OINCIDENCIA TOTAL. SORTU TAMBIÉN ES ETA. RUBALCABA CREE QUE ÉSTA SERÁ LA TREGUA DEFINITIVA DE ETA. UN PLENO DEL CONGRESO AGRIO.

TODOS COINCIDEN EN INTERIOR: SORTU TAMBIÉN ES ETA.- El vicepresidente y ministro del Interior, en el agrio debate parlamentario de este miércoles, llegaba a proclamar su confianza de que la actual llegue a ser la tercera y última tregua de ETA, la definitiva. Y sin embargo, y al mismo tiempo, como el propio Rubalcaba había advertido, sendos informes, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, advierten que la nueva Batasuna no es otra cosa que un instrumento al servicio de la banda. Para las fuerzas de seguridad del Estado, al unísono, la nueva redefinición de Batasuna, también es ETA, es obra indudable de ETA y tiene el claro propósito de instalarse en las instituciones del Estado, concretamente, en los ayuntamientos que se eligen el 22 de mayo. Es más, los informes elaborados por la Policía Nacional y por la Guardia Civil sobre Sortu consideran que la renuncia expresa al uso de la violencia realizada por el nuevo partido de la izquierda abertzale es una mera estratagema de Batasuna para sortear la Ley de Partidos y poder regresar a las instituciones democráticas. Fuentes de la lucha antiterrorista han explicado que el informe policial, remitido ya por el Ministerio del Interior a la Fiscalía, considera acreditado que Sortu es una continuación de la ilegalizada Batasuna, como demuestra la presencia de los históricos dirigentes de ésta Rufi Etxeberría e Iñigo Iruin. La Policía asegura que existe un hilo conductor entre Sortu y Batasuna y que, detrás de los promotores del nuevo partido,aparentemente "limpios" y sin conexiones relevantes con la formación ilegalizada, está el entorno político de ETA. El informe policial coincide con lo que el pasado viernes ya dijo el vicepresidente Rubalcaba, cuando afirmó que "es evidente" que Sortu es “continuidad de la ilegalizada Batasuna”. El propio Iruin, en la presentación de Sortu, reconoció que habían adaptado los estatutos del nuevo partido para poder cumplir los requisitos impuestos por el Tribunal Supremo para volver a la legalidad. "La toma de postura frente a la violencia de ETA se convirtióen en problema constituyente para la izquierda abertzale para adquirir personalidad jurídica", afirmó Iruin para justificar la renuncia de Sortu a la violencia como "instrumento de acción política". De hecho, el análisis de los estatutos presentados por Sortu en el Registro de Partidos Políticos no ha arrojado indicio alguno de su ilegalidad y se ajustan de forma escrupulosa a lo establecido en la Ley de Partidos Políticos. En su informe, la Guardia Civil reúne toda una serie de manifestaciones realizadas en los últimos meses por miembros de Batasuna -como el propio Etxebarria o Txelui Moreno, que ya el año pasado anunciaban la intención de "legalizar una marca propia" y cumplir "a rajatabla" la Ley de Partidos-, así como declaraciones policiales de integrantes de ETA que iban en la misma línea. También figuran algunos de los miembros del aparato político de la banda, Ekin, detenidos en las operaciones dirigidas por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska entre los pasados meses de septiembre y enero. Las fuentes de la lucha antiterrorista han asegurado, además, que los informes de la Policía y de la Guardia Civil no están cerrados, ya que cada día se añaden nuevos documentos en los que se analizan los actos o declaraciones públicas de los promotores del nuevo partido de la izquierda abertzale. En cuanto al informe de la Policía nacional es igual de terminante: "El partido político Sortu es una iniciativa que tiene vinculación con lo planteado por ETA y su posterior desarrollo por la estructura dirigente de Batasuna y que ha sido ejecutada bajo su control directo". De modo que, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, que hablan de que el partido está "al servicio" de la banda, sostienen, en casi 80 folios de informes, que ETA concertó con Batasuna la vuelta a la política para la consecución de sus objetivos a través de las instituciones y para lograr una futura alianza de partidos. En cambio, no hay pruebas directas que muestren a miembros de ETA o de la izquierda abertzale hablando sobre un futuro partido que rechaza la violencia terrorista y declara su independencia de la banda únicamente como estrategia. Tampoco hay documentos o declaraciones específicas sobre Sortu. Policía y la Guardia Civil analizan, a partir de los documentos incautados durante los últimos años, sobre todo en 2008 y 2009, la intención de "crear un referente político como instrumento de sucesión de Batasuna". Según indica el informe de la Guardia Civil, para llevar a cabo su proyecto.
Sortu incluye en sus en sus estatutos una referencia al "proceso democrático", términos usados por ETA desde hace más de 15 años para referirse a la consecución de sus objetivos políticos, como también recuerda la Policía en su informe.
Es decir, todos en Interior, el ministro y los dos cuerpos antiterroristas, policía Nacional y Guardia Civil, son coincidentes: Sortu es ETA, nadie lo duda. Otra cosa es que se presente con estatutos “inmaculados” e intachables. Dicho de otro modo, los promotores de Sortu son política y socialmente impresentables. ¿Pueden, sin embargo, promover un proyecto defendible? De ahí que será la justicia la que determine qué se hace con esta opción...

