GOBIERNO Y PP CONFÍAN EN QUE LAS PROTESTAS CIUDADANAS SEAN LEVES Y PASAJERAS

Protestas ciudadanas por el ajuste más exigente

Hay coincidencia en que el paquete de medidas de ajuste de ingresos y gastos públicos adoptado por el Gobierno y anunciado primero por Rajoy y con más detalle por Sáenz de Santamaría, Montoro y De Guindos, viene a ser el más duro y exigente de los conocidos hasta la fecha. Existe la impresión de que la ciudadanía, en esta ocasión, encaja mal las medidas, y ya se vienen comprobando demostraciones de hostilidad contra el Gobierno y sus reformas-ajustes. Este viernes por la tarde, varios cientos de personas se concentraron frente a la sede nacional del PP en la madrileña calle Génova para protestar por las medidas de recorte. Y tras su paso por Génova, estos ciudadanos se dirigieron a la sede socialista en la calle Ferraz. La convocatoria llamaba a hacer una tercera 'parada' de protesta en el Congreso de los Diputados. Las concentraciones no contaban con autorización de la Delegación del Gobierno. Habían sido convocadas en las redes sociales y eran continuación de las desarrolladas ya el jueves, protagonizadas fundamentalmente por funcionarios, incluidos los del propio Palacio de La Moncloa, que abuchearon al Gobierno. Este viernes, se produjeron cargas policiales cuando los concentrados intentaban acercarse a las sedes ante las que pretendían protestar. Al menos nueve personas fueron detenidas y trasladadas a la Brigada Provincial de Información para prestar declaración antes de pasar a disposición judicial o de ser puestos en libertad. Los manifestantes se encontraron a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, a quien acompañaron a pie durante un trayecto de más de cincuenta metros al grito de "dimisión, dimisión" y con recriminaciones por las actuaciones policiales de estos días. Finalmente, Cifuentes se refugió en un restaurante etíope ubicado a la altura del Teatro Maravillas, en la calle Malasaña, para evitar seguir siendo increpada. Estos cientos de personas procedían de la calle Génova, donde cortaron el tráfico durante varios minutos coreando consignas contra el Gobierno y sus recortes. Como novedad, se aludía repetida y expresamente a las supuestas palabras de la diputada 'popular' Andrea Fabra, a quien se atribuye el “que se jodan”, y a quien se gritaba "hijos de Fabra". La sede del PP estuvo rodeado por un amplio despliegue de la Policía, que aún sigue en el lugar de manera preventiva. Durante estos días de protestas en la capital, se ha reforzado la seguridad en este edificio para evitar incidentes, según fuentes policiales.

En cuanto a las medidas del Gobierno, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rehusó este viernes explicar las cuentas del ajuste, pero señala El País que el Gobierno las tiene hechas: tendrán un impacto estimado de 56.440 millones en dos años y medio, según fuentes del Gobierno, a la espera de otras medidas, como las tasas a las eléctricas, que completen al ajuste de 65.000 millones anunciado por Rajoy el miércoles en el Congreso. De todas las medidas anunciadas el viernes, la subida del impuesto sobre el valor añadido, IVA, es en la que el Gobierno pone más esperanzas: espera recaudar 22.100 millones extra hasta 2014. Se calcula que en lo que queda de año, el ajuste será de 13.530 millones de euros; el año próximo, de otros 22.865 millones, y en 2014 de 20.045 millones. Esos cálculos incluyen los aumentos de ingresos y recortes de gastos tanto para la Administración central como para las autonómicas y las locales. Del total de ajuste, unos 29.000 millones serán el efecto neto de las subidas de impuestos (34.000 millones de subida menos 5.000 millones de rebaja de cotizaciones), mientras que los otros 27.000 millones serán recortes de gasto, sobre todo en el área de empleo y funcionarios. La mayor de todas las partidas es la del IVA, donde el tipo reducido ha pasado del 8% al 10% y el tipo general del 18% al 21%. Además, una serie de productos y servicios que hasta ahora tributaban al tipo reducido del 8% pasan a hacerlo al 21%, como el cine, el teatro y otros espectáculos, las flores, los servicios termales, los servicios funerarios, las discotecas, la televisión digital o la peluquería. Memorable fue el lapsus de Montoro, cuando englobó “los servicios funerarios y otros espectáculos”. Montoro adelantó que se realizará una nueva clasificación de los productos gravados de forma que algunos que ahora se gravan al tipo reducido pasarán al tipo general. Esta nueva clasificación no afecta a los productos gravados por el tipo superreducido, como la leche y el pan y algunos productos culturales como los periódicos y los libros, salvo la compra de vivienda nueva, que dejará de gravarse al 4% a partir de enero. Los mayores cambios se aplicarán en el IVA reducido, que a partir de septiembre sólo gravará el transporte, la hostelería y la cesta de la compra, lo que deja fuera numerosos productos, incluidos los servicios funerarios y algunos productos sanitarios como el material, los equipos o instrumentos para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades o las dolencias o la asistencia sanitaria dental. También empezarán a gravarse al tipo general del 21% los aparatos para suplir las deficiencias físicas de hombres o animales, los servicios de limpieza de vías públicas, los arrendamientos con opción de compra de viviendas, los servicios de peluquería, o los servicios efectuados en favor de titulares de explotaciones agrícolas. También tributarán al 21% las entradas a espectáculos culturales como teatros, cine, parques de atracciones, espectáculos deportivos, conciertos, bibliotecas, museos o zoológicos. Montoro explicó que el Gobierno sube el IVA en este momento porque era algo "obligado" por las circunstancias, las recomendaciones que llegaron de Europa y por la "prioridad absoluta" de reducir el déficit. "No hay más remedio", dijo Montoro, tras recordar que el Rajoy admitió en el Congreso que el proyecto del Partido Popular se basaba en bajar impuestos, aunque haya tenido que hacer justo lo contrario por circunstancias y por la excepcionalidad del momento.

