GALLARDON ABRE EL DIÁLOGO PARA PACTARLA

La reforma del Poder Judicial, tras el Caso Dívar

En todos los diarios se recogen ese sábado los avances de la reforma que se propone llevar a cabo el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon, presentada en el último Consejo de Ministros del viernes en forma de “primer informe” sobre los trabajos de la comisión que está elaborando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Gallardón, en su presentación a la prensa, detalló algunas de las propuestas de los expertos, subrayando que se trata sólo de la reforma de la ley en lo que compete a los cambios en el órgano de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, y reiteró que el Gobierno espera poder consensuar la reforma "con el máximo número de grupos posible" por tratarse de una "reforma orgánica de nuestro Estado de Derecho". Por ello, anunció que iniciará una ronda de contactos con los grupos para acordar las líneas maestras de la reforma. Una de las propuestas de la comisión de expertos es la de endurecer las condiciones para llegar a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El reciente Caso Dívar parece que sirve para rectificar unos cuantos errores. A partir de la nueva ley, el presidente de estos órganos deberá tener como requisito una antigüedad de 3 años como presidente de sala del Supremo, o 25 años de experiencia. Gallardón explicó que el objetivo de este cambio es el de asegurar "la excelencia" del cargo. Desde luego, Dívar dejó mucho de ser “excelente”, según ahora se ha sabido. Por otro lado, la reforma también prevé la creación de una nueva figura, la del vicepresidente del Supremo, un cargo que no formaría parte del Consejo General del Poder Judicial, y que evitaría el actual caso en el que se encuentra el Supremo y el CGPJ que, tras la dimisión de Carlos Dívar, están presididos por dos personas distintas de forma provisional por primera vez en la historia de la democracia.

Una de las propuestas estrella del proyecto Gallardón pretende garantizar la independencia y la despolitización del Consejo, y hace referencia al sistema de elección de los 20 vocales. Los expertos invocados por Gallardón han elevado distintas propuestas para cambiar este sistema de elección, entre las cuales se encuentra la de que 12 vocales sean elegidos entre jueces y magistrados, mientras que los 8 restantes sean designados por el Congreso y el Senado. El titular de Justicia insistió en que sólo es una propuesta y que, por lo tanto, ahora deberá pactarse con el resto de grupos parlamentarios, especialmente con el primer grupo de la oposición. La reforma también prevé que el presidente será el único miembro del CGPJ con dedicación exclusiva, mientras que el resto de vocales puedan compaginar su función en el órgano con su actividad profesional externa. Ello permitirá, según el ministro, una "mayor eficiencia y conexión con la realidad jurídica del día a día". También será una medida de ahorro, porque a los vocales sólo se les pagaría las dietas. Según Gallardón, la nueva reforma no eliminará las actuales competencias del CGPJ aunque sí se reformularán las actividades del órgano de los jueces en algunas competencias que corresponden a otros organismos. Por ejemplo, toda la actividad exterior del Consejo, que según el boceto de Gallardón, debería coordinarse con el ministerio de Exteriores.

Cabe recordar que el Ejecutivo apostó, desde el primer día, por cambiar radicalmente la forma de elegir a los 20 miembros del Poder Judicial. Quería volver al modelo de los 80, cuando los jueces elegían directamente a 12 de los 20 miembros del Poder Judicial, y no los partidos. Los otros ocho sí tienen que ser designados por el Congreso y el Senado, según señala la Constitución. La elección directa supondría que los conservadores, muy mayoritarios entre los jueces, prácticamente controlarían siempre el Poder Judicial, gane quien gane las elecciones. Por eso se cambió en los años 90, y por eso el PSOE se opone ahora radicalmente a volver al procedimiento anterior. Gallardón, sin embargo, aseguró que el Gobierno está dispuesto a estudiar cualquier fórmula para intentar buscar un gran acuerdo en este asunto con los socialistas. Es decir, ya no pone encima de la mesa esa elección directa por los jueces como un requisito intocable. Parece evidente que el Ejecutivo intenta recuperar la malograda imagen del Poder Judicial después de la dimisión de Carlos Dívar, y para eso buscar evitar la ruptura con el PSOE. Aún así, si la negociación no funcionara, es muy probable que el Ejecutivo finalmente imponga su mayoría absoluta para cambiar la forma de elección del Poder Judicial y dejarla en manos de los jueces. De momento, el PSOE dejó clara la dificultad del acuerdo. El portavoz de Justicia, Julio Villarrubia, advirtió de que la elección de los vocales del Poder Judicial por parte del Parlamento es una cuestión “innegociable”. Si el PP aprovechara su mayoría absoluta para cambiarlo, “el PSOE, a las 24 horas de recuperar la mayoría parlamentaria, derogaría esa ley porque se trata de una “ocupación” por parte del PP del Poder Judicial”, avisó, porque implicaría dejar “en manos conservadoras de forma permanente e indefinida” ese órgano.

