sábado, 26 de marzo de 2011

ZAPATERO EXPLICA A LOS EMPRESARIOS LAS NUEVAS REFORMAS

ZAPATERO, CON 44 GRANDES EMPRESARIOS
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se reunió en la mañana de este sábado desde las diez de la mañana con 44 grandes empresarios españoles y el presidente de la CEOE, Joan Rosell, para explicarles las medidas del pacto del euro, entre ellas el plan para hacer aflorar la economía sumergida. Los representantes de las 44 empresas más importantes de España fueron ido llegando en sus coches al Palacio de la Moncloa, en cuyos jardines fueron recibidos por los responsables del servicio de protocolo de la Presidencia del Gobierno, que les acompañaron hasta el salón de columnas donde se celebró la reunión. Poco después de las 09:30 horas empezaron a llegar los empresarios y uno de los más madrugadores fue el presidente de ACS-Dragados, Florentino Pérez, y también uno de los primeros en someterse a los flashes de los numerosos medios gráficos que recogían el momento de la llegada. Poco después llegaban el presidente de la CEOE acompañado de Isidro Fainé, presidente de La Caixa; César Alierta (Telefónica); Isidro Álvarez (El Corte Inglés); José Manuel Lara (Planeta), José Manuel Martínez (Mapfre); Pablo Isla (Inditex); Rodrigo Rato (Bankia) y Petra Mateos-Aparicio (Hispasat), entre otros. Todos saludaron a los representantes de los medios gráficos y alguno, como el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, se han entretenido algo más para comentar a los fotógrafos y cámaras de televisión que se alegraba de volverles a ver y que hoy hacía menos frío que la última vez, el 27 de noviembre, cuando Zapatero les citó en La Moncloa para abordar las medidas contra crisis económica. De ese momento es la foto en la que Botín se pone la chaqueta… En esta ocasión habían sido convocadas trece empresas más que en el primero de estos encuentros, en el que Zapatero se comprometió a acelerar las reformas económicas pendientes. Luis Fernando Rivero (Sacyr-Vallehermoso) fue uno de los últimos en llegar al Palacio de la Moncloa. A la reunión de hoy Zapatero había convocado a trece empresas más que en el encuentro del 27 de noviembre. También se incorporó a la reunión el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, que llegó al Palacio a las 09:55 horas. Asimismo, ha participado por parte del Ejecutivo, la vicepresidenta económica, Elena Salgado. Se anunció a la prensa que, una vez termine la cita, comparecería ante la prensa un miembro del Ejecutivo, y no se descartaba que, como ocurrió en noviembre, lo hiciera el propio Zapatero.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, analizó en el encuentro con los representantes de las 44 principales empresas españolas y las patronales CEOE y Anfac, las reformas previstas para cumplir el Pacto del euro, aprobado el viernes en Bruselas, entre las que destaca un plan para hacer aflorar la economía sumergida. Precisamente, el Gobierno español presentó ante el Consejo Europeo de Bruselas un plan que conlleva ocho nuevas reformas para, entre otros objetivos, controlar por ley el gasto del Estado, vinculándolo al crecimiento del PIB, y para hacer aflorar empleos sumergidos en un plazo de año y medio. El presidente del Gobierno anunció en la capital belga la adopción de ocho grandes medidas para mejorar la solvencia y la competitividad de las empresas españolas. Entre estas medidas destaca la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para vincular la evolución del gasto al PIB nominal en el medio plazo, así como el plan contra el empleo irregular que se pondrá en marcha el próximo mes y que se desarrollará entre junio de este año y diciembre de 2012. El acuerdo europeo había sido abordado hace unos días por Zapatero y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, con los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez. Los dos responsables sindicales transmitieron a Zapatero que, en su opinión, estos planes generarían más paro y aumentarán las desigualdades con los restantes Estados miembros de la UE, además de suponer una "injerencia muy clara" en las políticas nacionales, ya que trata a los pueblos y las sociedades de forma "muy rígida y uniforme", cuando son distintas. Zapatero, asimismo, al igual que el ministro de Trabajo, avanzaron la pasada semana que, desde junio hasta diciembre de 2012, habrá "incentivos" para regularizar los empleos sumergidos, aunque aún no habían apuntado más detalles para esperar al diálogo con sindicatos y empresarios. Los expertos señalan el hecho sorprendente de que el crecimiento del número de parados “oficiales”, -de los cálculos de la encuestas EPA y de las oficinas de Empleo, por igual-, del orden de cinco millones, no se haya visto acompañado de una elevación de las tensiones sociales. Los propios sindicatos tampoco han mostrado especiales preocupaciones por la que se supone que debiera ser una razón extraordinaria para la elevación de la tensión social. Suponen los referidos expertos que una buena parte de los parados –tal vez el 25 o el 30 por 100- realizan tareas en la conocida como “economía sumergida”, obteniendo algunos ingresos que ayudan a la pervivencia de sus familias. El ministro de Trabajo descartaba el jueves que elplan contra la economía sumergida que prepara el gobierno vaya a contemplar una especie de amnistía para perdonar el empleo irregular, aunque sí ofrecerá, deforma temporal, incentivos y facilidades a las empresas para que regularicen los empleos sumergidos.. Concluido del tiempo de estas “facilidades”-entre junio próximo y el 31 de diciembre de 3012, se endurecerán las sanciones actuales por tener trabajadores de manera irregular. . Según la explicación de Gómez, se trata de abrir un período para regularizar voluntariamente la situación y que el Estado ayude a ello. Y tras ese período “de gracia”, algunos comportamientos deberán tener la sanción que les corresponda, incluso más intensa”, según explicaba el ministro.
Se supone que ésta fue una de las materias que abordaron el presidente y los empresarios, en el coloquio de este sábado…

