EL PP VE ALARMANTE LA SITUACIÓN EN MELILLá.-Primero, tímidamente, Cristóbal Montoso, dio a conocer la satisfacción del PP por la intervención del Rey con una llanada telefónica a su amigo y “primo”, el Rey Mohamed VI. Pero a continuación, han sido los también populares Esteban González Pons. Juan José Imbgr4oda, y Gustavo de Arístegui, a la espera de que, probablemente en las próximas horas, sea e propio Mariano Rajoy quien interrumpa sus vacaciones y su silencio para referirse a la situación “en la frontera sur”, es decir, en Melilla… Todos parecen deseosos en el PP de afear la conducta del Gobierno y su pasividad en este episodio de tensiones suscitada por el boicot de productos y por la denuncia de algunas conductas de policías. Y todos han echado mano de terminologías y expresiones “de altísima tensión” y reclamando actuaciones del gobierno mucho más activas.
ALTISIMA TENSIÓN.- Empecemos por el portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui, que ha pedido al Gobierno que defienda "de forma clara y taxativa" que Ceuta y Melilla "no son ciudades ocupadas" como sostiene Rabat. Arístegui ha querido dejar claro que el PP quiere que se mantengan unas "excelentes" relaciones con el reino alauí, algo que no está reñido con que ambos Gobiernos "se puedan decir las cosas con respeto mutuo y claridad".De Arístegui ha llamado la atención sobre la ausencia de respuesta por parte del Ejecutivo español a una cadena de comunicados oficiales marroquíes en los que se hablaba de las ciudades autónomas como localidades "ocupadas". Se refería así a los cinco comunicados que el reino alauí difundió a través de la agencia oficial de noticias MAP en los que acusaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado español de actitudes "racistas" contra ciudadanos marroquíes e inmigrantes subsaharianos en la frontera de Melilla y frente a las costas de Marruecos cerca de Ceuta. Exteriores sólo respondió al primero de ellos. En su opinión, la defensa de los intereses de España y de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "no es incompatible" con el mantenimiento de unas "excelentes relaciones con Marruecos".
CRÍTICAS DE ARÍSTEGUI.- Por eso ha criticado que la "única" defensa que el Ejecutivo ha hecho de la actuación de la Policía y la Guardia Civil en la frontera haya sido, afirma, a través del delegado de Gobierno en Melilla. De Arístegui ve "completamente desaparecido" al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, y a su secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Juan Pablo de Laiglesia, en este "desencuentro" con Marruecos, y ha criticado que el titular de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, no haya contestado a las acusaciones de racismo contra la Policía y la Guardia Civil en Melilla. También ha pedido que se defienda la actuación del conjunto de la plantilla y se censuren, sin paliativos, los carteles vejatorios contra las mujeres policías, que representan además un "problema de seguridad", al mostrar los rostros de las agentes. En este sentido, también se ha preguntado "dónde está" la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que con otras "cuestiones mínimas" ha salido "enseguida a reaccionar" y que está desaparecida ante estas muestras de "machismo inaceptable".
TODO LO HA HECHO MAL.- El portavoz 'popular' cree que el Gobierno lo ha hecho "casi todo mal" en esta crisis, que incluso ha negado, como "negó la crisis" económica, y le ha pedido en definitiva una "reacción firme". De otro lado, espera que las autoridades marroquíes eviten que se hagan realidad las amenazas de bloqueo sobre Melilla por parte de varias asociaciones civiles marroquíes ya que "el bloqueo de una frontera es ilegal", ha advertido.
PONS TAMBIÉN CRITICA.- De otro lado, tampoco ha querido desaprovechar la ocasión de protagonismo personal el vicesecretario del PP Esteban González Pons quien, tras recorrer la frontera entre Melilla y Marruecos, aseguró que la situación es de "máxima tensión" y ha advertido de que así es muy fácil llegar a un "conflicto". En una rueda de prensa junto al presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda, el vicesecretario de comunicación 'popular' ha dicho que en una situación de tensión en la frontera "es muy fácil que se produzca un incidente", y cuando se producen incidentes, ha señalado, es muy fácil que haya un conflicto". Sin embargo, en la frontera de Melilla no se producen incidentes "sólo por lo profesionales que son la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero no puede decirse que el Gobierno esté apoyando en absoluto" a estos cuerpos de seguridad, ha asegurado Pons. Por esta razón, ha exigido al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que antes de viajar el día 23 a Rabat vaya antes a Melilla para "hablar antes" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente con las mujeres policía, que "lo están pasando muy mal" por los ataques de los activistas. Rubalcaba "no puede ir a Rabat sin haber hablado antes con los suyos", ha dicho González Pons, antes de recordarle que él no es el ministro de Asuntos Exteriores.