Opinó que el “mensaje de despolitización” lanzado por el ministro es “incompatible” con las presiones e “interferencias” que han recibido algunos vocales por parte del Gobierno para resolver “la crisis Dívar”. Pero se mostró dispuesto a negociar y saludó la oferta del ministro, de quien recordó que. “hasta ahora, no ha negociado nada”.  Ya se han producido algunas reacciones adversas de las asociaciones de jueces. Especialmente indignada se mostró la APM, conservadora y muy influyente en el PP, cuyo portavoz, Pablo Llarena, mostró su oposición a la reforma porque, en su opinión, conduce a la politización de la justicia. Llarena aseguró que el hecho de que los vocales del CGPJ no tengan dedicación exclusiva, a excepción del presidente, y de que se rija por una comisión permanente de cinco miembros debilita la actuación independiente de este órgano y lo deja expuesto a un mayor control político. A su vez, la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, señaló que la propuesta “permite entrever cierto desconocimiento” sobre la labor de los vocales del Consejo. “No puedo por menos que dejar constancia del drástico cambio de modelo para el funcionamiento del órgano de gobierno del tercer poder del Estado que se propone, cuyo encaje constitucional deberá ser estudiado”, sostiene Bravo. A su vez, el portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, también cree, como el de la APM, que la reforma pretende “subordinar el poder judicial al ejecutivo”. Cree que muchas de las funciones que ahora tiene el Poder Judicial serán asumidas por el Ministerio de Justicia y el Gobierno, por lo que la propuesta es “contraria al principio de separación de poderes del Estado”.

Veremos en qué queda el proyecto Gallardón de reformar “el poder judicial”, tan baqueteado en el último mes y medio por culpa de los largos fines de semana de un nada excelente Carlos Dívar… a quien Gallardón, por cierto, defendió hasta el último momento. Gallardón titula El País, ofrece ahora  negociar el modelo reelección del PJ. La Vanguardia explica en sus titulares de este sábado que Galardón propone adelgazar la cúpula judicial y quitarle poder. El Mundo destaca que Gallardón olvida su compromiso de que los jueces elijan a sus doce vocales del CJPJ.  Según La gaceta, el Gobierno frena la despolitización del CGPJ al condicionarla a un gran pacto con el PSOE. Habla ABC de vuelco al Poder Judicial y de “golpe de timón al PJ”. La Razón destaca la frase de Gallardón: La reforma judicial protege la democracia y la nación.

Definitivamente, nada será igual tras el melífluo y gastoso Dívar.

MONTI SE ANTICIPAS A HACER REFORMAS-RECORTES

Las reformas que vienen y sus probables costes


Desde que Mariano Rajoy anunció múltiples “viernes de reformas”, con ocasión de los correspondientes consejos de ministros, hay expectación ante las reformas que el Gobierno prepara, y el alcance que pudieran tener. De hecho, ahora mismo hay incluso una cierta confusión sobre las prioridades que el Gobierno contempla para esas reformas-recortes probables. Con bastantes menos avisos previos, el primer ministro italiano, Mario Monti, sorprendía a los italianos, la pasada madrugada del jueves al viernes con el anuncio de nuevos recortes en Sanidad y Educación, así como una reducción de personal de la Administración pública. En síntesis, Monti y el Gobierno italiano recortarán un 20 por 100 loos cargos directivos y un diez por ciento los restantes cargos. Reducirá, asimismo, el gasto de todos los ministerios, endurecerá los mecanismos de supervisión de la compra de bienes y reducirá al 50 por 100 el gasto en coches oficiales. Con estas medidas, explica el Gobierno italiano, se busca evitar la subida de dos puntos del IVA, hasta el 23 por 100, prevista para octubre, y espera ahorrar 4.500 millones de euros en la segunda mitad del año, así como 10.500 en 20134m, y y otros 11.000 en 2014... En nuestro país, en cambio, tenemos la impresión de que las reformas llegarán, pero aún no se sabe con qué “ritmo de goteo”. Se cree que el Consejo de ministros español de este viernes asprobará el anteproyecto de reforma de ley de bases de Régimen Local, que busca ahorrar 3.500 millones de euros en 2013, gracias a la ordenación de competencias y a la agrupación de municipios. No hay propósitos de eliminar ayuntamientos, pero sí de suprimir mancomunidades. Además, se cree que reforzará las diputaciones, frente a la propuesta socialista de eliminarlas definitivamente. Las diputaciones gestionarían servicios obligatorios y mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes... En cambio, según La Razón,el Consejo de Ministros estudiará este viernes el informe de la com isi`´on de expertos encargada de elaborar una propuesta de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y de la ley de Demarcación y Planta, que contiene la modificación del sistema de elección y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Asegura también La Razón que el Gobierno da hoy el primer paso para reducir concejales, con la reforma del Régimen Local, y que publicará los sueldos de los ediles.

El Mundo señala que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría no hizo revelación de detalles sobre la próxima reestructuración de la Administración Local, sobre la que el Consejo de Ministros de este viernes sólo aprobará el informe del anteproyecto de ley, pero sí avanzó que en dicha norma se determinará y publicará el sueldo de alcaldes y concejales. Según ABC, el Gobierno se propone crear una central de compras única para los ministerios, y que SSS anunció la creación de un grupo de trabajo para aprobar una ley de unidad de mercado que simplifique las licencias. En otra crónica, asegura ABC que Rajoy activa las privatizaciones para lograr 30.000 millones extras, y asegura que la iniciativa privada se extenderá a la gestión de sociedades y servicios públicos. Desde La Razón, el diario más alineado con el Gobierno, se anuncia “un ajuste necesario de 40.000 millones”, que pasaría por la congelación el próximo año de las pensiones y la ampliación del cómputo para su cobro a toda la vida laboral del trabajador, así como de la reducción del período máximo de cobro de las prestaciones por desempleo. Más aún: se suprimirá una de las dos pagas extraordinarias que actualmente perciben los funcionarios públicos, algo en lo que coincide Cinco Días: El Gobierno valora, dice, la supresión de una paga extra a los funcionarios. La medida podría suponer un ahorro anual de cuatro mil millones. También habrá regulación de empleo para los contratados laborales de los organismos de la administración... Cuenta Expansión que Hacienda ensaya con 2.000 funcionarios el plan para pagarles en función de objetivos. La Razón cree saber,asimismo, que Rajoy anticipará el miércoles en el Consejo estos nuevos ajustes, tal y como han venido exigiéndole los distintos partidos de la Oposición.

