La huelga que temía Rajoy
Ya está aquí, ya está anunciada formalmente la que los dirigentes sindicales aseguran que será la gran huelga, la huelga sin precedentes. Posiblemente sea que ya están promocionándola, que la jalean con todas sus fuerzas. Pero, finalmente, lo que Rajoy pronosticó, que esa reforma laboral le iba a costar una huelga general, está ya en el horno, y con sólo 18 días para su preparación, en los que escucharemos argumentos a favor y en contra. Los favorables, son los que descalifican una normativa que entienden que es regresiva, inútil, injusta, y que se ha llevado a cabo sin haber negociado siquiera con los representantes de la clase trabajadora. Los contrarios a la huelga ya los empezamos a escuchar en el propio pleno del congreso que revalidó la norma: es la ley que necesita el país, y sobre todo, que se hace imprescindible para salir de una situación sumamente difícil, a la que se ha llegado, según entiende el PP, por la ineptitud del Gobierno anterior, sin mayores matices. Desde luego, jamás reconocerán que en la anterior legislatura se pudo comprobar su propia inacción y pasividad en la lucha contra la crisis, y en su firme convencimiento de que “cuanto peor para el PSOE mejor para el PP”, que llegaría antes a la Moncloa. Pero ya todo ha iniciado la vía sin retorno del conflicto que divide a la nación en su conjunto, y que empieza por dividir a los partidarios y a los adversarios de la convocatoria. Es el primer órdago sindical contra Rajoy, como señala El Mundo, “sin darle ni los cien días”. También podría argumentarse lo contrario: que el Gobierno no ha tardado ni esos cien días en mostrar sus políticas más agresivas o regresivas, en esta materia laboral como en tantas otras con las que aspira a dejar huella de su paso por el poder que ha conseguido en las sucesivas elecciones: autonómicas o generales. Por cierto, que la campaña de la huelga general ya empieza coincidiendo con otra campaña electoral, la que debe proceder a la renovación de los parlamentos y Gobiernos de Andalucía y de Asturias. No hay duda de que las dos campañas por y contra la huelga y las electorales, coinciden a la hora de los mítines de cada cual. Explican los sindicalistas que han elaborado un lema,” Quieren acabar con todo”, que es expresivo y significativo de esa actitud y voluntad del PP de no dejar “piedra sobre piedra” del antiguo edificio que trató de construir la izquierda gobernante en tantas materias, desde el aborto a la educación para la ciudadanía, desde el bachillerado a las becas, desde el copago a la política penitenciaria de los etarras que desean iniciar una nueva vida. Por lo demás, es inevitable que la huelga también provoque reacciones muy adversas: no está el país para huelgas, precisamente, ni para paralizaciones de actividad o decrecimiento de la productividad, sino muy al contrario. Está más necesitado y urgido que nunca de relanzar la actividad y de hacerse más y más competitivo. Y una huelga, aun que sea de un solo día, no cooperará a eso, precisamente. ¿Está garantizado su éxito? No hay duda de que el enfado de los trabajadores con la nueva normativa laboral es grande: la divulgación de sus contenidos ha infundido pavor. Nadie tiene ya seguro su puesto de trabajo, ni siquiera su horario laboral. Todo son facilidades para el emprendedor y los viejos derechos han decaído abruptamente, para satisfacción de Merkel, Rajoy, Báñez, Rosell y los mercados. Ya se ha calculado que el cese de la actividad productiva le costará a España, según calcula La Gaceta, del orden de 4.700 millones, que casi duplica la estimación de La Razón: 7,688 millones, casi un punto de déficit... Sobre ese dato puede sostenerse el gran titular de ABC, “una huelga política contra el interés general.”, o el de La Razón, “una huelga contra España”. Serán muchos quienes se sumen a la convocatoria, pero tampoco faltarán quienes, precisamente por temor a ver perjudicada su situación laboral, sólo se adherirán en el deseo de que el 29 de marzo signifique un gran revolcón para el PP gobernante…
sábado, 10 de marzo de 2012
viernes, 9 de marzo de 2012
ES PROBABLE QUE LOS SINDICATOS ANUNCIEN HOY EL PARO DEL 29
Tras la reforma laboral, una probable huelga general
Con un amplio respaldo, de casi 200 diputados, exactamente 197, que suman el PP, CiU, UPN y el representante de Alvarez Cascos, el partido gobernante superó este jueves su primer trámite en el Pleno del congreso el decreto ley de reforma laboral, que ahora deberá convertirse en proyecto de ley. Nadie duda de que, desde su aparición en sociedad”, o incluso antes, el decreto ley provoca división de opiniones y clara confrontación entre partidarios y adversarios. En pocas horas sabremos si se produce la gran contestación que Rajoy teme desde el primer momento: Los sindicatos decidirán si llevan adelante, como parece probable, una huelga general el próximo día 29, como muchos ya pronostican o avanzan. Recuerden: dos micrófonos abiertos a Rajoy y a De Guindos “vendieron” ya las dificultades del propósito: “La reforma laboral me costará una huelga general”, pronosticó el primero. Y el segundo vendió al comisario Olli Rhen la reforma como extremadamente atrevida... Y desde entonces, no han cesado los calificativos favorables y esperanzadores y las descalificaciones rotundas, por igual. Dicen los favorables que la reforma y su correspondiente decreto garantiza una mayor flexibilidad a la hora de fijar salarios y jornadas para que "el despido sea la última opción" de los empresarios a la hora de afrontar dificultades. Además, que crea un nuevo contrato para empresas de hasta 50 trabajadores que contraten a jóvenes menores de 30 años y se introducen nuevas bonificaciones a la contratación de colectivos con más dificultades, como los parados de larga duración. Además, la reforma acaba con la ultraactividad de los convenios, facilita el 'descuelgue' para que empresarios y trabajadores puedan negociar sus condiciones en situaciones de dificultad, garantiza el derecho a la formación, modifica los contratos a tiempo parcial, crea por primera vez los contratos de teletrabajo, modifica el papel de las ETT en la colocación, elimina las autorizaciones administrativas de ERE y clarifica las causas de despido objetivo, reduciendo las indemnizaciones... Y en cuanto a las críticas principales a la reforma, se refieren a su falta de efecto inmediato en la creación de empleo, después de que el propio Gobierno avanzara que el año finalizará con 600.000 nuevos parados, así como al riesgo de que se despida a indefinidos para sustituirlos por temporales con menos derechos. La oposición también reprocha al Gobierno que es una reforma "desequilibrada" por supeditar al trabajador a las decisiones que tome el empresario, limitando su capacidad de presión al conflicto social. También la tachan de injusta y alertan de que conllevará la deslocalización de empresas y que abocará a los emprendedores a una carrera para reducir costes y salarios como vía para mejorar su competitividad.
El seguimiento del debate del jueves fue expresivo de esa división radical de pareceres: Mientras para Fátima Báñez, la ministra que ha apadrinado la reforma, insistió hasta en tres ocasiones que la normativa se ha gestado con la participación de los agentes sociales, que con la reforma se clarifica el despido procedente para evitar el excesivo recurso a los tribunales, que se ocupa de conseguir más empleabilidad, más estabilidad, más derechos, más eficacia en el empleo de los recursos públicos, más formación y más conciliación, e incorpora las aportaciones de sindicatos y patronal a partir del acuerdo de moderación salarial y desarrollo de la negociación colectiva aprobado en enero, y calificó la reforma de completa y equilibrada, pensada en el interés general, y que contribuirá en el corto plazo a frenar la sangría del desempleo..., en cambio, para la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, la reforma es inútil y una barbaridad económica, y hace que el despido escape a cualquier control al sortear el control sindical. Es inconstitucional porque nadie puede ser despedido sin causa. En su opinión con la r4forma se logrará aumentar el paro: el propio gobierno recoge un pronóstico de 630.000 parados más este mismo año 2012. Para el PSOE, la reforma concede al empresario todo el poder unilateralmente, abaratará el despido improcedente en más de un 43 por 100, sacraliza el despido sin causa y facilitará que el empresario baje los salarios al límite... En cuanto a los diarios de este viernes, señalan enfoques muy distintos: Señala El País que “la dura reforma laboral del PP supera su trámite decisivo copn CiU” y que Rajoy cumple su compromiso con Bruselas, pero se enfrenta a una huelga general. Dice El Mjundo que “una amplia mayoría aprueba la reforma laboral más radical de la democracia”, y que Rajoy dice que será muy útil para crear empleo estable cuando la economía crezca. También en ABC se subraya que el PP sumó los votos de CiU pzra sacar adelante la reforma. Y en La Razón, que el PP sumó una amplia mayoría para aprobar la reforma laboral, que ahora se tramitará como proyecto de ley. El apoyo de CiU lo destaca también Expansión, diario que recoge luego la opin ión de que “las empresas califican de valiente la reforma laboral”. Titula Cinco Días: PP y CiU exhiben su sintonía en la reforma laboral a las puertas de los Presupuestos”. Y también en El Economista:El Gobierno y CiU negocian un plan de choque `para la creación de empleo. CCFOO y UGT se reúnen hoy para convocar la huelga del 29 de marzo. Los sindicatos creen que las enmiendas de CiU endurecerán la reforma laboral...
