Renovación
de los órganos institucionales
Tras una
espera interminable y escandalosa, que dio origen incluso a la situación de
amenaza de plante de los magistrados del Tribunal Constitucional, finalmente, se
acabó el bloqueo y la parálisis institucional. Cuatro años después de las
primeras vacantes, PP y PSOE cerraron,
finalmente, este viernes la renovación de los órganos institucionales que
requieren acuerdo entre los dos grandes partidos. Y lo hicieron con un reparto
de los cargos que anunciaron, ya, en el límite fijado por el presidente del
Congreso, Jesús Posada, el acuerdo para cubrir las vacantes
institucionales en el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el
Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral. PP y PSOE aseguran que han intentado
buscar perfiles técnicos y alejados de la política posible, aunque en algunos
casos es evidente que no hay lejanía alguna de la política. Andrés Ollero ha
sido diputado del PP durante 17 años, y reiterado opositor al matrimonio
homosexual. Soledad Becerril ha sido ministra de Calvo Sotelo y militante del
PP, Valdés ha criticado la reforma laboral, que, según La Razón, calificó de “franquista”,
y El Mundo lo califica este sábado de “defensor de la impunidad del crimen de
Estado” por haber alegado, como director del Servicio Jurídico, que el secreto
de Estado prevalecía sobre la investigación del GAL. Por lo que entiende El
Mundo que se trata de “un perfil muy inadecuado para el TC”... Pero, finalmente,
cabe celebrar que el reparto de los cargos entre ambos partidos marca una clara
y esperadísima renovación, y que, como sostiene ABC, se vaya a producir la
normalización institucional. ABC cree que esta renovación, “mantendrá el
equilibrio ideológico”, y recuerda los grandes asuntos que tiene pendientes el
TC: aborto, matrimonio homosexual, amnistía fiscal…. Al TC son candidatos, propuesta del PP y del PSOE: Juan José González Rivas, Andrés Ollero, Fernando Valdés y Encarna
Roca i Trías, ésta con simpatías de CiU. Al Tribunal de Cuentas son candidatos Ramón
Álvarez de Miranda García (será el presidente), Ángel Algarra Paredes, María
José de la Fuente y de la Calle, José María Suárez Robledano, Enriqueta Chicano
Jávega y María Antonia Lozano Álvarez (pactada entre PSOE e Izquierda Unida). Al
Tribunal de
Cuentas, elegibles por el Senado, son candidatos Felipe García
Ortiz, María Dolores Genaro Moya, Lluís Armet i Coma. Miembros de la Junta
Electoral Central serán Pedro González-Trevijano Sánchez, Alfonso
de Esteban Alonso, Pablo Santolaya Machetti, Carmen Chinchilla Marín, Juan
Manuel Trayter Jiménez. La nueva Defensora del Pueblo será Soledad
Becerril Bustamante, y adjunto primero de la Defensora del Pueblo será Francisco
Fernández Marugán. Hace dos años que Enrique Múgica, socialista, pero propuesto por un Gobierno
del PP, cesó en el cargo y lo ocupaba de forma interina María Luisa Cava de
Llano. Hasta ahora nunca había dirigido esta institución un exdiputado del
partido que gobierna y nunca tampoco su “número dos” había sido un exparlamentario de la
oposición. Marugán, un histórico del Parlamento y del aparato del PSOE, quedó
fuera del Congreso en las últimas generales. Al frente del Tribunal de Cuentas
estará Ramón Álvarez de
Miranda, exdiputado de UCD que ya era consejero de la institución.
Como miembro de este tribunal también ha sido nombrado el hasta ahora
magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
José Manuel Suárez Robledano, exportavoz de la conservadora Asociación
Profesional de la Magistratura.
La vicepresidenta,
Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el viernes, tras asistir a la
toma de posesión del nuevo presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique, que el acuerdo entre el Gobierno y el
PSOE para la renovación de los órganos constitucionales estaba muy avanzado, y
explicó que ambos partidos habían trabajando bien para alcanzar un acuerdo. Según
se ha sabido, el pacto lo cerraron, hace dos días la vicepresidenta y la “número dos” del PSOE, Elena Valenciano.
Cabe recordar que ya en febrero, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba acordaron
apurar hasta el final de este periodo de sesiones para proceder a las
renovaciones. Socialistas y populares, además, contactaron con otros partidos
como CiU e IU para incorporar algunas propuestas. Según fuentes del Gobierno y
del PSOE, el criterio ha sido el de buscar perfiles lo más técnicos posibles,
huyendo de los que tengan mayor identificación política. El PSOE ha renunciado
a proponer al exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, ahora en el
Supremo, y el PP al exportavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique
López. Este último nombre fue el escollo que mantuvo bloqueada la renovación
durante meses en la anterior legislatura. Los populares podrían recuperarlo
cuando queden nuevas vacantes en el Tribunal Constitucional de las que cubre
directamente el Gobierno, sin necesidad de consenso. En el Tribunal de Cuentas,
el PSOE intentó proponer al exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán,
que se quedó sin sitio en las listas de las últimas elecciones, pero ha habido
dificultades en la negociación por la intención de no incluir nombres con
perfiles excesivamente políticos para ese órgano. El hasta ahora presidente del
Tribunal de Cuentas ha sido el exdiputado
del PP Manuel Núñez. En cambio, un acuerdo parecido entre los dos grandes
partidos no fue posible para el nombramiento del presidente de RTVE, que salió adelante sólo con la decisión
del PP, porque el Gobierno modificó por decreto la mayoría necesaria. La
votación se produjo este viernes en el pleno y el proceso de elección del
candidato del Ejecutivo, Leopoldo González-Echenique, culminará la próxima
semana. Se supo también este viernes que el director de Informativos de RTVE
será el periodista de TeleMadrid Julio Samoano, de clara tendencia y beligerancia
pro-PP, o anti PSOE. Recuerda este sábado El País que Samoano redactó un manual
“para el triunfo del PP”, en el que recomendaba que “para volver a ganar las
elecciones, el PP debe moderar el mensaje”. Fran Llorente, a quien sucede,
estaba acusado por el PP, a su vez, de ser profunda y beligerantemente
prosocialista. Saénz de Santamaría dijo que espera una etapa de calidad,
neutralidad e independencia en el Ente Público. En cuanto a Soledad
Becerril, observa El País que “nunca acaba de salir de la vida pública”, y
recuerda que, al menos en dos ocasiones ha anunciado su retirada, pero vuelve a
resurgir cuando ya nadie la espera. Dijo en 2008 que su escaño en el Senado por
Sevilla sería el último eslabón de su larga trayectoria política, y ese mismo
año logró acta en el Congreso de los Diputados. En las elecciones generales de
noviembre pasado se despidió otra vez y no se presentó. Abandonó toda actividad
y ahora, a punto de cumplir 68 años, ocupará el cargo de Defensor del Pueblo.
Es la primera mujer elegida para desempeñar esta función. La carrera política
de Soledad Becerril ha estado vinculada siempre a Sevilla, a donde llegó en los
años setenta por su matrimonio con Rafael Atienza, marqués de Salvatierra, un
título nobiliario que sus adversarios han aprovechado siempre para reprocharle
cierta altivez clasista y apodarla “La marquesa”.
Para
todos los gustos y de apenas dos o tres colores, nada más…
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