INTERCAMBIO DE ACUSACIONES EN EL CONGRESO.- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confía en que el último alto el fuego anunciado por ETA sea la tregua definitiva. "En su larga actividad criminal, ETA ha hecho dos treguas largas, ahora hay una tercera que ojalá sea la definitiva, eso creo yo", dijo Rubalcaba en el Congreso en la sesión de control al Gobierno, en respuesta a una pregunta del PP sobre el 'caso Faisán'. El vicepresidente y ministro del Interior quiso contar "una historia" al PP sobre ETA y recordó que en la primera tregua, en 1998, el principal partido de la oposición, entonces en el Gobierno, aprovechó para dialogar con ETA con el apoyo del PSOE, y que luego fue rota por la banda terrorista. Y relató que cuando llegó al Ministerio del Interior, tenía la obsesión de que no volviera a ocurrir lo que había pasado durante esa tregua, en la que -según reveló- la banda introdujo cinco comandos en España, y pidió a las Fuerzas de Seguridad que impidieran que ETA se rearmara. "Por eso detuvimos, hemos detenido mucho, y por eso les estamos ganando, porque no creímos a ETA durante la tregua, porque impedimos que pasara lo que pasó en el 98", explicó en referencia al segundo alto el fuego durante 2006 y 2007, cuando gobernaba el PSOE. Rubalcaba dijo al diputado Gil Lázaro, del PP: "Esa es la historia, la que a usted no le gusta escuchar en esta Cámara".
En otro momento de la sesión de control, el presidente Zapatero se enzarzó, como es habitual, con el líder de la Oposición, Mazriano Rajoy. "La economía no permanece quieta", dijo el presidente Zapatero al justificar los presuntos bandazos económicos de su gabinete que le echaba en cara Rajoy. El líder de la oposición enumeró los "vaivenes" que el Gobierno ha dado en su política en los últimos años y ha zanjado que Zapatero "ya no tiene remedio". El líder del PP mencionó algunas de las medidas que el Gobierno ha rectificado a lo largo de la crisis, como el cheque-bebé, la ayuda de 400 euros a parados de larga duración, la bajada de impuestos, la reforma laboral o el sistema financiero, que Zapatero calificó como "el mejor del mundo" en 2008 y "no hizo nada para reformarlo". Rajoy también mencionó el cambio de criterio del PSOE sobre la vida útil de las centrales nucleares y aseguró que "ahora no sé donde estamos" ya que "ha dicho una cosa y la contraria, y la contraria de la contraria", después de que el martes, socialistas, populares y CiU acordaron una enmienda a la Ley de Economía Sostenible que elimina la referencia a los 40 años de vida útil de las instalaciones nucleares. "Yo espero que hoy anuncie, a tenor de la doctrina, que Garoña no se va a cerrar en el año 2013", pidió Rajoy. A su vez, el presidente del Gobierno invocó el informe del FMI, Fondo Monetario Internacional, que reconoce que este organismo internacional no previó la crisis financiera, y defendió que "se puede cambiar de criterio en función de las circunstancias", porque la "economía no permanece quieta, a diferencia de algún líder político que sólo sabe estar quieto y no hacer nada y carece de criterio", refiriéndose al propio Rajoy. El intercambio de acusaciones fue constante en la sesión de control: Rubalcaba acusó al PP de mentir con el Caso Faisán, el supuesto chivatazo al aparato de extorsión de ETA que alertó de una futura operación policial, y tachó al PP de "ruin", acusándole de "robar" con el caso Gürtel. Por su parte, la oposición, pidió la destitución del vicepresidente primero y aseguró que el caso Faisán será "su tumba política". También se evocó el caso de los EREs a falsos prejubilados andaluces, asunto del que dijo Rubalcaba que era la “la segunda vez que trae el asunto este de los ERE de Andalucía y hacer esa comparación es ruin"."Cuando la escuchaba, dijo a Sánez de Santamaría, se me ocurría una respuesta inmediata: coger los cientos de millones de euros de la trama Gürtel, dividirlos por el salario mínimo de un español, y averiguar el número de desempleados que podíamos haber contratado en España si ustedes no hubieran presuntamente robado". Sáenz de Santamaría había asegurado que mientras los autónomos ya saben que no vale la pena "esperar nada nuevo del Gobierno", en Andalucía, "se cobra la prejubilación aunque no se haya trabajado nunca" y los fondos para potenciar la creación de empleo se conciben como "fondos de reptiles". A Rubalcaba le respondió el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro quien dijo que el Ejecutivo "se ha manchado solo a base de mentir", para preguntar a continuación por el caso Faisán y acusar al ministro del Interior de "enfrentar a unos policías con otros", en referencia a las acusaciones mutuas que se han lanzado ante el juez Pablo Ruz algunos de los agentes implicados en el supuesto chivatazo. Gil Lázaro conminó a Zapatero a "cesar de inmediato" a Rubalcaba por haberle ocultado "semejante escándalo". Le replicó Rubalcaba: “Estamos ganando a ETA", dijo, antes de explicar que, durante el último proceso de paz, se intentó evitar que la banda terrorista se rearmara, a diferencia de lo que ocurrió en 1998 con José María Aznar al frente del Gobierno. En esta estrategia enmarcó también las detenciones de los etarras implicados en el aparato de extorsión de ETA pese al chivatazo. No fueron ninguna rectificación de un "dolce far niente" ( dulce no hacer nada ) anterior, acusó. Al contrario: "Estamos ganando porque no que creímos a ETA durante la tregua". "En su larga actividad criminal, ETA ha hecho dos treguas largas, ahora hay una tercera que ojalá sea la definitiva, eso creo yo", confió Rubalcaba.
No suelen defraudar al respetable las invectivas de cada miércoles en la sesión de control...

AHORA SE VISLUMBRA UN PACTO DE ESTADO ENERGÉTICO.- Como era de esperar, el Gobierno y los principales grupos políticos de la oposición aprobaron el martes en el Congreso suprimir el tope de 40 años de vida útil de las nucleares, que figuraba en la ley de Economía Sostenible, explica este miércoles la crónica de La Vanguardia, que había anticipado al martes este resultado. La enmienda transaccional, que llegó del Senado ya pactada, no admitía modificaciones. Sólo se podía votar a favor o en contra. El PSOE, PP, CiU, PNV y CC respaldaron la modificación pactada en la Cámara Alta; ERC, IU, ICV, BNG, UPyD y Nafarroa Bai votaron en contra. De 344 diputados presentes, 334 votaron a favor y diez en contra. Por primera vez, los grandes partidos políticos se ponen de acuerdo en esta legislatura en uno de los temas más polémicos en materia energética: las centrales nucleares. Al ser un tema tan polémico, había tres enmiendas distintas procedentes de PP, CiU y PNV. Hubo que consensuar un texto único, que elimina la referencia de los cuarenta años y deja patente que hay que contar con las plantas nucleares para el futuro mix energético. El texto aprobado recoge explícitamente que será el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que emita un dictamen, como organismo independiente, a partir del 2020. Ahora también lo emite, pero no es vinculante para el Ejecutivo salvo que el dictamen sea negativo. Serán los titulares de las centrales nucleares (las empresas eléctricas, especialmente Endesa, Iberdrola, así como Gas Natural- Fenosa e Hidrocántabrico) los encargados de solicitar la prórroga del tiempo de actividad en función de la demanda, la seguridad de suministro y los coste de generación, entre otros. Este consenso a favor de alargar la vida útil de las centrales nucleares –principal línea roja entre los dos grandes partidos– podría implicar que el malogrado pacto de Estado en materia energética (anunciado a finales de junio del año pasado por Miguel Sebastián y Cristóbal Montoro) resurja. La subcomisión de Industria del Congreso subrayó a finales del año pasado que el Ejecutivo tiene que diseñar la estrategia elegida por España a seguir durante los próximos 20 o 30 años en esta materia, independientemente del color político del Ejecutivo, ya que hay muchas inversiones en juego. Tras la información publicada el martes en La Vanguardia saltó la polémica de si la medida afectaba o no a la central burgalesa de Garoña, cuyo cierre está previsto para dentro de dos años. En opinión del portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, el gobierno de turno, tras las elecciones generales de marzo de 2012, tendrá potestad para replantearse su cierre. Esta visión no fue compartida por Josu Erkoreka, portavoz del PNV, que manifestó que el acuerdo alcanzado “excluía explicitamente Garoña”. El nuevo texto no hace ninguna alusión. Cada una de las ocho centrales que hay ahora operativas tiene que renovar su licencia cada diez años. Por ello, en el 2009 ya se decidió que a la planta burgalesa se le concedian cuatro años más de vida. Es decir, en lugar de cerrarse en el 2011, cuando cumplía la cuarentena, se echará el cerrojo en el año 2013. Varios miembros del Gobierno hicieron declaraciones para defender su postura. El ministro de Industria, Miguel Sebastián, hizo hincapié en que la primera palabra siempre la tiene el CSN y “a partir de ahí el Gobierno es el que decide en función de unos condicionantes de seguridad, económicos, sociales y medioambientales”. En la misma línea el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, negó que se haya producido un cambio de postura por parte del PSOE. Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP, aprovechó para criticar la “absoluta falta de criterio del Gobierno en política energética”. Con este acercamiento de posturas, las formaciones políticas tienen la llave para sellar el pacto energético.