DEJACIÓN DE FUNCIONES.- El dirigente 'popular' ha acusado al Gobierno de dejación de funciones por no haber enviado a ninguno de sus ministros a Melilla desde que comenzaron a producirse los incidentes en la frontera, razón por la que, asegura, ha tenido que desplazarse él hasta Melilla por orden expresa del presidente del PP nacional, Mariano Rajoy."El Gobierno ha optado por el abandono, por eso ha tenido que ser el PP el que haya venido a decir a los melillenses que España entera está con ellos", ha dicho. Pons también ha pedido a Zapatero que apoye "a los nuestros, que escuche a los nuestros y defienda a los nuestros". En este sentido, el 'popular' ha instado al presidente del Gobierno a que "haga las gestiones diplomáticas que tenga que hacer" sin que exista una "sensación" de abandono entre los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, algo que, según ha dicho, "se está produciendo". Pons ha dicho estar "legitimado" para hablar sobre este asunto después de entrevistarse durante más de una hora con los responsables del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), los cuales han expresado sus quejas de "abandono, falta de atención y de cercanía" por parte del Ministerio de Interior.
ACUSACIONES CONTRA ZAPATERO.- Pons ha acusado a Zapatero de estar más pendiente de los "problemas" que tiene con el Partido Socialista de Madrid que de los incidentes que se están registrando en Melilla. Según Pons, "viendo lo que está sucediendo en Melilla, se confirma que cuando los españoles tienen un problema, no pueden contar con ZP", algo que ha ocurrido en materia económica. El 'popular' ha calificado de "clamoroso" el silencio del Gobierno y de su delegado en Melilla, Gregorio Escobar, al que ha reprochado que no haya emitido "ni una nota de prensa" en apoyo a la Policía Nacional y la Guardia Civil durante estos días. Pons ha recordado a Escobar que "no son buenas doctrinas democráticas" tanto su falta de apoyo público a las Fuerzas de Seguridad del Estado como el hecho de que no esté permitiendo que los periodistas españoles tomen imágenes desde la frontera para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. Asimismo, ha afirmado que con esta visita, que ha realizado junto al secretario de Comunicación del PP, Carlos Floriano, "el PP muestra su apoyo incondicional, definitivo y sin ningún tipo de excusa ni pretexto a la Policía Nacional, la Guardia Civil, los funcionarios de frontera y todos los ciudadanos de Melilla".
PROBABLE RESPUESTA DEL GOBIERNO.- ¿Es tan angustiosa la situación, o son exagerados los planteamientos del principal partido de la Oposición, lanzado en tromba a acusar de negligencia y pasividad al Gobierno de Zapatero, Moratinos, Rubalcaba, Aído…? Con toda probabilidad, el Gobierno se hará oír para dar sus opiniones sobre la actuaciones y “mítines” del PP…
miércoles, 18 de agosto de 2010
martes, 17 de agosto de 2010
LA ANULACIÓN DEN ENCUENTRO DE ZAPATERO Y LOS CONSTRUCTORES. CRÍTICAS A BLANCO POR ANUNCIAR SUBIDA DE IMPUESTOS. RAJOY SE LA JUEGA
OTRA CITA POSPUESTA EN LA MONCLOA.- Después del anuncio de encuentro de Zapatero y Tomás Gómez, pospuesto y desarrollado horas más tarde pero ya sin la expectación periodística inicial, parece haberse producido algo parecido en el encuentro de Zapatero con los “el lobby constructor”, que constituyen los presidentes de las seis grandes firmas del sector, Ferrovial, ACS, Acciona, Sacyr, FCC y OHL. Los diarios que este martes han relatado por qué no se produjo ese encuentro, discrepando sobre las razones. Dice El Mundo que Zapatero intenta desligar sus bandazos del lobby constructor y que suspendió una reunión prevista con los grandes del ladrillo para evitar que se relacione con el globo sonda de la subida de impuestos. Según ABC, Zapatero dejó a los constructores plantados tras citarlos en la Moncloa, y que el presidente iba a explicar las principales empresas del sector sus recortes en obra pública, pero el entorno del presidente alega la filtración de la reunión como causa para aplazarla sine die. Según La Gaceta, Zapatero convocó a los constructores y los desconvocó tres horas después, y habla de descontento por el recorte de la inversión y por los problemas de financiación. Y frente a esas versiones e interpretaciones, discrepa el diario El País, que asegura que fueron los constructores quienes anularon su cita con Zapatero para no parecer pedigüeños. Insiste: El motivo de la anulación del