Pero, de igual manera, el debate ha llegado a la sociedad, y son muchos y variados quienes han participado en debatir la conveniencia o la inutilidad de la reforma. Por ejemplo, el presidente de Mercadona Juan Roig, ha elogiado la reforma y ha pedido que se ampl´çie para desincentivar el paro, y en la misma línea se ha expresado la presidenta del grupo Seguriber-Umano, quien entiende que la reforma laboral debería ser más radical. Iñigo Sagardoy ha explicado que la reforma apuesta por la flexibilidad y no por el despido, y la elogia por decidida y valiente, y porque pone el acento en el empleo. Miguel Cuenca ha insistido en que las reformas laborales no crean por sí mismas empleo- Juan Rosell está convencido de que la reforma creará empleo a medio y largo plazo porque flexibiliza, y que en 2013, o a finales de 2012, tendremos algo de crecimiento de la ocupación...
Ahora, con muchas probabilidades, la factura de la huelga. No va a ser menos que la reforma de la etapa anterior, en la que tampoco Zapatero logró el concurso sindical...
Con un amplio respaldo, de casi 200 diputados, exactamente 197, que suman el PP, CiU, UPN y el representante de Alvarez Cascos, el partido gobernante superó este jueves su primer trámite en el Pleno del congreso el decreto ley de reforma laboral, que ahora deberá convertirse en proyecto de ley. Nadie duda de que, desde su aparición en sociedad”, o incluso antes, el decreto ley provoca división de opiniones y clara confrontación entre partidarios y adversarios. En pocas horas sabremos si se produce la gran contestación que Rajoy teme desde el primer momento: Los sindicatos decidirán si llevan adelante, como parece probable, una huelga general el próximo día 29, como muchos ya pronostican o avanzan. Recuerden: dos micrófonos abiertos a Rajoy y a De Guindos “vendieron” ya las dificultades del propósito: “La reforma laboral me costará una huelga general”, pronosticó el primero. Y el segundo vendió al comisario Olli Rhen la reforma como extremadamente atrevida... Y desde entonces, no han cesado los calificativos favorables y esperanzadores y las descalificaciones rotundas, por igual. Dicen los favorables que la reforma y su correspondiente decreto garantiza una mayor flexibilidad a la hora de fijar salarios y jornadas para que "el despido sea la última opción" de los empresarios a la hora de afrontar dificultades. Además, que crea un nuevo contrato para empresas de hasta 50 trabajadores que contraten a jóvenes menores de 30 años y se introducen nuevas bonificaciones a la contratación de colectivos con más dificultades, como los parados de larga duración. Además, la reforma acaba con la ultraactividad de los convenios, facilita el 'descuelgue' para que empresarios y trabajadores puedan negociar sus condiciones en situaciones de dificultad, garantiza el derecho a la formación, modifica los contratos a tiempo parcial, crea por primera vez los contratos de teletrabajo, modifica el papel de las ETT en la colocación, elimina las autorizaciones administrativas de ERE y clarifica las causas de despido objetivo, reduciendo las indemnizaciones... Y en cuanto a las críticas principales a la reforma, se refieren a su falta de efecto inmediato en la creación de empleo, después de que el propio Gobierno avanzara que el año finalizará con 600.000 nuevos parados, así como al riesgo de que se despida a indefinidos para sustituirlos por temporales con menos derechos. La oposición también reprocha al Gobierno que es una reforma "desequilibrada" por supeditar al trabajador a las decisiones que tome el empresario, limitando su capacidad de presión al conflicto social. También la tachan de injusta y alertan de que conllevará la deslocalización de empresas y que abocará a los emprendedores a una carrera para reducir costes y salarios como vía para mejorar su competitividad.
El seguimiento del debate del jueves fue expresivo de esa división radical de pareceres: Mientras para Fátima Báñez, la ministra que ha apadrinado la reforma, insistió hasta en tres ocasiones que la normativa se ha gestado con la participación de los agentes sociales, que con la reforma se clarifica el despido procedente para evitar el excesivo recurso a los tribunales, que se ocupa de conseguir más empleabilidad, más estabilidad, más derechos, más eficacia en el empleo de los recursos públicos, más formación y más conciliación, e incorpora las aportaciones de sindicatos y patronal a partir del acuerdo de moderación salarial y desarrollo de la negociación colectiva aprobado en enero, y calificó la reforma de completa y equilibrada, pensada en el interés general, y que contribuirá en el corto plazo a frenar la sangría del desempleo..., en cambio, para la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, la reforma es inútil y una barbaridad económica, y hace que el despido escape a cualquier control al sortear el control sindical. Es inconstitucional porque nadie puede ser despedido sin causa. En su opinión con la r4forma se logrará aumentar el paro: el propio gobierno recoge un pronóstico de 630.000 parados más este mismo año 2012. Para el PSOE, la reforma concede al empresario todo el poder unilateralmente, abaratará el despido improcedente en más de un 43 por 100, sacraliza el despido sin causa y facilitará que el empresario baje los salarios al límite... En cuanto a los diarios de este viernes, señalan enfoques muy distintos: Señala El País que “la dura reforma laboral del PP supera su trámite decisivo copn CiU” y que Rajoy cumple su compromiso con Bruselas, pero se enfrenta a una huelga general. Dice El Mjundo que “una amplia mayoría aprueba la reforma laboral más radical de la democracia”, y que Rajoy dice que será muy útil para crear empleo estable cuando la economía crezca. También en ABC se subraya que el PP sumó los votos de CiU pzra sacar adelante la reforma. Y en La Razón, que el PP sumó una amplia mayoría para aprobar la reforma laboral, que ahora se tramitará como proyecto de ley. El apoyo de CiU lo destaca también Expansión, diario que recoge luego la opin ión de que “las empresas califican de valiente la reforma laboral”. Titula Cinco Días: PP y CiU exhiben su sintonía en la reforma laboral a las puertas de los Presupuestos”. Y también en El Economista:El Gobierno y CiU negocian un plan de choque `para la creación de empleo. CCFOO y UGT se reúnen hoy para convocar la huelga del 29 de marzo. Los sindicatos creen que las enmiendas de CiU endurecerán la reforma laboral...
Pero, de igual manera, el debate ha llegado a la sociedad, y son muchos y variados quienes han participado en debatir la conveniencia o la inutilidad de la reforma. Por ejemplo, el presidente de Mercadona Juan Roig, ha elogiado la reforma y ha pedido que se ampl´çie para desincentivar el paro, y en la misma línea se ha expresado la presidenta del grupo Seguriber-Umano, quien entiende que la reforma laboral debería ser más radical. Iñigo Sagardoy ha explicado que la reforma apuesta por la flexibilidad y no por el despido, y la elogia por decidida y valiente, y porque pone el acento en el empleo. Miguel Cuenca ha insistido en que las reformas laborales no crean por sí mismas empleo- Juan Rosell está convencido de que la reforma creará empleo a medio y largo plazo porque flexibiliza, y que en 2013, o a finales de 2012, tendremos algo de crecimiento de la ocupación...
Ahora, con muchas probabilidades, la factura de la huelga. No va a ser menos que la reforma de la etapa anterior, en la que tampoco Zapatero logró el concurso sindical...
jueves, 8 de marzo de 2012
DRÁSTICO RECORTE DE LA INVERSIÓN. 40 POR 100 MENOS
Siguen las correcciones a la herencia recibida
Primero fueron las correcciones y rectificaciones: Se modificará la ley del aborto, se corregirán los textos de Educación Cívica y hasta el hombre de la asignatura, se corrige el curriculum Eso-Bachillerato, se vuelven a tener distintos directores generales de la policía y la Guardia Civil, suben los impuestos básicos... Luego, o al mismo tiempo, la gran reforma laboral, que también viene a rectificar la anterior, de la etapa última del socialismo gobernante. Y los recortes sustanciales en el déficit público, el techo de gasto y los presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas, de cara a la elaboración final de los presupuestos para el presente año. La reforma laboral no es improbable que traiga consigo, como en su momento sospechó Rajoy, algún rechazo social mayor del que le hubiera gustado, y vaya usted a saber si, al mismo tiempo, traerá consigo algunos efectos benéficos en el empleo. Prácticamente cada Ministerio ha revisado los criterios de su antecesor y los ha rectificado y corregido. Si acaso, Interior y Defensa aparecen con “doctrinas” sensiblemente parecidas a las de los antecesores. Pero en otros Departamentos, la rectificación es casi total. Por ejemplo, lo que este miércoles proclamaban tanto el presidente Rajoy como ministro De Guindos, a la hora de conseguir el anunciado déficit del 5,8 por 100. Mariano Rajoy aseguraba en el pleno del Congreso que el recorte de gasto afectará a todas las partidas, salvo tres: las pensiones, las aportaciones a la Unión Europea y el pago de la deuda. Es decir, y según deduce El País, por omisión, en el recorte se incluirá el pago del desempleo, la dependencia y otros servicios básicos. Rajoy explicaba que el recorte del gasto será del 12,5% como media para todos los ministerios, teniendo en cuenta que hay departamentos en los que tiene peso la inversión y en otros en los que casi solo hay gasto corriente. Para soportar ese recorte, el jefe del Ejecutivo explicó que se elabora un plan para reducir organismos y para evitar duplicidades con respecto a las competencias del Gobierno central, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos. El presidente aseguró que a él, como a cualquier Gobierno, le gustaría elevar el gasto un 20%, pero el déficit hace insoportable el pago de la deuda a un alto interés y, además, las Administraciones públicas copan la mayor parte del crédito de los bancos para el pago de esa deuda. Cabe recordar que el Presupuesto que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para 2011 preveía una inversión de 15.001 millones de euros y suponía un recorte de un 37% sobre el del año anterior (sobre todo del Plan E). Ahora, Rajoy anuncia un 40% más de rebaja sobre esas cifras. Ese tajo tiene una clara repercusión sobre el empleo. El PSOE cifra en 150.000 empleos el coste del recorte de la inversión en sectores de construcción, con repercusión en infraestructuras clave como el Corredor del Mediterráneo o el AVE a Galicia, Castellón y Murcia. A su vez, el gasto del Gobierno central se reducirá este año en un 4,7% y la bajada del gasto en los ministerios será de media de un 12%. Rajoy no fue más preciso sobre el recorte, pero poco después, también en el pleno del Congreso de este miércoles, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aportó el dato de que la inversión pública tendrá una rebaja del 40% en 2012. Es decir, si la inversión pública en los Presupuestos del año pasado ascendió a 15.000 millones, un recorte del 40% supondría 6.000 millones y muchas obras menos. Economía matizó luego que no se refería solo a los Prepuestos que está cerrando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sino al dato de inversión pública global que dará el Instituto Nacional de Estadística (INE) en abril. Los diarios destacan estos datos del día: Economía prepara un recorte del 40 por 100 en la inversión pública para 2012, dice El Mundo. Titula El País: El Gobierno se prepara para un tajo brutal del 40 por 100 de la inversión pública. La inversión pública, relata ASBC, se reducirá un 40 por 100 este año,según Economía. O en los diarios de economía: Guindos anuncia un desplome del 40 por 100 de la inversión pública en 2012, dice Expansión. Economía anuncia, señala Cinco Días, un drástico recorte del 40 por 100 en inversión, o en El Economista: El Gobierno anuncia un recorte de la inversión pública del 40 por 100 en 2012. El capítulo del presupesto destinado a esta partida ya se redujo otro 38 por 100 en 2011...
