jueves, 10 de marzo de 2011

COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES CON LOS TRABAJADORES DE AENA, PROYECTOS DE EXTERNALIZAR SERVICIOS PÚBLICOS. LA SENTENCIA CONTRA ALFREDO SAENZ.

COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES CON LOS TRABAJADORES DE AENA.- Pocas veces, con anterioridad, el anuncio de una huelga había producido tanta alarma como la que anunciaron los representantes sindicales de AENA para 22 días bien elegidos de los meses que vienen. La alarma se produjo en España y en otros mercados turísticos que surten, precisamente, al mercado turístico español. El propio ministro de Fomento, encargado de resolver la “papeleta” de la huelga, ya ha anunciado su decidido propósito de evitar esas huelgas que vendrían a ser un durísimo golpe a las previsiones del turismo español e la temporada que está comenzado, y que todos adivinaban como demostrativa del final de un tiempo mucho más complicado, como efecto de la crisis. De hecho, y sin pérdida de tiempo, Aena y los representantes sindicales de CCOO, UGT y USO en el ente público, se reúnen ya este jueves para intentar llegar a un acuerdo que evite el conflicto. Será el primer encuentro entre “las partes”, Aena y los sindicalistas, tras la anunciada convocatoria de huelga en Semana Santa y verano, en un decidido intento por evitar los paros que, sólo con su anuncio, han provocado el rechazo firme del sector turístico y de los usuarios. Basta comprobar algunos titulares tanto de diarios nacionales como británicos, por ejemplo: La huelga puede arruinar las vacaciones de muchas familias, el sector turístico exige una solución rápida, la CEOE emplaza a las partes a un acuerdo inmediato, Blanco insiste en su convicción de que habrá pacto antes de semana santa; Aena quiere evitar la huelga con un blindaje para sus trabajadores y negociará garantías laborales `para los afectados por la privatización que se pretende... Pero también, esas reacciones de fuera: Alarma en Inglaterra y Alemania por el nuevo suplicio aéreo, cuenta ABC al señalar cómo los principales diarios británicos y germanos temen que España cancele miles de vuelos...o en La Razón: La huelga de AENA desata la alarma internacional. La prensa británica pronostica un nuevo caos aéreo si se lleva a cabo el paro anunciado...
Hay una cuestión en la que reparan los mejor informados: el convenio que se busca para los trabajadores de Aena, pudiera convertirse en un convenio del sector, lo que, en efecto, blindaría los derechos laborales y sociales de dichos trabajadores, que hoy se ven amenazados por los planes del ministerio de privatizar la gestión de los aeropuertos, si bien, aspira a seguir manteniendo el 51 por 100, frente al 49 del capital privado. Conviene prestar atención a los movimientos que vienen prestando distintos grupos nacionalistas, desde los catalanes a los canarios, para no perder la ocasión de incorporar a los correspondientes gobiernos la gestión aeroportuaria. La Generalitat ha aprovechado el momento para indicar que aspira a incrementar la oferta de vuelos en Girona, Reus y Sabadell. El Govern de Mas presiona para que se agilice el traslado a la Generalitat los esos tres aeropuertos secundarios mencionados. José Blanco insiste a quien quiere escucharle que Aena seguirá siendo una empresa pública..., aunque sea vea recortada en competencias y en trabajadores. En todo caso, se entiende que la amenaza sindical no es más que una acción y demostración de fuerza en el comienzo de las negociaciones, a las que hay que prestar la debida atención, pero no más... Por otra parte, saben los trabajadores de AENA que juega en su contra el precedente de los controladores aéreos, otra parte de los trabajadores aeroportuarios, que ha venido a destacar los muy distintos tratos que obtienen unos u otros trabajadores... Basta comparar los 200.000 euros de ingresos medios de los controladores, tras el “recorte Blanco-Pimentel-, con los 1.100-2.200 euros netos mensuales que perciben algunos de estos trabajadores “de segunda”, que sin embargo, merecen por parte de Aena y de los sindicatos la mejor valoración: “Son los trabajadores más eficientes de Europa y a un precio competitivo”...
Lo cierto es que los trabajadores de Aena juegan con datos favorables y datos contrario: la presión de la opinión pública ya pesa sobre ellos de manera extraordinaria, por los eventuales y abultadísimos costes que podría tener una huelga para el sector turístico nacional, y la impresión de que hay trabajadores privilegiados, en cuyas manos llega a estar la hipótesis de paralizar un país, nada menos.
No hay duda de que estaremos pendientes de esta nueva mesa de negociaciones, una vez que José Blanco insistiera en que el empleo y los derechos de los trabajadores están garantizados en el nuevo modelo de Aena, que seguirá siendo "pública". Blanco también se encargó de enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque "con determinación y con diálogo" se logrará un acuerdo. La campaña electora del 22 de mayo también ejerce presión Por su parte, los sindicatos entienden que su convocatoria se ha efectuado "con suficiente" antelación, y se muestran dispuestos a "negociar en la arena", pero no se darán satisfechos "solo con promesas y un calendario de negociación". "Esto no servirá", indican. Y una esperanza más: "Si lo que hemos escuchado decir a Blanco se pone en un papel, no habrá problema", aunque la garantía de los derechos individuales "no es suficiente", ya que aquellos trabajadores que pasen a las empresas concesionarias "quedarán fuera del paraguas".
Desde este mismo jueves, asistiremos al pulso de AENA y sus trabajadores, con algunos gobiernos autonómicos a la espera de que les llegue su turno...
LA VENTA DE AENA.- “Se vende parte de Aena para pagar deuda”, aseguraba en el fragor de la batalla el portavoz de los controladores aéreos, Daniel Zamit. Y no es poco el montante que hay que abonar. Según las últimas cuentas del gestor aeroportuario publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que reproduice El Confidencial, la entidad pública mantiene deudas por valor de 12.774,4 millones de euros, con vencimientos que llegan hasta el año 2034. Como una hipoteca. Un escenario que ha abierto el melón de la privatización e, indirectamente, otro avispero laboral. Los 11.000 trabajadores de la casa ven la operación como una pérdida de derechos y amenazan con una huelga que afectará a la Semana Santa y las vacaciones de verano. Este año es tranquilo para Aena, que sólo tiene que satisfacer a sus acreedores 298,6 millones de euros. Sin embargo, luego vienen curvas. El gestor aeroportuario tendrá que pagar 411,5 millones en 2012; hasta 500,4 millones en 2013, y la friolera de 589,1 en 2014, año en que se prevé volver a los beneficios. Aún quedará pendiente un agujero de 8.343,7 millones a abonar en cómodos plazos con sus correspondientes intereses en los próximos 23 años. Los 8.000 millones que el Gobierno espera obtener por el 49% de Aena dulcificarían ese escenario. La propia ministra de Economía, Elena Salgado, aseguraba que la privatización parcial de Aena y Loterías del Estado permitiría reducir en un tercio las emisiones de deuda soberana. El año 2010 era especialmente delicado para la compañía, con pagos de 939,2 millones. Unas exigencias financieras que para los controladores explican parte de la urgencia de Fomento por rebajar la masa salarial del colectivo. La sociedad todavía no ha dispuesto de 1.661,8 millones que tiene concedidos y que se suman a la deuda total. Su principal acreedor es el Banco Europeo de Inversiones (BEI), a quien adeuda 5.187,7 millones de euros. “Adicionalmente, la entidad puede optar a formalizar financiación adicional del BEI por 600 millones de euros sujeta al resultado positivo de evaluación de los proyectos de acuerdo con Acuerdo marco para la financiación del PEIT”, subraya en sus cuentas. También en el ámbito público, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha prestado a Aena cantidades importantes, en concreto 2.790 millones. Entre las entidades privadas ante las que el gesto aeroportuario debe responder destaca la deuda contraída con Depfa Bank –institución con sede en Dublín y especializada en operaciones inmobiliarias-, a la que se adeuda 2.886,6 millones de euros. También están en la cola para cobrar Unicaja, La Caixa, Bankinter, BBVA, KFW IPEX-Bank y Dexia Sabadell. Una realidad que tendrá que asumir el socio que busca Aena para tomar una participación en el holding. Algo nada fácil cuando no será el único baño de realidad que tenga que afrontar. Y es que según explican a El Confidencial fuentes próximas a una firma internacional potencialmente interesada, “el negocio está en Barajas y El Prat, pero no tiene sentido entrar sin mandar en un holding que agrupe el resto de aeródromos no rentables”. Como publicaba este diario el pasado viernes, el Gobierno buscará inicialmente un socio industrial que se haga con el 20% de la sociedad que gestiona los aeropuertos, para después sacar a bolsa hasta un 49% a finales de este año o principios del próximo. Compañías españolas como Abertis o Ferrovial también recelan del modelo, en tanto el paquete es minoritario y deja la gestión en manos del Estado. En medio del proceso privatizador, los trabajadores irrumpieron ayer con un preaviso de huelga que supondrá paros en cinco días de abril, entre ellos el miércoles, el jueves y el domingo de Semana Santa. También en otras cinco jornadas en mayo, tres en junio y seis en julio, en plena operación salida de las vacaciones de verano. Los trabajadores temen que la privatización les reste derechos. Un planteamiento que recuerda recientes debacles en los aeropuertos y cuestiona de nuevo la capacidad del Ministerio para afrontar estas crisis. El titular de Fomento, José Blanco, intentaba ayer desactivar la nueva bomba laboral e insistía en que Aena “va a seguir siendo una empresa pública”. En esta línea, se comprometió a suscribir que se va a mantener el empleo y los derechos de la plantilla, por lo que confió en que pueda desconvocarse la huelga. El presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, ha defendido que las pérdidas de Aena tienen un carácter puramente puntual ya que se han producido por la necesidad de realizar fuertes amortizaciones coincidiendo con dos años de caída del tráfico. Del mismo modo, sostiene que “los 12.000 millones de euros de deuda de Aena se corresponden, casi al céntimo, con las inversiones realizadas en los grandes aeropuertos” y están “plenamente justificadas, ya que gracias a ellas estos aeropuertos están en inmejorables condiciones para aprovechar la nueva etapa de crecimiento del transporte aéreo”.
SE EXTERNALIZA LA ENCUESTA DE POBLACIÓN.- La política de privatizaciones se abre paso en el Ministerio de Economía, sostiene una crónica de El Confidencial, que añade: Y lo que es todavía cualitativamente más relevante, afecta ya -de forma parcial- a la Encuesta de Población Activa, (EPA), uno de los buques insignia del Instituto Nacional de Estadística. Probablemente, la de mayor solera y profundidad de cuantas estadísticas elabora el INE. Se elabora nada menos que desde 1964 de forma ininterrumpida. CCOO ha desvelado que una empresa privada ha sido seleccionada por el Ministerio de Economía para hacer la recogida de datos de la EPA. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Análisis e Investigación, y su objeto es el apoyo a la recogida telefónica de datos, trabajo que hasta la fecha venía realizando personal de INE. La factura se eleva a 70.800 euros  y dada su cuantía se ha adjudicado mediante contratación por procedimiento negociado sin publicidad. En el contrato se especifica que el INE invitó a cuatro empresas a participar, y al final se eligió a la ganadora. Según un portavoz de Estadística, la adjudicación es de carácter “puntual” y no se volverá a repetir en los próximos trimestres. Se justifica por problemas de ajuste de plantillas. No es la primera encuesta que se externaliza. Recientemente, el INE privatizó la elaboración de la Encuesta de Condiciones de Vida y la Encuesta sobre equipamientos y uso de tecnologías de la Información en los Hogares. Además de las encuestas medioambientales. La privatización de servicios del Ministerio de Economía no acaba ahí. CCOO ha desvelado, igualmente, que recientemente el Ministerio de Economía externalizó sus servicios informáticos por un total de 2,99 millones de euros. Seis empresas se han llevado la adjudicación, y según el sindicato, la administración ha pagado un sobreprecio, toda vez que el mismo servicio lo podrían hacer empleados públicos con coste más reducido. Según sus cálculos, la externalización afecta a 21 puestos de trabajo durante dos años por casi 3 millones de euros, y tiene un coste medio por jornada de trabajador de 316,68 euros. Este coste, dice CCOO, es “muy superior” al salario que realmente perciben los trabajadores de estas empresas y que, si compara con los costes de los empleados públicos en puestos informáticos, supone un sobrecoste para la administración cercano a 100%. El coste total de un puesto de trabajo funcionario A1 nivel 23 es de aproximadamente 167 euros/jornada, incluidos salarios y costes sociales. Lo que critican los representantes de los trabajadores no es sólo el sobreprecio pagado, sino que lo que se contrata como servicios externos -algo que puede ser justificable- es, en realidad, la puesta a disposición de personal como si se tratara de una empresa de trabajo temporal. La externalización es un instrumento utilizado habitualmente por las administraciones públicas, pero en los últimos años se ha acelerado este procedimiento para salvar las restricciones derivadas de la oferta pública de empleo público. El Gobierno no contrata formalmente, pero lo hace por fuera, por lo que no engorda las plantillas del sector público. El problema radica en que en muchos casos esos trabajadores han llevado a los tribunales a su empleador y al final la administración ha tenido que hacerlos fijos. Así lo ha puesto de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas , que se vio obligado a aprobar una moción instando a los poderes públicos a que pusieran fin a esta práctica. En palabras del Tribunal de Cuentas, “se ha puesto de manifiesto que, en ocasiones, la contratación de empresas para la realización de trabajos o servicios ha dado lugar a demandas de su personal, que han obtenido sentencias judiciales, en cuya virtud han adquirido la condición de trabajadores de los organismos correspondientes”. Esta externalización ha afectado, incluso, a las labores de fiscalización de las cuentas públicas. La administración abrió la puerta en 2003 a esta posibilidad "en caso de insuficiencia de medios”, como sostiene una disposición adicional de la Ley General Presupuestaria. Pero esa singularidad se ha convertido en moneda corriente. Hasta el punto de que organismos públicos tan relevantes como el ICO, Renfe, Adif, las fundaciones estatales o el control de los fondos de cohesión de la Unión Europea han dejado de ser fiscalizados por funcionarios públicos. En su lugar, el trabajo lo están realizando las empresas del sector de la auditoria. Un  dato ilustra esta nueva situación. Según lo publicado en su día por este diario, la externalización de trabajos -tan sólo en la Intervención General del Estado (IGAE)-, ascendió el año pasado a 35,6 millones de euros; es decir, casi el triple que los 13,7 millones destinados un año antes. En 2010, la Administración tenía presupuestado suscribir contratos con empresas privadas por valor de 767,3 millones de euros, por encima de los 542 millones programados para 2009.
LA SENTENCIA CONTRA ALFREDO SAENZ.- Ya ha pasado más de un mes desde que se conoció el fallo del Tribunal Supremo que condenaba a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con la banca a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, por delitos de presentación de una acusación falsa y de estafa procesal. Esta dilación en hacer pública la sentencia una vez que se conoce el fallo no es ni mucho menos habitual en este órgano judicial. Aun así, hay que puntualizar que el fallo no fue anunciado por el propio tribunal, como sería el cauce ordinario, sino por una filtración a un medio de comunicación. Lo cuenta El Confidencial, que sostiene que el retraso, sin embargo, tiene una explicación: el ponente encargado de redactar la sentencia es contrario al fallo dictado. Esto significa que todo el texto redactado es inútil y que otro magistrado ha tenido que iniciar de cero los fundamentos jurídicos de la sentencia, según las fuentes. La filtración del fallo podría ser empleada por Sáenz para recurrir en un futuro su condena ante el Tribunal Constitucional por violación de sus derechos fundamentales al haber conocido por un medio de comunicación la decisión de un tribunal que todavía no tiene la sentencia. Mientras tanto, continúa en el cargo como vicepresidente del Banco Santander con normalidad porque en la práctica todavía no ha sido condenado. El presidente de la entidad, Emilio Botín, ya señaló tras conocer la noticia que “no hay riesgo reputacional, no hay sentencia y no hay absolutamente nada, ¿está claro?”. Ni siquiera quiso plantearse qué sucedería si llegase a materializarse la sentencia. Por ahora, desde la entidad no se va a mover ficha, por lo menos hasta que resuelva el Constitucional, algo que podría alargarse incluso hasta dos años. Eso sí, siempre y cuando este tribunal decida suspender la inhabilitación hasta la decisión final. Según el fallo hecho público, el ejecutivo habría cometido dichas infracciones cuando era presidente de Banesto. Fue entonces cuando “con su conocimiento y beneplácito” se presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra cuatro empresarios, a pesar de que sabía que eran inocentes. Dicho procedimiento dio como resultado la detención de éstos, el encarcelamiento durante varios días de tres de ellos y el embargo de bienes por valor de 4,5 millones de euros. Estas acusaciones se utilizaron como medida de presión para intentar cobrar una deuda de 3,8 millones de euros que el grupo participado por dichos ejecutivos tenía con Banesto. Ya en diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que Sáenz tenía conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella y que actuó de esa manera como “medida de presión” contra los industriales. La interposición de la querella por parte de Banesto “obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían”, sostuvo la Audiencia Provincial de Barcelona.