viernes, 25 de marzo de 2011

EL RESULTADO REAL DE LA VOTACIÓN DEL SUPREMO SOBRE SORTU

SORTU AUN CONFÍA EN VERSE LEGALIZADA.- Lo que hará ahora Sortu, y el mundo abertzale, y la antigua o actual Batasuna, tras el rechazo del Supremo a su solicitud de legalización, es ahora mismo, una de las cuestiones políticas de mayor interés. Primero, se analiza ahora el comportamiento de los 16 magistrados de la ya famosa Sala del 61 del TS, para llegar a la conclusión de que el recuento de votos no ha sido tan fácil como se dijo: sólo tres discrepantes contra la mayoría..La votación arrojó el resultado ocho contra siete votos, y dado que era el último en votar, Carlos Dívar, decantó al nueve a siete final. Llama la atención el hecho de que la Sala del 61 no informó del resultado “real” de esta votación, sino sólo de los tres votos disidentes, lo que propició que la mayor parte de los informadores hicieran referencia a una votación favorable a la denegación de la inscripción de Sortu por 13 votos a 3, dato muy diferente de un 9 a 7, que divide a la Sala casi por la mitad y deja muy abierto y pendiente del Constitucional un eventual recurso de Sortu con carácter de urgencia. Ahora también se sabe que tres de los siete magistrados que manifestaron su discrepancia con la decisión de la mayoría de la Sala de prohibir la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos son presidentes de Sala del Tribunal Supremo: los magistrados Juan Antonio Xiol Ríos (presidente de lo Civil del Supremo), José Manuel Sieira (de lo Contencioso-Administrativo) y Gonzalo Moliner (de lo Social). Los tres habrían manifestado su oposición a los argumentos defendidos por el magistrado ponente, Carlos Lesmes, si bien ninguno de ellos anunció su intención de emitir un voto particular al auto, cosa que sí hicieron Rafael Gimeno-Bayón, Manuel Ramón Alarcón y José Luis Calvo Cabello, según las mismas fuentes periodísticas, hoiy muy atentas a.analizar lo sucedido: La Gaceta señala que la ajustada votación del TS abre las puertas a la legalización de Sortu en el C; cuenta El País quela votación del TS obliga a Sortu a plantearse un amparo urgente; destaca El Mundo que los presidentes de tres Salas del TS votaron a favor de Sortu, ABC habla de un debate convulso en el TC tras la fractura en el Supremo, cuenta Pçúblico que Sortu genera en el Supremo una de las mayores divisiones en su historia, y señala El Periódico de la izquierda abertzale intuye que la división del TS le allana el camino y que el TC podría acelerar su fallo tras la reñida votación en el Supremo...
To, asimismo, que los siete magistrados disidentes del Supremo han evaluado la posibilidad de presentar un único voto particular discrepante, en vez de los tres anunciados. Por el contrario, frente a los discrepantes, se manifestaron en favor de ilegalizar Sortu, además de Carlos Dívar, los presidentes de lo Penal (Juan Saavedra) y de lo Militar (Ángel Calderón), y también apoyaron la postura del ponente Lesmes los magistrados "antiguos" Xavier O'Callaghan Muñoz (Sala de lo Civil), Carlos Granados Pérez (Penal), Ricardo Enríquez Sancho (Contencioso), y Aurelio Desdentado Bonete (Social). De los magistrados más recientes de la Sala, apoya la no inscripción Francisco Javier de Mendoza Fernández (Militar).La votación fue decidida por el presidente, Carlos Dívar, que votó junto a los conservadores. Ahora, en efecto, la decisión de la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo, debe traspasar al Tribunal Constitucional la responsabilidad de pronunciarse sobre un previsible recurso de amparo antes del plazo límite para que el partido pueda concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo. Se considera que, en el plazo ordinario, sería muy difícil que el Constitucional tuviese tiempo de ver el recurso, aunque fuentes del alto tribunal indicaron que cabe la posibilidad de acortar los tiempos como se ha hecho en otras ocasiones. La votación del Supremo arrojó un resultado difícilmente previsible, que rompió en pedazos la unanimidad que casi siempre han reclamado las marcas herederas de Batasuna. Esa posibilidad de un pronunciamiento del Constitucional antes de la proclamación de candidaturas, el próximo 18 de abril, depende, en primer lugar, de que la defensa de Sortu presente rápidamente el recurso de amparo y solicite la tramitación urgente antes de las elecciones. Pero previamente, el Supremo tiene que hacer público el auto de rechazo a la inscripción de Sortu junto al voto o votos discrepantes, lo que, según fuentes del tribunal, podría suceder antes de finales del mes de marzo, para dar tiempo a que una de las dos salas del Constitucional la admitiese a trámite y diese traslado al fiscal y el abogado del Estado para contestar al recurso. Por parte del Constitucional, la decisión de anticipar el recurso para ajustarse a los tiempos electorales, corresponde a su presidente, Pascual Sala, quien previsiblemente consultará al pleno la próxima semana.
En cuanto a la reacciones en la propia Sortu, este viernes está previsto que se reúnan sus promotores con los abogados y decidirán sobre la presentación del recurso. En principio, ven dificultades en fiar el éxito del amparo a unos plazos tan exiguos, dado que el Constitucional tendría que acortar significativamente los tiempos de respuesta a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado. Además, si éstos agotan sus plazos, dejarían escaso margen al tribunal para pronunciarse. En cambio, ven que el recurso podría tener más posibilidades si se argumenta sólidamente y fuera del contexto electoral, aunque el fallo se produciría, en tal caso, dentro de varios meses. Fuentes jurídicas apuntan, sin embargo, que si la izquierda abertzale opta por los llamados planes B (presentación de agrupaciones electorales) o C (infiltración en listas de EA), las posibilidades de que Sortu pueda concurrir a las elecciones se podrían reducir a cero.
Sortu no ve perdida “del todo” esta batalla. Ni mucho menos. Y ya se apunta un primer éxito: haber roto la unanimidad en el Supremo...