Eso sí, una vez más, esta vez el presidente, el ministro De Guindos y la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, los tres, explotaron al máximo la referencia a la herencia recibida, al error del Gobierno de Zapatero al pronosticar el déficit para 2011 y a la gestión del PSOE en la Junta de Andalucía con vistas al 25-M. No son ni mucho menos, la primeras ocasiones en las que el Gobierno del PP culpa de todos los males, incontables y de grandes dimensiones, a la herencia recibida del gobierno que los precedió. Fátima Báñez, Ana Mato, José Ignacio Wert, Cristóbal Montoro, el portavoz Alonso, todos ellos y varios más, en alguna ocasión, han invocado la misma insoportable “herencia recibida”, que tratan de corregir por todos los medios a su alcance. Esta vez, posiblemente fue más explícito el ministro Guindos, quien mencionó expresamente “la necesidad de compensar la falta de responsabilidad” de sus antecesores en el Ejecutivo. Rajoy, en esa misma línea, volvió a echar mano de los tres millones de puestos de trabajo destruidos en los últimos cuatro años, para responder a las críticas de Pérez Rubalcaba contra la reforma laboral.
Con toda probabilidad, de todos los datos conocidos hasta la fecha, la reducción drástica de la inversión pública resulta el más temible, por sus efectos nefastos en la actividad general de la Nación. El PSOE, a través de su portavoz en la Comisión de Infraestructuras, Rafael Simancas, auguró que “el anuncio de una caída brutal de la inversión pública tendrá efectos muy graves en el área de Fomento, que aglutina entre el 60% y el 70% del monto inversor total del Estado”. Simancas añadió que supondrá “el cierre de cientos de empresas del sector de la construcción y la pérdida de más de 150.000 empleos en este año”. Según los socialistas, va en contra de las posiciones defendidas ante la UE, y argumentadas en campaña por Rubalcaba, sobre la necesidad de buscar alternativas de inversión al recorte drástico de la inversión y el gasto público. Y contra el plan inversor que propuso la CEOE con participación pública y privada de más de 80.000 millones a cinco años para crear cerca de medio millón de puestos de trabajo.
Los severísimos presupuestos que vienen se nos van dosificando, partida a partida...
Primero fueron las correcciones y rectificaciones: Se modificará la ley del aborto, se corregirán los textos de Educación Cívica y hasta el hombre de la asignatura, se corrige el curriculum Eso-Bachillerato, se vuelven a tener distintos directores generales de la policía y la Guardia Civil, suben los impuestos básicos... Luego, o al mismo tiempo, la gran reforma laboral, que también viene a rectificar la anterior, de la etapa última del socialismo gobernante. Y los recortes sustanciales en el déficit público, el techo de gasto y los presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas, de cara a la elaboración final de los presupuestos para el presente año. La reforma laboral no es improbable que traiga consigo, como en su momento sospechó Rajoy, algún rechazo social mayor del que le hubiera gustado, y vaya usted a saber si, al mismo tiempo, traerá consigo algunos efectos benéficos en el empleo. Prácticamente cada Ministerio ha revisado los criterios de su antecesor y los ha rectificado y corregido. Si acaso, Interior y Defensa aparecen con “doctrinas” sensiblemente parecidas a las de los antecesores. Pero en otros Departamentos, la rectificación es casi total. Por ejemplo, lo que este miércoles proclamaban tanto el presidente Rajoy como ministro De Guindos, a la hora de conseguir el anunciado déficit del 5,8 por 100. Mariano Rajoy aseguraba en el pleno del Congreso que el recorte de gasto afectará a todas las partidas, salvo tres: las pensiones, las aportaciones a la Unión Europea y el pago de la deuda. Es decir, y según deduce El País, por omisión, en el recorte se incluirá el pago del desempleo, la dependencia y otros servicios básicos. Rajoy explicaba que el recorte del gasto será del 12,5% como media para todos los ministerios, teniendo en cuenta que hay departamentos en los que tiene peso la inversión y en otros en los que casi solo hay gasto corriente. Para soportar ese recorte, el jefe del Ejecutivo explicó que se elabora un plan para reducir organismos y para evitar duplicidades con respecto a las competencias del Gobierno central, las comunidades autónomas y los Ayuntamientos. El presidente aseguró que a él, como a cualquier Gobierno, le gustaría elevar el gasto un 20%, pero el déficit hace insoportable el pago de la deuda a un alto interés y, además, las Administraciones públicas copan la mayor parte del crédito de los bancos para el pago de esa deuda. Cabe recordar que el Presupuesto que hizo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para 2011 preveía una inversión de 15.001 millones de euros y suponía un recorte de un 37% sobre el del año anterior (sobre todo del Plan E). Ahora, Rajoy anuncia un 40% más de rebaja sobre esas cifras. Ese tajo tiene una clara repercusión sobre el empleo. El PSOE cifra en 150.000 empleos el coste del recorte de la inversión en sectores de construcción, con repercusión en infraestructuras clave como el Corredor del Mediterráneo o el AVE a Galicia, Castellón y Murcia. A su vez, el gasto del Gobierno central se reducirá este año en un 4,7% y la bajada del gasto en los ministerios será de media de un 12%. Rajoy no fue más preciso sobre el recorte, pero poco después, también en el pleno del Congreso de este miércoles, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aportó el dato de que la inversión pública tendrá una rebaja del 40% en 2012. Es decir, si la inversión pública en los Presupuestos del año pasado ascendió a 15.000 millones, un recorte del 40% supondría 6.000 millones y muchas obras menos. Economía matizó luego que no se refería solo a los Prepuestos que está cerrando el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sino al dato de inversión pública global que dará el Instituto Nacional de Estadística (INE) en abril. Los diarios destacan estos datos del día: Economía prepara un recorte del 40 por 100 en la inversión pública para 2012, dice El Mundo. Titula El País: El Gobierno se prepara para un tajo brutal del 40 por 100 de la inversión pública. La inversión pública, relata ASBC, se reducirá un 40 por 100 este año,según Economía. O en los diarios de economía: Guindos anuncia un desplome del 40 por 100 de la inversión pública en 2012, dice Expansión. Economía anuncia, señala Cinco Días, un drástico recorte del 40 por 100 en inversión, o en El Economista: El Gobierno anuncia un recorte de la inversión pública del 40 por 100 en 2012. El capítulo del presupesto destinado a esta partida ya se redujo otro 38 por 100 en 2011...
Eso sí, una vez más, esta vez el presidente, el ministro De Guindos y la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, los tres, explotaron al máximo la referencia a la herencia recibida, al error del Gobierno de Zapatero al pronosticar el déficit para 2011 y a la gestión del PSOE en la Junta de Andalucía con vistas al 25-M. No son ni mucho menos, la primeras ocasiones en las que el Gobierno del PP culpa de todos los males, incontables y de grandes dimensiones, a la herencia recibida del gobierno que los precedió. Fátima Báñez, Ana Mato, José Ignacio Wert, Cristóbal Montoro, el portavoz Alonso, todos ellos y varios más, en alguna ocasión, han invocado la misma insoportable “herencia recibida”, que tratan de corregir por todos los medios a su alcance. Esta vez, posiblemente fue más explícito el ministro Guindos, quien mencionó expresamente “la necesidad de compensar la falta de responsabilidad” de sus antecesores en el Ejecutivo. Rajoy, en esa misma línea, volvió a echar mano de los tres millones de puestos de trabajo destruidos en los últimos cuatro años, para responder a las críticas de Pérez Rubalcaba contra la reforma laboral.
