sábado, 5 de mayo de 2012

COMIENZA LA RECUPERACION DE COMPETENCIAS


Las autonomías, como preocupación permanente y creciente


Llevamos una larga temporada ya en la que las Comunidades autónomas están en el ojo del huracán de la opinión pública y publicada. Son, con toda certeza, las malas de la película, a las que, imprescindiblemente, “hay que meter mano” porque se han desmadrado y amenazan con ser, si no lo son ya, la ruina de la nación, ni más ni menos. Tras el descubrimiento del desmadrado déficit público de 2011, muy por encima del comprometido, que nos está obligando a cuantiosos sacrificios de todo tipo –impuestos más elevados, copago farmacéutico, drásticos recortes en Sanidad y Educación, nuevos impuestos y tasasen los gobiernos regionales, parece que los propósitos de “revisar el Estado” a los que hizo referencia hace unos días el presidente Rajoy pasan por ahí: Por reconducir el Estado de las autonomías y las duplicidades y descontroles que ha traído consigo. Las Comunidades y sus cuentas desenfrenadas son uno de los gravísimos problemas del Estado, y vienen siendo una de las razones para que, una y otra vez, se contemple la necesidad de una intervención de las instituciones internacionales que ponga fin al “desmadre y desenfreno”. Este mismo sábado, sin ir más lejos, aparecen unos cuantos motivos para la preocupación. Empecemos por la consideración que merecen los gobiernos regionales a las agencias de calificación: tras haber situado la nota del Reino de España a dos escalones del 'bono basura', la agencia de calificación Standard & Poor's ha rebajado la calificación a nueve comunidades autónomas españolas. Ha recortado en dos escalones las calificaciones de Madrid ('BBB+'), Galicia ('BBB+'), Canarias ('BBB+'), País Vasco ('A') y Navarra ('A'); en tres escalones las de Andalucía ('BBB'), Aragón ('BBB') y Baleares ('BBB-'), y en cuatro escalones la de Cataluña ('BBB-'). Tanto Baleares como Cataluña se quedan al borde del 'bono basura', nivel de riesgo de inversión en el que ya se encuentra la Comunidad Valenciana ('BB'). Por su parte, País Vasco y Navarra mantienen una calificación equivalente al notable. La firma considera que la capacidad del Gobierno de prestar apoyo a las regiones en el largo plazo se ha "debilitado", en un contexto en el que espera una suave recesión en 2012 de la economía española y una "lenta actividad económica" hasta 2015. Entiende también la agencia “descalificadota que algunas comunidades autónomas podrían desviarse de los objetivos presupuestarios, lo que se traduciría en una mayor acumulación de deuda por el descontrol de los gastos y el empeoramiento de la recaudación de impuestos. Asimismo, Standard & Poor's cree que la capacidad de recaudación de las regiones, afectadas desde la recesión de 2009, puede seguir disminuyendo en 2012. Además, tendrá un "crecimiento mediocre" en los próximos tres años. En el caso de País Vasco y Navarra, la agencia destaca que tienen perfiles crediticios "fuertes" a pesar de la "sustancial concentración de sus actividad económica en España". Las claves de su éxito son, según la agencia, su autonomía fiscal, su sólida gestión financiera, su moderadamente baja carga de deuda y sus economías altamente orientadas a las exportaciones.
Segunda nota “antiautonómica” de la jornada, que algún diario lleva a sus titulares de primera magnitud: Rajoy comienza, con los ríos, la recuperación de las competencias que se dieron a las CCAA. Lo cuenta El Mundo con gran despliegue, para dar cuenta de uno de los acuerdos-reformas del consejo de ministros de este viernes: El Gobierno retira a las CCAA la policía de aguas que les cedió Zapatero en agosto de 2011, y Santamaría anuncia esta decisión como “un anticipo del nuevo reparto de funciones entre Administraciones”.- El referido diario insiste en que de este modo “comienza la reordenación del Estado”.
Tercera novedad: La Comunidad Valenciana reconoce que tiene “estranguladas” todas las vías de financiación, y el Gobierno de Akbero Fabra reconoce que si no hay una emisión de hispanobonos en junio o julio, “su” comunidad, herencia de Camps, no tendrá liquidez suficiente para aguantar más allá del mes de agosto, con lo que se intensifica la posibilidad de intervención del Gobierno central sobre las Comunidades incapaces de mantener el compromiso del déficit y las cifras del gasto público para el presente año.
Más aún: preocupan severamente en el Gobierno las actitudes “de rebeldía” que muestran dos comunidades con presidente socialista, País Vasco y Andalucía, decididas a llevar al tribunal Constitucional los recortes de competencias determinados por el Gobierno en materias sanitarias y educativas. El diario ABC no duda en reunir a Patxi y Griñán y acusarlos de “deslealtad con España”, nada menos, en una portada antológica. En otro diario más gubernamental, La Razón, habla de “insumisión socialista”, y sostiene la sorprendente tesis de que Rubalcaba agita Andalucía y el País Vasco para desgastar a Rajoy, mientras el Gobierno advierte que todas las CCAA deberán cumplir… Ambos gobiernos, por ejemplo, denuncian que “los sin papeles” que no tengan tarjeta sanitaria no puedan recibir las atenciones de la Seguridad Social, según los anuncios del Gobierno, y son coincidentes en señalar que los ajustes mutilan el autogobierno. No hay duda de que son “dos granos” que el PP tiene en su muy extendido “mapa azul autonómico”. En el caso del socialista vasco Patxi López, su recurso ante el TC se efectúa con el respaldo del Parlamento vasco. El propio Basagoiti, apoyo del PP a López en el Gobierno vasco, critica la actitud del lendakari y lanza la sorprendente especie de que no hace falta que desde Ajuria Enea el lendakari apoye la oposición de Rubalcaba… Pero no es menor la preocupación que supone el Gobierno de Griñán, constituido por PSOE e IU, al no haber conseguido el PP de Arenas la mayoría absoluta que esperaba. Supone el Gobierno que los problemas que ya representaba el Gobierno socialista de la mayor Comunidad, se verán ahora incrementados. La Gaceta asegura que “Griñán entrega todo el poder a los comunistas”... En fin, todavía hay otra Comunidad “altamente conflictiva”, que es Cataluña. No sólo porque su deuda haya quedado “al borde del bono basura”, sino por las perspectivas poco alentadoras sobre su déficit anual. La Vanguardia da cuenta este viernes de la “cita exprés” que llevaron a abo Rajoy y Mas sobre ajustes y pacto fiscal, durante algo menos de una hora, 52 minutos. Asegura el diario que “el líder del PP no se cierra en banda a la financiación que pide el Govern de Mas,  –el pacto fiscal, especie de fueros o concierto económico de recaudación total por Cataluña y aportación de una cantidad anual y pactada al Estado central, como en Euskadi y Navarra-, “pero la ve muy difícil”. Por su parte, Durán ve inevitable el “choque de trenes” entre Cataluña y España si no hay tal pacto fiscal…

