser constitutivos de sedición (no la aérea, sino la recogida en el Código Penal común), abandono de destino, falsedad documental y coacciones. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el archivo del caso por falta de competencia de la Audiencia. En su informe, consideraba que la protesta de los controladores podría encajar en la sedición aérea, como manifestaba OCU. Sin embargo, subrayaba que ese delito no estaba entre los correspondientes a la Audiencia. La Fiscalía General del Estado entiende desde hace semanas que los hechos encajan en ese delito. El juez Ismael Moreno, en su resolución, sigue el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y sostiene que "en modo alguno los referidos hechos pueden ser objeto de tipificación, siquiera indiciariamente, en alguno de los supuestos delictivos comprendidos en el artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial", el que establece las infracciones que corresponde investigar y juzgar a la Audiencia Nacional. Por esa razón, según el juez, "ha de denegarse la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer de las mismas". Moreno, aceptando también la petición del fiscal, remite las denuncias a la Fiscalía de Madrid, al tener abiertas esta última unas diligencias de investigación sobre la huelga encubierta. Sin embargo, y como explica el diario Público, la exigencia de responsabilidades penales a los controladores aéreos por el motín que protagonizaron en el puente de la Constitución ha dado un salto cualitativo con el envío a los Juzgados Centrales de Madrid de la denuncia de la fiscalía provincial contra 175 técnicos que abandonaron su trabajo en las torres de Barajas y Torrejón de Ardoz. El fiscal les imputa un delito de sedición, castigado con penas de entre ocho y diez años de cárcel. S recuerda que la fiscalía empleó también esta figura penal contra los trabajadores de Iberia detenidos en septiembre de 1996 tras bloquear las pistas de El Prat en una protesta que retuvo a miles de pasajeros. La judicialización del caso pasa así a una nueva fase. El trámite que hizo el ministerio público marca la pauta a seguir y el delito a imputar en el primer eslabón de una larga cadena en la que las distintas fiscalías provinciales remitirán a juzgados de toda España las diligencias que abrieron de oficio por el plante de los controladores en cada uno de los aeropuertos afectados. En el caso de Madrid, y como primer paso, el decanato de los Juzgados de Plaza de Castilla deberá decidir en los próximos días qué juzgado tramitará la denuncia. Hasta ahora, la única que se ha presentado por sedición relacionada con este caso planteada por el colectivo ultraderechista Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo afectado se encuentra sobre la mesa del juzgado número 28 de Madrid.El número 3 de Plaza de Castilla ha recogido también varias denuncias en relación con este caso, aunque no incluyen este delito entre los atribuidos los controladores. De este modo, si se considera que los hechos notificados son los mismos, uno de estos juzgados podría asumir la denuncia de la Fiscalía de Madrid, cuyo responsable, Eduardo Esteban, prometió ayer firmeza frente a los controladores. Esteban adelantó que el ministerio público "intervendrá en las diligencias con todas las consecuencias" y advirtió de que no es "en absoluto descabellado" que se solicite el embargo de bienes de los controladores en el marco de las actuaciones judiciales que se sucederán a partir de este momento. Este embargo trataría de asegurar el pago de posibles responsabilidades civiles derivadas del proceso recién abierto, entre ellas, las indemnizaciones que reclaman los afectados por el parón aéreo, que suman cifras millonarias. La fiscalía ha denunciado a los controladores basándose en un informe remitido por Aena sobre los hechos ocurridos durante el pasado puente de la Constitución, que se ha unido a las notificaciones de la Guardia Civil que incluyen la relación de los controladores que se ausentaron de sus puestos el 3 y el 4 de diciembre. La investigación realizada hasta ahora por la fiscalía se ha ceñido a esos informes, ya que los 26 controladores que fueron llamados ante el fiscal los días 9, 10 y 13 de diciembre se negaron a prestar declaración, argumentando no reconocer su competencia por estar militarizados. La fiscalía considera que los hechos investigados son anteriores a esa militarización, por lo que mostró su discrepancia con las excusas de los controladores para frenar su investigación. El interrogatorio pretendía esclarecer cómo se coordinaron en las horas previas al anuncio de bajas médicas masivas con las que los controladores justificaron su imposibilidad de seguir trabajando. De hecho, la fiscalía pedirá, una vez que se asigne un juzgado a la causa, que su titular tome declaración como imputados a los técnicos que se negaron a ser interrogados. Aún así, y para alimentar el pulso, los controladores han anunciado en reiteradas ocasiones su rechazo a declarar ante jueces y fiscales hasta que el Tribunal Supremo resuelva los recursos que han planteado contra el estado de alarma y la militarización del espacio aéreo. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) evitó valorar ayer el paso dado por la fiscalía, y señaló que cualquier actuación en el futuro relacionada con este asunto se encuentra "en manos de sus abogados".