El incremento y la reclasificación de partidas supone por sí solo, en términos absolutos, la mayor subida de impuestos aprobada en democracia. Su impacto será de unos 10.000 millones de euros anuales. Como la medida entra en vigor en septiembre y la economía está claramente en recesión, el Gobierno sólo espera lograr 2.300 millones extra este año por la subida de impuestos, 10.130 millones en 2013 y 9.670 millones en 2014, como consecuencia de esta subida de impuestos indirectos. En segundo lugar, será el impuesto de sociedades el que más incremente la recaudación. El Gobierno aprobó un adelanto de las liquidaciones, pone límites al uso de créditos fiscales para deducir pérdidas por parte de las empresas que facturen más de 20 millones, generaliza la limitación a la deducción de gastos financieros y fija un nuevo gravamen del 10% para ciertas rentas de fuente extranjera. Con todo ello, espera recaudar 2.585 millones extra este año, y 2.450 millones tanto en 2012 como en 2013. En total, 7.490 millones. Hacienda también tiene grandes esperanzas puestas en la supresión de la deducción por vivienda y el incremento de las retenciones a profesionales y autónomos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que pasa del 15% al 21%. Hacienda cifra las medidas adoptadas sobre el IRPF en un incremento de la recaudación de 150 millones para este año, de 1.930 millones para el próximo y de 2.040 millones para el siguiente, lo que da un total de unos 4.110 millones. Montoso se ha comprometido a compensar las subidas de impuestos en el futuro, algo que hará desde el año próximo con la bajada de cotizaciones sociales que, a su juicio, favorecerá la creación de empleo y compensará los efectos negativos de la subida fiscal. Montoro ha obviado sus propias críticas, en el pasado, denunciado la subida del IVA aprobada por el Gobierno socialista. En cuanto a las peticiones de crear un impuesto a las grandes fortunas, Montoro considera "chocante" que sea el PSOE el que hace esta petición cuando fue también el que eliminó el Impuesto sobre el Patrimonio, que el Gobierno 'popular' ha recuperado. Además, aseguró que gravaría "sin pestañear" un base imponible de esa naturaleza si la encontrara. Con los impuestos especiales al tabaco y los medioambientales, se prevé una caída de recaudación de 55 millones este año y un incremento de 390 millones en cada uno de los dos próximos años. En total, 725 millones hasta 2014.

De las partidas aprobadas el viernes, la única que se traduce en menores ingresos es la referida a cotizaciones de la Seguridad Social. Aunque este año no se prevén grandes modificaciones, la rebaja será de 1.150 millones en 2013 y de 3.890 millones en 2014, según las cuentas del Ejecutivo.

Con esos 5.000 millones de menores ingresos, las subidas de impuestos netas, por tanto, generarán unos 29.000 millones en tres años si se cumplen las previsiones del Gobierno. Y en cuanto a los gastos, el principal recorte es en el epígrafe de empleo, en el que se incluyen los ahorros derivados de rebajar las prestaciones por desempleo a los nuevos parados a partir del séptimo mes de cobro y otras medidas como la supresión de bonificaciones. El Gobierno espera ahorrar 1.900 millones este año, 5.810 millones en 2013 y 6.050 millones en 2014. En cuanto a los funcionarios y servicios públicos, el recorte se concentra, sobre todo, en este año, en que se suprime la paga extra de Navidad, que se  recuperará en forma de plan de pensión a partir de 2015. Además, se suprimen la mitad de los días libres (tres de los seis “moscosos”) y se adoptan otras medidas de movilidad para reducir empleos públicos y lograr más ahorros. Las cuentas que maneja el Gobierno es que se ahorrará 5.430 millones en lo que queda de año, 1.920 millones en 2012 y 1.870 millones en 2014. En total, pues, el recorte de gasto es de 9.220 millones. Dependencia también sufrirá severos recortes que el Gobierno cifra provisionalmente en 3.020 millones (160 este año, 1.390 en 2012 y 1.470 en 2014). Se reduce un 15% la prestación por cuidador familiar y se amplía el plazo para reconocer la prestación. Todavía hay otros recortes de gasto previstos para este año, estimados en 1.000 millones, según sus cuentas internas, pese a que el viernes solo se concretó un recorte de 600 millones en el gasto de los ministerios. Lo que el Gobierno no tiene aún afinado es el cálculo del reparto de los ajustes por administraciones. En el ahorro en servicios públicos, que incluye el recorte a funcionarios, pero también algunas medidas en educación y otras partidas, el grueso del ahorro es para las comunidades autónomas, con 5.811 millones en tres años. Al Gobierno central le corresponden 1.795 millones, y a la administración local, algo más de 1.600 millones. En cuanto a los 3.000 millones de recorte en ayuda por dependencia, casi 1.200 corresponden a las comunidades. Y los ajustes en desempleo, Seguridad Social y gastos ministeriales, corren todos ellos por cuenta del Gobierno central y no afectan a comunidades ni ayuntamientos.

En cuanto a las protestas que originan los recortes, Gobierno y PP confían en que serán “leyes y pasajeros”, e invitan a evitar actitudes que puedan crispar aún más a la ciudadanía… 

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE EMPLEA UN TONO INADECUADO CON SUS ADVERSARIOS

Montoro, “desafiante y chulesco”, tuvo que aplacar la rebelión autonómica


Rebelión es la palabra más empleada para dar cuenta de la reunión, en la tarde del jueves, de los consejeros de Economía de las Comunidades Autonómicas con el Ministro de Economía de la Nación,. Cristóbal Montoro. Había dos cuestiones a considerar: primera, el cumplimiento, en la primera mitad del año, de los objetivos de déficit fijados en el 1,5 por 100 de crecimiento para todas las Comunidades. Y segunda cuestión, que se añadió a la anterior, la eventual aplicación de una cierta tolerancia en el cumplimiento de ese déficit estricto a las nuevas instrucciones de la Unión Europea, que ha elevado en un año el plazo para el cumplimiento total del déficit: ahora es 2014 el año en el que deberá quedar por debajo del 3 por 100...

