Montoro, “desafiante y chulesco”, tuvo que aplacar la rebelión autonómica
Rebelión es la palabra más empleada para dar cuenta de la reunión, en la tarde del jueves, de los consejeros de Economía de las Comunidades Autonómicas con el Ministro de Economía de la Nación,. Cristóbal Montoro. Había dos cuestiones a considerar: primera, el cumplimiento, en la primera mitad del año, de los objetivos de déficit fijados en el 1,5 por 100 de crecimiento para todas las Comunidades. Y segunda cuestión, que se añadió a la anterior, la eventual aplicación de una cierta tolerancia en el cumplimiento de ese déficit estricto a las nuevas instrucciones de la Unión Europea, que ha elevado en un año el plazo para el cumplimiento total del déficit: ahora es 2014 el año en el que deberá quedar por debajo del 3 por 100...
Pues bien, el Ministerio de Hacienda apenas logró sofocar la rebelión de las comunidades autónomas contra el endurecimiento de la austeridad, e impuso nuevos objetivos de déficit para 2013 y 2014 con una mayoría, pero sin la unanimidad que hubiera deseado. Votaron en contra Andalucía, Cataluña, Asturias y Canarias, y se abstuvieron dos comunidades gobernadas por el PP: Castilla y León y Extremadura. Finalmente, el Gobierno conseguía frenar la abstención de Galicia, la comunidad de origen de Mariano Rajoy. Pone de relieve el diario El Mundo que es un hecho muy inusual que comunidades del PP no voten a favor de una propuesta del Gobierno, por considerarla demasiado dura. Se recuerda que, el pasado lunes el Ecofín, la reunión de ministros de Economía de la Unión Europea, concedió a España un año más para que equilibrara sus cuentas. El Gobierno ve así flexibilizado su techo de déficit para este año del 5,3% al 6,3% del PIB. Pero se niega a compartir ese punto adicional con las comunidades que tienen un límite de déficit para 2012 del 1,5%. El plan del ministro Montoro consiste ahora en imponer que no puedan superar el déficit público del 1,5% este año, pese a que Bruselas permite una suavización mayor a la Administración Central, que el déficit se sitúe en un 0,7% en 2013 y en un 0,1% en 2014. Estas cifras para los dos próximos años son más duras que las que había establecido el Gobierno de Zapatero en 2011 (1,1% para 2013 y 1% para 2014) y suponen, según consejeros de Hacienda autonómicos consultados, como el conseller catalán Mas Colell, un mayor esfuerzo para las comunidades que para la Administración Central. De modo que la medida provocó un choque político. El propio secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido, en declaraciones en los pasillos del Congreso, una mayor flexibilización. En su opinión, si el Gobierno ha logrado más tiempo para acometer el ajuste y "lo lógico es que las comunidades también tengan más flexibilidad". De no ser así, opina Rubalcaba, se está "obligando" a las autonomías a recortar la sanidad, la educación y los servicios sociales. "Y los ciudadanos ya no pueden con más recortes", subrayó. También el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, había reclamado "un reparto equitativo" en el esfuerzo contra el déficit en vísperas de la reunión del CPFF, que reúne al Ejecutivo central con los consejeros de Hacienda de las distintas autonomías. Sin embargo, en el Gobierno argumentan que ya el pasado abril se planteó a la Comisión Europea que el objetivo déficit autonómico para 2013 fuera del 0,5%, con lo que, al plantear ahora el 0,7%, ha habido cierta "flexibilización". Las comunidades consultadas lo niegan, porque aseguran que ese 0,5% nunca fue objeto de acuerdo y que lo hay en vigor es limitar el déficit al 1,1% en 2013, que es un objetivo más suave que el que plantea Hacienda. El departamento de Montoro ha amonestado a ocho comunidades, que no fueron sido nombradas, por desviarse de los planes de déficit. A tres de ellas, por dudas sobre la información proporcionada y a otras cinco, por haber incumplido los compromisos adquiridos para no desviarse de los objetivos de déficit. Las referidas comunidades autónomas habrían recibido el apercibimiento de manera individual y discreta. Se trata de un primer apercibimiento que, según la ley de Estabilidad Presupuestaria, podría acabar, en caso extremo, en intervención.
Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya anunció en el debate del pasado miércoles, que "ahora les toca a las comunidades autónomas acreditar que están cumpliendo y ganar credibilidad para que todas puedan volver a financiarse normalmente en el mercado, cosa que, como todos ustedes saben, ahora no se produce". Anticipó Rajoy que hay que revisar la aplicación de los planes económico-financieros de las comunidades autónomas aprobados en abril en la línea de lo establecido en el procedimiento de corrección del déficit excesivo y, en virtud del grado de aplicación de los planes aprobados, se pondrán en marcha los mecanismos correctores previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria". Otera cuestión de este Consejo de Política Fiscal y Financiera era el anuncio de poner en marcha un instrumento financiero, los llamados hispabonos, que garantice la liquidez suficiente para que las comunidades autónomas puedan hacer frente a sus compromisos financieros". A cambio de este apoyo de la Administración Central habrá controles adicionales del Estado, que requerirá la autorización por parte de las comunidades autónomas de su capacidad normativa y de decisión en el ámbito de ingresos y de gastos. Es decir, que les impondrá que suban impuestos y recorten más gastos si quieren beneficiarse del respaldo estatal para endeudarse.
Según ha trascendido, la discusión de Montoro con “los rebeldes”, fue tensa. Fuentes presentes en la cita calificaron el tono del ministro de Hacienda como desafiante, e incluso chulesco. “¿Cómo pedís más déficit si no podéis financiar lo que tenéis?”, aseguran varias fuentes que pronunció el ministro. Varias comunidades del PP amenazaron con abstenerse en la votación sobre los objetivos de déficit para 2013 y 2014. Finalmente, dos de ellas, Extremadura y Castilla y León, se abstuvieron en la votación. Galicia valoró la posibilidad de abstenerse, pero las presiones del Gobierno provocaron que reconsiderara su postura a última hora. A la salida, la consejera gallega, Elena Muñoz, aseguró que había dado un “sí crítico” por responsabilidad, e indicó que la decisión del Gobierno “no es satisfactoria” para las comunidades. La responsable de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, una veterana que en otras ocasiones ha ejercido de portavoz de la posición unitaria del PP, se mostró muy crítica con la postura del Gobierno y justificó su abstención porque no puede recortar gastos sin conocer los ingresos futuros, que tiene que comunicar Hacienda en virtud del sistema de financiación autonómica. Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias, que no tienen gobiernos del PP, votaron en contra. Y varias comunidades populares también expresaron su malestar por la actitud “desafiante” del ministro, según fuentes presentes en la reunión que explicaron como Montoro calificó las peticiones de las comunidades como “una demanda de relajación”. Al concluir la reunión, el ministro explicó que “cada comunidad tiene su criterio, pero han precisado que están de acuerdo con la finalidad que persigue”. Y agregó: “La tarea del Gobierno es clara, no hay nada más que una opción, que es cumplir”. El consejero catalán de Economía, Andreu Mas-Collel, fue uno de los más críticos con la actitud del ministro, del que dijo que había estado “autoritario”. El consejero explicó que llegaron a la reunión con ánimo de alcanzar acuerdos y se toparon con un “ordeno y mando”.
En cuanto al ministro Montoro, advierten los analistas políticos que no es infrecuente su tono desabrido y chulesco con quienes opinan lo contrario que él. Lo han comprobado repetidas veces en el Congreso de los Diputados...
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