El
martes, el TC debate el matrimonio homosexual
Nos avanza
este domingo el diario El País que siete años después de que el Partido Popular
recurriera contra la ley de matrimonios homosexuales aprobada
por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 30
de junio de 2005, los 11 magistrados del Tribunal
Constitucional están convocados a pleno el próximo
martes, para dirimir si se mantiene o se anula una normativa que desde que está
vigente ha permitido celebrar 20.000 bodas gais en toda España. Añade el periódico
que ésa era, al menos, la previsión del tribunal antes de que el PP y el PSOE sellaran, el pasado viernes, un acuerdo para renovar las
cuatro plazas del Constitucional que deberían haber sido cambiadas hace
casi dos años, lo que conformará un pleno del Constitucional distinto. Habrá
cuatro magistrados nuevos, aunque con las fuerzas de ambos grupos muy parecidas
a las actuales, es decir, siete magistrados elegidos a propuesta del PSOE y
cinco del PP. La revisión del recurso figura en el último punto del orden del
día, lo que quiere decir que cabe la posibilidad de que no saliera en este
pleno, pero sí en el próximo, convocado para este mes de julio antes de que se
tomen posesión los cuatro magistrados renovados. En el orden del día también
figura la admisión a trámite del recurso de diputados del PSOE contra el nuevo
sistema de nombramientos de RTVE aprobado por el Gobierno de Rajoy. La ponencia sobre
la que se van a pronunciar los magistrados la firma Pablo Pérez Tremps, catedrático
de Derecho Constitucional, elegido en su día miembro del tribunal a propuesta
del Gobierno socialista. Pérez Tremps seguirá en su puesto, ya que no pertenece
al tercio que debía ser renovado. En la propuesta de sentencia de Tremps se
defiende la constitucionalidad de la ley y, por tanto, el rechazo al recurso
presentado por el PP cuando estaba en la oposición. Y se cree que una mayoría holgada del pleno
del Constitucional apoyaría el criterio del ponente. Sin embargo, hay voces
discrepantes, correspondientes al sector conservador del tribunal, que pueden
evitar que el fallo salga adelante por unanimidad, según explican distintas
fuentes conocedoras de la situación. El Constitucional pretende resolver de una
vez esta cuestión que desde hace siete años provoca enfrentamientos entre
socialistas y populares. El debate sobre el matrimonio homosexual se ha
trasladado a casi todas las contiendas electorales que ha habido en España
desde que fue aprobada la ley en el verano del año 2005. El tribunal afronta el
recurso del PP con una clara mayoría progresista, lo que garantizaría un
pronunciamiento favorable a la constitucionalidad de la ley, tanto si deliberan
los 11 magistrados todavía en ejercicio, o si lo hace el pleno con cuatro
miembros nuevos que se constituirá en unos días. Según las indagaciones de El
País, en el PSOE, partido que impulsó la nueva ley, hay un sólido
convencimiento de que la norma es constitucional y necesaria. En el PP, en cambio, la controversia sobre la ley del matrimonio
homosexual ha desencadenado un debate interno en el
que han surgido algunas voces discrepantes con la dirección del partido y con
la decisión de promover el recurso de inconstitucionalidad. Varios alcaldes del
PP, como Alberto
Ruiz-Gallardón cuando era regidor en Madrid,
celebraron bodas gais, también entre militantes del PP, y se fotografiaron
encantados con las parejas que contraían matrimonio. La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se llegó a manifestar en contra de la presentación del
recurso de inconstitucionalidad. Ruiz-Gallardón,
hoy ministro de Justicia, opinó en diversas entrevistas que si el
Constitucional avalaba la normativa aprobada, lo razonable sería no cambiar la
ley aunque
el PP gobernara y tuviera mayoría absoluta: “Si el tribunal establece que es
conforme a nuestra Constitución mantener la denominación del matrimonio, yo lo
dejaría así”, declaró en una ocasión. Unos meses después, señaló “a título
particular”, cuando ya era ministro de Justicia, que no veía
inconstitucionalidad en la norma aprobada en su día por los socialistas. Sin
embargo, el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, se mostró deliberadamente ambiguo sobre
el futuro de esa norma en la entrevista concedida en vísperas de las elecciones del pasado 20 de
noviembre, cuando
todavía era jefe de la oposición. Se le preguntó entonces a Rajoy: si el
Tribunal Constitucional avala la ley que permite casarse a personas del mismo
sexo, ¿usted derogará o modificará esa ley? Y Rajoy contestó: “La respuesta es
muy sencilla. Esperemos a ver lo que dice el Tribunal Constitucional. Esperemos
a ver, no supongamos. Pero dicho esto, yo de lo que fui partidario, porque esto
también me interesa que se sepa, y además lo llevé en mi programa, era de una
ley de uniones de hecho que garantizaba los mismos derechos a las parejas
homosexuales. Fue la primera vez en la historia que lo llevó el PP en su
programa electoral en 2004. Yo quería una ley como en Alemania, Francia y Reino
Unido. Fui a hablar con el presidente del Gobierno, y le dije: ‘Creo que esto
evita líos, esto al final lo va a aceptar todo el mundo’. Y no quiso llegar a
un acuerdo. A veces un gobernante no tiene que ir a la mayor, sino que tiene
que intentar sumar a todos los ciudadanos”. Es, en todo caso, y según indican
varios dirigentes del partido, muy distinto a lo que se pretende hacer, y ya ha
anunciado el ministro de Justicia, con la vigente ley del aborto, recurrida
ante el Constitucional por el PP y que será reformada, diga lo que diga el alto
tribunal. La reforma pretende volver al modelo vigente desde 1985 hasta 2010.