viernes, 4 de mayo de 2012

DRAGHI RECLAMA QUE SE ACELERE LA REFORMA FINANCIERA

Los jueves, milagro. Los viernes, reformas y recortes


Coincidieron este jueves en el Consejo de Estado el presidente y su antecesor, Rajoy y Rodríguez Zapatero, respectivamente. Parece que era la primera vez que se encuentran desde el relevo de noviembre. El primero, preguntado sobre el encuentro, lo sintetizó brevemente: “Él está ahora en una posición muy distinta, está más tranquilo, y yo no, pues menos tranquilo..” Algunos medios, como La Razón, La Gaceta o El Economista, publican la foto de ese encuentro, y los rostros no parecen precisamente complacientes ni felices. Rajoy parece estar reclamando responsabilidades a su antecesor, dice El Economista que explica que “todo apunta a que el presidente aprovechó la ocasión para reprocharle que dejara el déficit del 8,5 por 100, cuando prometió que no superaría el 6 por 100. A Zapatero se le heló su tradicional sonrisa”. Es lo que tiene ser jefe del Gobierno en tiempos de amenazas de intervención, subidas de impuestos, copagos y peajes, primas de riesgo y batacazos bursátiles, o hallarse en la oposición, como letrado vitalicio del consejo de Estado... Rajoy acudió al Consejo de Estado para prometer que repensará el modelo de Estado, y suprimirá entidades y organismos que efectúan tareas duplicadas. Repensará competencias, pero no desandará el Estado autonómico, según asegura ABC. El presidente cerrará los organismos públicos que no sean útiles o resulten demasiado caros, sintetiza La Razón. O en Expansión: Rajoy estudia repensar el modelo de Estado y Rubalcaba se ofrece a negociar. Por cierto, que Rubalcaba propuso en la campaña electoral cerrar las Diputaciones provinciales., pero ahora, la Federación de Municipios y Provincias, FEMP, proponer reforzar las diputaciones, para prestar servicios a los más de 7.700 municipios de más de 20.000 habitantes. ¿Y el Senado? Tantas veces se dijo que era una Cámara tonta e inútil... Desde luego, hace falta una buena “repensada” del Estado y de sus dimensiones, para que sus gastos no terminen devorando a los ciudadanos. Las reformas parecen inevitables, y con presteza...

El cine de Luis García Berlanga dio.su obra maestra en 1957, con José Isbert, con “Los jueves, milagro”. Ahora, Rajoy transforma ese calendario, al anunciar que cada viernes habrá reformas. Reformas, o recortes, o ambas cosas en una sola pieza... Lo cierto es que, como el propio presidente anunciaba recientemente, el Consejo de ministros estudiará este viernes la liberalización de determinados servicios en el área de las infraestructuras y el transporte, y aprobará un paquete de medidas urgentes para reformas la política medioambiental en materias como el agua o la gestión de residuos. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, también anunció ya el pasado lunes la decisión de liberalizar servicios, sin ofrecer más detalles, y explicó que el objetivo del Gobierno es conseguir una gestión más austera y eficiente, avanzar en la modernización y lograr que sean "mucho más económicos para los ciudadanos". Asimismo, fuentes del Ejecutivo han avanzado que el Consejo dará luz verde luz verde a "medidas urgentes" en materia de medio ambiente, una serie de actuaciones que afectarán a la política de aguas, la gestión de residuos, la protección de espacios naturales y al Parque Nacional de Tablas de Daimiel. Según explicó el mes pasado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el Gobierno quiere reformar mediante un real decreto cuatro de las leyes más relevantes en materia de medioambiente. El objetivo en materia de agua, apuntó, es "reforzar las competencias del estado en esta materia" y mejorar la coordinación entre con las Confederaciones Hidrográficas. Arias Cañete apostó también, por ejemplo, por revisar el Plan Especial del Alto Guadiana con nuevas fórmulas para la cesión de derechos de agua entre particulares con el fin de reducir las extracciones del gran acuífero del Alto Guadiana, donde se encuentran el Parque Nacional de Tablas de Daimiel o el humedal de Los Ojos del Guadiana. Y junto a estas cuestiones, el Consejo aprobará el Plan de publicidad institucional 2012, con un presupuesto más reducido en aplicación de los criterios de austeridad.. Contra lo que habían anunciado los dirigentes de la Comunidad de Madrid, Aguirre y González, este viernes, “todavía no” se aprobará el pago de viajes en las autovías madrileñas o de otros puntos del país..., según garantizó Rajoy, esta vez sonriente por la buena nueva... El establecimiento de peajes en las autovías que dependen del Ministerio de Fomento está en estudio desde hace semanas, según reconocen en medios gubernamentales, pero no se abordará en este Consejo de Ministros. En la comisión delegada de asuntos económicos se abordó la posibilidad de instaurar la medida, pero fue descartada. De momento. Fomento lleva tiempo tanteando esas medidas liberalizadoras y de privatización parcial del negocio aeroportuario (Aena), de Renfe, Adif o ferrocarriles de cercanías. Sólo Renfe pierde 600 millones al año, y el verano pasado, con José Blanco al frente del ministerio, ya se reestructuró la división de Mercancías en tres nuevas sociedades con vistas a promover la entrada de capital privado. En cambio, sí parece probable que el Gobierno adopte medidas de reforma del mercado de alquiler de viviendas para incentivar a los propietarios, particulares o empresas inmobiliarias, a que pongan más casas en el mercado.

En todo caso, el Gobierno sigue este viernes con su programa de recortes y reformas, como remachó Mariano Rajoy. Las que se nos ocurran a nosotros o las que “sugieran” o indiquen los organismos internacionales. Sin ir más lejos, este jueves, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, reclamaba celeridad en el proceso de saneamiento de la Banca española, sin garantizar que vayan a producirse otras inyecciones de capital a la banca. Draghi pide que España persevere en las reformas y que acelere con la banca, cuenta El País, y defiende reducir gastos “frente a recortar inversiones” . Indica El Mundo que Draghi aplaude las medidas de Rajoy, pero urge a culminar la reforma financiera. Con el anuncio posterior de Luis de Guindos, que parece haber escuchado el recado, y anuncia que “limpiará en días los activos del ladrillo”. De Guindos, cuenta El Mundo, promete acelerar las sociedades que permitirán a la banca agrupar sus inversiones fallidas en el sector inmobiliario. Se refiere al stock de viviendas no vendidas, pero carísimas, y del suelo, también comprometido, comprado a precios de oro, y ahora mismo, “a precio de mercado cero”... ¿A eso se puede llamar banco malo? De Guindos dice que no, pero se le parece mucho...

