sábado, 20 de agosto de 2011

LA IMAGEN QUE QUEDA DE LA VISITA DEL PAPA

¿HUBO MALTRATO POLICIAL A LOS LAICOS?
¿Qué recuerdo quedará, para los españoles, del viaje del Papa a España? Con certeza, habrá gran división de opiniones. No hay duda de que, para muchos creyentes, ha sido un estímulo y una satisfacción sin límites comprobar el buen clima político y el entendimiento global que se produjo entre los representantes de uno y otro Estados, el Vaticano y el Español. Otros tal vez hayan pensado que las autoridades españolas se propasaron en atenciones al ilustrísimo visitante de las que habrán dejado buena muestra las genuflexiones Esperanza Aguirre y Ana Botella, parece que en competición por inclinarse más ante el Papa. Otros ciudadanos han podido comprobar las molestias que le han podido provocar los muchísimos convocados en Madrid para la ocasión. ¿Pudo haberse preparado mejor una visita “de Estado” tan largamente esperada, de modo que no diera lugar a los incidentes registrados? En esta materia es probable que cada cual tenga formada su opinión sobre si debió aprobarse o no la manifestación de los laicos, y si la respuesta policial fue la adecuada. En todo caso, y como ha señalado este sábado el diario Público, el Gobierno y su portavoz José Blanco se vieron forzados a rectificar sus impresiones. Mientras, por la mañana, Blanco negó que la Policía hubiera desalojado con violencia excesiva a los convocados en la Puerta del Sol, por la tarde, se lanzaron varios mensajes pidiendo que se depurasen responsabilidades. Y, a las once de la noche, el Ministerio del Interior confirmó que había abierto un procedimiento denominado "información reservada", sobre el caso de un fotógrafo agredido el jueves en el centro de Madrid, para investigar si se han producido irregularidades. Dice el diario que “en la era de Internet, es difícil camuflar los abusos policiales”, y han sido varios los reportajes televisivos que han proporcionado imágenes impactantes y nada felices. A su vez, Elena Valenciano ha pedido que se "investiguen y depuren responsabilidades". Blanco, en cambio, descartó abrir una investigación: "Si hubiera algún hecho que, a juicio del Ministerio del Interior no se ha producido, que supusiese un exceso, se estudiaría y se investigaría. Pero creo que no estamos en el caso". Blanco recordó que la obligación de la Policía es que la ley se cumpla con prudencia y determinación". Esa, añadió, es la guía de conducta del Ministerio del Interior. Por su parte, la Jefatura Superior de Policía también descartó iniciar investigaciones, a menos que los agredidos presenten una denuncia formal. Y al ser preguntado por los hechos que se veían en el vídeo, un portavoz oficial aseguró que eran imágenes "descontextualizadas" que se suelen publicar o emitir tras las manifestaciones. Entre tanto, un cierto “incendio” en las redes sociales crecía sin parar, pidiendo que se adoptasen medidas contra los agentes implicados a la agresión. Y la jefa de campaña del PSOE, Elena Valenciano, utilizó su perfil de Twitter para dar un giro a la posición de los socialistas. "Los excesos policiales nunca pueden justificarse. Espero que se investiguen y se depuren responsabilidades", escribió. En la misma línea se pronunció el vicecoordinador del Comité Electoral del PSOE, Antonio Hernando, quien remarcó la necesidad de exigir responsabilidades y "evitar que vuelvan a repetirse" esas actuaciones. Poco después, Interior anunció la apertura de la "información reservada". Este es el procedimiento previo a la apertura de un expediente. Ha contado también el diario Público cómo, a pesar del revuelo generado por las actuaciones policiales, la delegada del Gobierno en Madrid, María Dolores Carrión, sigue desaparecida. Tras alegar el jueves que tenía una "agenda muy apretada", el viernes declinó de nuevo responder a ni compareció públicamente para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Por su parte, PP e IU reclamaron su dimisión, aunque por motivos diferentes. En el caso de IU, por la falta de previsión en el diseño del dispositivo de seguridad de la manifestación y por no explicar las agresiones. El PP, su vez, dirigió sus críticas a la autorización de la marcha, que considera un "error". Tanto el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, como la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, apuntaron a los laicos como causantes de todos estos incidentes. Para Cospedal, estos altercados fueron "una demostración de intolerancia sin límites y de falta de respeto a la libertad religiosa y a la libertad de expresión". Y Gallardón denunció la "agresividad" y los "signos de hostilidad" que sufrieron los peregrinos. La hostilidad hacia los laicos ha coincidido con una creciente presencia del PP en la los actos de la visita papal. El expresidente valenciano Francisco Camps, y el portavoz de Justicia de los conservadores, Federico Trillo, siguieron el vía crucis en primera fila. Y Rajoy, difundió un vídeo en el que saluda a los participantes en el evento y les pide que beban "mucha agua". En fin, el Defensor del Menor de Madrid, Arturo Canalda, anunció que ha abierto una investigación de oficio para esclarecer si durante la marcha laica se produjeron delitos de amenazas, coacciones y violencia contra los peregrinos menores de edad. Al ser preguntado si indagará también posibles agresiones a menores laicos, Canalda dejó entrever que las imágenes de las que dispone no ilustran que fuera así.
Cada cual tiene su opinión….