EL GOBIERNO IMPULSA LA RENOVACIÓN DEL TC SIN EL PP.- El Gobierno ha dado luz verde a la renovación del Tribunal Constitucional sin contar con el PP, para lo que remitirá "de manera inmediata" al BOE los nombramientos de los cuatro magistrados constitucionales nombrados por el Senado el pasado día 1, según cuenta este jueves, destacadamente, el diario El País. La decisión estuvo precedida de contactos de última hora en los que el PP reiteró que no iba a renunciar a su candidato, el magistrado Enrique López, al que el PSOE ha vetado por no cumplir los requisitos legales y por su escaso bagaje jurídico para acceder a la institución. Recuerda esta información que los grupos parlamentarios del Congreso tenían plazo hasta este jueves para presentar a los candidatos del Congreso al Tribunal Constitucional, pero el desacuerdo entre PSOE y PP sobre uno de ellos, a propuesta de los populares, bloquea la renovación. El PSOE albergaba la esperanza de que el PP desistiera de presentar a Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional, rechazado ya por los socialistas en el Senado, pero los populares le mantienen. Así se lo ha comunicado el primer partido de la oposición a los socialistas en contactos oficiosos mantenidos en las últimas horas. Este conflicto, sin embargo, explica la información, servirá para corregir una anomalía que grupos de oposición consideraban bastante escandaloso: el Gobierno retenía la publicación en el BOE de los cuatro magistrados constitucionales elegidos por el Senado el pasado 1 de diciembre, ante la expectativa de que pudieran coincidir estos nombramientos con los del Congreso, para renovar conjuntamente el alto tribunal y proceder a una única elección de presidente. No ha sido así. "Con acuerdo o sin acuerdo en el Congreso, se publicarán los nombres de manera inmediata", confirmaron fuentes gubernamentales. La publicación será inminente y la toma de posesión se verificará en cuanto las agendas de las autoridades del Estado lo permitan, al coincidir el desbloqueo con las fiestas navideñas. Pero ya no habrá demoras significativas ante la imposibilidad de saber cuándo se producirá el acuerdo sobre los candidatos que tiene que nombrar el Congreso.
Ahora, los dos partidos mayoritarios tienen que ponerse de acuerdo en el Congreso para cubrir las plazas de cuatro magistrados, tres de los cuales tienen el mandato prorrogado y el cuarto sustituirá al fallecido Roberto García Calvo. A partir de este jueves, se entra en fase de incumplimiento de la obligación de presentar candidatos. En su descargo, los grupos del Congreso recuerdan que el Senado ha tardado tres años en cumplir el proceso de renovación de los miembros del Constitucional y ellos sólo llevan mes y medio de retraso, lo que no ha impedido que el Pleno del Constitucional reclamase a los grupos políticos "que respeten" la Constitución y cumplan los plazos establecidos "imperativamente". El plazo para proponer candidatos terminaba precisamente este 30 de diciembre. El conflicto no tiene visos de fácil resolución, ya que el PSOE se niega a aceptar a Enrique López. "No hay nada personal, sino profesional, y su currículo no es el adecuado para un magistrado del Tribunal Constitucional", señalan reiteradamente fuentes socialistas. Y se preguntan si el PP no es capaz de proponer "a un catedrático, o a un magistrado con una vida profesional más acorde para el cargo". En esta opinión coinciden tanto la dirección del Grupo Socialista, que encabeza José Antonio Alonso, como La Moncloa y el Ministerio de Justicia. López sigue siendo motivo de discordia entre PSOE y PP. Lo fue en el Senado hasta que el PP retiró su candidatura. Los socialistas confiaron en que los populares no le volverían a proponer, pero sí lo han hecho.