encuentro, dice este diario que cita fuentes gubernamentales, apunta al revuelo informativo y al temor de los constructores a parecer ante la opinión pública como pedigüeños… Pues bien, este miércoles, a las 11.30 iban a visitar el palacio de la Moncloa los empresarios que dirigen las grandes constructoras del país. Se trataba, según el detallado relato de El País, de una reunión convocada hace semanas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a través del ministro de Fomento, José Blanco. El sector trasladaría allí su malestar por el recorte en obra pública. El sector no quería dar la imagen de ir a La Moncloa como "pedigüeños". El presidente dijo hace días que iba a dar buenas noticias a los constructores. Pero a media mañana del lunes, apenas 48 horas antes del encuentro, se desconvocó. La suspensión sine die cogió con el paso cambiado a alguna empresa, inmersa en los preparativos de un documento con las peticiones que presentaría. Fuentes gubernamentales explican que la iniciativa de suspenderlo partió de las propias constructoras, incómodas ante la expectación generada. Al menos dos empresarios trasladaron a La Moncloa la conveniencia de celebrar la reunión en otro momento, pues el debate suscitado en los últimos días acerca de las infraestructuras y la posibilidad de dar marcha atrás en algunos de los recortes anunciados añadía presión a los asistentes, que temían aparecer "como pedigüeños". El encuentro, concebido de forma discreta, adquirió notoriedad al divulgarse el lunes, notoriedad que disgustó a algunos de los empresarios convocados, aseguran las mismas fuentes. "Lo que tiene que saber el presidente de las constructoras ya lo sabe. Dada la expectación generada por un encuentro informal que no supone nada especial, se ha pensado que lo mejor sería dejarlo para otra ocasión", añaden fuentes del sector. Sigue contando El País que “lejos de tomarlo como un desplante a una reunión convocada por el propio Zapatero”, el Ejecutivo pareció aliviado de retirar los focos de un encuentro que, con toda seguridad, iba a centrarse en el indulto a los recortes de la inversión anunciados hace unos días por Zapatero y la asfixia económica que viven las constructoras por las cantidades que les deben los Ayuntamientos. Los ejecutivos iban dispuestos a hablar no solo del clima económico general, sino de su creciente malestar a raíz del anuncio de reducir en 6.400 millones el gasto en obra pública para este año y el próximo. En las últimas semanas, los empresarios y las asociaciones que los representan han emprendido una campaña en la que destacan el importante efecto que el tijeretazo tendrá en el empleo. Calculan que cada millón de euros que se deja de invertir en infraestructuras supone la destrucción de 18 puestos de trabajo. Además, se esfuerzan por difundir que la alta tasa de retorno de las obras hace que el ahorro que consiguen las Administraciones Públicas al suspenderlas resulte mínimo. Para evitar una oleada de quiebras, piden un plan de reestructuración que incluya ayudas fiscales y del ICO. En la cita con el presidente pensaban plantear fórmulas financieras que flexibilizaran la suspensión de inversiones, y que Fomento analizara individualmente cada proyecto que fuera a paralizar para estudiar el impacto que provocaría la decisión. La presión ejercida en las últimas semanas había logrado que Zapatero se interesase personalmente por sus peticiones, lo que le llevó a anunciar que el Gobierno daría "en 10 ó 15 días un cierto alivio a las comunidades autónomas y un empujón importante a las grandes constructoras". Días más tarde, Blanco especificó que las obras indultadas tendrían un importe aproximado de 500 millones de euros, y admitió que el recorte de 6.400 millones es "excesivo" y afecta a obras "singulares e importantes". Pero los gigantes de la construcción no pensaban hablar sólo del recorte de Fomento. También querían plantear un asunto que les preocupa cada vez más: la situación ruinosa de los Ayuntamientos. Las contratas de limpieza, recogida de basura y otros servicios medioambientales reclaman a los municipios una deuda de 3.425 millones. Por eso están tan interesadas en sondear al Gobierno sobre posibles fórmulas con las que los alcaldes -con unos números rojos de casi 30.000 millones- puedan endeudarse más y pagarles. Los municipios piden que el Gobierno elimine la prohibición de incurrir en nuevo endeudamiento a lo largo de 2011 y que cumpla