Pues bien, el Ministerio de Hacienda apenas logró sofocar la rebelión de las comunidades autónomas contra el endurecimiento de la austeridad, e impuso nuevos objetivos de déficit para 2013 y 2014 con una mayoría, pero sin la unanimidad que hubiera deseado. Votaron en contra Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias, y se abstuvieron dos comunidades gobernadas por el PP: Castilla y León y Extremadura. Finalmente, el Gobierno conseguía frenar la abstención de Galicia, la comunidad de origen de Mariano Rajoy. Pone de relieve el diario El Mundo que es un hecho muy inusual que comunidades del PP no voten a favor de una propuesta del Gobierno, por considerarla demasiado dura. Se recuerda que, el pasado lunes el Ecofín, la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea, concedió a España un año más para que equilibrara sus cuentas. El Gobierno ve así flexibilizado su techo de déficit para este año del 5,3% al 6,3% del PIB. Pero se niega a compartir ese punto adicional con las comunidades que tienen un límite de déficit para 2012 del 1,5%. El plan del ministro Montoro consiste ahora en imponer que no puedan superar el déficit público del 1,5% este año, pese a que Bruselas permite una suavización mayor a la Administración Central, que el déficit se sitúe en un 0,7% en 2013 y en un 0,1% en 2014. Estas cifras para los dos próximos años son más duras que las que había establecido el Gobierno de Zapatero en 2011 (1,1% para 2013 y 1% para 2014) y suponen, según consejeros de Hacienda autonómicos consultados, como el conseller catalán Mas Colell, un mayor esfuerzo para las comunidades que para la Administración Central. De modo que la medida provocó un choque político. El propio secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido, en declaraciones en los pasillos del Congreso, una mayor flexibilización. En su opinión, si el Gobierno ha logrado más tiempo para acometer el ajuste y "lo lógico es que las comunidades también tengan más flexibilidad". De no ser así, opina Rubalcaba, se está "obligando" a las autonomías a recortar la sanidad, la educación y los servicios sociales. "Y los ciudadanos ya no pueden con más recortes", subrayó. También el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, había reclamado "un reparto equitativo" en el esfuerzo contra el déficit en vísperas de la reunión del CPFF, que reúne al Ejecutivo central con los consejeros de Hacienda de las distintas autonomías. Sin embargo, en el Gobierno argumentan que ya el pasado abril se planteó a la Comisión Europea que el objetivo déficit autonómico para 2013 fuera del 0,5%, con lo que, al plantear ahora el 0,7%, ha habido cierta "flexibilización". Las comunidades consultadas lo niegan, porque aseguran que ese 0,5% nunca fue objeto de acuerdo y que lo hay en vigor es limitar el déficit al 1,1% en 2013, que es un objetivo más suave que el que plantea Hacienda. El departamento de Montoro ha amonestado a ocho comunidades, que no fueron sido nombradas, por desviarse de los planes de déficit. A tres de ellas, por dudas sobre la información proporcionada y a otras cinco, por haber incumplido los compromisos adquiridos para no desviarse de los objetivos de déficit. Las referidas comunidades autónomas habrían recibido el apercibimiento de manera individual y discreta. Se trata de un primer apercibimiento que, según la ley de Estabilidad Presupuestaria, podría acabar, en caso extremo, en intervención.

Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció en el debate del pasado miércoles, que "ahora les toca a las comunidades autónomas acreditar que están cumpliendo y ganar credibilidad para que todas puedan volver a financiarse normalmente en el mercado, cosa que, como todos ustedes saben, ahora no se produce". Anticipó Rajoy que hay que revisar la aplicación de los planes económico-financieros de las comunidades autónomas aprobados en abril en la línea de lo establecido en el procedimiento de corrección del déficit excesivo y, en virtud del grado de aplicación de los planes aprobados, se pondrán en marcha los mecanismos correctores previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria". Otera cuestión de este Consejo de Política Fiscal y Financiera era el anuncio de poner en marcha un instrumento financiero, los llamados hispabonos, que garantice la liquidez suficiente para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a sus compromisos financieros". A cambio de este apoyo de la Administración Central habrá controles adicionales del Estado, que requerirá la autorización por parte de las comunidades autónomas de su capacidad normativa y de decisión en el ámbito de ingresos y de gastos. Es decir, que les impondrá que suban impuestos y recorten más gastos si quieren beneficiarse del respaldo estatal para endeudarse.

Según ha trascendido, la discusión de Montoro con “los rebeldes”, fue tensa. Fuentes presentes en la cita calificaron el tono del ministro de Hacienda como desafiante, e incluso chulesco. “¿Cómo pedís más déficit si no podéis financiar lo que tenéis?”, aseguran varias fuentes que pronunció el ministro. Varias comunidades del PP amenazaron con abstenerse en la votación sobre los objetivos de déficit para 2013 y 2014. Finalmente, dos de ellas, Extremadura y Castilla y León, se abstuvieron en la votación. Galicia valoró la posibilidad de abstenerse, pero las presiones del Gobierno provocaron que reconsiderara su postura a última hora. A la salida, la consejera gallega, Elena Muñoz, aseguró que había dado un “sí crítico” por responsabilidad, e indicó que la decisión del Gobierno “no es satisfactoria” para las comunidades. La responsable de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, una veterana que en otras ocasiones ha ejercido de portavoz de la posición unitaria del PP, se mostró muy crítica con la postura del Gobierno y justificó su abstención porque no puede recortar gastos sin conocer los ingresos futuros, que tiene que comunicar Hacienda en virtud del sistema de financiación autonómica. Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias, que no tienen gobiernos del PP, votaron en contra. Y varias comunidades populares también expresaron su malestar por la actitud “desafiante” del ministro, según fuentes presentes en la reunión que explicaron como Montoro calificó las peticiones de las comunidades como “una demanda de relajación”. Al concluir la reunión, el ministro explicó que “cada comunidad tiene su criterio, pero han precisado que están de acuerdo con la finalidad que persigue”. Y agregó: “La tarea del Gobierno es clara, no hay nada más que una opción, que es cumplir”. El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Collel, fue uno de los más críticos con la actitud del ministro, del que dijo que había estado “autoritario”. El consejero explicó que llegaron a la reunión con ánimo de alcanzar acuerdos y se toparon con un “ordeno y mando”.

