sábado, 19 de febrero de 2011

COSPEDAL, CANDIDATA A SUCEDER A BARRERA. LA FAVORITA DE RAJOY. TEA PARTY DE IZQUIERDAS...

COSPEDAL, LA GRAN ESPERANZA DEL PP.- Tal y como había anunciado oficialmente el PP, el Comité Electoral se limitó a confirmar este viernes la candidatura de Dolores de Cospedal a la presidencia de Castilla-La Mancha. Lo hizo por unanimidad en una brevísima reunión, y Cospedal era proclamada este sábado en Albacete en un gran acto con Rajoy y toda la cúpula del partido. Cobn ella, están confirmados prácticamente todos los barones que actualmente están en la oposición y la mitad de los candidatos de capitales de provincia. Sigue manteniéndose la espera sobre algunos otros candidatos del PP que actualmente ejercen ya el cargo de presidentes autonómicos, como Esperanza Aguirre o el probable candidato Camps. En cuanto a la presidenta de Madrid sugirió el jueves a Rajoy que estaba impaciente por su designación, y Rajoy le contestó, en un acto simpático, que no sabía aún si podría ayudarle en esa pretensión… En cuanto al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, -Paco para Rajoy-, lleva semanas pidiendo a la dirección nacional del PP, que confirme su candidatura para disipar las dudas. Este viernes se reunió en Génova el Comité Electoral y Camps quería que su nombre estuviera encima de la mesa. Pero tendrá que esperar un poco más. Sólo fue el turno para Dolores de Cospedal…, y Camps y Aguirre deberán esperar un poco más. No hay duda de que en el PP “hay clases”, y hay favoritos: Unos son los veteranos “de antes” y otros, los promocionados y apadrinados por Rajoy, y entre estos últimos, nadie duda de que Cospedal es “la gran esperanza” del partido, a quien incluso se consiente que tenga un sueldo superior al del propi0 Rajoy, por la acumulación de tareas: secretaria general, senadora, diputada en La Mancha… De Cospedal aspiran en el PP a que se pueda ser presentada como símbolo y demostración del fin de la hegemonía socialista en “feudos tradicionales” como la Mancha, y anticipo de la victoria de Rajoy en 2012. Precisamente este sábado, Dolores de Cospedal, ya ratificada como aspirante para sustituir a Barreda en la Mancha, es entrevistada ampliamente en ABC, y contesta, entre otras cuestiones, a la que plantea “el aspirante a candidato Camps”, que tanto viene dando que hablar por su proximidad a sentarse en el banquillo por razón del caso Gurtel y sus trajes, zapatos, chaquetas y camisas regaladas por su amiguito del alma. Camps, señalan sus propios colaboradores, aspira a que una reelección con los votos de sus compatriotas valencianos le depure y haga olvidar sus responsabilidades por haberse dejado comprar por cuatro trajes…, y probablemente por la financiación irregular del partido popular valenciano, como ahora mismo investigan los jueces Pedreira y Flors, encargados de la investigación de sus sospechosas relaciones con la trama de los comisionistas. De momento, y por estas razones, Rajoy quiere esperar y ver, no va a verse enturbiada la designación con la foto de Camps sentado en el banquillo de acusados ante un jurado popular, y teniendo que contestar a cuestiones incómodas. El valenciano tendrá que esperar algo más, aunque es muy probable, según fuentes de la dirección, que no sea tan tarde como estaba previsto, esto es a finales de marzo, cuando se convoquen las elecciones. La cúpula cree que daría muy mala imagen llegar a la convención autonómica en Palma de Mallorca, el día 5, sin Camps confirmado, porque esa historia monopolizaría el encuentro. Por eso Rajoy parece decidido a confirmarlo un poco antes de esa fecha, a pesar de que aún quedan muchas incógnitas en el proceso judicial del valenciano. En cuanto a lo que proclama Cospedal sobre el delicado e incómodo asunto, niega la aspirante a presidir la Mancha, la “bienpagá” doña Dolores, que haya resistencia por parte de la dirección nacional del partido para la designación del candidato Camps. También niega que se pidiera a Camps que diera un paso a un lado –o sea, que dimitiera de su cargo y de su pretensión de volver a ocuparlo una legislatura más- por el bien del partido. Cospedal reclama que se emplee en Camps la presunción de inocencia, cuando, en su propio campo “pepero” no la ha empleado con la hija de Chaves, las propiedades de Bono, la presunta implicación de Rubalcaba en el Faisán o las sospechas de socialistas andaluces en el Caso de los ERES falsos… A Cospedal ni siquiera le parece delictivo que Camps hubiera recibido trajes de regalo. Cospedal también entiende que ha actuado “con mucha ecuanimidad” en el Caso asturiano, cuando Cascos se sublevó con grupo propio por no aceptar su candidatura a presidir la Comunidad. Cospedal también proporciona la noticia de que el Congreso del PP, en principio fijado para este año 2011, “no tiene por qué ser este año”. Sobre el caso Faisán dice Cospedal que “una decisión de ese calibre, el chivatazo a ETA-, no se toma por un comisario o un policía”. Sobre los ERE andaluces, sostiene Cospedal que Griñán y Chaves sabían que eso estaba pasando desde 2005. Y denuncia que se insulta a Rajoy en el Parlamento…
RED DE CONVERGENCIA CIUDADANA.- Asegura en su edición de este sábado el diario Público que con el propósito de “impulsar la convergencia barrio a barrio y pueblo a pueblo para construir un bloque social alternativo”, se ha presentado en Madrid la Red de Convergencia Ciudadana, un nuevo movimiento cívico de izquierdas y antineoliberal impulsado por un grupo de intelectuales, que nace con la pretensión de avanzar en el proceso de refundación de la izquierda que inició IU pero que se encuentra actualmente estancado. La federación respalda este proyecto, que impulsará las mesas ciudadanas por todo el país. Los documentos con los que trabaja la red, a los que tuvo acceso Público, definen estas mesas como "espacios para aquellos ciudadanos que han decidido enfrentarse con hechos a una salida regresiva a la crisis provocada por las políticas neoliberales". Se trata de construir, pues, un Tea Party antineoliberal, como prefiere llamarlo uno de los promotores de la iniciativa Armando Fernández Steinko. Este sociólogo de la Complutense defiende la necesidad de ir "limando asperezas y diferencias" entre la izquierda alternativa, para llegar a acordar un "programa de mínimos antineoliberal" y edificar así una fuerza rojiverde potente. "Debemos generar un contrapoder, crear un polo nuevo, y hay sitio para esta convergencia. Nos necesitamos todos, los rojos a los verdes y viceversa". Sus promotores quieren construir un "contrapoder" rojiverdeSteinko reconoce que la congelación del proceso de refundación de IU ("y su calculada ambigüedad") ha sido determinante. "Hay que actuar. Hay un peligro de deriva de la sociedad a la derecha y no una expectativa de cambio a la izquierda", de modo que la formación de Cayo Lara ha actuado, a su juicio, guiándose por un "optimismo infundado". "Si IU hubiera hecho esto hace dos años y hubiera generado esta dinámica de convergencia, nos habríamos ahorrado, por ejemplo, el nacimiento de Equo, y los sindicatos tal vez habrían salido reforzados". No obstante, Steinko reconoce el apoyo "total" de IU y el "cuidado" que esta ha puesto para que no se interprete que quiere apropiarse de la iniciativa. Los promotores han intentado aproximarse "en varias ocasiones" a ICV y a Equo, pero ni uno ni otro, según afirma Steinko, "han querido participar" en el acto de hoy. "En vez de unirnos, pasa lo contrario", apuntala. Sin embargo, fuentes de ICV precisan que en ningún momento han sido contactados ni invitados a la convocatoria de este sábado. Junto con el sociólogo, los otros dos impulsores de la red son el economista Juan Torresy Carlos Martínez, líder en España de la Asociación por la Tasación de las Transacciones y por la Ayuda a los Ciudadanos (Attac). Entre los más de 2.000 firmantes del manifiesto fundacional figuran políticos como Santiago Carrillo, Julio Anguita, Gaspar Llamazares o Cayo Lara. También lo suscriben escritores de la talla de Almudena Grandes y Luis García Montero o economistas como Vicenç Navarro.

viernes, 18 de febrero de 2011

RUMASA, SEGUNDA GRAN CRISIS. CAMPS TRAERÁ UN OTOÑO NEGRO AL PP. RITA BARBERÁ DA ÓRDENES A CAMPS

RUMASA, SEGUNDA GRAN CRISIS.- A muchos ciudadanos con memoria y algunos años les parecerá algo ya visto, lo que ahora sucede con las empresas de Rumasa. Incluso la reaparición en escena de Ruiz Mateos -eso sí, ahora con 80 años y seis hijos fornidos a su alrededor-, les traerá a la memoria el personaje que hace años e vistió de Supermán para reclamar las empresas expropiadas... La noticia de ahora mismo es que diez empresas de Nueva Rumasa se han acogido al procedimiento especial de la Ley Concursal que otorga un plazo de hasta cuatro meses para negociar con los acreedores un plan de pagos y evitar así entrar en suspensión de pagos. Esas compañías son el club de fútbol Rayo Vallecano, Clesa, Garvey, Dhul, Hotasa, Trapa, Quesería Menorquina, Elgorriaga, Hibramer y Carcesa. Este jueves, en una inusual rueda de prensa en su casa, Ruiz Mateos explicaba que estas empresas tienen una deuda de 700 millones de euros y que el patrimonio del 'holding' asciende a 6.000 millones. "Con estas medidas protegemos los intereses de los empleados y de sus inversores y garantizamos el futuro de las compañías", ha afirmado. El empresario añadió que "no planean despidos". "Nunca hemos despedido y nunca vamos a despedir", dijo. "Que todos sepan que pagaremos todo cuanto corresponde y que, si no lo hacemos, nos pueden repudiar, desearnos lo peor y pedirnos cuanto haga falta", señaló el patriarca del grupo.Y anunció que negocian con un grupo inversor extranjero su entrada en el grupo a cambio de dar 500 millones de liquidez a la compañía. "Todo es una obra orquestada por algún banco acreedor contra nosotros", ha remarcado, tras señalar que había enviado un mensaje a los 5.000 inversores que compraron pagarés del grupo. "Antes de no poder pagar a esos inversores, me pegaré un tiro. Juro por Dios que todos van a recuperar el dinero", se comprometió. Cabe recordar que, en efecto, Nueva Rumasa realizó en los dos últimos años emisiones de pagarés que han sido suscritas por esos cinco mil inversores, según datos de la propia compañía, y con las que habría captado más de 100 millones de euros. Curiosamente, algunas de estas empresas, como Dhul o Clesa, eran las garantías para las emisiones de pagarés realizada por el grupo. También cabe recordar que la CNMV efectuó hasta siete advertencias sobre esas emisiones, en las que alertaba que no "supervisaba su rentabilidad garantizada", ya que queda fuera de su ámbito y recomendaba informarse "ampliamente" antes de suscribirlas.
Indican los expertos que la decisión de acogerse a la Ley Concursal, aunque no tiene por qué desembocar en una quiebra, trae a la memoria la expropiación de Rumasa hace 28 años por el primer Gobierno del PSOE, que aún colea en los tribunales, donde la familia Ruiz-Mateos exige 18.000 millones por lo que siempre ha considerado como un "expolio", pese a que ha ido perdiendo un pleito tras otro. "Es doloroso recordar que hace 28 años sufrimos aquello y ahora suframos esta nueva persecución", se quejaba con amargura Ruiz-Mateos. El patriarca de Rumasa y de la Nueva Rumasa actual, en compañía de sus seis hijos varones y sin ninguna de sus siete hijas, aseguró que se "pagarán tanto el capital como los intereses" a todos los que han suscrito pagarés y participaciones de empresa, a un alto interés (hasta el 10%). Nadie sabe cuántos ahorradores ni la cantidad invertida. La familia se negó por tres veces a dar ese dato en la comparecencia aunque en su página web Nueva Rumasa dice que son "más de 5.000 inversores". Según publicó Cinco Días, la familia ha captado unos 140 millones. La decisión de acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que Ruiz-Mateos atribuye a la "bestial campaña" iniciada contra el grupo y "para salvaguardar los intereses de sus clientes, trabajadores y proveedores"; les concede un plazo de tres meses para negociar con sus acreedores y evitar declararse insolvente. Transcurrido este plazo contará con otro mes más para presentar concurso de acreedores formalmente, que a su vez prevé dos meses más de negociaciones. La decisión ha tenido lugar después de varias operaciones para captar fondos de particulares. A partir de ahora, anunció Nueva Rumasa, acometarán "una importante reestructuración que garantizará su viabilidad futura y el cumplimiento de la totalidad de sus compromisos" ya que, añaden, confían en que la situación actual es "reversible". "Durante estos años de crisis, hemos mantenido la totalidad de las compañías y puestos de trabajo" pese a la "subida de materias primas, caída de ventas, reducción de márgenes y pérdida de financiación bancaria". No obstante, reiteran, la situación del grupo se "ha visto agravada por la exagerada y constante presencia en los medios de comunicación de noticias no coincidentes con la realidad que han provocado un clima perjudicial para las compañías del Grupo".
La banca enemiga, los medios informativos hostiles, la coyuntura desfavorable... Y algunos riesgos probablemente excesivos, su afán de opacidad y el aventurerismo propio de “la casa” , todo nos obliga a regresar a la expropiación que Miguel Boyer propició hace tres décadas. Entonces, se calculó que el grupo de Rumasa podía llegar a medio millar de empresas. Con más precisión se cuenta ahora que eran más de 400.Ahora, el conglomerado lo constituyen algo más de un centenar, 117 se concreta, marcas que se agrupan bajo la enseña de Nueva Rumasa, aunque esta vez no están consolidadas como un holding, lo que significa que son independientes. Es una de las enseñanzas de la primera Rumasa... Como la otra vez, todo ha empezado con impagos a la seguridad Social. Ruiz Mateos y su familia han aparecido dos días después de que la Tesorería General de la Seguridad Social advirtiera de que ya ha dado muchas oportunidades a Nueva Rumasa para regularizar su situación, y tras ordenar el embargo preventivo de bienes propiedad de sociedades de la familia Ruiz-Mateos para hacer frente al impago de las cuotas a la Seguridad Social.
Malos caminos, que Ruiz Mateos vuelve a recorrer...