viernes, 19 de agosto de 2011

BLANCO ELOGIA LA ACTUACIÓN POLICIALFRENTE A LOS LAICOS

MEDIDAS PARA RECAUDAR IMPUESTOS Y REACTIVAR LA VIVIENDA
Mientras se producía la segunda jornada de estancia en Madrid del Papa Benedicto XVI, con visitas a la Zarzuela, y a San Lorenzo del Escorial, el Gobierno desarrollaba el primero de sus consejos extraordinarios de agosto, ya anunciado por el jefe del Gobierno, Rodríguez Zapatero, con dos decisiones ya anunciadas y una tercera añadida y por sorpresa. En efecto, el Gobierno aprobaba este viernes la reducción del 8% al 4% el Impuesto sobre el Valor Añadido, IVA que se aplica a la compra de vivienda nueva. Se añade a las novedades ya conocidas para rebajar el coste de los fármacos y para recaudar una parte del Impuesto sobre Sociedades. Es evidente que el Gobierno aspira a ayudarse en la consecución del objetivo de déficit anual y a mantener y reforzar la imagen de que España cumplirá los requisitos que se le reclaman desde la Comisión Europea, el FMI y la OCDE. Por ejemplo, la rebaja del IVA en la compra de vivienda nueva, estará vigente durante cuatro meses, hasta finales de año, cuando ya los partidos conocerán el reparto de escaños en los renovados Congreso y Senado. También, por tanto, los partidos, ya en campaña electoral, se juegan algo o mucho cuando decidan apoyar o no las decisiones del gobierno: el PP lo critica todo, mientras CiU anuncia que, si se votaran separadamente, apoyaría las nuevas normas sobre IVA en la vivienda y reducción del coste farmacéutico, y rechazaría la menor aportación a las compañías farmacéuticas por racionalización de los fármacos genéricos… El ministro de Fomento, José Blanco, al explicar las decisiones del Gobierno, ha admitido que la idea de reducir el IVA en la compraventa de viviendas nueva, responde a una "reivindicación del sector de la construcción". "Con la rebaja del IVA, que es una medida excepcional y coyuntural, pretendemos dar salida al stock de vivienda", se justificaba, a su vez, la ministra de Economía, Elena Salgado, quien añadió que la iniciativa se aplicará durante cuatro meses y pretende respaldar al sector de la construcción, que representa el 4% del PIB.
Salgado explicó también que, pese a la reducción de ingresos para el Estado, la medida arrojará un "impacto positivo" en la economía, facilitará el flujo de crédito y no engordará la burbuja inmobiliaria.
Sobre la reducción de los precios de fármacos, el Gobierno también ha aprobado un plan de apoyo a las farmacias rurales. El Ejecutivo quiere ahorrar 2.400 millones de euros con el decreto ley farmacéutico, que pretende mejorar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud mediante la prescripción de medicamentos por principio activo en lugar de la marca comercial y la modificación del sistema de precios de referencia de éstos. El decreto incluirá la reducción del 15% del coste de las medicinas con más de 10 años que aún no dispongan de un genérico. Blanco también explicó el alcance de la racionalización del gasto farmacéutico a través de la obligación de recetar por principio activo.
Y sobre la reforma parcial del impuesto de aquellas Sociedades que facturan más de 20 millones, dijo Blanco que “no puede discutirse la determinación del Gobierno para ampliar la zona de seguridad de nuestra economía", para justificar unas iniciativas con las que el Ejecutivo prevé ahorrar hasta 5.000 millones. En concreto, con la modificación del impuesto de Sociedades el Gobierno se busca incrementar los pagos a cuenta para las empresas que facturen más de veinte millones de euros, unas 4.000 en España, menos del 1% del total. La medida no supondrá una subida de su tributación, pero permitirá al Estado recaudar 2.500 millones adicionales, gracias al adelanto por el pago a cuenta de este impuesto. El Gobierno ha reconocido que este cambio en la norma sólo se mantendrá en vigor hasta 2013, durante el periodo de ajuste del déficit del 3%.
Hubo alguna otra decisión del Gobierno, como la aprobación de una inversión de 4 millones de euros en el parador de Lorca, y ha dado el visto bueno a un acuerdo para fomentar el uso de la facturación electrónica, que incluye la creación en 2011 de una ventanilla única de entrada de facturas electrónicas dirigidas a la Administración General del Estado. Y finalmente, la opinión del Gobierno sobre la visita del Papa, y en concreto, sobre la intervención del Papa. "El Ejecutivo mantiene unas relaciones respetuosas con el Papa", ha dicho el ministro de Fomento, quien también opinó que el viaje papal no interfiere en la acción del Gobierno, pese a haber sido objeto de críticas por la jerarquía vaticana por medidas como la ley de matrimonio homosexual, el aborto o la futura ley de muerte digna. El portavoz del Gobierno ha defendido el comportamiento policial contra los activistas que se manifestaron el jueves contra los gastos de la visita del Papa. "Hay que defender la voluntad de los que quieren venir a Madrid a ver a Benedicto XVI y a los que quieren protestar", dijo Blanco, tras defender la decisión de la delegada del Gobierno de Madrid de autorizar la marcha que miércoles acabó en carga policial, y que ha suscitado amplia controversia y confrontación en los medios informativos…