CAMPS SERÁ EL CANDIDATO PARA VALENCIA.- Según una crónica política de El Confidencial, el líder del PP, Mariano Rajoy, ha tomado una decisión definitiva respecto de la candidatura de su partido en la Comunidad Valenciana: el cabeza de lista será Francisco Camps, pase lo que pase “y le pese a quien le pese”, según señalaron a este diario fuentes de toda solvencia de la Dirección del PP. La decisión de Rajoy zanja el debate sobre la candidatura de Camps en el seno de su partido. Ahora sólo falta que lo designe el Comité Electoral Nacional, cosa que hará en breve. No será este jueves -cuando se reúne para designar la candidatura de Cospedal en Castilla-La Mancha-, pero sí en una próxima reunión que se celebrará a finales de este mes o la primera semana de marzo. Camps será, por tanto, candidato, independientemente de la decisión que tome el juez Flors sobre la causa abierta contra él por los trajes supuestamente regalados por Orange Market, una de las empresas de la trama Gürtel. Según estas fuentes, muy próximas al líder del PP, “Camps ha sido objeto de una campaña de acoso brutal, que al final ha acabado en una simple denuncia por cohecho impropio”, y esa es razón más que suficiente para que Rajoy haya tomado definitivamente la decisión de hacerle candidato. De hecho, y siempre según estas fuentes, el propio Camps acordó con Mariano Rajoy que sería el lunes por la tarde cuando el Comité Electoral Regional le propusiera como candidato. Según fuentes del PPCV, corroboradas ayer por algunos dirigentes del PP nacional, como la portavoz parlamentaria Soraya Sáenz de Santamaría, la convocatoria de esa reunión, que cogió a todo el mundo por sorpresa, se había negociado el día anterior, domingo, con la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato. Sin embargo, otras fuentes señalaron que fue el mismo lunes por la mañana cuando Camps llamó a Rajoy para informarle de sus intenciones. En cualquier caso, la intención de Génova era no aparecer como la víctima de un nuevo desafío: “No ha habido desafío, ni pulso, porque Rajoy supo en todo momento lo que iba a pasar”, señalan las fuentes de este diario. ¿Por qué, entonces, se ha tardado tanto en designar a Camps? La razón hay que encontrarla en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción al juez Flors, en el que se rebajan al mínimo las expectativas de delitos por los que se iban a encausar a Camps. “La Fiscalía ha renunciado a acusar de cohecho propio a Camps, y tampoco le acusa de financiación ilegal, ni de enriquecimiento personal, sino que se limita a los trajes de siempre, es decir, a un delito de cohecho impropio contra el que ya ha sentado doctrina el Tribunal Supremo en el caso de José Bono”. Es más, según recuerdan estas fuentes, la Fiscalía ni siquiera tiene en cuenta el famoso informe policial que en su día esgrimió el portavoz socialista Ángel Luna en las Cortes valencianas, sobre la supuesta financiación ilegal del PP valenciano.

LA TENSIÓN DE CAMPS Y RAJOY.- Libertad Digital también dedica un análisis a la situación de Camps en el PP. Nunca en el PP lo dicho públicamente ha distado tanto de lo que verdaderamente se piensa como con el futuro político, marcado irremediablemente por el judicial, de Francisco Camps, quién ha optado por presionar -ya sin medias tintas- a Mariano Rajoy a fin de que le proclame oficialmente candidato a la Generalidad valenciana. Tal es el abismo entre la declaración pública y la privada, que mientras en los pasillos se confiesa el "terror" a lo que pueda pasar de aquí a la cita con las urnas, ya con el micrófono abierto se pone "la mano en el fuego" por la inocencia del barón regional, independientemente de lo que dicte la Justicia. El motivo, explican fuentes autorizadas, es que la orden de Rajoy no ha variado su curso: defensa cerrada hacia Camps, descartando -eso sí- poner fecha a su proclamación. Y es que el líder del PP "no cree que por tres trajes se le debe de hacer un daño tan irreparable", si bien "hay que esperar acontecimientos", según sostiene un colaborador íntimo. Debido a ese apoyo, al menos público, este martes los primeros espadas han salido en defensa de Camps con el objetivo de contrarrestar la imagen de división protagonizada, a consecuencia de que el Comité Electoral del PPCV designara al presidente candidato sin el aval de Génova. "Estamos convencidos de su inocencia. Tomar una decisión en contra de esta convicción es arriesgarnos mucho a ser injustos", proclamó el valenciano Esteban González Pons, en declaraciones a Catalunya Radio. En consonancia, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, llegó a negar la realidad al asegurar que "la dirección regional de Valencia" convocó al órgano interno "a instancias de la dirección nacional", extremo que fuentes solventes niegan a Libertad Digital. Para rematar el dispositivo de emergencia montado por el aparato popular, el vicesecretario general Javier Arenas sentenció: Génova "no se plantea ningún escenario político donde Camps no sea candidato". Cerrados los micrófonos, una versión bien distinta, y en la línea de que el presidente valenciano es "el último gran problema" de Rajoy de cara a los comicios venideros, una vez solucionado el "pastelón" de Asturias. "Hay que recordar los tiempos de Rajoy, y que las decisiones difíciles siempre las deja para el final. Yo creo que Camps va a ser candidato, pero también se creyó en su día que Bárcenas iba a seguir siendo tesorero", afirma un dirigente popular, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. En la Carrera de San Jerónimo, los propios diputados valencianos muestran su pesimismo y advierten de noticias de "desesperación" desde la Comunidad Valenciana, "donde muchos alcaldes están con miedo a hacer campaña por Camps porque no saben si finalmente va a ser candidato". Pero a falta de ese movimiento judicial que haga modificar la estrategia de Rajoy o de ese dirigente político que diga con nombres y apellidos lo nocivo que Camps podría ser para los intereses electorales del PP, el jefe del Ejecutivo valenciano ha visto en las palabras de Pons, Sáenz de Santamaría y Arenas motivos suficientes para definirse como "uno de los políticos con mayor respaldo en la historia de las democracias occidentales". "Esta mañana, ayer y en los últimos meses", según Camps, ha contado con el respaldo de la dirección nacional, y por ello ha restado importancia al hecho de que todavía no haya sido ratificado: "Se desarrollará en función de la estrategia que vaya marcando", apuntó. Eso sí, como no hay dos sin tres, no tuvo empacho en volver a presionar a Rajoy al recordarle que siempre le ha sido "fiel" así como un "leal colaborador". En este sentido, en mayo de 2010, Camps llegó a decir: "Asumí el reto de liderar el PP nacional" tras la segunda derrota electoral de Rajoy, en clara referencia a que, sin su apoyo, hubiera tenido muchas dificultades para la reelección. 

LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO.- Asegura el diario Público que el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) decidirá antes de las elecciones autonómicas y locales del 22 de mayo si investiga la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de la trama Gürtel. Así lo confirmaron ayer a Público fuentes del tribunal, que expresaron, no obstante, sus cautelas ante la posibilidad de nuevas demoras. En teoría, el último trámite previo a la toma de decisión quedará concluido a comienzos de marzo. Desde que, hace 23 meses, el juez Baltasar Garzón remitió al TSJCV lo investigado en relación a aforados de esa comunidad, el tribunal valenciano se ha negado con uñas y dientes a indagar más allá de los trajes regalados a Camps. Y ello pese a que distintos informes policiales, de Hacienda y de la Intervención General del Estado (IGAE) sostienen que hubo financiación ilegal y contratos amañados. Esos informes cifran en 2,5 millones el dinero ocultado a Hacienda por el PP en 2007 gracias Orange Market, la franquicia valenciana de la red corrupta. En un lustro, obtuvo siete millones de euros en contratos de la Generalitat. Las fuentes del caso consultadas difieren sobre cuál será la decisión del TSJCV respecto a la financiación del PP. Nadie considera verosímil que el tribunal repita la táctica del cerrojazo alegando que no hay indicios de delito. Pero hay quien teme que intente zafarse enviando el caso al Supremo. Si eligiera esa opción, el TSJCV se arriesgaría a un segundo varapalo. El primero se produjo en mayo de 2010, cuando el Supremo le obligó a reabrir la causa de los trajes, al que, con el voto de su entonces presidente, Juan Luis de la Rúa, el juez amigo de Camps, el TSJCV había archivado en agosto de 2009. Antes de cerrar las diligencias, De la Rúa había recibido el primer informe policial sobre financiación ilegal. Y lo despreció. Desde diciembre, tras la toma de posesión de su nueva presidenta, Pilar de la Oliva, el TSJCV ha mantenido incólume la premisa que guió a De la Rúa: que el regalo de trajes a Camps por parte de Orange Market no guarda relación con los contratos obtenidos por Orange Market ni con el dinero negro con el que el PP pagó presuntamente actos electorales a la empresa. Esa es la línea que impuso De la Rúa cuando prohibió investigar más allá de si, aceptando trajes, Camps incurrió en cohecho impropio, penado sólo con multa. Según el juez Pedreira, se cometieron infracciones penales mucho más graves, entre ellas soborno, delito electoral, delito fiscal y prevaricación. El PP, que en Madrid lleva año y medio torpedeando desde la "acusación popular" las investigaciones de Pedreira, ha comenzado a aplicar en Valencia la misma táctica. De hecho, los conservadores recurrieron la inhibición del magistrado madrileño en favor del TSJCV para lo relativo a los aforados valencianos. No lograron tumbarla pero sí ganar tiempo: cuatro meses. Pedreira se inhibió en mayo pero el recurso del PP impidió que su resolución fuera firme hasta que, el 30 de septiembre, la Sala del TSJ de Madrid la confirmó sin opción a nuevas impugnaciones. En diciembre, el PP solicitó al juez que dejara en suspenso el envío de documentación al tribunal valenciano hasta que todas las partes personadas pudieran analizarla y concluir qué papeles debían remitirse. Pedreira accedió. Y ha puesto la información en manos del casi centenar de personados para que hagan sus peticiones. Pero esa tarea no estará acabada hasta comienzos de marzo, según fuentes del Tribunal Superior de Madrid. Según fuentes del TSJ valenciano, cumplido ese trámite la Sala que preside De la Oliva adoptará su decisión. Luego, remata el diario Público el trabajo recordando los “veintitrés meses mirando a otro lado”, desde el 5 de marzo de 2009, cuando el juez Garzón se inhibe en favor del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) y señala ya indicios de financiación ilegal. El 21 de abril de 2009, el TSJCV acepta investigar, pero sólo el regalo de trajes. El 3 de agosto de 2009, el TSJCV archiva el caso. Acababa de recibir un contundente informe policial sobre la financiación ilegal. El 12 de mayo de 2010, el Supremo obliga al TSJCV a reabrir el ‘caso de los trajes'. A las dos semanas, Hacienda reafirma los indicios de financiación ilegal. El 30 de septiembre de 2010, el Tribunal Superior de Madrid confirma la inhibición del juez Pedreira sobre los delitos vinculados al PP de Valencia. El 27 de enero de 2011 El juez Flors da por concluida la instrucción del ‘caso de los trajes' y comienza los trámites para abrir el juicio oral a Camps por cohecho impropio.