jueves, 3 de mayo de 2012

EL DORMIDABLE NEGOCIO DE PACTAR UNA SENTENCIA

Se pospone la búsqueda de la “sentencia de conformidad” en el caso Nóos




Cuenta este jueves la publicación de Internet El Confidencial que los fiscales anticorrupción han suspendido las dos reuniones previstas esta semana con los abogados de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres para hablar de un posible pacto en el llamado caso Nóos, debido al eco mediático suscitado por este asunto. Según aseguraron el miércoles a Efe fuentes del caso, esta semana se iban a celebrar sendas reuniones entre los fiscales y Mario Pascual Vives, que representa al duque de Palma, y Manuel González Peeters, defensor de Torres. Sin embargo, finalmente se han suspendido a tenor de las informaciones publicadas para evitar la expectación mediática que generarían. De hecho, en la sede de la Fiscalía de la capital balear ya había varios periodistas apostados a la puerta en espera de la posible aparición de alguno de los abogados, aunque al edificio sólo acudieron los fiscales anticorrupción Pedro Horrach y Juan Carrau, así como el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro. Fuentes del ministerio público confirmaron que los abogados de Urdangarín y Torres habían pedido a la Fiscalía de manera informal mantener conversaciones para un posible pacto que les eximiera de ingresar en prisión, aunque aún no se había producido ninguna reunión en este sentido. Las mismas fuentes precisaron que los abogados protagonizaron conversaciones informales en los pasillos de los juzgados con representantes de la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de llegar a un posible acuerdo. También el diario El País señala que los abogados de los dos imputados tenían previsto reunirse esta semana con la fiscalía anticorrupción para tantear el posible pacto del que se ha tenido noticia, pero que las reuniones fueron suspendidas temporalmente para mantener la discreción sobre el caso. Según ha trascendido, en ese pacto con la Fiscalía anticorrupción, Urdangarín y Torres estarían dispuestos a asumir algunos hechos investigados y a devolver 3,5 millones del dinero malversado, y a cambio de reparar el daño y de colaborar con la Justicia, aceptarían penas de prisión no superiores a los dos años. Es lo que se denomina “sentencia de conformidad”, la que dicta un tribunal cuando acusación y acusado prefieren pactar una condena y ahorrarse el juicio. Suele requerirse que los presuntos delitos estén castigados con un máximo de seis años de cárcel , que el reo admita su culpabilidad a cambio de una sentencia más leve, y que tanto la fiscalía como las restantes acusaciones estén de acuerdo.

En otras informaciones periodísticas se vuelve sobre el mismo asunto y se proporcionan otros datos. Por ejemplo, según el diario El Mundo, Urdangarín sólo debería pagar algo más de medio millón de euros, 583.000 euros como fianza por su responsabilidad civil, de manera que al “yernísimo, como se le conoce, le puede salir ciertamente barato haber distraído de las arcas de Baleares, Valencia y Cataluña siete millones y haber ingresado otros 10 de empresas privadas. De manera que, como dice el titular de esta información, “los delitos le costarán al duque sólo 583.000 euros, y Matas deberá afianzar la misma cantidad, y el matrimonio Torres, el doble. “De esta manera, el que fuera presidente del instituto Nóos sin ánimo de lucro saldaría su responsabilidad civil en este proceso con esos 583.000 euros, que contrasta con los más de 17 millones de euros recaudados en apenas tres años por la entidad comandada por Urdangarín y Torres...” La diferencia entre ambas cantidades, explica, es que ni la Fiscalía Anticorrupción ni Hacienda han tenido en cuenta a la hora de calcular el quebrando económico ocasionado los fondos recaudados entre corporaciones privadas”. Concluye esta información diciendo que en el caso de que se materializase el pacto instado por el Duque de palma y su socio con Anticorrupciòn para eludir la prisión, una de las condiciones previas sería la devolución del dinero distraído en las cantidades que han calculado ya los investigadores y la identificación de todas las cuentas en paraísos fiscales... Señala El País que Diego Torres, ex socio de Urdangarín en el Instituto Nóos, se mostró dispuesto a explicar al juez del caso, con todo detalle, todos los negocios con los que participó junto al yerno del Rey, después de haber permanecido en silencio en su primera comparecencia ante el juez José Castro. Cuando Urdangarín intentó descargar sobre su antiguo socio todas las responsabilidades sobre la gestión de Nóos, Torres pidió declarar y contó que la entidad Nóos había facturado diez millones con Administraciones Públicas, la mayoría en manos del PP. Torres, asimismo, relató que su exsocio siguió liderando proyectos como el de los Juegos del Mediterráneo después de 2006, fecha en la que la Casa del Rey aconsejó a Urdangarín que dejara los negocios con Administraciones públicas. De otro lado, se proporciona la opinión del fiscal general, Eduardo Torres Dulce sobre el caso: Ha asegurado que no habrá ningún trato de favor hacia los imputados, y no habrá privilegios sobre el caso.

También proporciona declaraciones del ministro de Justicia, Ruiz Gallardón: El fiscal investigará hasta el final”, asegura. También recoge la declaración del fiscal Torres el diario La Gaceta: No habrá trato de favor a Urdangarín. Dice ABC que la fiscalía suspende las dos reuniones previstas esta semana con los abogados de Urdangarín y Torres para hablar de un posible pacto debido al eco mediático suscitado por el asunto. En cuanto al diario La Razón, asegura este jueves que Hacienda cifra en 1,5 millones la cifra defraudada por Urdangarín en Baleares. Según esta información, las investigaciones de la Agencia tributaria han concluido que el dinero que supuestamente se habrían quedado el duque de Palma y Diego Torres oscilaría entre 1,2 y 1,5 millones de euros, a lo que había que añadir las cantidades “distraídas” de las arcas públicas valencianas, con ingresos que se calculan entre 3,1 y 3,5 millones. Hay que sumar las cantidades, 4,5 millones, procedentes de empresas privadas...

Debate sobre los cuantiosos dineros “recaudados” por los dos pillos y sobre cómo sortear la cárcel admitiendo “alguna parte de su culpa” en el negocio “sin ánimo de lucro”...