LA PELEA DE RUIZ MATEOS CON BOTIN.- La familia Ruiz-Mateos presentará una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, a quien Rumasa culpa como uno de los principales culpables de la situación actual del holding, que ha anunciado concurso de acreedores para varias compañías de su grupo. El hijo de José María Ruiz-Mateos, consejero delegado de la firma, acusó ayer al Santander y a su filial Banesto de “cortarles la línea de crédito de la noche a la mañana”. La familia ha anunciado que comenzará una campaña “implacable” contra el banquero para “investigar todas y cada una de las causas que tienen abiertas, tipo Madoff o Banif”. Muchas de estas quejas de los Ruiz-Mateos hacia el máximo responsable del Santander, al que adeudan 200 millones de euros, se recogen en la correspondencia que el dueño de Nueva Rumasa ha mantenido con Botín en los últimos años y que se han hecho ahora públicas. Unas cartas, a veces estrambóticas, que pasan de la alabanza a la crítica feroz conforme el banco fue retirando el crédito al holding y que demuestran también los engaños de la compañía hacia sus inversores, de la que da cuenta El Confidencial. En una de estas cartas, fechada en febrero de 2009, Ruiz-Mateos aseguraba que "los tiempos no están para invertir, sino para recoger", una frase que pone en entredicho el motivo por el que Nueva Rumasa pidió dinero a inversores a través de pagarés. Por una vez te pido hagas un acto de humildad y recibas a mis seis hijos varones (inmejorables)", le dice en una carta fechada el 22 de septiembre de 2009 a Emilio Botín. En ocasiones, Ruiz Mateos llega incluso a utilizar un tono amenazador, como en la carta que le dirigió el pasado mes de junio. Le da a entender que si el Santander le da crédito, él se retirará. "De lo contrario –asegura-, no tengo nada que perder, lo que sería un grave error por tu parte, pues dejarías de ser el ombligo de oro del mundo y debes saber que los banqueros sois los más odiados de la sociedad en la que vivimos”. En julio de 2008, la familia decía de él que pasaría “a la historia como el mejor banquero del mundo” o que con sus créditos conseguía “sostener e incluso incrementar el empleo, que podamos seguir apoyando económicamente a la Iglesia, que sigamos atendiendo a nuestras familias con sosiego y paz”. Los gestores de Nueva Rumasa dirigen también parecidos mensajes a Javier Peralta, director de riesgo del Santander, a quien se le critica duramente conforme la situación de la empresa empeora. Primero le califican de “inconmensurable” cuando el banco le daba créditos y después aseguran de él que "peor no lo ha podido hacer", cuando se negó a seguir aumentando el riesgo. Casi todas las misivas están mecanografiadas con ordenador, pero hay una muy reciente, del pasado 16 de febrero, en la que Ruiz-Mateos pide a la desesperada ayuda con una pequeña anotación manuscrita: “Emilio, por favor, ¡no nos dejes caer! Sería horrible. De consecuencias inusitadas y además innecesario”. Nueva Rumasa defiende que no existe "nada punible" ni delito en la investigación que desarrolla la Fiscalía sobre las emisiones de pagarés ni en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid por un presunto delito contra la Seguridad Social e insolvencia en Clesa, empresa propiedad de la familia Ruiz-Mateos. En rueda de prensa junto con el consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos, el abogado de Nueva Rumasa Joaquín Yvancos explicó que la investigación del juzgado partió de la Policía, que preguntó al tomar declaración a los directivos de Clesa el motivo por el que "se había sacado Cacaolat de Clesa". "Cacaolat no se ha sacado, sino que se ha escindido o segregado de Clesa, pero las acciones de Cacaolat son Clesa, con lo cual con esa aclaración el supuesto delito ha desaparecido", explicó, antes de indicar que "no tenían sentido esas diligencias". En relación con la prórroga de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, José María Ruiz-Mateos dijo sentirse "muy tranquilo". "Cuando nos llamen, iremos", subrayó, antes recalcar que la Fiscalía "lleva un año investigando y no ha obtenido nada. No creo que haya nada punible". Según aseveró, los fondos obtenidos con las emisiones se destinaron a inversión, "que no es una compra necesariamente, puede ser inversión en fondo de maniobra, en publicidad o en I+D". Además, afirmó que la emisión de pagarés a través de Carcesa "está amortizada en todo su capital en un 80%".
LAS CARTAS DE BOTIN Y RUIZ MATEOS.- La familia Ruiz-Mateos aprovechaba el anuncio de que sus empresas Clesa y Ghul tendrán que presentarse a concurso de acreedores para señalar a su nuevo enemigo público, Emilio Botín, según cuenta Público. Sin embargo, las cartas que presentaron para intentar justificar sus críticas hacia el Banco Santander se pueden volver contra ellos. En la misma rueda de prensa la familia Ruiz-Mateos anunció un nuevo frente: el inicio de acciones legales contra el grupo Santander, a quien las empresas de Nueva Rumasa adeudan la mitad de sus créditos bancarios (350 millones de euros sobre un total de 700 millones). Según la familia Ruiz-Mateos, el Santander los obligó a vender activos muy por debajo de su valor para atender a los créditos pendientes, perjudicando al resto de los acreedores. La guerra, una vez planteada, será total. "Actuaremos de forma implacable, porque (el Santander) es responsable de lo sucedido en Nueva Rumasa", apuntó José María Ruiz-Mateos. "Madoff, Lehman Brothers, Banif" y cualquier otra causa que tenga abierta el Santander se convertirán en su causa. Para ello dicen que crearán una plataforma internacional de perjudicados por el Santander y se contará con abogados defensores históricos de causas contra Botín, como Iván Hernández o Arturo Panea. Un balón fuera (y un alto gasto para un grupo en suspensión de pagos) que Nueva Rumasa regaló a la prensa envuelto en un jugoso caramelo: las cartas de José María Ruiz-Mateos y su mujer, Teresa Rivero, a Emilio Botín, presidente del Santander, Alfredo Sáenz, consejero delegado, y Javier Peralta, director general de Riesgos. Cartas en las que se "suplica paciencia" a Peralta y se le asegura que "mucha de la publicidad que sale en los medios sobre inversiones y puestos de trabajo forman parte del marketing de cara a la opinión pública, pues a la hora de la verdad si lo analizas bien, cuando llevamos a efecto alguna operación mercantil, es porque recibimos más, de lo que invertimos...". Opinión pública a la que se convencía de que se iban a realizar determinadas inversiones pese a que, según la carta, "los tiempos no están para invertir, sino para recoger... a veces es bueno aparentar de cara a sostener un clima de confianza y seguridad ante nuestros proveedores y clientes". En una de las cartas, Ruiz Mateos escribe a la desesperada: "Emilio, por favor, no nos dejes caer. ¡Sería horrible!". Misas en la capilla de la casa de Ruiz-Mateos por Botín y otras alusiones constantes a la Iglesia plagan las misivas. Estas cartas a Botín hechas públicas ahora demuestran que los Ruiz-Mateos engañaron a sabiendas a la opinión pública, a inversores y a acreedores al asegurar que esta publicidad era mero marketing. Las cartas entre José María Ruiz-Mateos y el Santander probarían que los Ruiz-Mateos mentían sobre sus inversiones y empleados para captar capital con la emisión de pagarés. Es más, mientras reconocían a Emilio Botín que "los tiempos no están para invertir, sino para recoger" en los medios de comunicación lanzaban la campaña de captación de acreedores, a los que se les animaba a invertir con al menos 50.000 euros en el grupo de empresas.
COCHES CON DOCUMENTACIÓN DE CLESA.- Ha relatado el diario la Voz de Galicia que miembros del comité de empresa de Clesa intentaron esta madrugada impedir la salida de coches con documentación, de la sede de la compañía, aunque se retiraron al acudir la Policía y anunciar uno de los abogados de Nueva Rumasa que les estaban reteniendo y los denunciaría, indicaron a Efe fuentes de los trabajadores. Según las mismas fuentes dos de las directivas de Nueva Rumasa vinculadas a Clesa, Sonia Fernández y Juncal Vázquez, han llenado el vehículo con abundante documentación de la compañía, que se llevaron a la fábrica situada en la Avenida de Herrera Oria, en Madrid, poco antes de la medianoche. Miembros del comité de empresa, formado por CCOO y UGT, explicaron que la versión que han facilitado las dos ejecutivas a la Policía, en presencia de estos trabajadores, es que retiraban los documentos porque los necesitan para presentarlos en el procedimiento concursal. Fuentes del comité de empresa han detallado que, además de estas dos ejecutivas, se encontraba también a estas horas en Clesa el director de la fábrica y otras personas vinculadas con la familia Ruiz-Mateos. Minutos después de que la Policía acudiera a la fábrica se ha trasladado a la planta el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Jesús Villar, quien ha mantenido una conversación con el director de la planta de Clesa para conocer los motivos de la retirada de esta documentación. El sindicato CCOO anunció esta tarde la intención de organizar brigadas de vigilancia para evitar que se retiraran activos de las plantas. Esta retirada de documentación de la planta de Clesa se produce horas después de que el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos hijo anunciara que preparan solicitar el concurso de acreedores para dos o tres empresas del grupo, aunque descartó pronunciarse si entre ellas se encontraba la propia Clesa.
EMPRESAS QUE PAGARON A GURTEL.- Según ha relatado el diario Público, la Brigada de Blanqueo de la Policía ha pedido al juez instructor del caso Gürtel que estreche el cerco en torno a las empresas que presuntamente pagaron comisiones a la trama corrupta para conseguir contratos de administraciones gobernadas por el PP. En un informe fechado el pasado día 1, la Policía propone al juez que solicite a siete empresarios el listado de contratos y subcontratas de carácter público y privado obtenidos por sus respectivas compañías entre 2001 y 2004 en Galicia, Madrid, Castilla y León y País Valencià. El listado de sociedades requeridas se eleva a 15. Y al mando de ellas se sitúan o se situaban los siguientes imputados: José Luis Ulibarri (Begar SA, Begar Construcciones y Contratas SA, Seralia), Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica, EOC, EOC Galicia, Acanto, Azarbe), Enrique Carrasco (FCC, Aqualia), Gonzalo Naranjo (Sufi) y Plácido Vázquez (Sufi, Ros Roca SA y Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial). Los otros dos empresarios mencionados por la Policía, que a día de hoy no están imputados, son José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, propietarios de Teconsa, cuyos contratos también reclama la Brigada de Blanqueo. Teconsa, del sector de la construcción, logró en 2005 el contrato para la cobertura televisiva de la visita papal a Valencia, un pelotazo con el que la red de Correa se embolsó tres millones. En Castilla y León, obtuvo en 2002 la adjudicación, supuestamente amañada, para la Variante de Olleros. Sin razón conocida, la empresa pagó obras del chalet de Correa en Ibiza. Y a ese cometido también dedicó esfuerzos (más de 200.000 euros) el empresario José Luis Ulibarri a través de Begar. Ulibarri, beneficiado con numerosos contratos públicos, fue quien impulsó la querella que ha llevado al juez Garzón al borde del banquillo por las escuchas practicadas en prisión a los jefes de la trama. Asimismo, el listado incluye la compañía Licuas, que supuestamente pagó facturas de empresas de la trama y se alzó con adjudicaciones en los municipios madrileños de Majadahonda y Boadilla, cuyos exalcaldes están imputados. A todos los empresarios citados les une un doble nexo: captaron para sus sociedades numerosos contratos públicos bajo sospecha. Y aparecen en los documentos incautados a la trama como autores de "entregas". La semana pasada, por ejemplo, un exdirectivo de Sufi confesó ante Pedreira que pagó un millón de euros en Suiza para hacerse, en 2002, con un contrato de limpieza del Ayuntamiento de Madrid . Esas "entregas" quedaron anotadas en la contabilidad B que la red almacenaba en el ya famoso pen drive intervenido en el domicilio de José Luis Izquierdo, el supuesto contable del grupo capitaneado por Francisco Correa. Diversos informes detallaban la cuantía de esas entregas y la identidad de quienes las realizaron. Por ejemplo, el 8 de enero de 2002, la red anotó la recepción de "17.500.000 pesetas" (92.000 euros) procedentes de Enrique Carrasco. El 5 de febrero de ese mismo año, Plácido Vázquez entregó "10.000.000 pesetas" (60.000 euros). Vázquez repitió pago en junio: 420.70 8 euros apuntados el día 14 de ese mes. La comisión más voluminosa de las contabilizadas ese año por la trama partió, según el sumario, de Alfonso García Pozuelo: el entonces presidente de Hispánica pagó 925.560 euros el 19 de febrero. En 2003, entregó a la red 600.000 euros en la víspera de Nochebuena.
NI VEINTE ALUMNOS EN ALGUNOS CURSOS. Ha revelado el diario La Voz de Galicia que uno de los objetivos de la adaptación de las titulaciones al espacio europeo era adecuar oferta y demanda, y evitar que algunas carreras pasasen a la historia porque su alumnado se contaba con los dedos de la mano. En el curso 2006-2007, un total de 22 licenciaturas, diplomaturas e ingenierías no lograron ni veinte alumnos en primer curso. El escenario ha cambiado y los grados que sustituyen a los anteriores títulos tienen mejor perspectiva, pero no tanto. Al menos once carreras -tres en la Universidade de Santiago, cuatro en la de Vigo y otras cuatro en la de A Coruña- no han logrado llegar a los 25 alumnos en primer curso. El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, instó el lunes a los rectores, en el pleno del Consello Galego de Universidades, a que ajusten demanda y oferta, y el primer paso ha sido ya una propuesta: suprimir los másteres con menos de cinco estudiantes. Actualmente no existe ninguna normativa que fije una matrícula mínima para autorizar o suprimir una titulación. La Xunta quiere cambiar esta situación y prepara un decreto cuyo primer borrador podría estar listo en semanas, y en el que se fijarán todos los requisitos del proceso de autorización y supresión de títulos universitarios. En esta norma, de obligado cumplimiento pero que se consensuará con las universidades, se especificará la horquilla en la que tienen que moverse los grados para ser viables. Por el momento se desconoce cuál será el número mínimo de alumnos, aunque el informe que elaboró el Consello Galego de Universidades cuando comenzó la adaptación a Bolonia, y que solo tenía carácter informativo, recomendaba 25 estudiantes para mantener un grado y 40 si este se implantaba por primera vez en el sistema universitario de Galicia. Por ahora, en los siete campus, más de una decena de nuevos grados no superarían esta cifra de los 25 alumnos, claro que hace unos años serían el doble. Aunque el sambenito siempre suele acompañar a los títulos de humanidades, dentro de estas 11 titulaciones hay varias ingenierías -Eléctrica en Ferrol (13), Agraria en Ourense (23) y de Industrias Agroalimentarias en Lugo (5)-; filologías -Clásica en Santiago (9) y de Galego e Portugués en A Coruña (11)-; y Difusión Cultural en Lugo (18), Humanidades (21) y Documentación en Ferrol (12); dos especialidades de Traducción e Interpretación en Vigo (22 y 11); y Consultoría y Gestión de la Información en Ourense (19). Desde la Xunta, sin embargo, en ningún momento hablan de cerrar títulos, sino de usar las nuevas tecnologías o aprovechar sinergias para elevar la demanda. «Si hay algo atractivo que haga más fuerte el sistema universitario hay que incorporarlo», apunta Díez de Castro, secretario de Universidades.

COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES CON LOS TRABAJADORES DE AENA, PROYECTOS DE EXTERNALIZAR SERVICIOS PÚBLICOS. LA SENTENCIA CONTRA ALFREDO SAENZ.

COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES CON LOS TRABAJADORES DE AENA.- Pocas veces, con anterioridad, el anuncio de una huelga había producido tanta alarma como la que anunciaron los representantes sindicales de AENA para 22 días bien elegidos de los meses que vienen. La alarma se produjo en España y en otros mercados turísticos que surten, precisamente, al mercado turístico español. El propio ministro de Fomento, encargado de resolver la “papeleta” de la huelga, ya ha anunciado su decidido propósito de evitar esas huelgas que vendrían a ser un durísimo golpe a las previsiones del turismo español e la temporada que está comenzado, y que todos adivinaban como demostrativa del final de un tiempo mucho más complicado, como efecto de la crisis. De hecho, y sin pérdida de tiempo, Aena y los representantes sindicales de CCOO, UGT y USO en el ente público, se reúnen ya este jueves para intentar llegar a un acuerdo que evite el conflicto. Será el primer encuentro entre “las partes”, Aena y los sindicalistas, tras la anunciada convocatoria de huelga en Semana Santa y verano, en un decidido intento por evitar los paros que, sólo con su anuncio, han provocado el rechazo firme del sector turístico y de los usuarios. Basta comprobar algunos titulares tanto de diarios nacionales como británicos, por ejemplo: La huelga puede arruinar las vacaciones de muchas familias, el sector turístico exige una solución rápida, la CEOE emplaza a las partes a un acuerdo inmediato, Blanco insiste en su convicción de que habrá pacto antes de semana santa; Aena quiere evitar la huelga con un blindaje para sus trabajadores y negociará garantías laborales `para los afectados por la privatización que se pretende... Pero también, esas reacciones de fuera: Alarma en Inglaterra y Alemania por el nuevo suplicio aéreo, cuenta ABC al señalar cómo los principales diarios británicos y germanos temen que España cancele miles de vuelos...o en La Razón: La huelga de AENA desata la alarma internacional. La prensa británica pronostica un nuevo caos aéreo si se lleva a cabo el paro anunciado...
Hay una cuestión en la que reparan los mejor informados: el convenio que se busca para los trabajadores de Aena, pudiera convertirse en un convenio del sector, lo que, en efecto, blindaría los derechos laborales y sociales de dichos trabajadores, que hoy se ven amenazados por los planes del ministerio de privatizar la gestión de los aeropuertos, si bien, aspira a seguir manteniendo el 51 por 100, frente al 49 del capital privado. Conviene prestar atención a los movimientos que vienen prestando distintos grupos nacionalistas, desde los catalanes a los canarios, para no perder la ocasión de incorporar a los correspondientes gobiernos la gestión aeroportuaria. La Generalitat ha aprovechado el momento para indicar que aspira a incrementar la oferta de vuelos en Girona, Reus y Sabadell. El Govern de Mas presiona para que se agilice el traslado a la Generalitat los esos tres aeropuertos secundarios mencionados. José Blanco insiste a quien quiere escucharle que Aena seguirá siendo una empresa pública..., aunque sea vea recortada en competencias y en trabajadores. En todo caso, se entiende que la amenaza sindical no es más que una acción y demostración de fuerza en el comienzo de las negociaciones, a las que hay que prestar la debida atención, pero no más... Por otra parte, saben los trabajadores de AENA que juega en su contra el precedente de los controladores aéreos, otra parte de los trabajadores aeroportuarios, que ha venido a destacar los muy distintos tratos que obtienen unos u otros trabajadores... Basta comparar los 200.000 euros de ingresos medios de los controladores, tras el “recorte Blanco-Pimentel-, con los 1.100-2.200 euros netos mensuales que perciben algunos de estos trabajadores “de segunda”, que sin embargo, merecen por parte de Aena y de los sindicatos la mejor valoración: “Son los trabajadores más eficientes de Europa y a un precio competitivo”...
Lo cierto es que los trabajadores de Aena juegan con datos favorables y datos contrario: la presión de la opinión pública ya pesa sobre ellos de manera extraordinaria, por los eventuales y abultadísimos costes que podría tener una huelga para el sector turístico nacional, y la impresión de que hay trabajadores privilegiados, en cuyas manos llega a estar la hipótesis de paralizar un país, nada menos.
No hay duda de que estaremos pendientes de esta nueva mesa de negociaciones, una vez que José Blanco insistiera en que el empleo y los derechos de los trabajadores están garantizados en el nuevo modelo de Aena, que seguirá siendo "pública". Blanco también se encargó de enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque "con determinación y con diálogo" se logrará un acuerdo. La campaña electora del 22 de mayo también ejerce presión Por su parte, los sindicatos entienden que su convocatoria se ha efectuado "con suficiente" antelación, y se muestran dispuestos a "negociar en la arena", pero no se darán satisfechos "solo con promesas y un calendario de negociación". "Esto no servirá", indican. Y una esperanza más: "Si lo que hemos escuchado decir a Blanco se pone en un papel, no habrá problema", aunque la garantía de los derechos individuales "no es suficiente", ya que aquellos trabajadores que pasen a las empresas concesionarias "quedarán fuera del paraguas".
Desde este mismo jueves, asistiremos al pulso de AENA y sus trabajadores, con algunos gobiernos autonómicos a la espera de que les llegue su turno...

LA VENTA DE AENA.- “Se vende parte de Aena para pagar deuda”, aseguraba en el fragor de la batalla el portavoz de los controladores aéreos, Daniel Zamit. Y no es poco el montante que hay que abonar. Según las últimas cuentas del gestor aeroportuario publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que reproduice El Confidencial, la entidad pública mantiene deudas por valor de 12.774,4 millones de euros, con vencimientos que llegan hasta el año 2034. Como una hipoteca. Un escenario que ha abierto el melón de la privatización e, indirectamente, otro avispero laboral. Los 11.000 trabajadores de la casa ven la operación como una pérdida de derechos y amenazan con una huelga que afectará a la Semana Santa y las vacaciones de verano. Este año es tranquilo para Aena, que sólo tiene que satisfacer a sus acreedores 298,6 millones de euros. Sin embargo, luego vienen curvas. El gestor aeroportuario tendrá que pagar 411,5 millones en 2012; hasta 500,4 millones en 2013, y la friolera de 589,1 en 2014, año en que se prevé volver a los beneficios. Aún quedará pendiente un agujero de 8.343,7 millones a abonar en cómodos plazos con sus correspondientes intereses en los próximos 23 años. Los 8.000 millones que el Gobierno espera obtener por el 49% de Aena dulcificarían ese escenario. La propia ministra de Economía, Elena Salgado, aseguraba que la privatización parcial de Aena y Loterías del Estado permitiría reducir en un tercio las emisiones de deuda soberana. El año 2010 era especialmente delicado para la compañía, con pagos de 939,2 millones. Unas exigencias financieras que para los controladores explican parte de la urgencia de Fomento por rebajar la masa salarial del colectivo. La sociedad todavía no ha dispuesto de 1.661,8 millones que tiene concedidos y que se suman a la deuda total. Su principal acreedor es el Banco Europeo de Inversiones (BEI), a quien adeuda 5.187,7 millones de euros. “Adicionalmente, la entidad puede optar a formalizar financiación adicional del BEI por 600 millones de euros sujeta al resultado positivo de evaluación de los proyectos de acuerdo con Acuerdo marco para la financiación del PEIT”, subraya en sus cuentas. También en el ámbito público, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha prestado a Aena cantidades importantes, en concreto 2.790 millones. Entre las entidades privadas ante las que el gesto aeroportuario debe responder destaca la deuda contraída con Depfa Bank –institución con sede en Dublín y especializada en operaciones inmobiliarias-, a la que se adeuda 2.886,6 millones de euros. También están en la cola para cobrar Unicaja, La Caixa, Bankinter, BBVA, KFW IPEX-Bank y Dexia Sabadell. Una realidad que tendrá que asumir el socio que busca Aena para tomar una participación en el holding. Algo nada fácil cuando no será el único baño de realidad que tenga que afrontar. Y es que según explican a El Confidencial fuentes próximas a una firma internacional potencialmente interesada, “el negocio está en Barajas y El Prat, pero no tiene sentido entrar sin mandar en un holding que agrupe el resto de aeródromos no rentables”. Como publicaba este diario el pasado viernes, el Gobierno buscará inicialmente un socio industrial que se haga con el 20% de la sociedad que gestiona los aeropuertos, para después sacar a bolsa hasta un 49% a finales de este año o principios del próximo. Compañías españolas como Abertis o Ferrovial también recelan del modelo, en tanto el paquete es minoritario y deja la gestión en manos del Estado. En medio del proceso privatizador, los trabajadores irrumpieron ayer con un preaviso de huelga que supondrá paros en cinco días de abril, entre ellos el miércoles, el jueves y el domingo de Semana Santa. También en otras cinco jornadas en mayo, tres en junio y seis en julio, en plena operación salida de las vacaciones de verano. Los trabajadores temen que la privatización les reste derechos. Un planteamiento que recuerda recientes debacles en los aeropuertos y cuestiona de nuevo la capacidad del Ministerio para afrontar estas crisis. El titular de Fomento, José Blanco, intentaba ayer desactivar la nueva bomba laboral e insistía en que Aena “va a seguir siendo una empresa pública”. En esta línea, se comprometió a suscribir que se va a mantener el empleo y los derechos de la plantilla, por lo que confió en que pueda desconvocarse la huelga. El presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, ha defendido que las pérdidas de Aena tienen un carácter puramente puntual ya que se han producido por la necesidad de realizar fuertes amortizaciones coincidiendo con dos años de caída del tráfico. Del mismo modo, sostiene que “los 12.000 millones de euros de deuda de Aena se corresponden, casi al céntimo, con las inversiones realizadas en los grandes aeropuertos” y están “plenamente justificadas, ya que gracias a ellas estos aeropuertos están en inmejorables condiciones para aprovechar la nueva etapa de crecimiento del transporte aéreo”.

