SE AVECINA UNA LEGISLATURA DE MUCHOS RECORTES

EL PP PROYECTA LOS RECORTES QUE HARÁN SUS GOBIERNOS REGIONALES
Con toda certeza, las elecciones “generalísimas” del 20-N serán diferentes a cualesquiera otras anteriores. No sólo porque esta vez no hay amenaza terroristas, o porque Bildu pudiera llegar a obtener un grupo de siete u ocho escaños en el congreso… También, o sobre todo, por las posibilidades del que ha sido, en la legislatura que termina, “el opositor permanente”, y por las derivaciones de la crisis, a la que hasta ahora parece que se enfrentaban sólo los socialistas… Hemos comprobado cómo los opositores pasivos portugueses pasaban al gobierno con unos planes de recorte bastante más ambiciosos que los del depuesto Sócrates… Pues bien, todo sugiere que los populares tendrán oportunidad de poner en marcha muchos más recortes de los hasta ahora previsibles, y que ya han decidido sus socios italianos: hasta 45.000 millones de euros de menor gasto público. La cifra que se ha empleado en España ascendía a algo más: cincuenta mil millones, de los que no resulta fácil determinar cuántos ya están decididos y cuántos más deberán sumarse. Empezando por los recortes que deberán hacer los gobiernos regionales, convertidos en “los peores de una película de trampas”, como ya se venía comprobando. Sostiene este domingo un trabajo de La Vanguardia que la ejecución de las medidas más impopulares se retrasará hasta el 20-N, y que hasta las elecciones de noviembre sólo habrá recortes de tipo simbólico, entre otras razones, porque el PP teme que el PSOE promueva protestas contra sus autonomías. En el referido trabajo del diario barcelonés se mencionan las presuntas instrucciones que ya tienen los presidentes autonómicos del PP: Rapidez en las medidas populares de austeridad en la administración, menos coches oficiales, menos asesores, menos consejerías..., y esperar a las elecciones para adoptar los recortes sustanciales que puedan afectar a servicios públicos. Tales planes de ajuste deben evitar por todos los medios, mientras sea posible, iniciativas que, como ha ocurrido en el caso de Cataluña en materia sanitaria, den lugar a protestas sociales antes del 20-N y enturbien la campaña electoral de las generales. Es decir, nada debe perturbar el plácido camino que auguran las encuestas para Mariano Rajoy hasta la Moncloa. Y, si es posible, con mayoría absoluta. Mientras, el líder del PP promete que, si llega a la presidencia del Gobierno, adelantará el dinero de los fondos de compensación, lo que aliviaría las arcas autonómicas. Un guiño más al Gobierno de Artur Mas. Según La Vanguardia, los populares están convencidos de que el Gobierno socialista está decidido a ahogar a las comunidades autónomas –la mayoría ahora bajo dominio del PP– para centrifugar responsabilidades sobre el déficit del Estado y obligar así a los barones populares a poner en marcha planes de recortes en servicios sociales que puedan servir al PSOE de argumento electoral. Para soslayar esa hipotética estrategia socialista, los presidentes autonómicos del PP se han propuesto no ejecutar las medidas más polémicas de sus planes de ajuste hasta que Rajoy sea presidente del Gobierno. Y sólo entonces, según las fuentes del PP consultadas, el nuevo presidente del Gobierno tendrá que hacer frente a un plan de choque para sanear la economía, como ocurrió en 1996, cuando José María Aznar llegó a la Moncloa. Unos ajustes duros, pero imprescindibles. Medidas parciales "de ejemplaridad de gestión pública", que son "medidas populares" y aplaudidas por la ciudadanía, con un considerable ahorro, pero no el suficiente para sanear las arcas públicas y poner la economía española en la senda del crecimiento: reducción de altos cargos, reducción de gastos de representación, de coches oficiales... Un símbolo de austeridad, aunque no sirva para cumplir los objetivos de déficit. Existe otro temor en el PP: que el PSOE intente calentar, a través de los sindicatos, la campaña electoral con movilizaciones en las comunidades autónomas en las que gobiernan ahora los populares en un intento de que cale la sensación de que es el PP quien recorta los servicios sociales –con la sanidad y la educación como piedra de toque–, para poder decir que eso será lo que haga Mariano Rajoy cuando llegue al Gobierno. En cuanto al PP, aspira a ganar las elecciones y tener su gobierno en marcha en diciembre, y empezar a trabajar con créditos de ampliación de los presupuestos del Estado prorrogados a principios del próximo año.
En otro trabajo periodístico de este domingo, éste en El País, se estima que las facturas impagadas de las Administraciones se han multiplicado por cuatro desde el estallido de la crisis, hasta superar los 50.000 millones. La cifra supone el 5% del PIB y, unida al desplome de los ingresos y la sequía del crédito, se ha convertido en la pesadilla más cruel para los 3,2 millones de empresas españolas, de las que un 99% son pymes. En marzo de 2009 los impagos a proveedores sumaban 12.300 millones, según el sindicato de inspectores de Hacienda Gestha. Según este trabajo, la mora sacude sin piedad los cajones públicos, y afecta con contundencia a los empresarios de obra civil -15.050 millones de deuda, según su patronal Seopan- y a los trabajadores autónomos -14.983 millones. La industria del medicamento (5.450), las empresas de recogida de basura (4.000) y las de limpieza (1.000) acusan a los Gobiernos de financiarse a su costa. Sectores como los despachos de farmacia, que arrastran una mora declarada de 383 millones en Castilla-La Mancha, Murcia, La Rioja y Baleares, no se resignan a cargar con los platos rotos. ¿Por qué se han disparado los impagos? El desplome de los ingresos, el tabú político de subir impuestos y la exigencia del Gobierno de mantener a raya el déficit de Ayuntamientos y comunidades, tienen la culpa. El empresario no descarta nuevos episodios como el del pasado septiembre, cuando las concesionarias de limpieza dijeron basta al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (PP) y amenazaron con no abonar la nómina de sus 12.000 trabajadores por causa de la deuda acumulada de 289 millones. Antes del plante, llegó el cheque. En cuanto a las facturas impagadas que guardan en sus cajones las 17 autonomías, se han multiplicado en tres años. Las regiones han optado por recortar gastos (5.000 millones) y emitir deuda. La patronal de la limpieza de hospitales, colegios y edificios públicos, sostiene que las condiciones de cobro en los últimos tres meses "han empeorado mucho" en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, donde el sector cobra a cinco meses. El Gobierno murciano adeuda a las 23 empresas del sector hospitalario 800 millones desde 2009 y desconfía de que el dinero llegue a tiempo para evitar la asfixia. Los 200 laboratorios que agrupa Farmaindustria, la patronal española del medicamento, tardan 432 días de media en cobrar. "Estamos hartos de financiar a las autonomías", protesta un portavoz de este colectivo, que factura 15.000 millones al año y que sólo entre marzo y junio vio cómo el dinero que les adeudan las autonomías pasaba de 5.200 a 5.450 millones de euros. Las facturas también quitan el sueño a los más de tres millones de autónomos, el eslabón más débil de la cadena. Los Ayuntamientos tardan 296 días en acordarse de sus deudas. Desde el inicio de la crisis, en septiembre de 2008, más de 300.000 autónomos se han quedado en el camino…
Nadie duda de que la que viene será una legislatura de muchísimos recortes de gasto públicos, en todos los ámbitos…