miércoles, 2 de mayo de 2012

PRIMERO YPF, AHORA REE. TEMOR A QUE HAYA MÁS EXPROPIACIONES DE EMPRESAS ESPAÑOLAS

Evo Morales, como Cristina Fernández, expropia una empresa española, REE


¿Movimiento contra España? El Gobierno boliviano de Evo Morales dice que no hay tal, en su decisión de expropiar la filial de Red Eléctrica en su país andino. Pero la similitud de acciones adoptadas en la Argentina de Cristina Fernández y en la Bolivia de Evo Morales hace temer con la eventualidad de que no haya dos sin tres, o que la racha de luchar contra “los nuevos conquistadores”, tenga seguimiento y otros casos den continuidad a estas actuaciones contrarias a la seguridad jurídica y al orden internacional. En la última década, muchísimas empresas españolas atendieron la invitación de los dirigentes de los países iberoamericanos y se han instalado sus filiales en muchos países. Ahora, asistimos a este segundo acto, que parece preocupar mucho menos que el primero... Lo cierto es que, como se comunicó en la tarde del martes, y reproducen y hoy en sus primeras informaciones todos los diarios, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha promulgado un decreto para la nacionalización del paquete de acciones de la Transportadora de Electricidad SA (TDE), filial de Red Eléctrica Española (REE), que opera desde 1997 en Bolivia, y ordenó a las Fuerzas Armadas custodiar las instalaciones de la firma. Morales sigue la estela argentina con el expolio de Red Eléctrica, cuenta El País. El presidente boliviano acusa a la firma española de invertir poco. El Gobierno español intenta evitar paralelismos con YPF. Dice El Mundo que Morales se suma al desafío a España expropiando REE. Copia el argumento de Kirchner sobre la falta de inversión y lo presenta como homenaje a los trabajadores bolivianos. Dice ABC que el Gobierno español desvincula la nacionalización boliviana de la expropiación perpetrada en Argentina contra Repsol. La Vanguardia insiste: Morales sigue la estela de Kirchner y nacionaliza REE. El presidente boliviano, acosado por la crisis social, expropia la filial de la eléctrica española. También La Razón destaca que el Gobierno español desvincula la operación de la nacionalización de YPF. Señala La gaceta que fuentes empresariales califican de desastre político la expropiación de REE, y el Gobierno español dice que no se trata de un movimiento contra España. Y de parecida manera lo cuentan los restantes diarios, de papel o virtuales y en la Red. Es decir, y sobre todo, que el Gobierno español resta importancia al caso. Tal vez por el temor a que la situación se repita en otras empresas españolas. Se da la circunstancia de que, al menos una hora antes del anuncio, los militares ya habían ocupado el edificio de la TDE. Militares, policías y partidarios del presidente boliviano tomaron las oficinas, y canales de televisión mostraron a decenas de efectivos militares y policiales que custodiaban el edificio central de TDE en esa ciudad del centro de Bolivia. "Hoy día, nuevamente, como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales y los servicios básicos, nacionalizamos la Transportadora de Electricidad", dijo Morales en un acto del Día del Trabajo en el Palacio de Gobierno de La Paz. Morales justificó la expropiación asegurando que "esa empresa internacional española, en 16 años, apenas ha invertido 81 millones de dólares, una inversión en término medio de cinco millones al año", que consideró insuficiente. El presidente boliviano también anunció que un 73% de las líneas de transmisión en el sistema interconectado de electricidad volverán a control de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), con sede en Cochabamba, en el centro del país. "Este decreto supremo tiene por objeto nacionalizar en favor de la ENDE, en nombre del Estado, el paquete de acciones que posee la empresa Red Eléctrica Internacional (filial de Red Eléctrica Española) en la empresa de Transporte de Electricidad", explicó Morales desde el palacio presidencial en La Paz. La Transportadora de Electricidad está a cargo de 1.961 kilómetros de líneas de transmisión de electricidad y de 22 subestaciones en Bolivia. "Hoy hemos sido sorprendidos con que nuevamente pasamos al Estado, pasamos a manos de los bolivianos", dijo el secretario general del sindicato de la Transportadora de Electricidad (TDE), Edwin Vargas, en presencia de Morales, que viajó a la ciudad central de Cochabamba para la toma de la compañía por los militares. Cada primero de mayo, en los seis años de su gobierno, Morales ha anunciado nacionalizaciones: comenzó por el sector de hidrocarburos y este año lo hizo en el área de electricidad. Curiosamente, la expropiación de las acciones de Red Eléctrica Española coincide con la reciente nacionalización, el pasado 16 de abril, del 51% de las acciones que controlaba Repsol en la petrolera YPF. En aquella ocasión, Cristina Fernández de Kirchner realizó el anuncio en medio de una salva de aplausos y de himnos patrióticos. Ahora, el anuncio de la expropiación de la TDE se produce pocas horas antes de que Evo Morales inaugure, con el presidente de la petrolera española Repsol, Antonio Brufau, la segunda planta procesadora de gas del campo Margarita, en el sur de Bolivia, lo que permitirá aumentar las exportaciones a Argentina. El Gobierno español reaccionó y dijo que está estudiando el movimiento de Evo Morales contra REE, pero fuentes de la vicepresidencia han explicado que “no tiene nada que ver con el caso de Argentina y la YPF”, y que "no se trata de un ataque a España". A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, habló con su homólogo boliviano, David Choquehuanca. Tras esa conversación, en el Gobierno restan importancia a la expropiación porque, asegura, es muy diferente al anuncio que realizó en su día Cristina Fernández de Kirchner. Fuentes del Gobierno han señalado que, por el momento, no se ha decidido que el jefe de la diplomacia española inste al embajador boliviano en España a mantener una reunión con él para pedir explicaciones por lo ocurrido. Sin embargo, Red Eléctrica ha lamentado la decisión de expropiar la empresa Transportadora de Electricidad (TDE), de la que posee casi el 100%, y tomada por el Gobierno de Bolivia, cuyas intenciones desconocía hasta la fecha, y aseguró que pedirá una compensación adecuada. Red Eléctrica espera alcanzar un acuerdo con el Gobierno boliviano para una compensación adecuada por esta expropiación que se traduzca en un justiprecio que exigen todos los accionistas de esta empresa, con un 20% de capital público y una mayoría de inversores de otro países, indicaron fuentes de la compañía. Sobre este particular, el presidente Morales dijo que su Gobierno reconocerá las inversiones realizadas por Red Eléctrica Española en su país. "Somos responsables con las empresas. Si lo que corresponde es devolver, hay que devolver. Si una empresa ha hecho inversión, reconocemos la inversión y siempre vamos a reconocer la inversión", señaló Morales en un acto en Cochabamba ante los trabajadores de la TDE, militares y partidarios suyos. Además, Morales ha nombrado a Roberto Peredo Echazú, nuevo 'gerente' de la nacionalizada Transportadora de Electricidad horas después de promulgar el decreto que nacionaliza las acciones de Red Eléctrica. "Esperamos que nuestro gerente, el nuevo gerente de la Transportadora de Electricidad, asuma con responsabilidad la administración de la energía correspondiente y el transporte correspondiente", dijo el jefe del Estado boliviano. El Gobierno boliviano ha anunciado que contratará a una "empresa independiente" para fijar el valor de la Transportadora de Electricidad en una plazo de 180 días hábiles, según se indica en el Decreto Supremo 1214 por el que se ratifica su expropiación. El Estado español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es el principal accionista de Red Eléctrica de España (REE), con el 20% del capital, ya que el resto está repartido en Bolsa. La empresa española facturó 45,7 millones de euros en 2011 por su negocio internacional, apenas el 3% del conjunto de la empresa, y de este porcentaje la mitad procede de la actividad en Bolivia. Red Eléctrica Corporación desarrolla actividades en el exterior mediante su filial Red Eléctrica Internacional (REI) con el objetivo de rentabilizar al máximo la experiencia de la compañía. La actividad de REI se centra en la inversión en activos de transporte eléctrico en el exterior, principalmente en Bolivia y Perú, y en la prestación de servicios de asesoría y consultoría. En el 2002, Red Eléctrica Internacional adquirió el 99,94% de las acciones de la empresa boliviana Transportadora de Electricidad SA (TDE), propietaria y operadora del Sistema Interconectado Nacional boliviano (SIN), que atiende el 85% del mercado nacional. TDE tiene como fin principal la operación de la Red de Transmisión Eléctrica a altas tensiones dentro el Sistema Interconectado Nacional (SIN). La red de transmisión en alta tensión de propiedad de TDE se extiende por seis departamentos de la república boliviana: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Oruro y Potosí.