CAMPS PUEDE TRAER UN OTOÑO NEGRO AL PP.- El juicio contra Francisco Camps por soborno en el llamado caso de los trajes, cuya apertura ordenará más que previsiblemente el juez José Flors en abril, promete ya un otoño negro al PP, indica el diario Público. Si, como todos los datos apuntan, Flors decide sentar en el banquillo al president valenciano por un delito continuado de cohecho, la vista oral con jurado se celebrará en octubre o noviembre. Justamente, en un periodo clave para el PP y Mariano Rajoy en su batalla por derribar a los socialistas y volver a la Moncloa en la primavera de 2012. Cuenta este reportaje de Público que, una vez que, el 27 de enero, Flors cerró la instrucción del caso de los regalos hechos por la red Gürtel a Camps, no hay plazos estrictos. Pero sí aproximados. Y, tras el demoledor escrito de acusación presentado por la Fiscalía, el reloj corre en contra del PP. Según fuentes del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), las defensas de los cuatro imputados tendrán hasta finales de marzo para presentar sus conclusiones provisionales. Cuando las reciba, el juez debe convocar de inmediato una audiencia preliminar en la que ambas partes, acusaciones y defensas, expondrán sus respectivas posiciones en presencia de Camps y los otros tres investigados. Finalizada esa audiencia, el magistrado debe resolver en tres días. Si decreta la apertura de juicio, su decisión será inapelable. Y eso ocurrirá no más tarde de abril, en plena precampaña para las locales y autonómicas del 22 de mayo. En ese momento, Flors dará el relevo al magistrado que vaya a presidir el juicio. Los trámites para la vista la selección de los miembros del jurado, uno de los más importantes demorarán su celebración hasta octubre como mínimo. Si, pese a los postulados que ha mantenido en la instrucción, Flors se inclina por el archivo, las dos acusaciones -Anticorrupción y el PSOE- podrán recurrir. Pero la hipótesis de un cerrojazo judicial parece hoy inverosímil. Y lo parece a la vista de cómo se ha desarrollado la instrucción, abortada en agosto de 2009 por el entonces presidente del TSJCV y reabierta en mayo de 2010, tras una sentencia del Supremo que ya sugería la existencia de fines turbios en los regalos de trajes a Camps y subrayaba la "opacidad" de tales dádivas. No obstante, y también a la vista del nulo entusiasmo con que el tribunal valenciano ha afrontado desde el principio la investigación del Caso Gurtel, negándose a indagar más allá de los trajes, nada puede descartarse con rotundidad. Tras el relevo de Juan Luis de la Rúa como presidente del TSJCV, el tribunal tiene previsto anunciar antes de las elecciones del 22-M si investigará o no la presunta financiación ilegal del PP valenciano. Y ese elemento complica aún más las cosas para el PP. Porque, aun a falta de nominación oficial, Camps ya ha sido confirmado por su partido para optar a un tercer mandato. Y su carrera electoral hacia las autonómicas del 22-M puede deparar al PP una gran paradoja: la de que Camps gane en las urnas pese a anunciarse su procesamiento para enfilar su mandato como el único presidente autonómico en ejercicio juzgado por soborno e investigado por financiación ilegal. En ese caso, el gran damnificado sería Rajoy, forzado a emprender la recta final hacia 2012 con la rémora de un procesado por soborno sujeto a una eventual condena.