miércoles, 17 de agosto de 2011

EL PP NO QUIERE PRESCINDIR DE ESTE "CUARTO PODER"

LA BATALLA POR LAS DIPUTACIONES
Tras conocerse el plan de Berlusconi de reducción de administraciones públicas, opinó Rajoy que no eran ésas sus intenciones. Cortar gastos públicos, sí, pero entrar en la eliminación de ayuntamientos y provincias, como ha anunciado el dirigente italiano, parece excesivo al líder del PP. Y a continuación, el candidato socialista, y su rival directo en las elecciones de noviembre, Alfredo Pérez Rubalcaba, planteaba otra cuestión concreta, que a menudo ha llegado a plantearse, pero sobre la que nadie ha querido “mojarse”. Para el candidato socialista Rubalcaba, posiblemente sea éste el escalón de las cuatro administraciones públicas –con Estado, Autonomías y Ayuntamientos-, que sobra, o del que se puede prescindir más fácilmente. Lo dijo Rubalcaba, y a las pocas horas le replicaba la portavoz “de guardia” Ana Mato. Ya es conocido que el PP emplea esa figura de “portavoz de guardia” para salir al paso a lo que hace o dice el PSOE. Unas veces ejerce González Pons, otras Cospedal, Javier Arenas o Sáenz de Santamaría, o la mencionada Mato. Se trata de que nada que opine el PSOE quede sin replicar “cuando Rajoy descansa”… Pues bien, posiblemente Ana Mato consultó la cuestión “en las alturas”, porque tras sus prevenciones iniciales a ese eventual recorte que propone Rubalcaba, el PP ya ha expresado de manera más contundente que por ahí no piensa pasar… Y eso que sería una noticia de gran relieve que, “de un plumazo”, por ejemplo, desapareciera el presidente de la diputación guipuzcoana, el muy poderoso Garitano, de Bildu… Pero, mayormente, el PP no parece dispuesto a aceptar que alguien pretenda recortarle su todavía no estrenado poder provincial, por cuanto gobierna en la inmensa mayoría de las diputaciones, tras las elecciones del pasado 22 de mayo. Y sin embargo, nadie parece dudar, tampoco en el PP, sobre la necesidad de acometer una reforma en profundidad de la administración, basada, entre otros conceptos y criterios, en la reducción de organismos con el objetivo de evitar duplicidades y, de esa manera, lograr una administración pública más eficiente y barata. La propia Esperaza Aguirre y su segundo, Ignacio González, han venido dando esa batalla contra las duplicidades, cuando, por ejemplo, se han planteado “devolver” la administración de la Justicia al Gobierno central, tras una formidable, y parece que superflua, inversión en las obras de la proyectada Ciudad de la Justicia…
De entrada, el desconocimiento sobre lo que son o hacen las diputaciones es evidente y generalizado. Las diputaciones provinciales son instituciones intermedias entre los Ayuntamientos y las comunidades, generalmente, y en salvo en Guipúzcoa, con muy pocas competencias, y que apenas se dedican a distribuir dinero entre pequeños municipios para distintos gastos e inversiones en carreteras, alcantarillado o infraestructuras de medioambiente. Con otra particularidad: los políticos que gobiernan estas instituciones han sido elegidos previamente concejales en las elecciones municipales. En las comunidades con una sola provincia, no hay diputaciones provinciales, pues sus funciones las asume el Gobierno autónomo, precisamente para evitar redundancias y duplicidades. El debate no es, ni mucho menos, novedoso. Cabe recordar que el ex presidente Felipe González fue el primero que abrió el debate sobre la inutilidad de las diputaciones en el siglo XXI, cuando señaló que “un plan de ahorro relativamente sencillo y no doloroso en términos de empleo sería que nos quedemos con la administración local, la autonómica, la estatal y la de Bruselas, y que suprimamos las intermedias [en referencia a las diputaciones provinciales]”. Ahora, el candidato socialista Rubalcaba, recoge la idea de González y la incorpora a sus propuestas para dar a conocer la nueva alternativa que quiere configurar. “Las diputaciones sobran”, dijo el exvicepresidente en la universidad de Verano de Santander. A su vez, l doctrina del PP es que “15 millones de personas, 15 millones de ciudadanos, dependen de las diputaciones, según argumentó Mato, quien, prosiguió: “yo sé que alguien, supongo que porque ha perdido las elecciones, a quien sólo les quedan 8 diputaciones, -pero en el PP tenemos 24-, que quiere que las diputaciones no funcionen”. Ana Mato reprocha que Rubalcaba este pensando en su interés particular y no en esos 15 millones de españoles de municipios que, además de tener un Gobierno local, aspiran a las ayudas que aprueban, para distintas obras y servicios, las diputaciones provinciales a que pertenecen.
Por lo demás, Rubalcaba, cuyo primer desempeño público fue en el ámbito de la educación, aprovechó su estancia en Santander que potenciar los sectores de la innovación y la investigación “única vía para mejorar la formación y favorecer la empleabilidad de los jóvenes para superar la crisis económica”, según dijo. “España tiene que ser un país donde cada joven llegue tan lejos como pueda, con independencia del origen social de sus padres”. Y habló de los problemas económicos de España y su relación con la burbuja inmobiliaria, “que es la parte singular y específica de nuestra crisis”. El ex vicepresidente recordó que la crisis se ha llevado por delante más de dos millones de puestos de trabajo y ha disparado el desempleo juvenil. “Cuando vienen mal dadas, siempre son los jóvenes los que pierden el empleo”, dijo.
Por eso, la formación es la gran solución a ese problema, pues “a mayor titulación, más facilidad de colocación”. “Hay que decir a las familias que es preferible estar en la educación, que acceder a un empleo temporal que al final te va a dejar sin empleo y sin educación. Cuanto más tiempo se esté en la escuela y la universidad, tanto mejor para ti, y para tu país, porque al final la educación de un país es la suma del conjunto de lo que sabe cada uno de sus ciudadanos”.
Como se ve, Rubalcaba ya tiene necesidad de hacer una aportación nueva cada día…