¿Se repetirá la experiencia que enseña que “no hay dos sin tres? Ese es, ahora, el gran miedo...

martes, 1 de mayo de 2012

GRANDES VENTAJAS A CAMBIO DEL ENTENDIMIENTO ENTRE LOS DOS PILLOS


Urdangarín y Diego Torres quiere eludir la prisión y reducir sus penas

En tres diarios nacionales, El País, El Mundo y El Periódico de Cataluña, se relatan hoy historias fundamentalmente coincidentes sobre los propósitos de Urdangarín y su socio, Diego Torres, para tratar de eludir la prisión y llegar a algún acuerdo con el fiscal que reducizca en lo posible la pena a que serían acreedores por sus “andanzas” en el Caso Nóos o Caso Palma Arena. Según destaca el titular de El País, Urdangarín y su exsocio ofrecen al fiscal un pacto para eludir la cárcel, un acuerdo que implicaría reconocer los delitos y el abono de los 3,5 millones de euros por los daños causado a las Administraciones.  De manera parecida, cuenta El Mundo que Urdangarín ofrece declararse culpable si no va a la cárcel, y que tanto su abogado como el de su socio DiegoTorres han planteado a la Fiscalía una condena de conformidad. Se comprometen a devolver el dinero público recibido en Valencia y Baleares y a asumir una pena inferior a dos años. El Ministerio público se plantearía negociar si revelan previamente dónde está todo el dinero que han evadido. En cuando a El Periódico de Cataluña, señala que Urdangarin y su exsocio Torres están negociando un acuerdo para presentar un pacto conjunto ante la Fiscalía Anticorrupción que consistiría en devolver el dinero malversado a través del Instituto Nóos, que ambos dirigían, y evitar el ingreso en prisión. Según han confirmado fuentes próximas a la causa, los entornos de ambos imputados están cuantificando los términos económicos y jurídicos de la propuesta. Añade eddsta información que, en principio, está previsto que el abogado del duque de Palma, Mario Pascual Vives, y el de Torres, Manuel González Peeters, se reúnan en los próximos días, por separado, con miembros de la fiscalía, a iniciativa de esta institución, que se ha mostrado receptiva a que se llegue a un acuerdo, siempre que se cumplan ciertos requisitos. En definitiva, los dos principales imputados deben estar dispuestos a reconocer conductas investigadas y asumir el pago de la responsabilidad civil que se fije para cubrir los perjuicios provocados a las arcas públicas de distintas administraciones, en especial, Baleares y la Comunitat Valenciana. La reparación del daño abriría la posibilidad de reducir la petición de pena, que permite a la administración de justicia actuaciones más condescendientes con los arrepentidos. El objetivo de Urdangarin y Torres pasa por que la petición de pena de cárcel sea inferior a los dos años, ya que la legislación permite, en este supuesto, que el imputado no ingrese en prisión. Torres también exige la exculpación de su mujer. Los fiscales anticorrupción en Baleares ha gestionado de forma hábil estas herramientas en otros casos, a fin de lograr testimonios de arrepentidos que han confesado a cambio de un trato penal más favorable. Aunque la negociación sigue abierta, tanto a Urdangarin como a Torres les interesa llegar a un acuerdo debido al interés común por evitar el ingreso en prisión, y por los derroteros que puede adquirir la causa si se descubren nuevos actos sospechosos. Los contactos entre las personas que están negociando se han intensificado desde la incorporación al sumario de correos electrónicos del duque de Palma, facilitados al juez José Castro por el letrado de Torres, donde se ponían de manifiesto actuaciones del Rey que la infanta Cristina trasladó a su marido. «Tengo un mensaje de parte del Rey que le ha comentado a Cristina para que me lo diga, que le llamará Camps [el expresidente de la Generalitat Valenciana] a Pedro [armador y regatista] para comentarle el tema de la base del Padra [para la Copa América] y que, en principio, no habrá problemas y que nos ayudarán a tenerla», decía uno de los e-mails enviados por Urdangarin a Torres en octubre del 2007, cuando se suponía que habían roto su relación mercantil por orden de la Casa del Rey. «El Rey me comenta que un amigo suyo ha hecho la gestión que le pedimos a Miguel Fluxà (Iberostar) y, sorprendentemente, Miguel no sabía nada del proyecto. Claro, se ha quedado un poco parado», le comentó en otro correo el duque de Palma a su exsocio sobre otra gestión del Monarca. La entrega de estas misivas al juez fue motivada por el enfado de Torres al ver que el marido de la infanta Cristina defendía en un escrito remitido al juzgado que la esposa de su exsocio, Ana Tejeiro, siguiera imputada en la causa, puesto que apreciaba que su actuación en el entramado de Nóos no era comparable al de la hija del Rey, quien fue vocal de la fundación y copropietaria, con su marido, de Aizóon, una de las empresas a las que, presuntamente, se desvío dinero público.
Pero lo esencial es que Urdangarín y Torres quieren enterrar el hacha de guerra y tratan de alcanzar un acuerdo que les permita plantear a la fiscalía la posibilidad de eludir la prisión a cambio de reconocer los hechos por los que se les investiga y reparar el daño económico que han causado al erario público y el daño moral causado a la Casa Real. El diario El País cree saber que ha sido el yerno del Rey quien ha tomado la iniciativa para poner fin a esta guerra abierta que mantiene con Torres a propósito de sus responsabilidades en el Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro con la que ambos lograron, durante cuatro años, diez millones de dinero público a través de Administraciones gobernadas, en su mayoría, por el PP. ¿Devolver 3,5 millones bastaría para “olvidar” los diez millones recaudados a Camps y Matas? Sería un formidable negocio para los dos “pillos”. Pero al menos tendrían que reconocer sus fechorías y pagar “algo” por ellas. A cambio, terminaría esta guerra con tantas víctimas: Primero, Urdangarín y Torres, además, de sus respectivas mujeres y familia, y luego, los expresidentes autonómicos generosos con dinero público y obsequiosos con “el yernísimo”. Parece que el principal escollo para sellar el acuerdo es, precisamente, determinar quién de los dosimputados debe asumir la mayor parte del desembolso. En su declaración ante el juez José Castro, Urdangarin afirmó que desempeñaba un papel “institucional” en Nóos y descargó toda la responsabilidad en Torres. La tesis del esposo de la infanta Cristina, sin embargo, ha sido desacreditada por decenas de testigos e imputados en la pieza separada del caso Palma Arena. El pago de los 3,5 millones para cubrir la responsabilidad civil por los perjuicios causados es necesario para que, si se llega a una conformidad, pueda aplicarse a Urdangarin y a Torres la atenuante de reparación del daño. Cuenta El País que Urdangarin y Torres negocian entre sí para presentar una propuesta conjunta a la fiscalía, que podría dar su visto bueno a cambio de que se cumplan ciertos requisitos. El objetivo de los dos imputados es que, si se impone una pena privativa de libertad, esta sea inferior a los dos años de cárcel, de forma que puedan eludir el ingreso efectivo en prisión. En el caso del duque, además, se impone la necesidad de evitar la celebración de un juicio que podría erosionar aún más la imagen de la Monarquía. Según fuentes judiciales, el yerno del Rey podría ser juzgado por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. El delito de evasión fiscal por un cobro a través de una cuenta en Suiza no formará parte, en principio, de la acusación, ya que la cantidad defraudada no supera la cuota mínima que fija el Código Penal. Por lo demás, cabe recordar que la colaboración de imputados con la justicia y los pactos de conformidad con la fiscalía son habituales, aunque implican confesarse culpable. Los arrepentidos declaran su implicación en supuestos delitos en investigación para beneficiarse de un mejor trato en la sentencia. El avance de la instrucción judicial y la acumulación de indicios, suele precipitar la decisión del imputado. Por este reconocimiento, los arrepentidos merecen ser beneficiarios de atenuantes penales: reducción de los tipos delictivos y de las posibles penas. Pactan para no entrar en la cárcel o cumplir penas bajas. En especial han de reponer totalmente, más un tercio de carga, el daño patrimonial causado a la Administración si se trata de malversación, cohecho o fraude. El pacto de conformidad puede ser global entre todos los coimputados y comportar la no celebración de la vista pública. El fiscal conduce con los letrados las negociaciones y los acuerdos y los somete al tribunal, en anuencia con aquéllos que están sentados en el banquillo.
Y sobre todo, el acuerdo que se busca significaría el fin de un escándalo que ha roto a la familia real y ha dejado muy erosionada su imagen pública. Otra cosa es que pueda rehacerse esa imagen dañada del mismísimo Rey, que redemostró incapaz de poner freno a la avaricia insaciable del yernísimo….