RATO PRESIONA A SALGADO SOBRE LAS CAJAS.- Rodrigo Rato se ha convertido en el paladín de las cajas de ahorros en su lucha por dulcificar el Real Decreto-Ley de recapitalización y su objetivo tiene claros tintes políticos: retrasar el proceso todo lo posible para alcanzar la fecha de las elecciones generales (marzo de 2012) y que sea un PP previsiblemente vencedor el que culmine el proceso, según fuentes cercanas al presidente de Caja Madrid-Bancaja, según se cuenta en El Confidencial. Por eso, se añade, el gran caballo de batalla de las negociaciones que mantiene la CECA con Economía es el plazo para cumplir con el famos requisito del 10% de capital básico. "Septiembre es un plazo muy corto y no da tiempo a que todas salgan a bolsa o capten inversores, y si lo hacen a la vez las valoraciones se desplomarán; Rato necesita alargarlo como sea", señala una de las citadas fuentes. Según fuentes cercanas a las conversaciones, el Ejecutivo es bastante receptivo a esta propuesta y, de momento, admite que las entidades que estén negociando con inversores o en proceso de OPV en septiembre (el tope anunciado hasta ahora) puedan culminar la recapitalización en diciembre. La razón es que el PSOE no tiene apoyos suficientes para sacar adelante el Decreto en el Congreso, ante la oposición anunciada por PP y CiU. Pero si Rato logra un acuerdo de la CECA con el Ejecutivo, el PP no tendrá más remedio que apoyarlo. "Además, Zapatero no ve con malos ojos que el PP tenga que cargar con el coste político de cargarse a las cajas y quitar el poder a los barones regionales", añade otra de las fuentes. El PP rechaza el planteamiento actual del Gobierno porque entiende que lo que hace falta es transparencia y un saneamiento integral del sistema financiero. Sólo después de hacer eso, se debería dar capital público a las entidades a las que este proceso deje por debajo de los estándares de solvencia, a su juicio. Este alargamiento de los plazos y la máxima flexibilización posible del cálculo del capital serán las dos cuestiones que Isidre Fainé (presidente de La Caixa) tratará de arrancar hoy a Elena Salgado en un encuentro que mantendrán ambos aprovechando la asamblea genera de la CECA. "El papel de Fainé es de mero embajador, porque el que lleva la voz cantante es Rato", señala una de las fuentes. Con esto, el ex vicepresidente del Gobierno "ha vuelto al terreno donde mejor se mueve, la política, y ahí es donde puede conseguir una victoria que tiene muy difícil en la arena financiera si el Decreto no se modifica", añade. En esta clave es como debe interpretarse la decisión de Rato de suprimir el bonus de 25 millones a su antecesor, Miguel Blesa, y a otros nueve altos cargos de la caja: como un gesto político para facilitar la negociación con el Gobierno. Un gesto muy significativo en un momento en que el Gobierno vende la austeridad como su principal virtud y que ha tenido un enorme impacto mediático al tratarse de un tema tan sensible y que se presta fácilmente a la demagogia. El BFA, el banco formado por la unión de Caja Madrid, Bancaja y otras cinco pequeñas cajas trabaja a toda máquina para preparar su salida a bolsa: ya ha elegido al banco agente de la operación -Lazard, la anterior casa de Rato- y a los asesores Uría y Menéndez y Deloitte, como adelantó ayer El Confidencial), y está seleccionando a los bancos de inversión. También está manteniendo contactos preliminares con inversores internacionales. Pero Rato lo va a tener muy complicado para conseguir levantar todo el capital que necesita para cumplir los requisitos del Gobierno y sanear del todo la entidad, unos 4.000 millones según distintas estimaciones. Máxime si el plazo es tan corto y si el resto de grupos de cajas van a tener que vender acciones al mismo tiempo. 

LAS CCAA PRESIONAN, SE´GUN PÚBLICO.- La reforma del sistema financiero español que el Gobierno aprobará el viernes está resultando peliaguda y aunque parece que son las entidades afectadas las que más están peleando contra las nuevas exigencias, son las comunidades autónomas las que están planteando la guerra más dura ante el Ministerio de Economía porque esta reforma menoscaba mucho su poder. La pretensión de los gobiernos autonómicos es que los requisitos de solvencia se moderen lo máximo posible para intentar que haya un mayor número de cajas que no tenga que convertirse en banco y puedan seguir bajo su supervisión, en lugar de pasar a Economía. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es uno de los que más se está fajando en esta pelea. Él no luchó a muerte para conseguir que las dos cajas regionales se fusionaran para que ahora llegue una normativa y les obligue a convertirse en banco y a fusionarse con otra entidad para poder cumplir los nuevos requisitos. Feijóo admitió ayer que trabaja “en silencio y con determinación” para intentar “buscar un escenario razonable” en el sector. Desde la Comunidad de Madrid y Catalunya también están llegando muchas presiones. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, reconoció ayer haber mantenido el lunes una conversación con Elena Salgado en la que le pidió que cuando se nacionalice una caja no se expediente a sus directivos, sino que sólo se limite el reparto de dividendos y los bonus. Además, consideró imposible garantizar la salida a bolsa de los nuevos bancos de las cajas antes de septiembre. Precisamente, los plazos de entrada en vigor de las nuevas exigencias es una de las cuestiones que más debate está generando. Inicialmente, se establecía que septiembre era el plazo límite para tener en marcha el plan con el que elevar la solvencia y ahora se negocia dar más de plazo a las cajas para salir a bolsa dado que acumular todas las colocaciones en tan corto periodo les obligaría a reducir mucho su precio para conseguir vender sus títulos. Fuentes cercanas a los reguladores aseguran que no habrá una fecha límite concreta pero que es previsible que no puedan hacerlo más allá de final de año. Por otra parte, Caja Madrid ratificó que no piensa pagar el bonus de 25 millones a diez directivos y exdirectivos aunque en el Informe de Gobierno Corporativo aseguró que el consejo de administración únicamente se limitó a aplazar la decisión, en lugar de aprobar su supresión. Enrique de la Torre, un directivo muy cercano a Miguel Blesa, sí cobró su parte del bonus cuando se jubiló. Percibió 2,782 millones por ese concepto, más 1,993 millones por indemnización por cese. Los diez principales altos cargos de la caja cobraron el año pasado 11,75 millones de euros, un 5,4% menos que en 2009. Además, Miguel Blesa percibió 2,8 millones a cambio de no trabajar en dos años en otra entidad, al tiempo que Juan Astorqui recibió un millón y Ricardo Morado, 1,7 millones como indemnización por cese. En este proceso de reforma del sector financiero, CatalunyaCaixa aprobó convertirse en banco el mismo día que dimitió Fernando Casado como presidente y se nombró sustituto a Manel Rosell, informa Gloria Ayuso.