martes, 16 de agosto de 2011

PENULTIMAS ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE

ZAPATERO SE REINCORPORA AL DESPACHO OFICIAL
Los dirigentes políticos han comenzado a regresar a sus despachos generales oficiales después de unas vacaciones por lo menos extrañas, como consecuencia de la anticipación de la fecha de las elecciones generales al 20 de noviembre, y a la necesidad de resolver, durante estos meses previos, de agosto y septiembre, algunas otras materias pendientes, y que el Gobierno de Zapatero entiende que pueden ser claves en la recuperación económica o para mayor tranquilidad de los mercados. De hecho, el presidente regresó el lunes a la Moncloa y para este martes tiene previsto incorporarse a su despacho oficial, tras unas cortas vacaciones en Doñana, según han informado fuentes del Ejecutivo. Así, podrá examinar con el resto del Gabinete las medidas extraordinarias que se aprobarán en el Consejo de Ministros del viernes, fecha en la que también se entrevistará con el Papa. Según han relatado fuentes del Gobierno, Zapatero se reencontró con su familia en el coto de Doñana, el pasado día 5, después de permanecer toda la semana en Madrid para seguir de cerca la evolución de la crisis de la deuda soberana. Tenía previsto comenzar el día 2 unas breves vacaciones en el Palacio de las Marismillas de Doñana, de titularidad estatal, pero, tras acompañar a su familia, decidió regresar a Madrid para estar en contacto con los principales líderes europeos ante el agravamiento de las turbulencias financieras de los pasados días. En esas fechas, el presidente del ejecutivo español habló por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama; con el presidente francés, Nicolás Sarkozy, y con el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, y también se puso en contacto con los presidentes del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, y de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y con todos los líderes parlamentarios. Sorprendentemente, desde el PP se ha reclamado una comparecencia urgente de Zapatero en el Congreso para dar cuenta de esas gestiones sobre la recuperación económica y el nerviosismo de los mercados alegando la portavoz del PP, Sáenz de Santamaría que Zapatero se tomaba unas vacaciones mientras otros dirigentes políticos europeos permanecían en sus puestos en atención a la gravedad de la situación financiera internacional, a lo que replicó el portavoz del gobierno, José Blanco, reprochando que el único dirigente político que lleva todo el mes de vacaciones es Mariano Rajoy…En cuanto a las actividades de Zapatero, junto con los dos consejos de ministros de estos dos próximos viernes de agosto, 19 y 26, y las sesiones del Congreso en septiembre, tiene previsto, además, intervenir en la asamblea general de la ONU, posiblemente en apoyo de la solicitud de Palestina de ser aceptada como país miembro. Luego, el Consejo Europeo, la Cumbre Iberoamericana en Asunción, Paraguay, y ya en noviembre, la cumbre del G-20 en Cannes, otro Consejo Europeo y ya en su condición de presidente en funciones, tras las elecciones del 20-N, su participación en el IV Foro de la Alianza de Civilizaciones, que se desarrollará en Doha, Qatar a mediados de diciembre, posiblemente su último acto público como presidente del Gobierno español.
En los dos referidos consejos de agosto, el Gobierno de Zapatero quiere garantizar la recaudación y ahorro de gastos de unos 20.000 millones, mediante la materialización de medidas ya anunciadas, como la privatización de la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat, (por algo más de cinco mil millones) así como la salida a bolsa del 30 por 100 de Loterías y Apuestas del Estado (por otros 7.000 millones), así como el adelanto del cobro de impuesto de Sociedades para las grandes empresas (del que confía en recaudar unos 2.500 millones más), y un ahorro del gasto farmacéutico estimado en 2.400 millones, mediante la aplicación de la norma de los fármacos genéricos. Es decir, “hacer caja”, con esos 20.000 millones más que se añadirían a los recortes de gastos e ingresos extraordinarios del Estado, de acuerdo con los criterios que fuerzan a aplicar las autoridades de la UE, FMI y OCDE, y de este modo, cumplir con el objetivo de déficit: acabar el año 2011 con un 6 por 100 y situar los siguientes presupuestos por debajo del 3 por 100 de déficit público, como antes de la crisis…