SE EXTERNALIZA LA ENCUESTA DE POBLACIÓN.- La política de privatizaciones se abre paso en el Ministerio de Economía, sostiene una crónica de El Confidencial, que añade: Y lo que es todavía cualitativamente más relevante, afecta ya -de forma parcial- a la Encuesta de Población Activa, (EPA), uno de los buques insignia del Instituto Nacional de Estadística. Probablemente, la de mayor solera y profundidad de cuantas estadísticas elabora el INE. Se elabora nada menos que desde 1964 de forma ininterrumpida. CCOO ha desvelado que una empresa privada ha sido seleccionada por el Ministerio de Economía para hacer la recogida de datos de la EPA. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Análisis e Investigación, y su objeto es el apoyo a la recogida telefónica de datos, trabajo que hasta la fecha venía realizando personal de INE. La factura se eleva a 70.800 euros  y dada su cuantía se ha adjudicado mediante contratación por procedimiento negociado sin publicidad. En el contrato se especifica que el INE invitó a cuatro empresas a participar, y al final se eligió a la ganadora. Según un portavoz de Estadística, la adjudicación es de carácter “puntual” y no se volverá a repetir en los próximos trimestres. Se justifica por problemas de ajuste de plantillas. No es la primera encuesta que se externaliza. Recientemente, el INE privatizó la elaboración de la Encuesta de Condiciones de Vida y la Encuesta sobre equipamientos y uso de tecnologías de la Información en los Hogares. Además de las encuestas medioambientales. La privatización de servicios del Ministerio de Economía no acaba ahí. CCOO ha desvelado, igualmente, que recientemente el Ministerio de Economía externalizó sus servicios informáticos por un total de 2,99 millones de euros. Seis empresas se han llevado la adjudicación, y según el sindicato, la administración ha pagado un sobreprecio, toda vez que el mismo servicio lo podrían hacer empleados públicos con coste más reducido. Según sus cálculos, la externalización afecta a 21 puestos de trabajo durante dos años por casi 3 millones de euros, y tiene un coste medio por jornada de trabajador de 316,68 euros. Este coste, dice CCOO, es “muy superior” al salario que realmente perciben los trabajadores de estas empresas y que, si compara con los costes de los empleados públicos en puestos informáticos, supone un sobrecoste para la administración cercano a 100%. El coste total de un puesto de trabajo funcionario A1 nivel 23 es de aproximadamente 167 euros/jornada, incluidos salarios y costes sociales. Lo que critican los representantes de los trabajadores no es sólo el sobreprecio pagado, sino que lo que se contrata como servicios externos -algo que puede ser justificable- es, en realidad, la puesta a disposición de personal como si se tratara de una empresa de trabajo temporal. La externalización es un instrumento utilizado habitualmente por las administraciones públicas, pero en los últimos años se ha acelerado este procedimiento para salvar las restricciones derivadas de la oferta pública de empleo público. El Gobierno no contrata formalmente, pero lo hace por fuera, por lo que no engorda las plantillas del sector público. El problema radica en que en muchos casos esos trabajadores han llevado a los tribunales a su empleador y al final la administración ha tenido que hacerlos fijos. Así lo ha puesto de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas , que se vio obligado a aprobar una moción instando a los poderes públicos a que pusieran fin a esta práctica. En palabras del Tribunal de Cuentas, “se ha puesto de manifiesto que, en ocasiones, la contratación de empresas para la realización de trabajos o servicios ha dado lugar a demandas de su personal, que han obtenido sentencias judiciales, en cuya virtud han adquirido la condición de trabajadores de los organismos correspondientes”. Esta externalización ha afectado, incluso, a las labores de fiscalización de las cuentas públicas. La administración abrió la puerta en 2003 a esta posibilidad "en caso de insuficiencia de medios”, como sostiene una disposición adicional de la Ley General Presupuestaria. Pero esa singularidad se ha convertido en moneda corriente. Hasta el punto de que organismos públicos tan relevantes como el ICO, Renfe, Adif, las fundaciones estatales o el control de los fondos de cohesión de la Unión Europea han dejado de ser fiscalizados por funcionarios públicos. En su lugar, el trabajo lo están realizando las empresas del sector de la auditoria. Un  dato ilustra esta nueva situación. Según lo publicado en su día por este diario, la externalización de trabajos -tan sólo en la Intervención General del Estado (IGAE)-, ascendió el año pasado a 35,6 millones de euros; es decir, casi el triple que los 13,7 millones destinados un año antes. En 2010, la Administración tenía presupuestado suscribir contratos con empresas privadas por valor de 767,3 millones de euros, por encima de los 542 millones programados para 2009.