la obligación legal de poner en marcha una línea del ICO destinada a los Ayuntamientos. Entre otras aspiraciones, el sector propone que el Gobierno aumente la inversión en obra pública en los Presupuestos de 2011 a costa de reducir el gasto no productivo. Quiere que se establezcan tasas o peajes vinculados con la prestación de servicios. Reclama prioridad para el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) anunciado en abril, con un gasto de 17.000 millones. También aboga por el aumento de los ingresos públicos por vías como la fiscalidad sobre los carburantes, tabaco, copago sanitario..., la privatización de organismos que prestan servicios públicos, como AENA u otros, incluso en el marco autonómico (televisiones, empresas públicas...). En fin, las constructoras también proponen vías que permitan endeudarse más a los ayuntamientos, para que puedan saldar la deuda de casi 3.500 millones que los municipios tienen con las empresas que les suministran servicios medioambientales.
Como sucedió con Tomás Gómez, en cualquier momento nos enteraremos de que el encuentro se produjo, son mayor expectación ni versiones…
CASI TODOS, CONTRA LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS.- ¿Fue un globo sonda, un preanuncio de lo inevitable y preparación del terreno? Todavía discuten los analistas si el anuncio de José Blanco de que será inevitable subir los impuestos para tener mejores servicios obedecía a alguna de esas razones, y cuál en concreto. Blanco ha sido rebatido y replicado por quienes entienden que ya pagamos demasiados impuestos, que estamos perfectamente al nivel de los restantes países de la UE, y lo que sucede es que el Estado-Gobierno sigue teniendo necesidad de mayores ingresos para afrontar sus insoportables gastos. Pero en medios próximos al Gobierno se insiste en que el Gobierno ultima una subida fiscal que plasme la promesa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de subir los impuestos a quienes más tienen, aunque, a poco más de un mes de que se aprueben las novedades tributarias, el ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco, haya caldeado el ambiente con su "reflexión personal" sobre los tributos que se pagan en España. El planteamiento del ministro de elevar la carga fiscal para equipararla a la media europea ha desatado un alud de críticas en partidos, sindicatos y organizaciones de consumidores, incluso entre los partidarios de subir impuestos. En particular, ha sido crítico el PP, que dice que Blanco suplanta a Salgado y que crea desconcierto. El secretario de Organización del Partido Popular interpretó como "un signo del desconcierto" del Gobierno el hecho de que sea Blanco y no la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, quien prepare el terreno para las subidas de impuestos. Para González Pons, los españoles "están ya muy hartos" de que les suban los impuestos, por lo que reclamó "un cambio de Gobierno". Izquierda Unida, partidaria de elevar la presión fiscal, acogió con recelo el mensaje de Blanco. Se trata de un "señuelo de verano para incautos", juzgó el portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, que recuerda unas declaraciones similares del ministro en agosto del año pasado sobre la conveniencia de subir los impuestos a las rentas más altas y que más tarde se tradujo en la subida del IVA y la desaparición del impuesto de patrimonio. Los partidos clave para sacar adelante las cuentas del Estado tampoco vieron con buenos ojos la reflexión de Blanco. Una subida de impuestos en un contexto de fuertes restricciones del gasto podría llevar al país a una nueva recesión "muy importante", aseguró Pedro Azpiazu, responsable económico del PNV en el Congreso.. Un mensaje similar lanzó Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU, que acusó al Ejecutivo de hacer política fiscal "a golpe de titular". CiU propone rebajas de cuotas empresariales a la Seguridad Social para dinamizar la economía. Más que subir o bajar impuestos, los inspectores de Hacienda reclaman que se aborden "las razones profundas por las que ha caído la recaudación", explica el portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha subraya que la presión fiscal sobre los trabajadores ya es alta y que el problema es la economía sumergida. También los sindicatos esbozaron su alternativa fiscal. UGT abogó por "una reconstrucción global" que recupere el impuesto de patrimonio, eleve el IRPF para las rentas