Con toda probabilidad, de todos los datos conocidos hasta la fecha, la reducción drástica de la inversión pública resulta el más temible, por sus efectos nefastos en la actividad general de la Nación. El PSOE, a través de su portavoz en la Comisión de Infraestructuras, Rafael Simancas, auguró que “el anuncio de una caída brutal de la inversión pública tendrá efectos muy graves en el área de Fomento, que aglutina entre el 60% y el 70% del monto inversor total del Estado”. Simancas añadió que supondrá “el cierre de cientos de empresas del sector de la construcción y la pérdida de más de 150.000 empleos en este año”. Según los socialistas, va en contra de las posiciones defendidas ante la UE, y argumentadas en campaña por Rubalcaba, sobre la necesidad de buscar alternativas de inversión al recorte drástico de la inversión y el gasto público. Y contra el plan inversor que propuso la CEOE con participación pública y privada de más de 80.000 millones a cinco años para crear cerca de medio millón de puestos de trabajo.
Los severísimos presupuestos que vienen se nos van dosificando, partida a partida...
miércoles, 7 de marzo de 2012
ANDALUCÍA, EL MALO DE LA PELÍCULA DEL AJUSTE EN LAS CCAA
Unanimidad de los gobiernos del PP y disensiones de Cataluña y Andalucía en el déficit autonómico
La decisiva reunión del Consejo de Política fiscal y Financiera desarrollado en la tarde de este martes se resume con facilidad: Rajoy impone su poder a las Comunidades Autónomas, Cataluña se resiste y discrepa, y Andalucía se niega, y resulta ser “el malo de la película”. “Todos estamos de acuerdo, menos uno”, apuntó ácidamente Montoro, señalando “la perversión andaluza” por razones de campaña electoral. Son las deducciones inmediatas de la referida reunión de los consejeros de las diecisiete Comunidades Autónomas en torno a Montoro y Beteta. Los titulares de los periódicos relatan en grandes caracteres lo sucedido, que en buena medida era lo previsible: Rajoy impone recortes máximos a las autonomías, pese a Mas y Griñán, cuenta El País y que 13 de las 17 autonomías apoyan la reducción del déficit al 1,5 por 100. Cataluña y Andalucía mantienen sus reparos al reparto del ajuste. Según El Mundo, el Gobierno se niega a flexibilizar el objetivo de déficit pero facilitará a las CCAA instrumentos legales para que cumplan. Las CCAA del PP asumen el ajuste, Andalucía vota en contra y Cataluña y Canarias se abstienen. Cataluña se distancia del déficit que imponer Rajoy, dice La Vanguardia. Las autonomías cargarán con el grueso del recorte, se queja El Periódico de Cataluña, que señala que el PP vota en bloque en el CPFF. También emplea el mismo término: Rajoy “impone” el 1,5 por 100 de déficit, con el voto en contra andaluz y la abstención catalana. Mas acusa a Rajoy de dar un paso atrás en lugar de ser un ejemplo de austeridad. Señala La Razón que Andalucía es la única autonomía que rechaza reducir el déficit al 1,5 por 100. “Viva el despilfarro”, dice el gran titular de este diario, el más afín al Gobierno y a la severa intervención de Montoro contra la autonomía andaluza. Y en otro titular no menos “agresivo”: Andalucía se queda sola y rechaza apretarse el cinturón. Griñán: 35.000 mó9viles y millones para los sindicatos. ¿Se puede ser peor? También ABC: Sólo Andalucía rechaza el nuevo recorte autonómico, dice tras señalar el “cierre de filas” del PP frente al déficit. El Gobierno logra el apoyo mayoritario para aligerar el 15.000 millones el déficit regional. O e La Gaceta: Sólo Andalucía se niega a cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por 100...
Sobre esta “asignatura autonómica pendiente” es sabido que hay ciudadanos que lo tienen claro: muchos problemas españoles, económicos y de otra especie, se resolverían si se anularan, por real decreto, las autonomías. El Estado autonómico les parece el gran error de nuestro tiempo, y todo lo que se haga por corregirlo será positivo. Muchos otros ciudadanos, a la vista de la serie larga de escándalos nacidos y desarrollados en los Gobiernos regionales, abundan en parecidas teorías: Las Comunidades se han desmadrado, son un caos necesitado de alguien que lo organice y lo haga funcionar con criterios de racionalidad. La ultima demostración han venido a ser los datos del déficit de 2011, que las CCAA han “descuadrado” , situando al Gobierno de España en una situación delicada de muy escasa credibilidad. Zapatero-Salgado se habían comprometido en el objetivo del seis por ciento, el nuevo Gobierno de Rajoy-Montoro-Guindos sostuvo en un primer momento que sería el 8 por 100, y finalmente, amplió la cifra al 8,5... En Bruselas aún no terminan de fiarse. Y en España, se ha buscado culpable a tales desafueros y contradicciones, y se han hallado en unos cuantos gobiernos autonómicos que “se pasaron varios pueblos” en el gasto o en sus deudas. De manera que se hace imprescindible volver al orden, y hacer borrón y cuentas nuevas a partir de los datos de 2012. ¿Resultará fácil? No pocos pensamos que si se eliminan las ocurrencias costosas -como los donativos a Urdangarín, las obras inútiles, las televisiones “de partido”-, los dineros de las CCAA deben llegar para lo que es esencial en sus obligaciones. Atender los gastos sanitarios, educativos, de la dependencia, y poco más. En adelante, ya han escuchado los consejeros autonómicos que no habrá la flexibilidad de ejercicios anteriores, ni excepciones para quienes incluso tenían el atrevimiento de advertir que se iban a pasar unas décimas, y duplicaban o triplicaban el tope permitido de gasto. Además de Rajoy y de Montodo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha advertido a las comunidades autónomas de que ya no hay ninguna flexibilidad en los objetivos de déficit público de este año. Beteta recordó que ya se comprometieron al tope de gasto del 1,3% en 2011, y lo saltaron casi todas. Y para 2012, las comunidades deberán tener un déficit del 1,5%. Y punto. Sin excusa ni pretexto.
¿Qué hay que cuadrar, para que salgan bien esas cifras? Pues, como en cualquier empresa, que se ajusten los ingresos y los gastos. Empecemos por su número de funcionarios: Mientras el Estado ha reducido el 22% su personal, las comunidades lo han aumentado un 44% y las corporaciones locales un 39%. Mal punto de partida es ése. O la imaginativa creación de más y más empresas públicas autonómicas, hasta más de quinientas, en la mayor parte de los casos, para hacer ocultación de gastos “no presentables” ni justificables... En ese mismo capítulo se hace imprescindible proceder al recorte, ojalá eliminación, de unas cuantas televisiones autonómicas, en particular las más caras: Tv3 catalana, el Nou valenciano, la TV andaluza, la TeleAguirre madrileña, y así sucesivamente, sin olvidarse de las teóricamente menores, pero también costosas y “ad honorem”del líder de turno. El mismo secretario de Estado Beteta ha subrayado que el Gobierno aprobará un préstamo sindicado de 35.000 millones de euros destinado a comunidades y ayuntamientos, con el fin de que puedan pagar a proveedores. Recordó, también, que el Gobierno ha ampliado a diez años el plazo de devolución de los ingresos de más que recibieron las comunidades. Sin pasar por alto que las comunidades se beneficiarán de la subida del IRPF. Y a quien compara lo que tiene que recortar el Estado autonómico o el Estado central, Beteta explica que el Estado “ya ha dado muchos pasos, ahora les toca a las comunidades dar los siguientes". También Beteta ha recordado que las autonomías y los ayuntamientos deberán presentar un plan de ajuste antes del 31 de marzo y que en 30 días Hacienda analizará los 8.300 planes (de los Gobiernos autonómicos y municipales), para ver si se atienen a los parámetros establecidos y con el objetivo de que se empiece a pagar deudas atrasadas en mayo. Se señala hoy en El Economista que Ayuntamientos y Autonomías crearon 590.000 empleos públicos en diez años, y dice Cinco Días que Beteta urge a las regiones a reducir unas plantillas sobredimensionadas. Nadie duda de que también las administraciones públicas se enfrentan a uno de sus mayores retos por causa de la caída generalizada de los ingresos y el sostenimiento del estado de bienestar. Que hayan dejado de construirse viviendas ha sido un hachazo a muchos ingresos locales. Pero eso no quita para admitir que las administraciones públicas están sobredimensionadas por un razón del amplio período de bonanza con una concepción de la administración basada en ofertas de puestos que no se justificaban con la necesidad de los servicios.
Es evidente que, en la nueva fase, las Comunidades autonómicas no se van a volver a desmandar ni a ir por libre. Rajoy, Montoro y Beteta lo impedirán.