RITA BARBERÁ DA ÓRDENES A CAMPS.- Se cuenta en libertad Digital que Mariano Rajoy confía en Rita Barberá, que le ha demostrado en no pocas ocasiones que le puede telefonear siempre que quiera para que le retrate lo que en realidad ocurre en la Comunidad Valenciana, una vez las conversaciones con Francisco Camps han ido perdiendo con el paso de los meses consistencia política para convertirse en mero peloteo entre ambos. Nos trasladamos al veintiocho de abril del año pasado, cuando Libertad Digital destapaba el Plan B del líder de los populares, una maniobra que tenía por destino dejar caer al barón regional si la situación se volvía insostenible, con el caso Gürtel azotando día sí, día también, en las portadas de los periódicos. Bien es cierto que ese proyecto de salvación, negado hasta la saciedad públicamente, era el extremo menos deseado por Rajoy, quien instó a su equipo jurídico a evitarlo a toda costa. Ahora bien, hizo una llamada clave que le dejó en evidencia, y que corroboró el plan: "Tú eres la elegida" en caso de que Camps tenga que desaparecer políticamente, le dijo a Rita Barberá. Evidentemente, en Génova se trabajó con una terna de candidatos más amplia -que incluyó a Esteban González Pons, Alberto Fabra y, según algunos, también a Juan Costa, pero Rajoy quería que fuera la regidora de la Ciudad del Turia, su gran aliada. Explica un miembro de la dirección nacional que -si el jefe se lo hubiera pedido formalmente- ella hubiera tenido que aceptar, pero que al no hacerlo, la alcaldesa apostó por salvar al presidente valenciano, iniciando así una nueva operación no menos importante. Lo primero que hizo Barberá fue reactivar al noqueado líder regional, por entonces oculto de los medios de comunicación. "O sales a dar la cara, o te tendré que dejar caer", le vino a decir, según un colaborador íntimo de la alcaldesa. Poco después, la agenda de Camps volvía a tener convocatorias, y el presidente dejó de ser un fantasma político. "La comunicación entre ambos es fluida y sincera, mucho más que con la inmensa mayoría. Ella escucha sus penas y es la única que se atreve a decirle las cosas como son", explica un dirigente conocedor de la relación entre las dos personas más importantes de la comunidad. Una estrategia que se mantiene vigente en la actualidad, y que el martes volvió a quedar de manifiesto. La declaración de Barberá fue la más clarificadora: la proclamación de Camps no fue "ningún desafío, ningún reto, ningún pulso, ni ninguna presión", aseguró, citando la conversación que tuvo el presidente con la vicesecretaria Ana Mato, quien le dio el visto bueno para la celebración del Comité Electoral regional. El problema es que en la sede nacional de los populares poco supieron de este hecho, incluida María Dolores de Cospedal. "El PP nacional y toda la directiva apoya de una manera absolutamente cerrada al presidente Camps", remachó Barberá, quién volvía a apuntalarlo en su cargo. "Si ella hubiera querido estar donde él está ya lo tendría", afirman en su entorno, recalcando que la alcaldesa ya ha transmitido a Rajoy su deseo de finalizar en la alcaldía de Valencia su periplo político. Queda un mes y medio, tiempo hasta las elecciones locales y autonómicas, para saber si conseguirá su objetivo, dice Libertad Digital..
EL CONSUMO PÚBLICO APENAS DECRECE.- El ejercicio 2010 pasará a la reciente historia económica -al menos, ésa es la intención del Gobierno- por ser el año de los recortes económicos. Pero lo cierto es que una lectura detallada de la Contabilidad Nacional publicada el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) refleja que el consumo de las administraciones públicas apenas retrocedió, según el análisis que firma Carlos Sánchez en El Confidencial. O dicho en términos más precisos: sólo se redujo un 0,7% el año pasado, pese a decisiones tan sonadas como la bajada del sueldo a los empleados públicos (un 5%), el recorte del plan de infraestructuras o la eliminación de programas sociales. En términos absolutos, esto significa que el consumo de las administraciones públicas se situó en 220.775 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que supone exactamente 2.007 millones de euros menos que el año anterior. Tras esta bajada, el consumo público representa el 20,8% del producto interior bruto (PIB), cerca ya del 22,4% que pesan las inversiones (incluyendo bienes de equipo y construcción) y lejos del 57% que pondera el gasto en consumo de los hogares, que continúa, como es lógico, siendo el mayor componente del PIB. En el caso del consumo público, la cantidad es todavía más significativa si se compara con el ajuste que se ha visto obligado a hacer el sector privado para enfrentarse a la crisis. En concreto, la remuneración de los asalariados cayó en 7.921 millones de euros el año pasado, hasta los 508.878 millones de euros. Un notable retroceso que explica el desplome que se ha producido en el reparto de la tarta nacional. El peso de los salarios respecto del PIB ha caído hasta el 47,8%, lejos del 49,02% registrado en 2009. La causa de este desplome -cada punto de PIB equivale a unos 10.000 millones de euros- tiene que ver con el incremento de la recaudación vía impuestos ligados a la producción y las importaciones, que han pasado en un solo año de  representar el 7,5% del producto interior bruto al 9%.  Los beneficios empresariales, por su parte, han reducido su peso respecto del PIB en tres décimas, hasta el 43,4%, rompiéndose así una tendencia creciente manifestada en los últimos años. El hecho de que en un año negativo para la economía española el sector público apenas haya perdido peso en la riqueza nacional, pone de manifiesto la inercia del gasto estatal (incluyendo todas las administraciones territoriales).  Sólo hay que recordar que con base 100 en el año 2000,  el gasto en consumo final de las administraciones públicas  se situó en 2010 en el 152,8%. Por el contrario, el PIB durante ese mismo periodo ha crecido hasta situarse en el 122,7%. Es decir, un 20% menos. Lo poco que se ha reducido el peso del sector público respecto del PIB el año pasado no tiene nada que ver con el hecho de que la mayor parte del ajuste se produjera en la segunda parte del año, tras el célebre Consejo Europeo de mayo y las conversaciones con el FMI. Los datos del INE muestran que el primer trimestre la caída fue del -1,1%, pero en el último fue del -0,9%. El hecho de que el peso del sector público respecto del PIB apenas haya variado es, sin embargo, compatible con la reducción del déficit público, toda vez que ambas variables muestran realidades distintas. Pero refleja, en todo caso, que el ajuste del déficit tiene que ver más con un aumento de los ingresos (en particular tras la subida del IVA en julio pasado y con la retirada de los estímulos fiscales) que con un drástico recorte del gasto público, que en realidad es lo que mide la contabilidad nacional. Según los datos de Hacienda, la Administración Central, que incluye al Estado y a los organismos autónomos dependientes del mismo, cerró el ejercicio de 2010 con un déficit en términos de contabilidad nacional de 53.444 millones de euros, lo que equivale a un 5,1% del producto interior bruto. La Contabilidad Nacional  refleja con nitidez la crudeza de la crisis. Hasta el punto de que el pib se situó el año pasado en 1,062 billones de euros, nivel que retrotrae la riqueza del país en términos reales a 2006. Pero con una población sustancialmente mayor, lo que justifica el retroceso en términos del PIB per cápita. En última instancia la variable más relevante.
EL JARDINERO AL QUE NO PAGA TEDDY BAUTISTA.- "Teddy sale a veces a correr por la urbanización, pero no saluda ni aunque lo maten. ¡Qué le costará dar los buenos días! Me dan ganas de pararle y decirle: 'Pero vamos a ver, tú, que dices que hay que pagar por las cosas de internet, ¡podías pagarme lo que me debes!'". Teddy Bautista y toda la urbanización de lujo Valdepastores, en Boadilla del Monte (Madrid), no le pagan su sueldo a Gonzalo Jiménez, su jardinero, desde hace cinco años. Otros de los 700 selectos vecinos: Bárbara Rey, los políticos Juan José Lucas y Miguel Ángel Rodríguez, una de las Azúcar Moreno (Toñi no, la otra), el copiloto Luis Moya, El Pocero hijo, el ex golfista Miguel Ángel Martín, un consejero de Iberdrola, otro del Banco Popular... Según relata El Mundo. Que sigue contando: No se entiende cómo gentes de tal postín se niegan a pagarle su soldada a un humilde ñapas. Lo de Teddy se comprende mejor: con un sueldo de 250.000 euros y tantas obligaciones, qué queréis, se entiende que el hombre no llegue a fin de mes. Dos sentencias de los juzgados de los Social de Móstoles han otorgado la razón a Gonzalo, y otro juez ha dado ahora 10 días a la comunidad de vecinos para reunirse y comenzar a pagar al hombre, de 51 años y con una antigüedad de 16, lo que le deben. La Justicia dice que, por lo pronto, le deben pagar 40.000 euros. La cifra llegaría a 80.000 por salarios impagados. Gonzalo, que lo mismo arregla una farola que tapa un socavón en Valdepastores, no ha abandonado su trabajo en este tiempo aconsejado por un juez: "Me dijo que no lo dejara hasta cobrar lo que me deben, que si me voy lo perderé todo". Mientras, ha mantenido a su familia "haciendo chapucillas aquí y allá, como he podido". "He hecho el gilipollas con esta gente", dice, admitiendo que ha oficiado "de sereno y casi de segurata" en la urbanización, que no tiene vigilancia privada. "Algún prepotente ha tenido la poca vergüenza de pedirme que me quedara con las llaves de su casa para cuidársela mientras se iba de vacaciones... Yo le decía: ‘Te lo va a hacer tu abuela’". Entretanto, trabajó seis meses como jardinero personal en la casa de Teddy -y cobró religiosamente, aclárese-. Inquirimos: ¿alguna anécdota? ¿Algún chascarrillo? Gonzalo no suelta prenda. Ensaya una mueca. Y suelta, con voz ronca, una frase por todo juicio: "Ese es más rancio que la madre que lo parió".
RAJOY QUISO CESAR A CAMPS.- Cuenta El País que “el particular estilo de Mariano Rajoy a la hora de resolver los problemas internos, que consiste en alargar al máximo la decisión y debilitar así políticamente a los afectados, cada vez más ansiosos, provocó este miércoles una nueva jornada de confusión sobre el futuro de Francisco Camps”. Todos los portavoces del PP nacional (en particular Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas, y en Valencia Rita Barberá, se pusieron de acuerdo para lanzar un mensaje: Camps será el candidato. Eso sí, desde Génova insistían en que no hay fecha para su confirmación, y no se va a adelantar, como él quería. Pero, añade esta información, detrás de la versión oficial en público hay mucha cocina política y una importante tensión interna. Es cierto que la reunión del comité electoral regional que, de forma apresurada, se convocó en la tarde del lunes para proponer a Camps, fue autorizada por Génova. Ana Mato, responsable de organización, habló con Camps y le dio el níhil óbstat. Pero no fue "a instancias" de la dirección nacional, como decía Sáenz de Santamaría. Fue por presiones de Camps, que lleva semanas pidiendo que le confirmen -llama constante y casi obsesivamente a todos los dirigentes- y volvió a hacerlo el lunes. Sin éxito. Sólo logró que le dejaran organizar su autoproclamación en Valencia, sin validez legal hasta que no la confirmen en Madrid. Y sigue sin haber fecha para eso, aunque Rajoy, presionado por Camps y por el interés de los medios, podría decidir hacerlo en la primera semana de marzo.¿Qué está pasando en realidad? Dado su estilo de gobierno, nadie sabe realmente qué está pensando Rajoy. Pero de diversas conversaciones en las últimas horas con dirigentes clave, se puede concluir un análisis que coincide. La idea de que Camps no fuera el candidato ha estado encima de la mesa del líder mucho tiempo, explican. Frustrada la operación Barberá, porque ella no quiere ser la sustituta, se tenía preparado ya incluso el nombre de Alberto Fabra, alcalde de Castellón. Sin embargo, ese plan tenía una condición: que fuera el propio Camps el que dejara paso. Porque Rajoy no quería echarlo directamente. Ahora todos están ya convencidos de que Camps no se irá. Él quiere, dicen, ganar las elecciones para decir que los votantes le han absuelto, y a partir de ahí poder pensar en una retirada digna. Además, en la cúpula ya están casi completamente seguros de que el juicio por cohecho, su gran temor, no llegará hasta después de las elecciones. La señalización de juicio sí puede llegar antes, a finales de marzo o principios o mediados de abril. Pero mientras él no se siente en el banquillo, la foto más temida, y dada la escasa fuerza de la oposición en la Comunidad Valenciana, Rajoy y los suyos piensan que puede aguantar. Así que el escenario ha cambiado, sostienen varios dirigentes. Ya no está encima de la mesa cambiar -salvo que Rajoy sorprenda a todos- y está asumido, aunque no le guste a casi nadie, que Camps será el candidato. Eso sí, Rajoy sigue queriendo mantener las distancias. Tanto sus gestos públicos, cuando se ven, como su decisión de no ir a Valencia salvo en las insalvables Fallas lo evidencian. Para mostrar esa distancia, para mantenerle más controlado desde Génova, y de paso para ganar tiempo por si hay algún imprevisto, Rajoy está alargando todo lo posible la confirmación de su candidatura. Esto es, será candidato, pero tendrá que esperar. Y sufrir.
EL ALMACÉN NUCLEAR, A CATALUÑA.- Asegura El Periódico de Cataluña que las organizaciones ecologistas contrarias a la construcción del almacén nuclear en Cataluña aseguran que el Ejecutivo de Mas "ha claudicado" ante el Gobierno central. Según la Coordinadora Anticementiri Nuclear (CANC), el Govern ya ha puesto en marcha "la maquinaria" para aceptar el almacén temporal centralizado (ATC). El ministro de Industria, Miguel Sebastián, explicó el miércoles en el Congreso que coincidió el lunes con el president de la Generalitat, Artur Mas, en la feria del móvil de Barcelona y acordaron en reunirse próximamente para hablar sobre la posibilidad de construir el ATC en Ascó (Ribera d'Ebre). El Govern de CiU, sin embargo, desmintió anoche que se produjera esta conversación y negó, mediante un comunicado, que Mas y Sebastián hayan acordado celebrar ninguna reunión para abordar la adjudicación del ATC. Sebastián también explicó en los pasillos de la Cámara baja que, al igual que quiere conocer de primera mano la posición de la Generalitat, tiene previsto reunirse con las autoridades valencianas. En este caso, no obstante, el ministro puntualizó que esperará a que se celebren las elecciones autonómicas del 22 de mayo.
RUIZ MATEOS, “OBJETO DE CALUMNIAS”.- José María Ruiz Mateos está a punto de cumplir 80 años. Esta cita con el calendario no le ha impedido reaccionar de manera enérgica ante la situación que atraviesa Nueva Rumasa y el eco de sus problemas de pago con los acreedores están adquiriendo en las últimas fecha, se´gun cuenta El Confidencial. Ante esta situación, el empresario jerezano no dudó este miércoles en salir al paso para presentarse como “objeto de calumnias, falsedades, cretinadas e imbecilidades”, que no hacen más que extender una impresión inexacta, de medias verdades, sobre la situación financiera de su grupo de empresas. El refundador de Nueva Rumasa ha recurrido a los viejos fantasmas de la intervención de su grupo para recordar que a estas alturas todavía no ha sido juzgado, como asegura que una vez le dijo el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Por ello, ¨en tanto esto no se produzca, todo cuanto se diga de Rumasa y de mi persona es completamente falso. Quiero que todos los españoles sepan que, si para conseguir ser juzgado, después de 28 años, hace falta ingresar en la cárcel estoy dispuesto a ello esta misma tarde, a pesar de que tengo 80 años¨. Precisamente, la proximidad con la fecha del aniversario número 28 de la intervención de Nueva Rumasa, el próximo 23 de febrero, ha dado pie a Ruiz Mateos para lamentarse públicamente de ¨la campaña que estoy sufriendo¨, a la que califica de ¨inexplicable, miserable y canallesca¨. De nuevo, recurre a su doble condición de empresario, ¨toda mi vida me he dedicado a crear empleo. He dado y doy, miles de puestos de trabajo¨ y de víctima, pues ¨después de estos 28 años, el Estado sigue sin pagar los 18.000 millones de euros correspondientes a la indemnización de Rumasa¨. Estas declaraciones de Ruiz Mateos son una reacción directa a las palabras pronunciadas el miércoles por el director general de Tesorería de la Seguridad Social, Javier Aibar, que explicó la decisión de la Administración de proceder al embargo preventivo de bienes propiedad de sociedades de la familia. Esta actuación se debe a los retrasos acumulados por parte de las empresas del grupo en el pago de las cuotas y los reiterados incumplimientos en los plazos, a pesar de las muchas oportunidades concedidas, para regularizar su situación. Los embargos preventivos están vinculados a una quincena de fincas propiedad de Clesa, una de las empresas líderes de Nueva Rumasa. Esta actuación previsora de la Seguridad Social se ha conocido por las acciones judiciales iniciadas por Royal Bank of Scotland (RBS), uno de sus acreedores, que reclama el cobro de 37 millones, recurso que también han iniciado otras entidades financieras y proveedores para reclamar deudas pendientes con distintas empresas, como Dhul o Cacaolat... En total, las solicitudes de embargo pendientes de resolución judicial ascienden a 76 millones. Según la familia Ruiz Mateos, estas iniciativas son desproporcionadas, sobre todo si se tiene en cuenta que Nueva Rumasa espera cerrar el ejercicio de 2010 con una facturación global de casi 1.500 millones de euros. Como motor del grupo, cerca de 1.000 millones corresponderían con la división de alimentación que abanderan Dhul y Clesa, mientras que el resto se reparten entre otras actividades, como la venta y alquiler de terrenos, las empresas de distribución, el negocio de bodegas y bebidas, y la explotación de hoteles turísticos. Por otro lado, la deuda global de las empresas del grupo, que aglutina a más de 60 sociedades, alcanza los 737 millones. Estos créditos, algunos hipotecarios, como los vinculados a las fábricas, suelen tener su origen en las compañías antes de ser adquiridas por la familia Ruiz Mateos. Precisamente, parte de la operativa de Nueva Rumasa en sus compras, como en Clesa, pasa por asumir las deudas. En otros casos, como en el de Kraft en Mahón, el vendedor se desprende de sus activos por un precio simbólico a cambio de ahorrarse los costes en que incurriría si decidiera cerrar. A partir de aquí, la estrategia de Nueva Rumasa responde siempre al mismo patrón: explotar las economías de escala que ofrece la integración de compañías vinculadas al mismo sector industrial y, al tiempo, renegociar nuevas condiciones de pago más ventajosas con acreedores y proveedores. De esta manera, la familia Ruiz Mateos trata de obtener mejores márgenes de producción y por otro lado lograr una estructura financiera más cómoda, de manera que la ampliación de plazos de pago liberen recursos de tesorería para financiar el funcionamiento del grupo. El impacto de la crisis, tanto en ventas como en la relación con acreedores y proveedores, ha tensionado la situación del grupo. Precisamente, la emisión de pagarés por parte de Nueva Rumasa para financiar su supuesto plan de expansión, que incluía hasta la puja por la compra de Sos Cuétara, no era más que un recurso para financiar el circulante de la compañía. Para lograr este objetivo, las emisiones iban dirigidas a inversores particulares y ofrecían altas rentabilidad, entre el 7-10%, siempre a corto plazo (un año, avaladas a su vez por activos del grupo. La publicidad de estas emisiones particulares como alternativa a la financiación mayorista, cuestionada por la CNMV, y el recuerdo de lo ocurrido con la Rumasa original han hecho que todas las actuaciones de la familia Ruiz Mateos hayan sido escrutadas particularmente durante los últimos meses, en los que se han sucedido episodios puntuales con proveedores y empleados. Ahora, la aparición de la Seguridad Social reconociendo los embargos preventivos por los retrasos acumulados en el pago de las cuotas ha abierto una nueva espita. Aunque esta vez habla la Administración.
GURTEL HABRÍA PAGADO 13.000 SUELDOS.- Tras las críticas del PP por los ERE de Andalucía, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, planteó el miércoles en el Congreso una incógnita cuya solución se ha negado a desvelar. La formulación ha sido la siguiente: coger los "cientos de millones de euros de la trama Gürtel y dividir por el salario mínimo o medio de un español". Con el resultado se podría saber, a su juicio, cuántos empleos se podrían haber creado si los conservadores no hubiesen "presuntamente robado". Tomando como referencia los parámetros establecidos por Rubalcaba, el salario mínimo anual de 2011 asciende a 8.979,6 euros anuales, según datos del Ministerio de Economía. De acuerdo con la información que  recientemente publicó este diario, basada en las investigaciones judiciales del caso Gürtel, la trama estafó un mínimo de 120 millones de euros. Con estos datos, y siempre según la fórmula planteada por Rubalcaba, con el dinero de la trama de corrupción se podría pagar el salario mínimo de 13.363 ciudadanos.
Por otra parte, y según se cuenta también en Público, el diputado popular en Les Corts Valencianes José Marí Olano, ha asegurado este miércoles que la multa de 41.250 euros solicitada por la Fiscalía Anticorrupción para el president de la Generalitat, Francisco Camps, por un delito de cohecho en relación con el caso Gürtel "le condena al hambre". En rueda de prensa, Olano ha considerado "desproporcionada, elevadísima y disparatada" esta petición del fiscal al entender que "no se ajusta a las cargas familiares, bienes e ingresos" del president "que son públicos", ha insistido. "Esta multa -250 euros diarios- le condena al hambre, ya que supone prácticamente el doble de sus ingresos netos diarios. Entendería que esta multa la pidiese la acusación particular, pero no el ministerio fiscal", ha añadido. A su juicio, "esta petición de la fiscalía se salta la ley a la torera" y "podría tener consecuencias". "Me da la impresión personal de que este escrito de la fiscalía ha sido redactado no con la intención de convencer a los jueces, sino a los telediarios", ha concluido.
EL PATRIMONIO DE BONO ES DIFÍCIL DE EXPLICAR.- Es lo que se asegura en Libertad Digital, que proporciona un “análisis de la querella presentada el pasado miércoles ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra José Bono”, en el que se sostiene que “refleja que el actual Presidente del Congreso cuenta con un considerable patrimonio, difícil de explicar - según los querellantes - a partir de los ingresos declarados por el matrimonio formado por José Bono y Ana Rodríguez Mosquera. La querella de la Asociación Justitia et Veritas analiza año a año la variación de los ingresos y el patrimonio del que fuera Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y posteriormente Ministro de Defensa. El análisis está dividido en dos períodos: el que va de 1995 a 2003, años para los cuales se dispone de las declaraciones patrimoniales y de actividades presentadas ante las Cortes de Castilla La Mancha, y el que va de 2004 a 2010. El siguiente cuadro muestra los ingresos de la familia Bono entre 1995 y 2003 y las inversiones inmobiliarias realizadas: 
AÑO
INGRESOS FAMILIARES DESPUÉS DE IMPUESTOS (EUROS)
OPERACIONES INMOBILIARIAS
1995
68.229
Adquiere una finca de 1.890 m2 en Olías del Rey
1996
81.666
 