lunes, 30 de abril de 2012

EL GOBIERNO REVISA LOS PRESUPUESTOS DE LAS CCAA


Planes de saneamiento de las Comunidades Autónomas
Este lunes, último día de abril, concluye el plazo dado por Hacienda a los gobiernos autonómicos para que presenten unos planes de saneamiento "creíbles y ejecutables" que les permitan cumplir el 1,5 por ciento de déficit al que deben atenerse este año, unos planes que, de no cumplirse, pueden terminar en la intervención de esa Comunidad transcurridos seis meses. Todas las autonomías enviaron estos planes ya en marzo, pero la revisión presupuestaria les obligó a rehacerlos. Además, Hacienda les pidió otras correcciones porque varios de ellos contenían previsiones sobre todo de ingresos no creíbles, según explicó Beteta en un desayuno informativo. Los proyectos de presupuestos de los gobiernos autonómicos tienen que estar ya ajustados a las cifras de los Presupuestos Generales del estado. Cuenta este lunes La Razón que, hasta el momento, seis planes han sido devueltos a sus respectivos ejecutivos para su revisión. En el caso de Cataluña y Andalucía por haber incluido ingresos procedentes del Gobierno central. En el caso de Madrid, por “leves observaciones a sus cuentas”. Y añade esta información que La Rioja y Galicia aún están terminando sus planes, y que en la Comunidad Valenciana, aunque no se conocen los objetivos finales, sí algunas de las medidas ya adoptadas para cumplir con la reducción impuesta, como la reconversión del sector público, que podría afectar a cinco mil empleados. O el nuevo modelo sanitario anunciado el pasado sábado por el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, con el que se pretenden ahorrar 443 millones anuales. En el diario La Gaceta se asegura este lunes que “Valencia se asoma a la intervención”, y que también la Comunidad balear figura en las quinielas para un rescate a corto plazo. Y recuerda que las “·dramáticas cuentas” de la Generalitat valenciana obligaron ya al Estado a salir en su rescate a principios de año con un aval del Tesoro para evitar el impago de 123 millones de euros con el Deutsche Bank. Recuerda, asimismo, que la Comunidad Valenciana se endeudó de forma temeraria en colosales proyectos, como la Ciudad de las Ciencias o la Fórmula Uno, que esquilmaron sus finanzas y ponen hoy en peligro el pago de nóminas, facturas y deuda, una situación límite que ha obligado al presidente Fabra a proyectar la extensión de la gestión privada en la sanidad o a encarecer la matrícula universitaria... En cuanto al Gobierno balear, ha presentado varios planes para economizar 850 millones mediante la eliminación de duplicidades administrativas. También insiste La Gaceta en la eventualidad de una intervención del Gobierno central en las cuentas de Andalucía o Cataluña, que también arrastran abultadas deudas. En su repaso a otras Comunidades, señala La Razón que la Junta de Castilla y León ha reconocido que su proyecto de presupuestos contendrá medidas que afectarán a la sanidad y a la Educación. En Murcia se ha aprobado un ajuste por valor de 623 millones. Aragón envió un primer borrador que ha tenido que modificar en alguno de sus puntos. Canarias también está a la espera de la devolución de su primer esbozo para realizar cambios por recibir menos ingresos del Estado de los que preveía. Ministerio y CCAA se reunirán dentro de unos días en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en este foro se dirá quién aprueba y quién debe tomar aún más medidas para llegar al déficit comprometido. Esta revisión se produce como consecuencia de la vigencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que abre la puerta a que una autonomía sea intervenida por Hacienda para obligarla a ajustarse a ese 1,5 por ciento. Tanto el ministro Cristóbal Montoro, como su secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, han intensificado las advertencias a las comunidades autónomas. Montoro subrayó el pasado miércoles en el Senado que “es el país el que está en juego" y que, por ello, su departamento no dudará con las regiones "no encarriladas".
También este lunes concluye el plazo para que las comunidades que se han acogido al plan de pago a proveedores entreguen un plan de ajuste en el que detallen cómo van a devolver las cantidades que pidan. Como se sabe, todos los gobiernos regionales, salvo los de Galicia, País Vasco y Navarra, van a pedir dinero para pagar las facturas pendientes.
Entre tanto, Mariano Rajoy ha defendido el plan de ajuste de su Gobierno en el acto de clausura del Congreso del PP de Madrid, que coincidía con una jornada de manifestaciones contra los ajustes convocadas por los sindicatos y que se celebra en toda España. Rajoy, que no hizo referencia alguna a la subida del IVA anunciada para el año que viene, ha considerado que los recortes de diez mil millones en educación y sanidad son reformas “positivas, necesarias y obligadas” y su objetivo es “devolver a España al crecimiento económico y a la creación de empleo". Rajoy reconoció que la subida de impuestos (mencionó el impuesto sobre la Renta), anunciada el viernes y que ha suscitado numerosas críticas, no estaban en su programa electoral. “Ya lo sé, e intentaremos no hacerlo en el futuro”, afirmó, antes de justificarse: “Hemos intentado que la carga recayera en los que están en una mejor situación". "No quedaba alternativa", señaló Rajoy., quien aseguró que es consciente de que las reformas no producen efecto a corto plazo. “Llevará su tiempo”, sostuvo, antes de anticipar que la previsión económica es que España decrezca un 1,7% en este 2012. “Hay que decir la verdad para poner las bases de futuro", subrayó. El líder del PP avanzó que apoyará todas las políticas en favor del crecimiento que se presenten en el próximo Consejo Europeo, y que España hará sus propias aportaciones, pero a la vez ha defendido la necesidad de las políticas de austeridad. Dijo también que la política de reformas no ha terminado: "Por eso cada viernes continuarán las reformas. El viernes que viene, también. Y serán importantes". Para el presidente del Gobierno, el sentido de esta política es hacer de España “un país serio, donde la gente cumpla con sus obligaciones. Si hacemos todo lo necesario, saldremos”. "No vamos a parar hasta el fin de la legislatura", afirmó. Y explicó que estas reformas "sin parangón" que está adoptando, son imprescindibles para "reescribir la historia" de la prosperidad de España, asegurando que lo hay que hacer ante la crisis es "exactamente lo contrario" que hizo el Ejecutivo socialista. "No entienden, o no quieren entender, o no sé lo que les pasa", dijo el jefe del Gobierno ante la oposición socialista a las reformas. "Lo menos que podían hacer los socialistas es callarse", remató. Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha exigido al jefe del Gobierno, desde la clausura del 24 congreso de las Juventudes Socialistas de España celebrada en Madrid que "deje de ser el último mohicano de la austeridad”, porque no puede ser el único gobernante europeo que defienda los ajustes mientras recorta los servicios sociales básicos a los españoles...
Gobierno y Oposición, Rajoy y Rubalcaba se enfrentan, y los ciudadanos asumen inevitablemente los recortes que Rajoy llama reformas...
JOSÉ CAVERO