La decisiva reunión del Consejo de Política fiscal y Financiera desarrollado en la tarde de este martes se resume con facilidad: Rajoy impone su poder a las Comunidades Autónomas, Cataluña se resiste y discrepa, y Andalucía se niega, y resulta ser “el malo de la película”. “Todos estamos de acuerdo, menos uno”, apuntó ácidamente Montoro, señalando “la perversión andaluza” por razones de campaña electoral. Son las deducciones inmediatas de la referida reunión de los consejeros de las diecisiete Comunidades Autónomas en torno a Montoro y Beteta. Los titulares de los periódicos relatan en grandes caracteres lo sucedido, que en buena medida era lo previsible: Rajoy impone recortes máximos a las autonomías, pese a Mas y Griñán, cuenta El País y que 13 de las 17 autonomías apoyan la reducción del déficit al 1,5 por 100. Cataluña y Andalucía mantienen sus reparos al reparto del ajuste. Según El Mundo, el Gobierno se niega a flexibilizar el objetivo de déficit pero facilitará a las CCAA instrumentos legales para que cumplan. Las CCAA del PP asumen el ajuste, Andalucía vota en contra y Cataluña y Canarias se abstienen. Cataluña se distancia del déficit que imponer Rajoy, dice La Vanguardia. Las autonomías cargarán con el grueso del recorte, se queja El Periódico de Cataluña, que señala que el PP vota en bloque en el CPFF. También emplea el mismo término: Rajoy “impone” el 1,5 por 100 de déficit, con el voto en contra andaluz y la abstención catalana. Mas acusa a Rajoy de dar un paso atrás en lugar de ser un ejemplo de austeridad. Señala La Razón que Andalucía es la única autonomía que rechaza reducir el déficit al 1,5 por 100. “Viva el despilfarro”, dice el gran titular de este diario, el más afín al Gobierno y a la severa intervención de Montoro contra la autonomía andaluza. Y en otro titular no menos “agresivo”: Andalucía se queda sola y rechaza apretarse el cinturón. Griñán: 35.000 mó9viles y millones para los sindicatos. ¿Se puede ser peor? También ABC: Sólo Andalucía rechaza el nuevo recorte autonómico, dice tras señalar el “cierre de filas” del PP frente al déficit. El Gobierno logra el apoyo mayoritario para aligerar el 15.000 millones el déficit regional. O e La Gaceta: Sólo Andalucía se niega a cumplir el objetivo de déficit del 1,5 por 100...
Sobre esta “asignatura autonómica pendiente” es sabido que hay ciudadanos que lo tienen claro: muchos problemas españoles, económicos y de otra especie, se resolverían si se anularan, por real decreto, las autonomías. El Estado autonómico les parece el gran error de nuestro tiempo, y todo lo que se haga por corregirlo será positivo. Muchos otros ciudadanos, a la vista de la serie larga de escándalos nacidos y desarrollados en los Gobiernos regionales, abundan en parecidas teorías: Las Comunidades se han desmadrado, son un caos necesitado de alguien que lo organice y lo haga funcionar con criterios de racionalidad. La ultima demostración han venido a ser los datos del déficit de 2011, que las CCAA han “descuadrado” , situando al Gobierno de España en una situación delicada de muy escasa credibilidad. Zapatero-Salgado se habían comprometido en el objetivo del seis por ciento, el nuevo Gobierno de Rajoy-Montoro-Guindos sostuvo en un primer momento que sería el 8 por 100, y finalmente, amplió la cifra al 8,5... En Bruselas aún no terminan de fiarse. Y en España, se ha buscado culpable a tales desafueros y contradicciones, y se han hallado en unos cuantos gobiernos autonómicos que “se pasaron varios pueblos” en el gasto o en sus deudas. De manera que se hace imprescindible volver al orden, y hacer borrón y cuentas nuevas a partir de los datos de 2012. ¿Resultará fácil? No pocos pensamos que si se eliminan las ocurrencias costosas -como los donativos a Urdangarín, las obras inútiles, las televisiones “de partido”-, los dineros de las CCAA deben llegar para lo que es esencial en sus obligaciones. Atender los gastos sanitarios, educativos, de la dependencia, y poco más. En adelante, ya han escuchado los consejeros autonómicos que no habrá la flexibilidad de ejercicios anteriores, ni excepciones para quienes incluso tenían el atrevimiento de advertir que se iban a pasar unas décimas, y duplicaban o triplicaban el tope permitido de gasto. Además de Rajoy y de Montodo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha advertido a las comunidades autónomas de que ya no hay ninguna flexibilidad en los objetivos de déficit público de este año. Beteta recordó que ya se comprometieron al tope de gasto del 1,3% en 2011, y lo saltaron casi todas. Y para 2012, las comunidades deberán tener un déficit del 1,5%. Y punto. Sin excusa ni pretexto.
¿Qué hay que cuadrar, para que salgan bien esas cifras? Pues, como en cualquier empresa, que se ajusten los ingresos y los gastos. Empecemos por su número de funcionarios: Mientras el Estado ha reducido el 22% su personal, las comunidades lo han aumentado un 44% y las corporaciones locales un 39%. Mal punto de partida es ése. O la imaginativa creación de más y más empresas públicas autonómicas, hasta más de quinientas, en la mayor parte de los casos, para hacer ocultación de gastos “no presentables” ni justificables... En ese mismo capítulo se hace imprescindible proceder al recorte, ojalá eliminación, de unas cuantas televisiones autonómicas, en particular las más caras: Tv3 catalana, el Nou valenciano, la TV andaluza, la TeleAguirre madrileña, y así sucesivamente, sin olvidarse de las teóricamente menores, pero también costosas y “ad honorem”del líder de turno. El mismo secretario de Estado Beteta ha subrayado que el Gobierno aprobará un préstamo sindicado de 35.000 millones de euros destinado a comunidades y ayuntamientos, con el fin de que puedan pagar a proveedores. Recordó, también, que el Gobierno ha ampliado a diez años el plazo de devolución de los ingresos de más que recibieron las comunidades. Sin pasar por alto que las comunidades se beneficiarán de la subida del IRPF. Y a quien compara lo que tiene que recortar el Estado autonómico o el Estado central, Beteta explica que el Estado “ya ha dado muchos pasos, ahora les toca a las comunidades dar los siguientes". También Beteta ha recordado que las autonomías y los ayuntamientos deberán presentar un plan de ajuste antes del 31 de marzo y que en 30 días Hacienda analizará los 8.300 planes (de los Gobiernos autonómicos y municipales), para ver si se atienen a los parámetros establecidos y con el objetivo de que se empiece a pagar deudas atrasadas en mayo. Se señala hoy en El Economista que Ayuntamientos y Autonomías crearon 590.000 empleos públicos en diez años, y dice Cinco Días que Beteta urge a las regiones a reducir unas plantillas sobredimensionadas. Nadie duda de que también las administraciones públicas se enfrentan a uno de sus mayores retos por causa de la caída generalizada de los ingresos y el sostenimiento del estado de bienestar. Que hayan dejado de construirse viviendas ha sido un hachazo a muchos ingresos locales. Pero eso no quita para admitir que las administraciones públicas están sobredimensionadas por un razón del amplio período de bonanza con una concepción de la administración basada en ofertas de puestos que no se justificaban con la necesidad de los servicios.
Es evidente que, en la nueva fase, las Comunidades autonómicas no se van a volver a desmandar ni a ir por libre. Rajoy, Montoro y Beteta lo impedirán.
martes, 6 de marzo de 2012
RAJOY Y MONTORO ADVIERTEN QUE SERÁN INFLEXIBLES
El inflexible recorte de gastos de las Comunidades Autónomas
Tras conocerse el pasado viernes tanto el déficit que el Gobierno se ha propuesto reducir hasta el 5,8 por 100 este año, como también el techo del gasto para Gobierno central ,los gobiernos regionales, los municipales y la Seguridad Sopcial -es decir, todos los componentes del PIB nacional-, hoy corresponde el turno, encargado a Cristóbal Montoro, de terminar de convencer a los consejeros de Economía y Finanzas de las Comunidades Autónomas, si aún no lo estuvieran totalmente, de ceñirse a esa elevación máxima de punto y medio, y ni una décima más, del gasto. En vísperas de esa reunión trascendente que esta tarde mantendrá el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montoro y Rajoy han empleado el mismo calificativo: serán inflexibles en exigir ese cumplimiento estricto. Lo hacen desde el recuerdo de que, hace sólo un par de semanas, se hizo público el “descontrol autonómico” que había destrozado la previsión del seis por ciento comprometido para todo 2011, elevándolo hasta el 8,5 por 100. Rajoy, Montoro y De Guindos no quieren que se produzca ese mismo desmadre, que podría resultar muy caro, sobre todo, a la reputación de quien falle esta vez: el Estado o la Autonomía correspondiente. Para ceñirse a ese punto y medio porcentual, las Comunidades Autónomas deberán recortar sus gastos, en relación a lo gastado el pasado año, en nada menos que quince mil millones de euros. Y en ese punto hemos presenciado ya algunas “rebeliones”: las más clamorosas y abiertas son las que han protagonizado Andalucía y Cataluña, en manos de presidentes ajenos al PP. Los presidente autonómicos restantes, que son casi todos del PP, salvo Euskadi, Canarias y Asturias, pueden tener reservas mentales, pero, como ya advertía este lunes el propio ministro Montoro, no tendrán la ocurrencia, siquiera, de hacer públicas esas complicaciones que, inevitablemente, comprobarán al hacer un recorte tan sustancial. Sería, ha advertido, un flaco favor a su reputación... O sea, pasarían a engrosar el cuadro de deshonor autonómico, que en el último año habían mantenido Castilla la Mancha, y Extremadura, por haber batido todos los excesos en el gasto.