1997
84.929
Construye una casa de 401,25 m2 en la parcela de Olías del Rey. Dicha casa sería valorada, cinco años después, a efectos de un crédito hipotecario, en 1.271.526 euros
1998
94.611
 
1999
93.674
 
2000
102.427
Adquiere un piso de 95 m2 en Madrid
2001
104.825
Constituye la sociedad Hípica Almenara SL, con un capital social de 15.000 euros
Obtiene un crédito hipotecario de 600.000 euros, a cuenta de un piso en Madrid, para financiar inversiones en la empresa.
2002
97.260
Obtiene un crédito hipotecario de 1.271.526 euros, a cuenta de la casa de Olías del Rey, para financiar más inversiones en Hípica Almenara
2003
108.376
 
En 2004, la familia Bono constituye la sociedad mercantil Ahorros Familiares Saja S.L., a la que traspasa los bienes inmuebles de la familia. El capital social suscrito inicialmente fue de 1.290.800 euros. A partir de mediados de 2004, no se dispone de datos sobre los ingresos del matrimonio, por no ser públicas las declaraciones de bienes de los diputados del Congreso. Pero sí se dispone de la información sobre las actividades de la empresa Hípica Almenara, que experimentó un meteórico crecimiento.
AÑO
CAPITAL Y RESERVAS (AL INICIO DEL AÑO)
INGRESOS
BENEFICIOS
PERSONAL
GASTOS
PERSONAL Y SEG SOCIAL
2003
104.083
195.699
59.375
0
0
2004
163.458
299.981
108.912
0
0
2005
272.370
390.046
167.811
0
0
2006
440.182
837.578
290.117
4
66.681
2007
730.299
1.108.657
485.846
5
112.135
2008
1.216.145
927.542
316.100
6
108.033
2009
1.532.246
925.578
369.014
6
102.187
En cuanto a otras actividades de José Bono y su familia en este mismo periodo, los datos más reseñables - según la querella - son los siguientes:
Año 2005
- Su hija adquiere un ático en Aravaca por 631.062 euros, ascendiendo la hipoteca a 397.143 euros.
Año 2006
- Adquiere a Reyal Urbis dos áticos en Estepona, de 114 m2 y 153 m2, valorados conjuntamente en 854.000 euros, entregando como pago un piso de 137 m2 que poseía en Madrid desde antes de 1995. La adquisición se realiza a través de la empresa Ahorros Familiares Saja.
Año 2008
- Su hijo crea la sociedad mercantil Attack 84, con un capital social de 3.000 euros. Tres días después, esa sociedad adquiere un chalé de 254 m2 en la localidad toledana de Bargas, gravado con una hipoteca de 120.500 euros. No consta el precio de tasación de la vivienda.
Año 2009
- Adquiere un ático de 106 m2 en el barrio de Salamanca de Madrid, de 991.600 euros, a través de la empresa Ahorros Familiares Saja. La hipoteca asciende a 550.000 euros.
- Su hijo adquiere un piso en la C/ San Justo, en el Madrid de los Austrias, tasado en 525.000 euros.
- Su hija menor de edad adquiere un local comercial de 130 m2 en Albacete, valorado en 295.000 euros y gravado con una hipoteca de 110.000 euros.
YA SE HA INICIADO LA RECUPERFACIÓN ECONÓMICA.- Jesús Huerta de Soto, catedrático de economía política en la Universidad Rey Juan Carlos y reconocido economista de la Escuela Austríaca ha hablado con César Vidal, en Es la Noche de César, de la situación del sistema financiero y momento en que se halla la economía española. Para Huerta de Soto, según resume Libertad Digital, lo esencial es "aplicar los principios de la propiedad privada al sector financiero". En su opinión, "no hay sistema más intervenido" que éste y recordó que crisis como la que estamos viviendo "no son consecuencia de la economía de mercado". Defendió sus tesis sobre la vuelta al patrón oro y el fin de los bancos centrales. En su opinión, las entidades deben "actuar como cualquier hijo de vecino", prestando sólo "lo que se le ha prestado a ellos" y que "se invirtiera sólo lo que es ahorro real y genuino". Así se evitarían burbujas que ningún banco central "se atreve a parar". Huerta de Soto también sostuvo que la política monetaria común "es una bendición de Dios" porque los Gobiernos, "como no hay fondos, no tienen más remedio que imponer medidas de austeridad". Sobre la crisis actual, defendió que la recesión "es ya el inicio de la recuperación" y que ha "hemos extirpado el tumor". Apuntó que "millones de empresarios han intentado salvar de la quema lo que podían", en un proceso "muy doloroso". "El cuerpo que queda ya es sano", dijo, y "ahora hace falta reforzarlo" con austeridad y sin subidas de impuestos, entre otras medidas. En su opinión, los políticos sí están actuando pese a las apariencias y "en la cocina están haciendo sus deberes a marchas forzadas".
LA PELEA DE JAVIER CERCAS Y ARCADI ESPADA.- Ya lo había contado el diario El País., Ahora, la historia se puede leer en La Vanguardia: La rocambolesca historia en que andan enredados el escritor Javier Cercas y el periodista Arcadi Espada ha hecho cumbre con el último y enrevesado episodio de un sainete que incluye una falsa calumnia contra el novelista lanzada por el periodista. El novelista Javier Cercas no emprenderá acciones legales contra el periodista de El Mundo Arcadi Espada, según anunciaba el propio escritor, por no darle más publicidad, después de que Espada llevara tan lejos la pugna que mantiene contra él desde hace años –relativa a la legitimidad de mezclar realidad y ficción– como para dedicar su columna en el diario que dirige Pedro J. Ramírez a lanzar una lacerante mentira sobre Javier Cercas: le enviaba su “fraternal abrazo a la víctima Cercas y deseo de que se recupere pronto del mal trago infame”. El “trago” era la supuesta trascendencia pública de la detención de Javier Cercas durante una operación contra la prostitución ocurrida el fin de semana en el barrio madrileño de Arganzuela. Arcadi Espada daba a entender que, aunque Cercas había sido puesto en libertad sin cargos, un programa de ultraderecha de TDT había aireado su paso por comisaría. Todo lo cual es mentira, excepto que en el centro de Madrid hubo una redada contra la prostitución el fin de semana. Ni Javier Cercas estaba por allí, ni fue detenido, y por supuesto ningún canal de televisión aireó tal noticia. Toda la columna de Espada es un malévolo artefacto, una fingida calumnia ideada como respuesta al artículo que Cercas dedicaba el pasado domingo en El País al linchamiento a que fue sometido el académico Francisco Rico por decir (en un artículo sobre la ley del tabaco) que nunca en su vida había probado un cigarrillo, cuando es conocido fumador empedernido. Cercas reivindicaba el derecho al humor, a emanciparse de “la verdad factual”, término que repite varias veces (¿alusión al fracasado diario de internet que capitaneó Arcadi Espada y que llevaba por nombre Factual?) en pos de una “verdad irónica y emancipada de la tiranía de lo literal”, y atribuía a una humorada de Francisco Rico su ostentosa mentira, dado su bien conocido tabaquismo y su no menos famosa socarronería. Por más que Espada venga alimentando esa querella sobre la legitimidad de lo ficticio desde que dedicó durísimos epítetos contra el novelista por mezclar hechos verídicos y ficticios en su novela Soldados de Salamina, el columnista de El Mundo decidió el martes ir más lejos con una supuesta humorada, a tal punto críptica para un lector desprevenido, que parece meter un pie en el Código Penal.

jueves, 17 de febrero de 2011

OINCIDENCIA TOTAL. SORTU TAMBIÉN ES ETA. RUBALCABA CREE QUE ÉSTA SERÁ LA TREGUA DEFINITIVA DE ETA. UN PLENO DEL CONGRESO AGRIO.