jueves, 24 de marzo de 2011

EL SUPREMO NO ADMITE LA LEGALIZACIÓN DE SORTU

EL SUPREMO, CONTRARIO A LEGALIZAR SORTU
Tras escuchar a las partes en sesión abierta, y tras larga deliberación de casi diez horas, la Sala del 61 del Tribunal Supremo acordó, en la noche del miércoles, estimar las demandas de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía contra la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos. En estas deliberaciones, los jueces han considerado que Sortu es un proyecto político de la izquierda abertzale que, pese a su legítima ideología, es heredero de la ilegal Batasuna y no se ha desvinculado de ETA, pese al intento aparentar lo contrario en los estatutos presentados en el Ministerio del Interior, en los que Sortu "rechaza" la "violencia" de ETA, cuyas acciones, que no califica de terroristas, no condena. La decisión de los 16 magistrados de la Sala 61 del Supremo no ha sido unánime. Los tres votos particulares discrepantes, sin embargo, no impedirán a Sortu comparecer en el proceso electoral de mayo, puesto que la tramitación del recurso de amparo que puede interponer en el Tribunal Constitucional se prolongará previsiblemente más allá de los comicios. De hecho, esos tres magistrados que se han descolgado de la decisión mayoritaria y han emitido votos discrepantes, entienden que no hay elementos suficientes para declarar ilegal a Sortu.. Pero prevaleció la idea de apoyar las demandas del Gobierno y del ministerio fiscal y denegar la inscripción de Sortu como partido político, al considerar que sólo persigue continuar la continuación de las actividades de la ilegal Batasuna Ahora, y tras el rechazo de la inscripción, Sortu puede acudir en amparo ante el Constitucional, pero difícilmente su recurso podrá verse antes del 18 de abril, fecha de la proclamación de candidaturas para las elecciones municipales del 22 de mayo. Se trata de un recurso de amparo ordinario, no electoral, por lo que no tiene tramitación preferente y, en principio, puede tardar meses. Y cabe recordar que ésta es la octava vez que esta sala ilegaliza una marca electoral de la izquierda abertzale.
Conocidos los alegatos de defensa de Sortu elaborados por el abogado Iñigo Iruin, un grupo de magistrados era de la opinión de que no cabe denegar la inscripción de Sortu desde la perspectiva del Derecho Constitucional, como el propio Iruin dijo, porque : "desvirtuada la presunción de continuidad de Sortu [como marca de Batasuna], nace la presunción de constitucionalidad. Por tanto, los estatutos [del partido] responden materialmente al canon de legalidad ordinaria y constitucional"., una presunción que abonaría que los tres magistrados se separaran de la mayoría y se pronunciaran a favor de la inscripción. Iruin, en su informe en la vista oral, insistió también en que, tras el atentado de la T-4, se produjo un debate en el seno de la izquierda abertzale que habría concluido con el rechazo de los planteamientos violentos de ETA, e insistió en que con Sortu no había "vuelta atrás". "ETA hará lo que quiera, pero los cargos de Sortu están comprometidos en contra de la violencia", aseguró. Sin embargo, la mayoría de los magistrados Supremo acogieron dieron su apoyo a las tesis del Gobierno, representado por el abogado del Estado y la fiscalía, en el sentido de que Sortu, promovido por la izquierda abertzale, fue diseñado específicamente para concurrir a las elecciones municipales rodeado de "un ropaje formal y de apariencia de legalidad" para tratar de superar el trámite de su inscripción en el Registro de Partidos. Por ello, el Supremo acepta que el "alejamiento táctico de la violencia" desplegado por Sortu y que su rechazo del terrorismo sería "cosmético, retórico e instrumental", tal y como arguyeron los demandantes. O de otro modo, que Batasuna habría vuelto a intentar concurrir a unas elecciones utilizando, en fraude de ley, los requisitos formales requeridos para la inscripción de un partido, pero sin intención de cumplirlos una vez legalizada la nueva formación. Ahora, el borrador de resolución del Supremo queda a cargo del ponente, el magistrado Carlos Lesmes. De entrada, la deliberación se presentaba como una de las más dificultosas de las habidas hasta ahora, debido al déficit probatorio y al poco tiempo con que han contado los demandantes para encajar la inscripción de un partido nuevo y con unos estatutos pensados para sortear la Ley de Partidos, como heredero de Batasuna.
No ha sido posible, y ahora el mundo abertzale tendrá que para a su “plan B” para estar, del ,modo que sea, en las elecciones. Y el Estado, con todas sus fuerzas, deberá esforzarse para evitar esta intromisión...