¿Cómo lograr esos recortes, cuya severidad, sobre todo comparada con la indulgencia que el Gobierno central tiene consigo mismo, repugnan a los territorios ajenos al “mapa azul” del PP? Porque se trata de no superar ese 1,5 por 100... mientras se mantienen los compromisos, por lo menos, en las asignaturas principales que tienen a su cargo las Comunidades: las atenciones sanitarias, la educación, y los servicios sociales, o dependencia. En esas materias no cabe la relajación, por lo que deberán buscarse otras vías y otros cauces para aliviar gastos. Por ejemplo, la supresión de empresas públicas superfluas, la supresión de servicios que estén repetidos en la Administración central, y sobre todo, la paralización de obras y proyectos del tipo de los que han escandalizado al país en los últimos años, y que han florecido, particularmente, en la Comunidad Valenciana. Desde la Terra Mítica de Zaplana, hasta los asombrosos “donativos” de las Comunidades valenciana y balear a Urdangarín, pasando el patrocinio de “operaciones” publicitarias como la Fórmula 1, la Copa América, o los edificios de Calatrava, a cargo del Gobierno valenciano de Camps, patria también de los casos Gurtel y Brugal, la construcción de “aeropuertos sin aviones”, uno en Castellón y otro en la Mancha, la enloquecida Ciudad de la Cultura de Gaiás, iniciada por Fraga y continuada por sus dos sucesores en la presidencia gallega, y con unos costes que ya... ni se sabe por dónde van. Tal vez más de 500 millones de euros. La ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que finalmente parece que afrontará ahora de nuevo, tras el gasto espectacular anterior, en un formato de “low coste”, el no menos caro y pretencioso edificio Niemeyer, que Cascos ha dado por concluido en Avilés, los EREs andaluces, las embajadas catalanas (y de otras regiones) por el mundo, la megalomaníaca Calle-30 que Gallardón dejó en herencia a los madrileños, las autovías autonómicas que Ibarra construyó en Extremadura, las carísimas televisiones autonómicas valenciana, andaluza, catalana, madrileña. Y así sucesivamente. Una serie interminable de “chocolates del loro” que han arrojado por el inodoro muchísimos millones conseguidos de los impuestos de los ciudadanos contribuyentes.
Todo eso tiene que acabar de manera radical, inflexible. Y para que no les falte el dinero imprescindible, las Comunidades recurrirán al céntimo sanitario de la gasolina, o al copago en las farmacias o en las urgencias sanitarias. Y, sin duda, el hecho de que Mariano Rajoy se esté comprometiendo personalmente en la consecución de esos recortes, ayudará de manera sustancial a su cumplimiento. Los consejeros autonómicos aclararán conceptos con Montoro, pero no se atreverán a replicarle sobre el exigente objetivo a alcanzar. “A ninguna comunidad o ayuntamiento le conviene pedir que le flexibilicen el déficit”, ha advertido don Cristóbal.
Tras conocerse el pasado viernes tanto el déficit que el Gobierno se ha propuesto reducir hasta el 5,8 por 100 este año, como también el techo del gasto para Gobierno central ,los gobiernos regionales, los municipales y la Seguridad Sopcial -es decir, todos los componentes del PIB nacional-, hoy corresponde el turno, encargado a Cristóbal Montoro, de terminar de convencer a los consejeros de Economía y Finanzas de las Comunidades Autónomas, si aún no lo estuvieran totalmente, de ceñirse a esa elevación máxima de punto y medio, y ni una décima más, del gasto. En vísperas de esa reunión trascendente que esta tarde mantendrá el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montoro y Rajoy han empleado el mismo calificativo: serán inflexibles en exigir ese cumplimiento estricto. Lo hacen desde el recuerdo de que, hace sólo un par de semanas, se hizo público el “descontrol autonómico” que había destrozado la previsión del seis por ciento comprometido para todo 2011, elevándolo hasta el 8,5 por 100. Rajoy, Montoro y De Guindos no quieren que se produzca ese mismo desmadre, que podría resultar muy caro, sobre todo, a la reputación de quien falle esta vez: el Estado o la Autonomía correspondiente. Para ceñirse a ese punto y medio porcentual, las Comunidades Autónomas deberán recortar sus gastos, en relación a lo gastado el pasado año, en nada menos que quince mil millones de euros. Y en ese punto hemos presenciado ya algunas “rebeliones”: las más clamorosas y abiertas son las que han protagonizado Andalucía y Cataluña, en manos de presidentes ajenos al PP. Los presidente autonómicos restantes, que son casi todos del PP, salvo Euskadi, Canarias y Asturias, pueden tener reservas mentales, pero, como ya advertía este lunes el propio ministro Montoro, no tendrán la ocurrencia, siquiera, de hacer públicas esas complicaciones que, inevitablemente, comprobarán al hacer un recorte tan sustancial. Sería, ha advertido, un flaco favor a su reputación... O sea, pasarían a engrosar el cuadro de deshonor autonómico, que en el último año habían mantenido Castilla la Mancha, y Extremadura, por haber batido todos los excesos en el gasto.
¿Cómo lograr esos recortes, cuya severidad, sobre todo comparada con la indulgencia que el Gobierno central tiene consigo mismo, repugnan a los territorios ajenos al “mapa azul” del PP? Porque se trata de no superar ese 1,5 por 100... mientras se mantienen los compromisos, por lo menos, en las asignaturas principales que tienen a su cargo las Comunidades: las atenciones sanitarias, la educación, y los servicios sociales, o dependencia. En esas materias no cabe la relajación, por lo que deberán buscarse otras vías y otros cauces para aliviar gastos. Por ejemplo, la supresión de empresas públicas superfluas, la supresión de servicios que estén repetidos en la Administración central, y sobre todo, la paralización de obras y proyectos del tipo de los que han escandalizado al país en los últimos años, y que han florecido, particularmente, en la Comunidad Valenciana. Desde la Terra Mítica de Zaplana, hasta los asombrosos “donativos” de las Comunidades valenciana y balear a Urdangarín, pasando el patrocinio de “operaciones” publicitarias como la Fórmula 1, la Copa América, o los edificios de Calatrava, a cargo del Gobierno valenciano de Camps, patria también de los casos Gurtel y Brugal, la construcción de “aeropuertos sin aviones”, uno en Castellón y otro en la Mancha, la enloquecida Ciudad de la Cultura de Gaiás, iniciada por Fraga y continuada por sus dos sucesores en la presidencia gallega, y con unos costes que ya... ni se sabe por dónde van. Tal vez más de 500 millones de euros. La ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, que finalmente parece que afrontará ahora de nuevo, tras el gasto espectacular anterior, en un formato de “low coste”, el no menos caro y pretencioso edificio Niemeyer, que Cascos ha dado por concluido en Avilés, los EREs andaluces, las embajadas catalanas (y de otras regiones) por el mundo, la megalomaníaca Calle-30 que Gallardón dejó en herencia a los madrileños, las autovías autonómicas que Ibarra construyó en Extremadura, las carísimas televisiones autonómicas valenciana, andaluza, catalana, madrileña. Y así sucesivamente. Una serie interminable de “chocolates del loro” que han arrojado por el inodoro muchísimos millones conseguidos de los impuestos de los ciudadanos contribuyentes.
Todo eso tiene que acabar de manera radical, inflexible. Y para que no les falte el dinero imprescindible, las Comunidades recurrirán al céntimo sanitario de la gasolina, o al copago en las farmacias o en las urgencias sanitarias. Y, sin duda, el hecho de que Mariano Rajoy se esté comprometiendo personalmente en la consecución de esos recortes, ayudará de manera sustancial a su cumplimiento. Los consejeros autonómicos aclararán conceptos con Montoro, pero no se atreverán a replicarle sobre el exigente objetivo a alcanzar. “A ninguna comunidad o ayuntamiento le conviene pedir que le flexibilicen el déficit”, ha advertido don Cristóbal.
lunes, 5 de marzo de 2012
LA CAMPAÑA COMIENZA EL JUEVES Y EL PP CONFÍA EN TERMINAR SU VICTORIA TOTAL
Griñán y Cascos, en el primer punto de mira
Si tenemos en cuenta las encuestas que se vienen publicando sobre las elecciones del próximo día 25, ya hay dos muy probables derrotados, en esas urnas que se dispondrán en Andalucía y en Asturias: Griñán y Alvarez Cascos. Lo dirán los correspondientes votantes, pero, de momento, eso es lo que anticipan las encuestas electorales, cuando apenas se ha iniciado el tiempo propio de la campaña electoral, aunque,en el caso andaluz, el “combate” contra el actual presidente se viene produciendo desde hace muchos meses, incluso años. Javier Arenas trata de sacarse, finalmente, la espina que padece desde hace muchos años. En el caso asturiano, las elecciones se van a repetir sólo diez meses después de las autonómicas del pasado mayo, que dejaron al exsecretario general del PP y exministro de Fomento Alvarez Cascos en la jefatura del gobierno asturiano, pero con una mayoría muy precaria, que no resistió la primera gran prueba: el debate y aprobación de los presupuestos. Las encuestas anticipan que Cascos ha podido ser, en Asturias, “flor de un día”, o de trescientos días, pero en todo caso, planta delicada y fragilísima. Parece bastante probable que quien fue “dama de confianza” de Cascos, en el PP asturiano, Mercedes Fernández, le suceda en la presidencia de la Comunidad. Dice a ABC la candidata que percibe entre los asturianos mucho retorno de voto al PP, como sucedió en als elecciones generales. Y que su único partido ha sido y es el PP, “lo tengo que decir muy claro”.