TODOS COINCIDEN EN INTERIOR: SORTU TAMBIÉN ES ETA.- El vicepresidente y ministro del Interior, en el agrio debate parlamentario de este miércoles, llegaba a proclamar su confianza de que la actual llegue a ser la tercera y última tregua de ETA, la definitiva. Y sin embargo, y al mismo tiempo, como el propio Rubalcaba había advertido, sendos informes, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, advierten que la nueva Batasuna no es otra cosa que un instrumento al servicio de la banda. Para las fuerzas de seguridad del Estado, al unísono, la nueva redefinición de Batasuna, también es ETA, es obra indudable de ETA y tiene el claro propósito de instalarse en las instituciones del Estado, concretamente, en los ayuntamientos que se eligen el 22 de mayo. Es más, los informes elaborados por la Policía Nacional y por la Guardia Civil sobre Sortu consideran que la renuncia expresa al uso de la violencia realizada por el nuevo partido de la izquierda abertzale es una mera estratagema de Batasuna para sortear la Ley de Partidos y poder regresar a las instituciones democráticas. Fuentes de la lucha antiterrorista han explicado que el informe policial, remitido ya por el Ministerio del Interior a la Fiscalía, considera acreditado que Sortu es una continuación de la ilegalizada Batasuna, como demuestra la presencia de los históricos dirigentes de ésta Rufi Etxeberría e Iñigo Iruin. La Policía asegura que existe un hilo conductor entre Sortu y Batasuna y que, detrás de los promotores del nuevo partido,aparentemente "limpios" y sin conexiones relevantes con la formación ilegalizada, está el entorno político de ETA. El informe policial coincide con lo que el pasado viernes ya dijo el vicepresidente Rubalcaba, cuando afirmó que "es evidente" que Sortu es “continuidad de la ilegalizada Batasuna”. El propio Iruin, en la presentación de Sortu, reconoció que habían adaptado los estatutos del nuevo partido para poder cumplir los requisitos impuestos por el Tribunal Supremo para volver a la legalidad. "La toma de postura frente a la violencia de ETA se convirtióen en problema constituyente para la izquierda abertzale para adquirir personalidad jurídica", afirmó Iruin para justificar la renuncia de Sortu a la violencia como "instrumento de acción política". De hecho, el análisis de los estatutos presentados por Sortu en el Registro de Partidos Políticos no ha arrojado indicio alguno de su ilegalidad y se ajustan de forma escrupulosa a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos. En su informe, la Guardia Civil reúne toda una serie de manifestaciones realizadas en los últimos meses por miembros de Batasuna -como el propio Etxebarria o Txelui Moreno, que ya el año pasado anunciaban la intención de "legalizar una marca propia" y cumplir "a rajatabla" la Ley de Partidos-, así como declaraciones policiales de integrantes de ETA que iban en la misma línea. También figuran algunos de los miembros del aparato político de la banda, Ekin, detenidos en las operaciones dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska entre los pasados meses de septiembre y enero. Las fuentes de la lucha antiterrorista han asegurado, además, que los informes de la Policía y de la Guardia Civil no están cerrados, ya que cada día se añaden nuevos documentos en los que se analizan los actos o declaraciones públicas de los promotores del nuevo partido de la izquierda abertzale. En cuanto al informe de la Policía nacional es igual de terminante: "El partido político Sortu es una iniciativa que tiene vinculación con lo planteado por ETA y su posterior desarrollo por la estructura dirigente de Batasuna y que ha sido ejecutada bajo su control directo". De modo que, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, que hablan de que el partido está "al servicio" de la banda, sostienen, en casi 80 folios de informes, que ETA concertó con Batasuna la vuelta a la política para la consecución de sus objetivos a través de las instituciones y para lograr una futura alianza de partidos. En cambio, no hay pruebas directas que muestren a miembros de ETA o de la izquierda abertzale hablando sobre un futuro partido que rechaza la violencia terrorista y declara su independencia de la banda únicamente como estrategia. Tampoco hay documentos o declaraciones específicas sobre Sortu. Policía y la Guardia Civil analizan, a partir de los documentos incautados durante los últimos años, sobre todo en 2008 y 2009, la intención de "crear un referente político como instrumento de sucesión de Batasuna". Según indica el informe de la Guardia Civil, para llevar a cabo su proyecto.
Sortu incluye en sus en sus estatutos una referencia al "proceso democrático", términos usados por ETA desde hace más de 15 años para referirse a la consecución de sus objetivos políticos, como también recuerda la Policía en su informe.
Es decir, todos en Interior, el ministro y los dos cuerpos antiterroristas, policía Nacional y Guardia Civil, son coincidentes: Sortu es ETA, nadie lo duda. Otra cosa es que se presente con estatutos “inmaculados” e intachables. Dicho de otro modo, los promotores de Sortu son política y socialmente impresentables. ¿Pueden, sin embargo, promover un proyecto defendible? De ahí que será la justicia la que determine qué se hace con esta opción...

INTERCAMBIO DE ACUSACIONES EN EL CONGRESO.- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confía en que el último alto el fuego anunciado por ETA sea la tregua definitiva. "En su larga actividad criminal, ETA ha hecho dos treguas largas, ahora hay una tercera que ojalá sea la definitiva, eso creo yo", dijo Rubalcaba en el Congreso en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta del PP sobre el 'caso Faisán'. El vicepresidente y ministro del Interior quiso contar "una historia" al PP sobre ETA y recordó que en la primera tregua, en 1998, el principal partido de la oposición, entonces en el Gobierno, aprovechó para dialogar con ETA con el apoyo del PSOE, y que luego fue rota por la banda terrorista. Y relató que cuando llegó al Ministerio del Interior, tenía la obsesión de que no volviera a ocurrir lo que había pasado durante esa tregua, en la que -según reveló- la banda introdujo cinco comandos en España, y pidió a las Fuerzas de Seguridad que impidieran que ETA se rearmara. "Por eso detuvimos, hemos detenido mucho, y por eso les estamos ganando, porque no creímos a ETA durante la tregua, porque impedimos que pasara lo que pasó en el 98", explicó en referencia al segundo alto el fuego durante 2006 y 2007, cuando gobernaba el PSOE. Rubalcaba dijo al diputado Gil Lázaro, del PP: "Esa es la historia, la que a usted no le gusta escuchar en esta Cámara".
En otro momento de la sesión de control, el presidente Zapatero se enzarzó, como es habitual, con el líder de la Oposición, Mazriano Rajoy. "La economía no permanece quieta", dijo el presidente Zapatero al justificar los presuntos bandazos económicos de su gabinete que le echaba en cara Rajoy. El líder de la oposición enumeró los "vaivenes" que el Gobierno ha dado en su política en los últimos años y ha zanjado que Zapatero "ya no tiene remedio". El líder del PP mencionó algunas de las medidas que el Gobierno ha rectificado a lo largo de la crisis, como el cheque-bebé, la ayuda de 400 euros a parados de larga duración, la bajada de impuestos, la reforma laboral o el sistema financiero, que Zapatero calificó como "el mejor del mundo" en 2008 y "no hizo nada para reformarlo". Rajoy también mencionó el cambio de criterio del PSOE sobre la vida útil de las centrales nucleares y aseguró que "ahora no sé donde estamos" ya que "ha dicho una cosa y la contraria, y la contraria de la contraria", después de que el martes, socialistas, populares y CiU acordaron una enmienda a la Ley de Economía Sostenible que elimina la referencia a los 40 años de vida útil de las instalaciones nucleares. "Yo espero que hoy anuncie, a tenor de la doctrina, que Garoña no se va a cerrar en el año 2013", pidió Rajoy. A su vez, el presidente del Gobierno invocó el informe del FMI, Fondo Monetario Internacional, que reconoce que este organismo internacional no previó la crisis financiera, y defendió que "se puede cambiar de criterio en función de las circunstancias", porque la "economía no permanece quieta, a diferencia de algún líder político que sólo sabe estar quieto y no hacer nada y carece de criterio", refiriéndose al propio Rajoy. El intercambio de acusaciones fue constante en la sesión de control: Rubalcaba acusó al PP de mentir con el Caso Faisán, el supuesto chivatazo al aparato de extorsión de ETA que alertó de una futura operación policial, y tachó al PP de "ruin", acusándole de "robar" con el caso Gürtel. Por su parte, la oposición, pidió la destitución del vicepresidente primero y aseguró que el caso Faisán será "su tumba política". También se evocó el caso de los EREs a falsos prejubilados andaluces, asunto del que dijo Rubalcaba que era la “la segunda vez que trae el asunto este de los ERE de Andalucía y hacer esa comparación es ruin"."Cuando la escuchaba, dijo a Sánez de Santamaría, se me ocurría una respuesta inmediata: coger los cientos de millones de euros de la trama Gürtel, dividirlos por el salario mínimo de un español, y averiguar el número de desempleados que podíamos haber contratado en España si ustedes no hubieran presuntamente robado". Sáenz de Santamaría había asegurado que mientras los autónomos ya saben que no vale la pena "esperar nada nuevo del Gobierno", en Andalucía, "se cobra la prejubilación aunque no se haya trabajado nunca" y los fondos para potenciar la creación de empleo se conciben como "fondos de reptiles". A Rubalcaba le respondió el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro quien dijo que el Ejecutivo "se ha manchado solo a base de mentir", para preguntar a continuación por el caso Faisán y acusar al ministro del Interior de "enfrentar a unos policías con otros", en referencia a las acusaciones mutuas que se han lanzado ante el juez Pablo Ruz algunos de los agentes implicados en el supuesto chivatazo. Gil Lázaro conminó a Zapatero a "cesar de inmediato" a Rubalcaba por haberle ocultado "semejante escándalo". Le replicó Rubalcaba: “Estamos ganando a ETA", dijo, antes de explicar que, durante el último proceso de paz, se intentó evitar que la banda terrorista se rearmara, a diferencia de lo que ocurrió en 1998 con José María Aznar al frente del Gobierno. En esta estrategia enmarcó también las detenciones de los etarras implicados en el aparato de extorsión de ETA pese al chivatazo. No fueron ninguna rectificación de un "dolce far niente" ( dulce no hacer nada ) anterior, acusó. Al contrario: "Estamos ganando porque no que creímos a ETA durante la tregua". "En su larga actividad criminal, ETA ha hecho dos treguas largas, ahora hay una tercera que ojalá sea la definitiva, eso creo yo", confió Rubalcaba.
No suelen defraudar al respetable las invectivas de cada miércoles en la sesión de control...

AHORA SE VISLUMBRA UN PACTO DE ESTADO ENERGÉTICO.- Como era de esperar, el Gobierno y los principales grupos políticos de la oposición aprobaron el martes en el Congreso suprimir el tope de 40 años de vida útil de las nucleares, que figuraba en la ley de Economía Sostenible, explica este miércoles la crónica de La Vanguardia, que había anticipado al martes este resultado. La enmienda transaccional, que llegó del Senado ya pactada, no admitía modificaciones. Sólo se podía votar a favor o en contra. El PSOE, PP, CiU, PNV y CC respaldaron la modificación pactada en la Cámara Alta; ERC, IU, ICV, BNG, UPyD y Nafarroa Bai votaron en contra. De 344 diputados presentes, 334 votaron a favor y diez en contra. Por primera vez, los grandes partidos políticos se ponen de acuerdo en esta legislatura en uno de los temas más polémicos en materia energética: las centrales nucleares. Al ser un tema tan polémico, había tres enmiendas distintas procedentes de PP, CiU y PNV. Hubo que consensuar un texto único, que elimina la referencia de los cuarenta años y deja patente que hay que contar con las plantas nucleares para el futuro mix energético. El texto aprobado recoge explícitamente que será el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que emita un dictamen, como organismo independiente, a partir del 2020. Ahora también lo emite, pero no es vinculante para el Ejecutivo salvo que el dictamen sea negativo. Serán los titulares de las centrales nucleares (las empresas eléctricas, especialmente Endesa, Iberdrola, así como Gas Natural- Fenosa e Hidrocántabrico) los encargados de solicitar la prórroga del tiempo de actividad en función de la demanda, la seguridad de suministro y los coste de generación, entre otros. Este consenso a favor de alargar la vida útil de las centrales nucleares –principal línea roja entre los dos grandes partidos– podría implicar que el malogrado pacto de Estado en materia energética (anunciado a finales de junio del año pasado por Miguel Sebastián y Cristóbal Montoro) resurja. La subcomisión de Industria del Congreso subrayó a finales del año pasado que el Ejecutivo tiene que diseñar la estrategia elegida por España a seguir durante los próximos 20 o 30 años en esta materia, independientemente del color político del Ejecutivo, ya que hay muchas inversiones en juego. Tras la información publicada el martes en La Vanguardia saltó la polémica de si la medida afectaba o no a la central burgalesa de Garoña, cuyo cierre está previsto para dentro de dos años. En opinión del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, el gobierno de turno, tras las elecciones generales de marzo de 2012, tendrá potestad para replantearse su cierre. Esta visión no fue compartida por Josu Erkoreka, portavoz del PNV, que manifestó que el acuerdo alcanzado “excluía explicitamente Garoña”. El nuevo texto no hace ninguna alusión. Cada una de las ocho centrales que hay ahora operativas tiene que renovar su licencia cada diez años. Por ello, en el 2009 ya se decidió que a la planta burgalesa se le concedian cuatro años más de vida. Es decir, en lugar de cerrarse en el 2011, cuando cumplía la cuarentena, se echará el cerrojo en el año 2013. Varios miembros del Gobierno hicieron declaraciones para defender su postura. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, hizo hincapié en que la primera palabra siempre la tiene el CSN y “a partir de ahí el Gobierno es el que decide en función de unos condicionantes de seguridad, económicos, sociales y medioambientales”. En la misma línea el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, negó que se haya producido un cambio de postura por parte del PSOE. Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP, aprovechó para criticar la “absoluta falta de criterio del Gobierno en política energética”. Con este acercamiento de posturas, las formaciones políticas tienen la llave para sellar el pacto energético.