miércoles, 23 de marzo de 2011

EL ARGUMENTO DEL PP CONTRA LA TRAMA GURTEL DEL PSOE

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS ERES FALSOS.- No hay día sin ERES andaluces. El escándalo de los expedientes re regulación de empleo falsificados vienen protagonizando la vida política andaluza desde ya hace un par de meses, y vienen siendo empleados por el PP para replicar las críticas que el PSOE hace a los “populares” por causa de la trama de Gurtel. ¿De qué estamos hablando? La Junta andaluza ha financiado a falsos prejubilados aparecidos o inventados en expedientes de regulación de empleo. No hay coincidencia, ni mucho menos, sobre el coste de esta estafa: el PP cita de manera permanente la cifra de 700 millones de euros, frente al presidente andaluz, José Antonio Griñán, que evaluaba en nueve millones y medio el coste de ese fraude. Hay otras dudas, como por ejemplo, si la junta andaluza estaba informada de estos trapicheos, o si, como el PSOE pretende destacar, fue la que ha denunciado el caso y lo ha remitido a las investigaciones judiciales. De momento, también el PP ha interpuesto una una querella contra 26 personas por el fraude en el plan de ayudas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Andalucía, donde han sido localizados beneficiarios de ayudas que no habían trabajado en las empresas y otras irregularidades administrativas. La acción del PP va contra dirigentes socialistas a los que acusa de haber permitido las irregularidades, los intermediarios que las hicieron posibles y los intrusos, como se conoce a los adjudicatarios de subvenciones que no les correspondían. A esta querella se sumó otra del “pseudosindicato ultra” Manos Limpias -admitida parcialmente por la juez del caso, Mercedes Alaya- contra los responsables de la Consejería de Empleo, por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa. El PP también acusa a los 26 querellados de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles. Entre los denunciados figuran el anterior consejero de Empleo, Antonio Fernández; los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor; el actual responsable de este departamento, Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. El PP pide que declare quien era interventor de la Consejería de Hacienda cuando el titular de la misma era el hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Esos 10 millones de euros de fondos públicos destinados a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis que acabaron en los bolsillos de los “intrusos” que se colaron en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía. En cuanto a la Junta andaluza, está a punto de rematar la investigación de los 68 expedientes vivos que se pagan con el fondo de ayudas a empresas. La Consejería andaluza de Empleo ha manejado 647 millones de euros entre 2001 y 2010 a través de este fondo. Pero fuentes del Gobierno andaluz aseguraron este martes que el fraude estará "por debajo de los 10 millones". La Junta ya tiene cerrado el análisis de 64 de esos 68 ERE y esta semana se conocerá el resultado de los cuatro expedientes que restan. Según detalló el 10 de marzo el consejero de Empleo, Manuel Recio, se han investigado las pólizas que están percibiendo 5.273 trabajadores. Hasta ese momento -a falta de cerrar el análisis sobre los 290 trabajadores de los cuatro ERE que faltaban por desgranar-, se habían encontrado 146 casos irregulares (59 personas que nunca habían trabajado en la empresa beneficiada por el ERE del que cobran y 87 que sí tenían relación laboral pero que presentan dudas). También este martes, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, entrevistado en Radio Nacional de España, sostuvo que, de los 647 millones del fondo, "no llegará a más del 2% la cantidad que ha supuesto un fraude". Griñán criticó las "exageraciones" en las que está cayendo el PP al afirmar que "700 millones se han dedicado a ERE fraudulentos". Y en la misma idea incidía la consejera de la Presidencia, Mar Moreno: "El fraude no superará el 2%, posiblemente sea inferior (...) Nada tiene que ver con lo que dice el PP". Una vez que la Junta desvele el análisis de los cuatro ERE que faltan, enviará la información a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso. En cuanto a la jueza, ha imputado ya al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación. Fernández, estuvo en ese cargo entre 2004 y 2010, y preside ahora el Marco de Jerez, consejo regulador de estos vinos gaditanos, aunque se sospecha que su cargo está también en el aire. Los bodegueros agrupados en la organización Fedejerez han pedido su dimisión por su imputación. Fernández rechaza dejar el puesto y los bodegueros han abierto un proceso para que se pronuncien todos los responsables del marco. Los productores consideran que su implicación en este caso judicial puede perjudicar la imagen de los caldos. En estas investigaciones judiciales han sido clave las declaraciones ante la policía del también imputado Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008. El era el encargado de manejar el fondo de 647 millones de ayuda para las empresas en crisis, y ha declarado que informaba de todas sus decisiones a los exconsejeros Fernández y José Antonio Viera, que estuvo en el cargo desde 2000 a 2004. Viera, que actualmente es secretario general del PSOE de Sevilla, no está imputado en la causa. El PSOE andaluz ha cerrado filas en las últimas semanas con Viera, quien ahora es diputado autonómico y senador por la comunidad, y lo ha defendido ante los ataques de la oposición, que ha reclamado su dimisión. Viera, sin embargo, no figura en la querella presentada por el PP contra 26 personas por el fraude en los ERE. Los populares sevillanos, sin embargo, pidieron ayer a Viera que deje su acta de senador para que deje de tener la condición de aforado y pueda ser juzgado.
Parece que se van conociendo todos los datos y las responsabilidades de este feo asunto de dineros públicos “evaporados” en beneficio de unos pocos ciudadanos por la actuación irresponsable de unos pocos altos cargos.
JOSÉ CAVERO

