sábado, 30 de junio de 2012

PP Y PSOE SE REPARTIERON "EL PASTEL".


Renovación de los órganos institucionales
Tras una espera interminable y escandalosa, que dio origen incluso a la situación de amenaza de plante de los magistrados del Tribunal Constitucional, finalmente, se acabó el bloqueo y la parálisis institucional. Cuatro años después de las primeras vacantes, PP y PSOE cerraron, finalmente, este viernes la renovación de los órganos institucionales que requieren acuerdo entre los dos grandes partidos. Y lo hicieron con un reparto de los cargos que anunciaron, ya, en el límite fijado por el presidente del Congreso, Jesús Posada, el acuerdo para cubrir las vacantes institucionales en el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral. PP y PSOE aseguran que han intentado buscar perfiles técnicos y alejados de la política posible, aunque en algunos casos es evidente que no hay lejanía alguna de la política. Andrés Ollero ha sido diputado del PP durante 17 años, y reiterado opositor al matrimonio homosexual. Soledad Becerril ha sido ministra de Calvo Sotelo y militante del PP, Valdés ha criticado la reforma laboral, que, según La Razón, calificó de “franquista”, y El Mundo lo califica este sábado de “defensor de la impunidad del crimen de Estado” por haber alegado, como director del Servicio Jurídico, que el secreto de Estado prevalecía sobre la investigación del GAL. Por lo que entiende El Mundo que se trata de “un perfil muy inadecuado para el TC”... Pero, finalmente, cabe celebrar que el reparto de los cargos entre ambos partidos marca una clara y esperadísima renovación, y que, como sostiene ABC, se vaya a producir la normalización institucional. ABC cree que esta renovación, “mantendrá el equilibrio ideológico”, y recuerda los grandes asuntos que tiene pendientes el TC: aborto, matrimonio homosexual, amnistía fiscal…. Al TC son candidatos, propuesta del PP y del PSOE: Juan José González Rivas, Andrés Ollero, Fernando Valdés y Encarna Roca i Trías, ésta con simpatías de CiU. Al Tribunal de Cuentas son candidatos Ramón Álvarez de Miranda García (será el presidente), Ángel Algarra Paredes, María José de la Fuente y de la Calle, José María Suárez Robledano, Enriqueta Chicano Jávega y María Antonia Lozano Álvarez (pactada entre PSOE e Izquierda Unida). Al Tribunal de Cuentas, elegibles por el Senado, son candidatos Felipe García Ortiz, María Dolores Genaro Moya, Lluís Armet i Coma. Miembros de la Junta Electoral Central serán Pedro González-Trevijano Sánchez, Alfonso de Esteban Alonso, Pablo Santolaya Machetti, Carmen Chinchilla Marín, Juan Manuel Trayter Jiménez. La nueva Defensora del Pueblo será Soledad Becerril Bustamante, y adjunto primero de la Defensora del Pueblo será Francisco Fernández Marugán. Hace dos años que Enrique Múgica, socialista, pero propuesto por un Gobierno del PP, cesó en el cargo y lo ocupaba de forma interina María Luisa Cava de Llano. Hasta ahora nunca había dirigido esta institución un exdiputado del partido que gobierna y nunca tampoco su “número dos”  había sido un exparlamentario de la oposición. Marugán, un histórico del Parlamento y del aparato del PSOE, quedó fuera del Congreso en las últimas generales. Al frente del Tribunal de Cuentas estará Ramón Álvarez de Miranda, exdiputado de UCD que ya era consejero de la institución. Como miembro de este tribunal también ha sido nombrado el hasta ahora magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano, exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. 
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró el viernes, tras asistir a la toma de posesión del nuevo presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique, que el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE para la renovación de los órganos constitucionales estaba muy avanzado, y explicó que ambos partidos habían trabajando bien para alcanzar un acuerdo. Según se ha sabido, el pacto lo cerraron, hace dos días la vicepresidenta y la “número dos” del PSOE, Elena Valenciano. Cabe recordar que ya en febrero, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba acordaron apurar hasta el final de este periodo de sesiones para proceder a las renovaciones. Socialistas y populares, además, contactaron con otros partidos como CiU e IU para incorporar algunas propuestas. Según fuentes del Gobierno y del PSOE, el criterio ha sido el de buscar perfiles lo más técnicos posibles, huyendo de los que tengan mayor identificación política. El PSOE ha renunciado a proponer al exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, ahora en el Supremo, y el PP al exportavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López. Este último nombre fue el escollo que mantuvo bloqueada la renovación durante meses en la anterior legislatura. Los populares podrían recuperarlo cuando queden nuevas vacantes en el Tribunal Constitucional de las que cubre directamente el Gobierno, sin necesidad de consenso. En el Tribunal de Cuentas, el PSOE intentó proponer al exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, que se quedó sin sitio en las listas de las últimas elecciones, pero ha habido dificultades en la negociación por la intención de no incluir nombres con perfiles excesivamente políticos para ese órgano. El hasta ahora presidente del Tribunal de Cuentas ha  sido el exdiputado del PP Manuel Núñez. En cambio, un acuerdo parecido entre los dos grandes partidos no fue posible para el nombramiento del presidente de RTVE, que salió adelante sólo con la decisión del PP, porque el Gobierno modificó por decreto la mayoría necesaria. La votación se produjo este viernes en el pleno y el proceso de elección del candidato del Ejecutivo, Leopoldo González-Echenique, culminará la próxima semana. Se supo también este viernes que el director de Informativos de RTVE será el periodista de TeleMadrid Julio Samoano, de clara tendencia y beligerancia pro-PP, o anti PSOE. Recuerda este sábado El País que Samoano redactó un manual “para el triunfo del PP”, en el que recomendaba que “para volver a ganar las elecciones, el PP debe moderar el mensaje”. Fran Llorente, a quien sucede, estaba acusado por el PP, a su vez, de ser profunda y beligerantemente prosocialista. Saénz de Santamaría dijo que espera una etapa de calidad, neutralidad e independencia en el Ente Público.  En cuanto a Soledad Becerril, observa El País que “nunca acaba de salir de la vida pública”, y recuerda que, al menos en dos ocasiones ha anunciado su retirada, pero vuelve a resurgir cuando ya nadie la espera. Dijo en 2008 que su escaño en el Senado por Sevilla sería el último eslabón de su larga trayectoria política, y ese mismo año logró acta en el Congreso de los Diputados. En las elecciones generales de noviembre pasado se despidió otra vez y no se presentó. Abandonó toda actividad y ahora, a punto de cumplir 68 años, ocupará el cargo de Defensor del Pueblo. Es la primera mujer elegida para desempeñar esta función. La carrera política de Soledad Becerril ha estado vinculada siempre a Sevilla, a donde llegó en los años setenta por su matrimonio con Rafael Atienza, marqués de Salvatierra, un título nobiliario que sus adversarios han aprovechado siempre para reprocharle cierta altivez clasista y apodarla “La marquesa”.
Para todos los gustos y de apenas dos o tres colores, nada más…

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