CAMPS SERÁ EL CANDIDATO PARA VALENCIA.- Según una crónica política de El Confidencial, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha tomado una decisión definitiva respecto de la candidatura de su partido en la Comunidad Valenciana: el cabeza de lista será Francisco Camps, pase lo que pase “y le pese a quien le pese”, según señalaron a este diario fuentes de toda solvencia de la Dirección del PP. La decisión de Rajoy zanja el debate sobre la candidatura de Camps en el seno de su partido. Ahora sólo falta que lo designe el Comité Electoral Nacional, cosa que hará en breve. No será este jueves -cuando se reúne para designar la candidatura de Cospedal en Castilla-La Mancha-, pero sí en una próxima reunión que se celebrará a finales de este mes o la primera semana de marzo. Camps será, por tanto, candidato, independientemente de la decisión que tome el juez Flors sobre la causa abierta contra él por los trajes supuestamente regalados por Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel. Según estas fuentes, muy próximas al líder del PP, “Camps ha sido objeto de una campaña de acoso brutal, que al final ha acabado en una simple denuncia por cohecho impropio”, y esa es razón más que suficiente para que Rajoy haya tomado definitivamente la decisión de hacerle candidato. De hecho, y siempre según estas fuentes, el propio Camps acordó con Mariano Rajoy que sería el lunes por la tarde cuando el Comité Electoral Regional le propusiera como candidato. Según fuentes del PPCV, corroboradas ayer por algunos dirigentes del PP nacional, como la portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría, la convocatoria de esa reunión, que cogió a todo el mundo por sorpresa, se había negociado el día anterior, domingo, con la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato. Sin embargo, otras fuentes señalaron que fue el mismo lunes por la mañana cuando Camps llamó a Rajoy para informarle de sus intenciones. En cualquier caso, la intención de Génova era no aparecer como la víctima de un nuevo desafío: “No ha habido desafío, ni pulso, porque Rajoy supo en todo momento lo que iba a pasar”, señalan las fuentes de este diario. ¿Por qué, entonces, se ha tardado tanto en designar a Camps? La razón hay que encontrarla en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción al juez Flors, en el que se rebajan al mínimo las expectativas de delitos por los que se iban a encausar a Camps. “La Fiscalía ha renunciado a acusar de cohecho propio a Camps, y tampoco le acusa de financiación ilegal, ni de enriquecimiento personal, sino que se limita a los trajes de siempre, es decir, a un delito de cohecho impropio contra el que ya ha sentado doctrina el Tribunal Supremo en el caso de José Bono”. Es más, según recuerdan estas fuentes, la Fiscalía ni siquiera tiene en cuenta el famoso informe policial que en su día esgrimió el portavoz socialista Ángel Luna en las Cortes valencianas, sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

LA TENSIÓN DE CAMPS Y RAJOY.- Libertad Digital también dedica un análisis a la situación de Camps en el PP. Nunca en el PP lo dicho públicamente ha distado tanto de lo que verdaderamente se piensa como con el futuro político, marcado irremediablemente por el judicial, de Francisco Camps, quién ha optado por presionar -ya sin medias tintas- a Mariano Rajoy a fin de que le proclame oficialmente candidato a la Generalidad valenciana. Tal es el abismo entre la declaración pública y la privada, que mientras en los pasillos se confiesa el "terror" a lo que pueda pasar de aquí a la cita con las urnas, ya con el micrófono abierto se pone "la mano en el fuego" por la inocencia del barón regional, independientemente de lo que dicte la Justicia. El motivo, explican fuentes autorizadas, es que la orden de Rajoy no ha variado su curso: defensa cerrada hacia Camps, descartando -eso sí- poner fecha a su proclamación. Y es que el líder del PP "no cree que por tres trajes se le debe de hacer un daño tan irreparable", si bien "hay que esperar acontecimientos", según sostiene un colaborador íntimo. Debido a ese apoyo, al menos público, este martes los primeros espadas han salido en defensa de Camps con el objetivo de contrarrestar la imagen de división protagonizada, a consecuencia de que el Comité Electoral del PPCV designara al presidente candidato sin el aval de Génova. "Estamos convencidos de su inocencia. Tomar una decisión en contra de esta convicción es arriesgarnos mucho a ser injustos", proclamó el valenciano Esteban González Pons, en declaraciones a Catalunya Radio. En consonancia, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, llegó a negar la realidad al asegurar que "la dirección regional de Valencia" convocó al órgano interno "a instancias de la dirección nacional", extremo que fuentes solventes niegan a Libertad Digital. Para rematar el dispositivo de emergencia montado por el aparato popular, el vicesecretario general Javier Arenas sentenció: Génova "no se plantea ningún escenario político donde Camps no sea candidato". Cerrados los micrófonos, una versión bien distinta, y en la línea de que el presidente valenciano es "el último gran problema" de Rajoy de cara a los comicios venideros, una vez solucionado el "pastelón" de Asturias. "Hay que recordar los tiempos de Rajoy, y que las decisiones difíciles siempre las deja para el final. Yo creo que Camps va a ser candidato, pero también se creyó en su día que Bárcenas iba a seguir siendo tesorero", afirma un dirigente popular, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. En la Carrera de San Jerónimo, los propios diputados valencianos muestran su pesimismo y advierten de noticias de "desesperación" desde la Comunidad Valenciana, "donde muchos alcaldes están con miedo a hacer campaña por Camps porque no saben si finalmente va a ser candidato". Pero a falta de ese movimiento judicial que haga modificar la estrategia de Rajoy o de ese dirigente político que diga con nombres y apellidos lo nocivo que Camps podría ser para los intereses electorales del PP, el jefe del Ejecutivo valenciano ha visto en las palabras de Pons, Sáenz de Santamaría y Arenas motivos suficientes para definirse como "uno de los políticos con mayor respaldo en la historia de las democracias occidentales". "Esta mañana, ayer y en los últimos meses", según Camps, ha contado con el respaldo de la dirección nacional, y por ello ha restado importancia al hecho de que todavía no haya sido ratificado: "Se desarrollará en función de la estrategia que vaya marcando", apuntó. Eso sí, como no hay dos sin tres, no tuvo empacho en volver a presionar a Rajoy al recordarle que siempre le ha sido "fiel" así como un "leal colaborador". En este sentido, en mayo de 2010, Camps llegó a decir: "Asumí el reto de liderar el PP nacional" tras la segunda derrota electoral de Rajoy, en clara referencia a que, sin su apoyo, hubiera tenido muchas dificultades para la reelección. 

LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO.- Asegura el diario Público que el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) decidirá antes de las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo si investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de la trama Gürtel. Así lo confirmaron ayer a Público fuentes del tribunal, que expresaron, no obstante, sus cautelas ante la posibilidad de nuevas demoras. En teoría, el último trámite previo a la toma de decisión quedará concluido a comienzos de marzo. Desde que, hace 23 meses, el juez Baltasar Garzón remitió al TSJCV lo investigado en relación a aforados de esa comunidad, el tribunal valenciano se ha negado con uñas y dientes a indagar más allá de los trajes regalados a Camps. Y ello pese a que distintos informes policiales, de Hacienda y de la Intervención General del Estado (IGAE) sostienen que hubo financiación ilegal y contratos amañados. Esos informes cifran en 2,5 millones el dinero ocultado a Hacienda por el PP en 2007 gracias Orange Market, la franquicia valenciana de la red corrupta. En un lustro, obtuvo siete millones de euros en contratos de la Generalitat. Las fuentes del caso consultadas difieren sobre cuál será la decisión del TSJCV respecto a la financiación del PP. Nadie considera verosímil que el tribunal repita la táctica del cerrojazo alegando que no hay indicios de delito. Pero hay quien teme que intente zafarse enviando el caso al Supremo. Si eligiera esa opción, el TSJCV se arriesgaría a un segundo varapalo. El primero se produjo en mayo de 2010, cuando el Supremo le obligó a reabrir la causa de los trajes, al que, con el voto de su entonces presidente, Juan Luis de la Rúa, el juez amigo de Camps, el TSJCV había archivado en agosto de 2009. Antes de cerrar las diligencias, De la Rúa había recibido el primer informe policial sobre financiación ilegal. Y lo despreció. Desde diciembre, tras la toma de posesión de su nueva presidenta, Pilar de la Oliva, el TSJCV ha mantenido incólume la premisa que guió a De la Rúa: que el regalo de trajes a Camps por parte de Orange Market no guarda relación con los contratos obtenidos por Orange Market ni con el dinero negro con el que el PP pagó presuntamente actos electorales a la empresa. Esa es la línea que impuso De la Rúa cuando prohibió investigar más allá de si, aceptando trajes, Camps incurrió en cohecho impropio, penado sólo con multa. Según el juez Pedreira, se cometieron infracciones penales mucho más graves, entre ellas soborno, delito electoral, delito fiscal y prevaricación. El PP, que en Madrid lleva año y medio torpedeando desde la "acusación popular" las investigaciones de Pedreira, ha comenzado a aplicar en Valencia la misma táctica. De hecho, los conservadores recurrieron la inhibición del magistrado madrileño en favor del TSJCV para lo relativo a los aforados valencianos. No lograron tumbarla pero sí ganar tiempo: cuatro meses. Pedreira se inhibió en mayo pero el recurso del PP impidió que su resolución fuera firme hasta que, el 30 de septiembre, la Sala del TSJ de Madrid la confirmó sin opción a nuevas impugnaciones. En diciembre, el PP solicitó al juez que dejara en suspenso el envío de documentación al tribunal valenciano hasta que todas las partes personadas pudieran analizarla y concluir qué papeles debían remitirse. Pedreira accedió. Y ha puesto la información en manos del casi centenar de personados para que hagan sus peticiones. Pero esa tarea no estará acabada hasta comienzos de marzo, según fuentes del Tribunal Superior de Madrid. Según fuentes del TSJ valenciano, cumplido ese trámite la Sala que preside De la Oliva adoptará su decisión. Luego, remata el diario Público el trabajo recordando los “veintitrés meses mirando a otro lado”, desde el 5 de marzo de 2009, cuando el juez Garzón se inhibe en favor del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) y señala ya indicios de financiación ilegal. El 21 de abril de 2009, el TSJCV acepta investigar, pero sólo el regalo de trajes. El 3 de agosto de 2009, el TSJCV archiva el caso. Acababa de recibir un contundente informe policial sobre la financiación ilegal. El 12 de mayo de 2010, el Supremo obliga al TSJCV a reabrir el ‘caso de los trajes'. A las dos semanas, Hacienda reafirma los indicios de financiación ilegal. El 30 de septiembre de 2010, el Tribunal Superior de Madrid confirma la inhibición del juez Pedreira sobre los delitos vinculados al PP de Valencia. El 27 de enero de 2011 El juez Flors da por concluida la instrucción del ‘caso de los trajes' y comienza los trámites para abrir el juicio oral a Camps por cohecho impropio.