martes, 22 de marzo de 2011

ZAPATERO PIDE PERMISO PARA PARTICIPAR CONTRA GADAFI

PERMISO PARA LA GUERRA.- La sorpresa la hubiera proporcionado una negativa del Congreso, de la mayoría de los parlamentarios de la Cámara, a dar su aprobación a la implicación de España en la actuación contra el líder libio Muaanmar Gadafi. De entrada, y desde hace varios días, el Gobierno del presidente Rodríguez Zapatero contabilizaba la mayor parte de los votos, tan sólo excluidos los grupos de Izquierda Unidad y del Bloque Nacionalista gallego. El resto, incluido el PP, no habían dudado en mostrar su apoyo, aunque querían, una vez más, reclamar que esta actuación bélica es perfectamente idéntica a la actuación bélica que, en su momento, comandó José María Aznar contra Irak. Los socialistas han tenido que esforzarse, una vez más, en aclarar las diferencias esenciales: Aquella, ni era un mandato de las Naciones Unidas, como ahora, ni tampoco recibió la autorización del parlamento español. Pese a esas diferencias cruciales, Zapatero se ha visto en el punto de mira de muchísimas críticas de quienes ahora, en esta ocasión de Libia, ven al presidente con auténtico “ardor guerrero”, muy lejano al pacifismo de cuando Irak. Varios portavoces del PP, incluso, han intentado forzar la realidad y los datos históricos, para asegurar que “las tropas españolas fueron enviadas a Irak respondiendo a una invitación de la ONU, y por acuerdo del Consejo de ministros, y que, por el contrario, regresaron contra las resoluciones de las Naciones Unidas por una decisión personal de Zapatero”. Para estos analistas “Zapatero no retiró las tropas de una guerra, sino de una misión humanitaria y de reconstrucción, de estabilización y seguridad del país”, tal y como explica el portavoz popular Van Halen, para quien no hay duda de que “quien actuó contra la ONU fue Zapatero”... Otra firma del “universo PP”, la de Edurne Uriarte, observa cómo Zapatero negó siempre la guerra como medio para solucionar cualquier tipo de conflicto. “No se apela esta vez a la seguridad occidental y no existe el error de las armas de destrucción masiva, pero tampoco hay ahora un 11-S y una Al Qaeda en plena expansión”... Algún diario afín al PP insiste en la tesis de que “las tropas que envió Aznar a Irak la misión de reconstruir el país, mientras que las que manda Zapatero -el Zapatero convertido al belicismo-,están autorizadas para abrir fuego” Otros recuerdos de aquellos días de Irak-2003 indican que aquella invasión no fue aprobada por el Consejo de Seguridad, como ésta de ahora, y se intentó justificar sobre las inexistentes armas de destrucción masiva que nadie jamás halló. Lo de Libia, por el contrario, se basa en razones evidentes: Gadafi aplastaba a sangre y fuego a quienes se alzaban contra su régimen de cuarenta años... En esta oportunidad de Libia, tanto Rajoy como Zapatero han querido huir de ese debate interminable: Rajoy ha preferido recordar que el PP siempre ha apoyado todas las propuestas que ha hecho el Gobierno socialista de envío de tropas fuera de España, y ha zanjado cualquier tentación de abrir la controversia, evitando “la demagogia que otro emplearon en el pasado”...Y en cuanto a Zapatero, sencillamente ha planteado a los congresistas los términos de la resolución de las Naciones Unidas y las circunstancias probables en las que se lleva y llevará a cabo en las próximas semanas y meses. En efecto, la autorización solicitada por el Jefe del Gobierno es de duración limitada: un mes prorrogable para las operaciones aéreas, y tres meses también prorrogables para las misiones navales militares destinadas a mantener la orden de embargo de armas decretada por la ONU. La solicitud de Zapatero plantea la utilización de un máximo de quinientos militares.
También recuerdan los analistas que la solicitud del gobierno ha llegado al Congreso cuando ya está produciéndose el ataque militar, algo que permite la ley de Defensa Nacional por existir razones de máxima urgencia: Ante la urgencia de los hechos, el jefe del Ejecutivo puede enviar a los militares, y después, cuando sea posible, debe acudir al Congreso para lograr la ratificación de esa decisión.... Esa ha sido la intención y el propósito de esta convocatoria.
Pero aún seguirá dando muchísimo que hablar...