Recordemos
que la Ley 13/2005, de matrimonios homosexuales, fue una de
las primeras aprobadas por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y reformó
el Código Civil en los aspectos relacionados con el derecho a contraer
matrimonio, incorporando un párrafo al artículo que lo regulaba. Este párrafo
dice así: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos
contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. En el recurso de
inconstitucionalidad que presentó el PP se afirmaba que la normativa que
permitía el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de
las mismas, vulneraba siete artículos de la Constitución (9, 10, 14, 32, 39, 53
y 167). Los populares entienden que la ley “no respeta la definición
constitucional del matrimonio como unión de un hombre y una mujer, contenida en
el artículo 32”. Los redactores del recurso se apoyaron incluso en la
“etimología latina del vocablo matrimonio” para censurar la ley promovida por
el partido socialista. Cabe recordar que la Academia de la Lengua decidió recientemente
incluir una nueva acepción para
matrimonio: “En determinadas legislaciones, unión de dos
personas del mismo sexo, concertada mediante ciertos ritos o formalidades
legales, para establecer y mantener una comunidad de vida e intereses”. En el
último congreso nacional del PP, ya con Rajoy en la presidencia del Gobierno,
fue aprobado un texto que señalaba “la defensa de los derechos de las personas
homosexuales, acatando, en cualquier caso, la sentencia que dicte el Tribunal
Constitucional acerca del alcance de la definición constitucional del
matrimonio”. En su impugnación de la ley vigente, los populares también
sostienen que al permitir la adopción a las parejas homosexuales se atenta
contra el interés del menor, cuyo "ámbito natural" de filiación es
"la unión heterosexual". El recurso
mantiene, además, que la denominación de matrimonio a las uniones civiles de
homosexuales supone "un fraude de ley". Argumenta que el legislador
ordinario no puede cambiar el nombre de las cosas, sino que, para ello, hay que
modificar la Constitución. Y pone ejemplos de cosas que están definidas en la
Constitución y a las que no se puede cambiar el nombre: matrimonio, nación,
huelga, derecho de voto, autonomía o pluralismo. La
mayor parte del recurso se basa en el presunto incumplimiento del artículo 32
de la Constitución, que dice textualmente: "El hombre y la mujer tienen
derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica". El PP sostiene
que sólo el hombre y la mujer son los "titulares del derecho a contraer
matrimonio". El recurso del PP repasa el debate previo a la redacción final
de la Constitución para intentar demostrar que el objetivo del constituyente
cuando escribió "el hombre y la mujer" era, precisamente, referirse a
ambos como los dos cónyuges necesarios para contraer matrimonio.
La
llegada, ahora, al TC del exdiputado del PP Andrés Ollero ha sido destacada por
la beligerancia que ha mantenido en artículos, declaraciones y debates, contra
el matrimonio homosexual. No se sabe aún si le corresponderá votar esta cuestión,
o la dejará zanjada la todavía vigente composición del TC, pero en todo caso,
se cree que la de Ollero será una posición minoritaria y no decisiva. Muchos de
sus propios correligionarios así lo desean…
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