lunes, 15 de agosto de 2011

SE CUMPLEN TRES MESES DEL MOVIMIENTO DE LOS INDIGNADOS

LA INFLUENCIA DEL 15-M EN LA CAMPAÑA DEL 20-N

Este lunes, 15 de agosto, se han cumplido tres meses de la manifestación en la Puerta del Sol de Madrid con la que se iniciaba la serie de manifestaciones del movimiento conocido como “de los indignados” del 15-M, que ha sacudido España con distintas reivindicaciones y muy distinta trascendencia. Para empezar, han sido muy pocos medios informativos han recordado ese trimestre, probablemente porque no pocos de ellos entienden que el M-15-M está a punto de deshincharse, aunque otros consideran que la spanish revolution, como bautizó la prensa internacional aquella ola de rebeldía, ha dejado ya huellas duraderas.El diario Público, que alienta las iniciativas políticas más izquierdosas, recopila algunos de los logros conseguidos en trimestre que no duda en calificar “de vértigo”. Apunta, por ejemplo, que, por vez primera en más de 30 años, en las próximas elecciones de noviembre se habrá resquebrajado el consenso al respecto de los dos grandes partidos: el PSOE llevará en su programa una propuesta de reforma inspirada en el modelo alemán, que combina las listas abiertas con un reparto de escaños más proporcional, mientras algunas voces de peso en el PP como la Esperanza Aguirre, defienden sin tapujos las listas abiertas. Otras formaciones minoritarias, singularmente IU, la más perjudicada por la ley vigente, llevan muchos años exigiendo una reforma de la ley, pero nunca pudieron erosionar el consenso de los dos grandes partidos. El 15-M también ha cambiado el paisaje en materia de desahucios por impago de hipotecas. Y es que, desde el estallido de la crisis, decenas de miles de personas se han quedado sin casa al no poder abonar la hipoteca. Pese a que grupos activistas llevaban tiempo exigiendo mayor protección, las instituciones y las entidades bancarias afrontaban la plaga casi como una fatalidad sobre la que nada podían hacer. Pues bien, el 15-M no sólo ha parado en la calle decenas de desahucios, sino que ha forzado cambios concretos en la banca y en el Congreso. Es el caso de Bankinter, que ofrece ahora la dación en pago en todas sus hipotecas o del Banco Santander, que citó explícitamente el 15-M para explicar su decisión de ofrecer tres años de carencia a sus clientes con hipoteca que queden en paro o reduzcan sus ingresos el 25%. En cuanto al Congreso aprobó dos medidas para dar más protección a los hipotecados: elevó el sueldo no embargable por impago hipotecario y el porcentaje de valoración de los inmuebles embargados que no tienen pujas en las subastas. Nadie duda de que los problemas de los hipotecados se han colocado en el centro del debate.

El 15-M ha acelerado el fin de otra anomalía: tras años de tener aparcado en el cajón un proyecto de ley que ni cumplía el estándar internacional, el Gobierno ha presentado al fin su proyecto de transparencia informativa. No habrá tiempo de aprobarlo, pero queda un texto del Gobierno con el umbral mínimo que equipararía a España a la mayoría de países occidentales. La presión en favor de la transparencia del 15-M ha provocado un alud de iniciativas en parlamentos y en la Administración local: entre otros, la divulgación de los sueldos de los diputados andaluces… El grado de