lunes, 21 de marzo de 2011

LA LEGALIZACIÓN DE SORTU SE DEBATE EN EL SUPREMO

SORTU, MATERIA DE DISCUSIÓN EN EL SUPREMO.- Finalmente, tras un largo debate en la opinión pública, que sin duda continuará, la Sala del 61 del Tribunal Supremo, a la que corresponde el asunto de una eventual legalización, celebra desde este lunes una vista pública para estudiar las demandas en las que tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado, basadas en los correspondientes informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, piden que se impida la inscripción de la nueva denominación de Batasuna, Sortu, en el registro de Partidos Políticos, al considerar que la nueva formación es continuación de la ilegalizada Batasuna y, por tanto, de ETA. Los 16 magistrados que conforman esta sala especial se han reunido a partir de las diez y media de esta mañana y deberán decidir, al inicio de la vista, qué pruebas de las solicitadas por las tres partes serán admitidas a estudio. Entre tales pruebas se encuentra la declaración, a petición del Ministerio Público y del Gobierno, de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, que elaboraron los informes que han servido como base a las demandas de ilegalización de Fiscalía y Abogacía del Estado. Por su parte, Sortu ha solicitado que se reclamen informes a la Audiencia Nacional, la cárcel de Aranjuez y la Unidad Central de Inteligencia para recabar determinados datos que consideran fundamentales para ejercer su defensa. En previsión de que estas pruebas sean aceptadas, el Alto Tribunal ya ha citado a los testigos-peritos y ha cursado los oficios. Esta previsto que la denominada “Sala del 61” inicie su deliberación inmediatamente después de concluirse la vista pública, sin que exista un plazo concreto para la emisión de su fallo. El Alto Tribunal ha habilitado todos los fines de semana del mes de marzo por si fuera necesario extender las deliberaciones.
¿Qué argumentos se emplean contra la eventual legalización de Sortu? Muchos de ellos han sido empleqados en las últimas semanas en el debate público que se ha producido. Por parte de la Abogacía del Estado considera que el intento de constitución de Sortu "forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal", y que las alusiones realizadas en los estatutos de Sortu a su desvinculación con la banda terrorista no son suficientes. La Abogacía cita, además, el hecho de que una de las promotoras del nuevo partido, Mariné Pueyo, se negara, como concejala de ANV a condenar el asesinato, en marzo de 2008, del concejal socialista Isaías Carrasco, y que rechazara suscribir una moción de condena del terrorismo que fue aprobada por el Pleno de Pamplona el pasado 18 de febrero. También invocarán los Servicios Jurídicos del Estado a la falta de reacción de Sortu ante la reciente detención de cuatro miembros de ETA que almacenaban casi 200 kilos de explosivos, y que aportarán datos que vinculan a tres de los promotores del nuevo partido abertzale con ETA o sus actividades. Se trata de Sonia Respaldiza, que aparecía en los papeles de 'Susper' como aspirante a ETA; José María Compains, cuyo hijo está encarcelado por pertenecer a EKIN y José Javier Artola, titular de una cuenta corriente en la que se recaudaba dinero para presos de ETA. Por parte de la Fiscalía, también defiende que ETA se encuentra en el origen mismo de la creación de Sortu, y que incluso impulsó su lanzamiento desde la primavera de 2008, cuando la banda ya consideraba "imprescindible" crear "otra referencia institucional y política" para la izquierda abertzale, según la documentación aportada en la demanda. El Ministerio Público reconoce la "eficacia sanadora" que habría tenido una manifestación "inequívoca, firme y definitiva" de rechazo de la acción violenta de ETA por parte de la nueva formación política, que a juicio de esta parte no se ha producido. Entre otros indicios, la Fiscalía apunta a un acto de Sortu celebrada en el Club de Amigos de la Unesco en el que la persona que actuó como portavoz, Iñaki Zabaleta, utilizó expresiones muy parecidas a las que utilizaron en su momento las candidatas del ilegal Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), así como el hecho de que el responsable de comunicación de Batasuna, Mikel Ansa, participara en la organización del acto público de presentación del partido en Bilbao. Y finalmente, por o que se refiere a los abogados de Sortu, defienden ante la Sala que la legalización de Sortu supondrá el fin de la violencia en el País Vasco porque conllevará, según aseguran, "la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes la practican puedan continuar con su actividad", según señalan en su escrito de alegaciones a las demandas.
¿Y qué hará el Supremo, tras escuchar a todas las partes? Las apuestas se inclinan por la no-legalización. A pedsar de Patxi López, Jesús Eguiguren y unos pocos más, que siguen viendo más ventajas que inconvenientes en la transformación de la sigla Batasuna en Sortu, como paso intermedio para el paso definitivo de terminar con la actividad de la banda. Pero eso es sólo, de momento al menos, un buen deseo y una loable aspiración...