más altas y grave más el capital. UGT aboga por una "reconstrucción global" del sistema tributario. CC OO reclama "un giro en la política fiscal que recupere el carácter progresivo y distribuidor". Para la organización de consumidores CECU, la presión fiscal ya ha aumentado bastante en los últimos años…. Destaca El País que el único departamento que ha guardado un silencio sepulcral ante las palabras de Blanco divulgadas el domingo fue precisamente el que deberá ser artífice de estos cambios, el Ministerio de Economía y Hacienda, que rehusó comentar las palabras del ministro, que considera "muy bajos" los impuestos en España si se quieren "unos servicios públicos y unas infraestructuras de primera". En cualquier caso, si prospera la propuesta, en la que Hacienda trabaja desde hace meses -una subida moderada del IRPF en el último tramo de renta, el de los ingresos más elevados-, la respuesta del Gobierno coincidirá bastante con el mensaje que Blanco envió hace ahora un año. El esquema final se aprobará con los Presupuestos Generales de 2011, que se presentarán a finales de septiembre. Y recuerda también El País que, pese a que son pocos los contribuyentes con ingresos altos, aportan un volumen nada despreciable de recursos. Casi el 40% del dinero ingresado en 2008 correspondió a ciudadanos con rentas superiores a los 60.000 euros, según datos de la Agencia Tributaria. Si se aíslan los que pueden corresponder más a la imprecisa definición de ricos -rentas por encima de 150.000 euros-, el volumen de recursos aportados se sitúa en el 15%.
Globo sonda o preanuncio semioficial, lo cierto es que José Blanco ha vuelto a actuar de portavoz de las intenciones del gobierno, más allá de lo que debieran decir Salgado o De la Vega…
RAJOY SE JUEGA EL FUTURO EN LAS MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS
Una buena conocedora de las interioridades del PP, Carmen del Riego, ha analizado en La Vanguardia la situación del principal partido de la Oposición, y de su líder, ante las elecciones que se avecinan. Llega a una primera y fundamental conclusión: Mariano Rajoy se juega algo más que el poder territorial en las elecciones autonómicas y locales del 2011. Para él son “unas primarias de las generales”, previstas para el 2012 y en las que está en juego su futuro político. Por eso, el presidente del PP ha dicho a los suyos que los experimentos, con gaseosa, y que quiere ver al frente de las candidaturas de las comunidades y ayuntamientos donde ya gobierna a las mismas personas que ejercen ahora su máxima representación. La causa, que las encuestas de que dispone el PP, las últimas de las cuales llevan fecha de julio, son contundentes: los actuales presidentes no sólo ganan, mejoran los resultados. Por eso, las pretensiones de barones del PP de ceder paso han sido frenadas de raíz por el propio Rajoy. En público, y en más de una ocasión, lo había dicho el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, pero ha tenido que renunciar a su deseo. Ramón Luis Valcárcel, que no quería repetir, "por razones personales", ha visto como los sondeos le amplían la mayoría de la que goza y hasta podría llegar al 60%, nunca visto. Lo había expresado, más en privado, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que a día de hoy todavía no ha comunicado su decisión, pero Rajoy ya se lo ha quitado de la cabeza, aseguran fuentes de la dirección del PP. Y el caso más paradigmático es el de Francisco Camps, que pese a la situación judicial en la que está inmerso y sus problemas con Rajoy durante el invierno sale beneficiado en las encuestas que le dan una mejoría, que podría incluso llegar a ser de cuatro escaños más de los que ahora goza. En la Rioja, Pedro Sanz mantiene y amplia la diferencia con el PSOE, lo que garantiza con tranquilidad que el PP gobernará esta comunidad. Pero asegurados los lugares donde gobierna, el PP no se conforma con ello y ha puesto su mira en dos comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Aragón, donde más fácil podría ser arrebatarle el gobierno al PSOE, lo que a juicio de los populares dejaría la sensación en su electorado, de que es posible ganar a Zapatero en el 2012. Con que una de esas dos autonomías cayera de lado del PP, el objetivo estaría cumplido, señalan esas fuentes. Y en el PP lo creen posible. Las encuestas colocan a María Dolores de Cospedal muy cerca de la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, según fuentes