PLAZOS MÁS AMPLIOS A LAS CAJAS.- Dice, a su vez, El Periódico de Cataluña, que las cajas perdieron la primera batalla, pero podrían ganar la segunda. El Gobierno, pese a sus peticiones, impondrá un requisito de capital mayor (10%, frente al 8% del resto) a las entidades de ahorro que no coticen en bolsa o incorporen inversores privados y cuya liquidez dependa en más del 20% de los mercados mayoristas. Pero está estudiando ampliar el plazo que les dará para alcanzar ese nuevo nivel, que en principio iba a ser hasta septiembre. La decisión es tan relevante que la va a adoptar directamente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras escuchar a la vicepresidenta económica, Elena Salgado, y al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, según apuntaron ayer fuentes del Ejecutivo. La ministra de Economía, Elena Salgado, anunció ayer en Bruselas que el viernes se llevará al Consejo de Ministros el decreto en el que se concreta la reforma de las cajas. Tanto el sector del ahorro como algunos grupos parlamentarios que el Gobierno quiere convencer para que le brinden su apoyo, como CiU, han reclamado al Ministerio de Economía ese plazo mayor. "Es imposible garantizar la admisión a cotización a bolsa o la entrada de inversores privados antes de septiembre", defendió ayer Josep Antoni Durán Lleida, portavoz de CiU en el Congreso, para quien lo que se debe exigir por esas fechas es la "voluntad manifiesta" de cotizar o incorporar accionistas privados.

PUJOL DENUNCIA UNA CAMPAÑA CONTRA CATALUÑA.- El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, considera que existe "un plan o una acción general y sistemática" para deformar la realidad y la imagen de Cataluña en el que participan "partidos políticos, instituciones del Estado, medios de comunicación y opinión púbica"., según publica La Vanguardia este miércoles. A través de un editorial en el boletín electrónico del centro de estudios que lleva su nombre, Pujol considera que el proceso de "asfixia" de Cataluña es más "radical y generalizado" de lo que muchos habían pronosticado. A su juicio, esta situación "o forma parte de un plan o bien es fruto de una acción muy general y sistemática de deformación de la realidad y de la imagen de Cataluña, o probablemente, de las dos cosas a la vez". Pujol remarca que el concepto de solidaridad territorial "se aplica cada vez de una forma más injusta" para Catalunya y de este modo se derrumba la "base ética del sistema" autonómico. Afirma asimismo que pese a la problemática económica y ética que genera la relación entre Cataluña y España, el problema de fondo es político y plantea que esta relación "tan solo puede ser fruto de la imposición". El ex presidente de la Generalitat considera un hecho positivo que mucha gente se haya dado cuenta de que del Estado español ya "no se puede esperar ni comprensión ni justicia", más allá de que existan más independentistas, un factor que Pujol da por hecho. Para el presidente de CiU, la comprensión del problema político entre Cataluña y España ha sido positiva ya que ha permitido a los catalanes "cambiar su estado de animo" en un doble sentido. En primer lugar, cree que los catalanes son conscientes de la situación, no esperan un cambio y han optado por seguir adelante, y en segundo lugar, el ex presidente de la Generalitat constata la existencia de un "gran número de activos" que muestran no tan solo la "voluntad de resistencia" del pueblo catalán, sino también la "de crear y generar iniciativas".

EL BULO-CALUMNIA DE ESPADA CONTRA CERCAS.- Ha denunciado el diario El País que el periodista Arcadi Espada publicó el martes en el diario El Mundo una columna en la que difundía la falsa noticia de que el escritor Javier Cercas había sido detenido en el barrio madrileño de Arganzuela durante una redada contra una red de prostitución la semana pasada. La noticia circuló rápidamente por Internet y se convirtió en objeto de comentarios. El origen era un invento total. "Ni he estado nunca en Arganzuela ni me ha detenido la policía ni tengo nada que ver con eso. Es falso. No doy crédito. Esto no es humor, es una calumnia", protestó un "abrumado" Cercas en conversación con El País. La columna de Espada, ubicada en un espacio de opinión, daba detalles que no permitían adivinar que todo era un bulo. Hacía referencia a una operación policial que efectivamente existió -fueron detenidas 28 personas-, y sugería falsamente que la implicación de Cercas había sido publicitada por una cadena de televisión. Arcadi Espada y Javier Cercas han mantenido -entre otras- una polémica pública a cuenta del uso de la ficción en el periodismo. Espada ya atacó en su día a Cercas por introducir elementos no reales en su novela Soldados de Salamina. Y, el pasado domingo, Cercas publicó una tribuna en este diario en el que defendía que, en ciertas ocasiones, el periódico pueda albergar artículos en los que "no todo lo que se cuenta responde a la verdad de los hechos". Lo hacía después de que el filólogo Francisco Rico utilizara ese recurso en otro artículo de opinión, donde atacaba la Ley del Tabaco y advertía que él no había fumado nunca, cuando en realidad es conocido que sí fuma y mucho. Arcadi Espada se negó ayer, a preguntas de El País a precisar si lo que escribió en El Mundo pretendía ser ficción o realidad. "Mi columna está inspirada en la certeza de que Javier Cercas tiene razón desde hace años. Y el domingo pasado, en la tribuna que escribió en El País, volvía a tener razón. Yo me he dado cuenta ahora, quizá tarde. Mi columna es un acto de contrición por mi parte", afirmó con mal disimulada ironía. Tras saber que Cercas se consideraba calumniado, añadió: "La figura de la calumnia está en manos de los jueces. Él tiene abiertas las puertas de los juzgados". Algo que el autor de Anatomía de un instante no descarta. "Estoy estudiando ir a los tribunales o hacer un pronunciamiento público", adelantó Cercas. "Desisto de dialogar con Espada. Con él es imposible el diálogo. Es un fanático, un talibán. ¿Cuánto odio es necesario para que alguien quiera cargarse tu reputación ante tu familia y tus amigos? Me da pánico". En su tribuna del pasado domingo, Cercas defendía lo que había hecho Francisco Rico -asegurar en el periódico que no fumaba, dando así más fuerza a sus argumentos contra la Ley Antitabaco, a pesar de que sí fuma- con esta reflexión: "Si aceptamos que la historia es, como dice Raymond Carr, un ensayo de comprensión imaginativa del pasado, quizá debamos aceptar también que el periodismo es un ensayo de comprensión imaginativa del presente. La palabra clave es 'imaginativa'. La ciencia no es una mera acumulación de datos, sino una interpretación de los datos; del mismo modo, el periodismo no es una mera acumulación de hechos sino una interpretación de los hechos. Y toda interpretación exige imaginación". Cercas sabe que el ataque de Espada es una respuesta a ese artículo, pero sostiene que nada tiene que ver una cosa con la otra: "No sólo no me replanteo lo que dije sino que me reafirmo. Lo de Rico era un chiste evidente y no hacía daño a nadie ni afectaba a sus argumentos. Esto es una calumnia. Si no somos capaces de ver la diferencia, yo me retiro. Yo siempre defenderé el derecho a la ironía, al humor. Si no podemos usar el humor, estamos sometidos a la tiranía de lo literal. Pero esto es una calumnia".