En cuanto al ministro Montoro, advierten los analistas políticos que no es infrecuente su tono desabrido y chulesco con quienes opinan lo contrario que él. Lo han comprobado repetidas veces en el Congreso de los Diputados...

LLEGARON LAS REBAJAS RAJOY. EL VIERNES, MÁS DETALLES...

Ajuste imprescindible, No podemos elegir, Hachazo, Sacrificio, Rajonazo...


Los grandes titulares de los diarios que recogen este jueves los anuncios efectuados por el presidente Rajoy en el Congreso son bastante coincidentes en poner de relieve que responden a la gravedad del momento y la trascendencia de las medidas mismas: Rajoy trata de evitar el derrumbe con el mayor recorte en democracia, explica El País. El Mundo elige la frase de Rajoy: No podemos elegir. Rajoy ABC habla de Ajuste imprescindible de Rajoy para una situación extrema. . El gran ajuste, titula La Vanguardia. El hachazo es el título de El Periódico de Cataluña. El de La Razón dice, sencillamente, sacrificio. La Voz de Galicia habla de el recorte más difícil. anuncia un doloroso plan de ajuste y admite que no tenemos libertad de elegir, dice La Gaceta. Y añade: “Europa ya manda”!. Expansión habla de ajuste forzoso. En Cinco Días se inventa un término nuevo: Rajonazo. Y en El Economista se destaca “el mayor recorte de la historia ante una situación muy grave”.

En cuanto a los comentarios que suscitan los anuncios de Rajoy corresponden a parecidas valoraciones: Habla El País de ajuste de grandes proporciones, de amargas y necesarias medidas, “a7unque tardías, que configuran un verdadero plan cuyo éxito depende de que el Ejecutivo sea capaz de pactar con la Oposición”. El Mundop sostiene que Rajoy pudo jugar ayer su última baza para evitar un rescate en toda regla. ABC no duda en hablar de “estado de excepción económico”·, y explica que las medidas anunciadas por Rajoy demuestran hasta qué punto España debe acometer una etapa de sacrificios inéditos, excepcionales y necesarios. La Vanguardia titula su comentario editorial Sangre, sudir, lágrimas y esperanza. España va muy en serio, sostiene. El Periódico de Cataluña se pregunta si servirá de algo la rectificación. Y añade que sin pronunciar la palabra intervención, Rajoy reconoció que Bruselas le ha arrebatado el timón. La Razón habla de “tratamiento de choque”, y dice que “No quedaba otra salida: sin reajustes más duros, España no saldría de la UVI”. La Voz de Galicia nos ve “más pobres”. “Para algunas perdonas, las medidas serán incluso crueles”, sostiene. Se pregunta Expansión si nos hallamos ante el recorte definitivo. El ajuste, añade, deberá pasar el examen de los mercados para saber si es suficiente. En Cinco Días se habla de arriesgado paso adelante de Rajoy. La pregunta que todos nos hacemos es si servirá de algo tanta estrechez... En fin, echa de menos La Gaceta que el plan de ajuste del Gobierno no hinca el diente as la reforma del sector público.

Naturalmente, la estrella de las medidas es la subida del IVA, tantas veces negada en los propósitos del Gobierno. ¿Resolverá algo el nuevo y mayor IVA? Sin duda, deberá hacer su propia aportación para completar esos 65.000 millones que se trata de ahorrar o de reunir para afrontar los gastos del Estado. Los técnicos de Hacienda ya han calculado que la subida del IVA aportará “sólo” unos 7.500 millones a causa del alto nivel de fraude. El sindicato de Autónomos UPTA anuncia cierres generalizados en los pequeños negocios por causa de la nueva subida del IVA. Curiosamente, 65.000 millones es la cifra del préstamo que el Eurogrupo dará a España, de los cien mil aprobados en principio, para afrontar las dificultades de los bancos con problemas. Pero hay otras medidas no menos “sustanciales”: La reducción del número de concejales, por ejemplo, es un primer indicio de que el recorte de los gastos que deberán seguir haciendo Comunidades y Ayuntamientos. Rafael Pampillón ya ha reclamado que el Gobierno debe decir con claridad cuáles son las entidades y los empleos públicos que hay que eliminar. Posiblemente baste para visualizarlos el Consejo de ministros de este viernes... Otro analista de prestigio, el profesor Ontiveros, advierte que ese ajuste de 65.000 millones contribuirá a deprimir aún más la actividad a corto plazo. También es medida estrella la reducción del subsidio de paro, con el IVA, la otra medida que estuvo lejos de complacer al líder de la Oposición. Y la solicitud del catalán Durán para que los gastos turísticos suban algo menos que el resto de actividades afectadas por el IVA. Y luego, cada cual mirará su propia situación y la de su sector: la supresión de la paga extra de Navidad para los funcionarios hará un poco más triste la próxima navidad, y con menores gastos familiares, con bastante probabilidad.

Unas líneas sobre las críticas que ha tenido que encajar el máximo dirigente de la Oposición. Parece que se esperaban de él críticas más severas al discurso del presidente. Rubalcaba nada entre dos aguas: la necesidad de ejercer la oposición, pero también, la necesidad de hacer una política de oposición radicalmente distinta a la que hizo su antecesor Rajoy frente al Gobierno Zapatero de los primeros años de la crisis. Rajoy y el PP fueron deliberadamente pasivos, y sólo en algunos pocos casos accedieron a dar su apoyo al Gobierno para las decisiones anticrisis. Rubalcaba dijo desde el primer momento que él tendría, como primer propósito, ayudar al Gobierno a salir de la situación, y una y otra vez tiende la mano para un pacto nacional de PP y PSOE que pudiera ayudar en este duro trance. Ésa es la comprometida cuestión, tras las “rebajas Rajoy”...