tolerancia con la corrupción también se ha modificado: "Sin el nuevo marco del 15-M, quizá Rajoy hubiera pensado que podría llegar a la Moncloa con Camps procesado. Ahora ya no", señala un politólogo. Otro apunta que "el 15-M ha recuperado la calle como espacio público de ciudadanía. Puede parecer algo inconcreto, pero los expertos coinciden en que las implicaciones de transformar un lugar de paso de consumidores en un ágora de ciudadanía son enormes. "Las calles se han convertido de pronto en un espacio de aprendizaje colectivo de ciudadanía impresionante", y vuelve a ser de verdad de todos y ha sido el lugar donde se han expresado de nuevo con fuerza derechos fundamentales, como el de expresión y de reunión, que parecían estar muy olvidados". Persiste la duda sobre el “color político” preferente de los indignados, aunque todo parece indicar que han sido más sensibles a sus propuestas socialistas e IU. En particular, se ha prestado atención a los guiños efectuados por Rubalcaba al movimiento. Hoy mismo se ha sabido, y lo cuenta El País, que el candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, quiere que su programa electoral incluya fórmulas para mejorar la participación de los ciudadanos en la política. Para ello, su equipo trabaja en lo que denominan el “escaño 351”, cuyo objetivo es que los ciudadanos puedan intervenir en el Pleno del Congreso en defensa de las iniciativas legislativas populares. En la actualidad sólo está previsto que intervengan en el Pleno de la Cámara baja, además de los diputados, los parlamentarios autonómicos para defender iniciativas que procedan de las Cámaras de las comunidades. Nadie más puede intervenir ante el Pleno. Pues bien, la idea con la que trabaja el equipo de programa de Rubalcaba, con Cristina Narbona a la cabeza, es la iniciativa legislativa popular. Ahora, si una iniciativa de ese tipo logra pasar los filtros previos, es debatida ante el Pleno, sin que nadie la defienda, pero con la posibilidad de que los grupos parlamentarios fijen su posición y, finalmente, acepten o rechacen la propuesta. Eso sí, la Constitución exige un número muy elevado de firmas necesarias para tramitar una iniciativa legislativa popular. “En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa”, prosigue, “en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia”. Es decir, se exige medio millón de firmas y, además, se limitan los asuntos sobre los que pueden presentarse esas iniciativas. Rubalcaba pretende, incluso, cambiar el nombre de la comisión por el de “participación” o similar, para estimular la implicación ciudadana en las actividades parlamentarias. Son medidas que se incluirán en el programa electoral que aprobará la Conferencia Política del PSOE los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre. Formarán un bloque en el que el candidato socialista pretende lanzar a los ciudadanos mensajes de regeneración democrática, adoptando algunas de las propuestas o inquietudes del Movimiento 15-M. Habrá también una propuesta de reforma electoral, sobre la base de la que formuló ya el propio Rubalcaba el día de su designación oficial como candidato, que consistía en una fórmula similar a la alemana, para que cada diputado pueda responder ante sus electores y, al mismo tiempo, pueda canalizar sus propuestas e inquietudes.