Pero es evidente que, en igualdad de condiciones, interesa y preocupa mucho más lo que suceda en Andalucía, e incluso lo que viene produciéndose desde hace muchos meses. Aunque la campaña electoral propiamente dicha no comienza hasta la semana que viene, este fin de semana ya se desarrollaron mítines protagonizados por los correspondientes líderes de las dos grandes formaciones. Rajoy y Rubalcaba han comenzado a “calentar el duelo” de esta campaña intensa. Pero los mítines son “poca cosa”. Una semana tras otra, contra la candidatura de Griñán se han empleado toda suerte de documentos y de informes sobre presuntas corrupciones que la junta gobernante habría ocultado, y acaso consentido, en sus filas o en sus alrededores. Griñán ha contado con el apoyo permanente de la prensa más conservadora, como sucede este mismo lunes. En efecto, tanto El Mundo como ABC y La Razón proporcionan hoy nuevos datos del más reciente escándalo de los ya famosos “ERE, expedientes de regulación de empleo”, con los que se viene atacando de manera implacable al Gobierno de Griñán. En esencia, prejubilaciones falsas y ayudas a empresas. Ahora, esta zona del muy repetido escándalo se llama Invercaria, una empresa de capital riesgo de la Junta andaluza en la que, según parece, se hacían informes falsos a posteriori, para justificar los préstamos y las ayudas que concedía la sociedad. Según los primeros cálculos, dice El Mundo que el fraude podría ascender a 200 millones de euros. Fotografías de la presidenta de esta sociedad, Laura Gómiz y su antecesor en el cargo, Tomás Pérez Sauquillo, aparecen publicadas en las páginas de El Mundo, dedicadas a relatar los hechos: en esencia, la existencia de informes falsos para conseguir ayudas públicas. ABC también señala que la presidenta de Invercaria reconoce en una grabación las irregularidades de la empresa pública e implica al Gobierno andaluz. Repartía dinero con informes falsos y sin control. Reproduce ABC “las frases del fraude”, en las que Laura Gómiz relata que sus superiores ya conocen los informes falsos. Dice textualmente: “Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización”. “Todos los que están por encima de mí saben qué es lo que hay en Invercaria... En La Razón se relata que la consejera delegada del ente admite que la Junta de Andalucía ha invertido 50 millones de dinero público “sin procedimiento” e implica al Gobierno de Griñán. Los tres periódicos dedican sus correspondientes editoriales al asunto: El Mundo editorializa: Andalucía, otro fraude con el dinero de todos”. En ABC, a su vez, el editorial lleva por título Nuevo escándalo en Andalucía, y reclamaque Griñén dé explicaciones sobre lo ocurrido en la empresa pública andaluza. Un escándalo que ABC califica de “trapicheo con el dinero de los andaluces”.. Y en las páginas de opinión de La Razón, un comentario titulado “el otro fondo de reptiles de Griñán. El PSOE inicia la campaña andaluza inmerso en la corrupción”, en el que se indica que este nuevo escándalo de corrupción para el PSOE andaluz lleega tras los mil millones de los ere, con sus copas y su socaína, los 20 del Plan Bahía Competitiva..., y ahora los 50 millones de la sociedad de capital riesgo Invercaria con sus informes prefabricados y falsos para ocultar una nueva timba en el reparto de fondos. Otra prueba, añade, del desgaste de 30 años de un sistema de gobierno que, como la carne del pavo real, ha tardado más que ningún otro en volverse cadaverina...
La campaña electoral “oficial” da comienzo este próximo jueves. Pero Arenas ya menciona en cada uno de sus mítines los errores que no debe repetir: un paro récord, un fracaso escolar también asombroso, y unos ERE repugnantes...
Si tenemos en cuenta las encuestas que se vienen publicando sobre las elecciones del próximo día 25, ya hay dos muy probables derrotados, en esas urnas que se dispondrán en Andalucía y en Asturias: Griñán y Alvarez Cascos. Lo dirán los correspondientes votantes, pero, de momento, eso es lo que anticipan las encuestas electorales, cuando apenas se ha iniciado el tiempo propio de la campaña electoral, aunque,en el caso andaluz, el “combate” contra el actual presidente se viene produciendo desde hace muchos meses, incluso años. Javier Arenas trata de sacarse, finalmente, la espina que padece desde hace muchos años. En el caso asturiano, las elecciones se van a repetir sólo diez meses después de las autonómicas del pasado mayo, que dejaron al exsecretario general del PP y exministro de Fomento Alvarez Cascos en la jefatura del gobierno asturiano, pero con una mayoría muy precaria, que no resistió la primera gran prueba: el debate y aprobación de los presupuestos. Las encuestas anticipan que Cascos ha podido ser, en Asturias, “flor de un día”, o de trescientos días, pero en todo caso, planta delicada y fragilísima. Parece bastante probable que quien fue “dama de confianza” de Cascos, en el PP asturiano, Mercedes Fernández, le suceda en la presidencia de la Comunidad. Dice a ABC la candidata que percibe entre los asturianos mucho retorno de voto al PP, como sucedió en als elecciones generales. Y que su único partido ha sido y es el PP, “lo tengo que decir muy claro”.
Pero es evidente que, en igualdad de condiciones, interesa y preocupa mucho más lo que suceda en Andalucía, e incluso lo que viene produciéndose desde hace muchos meses. Aunque la campaña electoral propiamente dicha no comienza hasta la semana que viene, este fin de semana ya se desarrollaron mítines protagonizados por los correspondientes líderes de las dos grandes formaciones. Rajoy y Rubalcaba han comenzado a “calentar el duelo” de esta campaña intensa. Pero los mítines son “poca cosa”. Una semana tras otra, contra la candidatura de Griñán se han empleado toda suerte de documentos y de informes sobre presuntas corrupciones que la junta gobernante habría ocultado, y acaso consentido, en sus filas o en sus alrededores. Griñán ha contado con el apoyo permanente de la prensa más conservadora, como sucede este mismo lunes. En efecto, tanto El Mundo como ABC y La Razón proporcionan hoy nuevos datos del más reciente escándalo de los ya famosos “ERE, expedientes de regulación de empleo”, con los que se viene atacando de manera implacable al Gobierno de Griñán. En esencia, prejubilaciones falsas y ayudas a empresas. Ahora, esta zona del muy repetido escándalo se llama Invercaria, una empresa de capital riesgo de la Junta andaluza en la que, según parece, se hacían informes falsos a posteriori, para justificar los préstamos y las ayudas que concedía la sociedad. Según los primeros cálculos, dice El Mundo que el fraude podría ascender a 200 millones de euros. Fotografías de la presidenta de esta sociedad, Laura Gómiz y su antecesor en el cargo, Tomás Pérez Sauquillo, aparecen publicadas en las páginas de El Mundo, dedicadas a relatar los hechos: en esencia, la existencia de informes falsos para conseguir ayudas públicas. ABC también señala que la presidenta de Invercaria reconoce en una grabación las irregularidades de la empresa pública e implica al Gobierno andaluz. Repartía dinero con informes falsos y sin control. Reproduce ABC “las frases del fraude”, en las que Laura Gómiz relata que sus superiores ya conocen los informes falsos. Dice textualmente: “Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización”. “Todos los que están por encima de mí saben qué es lo que hay en Invercaria... En La Razón se relata que la consejera delegada del ente admite que la Junta de Andalucía ha invertido 50 millones de dinero público “sin procedimiento” e implica al Gobierno de Griñán. Los tres periódicos dedican sus correspondientes editoriales al asunto: El Mundo editorializa: Andalucía, otro fraude con el dinero de todos”. En ABC, a su vez, el editorial lleva por título Nuevo escándalo en Andalucía, y reclamaque Griñén dé explicaciones sobre lo ocurrido en la empresa pública andaluza. Un escándalo que ABC califica de “trapicheo con el dinero de los andaluces”.. Y en las páginas de opinión de La Razón, un comentario titulado “el otro fondo de reptiles de Griñán. El PSOE inicia la campaña andaluza inmerso en la corrupción”, en el que se indica que este nuevo escándalo de corrupción para el PSOE andaluz lleega tras los mil millones de los ere, con sus copas y su socaína, los 20 del Plan Bahía Competitiva..., y ahora los 50 millones de la sociedad de capital riesgo Invercaria con sus informes prefabricados y falsos para ocultar una nueva timba en el reparto de fondos. Otra prueba, añade, del desgaste de 30 años de un sistema de gobierno que, como la carne del pavo real, ha tardado más que ningún otro en volverse cadaverina...