La renovación de los magistrados del Senado se iniciará con la publicación de seis reales decretos de cese de los magistrados salientes, María Emilia Casas, Guillermo Jiménez, Vicente Conde y Jorge Rodríguez Zapata -nombrados el 16 de diciembre de 1998 los tres primeros y el 18 de diciembre de 2002 el último-, y otros dos correspondientes al cese de la presidenta Casas y el vicepresidente Jiménez, elegidos para el cargo el 15 de junio de 2004. El cese se hará efectivo tan pronto tomen posesión los cuatro nuevos, Luis Ignacio Ortega y Adela Asúa, propuestos por el PSOE, y Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos, a propuesta del PP. Dado que la ley orgánica del alto tribunal prevé que, a falta de presidente presidirá el magistrado más antiguo y en caso de igual antigüedad, el de mayor edad, la presidencia recaerá en el conservador Javier Delgado Barrio, de 78 años. El presidente en funciones solo puede convocar el pleno de elección del presidente y vicepresidente. A esa elección concurrirán 11 magistrados, ya que el fallecido Roberto García Calvo no ha sido sustituido. Según una norma no escrita pero seguida en el tribunal, el presidente en principio saldría de entre los magistrados del tercio más antiguo, el del Congreso, que son el propio Javier Delgado, Elisa Pérez Vera y Eugeni Gay. Pero en esa elección concurren dos inconvenientes: el primero es que los tres tienen el mandato ya caducado y deberían dirigir el alto tribunal en esas condiciones. Además, estarían a expensas de que si al PP no le gusta el elegido, acceda a renovar a los del Congreso. El presidente estaría así a expensas del PP y tendría que abandonar su efímero cargo en cuanto los populares decidiesen revocarlo. Por tanto, sería más favorable que la presidencia recaiga sobre los magistrados del último tercio, que tienen mandato todavía hasta junio de 2013. Es decir, entre los magistrados Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps, Manuel Aragón y Ramón Rodríguez Arribas. Los tres primeros son del sector progresista, y el último conservador.
CASADAS O NO CASADAS, VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA POR IGUAL.- Estar casada, divorciada, mantener una relación afectiva con un hombre fuera del matrimonio o haber roto ya ese vínculo con él, no es un factor determinante en los casos de violencia de género. Los últimos datos del Observatorio sobre la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, de los que da cuenta este jueves el diario Público, demuestran que las órdenes de protección concedidas por los juzgados de Violencia de Género se distribuyen de manera muy equitativa entre las mujeres casadas y las no casadas con una relación afectiva. Desde la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, en junio de 2005, hasta septiembre de este año, el 32,6% de mujeres con orden de protección estaban casadas. Otro 30,5% mantenía una relación afectiva con su agresor. El tercer grupo lo forman las mujeres que rompieron su relación de pareja (un 24,9%) y en último lugar están las divorciadas, que han recibido el 12% de las órdenes de protección dictadas en los últimos cinco años. "Estos datos confirman que el maltrato es endémico de las relaciones de poder y dominación", afirma la presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Ángela Cerrillos. "Una relación desigual puede darse en cualquier tipo de pareja, ya sea homosexual o heterexual, casada o pareja de hecho", agrega la abogada.
El debate sobre el estado civil de las mujeres víctimas de violencia de género saltó a la palestra el pasado lunes, cuando el obispo de Alcalá de Henares y responsable del área de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Reig Pla, hizo saltar las alarmas: "Los matrimonios católicos son menos dados a la violencia de género que las parejas de hecho", afirmó. Los datos del Observatorio no especifican si las mujeres casadas con orden de protección están unidas a sus agresores por la Iglesia o por lo civil porque los organismos en los que las víctimas pueden solicitar las medidas de protección (juzgados, fiscalía, policía, servicios sociales, etcétera) no formulan esta pregunta. Aun así, el año pasado se celebraron 175.952 bodas religiosas frente a 94.993 civiles, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las cifras del Observatorio muestran una caída de seis puntos en el porcentaje de órdenes de protección concedidas a mujeres casadas desde 2006. En el caso de las mujeres que mantienen una relación afectiva con su agresor, el porcentaje se mantiene estable alrededor del 30% aunque en 2009 y durante los nueve primeros meses de este año ha superado el porcentaje de medidas de protección para mujeres casadas. Para Cerrillos, estas tendencias no son significativas, ya que a su juicio pueden tener que ver con "los cambios sociológicos poblacionales" motivados por el "incremento de ciudadanos extranjeros y el auge de las uniones de hecho". Aun así, las órdenes de protección son, para Cerrillos, un "buen indicador" de los escenarios de violencia de género. Trece de las 71 mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas este año tenían en vigor una orden de protección, según los datos de la Secretaría de Estado de Igualdad.