domingo, 20 de marzo de 2011

COINCIDENCIA: EL 2 DE ABRIL RENUNCIARÁ ZAPATERO

EL DOS DE ABRIL PUEDE SER LA FECHA.- Esta vez, sí, se produce una clara coincidencia en varios medios informativos sobre la probable fecha en la que Rodríguez Zapatero puede anunciar su retirada del primer lugar de la escena política: Zapatero medita decidirse en torno al 2 de abril, dice El País. El Mundo asegura que Zapatero estaría decidido a anunciar el día 2 de abril que no será candidato. Y en Público se coincide en que Zapatero planea anunciar su retirada el 2 de abril, y que pretende comunicar al Comité federal que no repetirá como candidato en 2012, aunque sí agotará la legislatura al frente del Gobierno. Eso sí, hay matices en las distintas informaciones sobre idéntico particular. Habla El País de “la presión de un grupo de dirigentes del Partido Socialista” para que el presidente del Gobierno despeje la duda sobre si será o no el candidato a las elecciones de 2012 en el Comité Federal que se celebrará el 2 de abril. Se añade en esta crónica que los jefes de fila de las federaciones dirigirán su mirada hacia Alfredo Pérez Rubalcaba para que represente al PSOE dentro de un año como candidato a la presidencia del Gobierno. Pero la apuesta por Rubalcaba, añade, tiene que ser compatible con el procedimiento de elecciones primarias "rápido" para evitar "enredos y conspiraciones" que ahondarían aún más el desapego de la opinión pública hacia esta opción electoral. Y cita la opinión de un candidato socialista, que propone un eventual calendario de actuación: "Tenemos todo el mes de abril para poner en marcha el mecanismo de elección del candidato y que la campaña empiece con el camino despejado para que cada alcalde y cada candidato hable de su programa. Todos apoyan la sustitución de Zapatero por Rubalcaba en el cartel electoral, pero con respeto absoluto a las normas del PSOE. Es decir, "no se puede convocar un comité federal sin más y votar a Rubalcaba, sino que las primarias deben convocarse", señala un secretario general, después de haber mantenido conversaciones con varios de sus compañeros. Pero en voz alta, algunos dirigentes, como Carme Chacón, han pedido primarias. La pregunta sobre si quienes han exigido en público este procedimiento en el fondo rechazan a Rubalcaba y apuestan por la ministra de Defensa, recibe respuestas poco concluyentes desde el aparato federal. "No necesariamente; pero en el partido hay algunas dudas sobre las intenciones de algunos", dicen. En cuanto ala versión de El Mundo, cuenta que partidarios de Rubalcaba pretenden nominarle ese mismo día para crear una situación de hechos consumados y abortar, de ese modo, las elecciones primarias. Según esta crónica, el vicepresidente quiere eludir a toda costa enfrentarse a otro candidato. Indica El País, sin embargo, que ha bastado con que la ministra de Defensa, Carme Chacón, haya asomado como una posible alternativa, para que se haya desatado el nerviosismo en ciertos ámbitos del partido. Toda la operación encaminada a coronar al vicepresidente primero como sucesor desde su origen se