RATO PRESIONA A SALGADO SOBRE LAS CAJAS.- Rodrigo Rato se ha convertido en el paladín de las cajas de ahorros en su lucha por dulcificar el Real Decreto-Ley de recapitalización y su objetivo tiene claros tintes políticos: retrasar el proceso todo lo posible para alcanzar la fecha de las elecciones generales (marzo de 2012) y que sea un PP previsiblemente vencedor el que culmine el proceso, según fuentes cercanas al presidente de Caja Madrid-Bancaja, según se cuenta en El Confidencial. Por eso, se añade, el gran caballo de batalla de las negociaciones que mantiene la CECA con Economía es el plazo para cumplir con el famos requisito del 10% de capital básico. "Septiembre es un plazo muy corto y no da tiempo a que todas salgan a bolsa o capten inversores, y si lo hacen a la vez las valoraciones se desplomarán; Rato necesita alargarlo como sea", señala una de las citadas fuentes. Según fuentes cercanas a las conversaciones, el Ejecutivo es bastante receptivo a esta propuesta y, de momento, admite que las entidades que estén negociando con inversores o en proceso de OPV en septiembre (el tope anunciado hasta ahora) puedan culminar la recapitalización en diciembre. La razón es que el PSOE no tiene apoyos suficientes para sacar adelante el Decreto en el Congreso, ante la oposición anunciada por PP y CiU. Pero si Rato logra un acuerdo de la CECA con el Ejecutivo, el PP no tendrá más remedio que apoyarlo. "Además, Zapatero no ve con malos ojos que el PP tenga que cargar con el coste político de cargarse a las cajas y quitar el poder a los barones regionales", añade otra de las fuentes. El PP rechaza el planteamiento actual del Gobierno porque entiende que lo que hace falta es transparencia y un saneamiento integral del sistema financiero. Sólo después de hacer eso, se debería dar capital público a las entidades a las que este proceso deje por debajo de los estándares de solvencia, a su juicio. Este alargamiento de los plazos y la máxima flexibilización posible del cálculo del capital serán las dos cuestiones que Isidre Fainé (presidente de La Caixa) tratará de arrancar hoy a Elena Salgado en un encuentro que mantendrán ambos aprovechando la asamblea genera de la CECA. "El papel de Fainé es de mero embajador, porque el que lleva la voz cantante es Rato", señala una de las fuentes. Con esto, el ex vicepresidente del Gobierno "ha vuelto al terreno donde mejor se mueve, la política, y ahí es donde puede conseguir una victoria que tiene muy difícil en la arena financiera si el Decreto no se modifica", añade. En esta clave es como debe interpretarse la decisión de Rato de suprimir el bonus de 25 millones a su antecesor, Miguel Blesa, y a otros nueve altos cargos de la caja: como un gesto político para facilitar la negociación con el Gobierno. Un gesto muy significativo en un momento en que el Gobierno vende la austeridad como su principal virtud y que ha tenido un enorme impacto mediático al tratarse de un tema tan sensible y que se presta fácilmente a la demagogia. El BFA, el banco formado por la unión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco pequeñas cajas trabaja a toda máquina para preparar su salida a bolsa: ya ha elegido al banco agente de la operación -Lazard, la anterior casa de Rato- y a los asesores Uría y Menéndez y Deloitte, como adelantó ayer El Confidencial), y está seleccionando a los bancos de inversión. También está manteniendo contactos preliminares con inversores internacionales. Pero Rato lo va a tener muy complicado para conseguir levantar todo el capital que necesita para cumplir los requisitos del Gobierno y sanear del todo la entidad, unos 4.000 millones según distintas estimaciones. Máxime si el plazo es tan corto y si el resto de grupos de cajas van a tener que vender acciones al mismo tiempo. 

LAS CCAA PRESIONAN, SE´GUN PÚBLICO.- La reforma del sistema financiero español que el Gobierno aprobará el viernes está resultando peliaguda y aunque parece que son las entidades afectadas las que más están peleando contra las nuevas exigencias, son las comunidades autónomas las que están planteando la guerra más dura ante el Ministerio de Economía porque esta reforma menoscaba mucho su poder. La pretensión de los gobiernos autonómicos es que los requisitos de solvencia se moderen lo máximo posible para intentar que haya un mayor número de cajas que no tenga que convertirse en banco y puedan seguir bajo su supervisión, en lugar de pasar a Economía. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es uno de los que más se está fajando en esta pelea. Él no luchó a muerte para conseguir que las dos cajas regionales se fusionaran para que ahora llegue una normativa y les obligue a convertirse en banco y a fusionarse con otra entidad para poder cumplir los nuevos requisitos. Feijóo admitió ayer que trabaja “en silencio y con determinación” para intentar “buscar un escenario razonable” en el sector. Desde la Comunidad de Madrid y Catalunya también están llegando muchas presiones. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, reconoció ayer haber mantenido el lunes una conversación con Elena Salgado en la que le pidió que cuando se nacionalice una caja no se expediente a sus directivos, sino que sólo se limite el reparto de dividendos y los bonus. Además, consideró imposible garantizar la salida a bolsa de los nuevos bancos de las cajas antes de septiembre. Precisamente, los plazos de entrada en vigor de las nuevas exigencias es una de las cuestiones que más debate está generando. Inicialmente, se establecía que septiembre era el plazo límite para tener en marcha el plan con el que elevar la solvencia y ahora se negocia dar más de plazo a las cajas para salir a bolsa dado que acumular todas las colocaciones en tan corto periodo les obligaría a reducir mucho su precio para conseguir vender sus títulos. Fuentes cercanas a los reguladores aseguran que no habrá una fecha límite concreta pero que es previsible que no puedan hacerlo más allá de final de año. Por otra parte, Caja Madrid ratificó que no piensa pagar el bonus de 25 millones a diez directivos y exdirectivos aunque en el Informe de Gobierno Corporativo aseguró que el consejo de administración únicamente se limitó a aplazar la decisión, en lugar de aprobar su supresión. Enrique de la Torre, un directivo muy cercano a Miguel Blesa, sí cobró su parte del bonus cuando se jubiló. Percibió 2,782 millones por ese concepto, más 1,993 millones por indemnización por cese. Los diez principales altos cargos de la caja cobraron el año pasado 11,75 millones de euros, un 5,4% menos que en 2009. Además, Miguel Blesa percibió 2,8 millones a cambio de no trabajar en dos años en otra entidad, al tiempo que Juan Astorqui recibió un millón y Ricardo Morado, 1,7 millones como indemnización por cese. En este proceso de reforma del sector financiero, CatalunyaCaixa aprobó convertirse en banco el mismo día que dimitió Fernando Casado como presidente y se nombró sustituto a Manel Rosell, informa Gloria Ayuso.

PLAZOS MÁS AMPLIOS A LAS CAJAS.- Dice, a su vez, El Periódico de Cataluña, que las cajas perdieron la primera batalla, pero podrían ganar la segunda. El Gobierno, pese a sus peticiones, impondrá un requisito de capital mayor (10%, frente al 8% del resto) a las entidades de ahorro que no coticen en bolsa o incorporen inversores privados y cuya liquidez dependa en más del 20% de los mercados mayoristas. Pero está estudiando ampliar el plazo que les dará para alcanzar ese nuevo nivel, que en principio iba a ser hasta septiembre. La decisión es tan relevante que la va a adoptar directamente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras escuchar a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, según apuntaron ayer fuentes del Ejecutivo. La ministra de Economía, Elena Salgado, anunció ayer en Bruselas que el viernes se llevará al Consejo de Ministros el decreto en el que se concreta la reforma de las cajas. Tanto el sector del ahorro como algunos grupos parlamentarios que el Gobierno quiere convencer para que le brinden su apoyo, como CiU, han reclamado al Ministerio de Economía ese plazo mayor. "Es imposible garantizar la admisión a cotización a bolsa o la entrada de inversores privados antes de septiembre", defendió ayer Josep Antoni Durán Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, para quien lo que se debe exigir por esas fechas es la "voluntad manifiesta" de cotizar o incorporar accionistas privados.

PUJOL DENUNCIA UNA CAMPAÑA CONTRA CATALUÑA.- El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, considera que existe "un plan o una acción general y sistemática" para deformar la realidad y la imagen de Cataluña en el que participan "partidos políticos, instituciones del Estado, medios de comunicación y opinión púbica"., según publica La Vanguardia este miércoles. A través de un editorial en el boletín electrónico del centro de estudios que lleva su nombre, Pujol considera que el proceso de "asfixia" de Cataluña es más "radical y generalizado" de lo que muchos habían pronosticado. A su juicio, esta situación "o forma parte de un plan o bien es fruto de una acción muy general y sistemática de deformación de la realidad y de la imagen de Cataluña, o probablemente, de las dos cosas a la vez". Pujol remarca que el concepto de solidaridad territorial "se aplica cada vez de una forma más injusta" para Catalunya y de este modo se derrumba la "base ética del sistema" autonómico. Afirma asimismo que pese a la problemática económica y ética que genera la relación entre Cataluña y España, el problema de fondo es político y plantea que esta relación "tan solo puede ser fruto de la imposición". El ex presidente de la Generalitat considera un hecho positivo que mucha gente se haya dado cuenta de que del Estado español ya "no se puede esperar ni comprensión ni justicia", más allá de que existan más independentistas, un factor que Pujol da por hecho. Para el presidente de CiU, la comprensión del problema político entre Cataluña y España ha sido positiva ya que ha permitido a los catalanes "cambiar su estado de animo" en un doble sentido. En primer lugar, cree que los catalanes son conscientes de la situación, no esperan un cambio y han optado por seguir adelante, y en segundo lugar, el ex presidente de la Generalitat constata la existencia de un "gran número de activos" que muestran no tan solo la "voluntad de resistencia" del pueblo catalán, sino también la "de crear y generar iniciativas".

EL BULO-CALUMNIA DE ESPADA CONTRA CERCAS.- Ha denunciado el diario El País que el periodista Arcadi Espada publicó el martes en el diario El Mundo una columna en la que difundía la falsa noticia de que el escritor Javier Cercas había sido detenido en el barrio madrileño de Arganzuela durante una redada contra una red de prostitución la semana pasada. La noticia circuló rápidamente por Internet y se convirtió en objeto de comentarios. El origen era un invento total. "Ni he estado nunca en Arganzuela ni me ha detenido la policía ni tengo nada que ver con eso. Es falso. No doy crédito. Esto no es humor, es una calumnia", protestó un "abrumado" Cercas en conversación con El País. La columna de Espada, ubicada en un espacio de opinión, daba detalles que no permitían adivinar que todo era un bulo. Hacía referencia a una operación policial que efectivamente existió -fueron detenidas 28 personas-, y sugería falsamente que la implicación de Cercas había sido publicitada por una cadena de televisión. Arcadi Espada y Javier Cercas han mantenido -entre otras- una polémica pública a cuenta del uso de la ficción en el periodismo. Espada ya atacó en su día a Cercas por introducir elementos no reales en su novela Soldados de Salamina. Y, el pasado domingo, Cercas publicó una tribuna en este diario en el que defendía que, en ciertas ocasiones, el periódico pueda albergar artículos en los que "no todo lo que se cuenta responde a la verdad de los hechos". Lo hacía después de que el filólogo Francisco Rico utilizara ese recurso en otro artículo de opinión, donde atacaba la Ley del Tabaco y advertía que él no había fumado nunca, cuando en realidad es conocido que sí fuma y mucho. Arcadi Espada se negó ayer, a preguntas de El País a precisar si lo que escribió en El Mundo pretendía ser ficción o realidad. "Mi columna está inspirada en la certeza de que Javier Cercas tiene razón desde hace años. Y el domingo pasado, en la tribuna que escribió en El País, volvía a tener razón. Yo me he dado cuenta ahora, quizá tarde. Mi columna es un acto de contrición por mi parte", afirmó con mal disimulada ironía. Tras saber que Cercas se consideraba calumniado, añadió: "La figura de la calumnia está en manos de los jueces. Él tiene abiertas las puertas de los juzgados". Algo que el autor de Anatomía de un instante no descarta. "Estoy estudiando ir a los tribunales o hacer un pronunciamiento público", adelantó Cercas. "Desisto de dialogar con Espada. Con él es imposible el diálogo. Es un fanático, un talibán. ¿Cuánto odio es necesario para que alguien quiera cargarse tu reputación ante tu familia y tus amigos? Me da pánico". En su tribuna del pasado domingo, Cercas defendía lo que había hecho Francisco Rico -asegurar en el periódico que no fumaba, dando así más fuerza a sus argumentos contra la Ley Antitabaco, a pesar de que sí fuma- con esta reflexión: "Si aceptamos que la historia es, como dice Raymond Carr, un ensayo de comprensión imaginativa del pasado, quizá debamos aceptar también que el periodismo es un ensayo de comprensión imaginativa del presente. La palabra clave es 'imaginativa'. La ciencia no es una mera acumulación de datos, sino una interpretación de los datos; del mismo modo, el periodismo no es una mera acumulación de hechos sino una interpretación de los hechos. Y toda interpretación exige imaginación". Cercas sabe que el ataque de Espada es una respuesta a ese artículo, pero sostiene que nada tiene que ver una cosa con la otra: "No sólo no me replanteo lo que dije sino que me reafirmo. Lo de Rico era un chiste evidente y no hacía daño a nadie ni afectaba a sus argumentos. Esto es una calumnia. Si no somos capaces de ver la diferencia, yo me retiro. Yo siempre defenderé el derecho a la ironía, al humor. Si no podemos usar el humor, estamos sometidos a la tiranía de lo literal. Pero esto es una calumnia".