Los diarios de este viernes se refieren, en distintas crónicas, a otras reformas en marcha, o previstas, aunque sin concretar fechas, y a menudo ofreciendo datos contradictorios sobre el alcance obtendrán. Repasamos algunos de tales planes y propósitos del Gobierno. Por ejemplo, en materia de Dependencia, hay varios apuntes, en distintos diarios. Cuenta El País que el Gobierno dejará de cotizar por las cuidadoras de la Dependencia, fórmula por la que unas 178.000 personas contemplaban una futura pensión de jubilación. El Mundo señala que el Gobierno revisará la dependencia, y revela que la ministra Ana Mato anunció esa revisión con la que el Gobierno accede a la secreta petición de muchas autonomías de que se les alivie la carga de esas ayudas... Mato justifica la reforma de la ley de dependencia en la insostenibilidad de las prestaciones , las carencia de la ley vigente y la ineficacia del anterior gobierno socialista... , así como los distintos criterios de la aplicación de la norma por cada Comunidad autónoma. Y dice La Gaceta que el Gobierno aprobará la reforma de la ley de Dependencia el próximo día 13, y en ella se revisará el proceso de valoración para dar la misma respuesta en toda España. Y una no reforma: asegura Cinco Días que la Sepi da por sentado que no se privatizarán Loterías ni Paradores.

Iremos viendo y comprobando. Rajoy gusta de decir que sabe con precisión lo que tiene que hacer en cada instante, y que no improvisa. Pero no lo parece...

MARGALLO SÓLO LAMENTA LA IMPUTACION DE RATO

Rato y otros 32 consejeros de Bankia, al banquillo de la Audiencia



El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido atender la solicitud del partido de Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia, y sentar en el banquillo a Rodrigo Rato y otros 32 exconsejeros de Bankia y de su matriz, Banco Financiero y de Ahorros, por entender que pueden haberse producido en Bankia -su formación como resultado de la fusión de siete cajas de ahorros, su discutida salida a bolsa, sus distintas y contradictorias cuentas en el primer año de gestión del nuevo equipo formado por Rodrigo Rato y su costosa nacionalización, al precio de 23.500 millones de euros- hasta cuatro importantes delitos: falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas, y apropiación indebida. En resumen, el juez Andreu admite a tamite el caso “por el perjuicioi causado a la economía nacional”. Como explica ABC, los consejeros de Bankia y su matrriz FBA pudieron distorsionar las cuentas para dar la impresión de que su situación patrimonial era mejor que la realmente existente; los consejeros intentaron mantener a toda costa el precio de cotización y los ratios de solvencia; hay un perjuicio económicamente evaluable para cada accionista, y habría prevalecido el favor político al rendimiento económico. En fin, pudo haberse producido apropiación indebida en relación con las indemnizaciones, prejubilaciones, blindajes, remuneraciones y financiación “autoconcedidas” por el órgano de administración de las cajas.

¿Llegará a algo, es decir, a grandes o leves condenas, a grandes o pequeñas revelaciones, este proceso que ahora se nos anuncia, o como no pocos sospechan, quedará en nada y todo padecerá el tamiz de los intereses políticos, en el que casi todos los partidos se ven sentados en el banquillo de los acusados? Esa es la primera cuestión: La querella la plantea UPyD que resulta ser la única fuerza política ausente del consejo de administración de BFA-Caja Madrid-Bankia, donde se sentaban y percibían buenos sueldos políticos, sobre todo, del PP, pero también del PSOE, de IU, de UGT, de CCOO y hasta de la patronal CEOE...

Lo cierto es que “el caso Bankia” ha llegado a ser un “caso judicial”, un elemento “de escándalo”, y un gravísimo escollo para no pocos inversores en una entidad que se “vendió”· como extraordinariamente rentable y con gran futuro. Precisamente, la designación de Rodrigo Rato como presidente pretendía ser una garantía de solvencia, por razón de su paso por el Gobierno, como “ministro eficaz” en las cuentas del Gabinete de Aznar y en la entrada del euro, e incluso por razón de su paso por la Gerencia del Fondo Monetario Internacional, cargo en el que ya dejó “algo que desear”: No se enteró de la crisis financiera y económica internacional, y abandonó su cargo antes de que espirara su mandato, alegando razones familiares.