Para la filóloga y feminista Pilar Careaga, las estadísticas del Observatorio son un fiel reflejo de la sociedad porque "la violencia machista no entiende de estados civiles", sostiene. Careaga relata el caso de un hombre denunciado por maltrato en tres ocasiones, en tres ciudades distintas y por tres mujeres diferentes. El hombre en cuestión estuvo casado, separado y manteniendo una relación sentimental, lo que demuestra que "el machismo y el androcentrismo se dan en todas las edades, en todo tipo de relaciones y en cualquier clase social", afirma Careaga. Sobre las declaraciones del obispo de Alcalá de Henares, Carega opina que son "una solemne tontería" y pide que "nadie dé crédito" a las palabras de Reig Pla. "Está demostradísimo que hay violencia de género en los matrimonios canónicos", insiste Careaga, "lo que habría que ver es qué dicen los curas cuando una mujer creyente les confiesa que sufre maltrato en casa". "Espero que los curas las animen a denunciar y no a aguantar, como ha estado pasando hasta hace poco", denuncia.
MAS: CON MENOS DINERO, HAY QUE HACER MÁS Y EXPLICARLO MEJOR.- El presidente de la Generalitat, Artur Mas, reunió este jueves por primera vez a su Gabinete y le exigió la máxima eficiencia, que en los tiempos que corren es sinónimo de administrar los escasos recursos públicos con extremo rigor. CiU se despidió del Govern en una época de bonanza económica y regresa a la Generalitat con una crisis global que obliga a todas las administraciones a dar ejemplo. Los cinco consellers que ya conocen los entresijos de la Administración autonómica serán los primeros en notar que las cosas han cambiado y que ahora toca apretarse el cinturón. Mas no les pidió que gestionen la miseria pero le faltó bien poco. «Con menos dinero tenemos que hacer más y explicarlo mejor», advirtió en el discurso que dirigió a todos ellos antes de que tomasen posesión de sus respectivos cargos. El jefe del Ejecutivo catalán preparó a su equipo para tiempos difíciles y, además, le reclamó que sepa trasladar a la sociedad las decisiones impopulares que les tocará adoptar en más de una ocasión. Si lo consiguen, marcarán un punto de inflexión respecto al tripartito.
Además de subrayar la solvencia de su Gabinete, el presidente quiso arropar especialmente al exsocialista Ferrán Mascarell, que sigue siendo blanco de críticas de sus antiguos compañeros de militancia, según cuenta El Periódico de Cataluña.. Mas proclamó que el nuevo Govern traspasa las «fronteras estrictas» de los partidos políticos porque su objetivo es sumar las diferentes sensibilidades que se identifican con el catalanismo. Vamos, que la puerta está abierta por si hay más gente que quiera seguir el ejemplo de Mascarell. Otra de las protagonistas de este Ejecutivo es la vicepresidenta, Joana Ortega, quien formalmente es la número dos, pero con una cartera recortada, puesto que de las competencias que tenía el republicano Josep Lluís Carod-Rovira prácticamente sólo mantendrá las de religión, un ámbito que como era previsible queda en manos de Unió bajo el paraguas de Governació. El resto de las atribuciones más destacadas han sido recolocadas en Presidència y serán gestionadas por su secretario general, Francesc Homs. Así, la relación con los medios de comunicación -la radio y televisión públicas, pero también los grupos privados-, las delegaciones territoriales, la política exterior -el control de las embajadas en el extranjero-, las ayudas a la cooperación y las subvenciones de Esports se integran en Presidència. En los corrillos del Pati dels Tarongers, (patio de los naranjos), Josep Antoni Duran Lleida, explicó que su implicación en la política exterior se limitará a la asesoría, ya que le resulta inviable combinar una acción ejecutiva con su papel en el Congreso. Como ejemplo de su aportación, el democristiano afirmó que gestionará reuniones de Mas con personalidades, algo para lo que el líder de Unió cuenta con una agenda de contactos a la que CDC nunca ha aspirado. Duran presidirá la parte catalana de la comisión mixta de traspasos, de la comisión bilateral Estado-Generalitat y de la comisión mixta de asuntos económicos y fiscales. No podrá presidir el Institut de la Mediterrània, por incompatibilidad con su condición de diputado en la Cámara baja.