De manera que sí habrá huellas del 15-M en la campaña del 20-N…

domingo, 14 de agosto de 2011

SE AVECINA UNA LEGISLATURA DE MUCHOS RECORTES

EL PP PROYECTA LOS RECORTES QUE HARÁN SUS GOBIERNOS REGIONALES
Con toda certeza, las elecciones “generalísimas” del 20-N serán diferentes a cualesquiera otras anteriores. No sólo porque esta vez no hay amenaza terroristas, o porque Bildu pudiera llegar a obtener un grupo de siete u ocho escaños en el congreso… También, o sobre todo, por las posibilidades del que ha sido, en la legislatura que termina, “el opositor permanente”, y por las derivaciones de la crisis, a la que hasta ahora parece que se enfrentaban sólo los socialistas… Hemos comprobado cómo los opositores pasivos portugueses pasaban al gobierno con unos planes de recorte bastante más ambiciosos que los del depuesto Sócrates… Pues bien, todo sugiere que los populares tendrán oportunidad de poner en marcha muchos más recortes de los hasta ahora previsibles, y que ya han decidido sus socios italianos: hasta 45.000 millones de euros de menor gasto público. La cifra que se ha empleado en España ascendía a algo más: cincuenta mil millones, de los que no resulta fácil determinar cuántos ya están decididos y cuántos más deberán sumarse. Empezando por los recortes que deberán hacer los gobiernos regionales, convertidos en “los peores de una película de trampas”, como ya se venía comprobando. Sostiene este domingo un trabajo de La Vanguardia que la ejecución de las medidas más impopulares se retrasará hasta el 20-N, y que hasta las elecciones de noviembre sólo habrá recortes de tipo simbólico, entre otras razones, porque el PP teme que el PSOE promueva protestas contra sus autonomías. En el referido trabajo del diario barcelonés se mencionan las presuntas instrucciones que ya tienen los presidentes autonómicos del PP: Rapidez en las medidas populares de austeridad en la administración, menos coches oficiales, menos asesores, menos consejerías..., y esperar a las elecciones para adoptar los recortes sustanciales que puedan afectar a servicios públicos. Tales planes de ajuste deben evitar por todos los medios, mientras sea posible, iniciativas que, como ha ocurrido en el caso de Cataluña en materia sanitaria, den lugar a protestas sociales antes del 20-N y enturbien la campaña electoral de las generales. Es decir, nada debe perturbar el plácido camino que auguran las encuestas para Mariano Rajoy hasta la Moncloa. Y, si es posible, con mayoría absoluta. Mientras, el líder del PP promete que, si llega a la presidencia del Gobierno, adelantará el dinero de los fondos de compensación, lo que aliviaría las arcas autonómicas. Un guiño más al Gobierno de Artur Mas. Según La Vanguardia, los populares están convencidos de que el Gobierno socialista está decidido a ahogar a las comunidades autónomas –la mayoría ahora bajo dominio del PP– para centrifugar responsabilidades sobre el déficit del Estado y obligar así a los barones populares a poner en marcha planes de recortes en servicios sociales que puedan servir al PSOE de argumento electoral. Para soslayar esa hipotética estrategia socialista, los presidentes autonómicos del PP se han propuesto no ejecutar las medidas más polémicas de sus planes de ajuste hasta que Rajoy sea presidente del Gobierno. Y sólo entonces, según las fuentes del PP consultadas, el nuevo presidente del Gobierno tendrá que hacer frente a un plan de choque para sanear la economía, como ocurrió en 1996, cuando José María Aznar llegó a la Moncloa. Unos ajustes duros, pero imprescindibles. Medidas parciales "de ejemplaridad de gestión pública", que son "medidas populares" y aplaudidas por la ciudadanía, con un considerable ahorro, pero no el suficiente para sanear las arcas públicas y poner la economía española en la senda del crecimiento: reducción de altos