Pues bien, “Rato y sus treinta y dos” se sentarán en el banquillo, por la iniciativa de Rosa Díez y su partido, y deberán explicar sus actuaciones, tal y como muchos de los inversores y accionistas del “banco madrileño y del PP”, han reclamado apasionadamente. Se pudo comprobar en la reciente Junta General de Accionistas, que resultó, probablemente, un anticipo de lo que podría suceder cuando dé comienzo la vista del juez Andreu. Tendrá un claro morbo contemplar sentados como acusados a políticos, empresarios, profesores con nombre bien conocidos: Rato, Olivas, Acebes, Arturo Fernández, Francisco Verdú, Romero de Tejada, Jesús Pedroche, Jorge Gómez, Fernández Norniella, José Antonio Moral, José Manuel Serra, Antonio Tirado, Araceli Mora, Juan Llopart, Alberto Ibáñez, Mercedes de la Merced, Rodríguez Ponga, José María de la Riva, Javier López Madrid, Carmen Cavero Mestre...Y así, hasta treinta y tres “presuntos”. Po0r cierto, que se preguntan en El Mundo por qué no aparece en esa lista Virgilio Zapatero, exministro sociaoista y ex rector de la Universidad de Alcalá de Henares, que “era tan consejero de Bankia como los demás encausados”. La fiscalía tiene ahora una tarea que completar la determinación de las responsabilidades de cada cual en los presuntos delitos que parecen haberse acumulado en Bankia. A ello deberán ayudar los testigos también citados por el juez de la Audiencia: Fernández Ordóñez, Julio Segura...Pone de relieve el diario El País que los cuatro delitos que se apuntan pueden suponer penas de hasta 15 años de cárcel. Y señala La Voz de Galicia que el juez decidirá el próximo día 23 si interviene la entidad, “lo que supondría la salida de Goirigolzarri”. Cuenta Expansión que los despachos de abogados se preparan para actuar, y menciona los grandes bufetes de Miguel Bajo, Rodríguez Ramos, Rodríguez Mourullo, Molins y Silva, Oliva-Ayala, Ramón y Cajal Abogados, así como Uría, Garrigues, Baker, o Albiñana. Dice este mismo diario Expansión que Anticorrupción cree que no debe haber intervención y que la lista de imputados podría reducirse. Y se indica en Cinco Días que también deberá examinarse la responsabilidad de Miguel Blesa y otros gestores anteriores a la llegada de Rato. De momento, como señala El Economista, Gobierno y PP quitan huerro y apelan a la presunción de inocencia, y el ministro Margallo, que parece “el ministro de guardia” en el verano, “lamenta enormemente la inculpación de Rato, porque le quiero bien”.

¿Y los demás? Que los parta un rayo y los condene el juez...

El espectáculo está garantizado.

EL NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS QUE SE ANUNCIA PUEDE CONTENER DESPIDO DE FUNCIONARIOS

La preocupación sigue llamándose crisis económica



Superada la satisfacción por el triunfo de “La Roja”, y todavía sin haber digerido suficientemente la “gran quema valenciana” de los incendios forestales, que ha podido dejar sin áreas verdes a algo así como cincuenta mil hectáreas en una semana, las preocupaciones de los españoles regresan, si es que alguna vez no lo fueron, a la crisis económica. Aquella crisis que, en los primeros momentos, no quiso ver Zapatero, y que tampoco vio Rajoy, obsesionado por llegar a la Moncloa. Para Rajoy todo fueron torpezas e ineficiencias, incluso improvisaciones e ideas repentinas, de su antecesor. Ahora, en cambio, se ve enfrentado a la cruda realidad que le describen los diarios de manera permanente. Un repaso pormenorizado de las cuestiones que, por ejemplo este miércoles, afloran en esos diarios, conduce a comprobar las dificultades que aún quedan por superar, y que en gran medida, están suscitadas por los efectos de esa crisis de nunca acabar: Hemos pasado ya muchas adversidades, pero quedan otras cuentas por superar. Por ejemplo, nos cuenta El País que las listas de espera quirúrgica suben un 17 por 100 por los recortes. Según El Mundo, el crédito no volverá a crecer hasta 2015, según los bancos, y las familias recurren por primera vez a sus ahorros para llegar a fin de mes. La Gaceta abunda en esta misma materia: La crisis ahoga como nunca a la clase media española. Las familias ya gastan más de lo que ingresan y la capacidad de ahorro es negativa por primera vez desde 2005. También señala esta particularidad de la crisis la portada de Cinco Días: Los hogares se ven obligados a consumir parte de su riqueza, y la subida de impuestos agudiza la pérdida de renta de las familias, mientras el Gobierno anuncia que prepara restricciones de gasto muy severas. Es cierto que los datos del paro registrado en junio, con el descenso “histórico” de casi cien mil parados, han dado un respiro, y que el gubernamental La Razón celebra que “el paro para”, pero se teme que sea, además de leve, temporal o coyuntural. La propia ministra Báñez, seriamente acosada por la filtración de los papeles del ERE del PSOE a ese mismo diario ya mencionado, pide prudencia, y recuerda que todavía hay cuatro o cinco millones de españoles que no tienen empleo... Todavía dentro de las mismas graves preocupaciones de los españoles, se suma la portada de La Voz de Galicia: El Gobierno proyecta el despido de miles de empleados públicos, y lo hará con una reforma de la Administración con la que pretende ahorrar 80.000 millones en esta legislatura. Habla, a su vez, Expansión, de “despido para directivos públicos ineficientes”, y avanza que el Gobierno impondrá retribución variable y cesarán quienes no logren un mínimo. Recuerda, asimismo, los anuncios oficiales: Rajoy anuncia que ahora toca pisa el acelerador, y García Margallo se refiere a las severas medidas que vienen... Es, como decimos, la crisis de nunca acabar, de la que se sabe cuándo, aproximadamente, se inició, hace ya cinco años, pero no cuándo podría terminar: 2013, 14, 15? ¿Cuándo regresaremos a los viejos esquemas, ahora en revisión profunda, si es que alguna vez vuelven...? Hay algunas apreciaciones dignas de tenerse en cuenta, como la que hace el consejero delegado del Banco de Madrid, Joan Pau Miquel: En primavera de 2013 atisbaremos el final de la crisis”, asegura a El Economista. Explica la situación presente: “Agora estamos en un momento de máxima presión, y la mejora no será de un día para otro, sino progresiva. Previsiblemente, en la primavera de 2013 veremos las cosas de otra manera. Comprobaremos si las medidas adoptadas por Europa funcionan. Podemos tener en 2013 con crecimiento o con mínimo decrecimiento...” Pero ya es sabido el recelo con el que los españoles recibimos los anuncios de “brotes verdes!” o “luz al fondo del túnel”. De momento, la dura realidad se impone, y los anuncios de que el tiempo de sacrificios no ha concluido, para la reducción del déficit, mantiene a muchos españoles en vilo. Ahora, parece que la mayor preocupación podría centrarse en los recortes que pudieran producirse en la función pública, tanto del Estado como de las Comunidades Autonómicas, en las que está generalizada la impresión de que sobran centenares y miles de funcionarios públicos. Pero prescindir de ellos tendría el efecto indeseable de incrementar la presión social y las listas de parados, ambos termómetros ya en puntos máximos... Esa amenaza parece que se contiene en el “paquete de restricciones muy severo” al que hizo referencia el ministro Margallo, adelantando las intenciones a su vez ya anunciadas por Rajoy. El ministro de Economía y Competitividad, De Guindos, cree saber que ese paquete con que se nos amenaza se retrasará hasta el día nueve, cuando reciba las recomendaciones del Eurogrupo. Del mismo remitente de la línea de crédito-rescate “no gratuita” de los “hasta cien mil millones para reponer el capital de las entidades bancarias en dificultades.