Uno de los ámbitos más delicados, la política lingüística, recae del lado de Cultura. Así, Mascarell será el encargado de aplicar las multas a los comercios que no rotulen, por lo menos, en catalán. Durante la campaña, CiU se mostró ambigua respecto a la necesidad de sancionar a dichos establecimientos. El PP, que hace bandera de su guerra contra las multas, ya ha advertido de que su apoyo, aunque sea en casos concretos, dependerá también de la actitud del nuevo Govern en este ámbito. Los conservadores recuerdan que, durante el periodo en que apoyaron al Ejecutivo de Jordi Pujol, la Generalitat dejó de multar a comercios. En la primera reunión, el Govern también nombró a los números dos de cada conselleria. De los 12 secretarios generales, siete han pasado por Esade. Solo dos -el de Cultura y el de Empresa i Ocupació- no habían trabajado antes en la Generalitat. Otros dos -Ensenyament y Justícia- sobrevivieron con el tripartito e incluso se mantuvieron como altos cargos durante ese periodo.
EL RELEVO EN EL GOVERN DE CATALUNYA.- Describe El Periódico de Cataluña que “una gran e imaginaria puerta giratoria dio ayer entrada a los 11 nuevos consellers de la Generalitat y salida a los 15 del anterior Govern”. Y cuenta esta crónica que “no hubo reproches ni pullas. Regalos, sonrisas, buenas palabras, incluso entre quienes se han pasado los últimos cuatro años en sendas trincheras disparándose sin tregua. El caso más rotundo de los esfuerzos que dos personas pueden hacer para simular estima recíproca fue el de Joan Saura y Felip Puig.”. Y prosigue relatando que la jornada empezó en el Palau de la Generalitat, donde los titulares de las 11 conselleries del nuevo Ejecutivo prometieron su cargo. Ninguno imitó la fórmula de Artur Mas, con su promesa de fidelidad al pueblo catalán. Sólo tres tomaron posesión del cargo de forma personalizada. A la pregunta del president de si prometían cumplir con sus obligaciones, todos replicaron: «Sí, prometo». La flamante vicepresidenta, Joana Ortega, fue la primera en añadir algo: «Con la ayuda de Dios». Idéntica apostilla eligió la nueva titular de Justícia, Pilar Fernández Bozal, aunque ella dijo «ayuda» en castellano. El tercero en significarse fue el conseller de Salut, Boi Ruiz, quien agregó a su promesa: «Por mi honor». Después, los elegidos y sus familias departieron en el Pati dels Tarongers, y enseguida empezaron los traspasos de carteras. Se esperaba con cierta expectación el de Josep Lluís Carod-Rovira a Ortega. El Carod que sale del Govern nada tiene que ver con el que entró en éste en el 2003. Llegó el líder de Esquerra, artífice del mayor éxito del partido en las urnas, y se va un militante de base (que ha insinuado que dejará de serlo). El republicano fue extraordinariamente cordial con su sucesora, a la que regaló el libro “El Nadal que no vam tornar a casa”, una recopilación de prosa y poesía que narra el inicio del exilio catalán en 1939, y un ramo de rosas. Luego, el ya exvicepresidente se despidió en Facebook: «Rosas rojas, libro del exilio y carta personal. Hecho el traspaso de poderes. Govern nuevo, vida nueva. Ahora ya se ha acabado. Empiezo un nuevo camino». Y felicitó las fiestas.