de la dirección popular, y en Aragón, tras la designación de Luisa Fernanda Rudí como candidata, se registra, según estas fuentes, un empate que permite al PP tener esperanzas sobre la recuperación de este gobierno. De modo que los presidentes de La Rioja y Madrid, Pedro Sanz y Esperanza Aguirre, no hay duda de que lo serán, y el de Valencia, Francisco Camps, ha dado muestras de que quiere continuar en el cargo, y Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal están dispuestos a avalar su candidatura, como ya han hecho en público, a pesar de los problemas judiciales que tiene pendientes por el caso Gürtel y que difícilmente se habrán despejado en septiembre, cuando el PP tiene previsto designar a sus candidatos a las elecciones municipales y autonómicas. Con este mismo argumento, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, reiteró el domingo su disposición a presentarse a la reelección, para despejar cualquier duda que pudiera surgir tras el anuncio de que su contrincante sería Jaime Lissavetzky, a pesar de que ya lo había dicho hace un año, en un pleno municipal. Mucho se habla de encuestas y de los candidatos de Madrid, dada la justificación del PSOE para poner a Trinidad Jiménez al frente de la candidatura, pero en el PP aseguran que esos datos sólo sirven "para cargarse a Tomás Gómez", porque los números que arrojan sus encuestas no darían opciones al PSOE. Es verdad que sus sondeos se hicieron antes de la batalla emprendida en Madrid por los socialistas, pero la diferencia es tal, dicen en el PP, que es imposible que las modificaciones sean significativas, ya que, pese a perder algo en porcentaje de votos, aumentan su distancia con el PSOE, que se quedaría en el 26%, frente al 33,5% del 2007, debido a la irrupción de UPyD, que se cebaría sobre los socialistas.
Así las cosas, nos espera un cuatrimestre de listas de candidatos para las elecciones del año que viene. Empezando por las de este otoño en Cataluña.
Como sucedió con Tomás Gómez, en cualquier momento nos enteraremos de que el encuentro se produjo, son mayor expectación ni versiones…
CASI TODOS, CONTRA LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS.- ¿Fue un globo sonda, un preanuncio de lo inevitable y preparación del terreno? Todavía discuten los analistas si el anuncio de José Blanco de que será inevitable subir los impuestos para tener mejores servicios obedecía a alguna de esas razones, y cuál en concreto. Blanco ha sido rebatido y replicado por quienes entienden que ya pagamos demasiados impuestos, que estamos perfectamente al nivel de los restantes países de la UE, y lo que sucede es que el Estado-Gobierno sigue teniendo necesidad de mayores ingresos para afrontar sus insoportables gastos. Pero en medios próximos al Gobierno se insiste en que el Gobierno ultima una subida fiscal que plasme la promesa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de subir los impuestos a quienes más tienen, aunque, a poco más de un mes de que se aprueben las novedades tributarias, el ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco, haya caldeado el ambiente con su "reflexión personal" sobre los tributos que se pagan en España. El planteamiento del ministro de elevar la carga fiscal para equipararla a la media europea ha desatado un alud de críticas en partidos, sindicatos y organizaciones de consumidores, incluso entre los partidarios de subir impuestos. En particular, ha sido crítico el PP, que dice que Blanco suplanta a Salgado y que crea desconcierto. El secretario de Organización del Partido Popular interpretó como "un signo del desconcierto" del Gobierno el hecho de que sea Blanco y no la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, quien prepare el terreno para las subidas de impuestos. Para González Pons, los españoles "están ya muy hartos" de que les suban los impuestos, por lo que reclamó "un cambio de Gobierno". Izquierda Unida, partidaria de elevar la presión fiscal, acogió con recelo el mensaje de Blanco. Se trata de un "señuelo de verano para incautos", juzgó el portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, que recuerda unas declaraciones similares del ministro en agosto del año pasado sobre la conveniencia de subir los impuestos a las rentas más altas y que más tarde se tradujo en la subida del IVA y la desaparición del impuesto de patrimonio. Los partidos clave para sacar adelante las cuentas del Estado tampoco vieron con buenos ojos la