domingo, 29 de abril de 2012

RAJOY, ENTRE EL DÉFICIT Y LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

El IVA, la última promesa que también se incumplirá… Como señala este sábado El País con evidente acierto como mala intención “al presidente del Gobierno le quedan ya muy pocas promesas que incumplir”. Y proporciona, a continuación, este diario como todos los demás, la noticia que merece los más destacados espacios en la prensa escrita: Rajoy subirá el IVA en 2013 como última gran baza contra el déficit, el próximo año subirá el IVA parea recaudar 8.000 millones, IVA e impuestos especiales subirán en 2013 para cumplir con el déficit, el Gobierno rectifica y anuncia que sube el IVA, el Gobierno planea subir el IVA y bajar las cuotas sociales en 2013, el IVA subirá en 2013, el Gobierno subirá el IVA en 2013 para paliar la caída de ingresos por el paro brutal…, dicen los titulares de El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, La Razón, La Gaceta… Todos a una se han lanzado sobre el anuncio que antes o más tarde todos esperábamos: la subida del “maldito impuesto” que el PP había prometido decenas de veces que no subiría de ninguna de las maneras. Pero ya es sabido que a Rajoy y su Gobierno le está correspondiendo efectuar la misma senda de su predecesor Zapatero, a quien desprestigió hasta límites inconcebibles por verse forzado a hacer justamente lo que más contradecía sus principios y convicciones: rebajar las pensiones, elevar tasas e impuestos, y, en fin, contradecir el Estado de Bienestar logrado en muchas décadas. A Rajoy le está correspondiendo “más dosis de la misma medicina”: elevó el IRPF, subió el impuesto sobre sociedades, recortó los gastos en Sanidad y Educación…, y ahora anuncia el “no va más”: IVA más elevado desde el año que viene. Todo ello, con los pavorosos datos que también a Rajoy le está correspondiendo encajar: en lugar de la confianza que él y sus fieles prometían, mercados más y más exigentes, en lugar de creación de empleo, primeras sospechas de que su reforma laboral tampoco sirve para nada, y que los seis millones de parados, y el 26 por 100, están “a tiro de dos EPAs” más. Que la paralización de la vida económica, del consumo, de los negocios, avanza sin remedio y “tiende a cero”… Y en esa coyuntura ya muy difícil de empeorar, llega el anuncio de una importante subida del IVA, el año que viene. Curiosamente, el Gobierno la anunció de forma extraña, sin pronunciar la palabra maldita, (IVA), escondiendo la decisión en medio de otras explicaciones. Pero la realidad es que Rajoy rematará con el IVA esa especie de “enmienda a la totalidad de sí mismo”, como también lo define El País, en que se ha convertido su tarea de Gobierno, lastrada por una crisis que, lejos de amainar con su llegada al poder, parece recrudecerse día tras día... Cuando, finalmente, suba el IVA, prácticamente habrá tocado ya todos los impuestos, a pesar de que en campaña electoral insistió en que no subiría ninguno, sino todo lo contrario: los bajaría. Pero ahora destacan todos los medios y analistas cómo el IVA ha sido el asunto troncal de los debates internos del Ejecutivo y del PP. En la primera semana de Gobierno, cuando decidieron la mayor subida de impuestos en muchos años, que ya incumplía todas sus promesas, el sector dirigido por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, ganó la batalla. Se subió prácticamente todo menos el IVA. Javier Arenas, muy cercano a Montoro, presionaba entonces para no subirlo, pensando en sus, una vez más, frustradas elecciones. Rajoy no solo prometió muchísimas veces que nunca subiría el IVA. Además hizo campaña contra la subida que hizo el PSOE, a la que criticó mitin tras mitin, y participó en la recogida de firmas que organizó Esperanza Aguirre con el lema “no más IVA”… Y Cospedal, y Santamaría, todos participaron en esa misma cruzada contra el IVA, que ahora tienen que tragarse. ¿Todo eso, para qué? Todo está en función de los déficit de 2012 y 2013, 5,3 y 3 por 100, respectivamente. Contra todos los pronósticos, o contra los pronósticos de todos, el Gobierno insiste en que conseguirá esos números “caiga quien caiga”. Guindos ha cifrado en 8.000 millones de euros la recaudación extra que se pretende conseguir con IVA e impuestos especiales, una cifra difícilmente alcanzable de otro modo. Pero eso supondrá, está significando ya, si no hay correcciones, una paralización global de la economía y un cuerpo social inerte, con más de seis millones, tal vez siete, de desempleados. Se ha sabido que la decisión final de elevar el IVA del 18 por 100 actual hasta el 23 ó 24 previsibles, se interpreta en el PP como una derrota de Montoro, que es quien más se ha quemado públicamente contra esta subida. La decisión se tomó el jueves en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que preside Rajoy. La presión de la deuda y de Bruselas, que no acaban de creerse los planes del Gobierno para reducir el déficit al 3% en 2013, parecen haber sido definitivos. El anuncio se ha hecho ahora porque el Gobierno tenía que enviar a Bruselas el cuadro macroeconómico que prevé hasta 2015, y ahí ha tenido que aparecer ese ingreso extra de 8.000 millones más en 2013 por impuestos al consumo “para contentar a Bruselas”, ya que en España no se presentarán y se detallarán hasta que lleguen los nuevos Presupuestos, en septiembre próximo. También en esa línea de satisfacer a Europa, Guindos garantizó que, en 2013 se logrará bajar el déficit al 3% y fue más allá: en 2015 el déficit será del 1,1% y en 2016, el 0%. O sea, la política de austeridad dura seguirá, salvo que “los veintiséis”, con Hollande a la cabeza, fuercen a Merkel a rectificar y condescender, en favor del crecimiento, y no sólo del ajuste durísimo del gasto JOSÉ CAVERO