En Economia se presenció el encuentro de dos profesores que además son amigos, Antoni Castells y Andreu Mas-Colell. Se da la circunstancia de que hace pocas semanas fueron a almorzar juntos, de catedrático a catedrático. En tono distendido, antes de que se hiciera realidad, Castells le espetó a su interlocutor: «Tú tendrías que ocupar mi silla». Y así ha sido. Castells explicó que espera haber dejado el listón un poco más alto de lo que se lo dejó su antecesor, Francesc Homs Ferret, y que está convencido de que Mas-Colell lo dejará mucho más alto que él. Este expresó su satisfacción por recibir el traspaso por parte del «profesor Castells». No se descartaba que en Interior el traspaso se hiciera por correo electrónico, pero no. Antes de empezar a desmantelar la gestión de Joan Saura, que es lo que CiU lleva meses anunciando que hará, su sucesor, Felip Puig, llenó de elogios a su antecesor y recordó que tuvo «el honor» de completar «de forma ejemplar y modélica» el despliegue de los Mossos. A su lado, Saura, serio, subrayó que deja una área compleja: «Solo es noticia cuando hay problemas». En Cultura se repitió la foto de hace cuatro años. Ferran Mascarell recibió el traspaso de cartera de aquel al que se la entregó, Joan Manuel Tresserras, un hombre al que se ve feliz por su próximo reingreso en la universidad, un remanso de paz en comparación con la vida interna del tripartito y de Esquerra, el partido que le hizo conseller y en el que ingresó como militante hace poco, en un gesto simbólico. También hubo flores en Salut, donde el ya titular, Boi Ruiz, entregó un ramo a Marina Geli, y Educació, cuya nueva cabeza visible, Irene Rigau, las recibió de Ernest Maragall. Entre leridanos, y viejos conocidos, marchó la cosa en Agricultura, donde Josep Maria Pelegrí vivió un relevo distendido con Joaquim Llena, el mismo que en campaña llamó «gilipollas» a los nacionalistas. En la guerra, ya se sabe. Lo de Joaquim Nadal y Lluís Recoder, exconseller y conseller de Política Territorial i Obres Públiques, fue una explosión de buen rollo. Antes de verse en un despacho, lo hicieron en la red social Twitter. Por la mañana, Recoder escribió: «Salgo de casa como un ciudadano más, tras más de 11 años como alcalde. Pero sigo recogiendo bolsas de la calle». Nadal lo comentó: «Hombre, ciudadano-conseller ya nombrado en el DOGC. Pero esto dice mucho a favor del instinto de alcalde. Felicidades y buenos días».
LEIRE PAJÍN SE CONFIESA A DIEZ MINUTOS.- Lleva dos meses en el cargo de ministra de Sanidad y ya se le acumulan los asuntos pendientes: la Ley Antitabaco, la Ley de Dependencia o la Ley sobre la muerte digna. Pese a ello, esta licenciada en Sociología por la Universidad de Alicante no se deja vencer por el desaliento e intenta que los contratiempos y la impopularidad que le acompaña no le quiten el sueño: “Suelo dormir bastante bien, tengo esa gran ventaja. Si tengo que tomar una decisión, la tomo. No me quita el sueño”. Así se lo ha confesado a la revista Diez Minutos Leire Pajín, quien ostenta todavía el título de diputada más joven del Congreso. “Todavía no me han quitado ese récord”, afirma, orgullosa esta política vasca de 34 años que, por el momento, está soltera y no tiene hijos. Pese a la acumulación de cargos que ha ocupado en su corta, aunque prematura, carrera política -dio el salto a la vida pública a los 15 años, cuando ingresó en las Juventudes Socialistas de Alicante-, Pajín no quiere hacer ostentación de su cargo y asegura que lleva una vida normal. Es más, los fines de semana, matiza, se olvida del coche oficial y se dedica a hacer lo que más le satisface. “Llevo años viajando en coche oficial, pero los fines de semana jamás lo utilizo porque me gusta coger mi coche y hacer vida normal. Nunca he dejado de ir con mis amigas y de hacer lo que siempre me ha gustado. Ser ministra me lleva un tiempo. Ser ciudadana es para toda la vida”, sentencia.