RAJOY EXPLICARÁ HOY LA TUTELA DE LA TROIKA

Cesión de soberanía, tutela, o intervención “de segundo grado”

Los medios informativos no han ahorrado calificativos y descripciones sobre lo que significan los acuerdos alcanzados con el Eurogrupo por el ministro De Guindos para disponer de la primera entrega de la línea de crédito de hasta 200.000 millones de euros para salvar bancos con problemas. Un diario, El Periódico de Cataluña, titula este miércoles su ejemplar “In-ter-ve-ni-dos”., y explica que “Bruselas somete a España a un régimen similar al de Grecia, Portugal e Irlanda”. El País ya hablaba este lunes de cesión de soberanía u ahora insiste: La UE pone bajo tutela a España. El Mundo dice que la UE pone a los bancos españoles a sus órdenes.. La Gaceta señala que Bruselas quita competencia a España por el rescate a las entidades financieras. Según ABC, la UE impone duros controles por las ayudas a la Banca. En La Vanguardia se destaca que el Gobierno pierde poder sobre el Banco de España, que cede competencias a la Unión. La Voz de Galicia también asegura en su primer gran titular de portada que España cede soberanía. Y de parecida manera lo cuenta Expansión, también en su gran titular de portada: La UE tutela la economía española. Y en Cinco Días se repite el término: Bajo tutela... En varios periódicos se explican y detallan las treinta y dos condiciones que asume España a cambio de esa famosa línea de crédito que Mariano Rajoy relató, en su momento, que había presionado para alcanzar...

Pues bien, en efecto, el Ministerio de Economía deberá transferir antes de final de año al Banco de España poderes sancionadores y capacidad para dar licencias bancarias, según las condiciones pactadas por el Gobierno con el Eurogrupo para recibir ayuda financiera. "Debe garantizarse un mayor refuerzo de la independencia operativa del Banco de España", asegura el Memorando de Entendimiento acordado la pasada madrugada y en el que se incluyen esas mencionadas 32 condiciones a cambio de la ayuda europea de hasta 100.000 millones de euros que recibirá España para recapitalizar su sector bancario. El texto exige a España dar más poderes a su banco central, que además tendrá que llevar a cabo un ejercicio interno para detectar posibles deficiencias en su funcionamiento y pasará a estar más controlado por el Banco Central Europeo. Este proceso, que debe repasar los procedimientos de supervisión y toma de decisiones, deberá llevarse a cabo antes del fin de octubre. Al mismo tiempo, Europa reforzará claramente su supervisión del sector bancario español y el cumplimiento de todo lo acordado a cambio de la ayuda. De manera que la 'troika' que integran la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y, en este caso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA), en lugar del Fondo Monetario Internacional (FMI), "verificará en intervalos regulares las condiciones" vinculadas al plan y su cumplimiento con "misiones" e informes trimestrales por parte de España. "La revisión de las actividades del FROB (Fondo Ordenado de Resolución Bancaria) en el contexto del programa, serán regulares", señala el Memorando, cuya firma definitiva está prevista para el 20 de este mes. El Eurogrupo recuerda a España que existe "una estrecha relación" entre los desequilibrios, las finanzas públicas y la solidez del sector financiero y por eso vigilará "regularmente y de cerca" el progreso que haga el Gobierno a la hora de cumplir sus compromisos macroeconómicos, y recuerda, en ese memorandum, que la supervisión del progreso se hará en paralelo al proceso de revisión formal de la asistencia financiera. "Hay una estrecha relación entre los equilibrios macroeconómicos, las finanzas públicas y la solidez del sector financiero, y por eso el progreso con respecto a la implementación de los compromisos bajo el procedimiento por déficit excesivo y con respecto a las reformas estructurales, será vigilado regularmente y de cerca". España deberá comunicar semanalmente los datos de depósitos bancarios, de posición de liquidez y, además, trimestralmente informará sobre la exposición a la deuda pública. Además, el rescate financiero conlleva la creación de una institución fiscal independiente que supervise la política fiscal española. El borrador del memorando recoge también que España debe "poner en marcha las recomendaciones" de la Comisión Europea para reducir el déficit excesivo, así como impulsar "reformas estructurales". Y entre esas 'recomendaciones' se encuentra la subida del IVA, la supresión de la deducción por compra de vivienda, aplicar la reforma laboral, mejorar las políticas activas de empleo, liberalizar los servicios profesionales y las barreras para la apertura de comercios, completar las interconexiones energéticas y resolver el problema del déficit de tarifa. También exige la UE a España el cierre de las entidades problemáticas inviables cuya quiebra no ponga en riesgo al conjunto del sector, aunque no identifica qué bancos deben cerrarse. "Para los bancos no viables que necesiten fondos públicos, las autoridades españolas tienen que presentar un plan de resolución ordenada", señala el memorándum. Estos planes deberán garantizar la estabilidad financiera, en particular protegiendo los depósitos de los clientes, minimizando el coste para los contribuyentes y permitiendo que los bancos sanos puedan adquirir activos en un proceso competitivo. El memorándum clasifica las entidades españolas en cuatro grupos: las nacionalizadas (Bankia, Noavacaixagalicia, Banco de Valencia y Catalunya Caixa), que son las que recibirán la ayuda más pronto. Segundo, las que necesitan más capital y no pueden lograrlo en el mercado. En tercer lugar, los bancos que requieren reforzar sus recursos pero pueden recurrir a inversores privados. En cuarto lugar, los bancos que no necesitan ningún tipo de ayuda, grupo en el que los analistas sitúan al BBVA, Santander y Caixa Bank. La UE considera que la liquidación ordenada puede aplicarse tanto a los bancos del primer grupo como a los del segundo. A finales de agosto, España deberá aprobar una norma que refuerce los poderes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en materia de resolución. El resto de entidades que reciba ayudas deberá presentar un plan de reestructuración que compense cualquier posible distorsión de competencia. El plan debe minimizar los costes para los contribuyentes y para ello se obligará a asumir pérdidas en primer lugar a los accionistas y después a los inversores en capital híbrido y deuda subordinada. Los bancos estarán obligados a vender participaciones y activos que no sean centrales a sus actividades, así como a prohibir el pago de dividendos y limitar el sueldo de los directivos. Los activos problemáticos de los bancos que reciban ayudas se segregarán rápidamente de su balance y se transferirán a una sociedad de gestión de activos a precios razonables, lo que se conoce como 'banco malo'. El FROB contribuirá con capital a esta especie de 'banco malo' -aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha dicho que no está decidido si será uno o varios-, que emitirá bonos estructurados de forma que puedan usarse como colateral ante el Banco Central Europeo (BCE).

