La reforma del Poder Judicial,
tras el Caso Dívar
En todos los diarios se
recogen ese sábado los avances de la reforma que se propone llevar a cabo el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardon,
presentada en el último Consejo de Ministros del viernes en forma de “primer
informe” sobre los trabajos de la comisión que está elaborando la reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Gallardón, en su presentación a
la prensa, detalló algunas de las propuestas de los expertos, subrayando que se
trata sólo de la reforma de la ley en lo que compete a los cambios en el órgano
de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, y reiteró que el Gobierno
espera poder consensuar la reforma "con el máximo número de grupos
posible" por tratarse de una "reforma orgánica de nuestro Estado de
Derecho". Por ello, anunció que iniciará una ronda de contactos con los
grupos para acordar las líneas maestras de la reforma. Una de las propuestas de
la comisión de expertos es la de endurecer las condiciones para llegar a la
presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. El reciente
Caso Dívar parece que sirve para rectificar unos cuantos errores. A partir de
la nueva ley, el presidente de estos órganos deberá tener como requisito una
antigüedad de 3 años como presidente de sala del Supremo, o 25 años de
experiencia. Gallardón explicó que el objetivo de este cambio es el de asegurar
"la excelencia" del cargo. Desde luego, Dívar dejó mucho de ser “excelente”,
según ahora se ha sabido. Por otro lado, la reforma también prevé la creación
de una nueva figura, la del vicepresidente del Supremo, un cargo que no
formaría parte del Consejo General del Poder Judicial, y que evitaría el actual
caso en el que se encuentra el Supremo y el CGPJ que, tras la dimisión de
Carlos Dívar, están presididos por dos personas distintas de forma provisional
por primera vez en la historia de la democracia.
Una de las propuestas
estrella del proyecto Gallardón pretende garantizar la independencia y la
despolitización del Consejo, y hace referencia al sistema de elección de los 20
vocales. Los expertos invocados por Gallardón han elevado distintas propuestas
para cambiar este sistema de elección, entre las cuales se encuentra la de que
12 vocales sean elegidos entre jueces y magistrados, mientras que los 8
restantes sean designados por el Congreso y el Senado. El titular de Justicia
insistió en que sólo es una propuesta y que, por lo tanto, ahora deberá
pactarse con el resto de grupos parlamentarios, especialmente con el primer
grupo de la oposición. La reforma también prevé que el presidente será el único
miembro del CGPJ con dedicación exclusiva, mientras que el resto de vocales
puedan compaginar su función en el órgano con su actividad profesional externa.
Ello permitirá, según el ministro, una "mayor eficiencia y conexión con la
realidad jurídica del día a día". También será una medida de ahorro,
porque a los vocales sólo se les pagaría las dietas. Según Gallardón, la nueva
reforma no eliminará las actuales competencias del CGPJ aunque sí se reformularán
las actividades del órgano de los jueces en algunas competencias que
corresponden a otros organismos. Por ejemplo, toda la actividad exterior del
Consejo, que según el boceto de Gallardón, debería coordinarse con el
ministerio de Exteriores.
Cabe recordar que el
Ejecutivo apostó, desde el primer día, por cambiar radicalmente la forma de
elegir a los 20 miembros del Poder Judicial. Quería volver al modelo de
los 80, cuando los jueces elegían directamente a 12 de los 20 miembros del
Poder Judicial, y no los partidos. Los otros ocho sí tienen que ser designados
por el Congreso y el Senado, según señala la Constitución. La elección directa
supondría que los conservadores, muy mayoritarios entre los jueces,
prácticamente controlarían siempre el Poder Judicial, gane quien gane las
elecciones. Por eso se cambió en los años 90, y por eso el PSOE se opone ahora radicalmente
a volver al procedimiento anterior. Gallardón, sin embargo, aseguró que el
Gobierno está dispuesto a estudiar cualquier fórmula para intentar buscar un
gran acuerdo en este asunto con los socialistas. Es decir, ya no pone encima de
la mesa esa elección directa por los jueces como un requisito intocable. Parece evidente que el
Ejecutivo intenta recuperar la malograda imagen del Poder Judicial después de la dimisión de Carlos Dívar, y para eso
buscar evitar la ruptura con el PSOE. Aún así, si la negociación no funcionara,
es muy probable que el Ejecutivo finalmente imponga su mayoría absoluta para
cambiar la forma de elección del Poder Judicial y dejarla en manos de los
jueces. De momento, el PSOE dejó clara la dificultad del acuerdo. El portavoz
de Justicia, Julio Villarrubia, advirtió de que la elección de los vocales del
Poder Judicial por parte del Parlamento es una cuestión “innegociable”. Si el
PP aprovechara su mayoría absoluta para cambiarlo, “el PSOE, a las 24 horas de
recuperar la mayoría parlamentaria, derogaría esa ley porque se trata de una “ocupación”
por parte del PP del Poder Judicial”, avisó, porque implicaría dejar “en manos
conservadoras de forma permanente e indefinida” ese órgano.
Opinó que el
“mensaje de despolitización” lanzado por el ministro es “incompatible” con las
presiones e “interferencias” que han recibido algunos vocales por parte del
Gobierno para resolver “la crisis Dívar”. Pero se mostró dispuesto a negociar y
saludó la oferta del ministro, de quien recordó que. “hasta ahora, no ha
negociado nada”. Ya se han producido algunas reacciones
adversas de las asociaciones de jueces. Especialmente indignada se mostró la
APM, conservadora y muy influyente en el PP, cuyo portavoz, Pablo Llarena,
mostró su oposición a la reforma porque, en su opinión, conduce a la
politización de la justicia. Llarena aseguró que el hecho de que los vocales
del CGPJ no tengan dedicación exclusiva, a excepción del presidente, y de que
se rija por una comisión permanente de cinco miembros debilita la actuación
independiente de este órgano y lo deja expuesto a un mayor control político. A
su vez, la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, señaló que la propuesta
“permite entrever cierto desconocimiento” sobre la labor de los vocales del
Consejo. “No puedo por menos que dejar constancia del drástico cambio de modelo
para el funcionamiento del órgano de gobierno del tercer poder del Estado que
se propone, cuyo encaje constitucional deberá ser estudiado”, sostiene Bravo. A
su vez, el portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch,
también cree, como el de la APM, que la reforma pretende “subordinar el poder
judicial al ejecutivo”. Cree que muchas de las funciones que ahora tiene el
Poder Judicial serán asumidas por el Ministerio de Justicia y el Gobierno, por
lo que la propuesta es “contraria al principio de separación de poderes del
Estado”.
Veremos
en qué queda el proyecto Gallardón de reformar “el poder judicial”, tan
baqueteado en el último mes y medio por culpa de los largos fines de semana de
un nada excelente Carlos Dívar… a quien Gallardón, por cierto, defendió hasta
el último momento. Gallardón titula El País, ofrece ahora negociar el modelo reelección del PJ. La
Vanguardia explica en sus titulares de este sábado que Galardón propone
adelgazar la cúpula judicial y quitarle poder. El Mundo destaca que Gallardón
olvida su compromiso de que los jueces elijan a sus doce vocales del CJPJ. Según La gaceta, el Gobierno frena la
despolitización del CGPJ al condicionarla a un gran pacto con el PSOE. Habla
ABC de vuelco al Poder Judicial y de “golpe de timón al PJ”. La Razón destaca
la frase de Gallardón: La reforma judicial protege la democracia y la nación.
Definitivamente,
nada será igual tras el melífluo y gastoso Dívar.
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