reflexión de Blanco. Una subida de impuestos en un contexto de fuertes restricciones del gasto podría llevar al país a una nueva recesión "muy importante", aseguró Pedro Azpiazu, responsable económico del PNV en el Congreso.. Un mensaje similar lanzó Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU, que acusó al Ejecutivo de hacer política fiscal "a golpe de titular". CiU propone rebajas de cuotas empresariales a la Seguridad Social para dinamizar la economía. Más que subir o bajar impuestos, los inspectores de Hacienda reclaman que se aborden "las razones profundas por las que ha caído la recaudación", explica el portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha subraya que la presión fiscal sobre los trabajadores ya es alta y que el problema es la economía sumergida. También los sindicatos esbozaron su alternativa fiscal. UGT abogó por "una reconstrucción global" que recupere el impuesto de patrimonio, eleve el IRPF para las rentas más altas y grave más el capital. UGT aboga por una "reconstrucción global" del sistema tributario. CC OO reclama "un giro en la política fiscal que recupere el carácter progresivo y distribuidor". Para la organización de consumidores CECU, la presión fiscal ya ha aumentado bastante en los últimos años…. Destaca El País que el único departamento que ha guardado un silencio sepulcral ante las palabras de Blanco divulgadas el domingo fue precisamente el que deberá ser artífice de estos cambios, el Ministerio de Economía y Hacienda, que rehusó comentar las palabras del ministro, que considera "muy bajos" los impuestos en España si se quieren "unos servicios públicos y unas infraestructuras de primera". En cualquier caso, si prospera la propuesta, en la que Hacienda trabaja desde hace meses -una subida moderada del IRPF en el último tramo de renta, el de los ingresos más elevados-, la respuesta del Gobierno coincidirá bastante con el mensaje que Blanco envió hace ahora un año. El esquema final se aprobará con los Presupuestos Generales de 2011, que se presentarán a finales de septiembre. Y recuerda también El País que, pese a que son pocos los contribuyentes con ingresos altos, aportan un volumen nada despreciable de recursos. Casi el 40% del dinero ingresado en 2008 correspondió a ciudadanos con rentas superiores a los 60.000 euros, según datos de la Agencia Tributaria. Si se aíslan los que pueden corresponder más a la imprecisa definición de ricos -rentas por encima de 150.000 euros-, el volumen de recursos aportados se sitúa en el 15%.
Globo sonda o preanuncio semioficial, lo cierto es que José Blanco ha vuelto a actuar de portavoz de las intenciones del gobierno, más allá de lo que debieran decir Salgado o De la Vega…
RAJOY SE JUEGA EL FUTURO EN LAS MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS
Una buena conocedora de las interioridades del PP, Carmen del Riego, ha analizado en La Vanguardia la situación del principal partido de la Oposición, y de su líder, ante las elecciones que se avecinan. Llega a una primera y fundamental conclusión: Mariano Rajoy se juega algo más que el poder territorial en las elecciones autonómicas y locales del 2011. Para él son “unas primarias de las generales”, previstas para el 2012 y en las que está en juego su futuro político. Por eso, el presidente del PP ha dicho a los suyos que los experimentos, con gaseosa, y que quiere ver al frente de las candidaturas de las comunidades y ayuntamientos donde ya gobierna a las mismas personas que ejercen ahora su máxima representación. La causa, que las encuestas de que dispone el PP, las últimas de las cuales llevan fecha de julio, son contundentes: los actuales presidentes no sólo ganan, mejoran los resultados. Por eso, las pretensiones de barones del PP de ceder paso han sido frenadas de raíz por el propio Rajoy. En público, y en más de una ocasión, lo había dicho el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, pero ha tenido que renunciar a su deseo. Ramón Luis Valcárcel, que no quería repetir, "por razones personales", ha visto como los sondeos le amplían la mayoría de la que goza y hasta podría llegar al 60%, nunca visto. Lo había expresado, más en privado, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que a día de hoy todavía no ha comunicado su decisión, pero Rajoy ya se lo ha quitado de la cabeza, aseguran fuentes de la dirección del PP. Y el caso más paradigmático es el de Francisco Camps, que pese a la situación judicial