La campaña electoral “oficial” da comienzo este próximo jueves. Pero Arenas ya menciona en cada uno de sus mítines los errores que no debe repetir: un paro récord, un fracaso escolar también asombroso, y unos ERE repugnantes...
domingo, 4 de marzo de 2012
HUBO ALGO DE FARSA EN LA NEGOCIACIÓN DEL DÉFICIT
Rajoy tenía pactado con la UE el déficit del 5,8 por 100 para 2012
Contrariamente a lo que pudo parecer, e incluso a la versión que Rajoy parece que pretendió ofrecer a los periodistas españoles, el jefe del Gobierno español no desafió a Bruselas al establecer el déficit para este año en el 5,8% del PIB en lugar del 4,4% al que, en principio, se había comprometido el Gobierno español. Tanto el presidente del Gobierno como su ministro de Economía, Luis de Guindos, según se cuenta en El Mundo de este domingo, informaron a la Comisión Europea, al Consejo y al Eurogrupo de las líneas maestras del ajuste. Según esta crónica, sólo un pequeño grupo de ministros conocía la cifra del objetivo de déficit con la que jugaba el Gobierno de Rajoy. De manera que, según concluye esta crónica, “el pulso entre España y las instituciones de la UE ha tenido algo de farsa…” También el diario El País coincide en esa versión, según la cual, Rajoy decidió “plantar cara a Bruselas… tras ver a Merkel”. Una crónica en la que, por cierto, se relata lo mal que le sentó a la canciller alemana la apreciación que había expuesto el ministro de Exteriores, García Margallo, de que Merkel siempre llega “15 minutos tarde a los problemas”. En aquel encuentro con la canciller, desarrollado el 26 de enero, Rajoy no llegó a pedirle margen, ni a anunciarle lo que iba a hacer. Pero entendió que ella, y otros, sólo querían de España reformas y garantías de que en 2013 llegará al 3% del déficit. Ella, además, pedía una reforma laboral muy dura, una ley de estabilidad inflexible, y que España garantizara que iba a recortar el gasto autonómico. Si les daba todo eso, pensó Rajoy, podría forzar en lo otro, el objetivo de déficit en 2012. Y eso hizo. El Gobierno español tiene la impresión de que las autoridades comunitarias, y particularmente Angela Merkel, están satisfechos con los compromisos del Gobierno español para salir de la crisis: congelación del sueldo a los funcionarios, fuerte subida del IRPF, recorte del gasto a los ministerios, exigente reforma laboral… En suma, una propuesta española creíble y suficientemente dura. Según explica El País, “el presidente y su equipo, fieles a su estilo, han escondido las cartas del 5,8%, es decir, 1,4 puntos más de lo pactado con Zapatero, hasta el final. No sólo a sus socios europeos. También a la mayoría de sus ministros. Se cerró el jueves, en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, antes de Rajoy se fuera a Bruselas. Se había pensado en un 5,5% de máximo. Eso era cuando se creía que el déficit de 2011 se iría al 8,2%. Cuando se fue al 8,5%, se le añadieron tres décimas al número previsto. La clave, señalan en La Moncloa, es una reducción de 3,5 puntos del déficit estructural. Una barbaridad en plena recesión, recuerdan, que afectará a las autonomías y al gasto social. Rajoy ocultó así sus cartas definitivas, como hace siempre, pero llevaba semanas preparando el terreno a su manera. Luis de Guindos era el principal responsable de ese trabajo, pero no el único. Medio Gobierno estaba dedicado a esa tarea. Desde Margallo hasta Íñigo Méndez Vigo, su secretario de Estado para Europa, pasando por otros ministros. Y sobre todo el equipo de confianza del líder, el que le sigue a todos los viajes: Jorge Moragas, con sus contactos internacionales, y Álvaro Nadal, jefe de la oficina económica del presidente y encargado de hablar con los alemanes, entre otras cosas porque domina el idioma. Con algunos ese trabajo funcionó, con otros, sobre todo los países nórdicos, no. Pero el Gobierno está convencido de que esa batalla en Bruselas se puede ganar, y en cualquier caso, era mucho más grave generar un destrozo enorme en España haciendo un recorte de 44.000 millones de euros… Por lo demás, cabe recordar que tanto La Razón como ABC, los dos periódicos más afines al Gobierno del PP, habían indicado que el Gobierno estaba manejando un déficit próximo al seis por ciento, y nunca el 4,4 por 100 “heredado”. ABC habló la víspera de la cumbre comunitaria del 5,9. La Razón mencionó el 5,8… De manera que mientras, en público, Rajoy insistía en que cumpliría el 4,4% y se hacía el sorprendido con las cifras de déficit de 2011, en privado ya se anunciaba a todos los socios que el déficit se iría al menos al 8,2% y que el 4,4% era inviable.
Ahora queda el trámite de los presupuestos, y el compromiso de los gobiernos autonómicos en cumplir a rajatabla “el mandamiento de Rajoy”, por duro que pueda resultar…
Contrariamente a lo que pudo parecer, e incluso a la versión que Rajoy parece que pretendió ofrecer a los periodistas españoles, el jefe del Gobierno español no desafió a Bruselas al establecer el déficit para este año en el 5,8% del PIB en lugar del 4,4% al que, en principio, se había comprometido el Gobierno español. Tanto el presidente del Gobierno como su ministro de Economía, Luis de Guindos, según se cuenta en El Mundo de este domingo, informaron a la Comisión Europea, al Consejo y al Eurogrupo de las líneas maestras del ajuste. Según esta crónica, sólo un pequeño grupo de ministros conocía la cifra del objetivo de déficit con la que jugaba el Gobierno de Rajoy. De manera que, según concluye esta crónica, “el pulso entre España y las instituciones de la UE ha tenido algo de farsa…” También el diario El País coincide en esa versión, según la cual, Rajoy decidió “plantar cara a Bruselas… tras ver a Merkel”. Una crónica en la que, por cierto, se relata lo mal que le sentó a la canciller alemana la apreciación que había expuesto el ministro de Exteriores, García Margallo, de que Merkel siempre llega “15 minutos tarde a los problemas”. En aquel encuentro con la canciller, desarrollado el 26 de enero, Rajoy no llegó a pedirle margen, ni a anunciarle lo que iba a hacer. Pero entendió que ella, y otros, sólo querían de España reformas y garantías de que en 2013 llegará al 3% del déficit. Ella, además, pedía una reforma laboral muy dura, una ley de estabilidad inflexible, y que España garantizara que iba a recortar el gasto autonómico. Si les daba todo eso, pensó Rajoy, podría forzar en lo otro, el objetivo de déficit en 2012. Y eso hizo. El Gobierno español tiene la impresión de que las autoridades comunitarias, y particularmente Angela Merkel, están satisfechos con los compromisos del Gobierno español para salir de la crisis: congelación del sueldo a los funcionarios, fuerte subida del IRPF, recorte del gasto a los ministerios, exigente reforma laboral… En suma, una propuesta española creíble y suficientemente dura. Según explica El País, “el presidente y su equipo, fieles a su estilo, han escondido las cartas del 5,8%, es decir, 1,4 puntos más de lo pactado con Zapatero, hasta el final. No sólo a sus socios europeos. También a la mayoría de sus ministros. Se cerró el jueves, en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, antes de Rajoy se fuera a Bruselas. Se había pensado en un 5,5% de máximo. Eso era cuando se creía que el déficit de 2011 se iría al 8,2%. Cuando se fue al 8,5%, se le añadieron tres décimas al número previsto. La clave, señalan en La Moncloa, es una reducción de 3,5 puntos del déficit estructural. Una barbaridad en plena recesión, recuerdan, que afectará a las autonomías y al gasto social. Rajoy ocultó así sus cartas definitivas, como hace siempre, pero llevaba semanas preparando el terreno a su manera. Luis de Guindos era el principal responsable de ese trabajo, pero no el único. Medio Gobierno estaba dedicado a esa tarea. Desde Margallo hasta Íñigo Méndez Vigo, su secretario de Estado para Europa, pasando por otros ministros. Y sobre todo el equipo de confianza del líder, el que le sigue a todos los viajes: Jorge Moragas, con sus contactos internacionales, y Álvaro Nadal, jefe de la oficina económica del presidente y encargado de hablar con los alemanes, entre otras cosas porque domina el idioma. Con algunos ese trabajo funcionó, con otros, sobre todo los países nórdicos, no. Pero el Gobierno está convencido de que esa batalla en Bruselas se puede ganar, y en cualquier caso, era mucho más grave generar un destrozo enorme en España haciendo un recorte de 44.000 millones de euros… Por lo demás, cabe recordar que tanto La Razón como ABC, los dos periódicos más afines al Gobierno del PP, habían indicado que el Gobierno estaba manejando un déficit próximo al seis por ciento, y nunca el 4,4 por 100 “heredado”. ABC habló la víspera de la cumbre comunitaria del 5,9. La Razón mencionó el 5,8… De manera que mientras, en público, Rajoy insistía en que cumpliría el 4,4% y se hacía el sorprendido con las cifras de déficit de 2011, en privado ya se anunciaba a todos los socios que el déficit se iría al menos al 8,2% y que el 4,4% era inviable.
Ahora queda el trámite de los presupuestos, y el compromiso de los gobiernos autonómicos en cumplir a rajatabla “el mandamiento de Rajoy”, por duro que pueda resultar…
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