LA SENTENCIA CONTRA ALFREDO SAENZ.- Ya ha pasado más de un mes desde que se conoció el fallo del Tribunal Supremo que condenaba a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con la banca a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, por delitos de presentación de una acusación falsa y de estafa procesal. Esta dilación en hacer pública la sentencia una vez que se conoce el fallo no es ni mucho menos habitual en este órgano judicial. Aun así, hay que puntualizar que el fallo no fue anunciado por el propio tribunal, como sería el cauce ordinario, sino por una filtración a un medio de comunicación. Lo cuenta El Confidencial, que sostiene que el retraso, sin embargo, tiene una explicación: el ponente encargado de redactar la sentencia es contrario al fallo dictado. Esto significa que todo el texto redactado es inútil y que otro magistrado ha tenido que iniciar de cero los fundamentos jurídicos de la sentencia, según las fuentes. La filtración del fallo podría ser empleada por Sáenz para recurrir en un futuro su condena ante el Tribunal Constitucional por violación de sus derechos fundamentales al haber conocido por un medio de comunicación la decisión de un tribunal que todavía no tiene la sentencia. Mientras tanto, continúa en el cargo como vicepresidente del Banco Santander con normalidad porque en la práctica todavía no ha sido condenado. El presidente de la entidad, Emilio Botín, ya señaló tras conocer la noticia que “no hay riesgo reputacional, no hay sentencia y no hay absolutamente nada, ¿está claro?”. Ni siquiera quiso plantearse qué sucedería si llegase a materializarse la sentencia. Por ahora, desde la entidad no se va a mover ficha, por lo menos hasta que resuelva el Constitucional, algo que podría alargarse incluso hasta dos años. Eso sí, siempre y cuando este tribunal decida suspender la inhabilitación hasta la decisión final. Según el fallo hecho público, el ejecutivo habría cometido dichas infracciones cuando era presidente de Banesto. Fue entonces cuando “con su conocimiento y beneplácito” se presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra cuatro empresarios, a pesar de que sabía que eran inocentes. Dicho procedimiento dio como resultado la detención de éstos, el encarcelamiento durante varios días de tres de ellos y el embargo de bienes por valor de 4,5 millones de euros. Estas acusaciones se utilizaron como medida de presión para intentar cobrar una deuda de 3,8 millones de euros que el grupo participado por dichos ejecutivos tenía con Banesto. Ya en diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que Sáenz tenía conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella y que actuó de esa manera como “medida de presión” contra los industriales. La interposición de la querella por parte de Banesto “obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían”, sostuvo la Audiencia Provincial de Barcelona.
LA PELEA DE RUIZ MATEOS CON BOTIN.- La familia Ruiz-Mateos presentará una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, a quien Rumasa culpa como uno de los principales culpables de la situación actual del holding, que ha anunciado concurso de acreedores para varias compañías de su grupo. El hijo de José María Ruiz-Mateos, consejero delegado de la firma, acusó ayer al Santander y a su filial Banesto de “cortarles la línea de crédito de la noche a la mañana”. La familia ha anunciado que comenzará una campaña “implacable” contra el banquero para “investigar todas y cada una de las causas que tienen abiertas, tipo Madoff o Banif”. Muchas de estas quejas de los Ruiz-Mateos hacia el máximo responsable del Santander, al que adeudan 200 millones de euros, se recogen en la correspondencia que el dueño de Nueva Rumasa ha mantenido con Botín en los últimos años y que se han hecho ahora públicas. Unas cartas, a veces estrambóticas, que pasan de la alabanza a la crítica feroz conforme el banco fue retirando el crédito al holding y que demuestran también los engaños de la compañía hacia sus inversores, de la que da cuenta El Confidencial. En una de estas cartas, fechada en febrero de 2009, Ruiz-Mateos aseguraba que "los tiempos no están para invertir, sino para recoger", una frase que pone en entredicho el motivo por el que Nueva Rumasa pidió dinero a inversores a través de pagarés. Por una vez te pido hagas un acto de humildad y recibas a mis seis hijos varones (inmejorables)", le dice en una carta fechada el 22 de septiembre de 2009 a Emilio Botín. En ocasiones, Ruiz Mateos llega incluso a utilizar un tono amenazador, como en la carta que le dirigió el pasado mes de junio. Le da a entender que si el Santander le da crédito, él se retirará. "De lo contrario –asegura-, no tengo nada que perder, lo que sería un grave error por tu parte, pues dejarías de ser el ombligo de oro del mundo y debes saber que los banqueros sois los más odiados de la sociedad en la que vivimos”. En julio de 2008, la familia decía de él que pasaría “a la historia como el mejor banquero del mundo” o que con sus créditos conseguía “sostener e incluso incrementar el empleo, que podamos seguir apoyando económicamente a la Iglesia, que sigamos atendiendo a nuestras familias con sosiego y paz”. Los gestores de Nueva Rumasa dirigen también parecidos mensajes a Javier Peralta, director de riesgo del Santander, a quien se le critica duramente conforme la situación de la empresa empeora. Primero le califican de “inconmensurable” cuando el banco le daba créditos y después aseguran de él que "peor no lo ha podido hacer", cuando se negó a seguir aumentando el riesgo. Casi todas las misivas están mecanografiadas con ordenador, pero hay una muy reciente, del pasado 16 de febrero, en la que Ruiz-Mateos pide a la desesperada ayuda con una pequeña anotación manuscrita: “Emilio, por favor, ¡no nos dejes caer! Sería horrible. De consecuencias inusitadas y además innecesario”. Nueva Rumasa defiende que no existe "nada punible" ni delito en la investigación que desarrolla la Fiscalía sobre las emisiones de pagarés ni en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid por un presunto delito contra la Seguridad Social e insolvencia en Clesa, empresa propiedad de la familia Ruiz-Mateos. En rueda de prensa junto con el consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos, el abogado de Nueva Rumasa Joaquín Yvancos explicó que la investigación del juzgado partió de la Policía, que preguntó al tomar declaración a los directivos de Clesa el motivo por el que "se había sacado Cacaolat de Clesa". "Cacaolat no se ha sacado, sino que se ha escindido o segregado de Clesa, pero las acciones de Cacaolat son Clesa, con lo cual con esa aclaración el supuesto delito ha desaparecido", explicó, antes de indicar que "no tenían sentido esas diligencias". En relación con la prórroga de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, José María Ruiz-Mateos dijo sentirse "muy tranquilo". "Cuando nos llamen, iremos", subrayó, antes recalcar que la Fiscalía "lleva un año investigando y no ha obtenido nada. No creo que haya nada punible". Según aseveró, los fondos obtenidos con las emisiones se destinaron a inversión, "que no es una compra necesariamente, puede ser inversión en fondo de maniobra, en publicidad o en I+D". Además, afirmó que la emisión de pagarés a través de Carcesa "está amortizada en todo su capital en un 80%".
LAS CARTAS DE BOTIN Y RUIZ MATEOS.- La familia Ruiz-Mateos aprovechaba el anuncio de que sus empresas Clesa y Ghul tendrán que presentarse a concurso de acreedores para señalar a su nuevo enemigo público, Emilio Botín, según cuenta Público. Sin embargo, las cartas que presentaron para intentar justificar sus críticas hacia el Banco Santander se pueden volver contra ellos. En la misma rueda de prensa la familia Ruiz-Mateos anunció un nuevo frente: el inicio de acciones legales contra el grupo Santander, a quien las empresas de Nueva Rumasa adeudan la mitad de sus créditos bancarios (350 millones de euros sobre un total de 700 millones). Según la familia Ruiz-Mateos, el Santander los obligó a vender activos muy por debajo de su valor para atender a los créditos pendientes, perjudicando al resto de los acreedores. La guerra, una vez planteada, será total. "Actuaremos de forma implacable, porque (el Santander) es responsable de lo sucedido en Nueva Rumasa", apuntó José María Ruiz-Mateos. "Madoff, Lehman Brothers, Banif" y cualquier otra causa que tenga abierta el Santander se convertirán en su causa. Para ello dicen que crearán una plataforma internacional de perjudicados por el Santander y se contará con abogados defensores históricos de causas contra Botín, como Iván Hernández o Arturo Panea. Un balón fuera (y un alto gasto para un grupo en suspensión de pagos) que Nueva Rumasa regaló a la prensa envuelto en un jugoso caramelo: las cartas de José María Ruiz-Mateos y su mujer, Teresa Rivero, a Emilio Botín, presidente del Santander, Alfredo Sáenz, consejero delegado, y Javier Peralta, director general de Riesgos. Cartas en las que se "suplica paciencia" a Peralta y se le asegura que "mucha de la publicidad que sale en los medios sobre inversiones y puestos de trabajo forman parte del marketing de cara a la opinión pública, pues a la hora de la verdad si lo analizas bien, cuando llevamos a efecto alguna operación mercantil, es porque recibimos más, de lo que invertimos...". Opinión pública a la que se convencía de que se iban a realizar determinadas inversiones pese a que, según la carta, "los tiempos no están para invertir, sino para recoger... a veces es bueno aparentar de cara a sostener un clima de confianza y seguridad ante nuestros proveedores y clientes". En una de las cartas, Ruiz Mateos escribe a la desesperada: "Emilio, por favor, no nos dejes caer. ¡Sería horrible!". Misas en la capilla de la casa de Ruiz-Mateos por Botín y otras alusiones constantes a la Iglesia plagan las misivas. Estas cartas a Botín hechas públicas ahora demuestran que los Ruiz-Mateos engañaron a sabiendas a la opinión pública, a inversores y a acreedores al asegurar que esta publicidad era mero marketing. Las cartas entre José María Ruiz-Mateos y el Santander probarían que los Ruiz-Mateos mentían sobre sus inversiones y empleados para captar capital con la emisión de pagarés. Es más, mientras reconocían a Emilio Botín que "los tiempos no están para invertir, sino para recoger" en los medios de comunicación lanzaban la campaña de captación de acreedores, a los que se les animaba a invertir con al menos 50.000 euros en el grupo de empresas.
COCHES CON DOCUMENTACIÓN DE CLESA.- Ha relatado el diario la Voz de Galicia que miembros del comité de empresa de Clesa intentaron esta madrugada impedir la salida de coches con documentación, de la sede de la compañía, aunque se retiraron al acudir la Policía y anunciar uno de los abogados de Nueva Rumasa que les estaban reteniendo y los denunciaría, indicaron a Efe fuentes de los trabajadores. Según las mismas fuentes dos de las directivas de Nueva Rumasa vinculadas a Clesa, Sonia Fernández y Juncal Vázquez, han llenado el vehículo con abundante documentación de la compañía, que se llevaron a la fábrica situada en la Avenida de Herrera Oria, en Madrid, poco antes de la medianoche. Miembros del comité de empresa, formado por CCOO y UGT, explicaron que la versión que han facilitado las dos ejecutivas a la Policía, en presencia de estos trabajadores, es que retiraban los documentos porque los necesitan para presentarlos en el procedimiento concursal. Fuentes del comité de empresa han detallado que, además de estas dos ejecutivas, se encontraba también a estas horas en Clesa el director de la fábrica y otras personas vinculadas con la familia Ruiz-Mateos. Minutos después de que la Policía acudiera a la fábrica se ha trasladado a la planta el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Jesús Villar, quien ha mantenido una conversación con el director de la planta de Clesa para conocer los motivos de la retirada de esta documentación. El sindicato CCOO anunció esta tarde la intención de organizar brigadas de vigilancia para evitar que se retiraran activos de las plantas. Esta retirada de documentación de la planta de Clesa se produce horas después de que el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos hijo anunciara que preparan solicitar el concurso de acreedores para dos o tres empresas del grupo, aunque descartó pronunciarse si entre ellas se encontraba la propia Clesa.
EMPRESAS QUE PAGARON A GURTEL.- Según ha relatado el diario Público, la Brigada de Blanqueo de la Policía ha pedido al juez instructor del caso Gürtel que estreche el cerco en torno a las empresas que presuntamente pagaron comisiones a la trama corrupta para conseguir contratos de administraciones gobernadas por el PP. En un informe fechado el pasado día 1, la Policía propone al juez que solicite a siete empresarios el listado de contratos y subcontratas de carácter público y privado obtenidos por sus respectivas compañías entre 2001 y 2004 en Galicia, Madrid, Castilla y León y País Valencià. El listado de sociedades requeridas se eleva a 15. Y al mando de ellas se sitúan o se situaban los siguientes imputados: José Luis Ulibarri (Begar SA, Begar Construcciones y Contratas SA, Seralia), Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica, EOC, EOC Galicia, Acanto, Azarbe), Enrique Carrasco (FCC, Aqualia), Gonzalo Naranjo (Sufi) y Plácido Vázquez (Sufi, Ros Roca SA y Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial). Los otros dos empresarios mencionados por la Policía, que a día de hoy no están imputados, son José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, propietarios de Teconsa, cuyos contratos también reclama la Brigada de Blanqueo. Teconsa, del sector de la construcción, logró en 2005 el contrato para la cobertura televisiva de la visita papal a Valencia, un pelotazo con el que la red de Correa se embolsó tres millones. En Castilla y León, obtuvo en 2002 la adjudicación, supuestamente amañada, para la Variante de Olleros. Sin razón conocida, la empresa pagó obras del chalet de Correa en Ibiza. Y a ese cometido también dedicó esfuerzos (más de 200.000 euros) el empresario José Luis Ulibarri a través de Begar. Ulibarri, beneficiado con numerosos contratos públicos, fue quien impulsó la querella que ha llevado al juez Garzón al borde del banquillo por las escuchas practicadas en prisión a los jefes de la trama. Asimismo, el listado incluye la compañía Licuas, que supuestamente pagó facturas de empresas de la trama y se alzó con adjudicaciones en los municipios madrileños de Majadahonda y Boadilla, cuyos exalcaldes están imputados. A todos los empresarios citados les une un doble nexo: captaron para sus sociedades numerosos contratos públicos bajo sospecha. Y aparecen en los documentos incautados a la trama como autores de "entregas". La semana pasada, por ejemplo, un exdirectivo de Sufi confesó ante Pedreira que pagó un millón de euros en Suiza para hacerse, en 2002, con un contrato de limpieza del Ayuntamiento de Madrid . Esas "entregas" quedaron anotadas en la contabilidad B que la red almacenaba en el ya famoso pen drive intervenido en el domicilio de José Luis Izquierdo, el supuesto contable del grupo capitaneado por Francisco Correa. Diversos informes detallaban la cuantía de esas entregas y la identidad de quienes las realizaron. Por ejemplo, el 8 de enero de 2002, la red anotó la recepción de "17.500.000 pesetas" (92.000 euros) procedentes de Enrique Carrasco. El 5 de febrero de ese mismo año, Plácido Vázquez entregó "10.000.000 pesetas" (60.000 euros). Vázquez repitió pago en junio: 420.70 8 euros apuntados el día 14 de ese mes. La comisión más voluminosa de las contabilizadas ese año por la trama partió, según el sumario, de Alfonso García Pozuelo: el entonces presidente de Hispánica pagó 925.560 euros el 19 de febrero. En 2003, entregó a la red 600.000 euros en la víspera de Nochebuena.
NI VEINTE ALUMNOS EN ALGUNOS CURSOS. Ha revelado el diario La Voz de Galicia que uno de los objetivos de la adaptación de las titulaciones al espacio europeo era adecuar oferta y demanda, y evitar que algunas carreras pasasen a la historia porque su alumnado se contaba con los dedos de la mano. En el curso 2006-2007, un total de 22 licenciaturas, diplomaturas e ingenierías no lograron ni veinte alumnos en primer curso. El escenario ha cambiado y los grados que sustituyen a los anteriores títulos tienen mejor perspectiva, pero no tanto. Al menos once carreras -tres en la Universidade de Santiago, cuatro en la de Vigo y otras cuatro en la de A Coruña- no han logrado llegar a los 25 alumnos en primer curso. El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, instó el lunes a los rectores, en el pleno del Consello Galego de Universidades, a que ajusten demanda y oferta, y el primer paso ha sido ya una propuesta: suprimir los másteres con menos de cinco estudiantes. Actualmente no existe ninguna normativa que fije una matrícula mínima para autorizar o suprimir una titulación. La Xunta quiere cambiar esta situación y prepara un decreto cuyo primer borrador podría estar listo en semanas, y en el que se fijarán todos los requisitos del proceso de autorización y supresión de títulos universitarios. En esta norma, de obligado cumplimiento pero que se consensuará con las universidades, se especificará la horquilla en la que tienen que moverse los grados para ser viables. Por el momento se desconoce cuál será el número mínimo de alumnos, aunque el informe que elaboró el Consello Galego de Universidades cuando comenzó la adaptación a Bolonia, y que solo tenía carácter informativo, recomendaba 25 estudiantes para mantener un grado y 40 si este se implantaba por primera vez en el sistema universitario de Galicia. Por ahora, en los siete campus, más de una decena de nuevos grados no superarían esta cifra de los 25 alumnos, claro que hace unos años serían el doble. Aunque el sambenito siempre suele acompañar a los títulos de humanidades, dentro de estas 11 titulaciones hay varias ingenierías -Eléctrica en Ferrol (13), Agraria en Ourense (23) y de Industrias Agroalimentarias en Lugo (5)-; filologías -Clásica en Santiago (9) y de Galego e Portugués en A Coruña (11)-; y Difusión Cultural en Lugo (18), Humanidades (21) y Documentación en Ferrol (12); dos especialidades de Traducción e Interpretación en Vigo (22 y 11); y Consultoría y Gestión de la Información en Ourense (19). Desde la Xunta, sin embargo, en ningún momento hablan de cerrar títulos, sino de usar las nuevas tecnologías o aprovechar sinergias para elevar la demanda. «Si hay algo atractivo que haga más fuerte el sistema universitario hay que incorporarlo», apunta Díez de Castro, secretario de Universidades.