Esa es nuestra situación. Para este miércoles, la gran duda consistía en comprobar con qué “grado de satisfacción” iba a contar Rajoy en el Congreso tamaña novedad...

GRAVES DECISIONES ECONÓMICAS EN BRUSELAS Y EN MADRID

30.000 millones de anticipo y un año más para ajustar el déficit


Los socios de la eurozona firmaron en la madrugada del lunes un acuerdo de enorme trascendencia que marcará la política y la economía española de los próximos años. Los países del euro dieron el visto bueno al rescate financiero, para empezar de 30.000 millones de euros, antes de finales de julio, y han otorgado un año más a Madrid para cumplir el déficit, a cambio de rigurosas condiciones fiscales, bancarias y de supervisión. Es decir, y como interpreta el diario El País, “una intervención con todas las de la ley, si bien de menor intensidad que la de los tres países rescatados hasta ahora: Grecia, Portugal e Irlanda”.

De manera que, como primera medida, España contará con 30.000 millones de euros este mismo mes para iniciar el proceso de recapitalización de la banca española. Ese primer remanente del préstamo europeo, que podrá alcanzar hasta un máximo de 100.000 millones, será inyectado en el Frob a finales de julio y podrá ser usado de inmediato para las entidades que requieran un saneamiento urgente. El Eurogrupo decidió dar este importante paso después de mantener una reunión de nueve horas en la que se logró un acuerdo político sobre las condiciones que se impondrán a los bancos que reciban la asistencia y al sector financiero en general. El llamado Memorándum de Entendimiento , que es el documento donde están redactadas estas exigencias, será firmado de forma definitiva el próximo 20 de julio, ya que algunos países europeos deben obtener el visto bueno de sus respectivos parlamentos nacionales. Los préstamos que reciban los bancos españoles tendrán un plazo de vencimiento de hasta 15 años, aunque la media se situará en los 12,5, según anunció el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. El tipo de interés no se ha definido aún, aunque previsiblemente será el del coste de financiación del fondo de rescate europeo más un diferencial, que podría rondar el 1%. La contrapartida serán una serie de exigencias que aún no se han publicado, aunque el ministro español, Luis de Guindos ya adelantó algunas de ellas. Por ejemplo, los bancos que reciban la ayuda tendrán que imponer a sus clientes e inversores unas pérdidas sobre las participaciones preferentes que emitieron. Se calcula en el entorno del 30% esta quita obligatoria que deberán asumir estos accionistas, muchos de ellos clientes particulares de estas entidades. Además, los bancos que reciban la asistencia deberán segregar sus activos tóxicos en un ‘banco malo’ que gestionará de forma independiente los activos inmobiliarios, como solares, viviendas, etcétera. También se impondrán requisitos de capital más elevados para el conjunto del sector, con un nivel de solvencia del 9%, y habrá modificaciones en los estándares de "aprovisionamiento, supervisión y transparencia" de las entidades, según adelantó el ministro. Junto a estas condiciones específicas del sector financiero, el Gobierno español tendrá que cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea dentro del procedimiento de déficit excesivo. El vicepresidente de la Comisión y titular de Asuntos Económicos, Olli Rehn, advirtió que "España debe cumplir plenamente" con los compromisos contraídos con sus socios europeos. De momento la ayuda a la banca se llevará a cabo a través del fondo temporal de rescate y el Frob será el receptor de la misma. No obstante en cuanto se cree el supervisor bancario único, algo que no parece posible que ocurra hasta mediados del año que viene, la recapitalización será directa en la banca, sin necesidad de que pase por el Estado. De hecho, el Tesoro podrá ‘quitar’ esa deuda anotada por este plan de ayuda europeo y pasará directamente al balance de los bancos. El jefe del grupo de trabajo del Eurogrupo, Thomas Wieser, reconoció que, a partir de ese momento, el Estado dejará de ser el responsable del préstamo. Es decir, que si un banco llegara a impagar parte de la ayuda, el fondo de rescate europeo sería quien asumiese la pérdida y no el Estado español, como se había asegurado hasta ahora.