De modo que aún queda desierto por atravesar, y con las temperaturas que se vienen produciendo...

RECLAMA UN MAYOR ESFUERZO, SOBRE TODO A LAS CCAA

Rajoy anuncia más velocidad en las reformas-recortes



Más de lo mismo. Mariano Rajoy vuelve con sus mensajes de siempre: Estamos haciendo muchas cosas, y las estamos haciendo bien, pero es preciso seguir haciendo reformas que traerán nuevos recortes y más austeridad. El resultado final será la vuelta al crecimiento y a la prosperidad... El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo este lunes en Sevilla, donde se reunió la plana mayor de su partido para celebrar la Junta Directiva Nacional del PP, que es tiempo de profundizar en las reformas. “Hemos hecho muchas cosas, pero ahora toca pisar el acelerador, vamos a hacer más”, anunció en un discurso en el que hizo balance sobre sus primeros meses de Gobierno. El jefe del Ejecutivo no concretó por dónde pueden irán esas reformas pero sí apuntó directamente a las comunidades autónomas, a las que pidió “un mayor esfuerzo en los próximos meses”. Un mayor esfuerzo al que Rajoy se sumará desde el Gobierno para lograr la reducción del déficit público, el “objetivo capital” del Ejecutivo del que nadie, dijo, puede dudar. Algo que el presidente quiere conseguir reformando el “andamiaje del déficit y el endeudamiento” y mediante la creación de unas bases “sanas y firmes” que permitan el despegue definitivo de la economía española y, a su vez, la inversión y la creación de empleo. Un trabajo en el que “es imprescindible perseverar” aunque sea, como reconoció, “el más difícil y el más ingrato porque lleva grandes esfuerzos y reveses”. “No hay alternativa si queremos ser un país que vayamos hacia un crecimiento sostenido”, añadió. “Son reformas pensadas para ganar el futuro y despejar el horizonte de la economía española”. El presidente señaló que es obligación de España como miembro responsable de la zona euro trabajar para reducir el déficit público y conseguir así que “las administraciones puedan liberar recursos para incentivar la inversión. “Desde el primer momento, el Gobierno ha tratado de frenar la hemorragia del déficit”, explicó. “Y si nadie duda de nuestro compromiso, es porque estamos haciendo esfuerzos en este sentido. Lo hemos visto en los presupuestos y lo vamos a ver en los presupuestos para 2013 porque hay que hacerlo”, anunció en lo que se vislumbra como una nueva  propuesta de sacrificios para todos los ciudadanos. Rajoy señaló que la “tarea inmediata” pasa por resolver los problemas de financiación que afectan a muchas instituciones españolas. Recordó Rajoy que, en el año 2011, España gastó 90.000 millones de euros más de lo que ingresó, “15 billones de las antiguas pesetas”. Y añadió que el problema no es solo ése, sino que para pedir ese dinero hay que pedir créditos a los mercados, y hoy no estamos en condiciones de hacerlo. Por eso, insistió en la necesidad de lanzar un mensaje nítido y claro de que el Gobierno trabaja para lograr el equilibrio presupuestario. El segundo pilar de las medidas que se deben emprender de inmediato son, según el presidente del Gobierno, las reformas estructurales para dinamizar la economía española. Algo que pasa por la reforma laboral ya aprobada por el Ejecutivo o por el Plan de Pago a Proveedores y otras medidas, como reducir el exceso de reglamentación que existe a través de una unidad de mercado en todo el territorio nacional. Todo ello, dijo, “lo requiere las circunstancias, el empleo y el sentido común”.