CIU FICHA AL PP CATALÁN.- Según Libertad Digital, el Gobierno de la Generalitat ha lanzado sus redes sobre algunos de los más destacados dirigentes del PP en Cataluña de la última época de Aznar. Al nombramiento de Josep Martí como secretario de comunicación del gobierno autonómico se sumará la próxima semana la designación de Susana Bouis como directora general de la función pública. Al mismo tiempo, históricos como Manuel Milián Mestre (el hombre de Fraga en Cataluña) y ex fichajes de postín como Montserrat Nebrera (a la que atrajo al partido Josep Piqué) han mostrado en las últimas semanas su apoyo a las tesis independentistas. Nebrera, que obtuvo menos votos en las últimas elecciones catalanas que Carmen de Mairena, ha dado su apoyo a la plataforma que organiza los referéndums ilegales para la independencia de Cataluña, mientras que Milián Mestre teoriza sobre el maltrato fiscal y político a Cataluña por parte de Madrid. En cuanto a Bouis y Martí, ambos tuvieron papeles de cierta relevancia en Cataluña durante el último Gobierno del PP. Martí fue responsable de comunicación de la subdelegación del Gobierno de Tarragona y se le asoció al ala catalanista del PP en tiempos de Piqué. Entre sus rasgos biográficos más destacados cabe subrayar que fue autor del libro Eres de derechas y no lo sabes. En cuanto a Susana Bouis, esposa de Martí, fue la última delegada del Gobierno en Cataluña nombrada por Aznar. En su currículo destacan las labores de asesoría al ex diputado independentista Josep Maria Reguant, que también fue dirigente anarquista y autor del libro Marcelino Masana: ¿terrorismo o resistencia?. El nombramiento de Bouis se producirá la próxima semana.

LAS DEUDAS QUE ACUMULA LA NUEVA RUMASA..- El juzgado de primera instancia número 67 de Madrid ha ordenado el embargo a Clesa (Nueva Rumasa) de bienes muebles e inmuebles y de una cuenta bancaria, a través de las que le paga la distribución, hasta un importe de 36 millones de euros, según cuenta Libertad Digital. El procedimiento se ha iniciado tras la reclamación que ha interpuesto el banco escocés Royal Bank of Scotland, que concedió un préstamo a Clesa por dicho importe. Clesa se ha opuesto a este procedimiento de embargo (lo que lo paraliza cautelarmente), que consiste en la ejecución de títulos no judiciales suscritos ante notario. Se trata de un préstamo financiero con escritura pública y, por tanto, ejecutable, que es precisamente lo que ha solicitado el banco escocés al juzgado. La entidad financiera ha pedido el embargo del montante principal de ese préstamo -que supera ligeramente los 31 millones de euros- más los intereses, lo que en total suma 36 millones. La oposición de Clesa paraliza cautelarmente el embargo y ahora es el juez el que tiene que señalar una vista de confrontación en sede judicial, según han explicado fuentes conocedoras del proceso. Por su parte, el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, ha subrayado a Efeagro que "es un intento que ha tenido el Royal Bank of Scotland y que el juez de momento no ha procedido... Hay una orden de embargo que luego se echa para atrás". Ruiz-Mateos ha destacado que se trata de la "renegociación de un crédito que tenemos en marcha con el Royal Bank of Scotland y en esa renegociación hay una serie de discrepancias y nos estamos defendiendo". Pero no es el único caso de problemas financieros que afecta a Nueva Rumasa. Varias entidades, entre las que se encuentran Banco Popular y la Seguridad Social iniciaron también el año pasado varios procesos judiciales para reclamar deudas contraídas por Grupo Dhul y Cacaolat, empresas que forman parte del grupo agroalimentario. Tales reclamaciones, junto a la de RBS contra Clesa, suman más de 45 millones de euros, según informó el martes Expansión. Estas acciones se saldaron con el embargo preventivo de, al menos, 16 propiedades de estas tres sociedades de Nueva Rumasa, además de una de Hibramer (productor de huevos), según consta en los documentos inscritos en el Registro de la Propiedad. Sin embargo, "hemos llegado a acuerdo en todos los casos y la situación registral no coincide con la realidad", asegura un abogado de la compañía de Ruiz-Mateos, que explica que estas cargas aparecen vinculadas a las propiedades porque todavía no se han actualizado los datos.

MÁS POBRES Y MAYOR POBREZA.- El incremento récord de los precios de los alimentos han arrastrado a 44 millones de personas bajo el umbral de la pobreza en los países en vías de desarrollo. El presidente del Banco Mundial (BM) Robert Zoellick, ha calificado la situación de "peligrosa", y ha urgido a los líderes del G20, que se reunirán dentro de unos días en París, a que consideren la cuestión de los alimentos como tema "fundamental" de su agenda. Según el último informe del BM, los precios mundiales de los alimentos han subido un 15 por ciento entre octubre del 2010 y enero del 2011, lo que significa un 29 por ciento más con respecto al año anterior. "El alza de los precios está empujando a millones de personas a la pobreza, especialmente a los más vulnerables, que gastan más de la mitad de sus ingresos en comida", ha dicho Zoellick. El BM sitúa el umbral de pobreza en unos ingresos de menos de 1,25 dólares (algo más de 90 céntimos de euros) al día.

RETIRAN RECURSOS CONTRA EL CARBÓN.- Las eléctricas han renunciado a que sea la justicia la que dirima sus recientes conflictos con el Gobierno sobre política energética y a propósito del decreto del carbón, cuya finalidad es proteger el consumo de este tipo de mineral producido en explotaciones españolas. Endesa e Iberdrola han decidido retirar sus respectivos recursos contra el decreto y arriar las banderas que en forma de distintas iniciativas procesales habían izado ante diversas instancias judiciales en España y en Europa. La semana pasada ya pidieron al Tribunal de Luxemburgo que retirara las medidas cautelares inicialmente adoptadas contra dicha norma. Y ahora van a renunciar a las demandas que habían planteado ante el Tribunal Supremo y ante la Audiencia Nacional. Hace un mes, por otra parte, la propia Audiencia ya había levantado las medidas cautelarísimas inicialmente adoptadas, lo que removía un escollo para la aplicación del decreto del carbón. El anuncio sobre la retirada de los recursos fue realizado en primera instancia ayer por el presidente de Endesa, Borja Prado, durante una conferencia en la sede de su compañía. Luego se supo que Iberdrola y Gas Natural Fenosa compartían similares criterios. Prado enmarcó esta decisión en un clima de mayor sintonía con el Gobierno. Las eléctricas estiman que el Ejecutivo ha aguzado el oído y el resultado es que en el “tema energético” se han dado recientemente “pasos bastante grandes”.