Tras la reunión el ministro español tan sólo se paró ante los periodistas para asegurar que el Gobierno había obtenido "dos muy buenos acuerdos", en referencia a la condicionalidad impuesta a la banca y a la decisión del Eurogrupo de conceder un año más a España para reducir el déficit por debajo del 3%. Esta última propuesta de la Comisión Europea obtuvo el respaldo de los socios del euro y tendrá que ser definitivamente aprobada por los ministros de Finanzas de los Veintisiete. España tendrá hasta 2014 para consolidar sus cuentas públicas y se fija un nuevo calendario de reducción del déficit. Este año deberá situarlo en el 6,3% (un punto del PIB por encima de lo previsto hasta ahora); en 2013 deberá bajar hasta el 4,5% y en 2014 al 2,8%. A cambio de este año extra, el Gobierno deberá someterse a una supervisión trimestral de sus progresos de consolidación presupuestaria que irá en paralelo a las revisiones de la “troika” al programa de rescate a la banca. Además, se exige al Ejecutivo que presente “antes de que acabe julio” un plan presupuestario bianual que detalle los ajustes y reformas que se van a hacer en 2013 y 2014. También se reclama un mayor control de las comunidades autónomas y propone la creación de una agencia presupuestaria independiente que controle y supervise la ejecución de las cuentas públicas. La troika que componen la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, enviará misiones a España cada tres meses, y asume de facto poderes sobre la supervisión financiera de la banca. Los socios europeos impondrán profundos cambios en todo el sector financiero. Y Bruselas exige de inmediato nuevas medidas fiscales al Gobierno para garantizar que España cumple sus metas de déficit. El Ejecutivo había adelantado ya este lunes por la mañana a esas exigencias con el anuncio de que, en contra de sus promesas electorales, subirá el IVA. Pero el vicepresidente Olli Rehn ha asegurado que España "tendrá que cumplir plenamente" con el nuevo pliego de condiciones, y no ha descartado que entre esas exigencias estén otras medidas, como recortes en las pensiones o en el subsidio de desempleo. El ministro francés Pierre Moscovici ha explicado que el propio Ejecutivo español sugirió en la reunión modificaciones en políticas muy delicadas, como la relativa a las pensiones.

Una vez más, queda de manifiesto que nada es gratis, pero tampoco todo son condiciones.. ¿Estamos un poco más intervenidos que ayer? No parece que quepan dudas de que así es... Se supone que los mercados, y la prima de riesgo, empezarán a tener en cuenta esos datos nuevos, que se supone que alejan algunos fantasmas...

UNA SEMANA MUY INTENSA

El dinero del Eurogrupo, las medidas que anunciará Rajoy, y los mineros airados

Auguran los medios informativos una semana “de acontecimientos”, sobre todo en materia económica. La reunión del Eurogrupo y el memorandum de entendimiento de la línea de crédito a los bancos españoles con problemas, en las próximas horas, y la comparecencia de Rajoy en el Congreso, este miércoles, con las nuevas medidas que ya se esperan, en lo que algunos ya bautizan como “cuarto paquete de ajustes” del Gobierno, -IVA, pensiones, desempleo, funcionarios-,.son dos de las citas de una semana que se anuncia intensa. Es evidente que las cosas no terminan de ir bien. Relata este lunes El Confidencial que, a sólo unas horas de que tenga lugar la reunión del Eurogrupo, en la que se reúnen todos los ministros de Economía de la Eurozona, el Ejecutivo de Angela Merkel ha trabajado durante todo el fin de semana para definir “la letra pequeña” de su tesis. En definitiva, desarrollar toda una serie de baterías que permitan a Bruselas acaparar la supervisión de las entidades financieras, incluso antes de que a través del Banco Central Europeo (BCE) se desarrollen jurídica y operativamente las competencias para crear un supervisor bancario común. De esta manera, la posibilidad de que las entidades financieras españolas que necesitan recapitalizarse obtengan el dinero de manera directa, sin pasar por el Estado español, parece remota, tal y como avanzaba este fin de semana el todopoderoso ministro alemán de economía Wolfgang Schauble, -”el organismo supervisor no entrará en funcionamiento este año”-, y de acuerdo a la tesis que defenderá en la reunión de esta tarde Alemania. En efecto, hasta que ese supervisor único no funcione con garantías, escenario que no se contempla antes de 2013, el dinero del fondo de rescate tendrá que ser canalizado desde el FROB, al que se pretende exigirle un reporte mensual sobre el estado de las entidades recapitalizadas con las ayudas europeas, de manera que se pueda saber cómo y quién gestiona el préstamo concedido. De hecho, y aunque Schauble lo negara -”la idea de que el Gobierno español aplica reformas para satisfacer a Alemania es grotesca; el Gobierno español sabe lo que hay que hacer y lo hace muy bien”-, da la impresión de que el ministerio de Hacienda alemán desconfía del verdadero estado de las entidades financieras españolas. Ni siquiera el trabajo de los evaluadores Oliver Wyman y Rolang Berger, que han sometido a pruebas de estrés a los balances de las entidades, parecen ser garantía sólida para despejar las dudas generalizadas del equipo económico de Merkel. Además, quedan por saberse todavía los resultados de las auditorías que las cuatro grandes del sector están realizando sobre los bancos nacionalizados, cuyo trabajo determinará qué niveles de capital necesitan para cumplir con las exigencias de Bruselas. Pero, además de la propia desconfianza natural que la canciller alemana pueda tener sobre la banca española, la líder conservadora se enfrenta a la opinión pública de su propio país, donde, cada vez de manera más explícita, se alzan voces críticas sobre el rescate directo a la banca española. La semana pasada un grupo de casi 200 economistas alemanes publicó un manifiesto en el que detallaban toda una serie de argumentos para rechazar el rescate directo reclamado por España. En esa misma entrevista del ministro de Hacienda alemán Schauble, este domingo, en El País reconocía que la inyección de dinero a través del fondo de rescate para sanear la banca española es un crédito concedido al país, por lo que incluye condiciones y contrapartidas, y no una donación, que implicaría la ausencia de requisitos. El hombre de las finanzas de Angela Merkel quiso restar importancia al hecho de que tenga que ser el FROB, y por lo tanto el Estado, el que tenga que asumir el préstamo del fondo de rescate como deuda, financiado en mejores condiciones que las de mercado, ya que España trabaja correctamente para reducir el déficit. El planteamiento alemán aboca a España a realizar la solicitud de los fondos para el rescate bancario a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, y será un dinero que saldrá del fondo de estabilidad provisional EFSF, a la espera de que esté listo el Mecanismo de Estabilidad Europeo (ESM). “El EFSF da créditos a los países que lo solicitan, no hace donaciones. Según las normas de Eurostat, los créditos se suman al endeudamiento, aunque sean tan blandos como los del EFSF. Hablar sobre qué sucederá cuando esté funcionando el futuro organismo de supervisión bancaria sería construir castillos en el aire”, subrayó Schäuble. Todo un aviso de que el Eurogrupo, este lunes, podría ver limitado su alcance. La semana tiene, además, otra cita crucial, el Consejo de Política Fiscal y Financiera del jueves. Las Comunidades Autonómicas tienen cita de “control de cuentas”, y parece que hay varias que no superan los recortes exigidos desde el Gobierno central. Asegura este lunes El Mundo que el Gobierno amonestará a las CCAA que no cumplan el déficit comprometido y les dará un mes para adoptar medidas correctoras que eviten ser intervenidas. Finalmente, el viernes habrá consejo de ministros con “ajustes duros”. La Razón habla del nuevo paquete de ajustes, y destaca dos reformas pendientes: la de la administración local para acabar con las duplicidades y la reforma energética, con nuevas tasas nucleares, hidráulicas y renovables...