sustenta, en clave interna, en la expectativa de la "decantación natural" de un respaldo prácticamente unánime hacia su figura; y en clave externa, en la convicción de que las elecciones de 2012 las ganará el partido que antes cambie de candidato, dado que Mariano Rajoy no logra superar la barrera de la desconfianza del electorado. De ahí que en algunos círculos se haya manejado la posibilidad de presentar un ticket electoral formado por Rubalcaba y Chacón, toda vez que las sucesivas encuestas de opinión apuntan como un escenario prácticamente imposible que Zapatero pueda recuperarse del fuerte desgaste personal que le ha procurado la crisis, unida a la falta de expectativas de que la recuperación económica pueda percibirse en el horizonte próximo y a la presión de los barones del partido Todos ellos serían factores que habrían decantando la decisión del presidente, así como el deseo de su familia de salir de la trituradora de la derecha mediática, que también habría pesado en el ánimo presidencial. En cualquier caso, y como señala el diario Público, una vez que Zapatero despeje la incógnita que le atañe personalmente, lo que venga a continuación tiene un componente imprevisible. Hay quien, como el madrileño Rafael Simancas, ha defendido públicamente que las primarias se celebren de inmediato y se proclame al nuevo candidato antes del 22-M, cerrando así el bucle en abril. Esta opción, descartada con rotundidad desde el núcleo duro de la Ejecutiva federal, frenaría las posibles candidaturas alternativas porque obligaría a una campaña para recoger los avales requeridos que se solaparía con la campaña para los comicios municipales y autonómicos. Y frente a la tesis explicitada por el exsecretario general del PSOE madrileño, destacados miembros de la Ejecutiva advierten de que meterse ahora en unas primarias sería "algo sin pies ni cabeza, que obligaría a todos a decidir el apoyo a un candidato en lugar de centrar todas las energías en las elecciones". Sin embargo, se recuerda que el procedimiento de primarias está recogido en los estatutos y reglamentos del PSOE aprobados en el último Congreso federal del partido, en julio de 2008, y que, de acuerdo con las normas del PSOE, la duración mínima del proceso es de 15 días, contados a partir del momento en que el Comité Federal, a propuesta de la Ejecutiva, abra el proceso. Esas dos semanas son el plazo previsto para que los aspirantes presenten los avales requeridos. Si sólo hubiera un candidato, sería proclamado al finalizar ese periodo, pero, en caso de surgir al menos dos aspirantes, el proceso se prolongaría hasta un máximo de 45 días. Los últimos siete días de ese periodo se dedican a la campaña de los candidatos entre los militantes socialistas. La solución podría ser que Chacón renunciara a ser candidata, o bien que Rubalcaba la recogiera en su candidatura como número dos…
En todo caso, se abren expectativas nuevas que, de rebote, no sería extraño que alcanzasen a la candidatura de Rajoy, por más que escucharemos en las semanas siguientes adhesiones de inequívoco apoyo y respaldo indudable…