cargos, reducción de gastos de representación, de coches oficiales... Un símbolo de austeridad, aunque no sirva para cumplir los objetivos de déficit. Existe otro temor en el PP: que el PSOE intente calentar, a través de los sindicatos, la campaña electoral con movilizaciones en las comunidades autónomas en las que gobiernan ahora los populares en un intento de que cale la sensación de que es el PP quien recorta los servicios sociales –con la sanidad y la educación como piedra de toque–, para poder decir que eso será lo que haga Mariano Rajoy cuando llegue al Gobierno. En cuanto al PP, aspira a ganar las elecciones y tener su gobierno en marcha en diciembre, y empezar a trabajar con créditos de ampliación de los presupuestos del Estado prorrogados a principios del próximo año.
En otro trabajo periodístico de este domingo, éste en El País, se estima que las facturas impagadas de las Administraciones se han multiplicado por cuatro desde el estallido de la crisis, hasta superar los 50.000 millones. La cifra supone el 5% del PIB y, unida al desplome de los ingresos y la sequía del crédito, se ha convertido en la pesadilla más cruel para los 3,2 millones de empresas españolas, de las que un 99% son pymes. En marzo de 2009 los impagos a proveedores sumaban 12.300 millones, según el sindicato de inspectores de Hacienda Gestha. Según este trabajo, la mora sacude sin piedad los cajones públicos, y afecta con contundencia a los empresarios de obra civil -15.050 millones de deuda, según su patronal Seopan- y a los trabajadores autónomos -14.983 millones. La industria del medicamento (5.450), las empresas de recogida de basura (4.000) y las de limpieza (1.000) acusan a los Gobiernos de financiarse a su costa. Sectores como los despachos de farmacia, que arrastran una mora declarada de 383 millones en Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Baleares, no se resignan a cargar con los platos rotos. ¿Por qué se han disparado los impagos? El desplome de los ingresos, el tabú político de subir impuestos y la exigencia del Gobierno de mantener a raya el déficit de Ayuntamientos y comunidades, tienen la culpa. El empresario no descarta nuevos episodios como el del pasado septiembre, cuando las concesionarias de limpieza dijeron basta al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y amenazaron con no abonar la nómina de sus 12.000 trabajadores por causa de la deuda acumulada de 289 millones. Antes del plante, llegó el cheque. En cuanto a las facturas impagadas que guardan en sus cajones las 17 autonomías, se han multiplicado en tres años. Las regiones han optado por recortar gastos (5.000 millones) y emitir deuda. La patronal de la limpieza de hospitales, colegios y edificios públicos, sostiene que las condiciones de cobro en los últimos tres meses "han empeorado mucho" en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde el sector cobra a cinco meses. El Gobierno murciano adeuda a las 23 empresas del sector hospitalario 800 millones desde 2009 y desconfía de que el dinero llegue a tiempo para evitar la asfixia. Los 200 laboratorios que agrupa Farmaindustria, la patronal española del medicamento, tardan 432 días de media en cobrar. "Estamos hartos de financiar a las autonomías", protesta un portavoz de este colectivo, que factura 15.000 millones al año y que sólo entre marzo y junio vio cómo el dinero que les adeudan las autonomías pasaba de 5.200 a 5.450 millones de euros. Las facturas también quitan el sueño a los más de tres millones de autónomos, el eslabón más débil de la cadena. Los Ayuntamientos tardan 296 días en acordarse de sus deudas. Desde el inicio de la crisis, en septiembre de 2008, más de 300.000 autónomos se han quedado en el camino…
Nadie duda de que la que viene será una legislatura de muchísimos recortes de gasto públicos, en todos los ámbitos…