Pero todo eso es adelantar acontecimientos de una semana intensa, y probablemente nada fácil. Por si faltaba algo o alguien, tenemos en Madrid a los “mineros airados”, decididos a convencer a Soria y Rajoy sobre la conveniencia y justicia de sus reivindicaciones económicas para el sector...

Pensiones, salarios de funcionarios, protección de desempleo…, y reducción de funcionarios.

Más recortes para garantizar el déficit de 2012.

Aunque parezca mentira, sólo hace una semana que los presupuestos de 2012 entraron en vigor, como ha recordado este domingo el diario El País. La negativa del PSOE a dejar hecho un borrador o una adecuación de los presupuestos de 2011 para el presente año, y la resistencia de Rajoy a elaborar una nueva versión en poco tiempo –recuérdese que se obstinó en no presentar el proyecto hasta después de las elecciones andaluzas-,  produjo, incluso, el enfado en la Comisión Europea. Ahora se comprueba ya que esos presupuestos 2012vigentes, y de tan controvertida elaboración, necesitan muchos ajustes, o sea, más recortes de los que ya tienen. Se estima que, para que, en diciembre próximo, el conjunto del Estado logre un déficit del 5,3% del PIB, serán precisos aún más recortes del gasto. El Ministerio de Hacienda es consciente de esto. Sabe que el sistema de pensiones puede acabar con un desfase muy importante, que las cuentas de las comunidades despiertan dudas pese a su compromiso de recortar hasta 18.000 millones de euros y que los ingresos están muy por debajo de lo que espera. De ahí que, como ha señalado el catedrático de Hacienda Pública Juan José Rubio, autoridad que cita El País, haya que revisar los Presupuestos de este año con recortes de sueldos a funcionarios, despidos de empleados públicos, aumento de impuestos indirectos, eliminación de empresas autonómicas, reforma de la Administración, lucha contra el fraude... Y ésta es, precisamente, la tarea que ahora mismo tiene ante sí el Gobierno, cuya vicepresidenta recurre, una vez más a la herencia recibida: Dice este mismo domingo a ABC que “cuanto llegamos encontré un descontrol general en las cuentas públicas, y que “es el momento de poner a punto el Estado de las autonomías”. Los nuevos ajustes los anunciará el Gobierno en “próximas fechas”,  según proclamó este viernes el presidente Rajoy. Con los nuevos ajustes que están a punto de divulgarse, se corregirán los errores de los presupuestos vigentes, con gastos infravalorados e ingresos sobre estimados. No habrá más remedio que reducir pensiones, la protección por desempleo y los sueldos públicos, nada menos. Ya se ha comprobado que la Seguridad Social, con el sistema de pensiones, el seguro de desempleo y el Fogasa, es un gran talón de Aquiles. Hasta junio, la cuenta de las pensiones crece a un ritmo del 4,4%, cuando el vaticinio oficial era que apenas subiera un 0,9%. En las cotizaciones, también hay una seria diferencia: casi tres puntos porcentuales entre la realidad y lo previsto. La desviación en diciembre estará en torno a un 0,7% del PIB, es decir, unos 7.000 millones. En fin, el aumento del paro eleva el desequilibrio: se esperaban gastar 28.503 millones, en 2012, en prestaciones y subsidios, un 3,7% menos Pero hasta mayo (último mes con datos disponibles) ya ha crecido un 4,4%.

Desde luego, el Gobierno de Rajoy no quiere que las autoridades comunitarias le vuelvan a sacar los colores, y aspira a cumplir, a rajatabla, las previsiones de déficit pactadas. ¿El 5,3 por 100, a final de año? Ahora mismo, parece del todo imposible… salvo los nuevos ajustes a punto de ser anunciados. En esos cuatro capítulos ya reseñados: pensiones, salarios de funcionarios, protección de desempleo…, y reducción de funcionarios. Cada uno de ellos es sumamente difícil de determinar. Pero el de las pensiones es probablemente el más conflictivo, porque choca con las promesas y compromisos reiteradamente anunciados desde el Gobierno. Con otro agravante: los gastos son insoportables, pero tampoco los ingresos ponen fácil contener el déficit, por la sencilla razón de que la recaudación se ha derrumbado. Según datos que este mismo domingo ha facilitado El País, la caída del consumo está provocando hasta mayo el hundimiento de la recaudación por IVA  del -10,1%. Hacienda ingresa un 8% menos por el impuesto de sociedades. El aumento del IRPF es insuficiente para elevar los ingresos. Por si fuera poco,  el Gobierno se ve urgido a subir el IVA para enmendar el desfase, lo que aún situará algunas áreas de actividad en mayor crisis, como ya anuncia alarmado el turismo. Tampoco parece que la llamada “amnistía fiscal” vaya a facilitar los fondos que estimó Montoro, ni mucho menos. La lucha contra la economía sumergida no se cree que vaya a dar frutos “extraordinarios”… Entre otras cosas, porque apenas se han puesto medios extraordinarios para aumentar su eficacia., como reclamaban los inspectores fiscales.

No cabe otra vía que una nueva utilización de la tijera de los recortes profundos…