CIU FICHA AL PP CATALÁN.- Según Libertad Digital, el Gobierno de la Generalitat ha lanzado sus redes sobre algunos de los más destacados dirigentes del PP en Cataluña de la última época de Aznar. Al nombramiento de Josep Martí como secretario de comunicación del gobierno autonómico se sumará la próxima semana la designación de Susana Bouis como directora general de la función pública. Al mismo tiempo, históricos como Manuel Milián Mestre (el hombre de Fraga en Cataluña) y ex fichajes de postín como Montserrat Nebrera (a la que atrajo al partido Josep Piqué) han mostrado en las últimas semanas su apoyo a las tesis independentistas. Nebrera, que obtuvo menos votos en las últimas elecciones catalanas que Carmen de Mairena, ha dado su apoyo a la plataforma que organiza los referéndums ilegales para la independencia de Cataluña, mientras que Milián Mestre teoriza sobre el maltrato fiscal y político a Cataluña por parte de Madrid. En cuanto a Bouis y Martí, ambos tuvieron papeles de cierta relevancia en Cataluña durante el último Gobierno del PP. Martí fue responsable de comunicación de la subdelegación del Gobierno de Tarragona y se le asoció al ala catalanista del PP en tiempos de Piqué. Entre sus rasgos biográficos más destacados cabe subrayar que fue autor del libro Eres de derechas y no lo sabes. En cuanto a Susana Bouis, esposa de Martí, fue la última delegada del Gobierno en Cataluña nombrada por Aznar. En su currículo destacan las labores de asesoría al ex diputado independentista Josep Maria Reguant, que también fue dirigente anarquista y autor del libro Marcelino Masana: ¿terrorismo o resistencia?. El nombramiento de Bouis se producirá la próxima semana.

LAS DEUDAS QUE ACUMULA LA NUEVA RUMASA..- El juzgado de primera instancia número 67 de Madrid ha ordenado el embargo a Clesa (Nueva Rumasa) de bienes muebles e inmuebles y de una cuenta bancaria, a través de las que le paga la distribución, hasta un importe de 36 millones de euros, según cuenta Libertad Digital. El procedimiento se ha iniciado tras la reclamación que ha interpuesto el banco escocés Royal Bank of Scotland, que concedió un préstamo a Clesa por dicho importe. Clesa se ha opuesto a este procedimiento de embargo (lo que lo paraliza cautelarmente), que consiste en la ejecución de títulos no judiciales suscritos ante notario. Se trata de un préstamo financiero con escritura pública y, por tanto, ejecutable, que es precisamente lo que ha solicitado el banco escocés al juzgado. La entidad financiera ha pedido el embargo del montante principal de ese préstamo -que supera ligeramente los 31 millones de euros- más los intereses, lo que en total suma 36 millones. La oposición de Clesa paraliza cautelarmente el embargo y ahora es el juez el que tiene que señalar una vista de confrontación en sede judicial, según han explicado fuentes conocedoras del proceso. Por su parte, el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ha subrayado a Efeagro que "es un intento que ha tenido el Royal Bank of Scotland y que el juez de momento no ha procedido... Hay una orden de embargo que luego se echa para atrás". Ruiz-Mateos ha destacado que se trata de la "renegociación de un crédito que tenemos en marcha con el Royal Bank of Scotland y en esa renegociación hay una serie de discrepancias y nos estamos defendiendo". Pero no es el único caso de problemas financieros que afecta a Nueva Rumasa. Varias entidades, entre las que se encuentran Banco Popular y la Seguridad Social iniciaron también el año pasado varios procesos judiciales para reclamar deudas contraídas por Grupo Dhul y Cacaolat, empresas que forman parte del grupo agroalimentario. Tales reclamaciones, junto a la de RBS contra Clesa, suman más de 45 millones de euros, según informó el martes Expansión. Estas acciones se saldaron con el embargo preventivo de, al menos, 16 propiedades de estas tres sociedades de Nueva Rumasa, además de una de Hibramer (productor de huevos), según consta en los documentos inscritos en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, "hemos llegado a acuerdo en todos los casos y la situación registral no coincide con la realidad", asegura un abogado de la compañía de Ruiz-Mateos, que explica que estas cargas aparecen vinculadas a las propiedades porque todavía no se han actualizado los datos.

MÁS POBRES Y MAYOR POBREZA.- El incremento récord de los precios de los alimentos han arrastrado a 44 millones de personas bajo el umbral de la pobreza en los países en vías de desarrollo. El presidente del Banco Mundial (BM) Robert Zoellick, ha calificado la situación de "peligrosa", y ha urgido a los líderes del G20, que se reunirán dentro de unos días en París, a que consideren la cuestión de los alimentos como tema "fundamental" de su agenda. Según el último informe del BM, los precios mundiales de los alimentos han subido un 15 por ciento entre octubre del 2010 y enero del 2011, lo que significa un 29 por ciento más con respecto al año anterior. "El alza de los precios está empujando a millones de personas a la pobreza, especialmente a los más vulnerables, que gastan más de la mitad de sus ingresos en comida", ha dicho Zoellick. El BM sitúa el umbral de pobreza en unos ingresos de menos de 1,25 dólares (algo más de 90 céntimos de euros) al día.

RETIRAN RECURSOS CONTRA EL CARBÓN.- Las eléctricas han renunciado a que sea la justicia la que dirima sus recientes conflictos con el Gobierno sobre política energética y a propósito del decreto del carbón, cuya finalidad es proteger el consumo de este tipo de mineral producido en explotaciones españolas. Endesa e Iberdrola han decidido retirar sus respectivos recursos contra el decreto y arriar las banderas que en forma de distintas iniciativas procesales habían izado ante diversas instancias judiciales en España y en Europa. La semana pasada ya pidieron al Tribunal de Luxemburgo que retirara las medidas cautelares inicialmente adoptadas contra dicha norma. Y ahora van a renunciar a las demandas que habían planteado ante el Tribunal Supremo y ante la Audiencia Nacional. Hace un mes, por otra parte, la propia Audiencia ya había levantado las medidas cautelarísimas inicialmente adoptadas, lo que removía un escollo para la aplicación del decreto del carbón. El anuncio sobre la retirada de los recursos fue realizado en primera instancia ayer por el presidente de Endesa, Borja Prado, durante una conferencia en la sede de su compañía. Luego se supo que Iberdrola y Gas Natural Fenosa compartían similares criterios. Prado enmarcó esta decisión en un clima de mayor sintonía con el Gobierno. Las eléctricas estiman que el Ejecutivo ha aguzado el oído y el resultado es que en el “tema energético” se han dado recientemente “pasos bastante grandes”.

TAMBIÉN AFRICA NEGRA PUEDE LEVANTARSE.- En África subsahariana hay mil Mohamed Bouazizi. O un millón. El joven tunecino que se inmoló arrancó así la revolución de los jazmines y, de pasó, incendió el mundo árabe no era un caso único. Al revés. África negra está llena de jóvenes con estudios, desesperados por sacar su familia adelante (Bouazizi vendía verduras en la calle) y hartos de humillaciones. Hay mil Bouazizi porque los contextos de pobreza, paro y falta de libertad no son extraños en el continente. Pero ¿esos factores son suficiente para que las revoluciones árabes naveguen Nilo abajo y se expandan en el continente negro? Cuando nadie lo esperaba, Egipto y Túnez dijeron basta a la injusticia y adiós al dictador. ¿Y tú, África negra? -se pregunta, y responde, La Vanguardia. Cuando Ngozi Okonjo-Iwealam, directora ejecutiva del Banco Mundial, atiende a este diario durante unas conferencias en Kigali (Ruanda), deshoja la situación en dos tandas: “Cada país tiene su dinámica y particularidad, pero los gobernantes africanos pueden sacar dos lecciones de lo ocurrido en Egipto y Túnez. La primera es que África es un continente joven, con el 50% o 60% de la población menor de 25 años. Esa juventud puede ser beneficiosa si hay trabajo. Si no, crece la insatisfacción. Hay que educar, pero con un objetivo”. La ex ministra de Exteriores y Finanzas de Nigeria sigue: “La segunda lección es que la libertad de expresión es clave. La gente tiene que sentir que su voz tiene impacto, que puede cambiar las cosas”. Okonjo evita nombres propios, pero los hay. En Zimbabue, donde el veterano Robert Mugabe (la semana que viene cumple 87 años) gobierna desde hace tres décadas, la libertad de expresión es casi tan quimérica como encontrar trabajo: según la CIA, es el país con la tasa de paro más alta del mundo, casi el 95%. La eternidad de Mugabe en el sillón presidencial no es una excepción. En Camerún, Uganda, Angola, Guinea Ecuatorial o Congo llevan más de un cuarto de siglo con el mismo líder. En Togo o Gabón los presidentes son los hijos del antiguo dictador. El ministro de Trabajo de Ruanda, Anastase Murekezi, subraya la importancia de la legitimidad para lidiar con las revueltas. “¿Por qué se levanta un país como Túnez, cada vez más desarrollado y donde la gente no sufre para comer y las mujeres tienen más libertades que antes? Porque no podemos separar el buen gobierno del desarrollo. Sólo desarrollo no es suficiente”. Pero para que el desencanto haga clic hace falta educación. El director del Programa Mundial de Alimentos en Malawi, Abdoulayé Diop, es gráfico en su análisis. “Hay cada vez más licenciados y doctorados africanos pero no se les da salida ni se aprovechan en el desarrollo del país. Es una bomba de relojería, hay que darles una salida”. En 1970 había en toda la región subsahariana sólo 200.000 alumnos de educación superior, hoy hay más de cuatro millones. Aunque siguen siendo pocos (apenas el 6%, cuando en los países árabes el 24% tiene estudios superiores), el crecimiento anual de estudiantes avanzados dobla al de cualquier otra parte del mundo.
También está internet. Las revueltas del norte de África se bautizaron como revoluciones de Facebook o Twitter porque la red permitió organizar la protesta. El ghanés Emmanuel Akwetey, director ejecutivo de IDEG, organización de investigación política y abogacía, dirige hacia ahí sus temores (o esperanzas). “Potencialmente sí puede haber efecto contagio, los líderes de la revolución son jóvenes educados, sin trabajo y que controlan canales como Facebook o Twitter; eso empieza a existir en África subsahariana”, opina. Aunque la tecnología está al alcance de una minoría, las previsiones hablan de un futuro conectado: en el 2015, los móviles con conexión a internet se habrán multiplicado por 22. Pero si la semilla social de las revolución egipcia y tunecina están en África negra, las diferencias dificultan salir a la calle. El norte de África, de mayoría árabe, apenas tiene similitud con la heterogeneidad del África negra, donde además la pertenencia a la propia tribu es más fuerte que la conciencia nacional. Sólo Somalia, Ruanda, Burundi o Botsuana rivalizan en homogeneidad nacional con los vecinos del norte. Luego está el olvido. Hace dos semanas, una periodista francesa de Johannesburgo recibió una llamada de un amigo desde Gabón. “¿Qué demonios hacéis? Aquí estamos saliendo a la calle para protestar y nadie dice nada”, le espetó. La policía disparó gases lacrimógenos y detuvo a treinta personas antes de ahogar la protesta. Unas gotas de los ánimos de cambio en África subsahariana aterrizaron en El Prat ayer, añade el reportaje de La Vanguardia. El escritor y bloguero ecuatoguineano Juan Tomás Ávila Laurel inició el pasado viernes una huelga de hambre contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema. “Mi intención es denunciar la corrupción y la penosa situación del pueblo de Guinea Ecuatorial”, explicaba ayer nada más aterrizar en la capital catalana. Aunque en la ex colonia española los ingresos por el petróleo rozan los 5.000 millones de dólares anuales, el 77% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Ávila Laurel no se atrevió a poner un límite a su acción: “Llegaré hasta donde sea, pero lo importante es que la gente coja el testigo. Yo doy el primer paso para denunciar lo que ocurre, pero desde Guinea Ecuatorial, tienen que empujar; también desde España”. Las revoluciones de Egipto y Túnez le animaron a dar el paso. “Ya pensaba desde hace mucho que había que hacer algo, pero la emoción de ver cómo un pueblo echaba a un dictador sin las armas me da esperanzas y me inspira”, explicó. El autor, de 44 años, cree que en varios países africanos se dan los contextos necesarios para una revolución, pero el olvido facilita la represión. Por eso está en España, para que se escuche su voz. “Si nadie lo sabe, para los dictadores es fácil reprimir al pueblo, por eso estoy aquí, para decir que yo soy sólo uno pero el mundo debe levantarse”.