miércoles, 9 de marzo de 2011

CABNCELADO EL MITIN SOCIALISTA DE VISTALEGRE. LA SITUACIÓN DE CADA CAJA DE AHORROS. RECORTES SANITARIOS EN CATALUÑA

CANCELADO EL MITIN DE VISTALEGRE.- ¿Algo pasa en la cúpula socialista? Por supuesto, que sí. Venimos discutiendo y especulando sobre la eventual sucesión de Rodríguez Zapatero como número uno del PSOE, y cuándo podría producirse, y por quién sería sustituido.... En ese marco, y en medio de las especulaciones también abundantes de si Zapatero sigue siendo o no un líder que arrastra a los votantes, o si algunos dirigentes autonómicos y municipales del PSOE prefieren contar con Zapatero o prescindir de él, se produce el anuncio, que es también, como reconocen en la dirección del PSOE, cambio de estrategia, o tal vez improvisación de la nueva. Lo cierto es que el PSOE ha decidido suspender el gran acto preelectoral con José Luis Rodríguez Zapatero en Vista Alegre (Madrid) que contemplaba celebrar el próximo día 3 de abril. El PSOE alega motivos económicos y para evitar mezclar la política nacional con la campaña municipal y autonómica. Según fuentes del PSOE, la decisión obedece a una estrategia electoral para combatir la intención del PP de convertir la próxima campaña en una campaña de ámbito nacional. De ahí que el PSOE haya decidido dedicar todos sus esfuerzos a los territorios y hacer grandes actos en todos ellos. Por ello, el acto se ha "pospuesto" y que se celebrará después de las elecciones del 22-M, en una fecha que no han precisado. Y recuerdan todos los medios que los actos de campaña en la plaza de toros de Vista Alegre, en el madrileño barrio de Carabanchel, siempre han tenido gran significación en el PSOE ya que se trata de un lugar simbólico, una plaza “fetiche”, por haber sido allí donde el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero fue proclamado en 2002 candidato a la presidencia del Gobierno. Esta vez, sin embargo, los socialistas han optado por no hacer allí el gran acto de apertura de la precampaña de municipales y autonómicas, aunque ya tenían hecha una prereserva y habían anunciado a sus federaciones la intención de celebrar el acto el día 3 de abril: la dirección del PSOE ha remitido una carta a los territorios -responsables municipales y autonómicos- explicándoles la decisión de suspender este acto y pidiéndoles que centren todos sus esfuerzos en las campañas regionales y municipales. Y señalan en fuentes socialistas que en la decisión han pesado varias cosas, pero entre otras, el coste que supone para el partido realizar un acto electoral de estas características, en un momento, además, en el que la decisión se adoptó el pasado sábado en el Comité Federal del partido, en el que se aprobaron las listas a las elecciones autonómicas y municipales, y se se acordó que, en lugar de que cada afiliado pague 60 euros al año, durante este ejercicio pague una cuota extraordinaria de un euro más al mes, lo que totalizaría 72 euros anuales. Las mismas fuentes socialistas explicaron que, con el gasto de movilizar a tantos afiliados para llenar la plaza -que tiene un aforo de 14.000 personas- se pueden realizar muchos actos en los territorios. La dirección federal también mantiene su previsión de celebrar su próximo Comité Federal -máximo órgano del partido entre congresos- el 26 de marzo, pero apurará los plazos para convocarlo formalmente, a la espera de conocer la agenda europea del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Aunque los Estatutos dicen que los comités ordinarios deben convocarse al menos con 20 días naturales de antelación, las fuentes han señalado que hay base jurídica para retrasar la convocatoria, por lo que el PSOE esperará hasta el final de esta semana para conocer con más detalle la agenda de Zapatero. Y es que los días 24 y 25 de marzo se celebra un Consejo Europeo donde los Veintisiete negociarán un paquete de medidas anticrisis -en particular para intentar solventar las tensiones de la deuda pública- que podría alargarse más de lo previsto. De ahí que el PSOE confía en que la cumbre extraordinaria del Eurogrupo que se celebrará el viernes 11 en Bruselas para preparar el Consejo del 24 y 25 sirva para tener una idea más clara de cómo se presentará esta cita. Si el PSOE desiste de celebrar su Comité Federal el día 26, la reunión se pasará al sábado siguiente, 2 de abril, aunque otras fuentes apuntan a que podría celebrarse más tarde. Y mientras tanto, se insiste en que la fecha de los comités federales del PSOE ha cobrado expectación porque el propio jefe del Ejecutivo dijo que su decisión la desvelará "ante el partido" y porque varios 'barones' han opinado que debería hacerlo antes del 22-M. Por ejemplo, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara; el 'lehendakari', Patxi López y el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que han pedido a Zapatero que anuncie cuanto antes que sí será el candidato. Y es que, en efecto, como señalan los observadores políticos, todas las hipótesis sobre el futuro político de Rodríguez Zapatero se reabrieron tras decidir el comité electoral del PSOE la suspensión del gran acto de inicio de la campaña de las elecciones municipales y autonómicas convocado para el 3 de abril, que iba a protagonizar el presidente del Gobierno.
El evento en el que Zapatero se lanzó a la arena, en Vistalegre, puede ser el no-evento en el que Zapatero esté anunciando su propia declinación y final político...

SITUACION DE LAS CAJAS DE AHORROS.- El Banco de España desvelará el próximo jueves, 10 de marzo, las necesidades de capital en el sistema financiero español entidad por entidad, de cara al cumplimiento de las nuevas exigencias establecidas por el Gobierno. Tras la última modificación decretada por Economía, las entidades que quieran permanecer como cajas tendrán que acreditar un core capital del 10%. El resto (las que se conviertan en bancos) sólo necesitará un 8% en esta ratio pero, eso sí, tendrá que encontrar inversores que cubran al menos el 20% de su capital. Todas las entidades aseguran que podrán cumplir con una u otra de las opciones, pero el análisis detallado de sus balances levantan todo un mar de dudas acerca de si, finalmente, lo conseguirán. La morosidad oficial del sector se sitúa en el 5,82%, una cifra alta en términos históricos, pero manejable. Sin embargo, en los últimos años, los bancos y cajas han ido ocultando en sus balances otros activos potencialmente muy peligrosos, aunque, técnicamente, no se puedan calificar como morosos. En concreto, en las cuentas del sector financiero español destacan dos columnas potencialmente explosivas, se´gun cuenta un pormenorizado análisis de Libertad Digital:
el crédito subestándar: que aún no es moroso, pero con una alta probabilidad de   entrar en impago.
los activos inmobiliarios adjudicados: suelo, viviendas, etc., entregado por deudores que no podían hacer frente a sus pagos. Por eso es por lo que se dice que bancos y cajas han acabado convirtiéndose en los últimos años en los principales promotores inmobiliarios del país.
Evidentemente, ninguno de estos dos grupos es equivalente a una mora real. En este último caso, el deudor ha impagado, dejando un agujero en las cuentas de la entidad. Mientras, tanto en el crédito subestándar como en los activos adjudicados las entidades esperan sacar algo. El problema es determinar cuánto podrán obtener en cada caso: no es lo mismo tener viviendas terminadas que promociones que están en los cimientos o que miles de hectáreas de suelo sin edificar. Pero lo que sí parece evident, es que en cualquiera de los dos casos, las cajas sufrirán una fuerte pérdida en sus activos que tendrán que tendrán que cubrir con sus recursos propios. Según las cifras presentadas por las mismas entidades ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la exposición total al ladrillo (mora de inmobiliarias, mora de promotores, mora hipotecaria de particulares, deuda subestándar y activos adjudicados) suma 105.678 millones de euros. Además, la mora no asociada a la vivienda es de unos 37.000 millones. Por lo tanto, los activos "problemáticos" suman unos 142.000 millones o un 16% del total de los créditos de las cajas: una cifra muy superior a ese 5,82% de mora declarada oficialmente. Para determinar qué entidades lo pasarán peor habría que tener en cuenta variables que sólo las propias cajas conocen (cómo son exactamente esos activos, qué capacidad para encontrar socios tienen, qué otros activos pueden vender para hacer caja...). Sin embargo, parece evidente que aquéllas con más de un 15-16% de mora potencial tendrán muchas dificultades para hallar inversores privados a fin de aumentar capital. En esa situación se encuentran, al menos, ocho de los grupos recientemente constituidos: Banco Base, Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia, Mare Nostrum, Caja España-Duero, BBK-CajaSur, Unnim y Cajatres. Por su parte, Bankia (el banco formado por CajaMadrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia, Caixa Laietana y Caja Rioja) también presenta unos números preocupantes, pero a diferrencia de las anteriores cuenta con tamaño y músculo financiero suficiente para solventar la situación, según la mayoría de analistas. Así pues, hasta ocho grupos de los quince grandes (excluyendo del análisis a las diminutas Caixa Pollença y Caixa Ontiyent) cuentan con importantes problemas para poder financiarse en el mercado privado de capitales y, por tanto, cumplir las exigencias del Banco de España, con el consiguiente riesgo de nacionalización temporal (hasta un máximo de 5 años). Estas cajas poseen unos 345.000 millones en créditos (casi un 39% del total del sector) y 498.000 millones en activos (el 38% de los 1,2 billones totales). Del resto, La Caixa e Ibercaja parecen las mejor preparadas para hacer frente a un futuro problemático y que dejará una foto del sector completamente diferente a la que puede observarse en estos momentos.
Así está hoy el sector (ordenado por total de activos):
1. Bankia: Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja.
2. CaixaBank: La Caixa y Cixa Girona
3. Banco Base: Cam-Cajastur, CCM, Caja Cantabria y Caja Extremadura.
4. Catalunya Caixa: Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa.
5. NovaCaixaGalicia: Caixa Galicia y Caixanova.
6. Banco Mare Nostrum: Caja Murcia, Caixa Penedés, Sa Nostra y Caja Granada.
7. Banca Cívica: Caja Navarra, Caja Canarias, Caja de Burgos, Cajasol, Caja de Guadalajara.
8. Caja España - Caja Duero
9. BBK: absorción de Cajasur.
10. Ibercaja
11. Unicaja: absorción de Caja Jaen.
12. Unnim Caixa: Caixa Sabadell, Caixa Terrasa y Caixa Manlleu.
13. Kutxa
14. Caja 3: Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja Badajoz.
15. Caja Vital
16. Caixa Ontiyent
17. Caixa Pollença

RECORTES SANITARIOS EN CATALUÑA.- Los gestores de los hospitales que conciertan su actividad con la Generalitat de Cataluña han comunicado a la Conselleria de Salut que ven "inasumible" la rebaja del 2% que aplicará el Govern a sus tarifas. Eso sí, no están en disposición de desacatar tal decisión. El 99% de la asistencia sanitaria de la que se nutren los 48 hospitales concertados procede de los contratos que establecen con la Generalitat, que también les ha trasladado ahora la responsabilidad de reducir en un 11% el gasto por consumo de fármacos en sus centros, según cuenta El Periódico de Cataluña. "La reducción del 2% en nuestras tarifas es imposible de asumir sin consecuencias en la asistencia sanitaria", aseguró Ramon Cunillera, director general del Consorci de Salut i Social de Catalunya, que agrupa al núcleo fundamental del sector concertado. Estos centros hospitalarios tampoco ven tolerable la decisión de Salut de reducir en un 3% la actividad que se les contrata: deberán asumir menos visitas médicas, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y casos urgentes. En consecuencia, ha advertido Cunillera, es posible que haya que reducir la plantilla en algunos hospitales. "Nos esforzaremos al máximo en cumplir la contención del gasto decidida por Salut, pero estas medidas tendrán efectos negativos para todos", dijo Cunillera.
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES.- La Unión Europea (UE) se ha comprometido a reducir durante esta década las actuales desigualdades laborales y sociales que siguen perjudicando a la mujer mediante un pacto europeo para la igualdad de género (2011-2020), según asegura El Periódico de Cataluña. El documento, adoptado por unanimidad por los Veintisiete en el Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales europeo, establece una serie de orientaciones para aplicar a nivel nacional para reducir las desigualdades laborales y combatir la violencia contra las mujeres. Uno de los compromisos es lograr a nivel laboral que acaben las desigualdades salariales entre hombres y mujeres y se asegure "un salario igual por un trabajo igual" y se combata de forma efectiva toda forma de discriminación. El pacto señala que los gobiernos nacionales se aseguraran de eliminar los estereotipos de género y de promover la igualdad a todos los niveles de la educación, de la formación y del mercado laboral. Los gobiernos también se comprometen a promover la participación igualitaria de la mujer en la toma de decisiones en todos los niveles y ámbitos. Para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, el pacto pide que se refuerce el nivel de protección de las víctimas y de las víctimas potenciales y que se enfatice el papel de los hombres y los adolescentes en el proceso de erradicación de la violencia de género.

GALLARDON REPITE SU ÓRDAGO A RAJOY.- Que no se lleven a engaño. Alberto Ruiz Gallardón -según asegura Libertad Digital-, está utilizando exactamente los mismos plazos que llevó a cabo en la anterior legislatura, cuando -una vez ganadas por mayoría absoluta las locales de 2007- lanzó el órdago público de que quería formar parte de las listas electorales de Mariano Rajoy al Congreso de los Diputados. Entonces, el líder del PP hizo del tiempo su aliado y finalmente le dio el portazo: "No estarás, por el interés general", se excusó. A dos meses de la cita con las urnas, el candidato de los populares a la alcaldía de Madrid vuelve a ser Gallardón, y desde su entorno más cercano -íntimo, incluso- vuelven a agitar las aguas. Tal ha sido el aluvión de mensajes en pro de su incursión en las listas que de boca de los más próximos a Gallardón se ha escuchado, casi voz en grito: "Rajoy le ha dicho que sí", "formará parte de las listas", "ya está cerrado". En las plantas más nobles de la sede nacional del PP se es consciente de que es época de almuerzos con periodistas, con tertulianos... Con aquellos que "mueven el cotarro" y llevan a la arena pública determinados asuntos. Y Gallardón lleva ya varias semanas siendo el comensal estrella. Por ello, desde Génova, un alto cargo le hace la siguiente advertencia: "Debería de tener cuidado con las filtraciones interesadas", y recuerda -con pesadumbre- que "esto ya ocurrió" en la víspera de los comicios locales de hace ahora cuatro años. El líder del PP, explica su entorno, quiere llevar el asunto de la candidatura a las Cortes Generales en silencio. Sin hacer ruido. Estrategia similar está utilizando para diseñar su Gobierno en la sombra. Una línea de trabajo que Gallardón ha roto, según constatan fuentes de la dirección nacional. "Es obvio que de boca de Gallardón ha salido “voy a ser ministro”. zanjan en el bastión popular, donde sólo se habla de la polémica en los pasillos. Nada se ha escuchado en el Comité de Dirección de este lunes, del que el regidor es partícipe. En dicho órgano, parafraseando al jefe, sólo se habla "de lo importante". Así las cosas, la reprimenda a Gallardón viene dada por el ruido mediático -alimentado a golpe de tambores por el Palacio de Correos- y no por el fondo de la cuestión, habida cuenta de que se da por hecho que finalmente estará en las listas, y en un puesto de altura. Ya lo adelantó Libertad Digital el ocho de noviembre del año pasado: Gallardón se sentará en el hipotético Gobierno de Rajoy, al mando de una cartera fuerte. En el PP le ven al frente del Ministerio de Fomento o de portavoz en forma de vicepresidente. También se habla de las carteras de Justicia e Interior.Ahora, además, esas "fuentes interesadas" de las que se queja Génova incluyen otro nombre más, que va íntimamente relacionado a Gallardón: según La Razón, Manuel Cobo también formará parte de la candidatura por el Congreso. "A dónde él vaya, también irá Manolo". Un extremo que abre, a renglón seguido, el debate sucesorio: ¿A quién dejará Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid? Públicamente, el alcalde apuesta por su número dos, Ana Botella. En el PP muchos ven con mejores ojos a Pío García Escudero, actual portavoz en el Senado pero que en su día llevó los designios de los populares madrileños. Y lo hizo, según dicen, con nota. Un melón, el de las candidaturas, del que, ya en rueda de prensa, María Dolores de Cospedal ha intentado escabullirse. "No estamos en ese tema", afirmó. El "no" fue el término más utilizado por la secretaria general de la formación, a pesar de que las preguntas sucedían. "No vamos a hablar de estas cosas", llegó a decir en hasta dos ocasiones. Su rostro, eso sí, dejaba entrever la molestia que, ya en pasillos, corroboran destacados pesos pesados de la formación. "Esto sale de Gallardón, y todos lo sabemos". También Rajoy, pero en esta ocasión parece convencido de llevarle a su vera a fin de alcanzar, de una vez por todas, esa imagen de moderación y centralidad que tanto venera.