Sobre la situación del sistema financiero y el rescate a la banca española, Rajoy señaló que nuestro país ha llevado a cabo un “ejercicio de transparencia sin parangón” al encargar a dos auditorias extranjeras el análisis de la banca. Sobre el rescate, volvió a incidir en que se trata de una “línea de crédito europeo para borrar cualquier duda sobre el sistema financiero español”. “No se trata de darle dinero a nadie, la UE les hace un préstamo en condiciones favorables que en su día las entidades financieras tendrán que devolver”, explicó. Una medida que, a su vez, dijo, permitirá que se disipen las dudas sobre sistema financiero español y que contribuirá a la recuperación del crédito. “Los españoles tenemos sobrados motivos para confiar en nosotros mismos”, concluyó Rajoy en alusión a los problemas que afrontan miles de ciudadanos cada día y a los que ha ofrecido su compromiso de “trabajar sin descanso”. “Somos de los que deciden cambiar las cosas y vamos a superar estas dificultades porque estamos acostumbrados a superarnos a nosotros mismos día a día”. En su intervención en Sevilla, Rajoy se apoyó en el re ciente éxito del Consejo Europeo para lanzar un mensaje optimista y redoblar su "discurso reformista". Se felicitó por el resultado de dicho Consejo, pero aseguró que desde España, "ahora toca pisar el acelerador". "Vamos a hacer mucho más y lo vamos a hacer bien", dijo, tras advertir sobre las reformas anunciadas que tendrán su efecto "más tarde". Rajoy apuntó cuatro reformas inmediatas -energética, la de la Administración, unidad de mercado y organismos reguladores- y lanzó un mensaje muy concreto a las comunidades autónomas, casualmente, en ausencia de todos los presidentes autonómicos de su partido. Rajoy advirtió de que deberán hacer "un mayor esfuerzo" en la reducción del déficit. Sin concretar más allá de su compromiso con la reducción del déficit y la reforma del sistema financiero, su discurso quiso trasladar optimismo a los españoles. "Yo sé que las circunstancias actuales son complicadas", dijo. "No llegamos a esta situación por casualidad ni por mala suerte, sino porque no se han hecho las cosas bien. Lo saben quienes protestan ahora por las decisiones del Gobierno. Hay motivos para la preocupación pero muchos más para vencerla. Pero no hay lugar para el desaliento, y el primer paso hacia el éxito es saber que tenemos los mejores mimbres para alcanzarlo". "No me cabe duda de que lo haremos", insistió. "Quiero transmitiros aquí que estoy absolutamente convencido de que España tiene un gran futuro”. Luego, agradeció especialmente la colaboración de los españoles en la tarea del Gobierno: "La actitud de muchísimos españoles me llena de orgullo", y agradeció a los españoles el ánimo y la confianza con que están llevando esta situación. "Los españoles tenemos sobrados motivos para confiar en nosotros mismos. Ni siquiera en los peores momentos hemos perdido la ilusión por salir adelante. No nos vamos a sentar a esperar que cambien las cosas, vamos a cambiarlas nosotros mismos. Soy absolutamente consciente de que el Gobierno no puede hacerlo todo, pero sí puede ponerlo todo de su parte para que los españoles desarrollen en toda su potencia las capacidades de los españoles, lo máximo para que España dé lo máximo de sí". La estrategia es clara: avisar de los recortes que vienen para dejar de hablar de los que ya hechos, y de paso preparar la pista de aterrizaje a los próximos.

Más de lo mismo. Más reformas-recortes, más austeridad, y un futuro feliz que algún día llegará...

SOLO "LA ROJA" DIO UNA BUENA NOTICIA

De Guindos confía en la recuperación

No viene resultando fácil, en los últimos tiempos, encontrar responsables políticos mínimamente optimistas sobre el futuro de la economía española. El ministro de Economía, Luis de Guindos, consideró este fin de semana, en el “Campus Faes” del PP, que los problemas de la economía española son "profundos y complejos", pero las posibilidades de regeneración son "muy superiores". Por esta razón, mostró su confianza en que España dé "un salto importante en productividad y prosperidad". Según explicó el ministro ante la atenta mirada del expresidente del Gobierno José María Aznar, el Ejecutivo de Mariano Rajoy está poniendo las bases de una recuperación económica que llegará más pronto que tarde. En un tono optimista, De Guindos recordó que España, en su historia, se ha enfrentado a dificultades importantes y ha salido adelante "con más libertad económica y austeridad", que pasa en última instancia por el control de las cuentas públicas. Además, en su intervención, elogió los avances de la cumbre europea del pasado jueves y viernes que, en su opinión, ha servido para reforzar el futuro del euro, "un proyecto no sólo económico sino político".
El ministro de Economía avanzó, no obstante, que la recesión de la economía española se extenderá al segundo trimestre, en el que las estimaciones auguran una caída del PIB "ligeramente superior" a la registrada en el primer trimestre del año, cuando se confirmó un -0,3%. De Guindos ha recordado que esta previsión coincide con la del Banco de España, que ya pronosticó que la contracción entre abril y junio había sido "ligeramente superior" que entre enero y marzo. En cualquier caso, el Gobierno mantiene su previsión de que, en el conjunto del año, la economía retrocederá un 1,7%. De Guindos se mostró optimista también respecto a este dato y consideró que el "deterioro acelerado" de la actividad registrado desde el verano de 2011 se irá estabilizando "en los próximos trimestres", aunque dependerá del contexto económico mundial. En este sentido, pronosticó que la economía española "pegará un salto importante" en términos de productividad si en los próximos meses se aprovechan las oportunidades que se han abierto tras los acuerdos adoptados en el último Consejo Europeo. En su opinión, esta cumbre ha reforzado el mensaje de que el euro es un "proyecto común, irrevocable e irreversible", al tiempo que ha defendido que España tiene que "jugar las oportunidades nuevas que se abren" con el futuro del euro. "Los retos son importantes, los desequilibrios son profundos, pero las posibilidades van más allá de esos retos y desequilibrios", subrayó De Guindos. No obstante, apuntó que en Bruselas "no ha habido ganadores ni perdedores; esto no es la Eurocopa", sentenció. Preguntado por los periodistas acerca de las recomendaciones realizadas por Bruselas, el titular de Economía, que eludió pronunciarse sobre una posible subida del IVA, manifestó el "absoluto compromiso del Gobierno español con la estabilidad presupuestaria y con las reformas económicas", un proceso que "tiene que continuar". "Hemos tenido una cumbre en la que el euro ha ganado, no ha habido ni vencedores ni perdedores, sino que ha habido un proceso de intensificación del proyecto europeo y ahí todos tenemos que aportar", dijo el ministro, quien afirmó que "va a haber aportaciones" desde el punto de vista tanto comunitario y de políticas domésticas. De Guindos, que insistió en que las recomendaciones de Bruselas y del FMI "siempre son tenidas en consideración" por parte del Gobierno español, subrayó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "tiene una voluntad continua de reforma para corregir la desviación presupuestaria". "El Gobierno ha pedido esfuerzos imprescindibles a los ciudadanos para volver a una situación de estabilidad. Es fundamental que ese esfuerzo se distribuya equitativamente y así lo está intentando hacer el Gobierno", dijo el ministro, quien se mostró convencido de que "esos esfuerzos y sacrificios serán la plataforma sobre la cual se acabará generando crecimiento económico y empleo". Para el titular de Economía, la situación actual es "totalmente inaceptable desde el punto de vista social, económico y financiero", por lo que garantizó que el Gobierno va a redoblar los esfuerzos para sentar las bases que permitan empezar a generar empleo y crecimiento en el futuro. Tras repasar los desequilibrios de la economía española, detalló las medidas adoptadas por el Gobierno y advirtió de que si no se vuelve a generar confianza en que "las finanzas públicas y los servicios públicos son sostenibles a medio y largo plazo, las dificultades de financiación van a ser muy importantes". En esta línea, subrayó la relevancia de la Ley de Estabilidad y la presentación de los próximos Presupuestos Generales del Estado. Igualmente, valoró los acuerdos del último Consejo Europeo relativos a la línea de inversión de 120.000 millones de euros, en la que el BEI jugará un papel "fundamental" contra la fragmentación del mercado de capitales, así como el hecho de que se haya decidido avanzar en la "unión bancaria, fiscal y política". El ministro consideró asimismo que las decisiones acordadas en la cumbre "a corto plazo" tendrán un efecto en la reducción de unos diferenciales de la deuda pública que "no eran sostenibles en el tiempo"...