TAMBIÉN AFRICA NEGRA PUEDE LEVANTARSE.- En África subsahariana hay mil Mohamed Bouazizi. O un millón. El joven tunecino que se inmoló arrancó así la revolución de los jazmines y, de pasó, incendió el mundo árabe no era un caso único. Al revés. África negra está llena de jóvenes con estudios, desesperados por sacar su familia adelante (Bouazizi vendía verduras en la calle) y hartos de humillaciones. Hay mil Bouazizi porque los contextos de pobreza, paro y falta de libertad no son extraños en el continente. Pero ¿esos factores son suficiente para que las revoluciones árabes naveguen Nilo abajo y se expandan en el continente negro? Cuando nadie lo esperaba, Egipto y Túnez dijeron basta a la injusticia y adiós al dictador. ¿Y tú, África negra? -se pregunta, y responde, La Vanguardia. Cuando Ngozi Okonjo-Iwealam, directora ejecutiva del Banco Mundial, atiende a este diario durante unas conferencias en Kigali (Ruanda), deshoja la situación en dos tandas: “Cada país tiene su dinámica y particularidad, pero los gobernantes africanos pueden sacar dos lecciones de lo ocurrido en Egipto y Túnez. La primera es que África es un continente joven, con el 50% o 60% de la población menor de 25 años. Esa juventud puede ser beneficiosa si hay trabajo. Si no, crece la insatisfacción. Hay que educar, pero con un objetivo”. La ex ministra de Exteriores y Finanzas de Nigeria sigue: “La segunda lección es que la libertad de expresión es clave. La gente tiene que sentir que su voz tiene impacto, que puede cambiar las cosas”. Okonjo evita nombres propios, pero los hay. En Zimbabue, donde el veterano Robert Mugabe (la semana que viene cumple 87 años) gobierna desde hace tres décadas, la libertad de expresión es casi tan quimérica como encontrar trabajo: según la CIA, es el país con la tasa de paro más alta del mundo, casi el 95%. La eternidad de Mugabe en el sillón presidencial no es una excepción. En Camerún, Uganda, Angola, Guinea Ecuatorial o Congo llevan más de un cuarto de siglo con el mismo líder. En Togo o Gabón los presidentes son los hijos del antiguo dictador. El ministro de Trabajo de Ruanda, Anastase Murekezi, subraya la importancia de la legitimidad para lidiar con las revueltas. “¿Por qué se levanta un país como Túnez, cada vez más desarrollado y donde la gente no sufre para comer y las mujeres tienen más libertades que antes? Porque no podemos separar el buen gobierno del desarrollo. Sólo desarrollo no es suficiente”. Pero para que el desencanto haga clic hace falta educación. El director del Programa Mundial de Alimentos en Malawi, Abdoulayé Diop, es gráfico en su análisis. “Hay cada vez más licenciados y doctorados africanos pero no se les da salida ni se aprovechan en el desarrollo del país. Es una bomba de relojería, hay que darles una salida”. En 1970 había en toda la región subsahariana sólo 200.000 alumnos de educación superior, hoy hay más de cuatro millones. Aunque siguen siendo pocos (apenas el 6%, cuando en los países árabes el 24% tiene estudios superiores), el crecimiento anual de estudiantes avanzados dobla al de cualquier otra parte del mundo.
También está internet. Las revueltas del norte de África se bautizaron como revoluciones de Facebook o Twitter porque la red permitió organizar la protesta. El ghanés Emmanuel Akwetey, director ejecutivo de IDEG, organización de investigación política y abogacía, dirige hacia ahí sus temores (o esperanzas). “Potencialmente sí puede haber efecto contagio, los líderes de la revolución son jóvenes educados, sin trabajo y que controlan canales como Facebook o Twitter; eso empieza a existir en África subsahariana”, opina. Aunque la tecnología está al alcance de una minoría, las previsiones hablan de un futuro conectado: en el 2015, los móviles con conexión a internet se habrán multiplicado por 22. Pero si la semilla social de las revolución egipcia y tunecina están en África negra, las diferencias dificultan salir a la calle. El norte de África, de mayoría árabe, apenas tiene similitud con la heterogeneidad del África negra, donde además la pertenencia a la propia tribu es más fuerte que la conciencia nacional. Sólo Somalia, Ruanda, Burundi o Botsuana rivalizan en homogeneidad nacional con los vecinos del norte. Luego está el olvido. Hace dos semanas, una periodista francesa de Johannesburgo recibió una llamada de un amigo desde Gabón. “¿Qué demonios hacéis? Aquí estamos saliendo a la calle para protestar y nadie dice nada”, le espetó. La policía disparó gases lacrimógenos y detuvo a treinta personas antes de ahogar la protesta. Unas gotas de los ánimos de cambio en África subsahariana aterrizaron en El Prat ayer, añade el reportaje de La Vanguardia. El escritor y bloguero ecuatoguineano Juan Tomás Ávila Laurel inició el pasado viernes una huelga de hambre contra el régimen de Teodoro Obiang Nguema. “Mi intención es denunciar la corrupción y la penosa situación del pueblo de Guinea Ecuatorial”, explicaba ayer nada más aterrizar en la capital catalana. Aunque en la ex colonia española los ingresos por el petróleo rozan los 5.000 millones de dólares anuales, el 77% de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Ávila Laurel no se atrevió a poner un límite a su acción: “Llegaré hasta donde sea, pero lo importante es que la gente coja el testigo. Yo doy el primer paso para denunciar lo que ocurre, pero desde Guinea Ecuatorial, tienen que empujar; también desde España”. Las revoluciones de Egipto y Túnez le animaron a dar el paso. “Ya pensaba desde hace mucho que había que hacer algo, pero la emoción de ver cómo un pueblo echaba a un dictador sin las armas me da esperanzas y me inspira”, explicó. El autor, de 44 años, cree que en varios países africanos se dan los contextos necesarios para una revolución, pero el olvido facilita la represión. Por eso está en España, para que se escuche su voz. “Si nadie lo sabe, para los dictadores es fácil reprimir al pueblo, por eso estoy aquí, para decir que yo soy sólo uno pero el mundo debe levantarse”.