LAS CCAA MÁS COSTOSAS.- El ministro de Fomento, José Blanco, afirmaba el domingo que para ahorrar dinero público se debería “cerrar la Comunidad autónoma de Madrid. Sería una medida de ahorro estupenda". Tales declaraciones políticas chocan frontalmente con la realidad de los datos presupuestarios, según el análisis que aporta Libertad Digital. En el año en que los efectos de la crisis se están recrudeciendo, con dificultades cada vez mayores para refinanciar una deuda pública monstruosa y acercándonos peligrosamente a los cinco millones de parados, las comunidades autónomas consumirán casi 130.000 millones para pagar sus gastos de funcionamiento en 2011. El gasto corriente de las administraciones, de acuerdo con las normas de contabilidad pública, agrupa los cuatro primeros capítulos de los presupuestos generales de la institución oficial de que se trate según el siguiente detalle: - El Capítulo I contempla los gastos de personal, esto es, sueldos, complementos salariales, cotizaciones sociales y cualquier otro concepto retributivo con destino al personal, funcionario o no, que presta sus servicios en la administración de que se trate. - El Capítulo II, "Gastos en bienes corrientes y servicios" agrupa los gastos necesarios para el funcionamiento de la administración tales como agua, luz, prensa, alquiler de edificios, reparaciones, mobiliario, teléfono, coches oficiales etc. - Los gastos financieros de toda índole que pagan los organismos públicos se incluyen en el capítulo presupuestario tercero. - Finalmente, el Capítulo IV contempla las llamadas "transferencias corrientes", que no son otra cosa que las subvenciones que los órganos políticos conceden a entidades públicas y privadas, y a las personas físicas o jurídicas, pero no con destino a la inversión productiva (ese concepto corresponde al Capítulo VII, "Transferencias de Capital"), sino para pagar los gastos corrientes en que incurren esas entidades agraciadas con el maná presupuestario. El gasto corriente por comunidades autónomas se recoge en el siguiente cuadro, ordenado en sentido descendente, con inclusión de la comparativa respecto al presupuesto total que manejan las diecisiete autonomías españolas. Del examen de esta información se desprende que la clasificación en función del gasto corriente en términos absolutos se corresponde, aproximadamente, con el número de habitantes de cada comunidad autónoma, con Cataluña, Andalucía, Valencia y Galicia en los cuatro primeros lugares. Esto quiere decir que se sigue una progresión natural según la cual a mayor número de habitantes, más gasto corriente y viceversa. Sin embargo, si calculamos la ratio de gasto corriente por habitante, el resultado nos permite conocer un dato muy llamativo: Las comunidades autónomas con más gasto corriente por habitante son las dos que mantienen un régimen financiero especial con el estado, País Vasco y Navarra, seguidas por Cataluña. En el otro extremo, y a pesar de ser la tercera autonomía más populosa, se sitúa Madrid como la comunidad autónoma cuyos habitantes han de financiar la menor cantidad per cápita de gasto corriente, 1.103 euros anuales por madrileño, lo que supone estar un 60% por debajo de la media nacional. Le siguen Andalucía, Valencia y Extremadura, pero casi con el doble de gasto corriente per cápita que la comunidad gestionada por Esperanza Aguirre. En otras palabras, a los madrileños les sale por menos de la mitad el financiar los gastos corrientes de sus políticos autonómicos que a la media del resto de españoles. Comparándolo con las comunidades más gravosas, un ciudadano de la comunidad de Madrid paga cinco veces menos por los gastos corrientes de su autonomía que un navarro y cuatro veces menos que si viviera en el País Vasco o Cataluña. Los datos con que se ha elaborado esta información proceden de los presupuestos generales de las comunidades autónomas par 2011, publicados en sus respectivos boletines oficiales, con el matiz de que Cataluña y la comunidad autónoma Balear tienen en la actualidad prorrogado el presupuesto de 2010. Por otra parte, los cálculos se han realizado exclusivamente con los datos financieros de la administración general de las comunidades autónomas, por lo que no se incluyen las entidades de derecho público, empresas públicas, fundaciones y consorcios de titularidad autonómica, sobre cuyo número, ciertamente ingente, y características, asombrosas en muchos casos, daremos cuenta muy pronto.

DIÁLOGO PP-PSOE SOBRE LAS CAJAS.- «La negociación no está rota. Pero tampoco hay acuerdo». Así se expresaban ayer en la calle Génova al comentar el diálogo contra el reloj que el Partido Popular mantiene con el PSOE sobre el decreto de reestructuración del sector financiero, según se cuenta en La Voz de Galicia.. El futuro de Novacaixagalicia es el escollo fundamental para que Zapatero capte el voto de los populares en el debate del jueves en el Congreso. En el entorno de la Xunta no se descarta una conversación de última hora entre el presidente del Gobierno y Mariano Rajoy para desbloquear la situación, como ocurrió con la fusión de Caixanova y Caixa Galicia en el 2010. El PSOE tiene el voto de PNV y CiU. Los nacionalistas vascos han logrado tiempo para fusionar sus cajas. Y los catalanes, las condiciones necesarias para que Catalunya Caixa pueda ejecutar su recapitalización con calma y con otra inyección del FROB (unos 1.000 millones, a sumar a los 1.250 ya recibidos). Pero el Gobierno quiere presentarse ante los mercados avalado por el principal partido de la oposición. Y ahí es donde el PP cree que Novacaixagalicia es una pieza determinante. El futuro de la entidad gallega tiene demasiadas incógnitas. NCG necesita tiempo para completar sus desinversiones, hasta 12.000 millones contando cartera industrial y red de oficinas. Y precisa acceder a ese FROB en las mismas condiciones que la caja catalana (puede solicitar hasta 560 millones), de tal forma que el Estado se convertiría en accionista, pero sin nacionalización. Y esa, la igualdad de trato, es una de las condiciones que se barajan sobre la mesa. Además, su solvencia depende de que el supervisor acepte las provisiones adicionales a las pérdidas esperadas (cerca de 1.700 millones). Y su plan de recapitalización podría consumir más tiempo del fijado por el Gobierno. En pocos días, la caja iniciará un road show por Europa para captar inversores, entre ellos los de los multimillonarios Paulson y Soros, o de los fondos Cerberus y Blackstone. Pero la recapitalización podría no estar lista para septiembre y, en ese caso, haría falta una prórroga del regulador. El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, ofreció el voto al decreto si Gobierno y Banco de España le quitan la soga a NCG. Ayer, Economía seguía sin responder. La ministra Salgado cree que el pacto vasco y catalán podría ser suficiente, ya que los gigantes del sector están encarrilados: La Caixa y Caja Madrid ya ejecutan sus planes de recapitalización. Y Caja España-Duero prevé irse con Mare Nostrum. Además, que la caja gallega se nacionalice o diluya dentro de otras podría convertir en fracaso el éxito de Feijoo con la fusión, algo que en sectores del PSOE se ve con buenos ojos.

LA CARRERA POLÍTICA DE RUBALCABA TERMINA EN 2012.- La carrera política de Alfredo Pérez Rubalcaba ya tiene fecha de caducidad, según El Confidencial. Su mala salud y las negras previsiones electorales sitúan en 2012 su retirada de la primera línea, sea o no el candidato del PSOE en las generales de marzo del próximo año. Según fuentes socialistas consultadas por El Confidencial, el vicepresidente primero solo sucedería a José Luis Rodríguez Zapatero como aspirante a La Moncloa "si se lo pide el partido", asumiendo el sacrificio de una muy probable derrota en las urnas ante el PP. "Sería su último servicio al PSOE", añaden esas fuentes. De hecho, en las filas socialistas se da por descontado que, aunque el vicepresidente, ministro del Interior y portavoz del Gobierno diera la sorpresa imponiéndose a Mariano Rajoy, dejaría La Moncloa a mitad de legislatura. "Rubalcaba no quiere ser candidato. Por su delicado estado de salud y porque lo que está haciendo ahora colma sus aspiraciones políticas", afirma un destacado miembro del Comité Federal del PSOE, el máximo órgano de decisión entre congresos. "Pero si Zapatero y el partido le piden que dé el paso, no podrá decir que no. En ese caso se convocarán elecciones primarias, y lo más probable es que no se presente ningún otro aspirante, por lo que automáticamente él sería designado cabeza de cartel en las generales de 2012". Y añade el dirigente socialista: "Carme Chacón podría ser una buena candidata, pero aún no ha llegado su momento; es muy joven y le falta recorrido".   Pero puede que Rubalcaba ni siquiera pueda participar en la carrera sucesoria. El número dos del Gobierno permanecía anoche en la UCI del hospital Gregorio Marañón de Madrid aquejado de una infección urinaria, que le ha provocado un cuadro de fiebre alta. El vicepresidente primero ingresó en el centro sanitario el pasado domingo, por lo que tuvo que cancelar un mitin en la localidad alicantina de Elche. Ayer, tras ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos, fuentes del Gobierno anunciaron que Rubalcaba suspendía todos sus compromisos de la semana.  "Si su salud le impide ser candidato, o si resiste las presiones de Zapatero, o incluso si el propio Zapatero se presentase a la reelección, lo que no parece muy probable, Rubalcaba tratará de agotar la legislatura como vicepresidente y ministro del Interior, pero luego se retirará a un segundo plano. Nadie se lo imagina, ni él mismo, como portavoz en la oposición o simple diputado en la próxima legislatura", sostiene otro miembro del Comité Federal. "Y si es candidato y perdemos las elecciones, seguirá el mismo camino para dejar paso a un nuevo líder", añade. Como adelantó el lunes El Confidencial, el vicepresidente se sometió el pasado jueves a una biopsia ante el temor de que padeciera un cáncer de próstata. No obstante, fuentes de su entorno más próximo aseguraron a este diario que los primeros resultados de la prueba habían descartado esta enfermedad. La falsa alarma saltó durante uno de los reconocimientos médicos trimestrales a los que se somete Rubalcaba para controlar su arritmia cardiaca, sus problemas estomacales y la anisakiasis que padece. La frágil salud de Rubalcaba era, ya antes de este episodio, uno de los factores que se barajaba en Ferraz a la hora de diseñar el futuro del PSOE. De acuerdo con otras fuentes socialistas consultadas, la posibilidad de que suceda a Zapatero como candidato se contempla como el único remedio capaz de movilizar a una parte del desencantado electorado socialista y evitar una derrota aplastante ante el PP. El vicepresidente, como hombre de partido y tras 30 años de carrera política, podría aceptar un último servicio a la causa socialista. "El partido sabe que no hay futuro con Alfredo más allá de 2012. Solo sería un candidato de transición, e incluso en el caso improbable de ganar dejaría La Moncloa como mucho a los dos años a un nuevo líder", indicaron esas fuentes. Además, existen otros factores que juegan en contra de la opción Rubalcaba. Chacón ha dado un paso al frente para reclamar elecciones primarias y ha regresado al primer plano informativo tras varios meses tapada para no contagiarse del desgaste que sufre el Ejecutivo. La ministra de Defensa, según fuentes de su entorno, considera que si el PSOE buscara algo más que un candidato circunstancial como Rubalcaba, debería apostar por un liderazgo más joven como el que ella pretende representar. Por otra parte, la configuración de las alianzas internas también puede ser determinante para el futuro del PSOE. Rubalcaba, superviviente de los equipos de Felipe González y Joaquín Almunia, se ha convertido en el número dos del Gobierno de Zapatero sin conformar una camarilla propia en Ferraz. "Es un hombre de partido, pero funciona solo. Confían en él porque saben cómo trabaja, pero no ha hecho su propio equipo, más allá de sus colaboradores más cercanos", aseguraron fuentes socialistas. En la actualidad se ha servido del grupo que comanda José Blanco y, en principio, podría contar con el respaldo de Manuel Chaves y Gaspar Zarrías.