Y sin embargo, el De Guindos que aspiraba a dar “notas para el optimismo a medio plazo”. Merece hoy titulares poco felices en los diarios: Según El País, Guindos avisa de que la recesión se ha agravado. Titula El Mundo: De Guindos confirma que la economía se está hundiendo. Según ABC, De Guindos confirma que la recesión se agravó en el segundo trimestre. Dice La Razón que De Guindos pide más sacrificios para la recuperación. En La Gaceta, el Gobierno se mjestra optimista y ya prevé cerrar 2012 con una caída del PIB menor al 1,7 por 100 previsto. Según Expansión, De Guindos avisa que la recesión económica en España se agrava. Y en Cinco Días, que Guindos insinúa que habrá más ajustes para cumplir con el objetivo de déficit...

La única noticia “buena-buena” la proporcionó la Selección Nacional de Fútbol, al conseguir la Eurocopa tras su encuentro con Italia. Y dice Rajoy que no conviene acostumbrarse a las buenas noticias... 

MUCHOS EN EL PP QUIEREN QUE SE MANTENGA EL TEXTO DE LA LEY

El martes, el TC debate el matrimonio homosexual

Nos avanza este domingo el diario El País que siete años después de que el Partido Popular recurriera contra la ley de matrimonios homosexuales aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 30 de junio de 2005, los 11 magistrados del Tribunal Constitucional están convocados a pleno el próximo martes, para dirimir si se mantiene o se anula una normativa que desde que está vigente ha permitido celebrar 20.000 bodas gais en toda España. Añade el periódico que ésa era, al menos, la previsión del tribunal antes de que el PP y el PSOE sellaran, el pasado viernes, un acuerdo para renovar las cuatro plazas del Constitucional que deberían haber sido cambiadas hace casi dos años, lo que conformará un pleno del Constitucional distinto. Habrá cuatro magistrados nuevos, aunque con las fuerzas de ambos grupos muy parecidas a las actuales, es decir, siete magistrados elegidos a propuesta del PSOE y cinco del PP. La revisión del recurso figura en el último punto del orden del día, lo que quiere decir que cabe la posibilidad de que no saliera en este pleno, pero sí en el próximo, convocado para este mes de julio antes de que se tomen posesión los cuatro magistrados renovados. En el orden del día también figura la admisión a trámite del recurso de diputados del PSOE contra el nuevo sistema de nombramientos de RTVE aprobado por el Gobierno de Rajoy.  La ponencia sobre la que se van a pronunciar los magistrados la firma Pablo Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional, elegido en su día miembro del tribunal a propuesta del Gobierno socialista. Pérez Tremps seguirá en su puesto, ya que no pertenece al tercio que debía ser renovado. En la propuesta de sentencia de Tremps se defiende la constitucionalidad de la ley y, por tanto, el rechazo al recurso presentado por el PP cuando estaba en la oposición.  Y se cree que una mayoría holgada del pleno del Constitucional apoyaría el criterio del ponente. Sin embargo, hay voces discrepantes, correspondientes al sector conservador del tribunal, que pueden evitar que el fallo salga adelante por unanimidad, según explican distintas fuentes conocedoras de la situación. El Constitucional pretende resolver de una vez esta cuestión que desde hace siete años provoca enfrentamientos entre socialistas y populares. El debate sobre el matrimonio homosexual se ha trasladado a casi todas las contiendas electorales que ha habido en España desde que fue aprobada la ley en el verano del año 2005. El tribunal afronta el recurso del PP con una clara mayoría progresista, lo que garantizaría un pronunciamiento favorable a la constitucionalidad de la ley, tanto si deliberan los 11 magistrados todavía en ejercicio, o si lo hace el pleno con cuatro miembros nuevos que se constituirá en unos días. Según las indagaciones de El País, en el PSOE, partido que impulsó la nueva ley, hay un sólido convencimiento de que la norma es constitucional y necesaria. En el PP, en cambio, la controversia sobre la ley del matrimonio homosexual ha desencadenado un debate interno en el que han surgido algunas voces discrepantes con la dirección del partido y con la decisión de promover el recurso de inconstitucionalidad. Varios alcaldes del PP, como Alberto Ruiz-Gallardón cuando era regidor en Madrid, celebraron bodas gais, también entre militantes del PP, y se fotografiaron encantados con las parejas que contraían matrimonio. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se llegó a manifestar en contra de la presentación del recurso de inconstitucionalidad. Ruiz-Gallardón, hoy ministro de Justicia, opinó en diversas entrevistas que si el Constitucional avalaba la normativa aprobada, lo razonable sería no cambiar la ley aunque el PP gobernara y tuviera mayoría absoluta: “Si el tribunal establece que es conforme a nuestra Constitución mantener la denominación del matrimonio, yo lo dejaría así”, declaró en una ocasión. Unos meses después, señaló “a título particular”, cuando ya era ministro de Justicia, que no veía inconstitucionalidad en la norma aprobada en su día por los socialistas. Sin embargo, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró deliberadamente ambiguo sobre el futuro de esa norma en la entrevista concedida en vísperas de las elecciones del pasado 20 de noviembre, cuando todavía era jefe de la oposición. Se le preguntó entonces a Rajoy: si el Tribunal Constitucional avala la ley que permite casarse a personas del mismo sexo, ¿usted derogará o modificará esa ley? Y Rajoy contestó: “La respuesta es muy sencilla. Esperemos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional. Esperemos a ver, no supongamos. Pero dicho esto, yo de lo que fui partidario, porque esto también me interesa que se sepa, y además lo llevé en mi programa, era de una ley de uniones de hecho que garantizaba los mismos derechos a las parejas homosexuales. Fue la primera vez en la historia que lo llevó el PP en su programa electoral en 2004. Yo quería una ley como en Alemania, Francia y Reino Unido. Fui a hablar con el presidente del Gobierno, y le dije: ‘Creo que esto evita líos, esto al final lo va a aceptar todo el mundo’. Y no quiso llegar a un acuerdo. A veces un gobernante no tiene que ir a la mayor, sino que tiene que intentar sumar a todos los ciudadanos”. Es, en todo caso, y según indican varios dirigentes del partido, muy distinto a lo que se pretende hacer, y ya ha anunciado el ministro de Justicia, con la vigente ley del aborto, recurrida ante el Constitucional por el PP y que será reformada, diga lo que diga el alto tribunal. La reforma pretende volver al modelo vigente desde 1985 hasta 2010.

Recordemos que la Ley 13/2005, de matrimonios homosexuales, fue una de las primeras aprobadas por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y reformó el Código Civil en los aspectos relacionados con el derecho a contraer matrimonio, incorporando un párrafo al artículo que lo regulaba. Este párrafo dice así: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. En el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PP se afirmaba que la normativa que permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de las mismas, vulneraba siete artículos de la Constitución (9, 10, 14, 32, 39, 53 y 167). Los populares entienden que la ley “no respeta la definición constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, contenida en el artículo 32”. Los redactores del recurso se apoyaron incluso en la “etimología latina del vocablo matrimonio” para censurar la ley promovida por el partido socialista. Cabe recordar que la Academia de la Lengua decidió recientemente  incluir una nueva acepción para matrimonio: “En determinadas legislaciones, unión de dos personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses”. En el último congreso nacional del PP, ya con Rajoy en la presidencia del Gobierno, fue aprobado un texto que señalaba “la defensa de los derechos de las personas homosexuales, acatando, en cualquier caso, la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional acerca del alcance de la definición constitucional del matrimonio”. En su impugnación de la ley vigente, los populares también sostienen que al permitir la adopción a las parejas homosexuales se atenta contra el interés del menor, cuyo "ámbito natural" de filiación es "la unión heterosexual". El recurso mantiene, además, que la denominación de matrimonio a las uniones civiles de homosexuales supone "un fraude de ley". Argumenta que el legislador ordinario no puede cambiar el nombre de las cosas, sino que, para ello, hay que modificar la Constitución. Y pone ejemplos de cosas que están definidas en la Constitución y a las que no se puede cambiar el nombre: matrimonio, nación, huelga, derecho de voto, autonomía o pluralismo. La mayor parte del recurso se basa en el presunto incumplimiento del artículo 32 de la Constitución, que dice textualmente: "El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica". El PP sostiene que sólo el hombre y la mujer son los "titulares del derecho a contraer matrimonio". El recurso del PP repasa el debate previo a la redacción final de la Constitución para intentar demostrar que el objetivo del constituyente cuando escribió "el hombre y la mujer" era, precisamente, referirse a ambos como los dos cónyuges necesarios para contraer matrimonio.

La llegada, ahora, al TC del exdiputado del PP Andrés Ollero ha sido destacada por la beligerancia que ha mantenido en artículos, declaraciones y debates, contra el matrimonio homosexual. No se sabe aún si le corresponderá votar esta cuestión, o la dejará zanjada la todavía vigente composición del TC, pero en todo caso, se cree que la de Ollero será una posición minoritaria y no decisiva. Muchos de sus propios correligionarios así lo desean…