En una amplia entrevista, la ministra de Sanidad se explaya hablando de política. Cuenta que su referente siempre ha sido Felipe González, aunque fue con su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que alcanzó la notoriedad. Lleva más de la mitad de su vida metida en la “res pública” pero, según confiesa, aún sigue sintiendo vértigo: la última vez, cuando tomó posesión de su cargo de ministra. “En ese momento sí sentí el vértigo de la responsabilidad”. En ese momento sufrió la presión, pero ha habido otros en los que lo que ha sentido ha sido rabia. “Me sigue molestando que a una mujer la miren o juzguen por cómo viste o por cómo es físicamente en vez de por cómo gestiona. Ser mujer y ser joven es tener que seguir demostrando que vales, aunque lleves mucho tiempo gestionando en política”. En su opinión, estos comportamientos responden a “una educación con siglos de dominio de los hombres”. Pero la ministra de Sanidad se muestra optimista. “Tardará generaciones en desaparecer el machismo, aunque yo creo que hemos avanzado mucho”.
LA VICTORIA DE COSPEDAL SUPONDRÍA EL CESE DE 4.000 ASESORES.- El vuelco electoral que anuncian las encuestas para los comicios de 2011 puede tener importantes consecuencias en los segundos niveles de las administraciones autonómicas. Las comunidades más afectadas serían feudos tradicionales del PSOE como Castilla-La Mancha, donde una victoria de María Dolores de Cospedal supondría la salida de 4.000 asesores y personal eventual designado ‘a dedo’, según asegura una crónica de El Confidencial. Los cálculos del PP apuntan a que el cambio de régimen en la Junta castellano-manchega desencadenará el éxodo de unos 900 asesores y cargos de confianza vinculados al Ejecutivo socialista. Claro que, de ganar a las elecciones, los populares deberán buscar nuevos cuadros para sustituir, al menos, a una parte de este personal. A un primer grupo de más de 300 empleados pertenecen directores generales y secretarios generales, técnicos, miembros de los diferentes gabinetes y jefes de prensa de las diversas consejerías. Siempre según cálculos del PP, otros 500 corresponden a cargos en empresas y organismos públicos, muchos de los cuales serían eliminados de llevarse a cabo el programa económico de Cospedal. Por otra parte, los sindicatos de Castilla-La Mancha consideran que hay un total de 3.000 puestos de trabajo ‘a dedo’ en la Junta. En diciembre de 2009, UGT, CCOO, USO, CSI-CSIF y STAS difundieron un manifiesto en el que denunciaban el “vicioso sistema” de contratación del Gobierno socialista. Desde CSIF se aseguró entonces que el sistema de nombramientos de la Junta respondía a “afinidades política y pagos de favores”. Para los populares, este elevado número de trabajadores eventuales también responde a “compromisos” de Barreda para reforzarse en el poder. La sensación en el PP es que su victoria en Castilla-La Mancha supondría un movimiento inédito en la comunidad de asesores y funcionarios: los primeros cesarían de su cargo, mientras que los segundos regresarían a sus plazas originarias. Otro colectivo al que Cospedal debería encontrar una salida, si finalmente logra imponerse a Barreda en 2011, es el del personal directivo profesional. En principio, estos empleados son designados según el principio de mérito y capacidad, pero en la práctica estos criterios pueden ser adaptados a los candidatos elegidos ‘a dedo’. Y, a diferencia del personal eventual, que cesa automáticamente al ser relevada la autoridad para la que presta el servicio, los directivos profesionales pueden continuar en su puesto.
Actualmente, Castilla-La Mancha cuenta con unos 75.000 funcionarios. Cospedal se ha comprometido a llevar a cabo una reducción de empresas públicas de entre el 50 y el 75% para lograr, a su juicio, una Administración más eficiente. Asimismo, ha asegurado que recortará un 50% los cargos de libre designación, reducirá un 20% el gasto corriente y eliminará el número de delegados de la Junta repartidos por el territorio. Precisamente ayer llegó a las Cortes de Castilla-La Mancha el proyecto de Ley de Empleo Público, con la que el Gobierno de Barreda pretende mejorar la posibilidad de promoción de los funcionarios y regular la citada figura del personal directivo
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