RAJOY QUISIERA SER EL PARTNER DE MERKEL

Planes para que Europa regrese a la senda del crecimiento A medida que la candidatura de Holland como sucesor de Sarkozy ha avanzado en Francia, se ha ido reforzando la idea de que no hay otro remedio que relanzar las políticas de crecimiento en la Uníon Europea, tras el parón que ha impuesto del dúo “Merkozy”, Merkel y Sarkozy, por su política de austeridad y recorte de gastos. A una semana de que, según las encuestas, Holland consiga El Elíseo, se habla cada vez más de esa necesidad de una especie de “Plan Marshall”, como bautiza El País a ese propósito de mejorar con urgencia el estado de salud de la economía del continente. Hoy abundan los diarios en la idea: Merkel abre la puerta a estimular el crecimiento, asegura La Vanguardia, que anuncia que la canciller presentará medidas a la UE en junio un plan, añade, que será compatible con la austeridad. El País también asegura que Merkel da un giro al apoyar el crecimiento, y que Europa diseña un gran plan de inversión para salir de la crisis: una inyección de 200 mil millones en infraestructuras, energía y tecnología. Según ABC, Merkel prepara una agenda de crecimiento para Europa. Cree saber El Mundo que la UE suavizará el calendario para reducir el déficit al 3 por 100 y Merkel anuncia para junio una agenda europea de crecimiento. Y en El Periódico de Cataluña, las dos posturas complementarias de los dirigentes de Alemania y Francia: Merkel anuncia una agenda de crecimiento para Europa y Hollande asegura que Merkel cambiará su postura sobre el ajuste… En ese trance, y esas expectativas nos encontramos, tras el nefasto parón del dúo Merkozy, que muchos empiezan a dar por liquidado y necesitado de replanteamiento urgente. Ya es novedad, y efecto de la presión de muchos millones de ciudadanos, que la UE se disponga a poner en marcha un proyecto para estimular el crecimiento en los países más castigados. Eso sí, se asegura que ese cambio de estrategia deberá suponer poco dinero, o al menos no demasiado. Un gran plan de inversión en infraestructuras, energía verde y tecnologías avanzadas, con participación del sector privado, explica El País, para conseguir políticas de crecimiento sin aumentar la deuda de los socios del euro. Se llamaría Pacto por el Crecimiento, o Agenda por el Crecimiento, como la llamó ayer la canciller Angela Merkel, que se apresura a sumarse a una de las ideas del candidato socialista a las presidenciales francesas, François Hollande: usar el Banco Europeo de Inversiones (BEI) como palanca para acometer inversiones, crear empleo, crecer. La Comisión presentará en junio, en una cumbre especial, un menú de opciones que pasa por capitalizar el BEI o recurrir a la ingeniería financiera para acometer proyectos por importe de los mencionados 200.000 millones a través de avales, eurobonos para financiar inversiones o todo tipo de vehículos financieros sofisticados, o incluso con la creación de una agencia europea de infraestructuras. O bien, pidiendo dinero a los países, para inyectar 10.000 millones en el BEI, una institución, creada hace más de medio siglo para financiar proyectos europeos y está reduciendo sus préstamos o los otorga en duras condiciones. Eso permitiría poner en marcha inversiones europeas por importe de 180.000 millones. De otro lado, Bruselas insistirá en utilizar los casi 12.000 millones de euros no utilizados del fondo de rescate financiado con el Presupuesto comunitario (los 60.000 millones del llamado EFSM: el resto está ya comprometido en las ayudas a Grecia, Irlanda y Portugal). Ese dinero atraería unos 200.000 millones en inversiones con el sector privado. La gran novedad es que Merkel se haya sumado a estas ideas y haya comenzado a “hablar un idioma parecido al de Hollande” con respecto al BEI y al uso más intensivo y ágil de los fondos europeos. ¿Y en España, qué podría suceder? Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba parecen esperar, aunque por razones diferentes, el mismo desenlace en las elecciones presidenciales francesas. La victoria de Hollande ofrece a ambos líderes la posibilidad de fortalecer sus posiciones nacionales. El socialista necesita de un referente europeo que avale su discurso económico, mientras que el presidente del Gobierno pretende ocupar buena parte del vacío que deje en Europa Nicolas Sarkozy. Hasta el punto de que, tras años de domino de la fórmula Merkozy, en Moncloa se sueña con acuñar el “tándem Merkajoy”, según asegura El Confidencial, que añade que, en Moncloa se sostiene que Rajoy debe aprovechar su mayoría absoluta para proyectar una imagen de fuerza de la que carecen otros ejecutivos comunitarios: Merkel depende de su coalición con los liberales, que se están hundiendo en las encuestas y ponen en peligro su reelección. David Cameron tampoco logró, pese al sistema mayoritario británico, gobernar en solitario; y la incertidumbre marca también la situación política en Países Bajo o Italia. En este marco, el objetivo de Rajoy es aparecer como un referente sólido, prácticamente el único que tiene asegurado una silla en el Consejo de Europa hasta finales de 2015. El presidente espera hacer valer su posición ante Berlín, por lo que sigue defendiendo el rigor para reducir el déficit, en contra de las crecientes voces que, como los socialistas, apuestan por flexibilizar el calendario y dedicar más recursos a la reactivación económica. Según el entorno de Rajoy, el Ejecutivo popular está cumpliendo a rajatabla el manual de reformas y recortes, de modo que “si fracasa, no habrá fracasado España, sino un modelo económico”, lo que aporta seguridad al presidente. En todo caso, habrá sido bienvenida la política del ajuste duro ahora en práctica, y que debe significar –un par de años de “pasada por la austeridad”- un recorte drástico a muchas políticas llevadas a cabo por tres y hasta cinco entes distintos: Gobierno central, autonomías, municipios, consejos comarcales, diputaciones provinciales…, y por una cantidad insoportable de entes inútiles, asesores, embajadas duplicadas, televisiones autonómicas superfluas…, que han hecho de España un país necesitado de un drástico recorte de gastos públicos… e incluso privados. JOSÉ CAVERO