BATASUNA NO PUEDE RECONSTITUIRSE.- “Mientras subsista ETA, Batasuna no puede reconstituirse, ni con su nombre ni con ningún otro”. Así de tajante se muestra el fiscal jefe de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo (TS) en la “demanda incidental de ejecución” de sentencia presentado ayer contra la legalización de Sortu, el partido creado por la izquierda abertzale para presentarse a las elecciones municipales y forales del próximo 22 de mayo. El recurso del fiscal, según cuenta El Confidencial, pide que se aplique a la nueva formación la sentencia que en 2003 declaró ilegales y disolvió a Herri Batasuna (HB) y sus sucesoras, Euskal Herritarrok (EH) y Batasuna por ser continuadora de ellas. Las 168 páginas del recurso se sustentan en un profuso soporte documental, de conclusiones demoledoras, elaborado por los servicios de Información de la Policía y de la Guardia Civil. El fiscal afirma que Sortu es “una iniciativa tutelada de ETA”, “una construcción artificiosa, un envoltorio”, que su apuesta por las vías exclusivamente políticas y democráticas es “un mero posicionamiento retórico”, y que los actos celebrados para dar a conocer la nueva formación se han ceñido a un “manual de instrucciones” elaborado por la banda. El fiscal matiza que el hecho de que Batasuna no pueda “refundarse” en otro partido, en este caso Sortu, “no implica que los dirigentes, afiliados o votantes de Batasuna queden privados sine die de sus derechos políticos, incluidos el de sufragio activo y pasivo”. Todos ellos, dice, “pueden votar y ser votados, individualmente o incluso organizándose en una agrupación electoral o en un partido, pero no pueden resucitar a Batasuna, ni de manera formal ni disfrazándola bajo la apariencia de esa nueva agrupación o partido”. El ministerio público dice que el eje central de todo el debate sobre la inscripción de Sortu responde a la siguiente pregunta: “¿Cómo constituir un nuevo partido político sin colisionar con las cautelas que la ley ha establecido para evitar la sucesión de un partido ilegalizado”. El propio fiscal se responde y dice que un factor decisivo y determinante es la condena “expresa y clara, no ambigua, ni solapada, ni confusa” de la violencia. “Una manifestación de ese signo –recoge el recurso-, seguida naturalmente de una actividad coherente con ella, colocaría inequívocamente a la fuerza política que la hiciera dentro del marco legal”. El fiscal sostiene que Sortu no solo no cumple con esta exigencia, pese al “rechazo” expreso que hace de la violencia futura de ETA en sus estatutos, sino que no ha roto “sus lazos” ni con la ilegalizada Batasuna, “ni mucho menos tampoco con la organización terrorista ETA”. El recurso pone de relieve que el rechazo lo es en exclusiva para eventuales atentados que la banda pudiera cometer en el futuro, y así figura en los estatutos, que excluyen, dice el fiscal, “una memoria histórica y un rechazo a todos los que ETA ha venido cometiendo hasta el momento en que declaró el alto el fuego”. El escrito fiscal da especial relevancia a la inclusión en el preámbulo de los mismos de la expresión “impulso del procesodemocrático” como una de las referencias básicas de Sortu. Una expresión que, en opinión del fiscal, constituye el objetivo primordial de ETA. “El concepto impulso del proceso democrático une indisolublemente a ETA con Batasuna y, si como sostenemos, Sortu no es más que una versión actualizada de Batasuna (…) el impulso del proceso democrático implica que una de las referencias básicas que ha asumido el nuevo partido constituye también uno de los pilares básicos, uno de los conceptos esenciales de ETA”.
PATXI LÓPEZS Y SORTU.- Patxi López cree que la formación de Sortu ha sido un proceso autónomo de la izquierda abertzale sin interferencias ni imposiciones de ETA. El lehendakari, según declara al diario Público, no suscribe por entero el argumento central que han presentado la Abogacía del Estado y la Fiscalía al reclamar al Tribunal Supremo que Sortu no sea inscrito como partido legal. En unas declaraciones realizadas ayer en Londres, López se expresó con la máxima cautela y no quiso opinar sobre cuál será la decisión que tome el Supremo. Sin embargo, sí fue muy claro al explicar que la izquierda abertzale ha emprendido un camino del que no hay precedentes: "Lo más importante de todo esto, y es una cosa a la que a veces no se le da excesiva importancia, es que ha sido la izquierda abertzale la que ha adoptado sus propias decisiones. Hasta ahora, lo que sabíamos es que la banda terrorista les imponía cada paso o evitaba que tomara otros. Ahora, por primera vez en su historia, es la izquierda abertzale la que autónomamente ha decidido su propio punto de inflexión". El lehendakari tiene serias dudas sobre algunos argumentos jurídicos utilizados para intentar bloquear la legalización de Sortu. "Hay cosas que he visto en los papeles de la Abogacía del Estado que están muy cogidas con hilos", explicó. No dio muchos ejemplos de esta discrepancia, pero sí se refirió a la presencia de algún antiguo miembro de ETA entre el grupo de personas que presentó los estatutos de Sortu. A fin de cuentas, dijo, actualmente también hay antiguos miembros de ETApm en el PSOE y el PP. La reflexión que hace López es más política que jurídica, entre otras cosas porque no pretende indicar al Tribunal Supremo la decisión que debe tomar. Plantea que el proceso iniciado por Sortu apunta en la línea de lo que precisamente se lleva décadas exigiendo a la izquierda abertzale: "En el fondo, ¿no era esto lo que desde el Estado le estábamos exigiendo a ese mundo? ¿No era que se integrara en la democracia? ¿No era que hiciera política sólo con las herramientas de la política?". El lehendakari comentó que el gran obstáculo jurídico, casi el único, que puede impedir la legalización de Sortu es que el Tribunal Supremo la considere "una formación heredera" de la antigua Batasuna. Al mismo tiempo, opinó que los promotores del nuevo partido están dando los pasos adecuados. El único camino para Sortu es la integración en la democracia con todo lo que eso supone, incluido el respeto a la ley, explicó. "Y están empezando a ir en esa dirección y eso es una buena noticia para todos porque es lo que les habíamos exigido siempre". Después, precisó que el escepticismo de la sociedad está muy justificado por la frustración generada por las malas experiencias anteriores, con treguas que crearon expectativas que nunca llegaron a cumplirse. Todo tendrá que demostrarse con hechos, no sólo con discursos y estatutos: "Para empezar, tienen que demostrárselo a la Justicia". El lehendakari no mostró mucho interés en otras peticiones de la izquierda abertzale, como la formación de mesas de diálogo dentro o fuera del Parlamento. Tampoco dio la menor importancia al trabajo que puedan hacer mediadores o facilitadores internacionales. Los dos puntos clave de su posición son que no se debe pagar ningún precio político por el fin de la violencia de ETA y que el centro del debate debe ser el Parlamento vasco. En relación a la política española, López volvió a repetir que, a su juicio, la incertidumbre sobre el futuro de Zapatero puede perjudicar al PSOE en las urnas en la medida que oculta sus iniciativas políticas. Da igual de lo que hablen los dirigentes socialistas. Los medios de comunicación sólo destacan sus opiniones sobre la identidad del cabeza de lista del PSOE en las próximas generales: "Despejar eso sería bueno de cara a las elecciones autonómicas y locales, pero estoy convencido de que si despejáramos esto antes, en el caso de que (el candidato) no fuera Zapatero, empezaría la segunda parte: y ahora quién va ser. Sería un debate parecido". López viajó a Londres para pronunciar una conferencia en la London School of Economics sobre la socialdemocracia y la defensa del Estado de bienestar. Hoy entregará en Oxford un difractómetro construido por la industria vasca.

CAMPS SUBVENCIONA UNA SERIE SOBRE LA CORRUPCIÒN.- El gobierno de Francisco Camps subvencionó con 397.830,97 euros el rodaje de 'Crematorio', "una serie sobre la corrupción en España" que estrenó este lunes Canal Plus, según ha relatado el diario El Mundo. Protagonizada por el actor valenciano Pepe Sancho, la serie dibuja, según su propia promoción, "un complejo entramado de intereses económicos en el que están involucrados todos los poderes fácticos" de una localidad imaginaria ubicada en la costa mediterránea. Sancho es Rubén Bertomeu, un arquitecto, promotor y constructor, cuyo "poder para modelar el paisaje a su antojo y hacerse inmensamente rico parece no tener límites". La serie, "el retrato de una España en la que la voracidad desmedida y la manera de entender el progreso lo calcinan todo". A priori, la historia tiene poco que ver con la trama 'Gürtel' y mucho más con los abusos urbanísticos en la costa, pero la participación del Consell en su financiación a través del Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía (IVAC) y, sobre todo, los carteles promocionales de la serie con el logo de la Generalitat bajo la leyenda 'una serie sobre la corrupción en España' ha destapado todo tipo de suspicacias. El propio Pepe Sancho se ha apresurado durante la promoción a desmarcar el argumento de 'Crematorio' del guión que dicta la actualidad valenciana. "En todas partes se han cometido barbaridades", ha esquivado el actor, que sí ha reconocido que "el público reconocerá parecidos de varios personajes con personas reales, esas que van buscando medrar". Dice Sancho que la serie "retrata la España actual, esa España que está a punto de agotar el litoral". La Generalitat Valenciana, sin embargo, ha presumido del respaldo a una producción "muy vinculada a la Comunidad Valenciana desde su concepción". 'Crematorio', dirigida por Jorge-Sánchez Cabezudo, es una adaptación de la novela homónima del valenciano Rafael Chirbes y fue rodada en la Ciudad de la Luz de Alicante. También en localizaciones de Elche, Benidorm, Novelda, Altea, Calpe, El Campello y Santa Pola. Según informó el Gobierno valenciano el pasado 2 de marzo, de los 5,5 millones de presupuesto que tiene la serie, 2,4 supusieron "un impacto directo en la Comunidad Valenciana a lo largo de sus ocho semanas de rodaje". La productora del proyecto, Mod Producciones, contrató a 150 personas de Alicante y a 15 empresas de servicios de la Comunidad Valenciana durante el rodaje. Por otra parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, consideró este lunes "lógico" que Francisco Camps y los demás candidatos autonómicos del PP hayan firmado un manifiesto en favor de la regeneración y en contra de la corrupción en la convención que ha celebrado el partido este fin de semana en Palma de Mallorca. Preguntada, en una rueda de prensa en Génova, por si consideraba compatible con el mensaje que quiere trasladar el PP que Camps, imputado por cohecho en el llamado caso de los trajes, firmara el citado manifiesto, la número dos del partido señaló que ese documento recoge el "compromiso" del PP para las elecciones del 22 de mayo y que es una "noticia importante y noticia buena en estos momentos, donde hace falta una auténtica política nacional para toda España".
LOS ALCALDES DE TODA LA VIDA.- Fueron los conejillos de Indias de la democracia. Los primeros alcaldes que abrieron las puertas de los Ayuntamientos, con muchos planes en la cabeza, ilusión para llevarlos a cabo y el respaldo de un pueblo que los había elegido en las urnas. Hoy, son pocos los que se mantienen en el cargo desde las primeras elecciones municipales de 1979. En el actual mandato sólo quedan 24 de aquellos alcaldes, según el recuento que hace El País. Muchos han decidido decir adiós después de tres décadas y en las elecciones del 22 de mayo al menos serán 14 los que vuelvan a estar al pie del cañón. La cifra es provisional, puesto que CiU, el partido que concentra a más alcaldes históricos, aún no ha proclamado oficialmente a sus candidatos. Se lanzaron al reto de gobernar un municipio tras años reivindicando la democracia. "Era un tiempo apasionante, irrepetible. Teníamos ilusión y compromiso, sin límite de horario", recuerda Lluís Tejedor, alcalde de El Prat (Baix Llobregat, 63.434 habitantes), elegido entonces por las siglas del PSUC. Tejedor lidera la mayor ciudad con un alcalde histórico, pero aún no ha cumplido los 30 años como regidor: tomó la vara de mando en febrero de 1982, tras la muerte en accidente de tráfico de su antecesor. "El compromiso, la ilusión y la pasión eran extraordinarios. Teníamos la posibilidad de que la ciudad corrigiese su déficit histórico", rememora. "Por delante había un camino que seguir", agrega Josep Palmerola (CiU) alcalde de Seva (Osona, 3.418 habitantes) desde 1979. "El programa que diseñamos para cuatro años lo cumplimos en uno y medio, con esfuerzo y constancia". Joan Vich (PSC) alcanzó la alcaldía de Vilanova del Camí (Anoia, 12.644 habitantes) tras generar muchas expectativas: "Todos éramos novatos. La política era entonces más heroica, más voluntariosa". Los tres miran atrás desde su silla de alcaldes. De todo lo hecho, Vich se queda con la recuperación del río Anoia, "una cloaca que convertimos en un espacio fluvial"; Palmerola, renuente a escoger un solo equipamiento, proclama que el suyo "es el mejor pueblo"; Tejedor escoge la red de saneamiento, vital para una ciudad sin cloacas que se inundaba cuando llovía, y haber logrado que los ciudadanos de El Prat se sientan orgullosos de su ciudad. ¿Cómo se gana en ocho elecciones consecutivas? El caso de Tejedor, Palmerola y Vich es una excepción, pues la mayoría de los alcaldes que han sobrevivido desde 1979 han gobernado pueblos que no superaban los 500 habitantes. Para Tejedor, la clave es ser un vecino más. El contacto directo con los habitantes, recalca, se debe mantener pese a las facilidades comunicativas de las nuevas tecnologías. Coincide Vich, que subraya el trabajo que supone ser alcalde: "A mí me han consultado cosas a las cuatro de la madrugada en una sala de fiestas". En definitiva, pensar en los vecinos, apostilla Palmerola: "En el Ayuntamiento no hablamos nunca de política, sino de las necesidades del pueblo". El trabajo ha cambiado en este tiempo. "Ahora hay más dureza que entonces", lamenta Vich. "No tenemos tanto poder de decisión, hay mucha burocracia", añade Palmerola. "Teníamos un país en blanco y negro, y ahora, una democracia llena de colores", dice Tejedor. Los tres rondan los 60 años, pero quieren optar por octava vez al cargo porque se ven con fuerzas para continuar. Vich estuvo a punto de tirar la toalla en 2003. "Somos los últimos mohicanos de la democracia, aún estoy ilusionado", confiesa. "Un proyecto de ciudad es un proyecto siempre inacabado. Y yo no estoy cansado", argumenta Tejedor, que no se plantea abandonar en cuatro años. Palmerola dice que este es su último mandato , pero también aseguró en 2007 que no se volvería a presentar. "Aún quiero servir al pueblo", se justifica, y apostilla: "Siempre queda trabajo por hacer. Es como una casa, siempre en reformas".