en la que está inmerso y sus problemas con Rajoy durante el invierno sale beneficiado en las encuestas que le dan una mejoría, que podría incluso llegar a ser de cuatro escaños más de los que ahora goza. En la Rioja, Pedro Sanz mantiene y amplia la diferencia con el PSOE, lo que garantiza con tranquilidad que el PP gobernará esta comunidad. Pero asegurados los lugares donde gobierna, el PP no se conforma con ello y ha puesto su mira en dos comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Aragón, donde más fácil podría ser arrebatarle el gobierno al PSOE, lo que a juicio de los populares dejaría la sensación en su electorado, de que es posible ganar a Zapatero en el 2012. Con que una de esas dos autonomías cayera de lado del PP, el objetivo estaría cumplido, señalan esas fuentes. Y en el PP lo creen posible. Las encuestas colocan a María Dolores de Cospedal muy cerca de la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, según fuentes de la dirección popular, y en Aragón, tras la designación de Luisa Fernanda Rudí como candidata, se registra, según estas fuentes, un empate que permite al PP tener esperanzas sobre la recuperación de este gobierno. De modo que los presidentes de La Rioja y Madrid, Pedro Sanz y Esperanza Aguirre, no hay duda de que lo serán, y el de Valencia, Francisco Camps, ha dado muestras de que quiere continuar en el cargo, y Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal están dispuestos a avalar su candidatura, como ya han hecho en público, a pesar de los problemas judiciales que tiene pendientes por el caso Gürtel y que difícilmente se habrán despejado en septiembre, cuando el PP tiene previsto designar a sus candidatos a las elecciones municipales y autonómicas. Con este mismo argumento, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, reiteró el domingo su disposición a presentarse a la reelección, para despejar cualquier duda que pudiera surgir tras el anuncio de que su contrincante sería Jaime Lissavetzky, a pesar de que ya lo había dicho hace un año, en un pleno municipal. Mucho se habla de encuestas y de los candidatos de Madrid, dada la justificación del PSOE para poner a Trinidad Jiménez al frente de la candidatura, pero en el PP aseguran que esos datos sólo sirven "para cargarse a Tomás Gómez", porque los números que arrojan sus encuestas no darían opciones al PSOE. Es verdad que sus sondeos se hicieron antes de la batalla emprendida en Madrid por los socialistas, pero la diferencia es tal, dicen en el PP, que es imposible que las modificaciones sean significativas, ya que, pese a perder algo en porcentaje de votos, aumentan su distancia con el PSOE, que se quedaría en el 26%, frente al 33,5% del 2007, debido a la irrupción de UPyD, que se cebaría sobre los socialistas.
Así las cosas, nos espera un cuatrimestre de listas de candidatos para las elecciones del año que viene. Empezando por las de este otoño en Cataluña.
lunes, 16 de agosto de 2010
EL VIERNES, LEY DE TRANSPARECENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, CON LAS CORRESPONDIENTES EXCEPCIONES. NOVEDADES DE LOS SECUESTRADOS EN MAURITANIA
EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS A SABER.- Ésta norma legal que se nos anuncia ahora dará mucho que hablar, con toda probabilidad. Nada menos que una ley que garantizará a todos los ciudadanos el derecho a saber. El anteproyecto de ley de Transparencia y Acceso de los ciudadanos a la Información Pública, está previsto que se apruebe ya este próximo viernes, según avanza el diario El País, que también proporciona detalles sobre el alcance de la futura norma, largamente esperada y prometida. Cualquier ciudadano ha comprobado hasta qué punto el poder se resiste a compartir una información que le interesa –a ese ciudadano concreto, a todos los ciudadanos- , como si fuera de su propiedad y no perteneciera al conjunto de los ciudadanos, que la sufragan con sus impuestos. Menciona El País el caso de los diputados valencianos que han llegado hasta el Constitucional ante la negativa del PP a informarles sobre los contratos del Gobierno de Camps con la trama Gürtel, algo que no es una excepción, por cuanto los poderes públicos suelen reaccionar con incomodidad ante la demanda de información. En el peor de los casos, la ven como una intromisión y, en el mejor, como un engorro. Cualquier pretexto sirve para dar largas al ciudadano, cuando no la callada por respuesta. Pues bien, esta situación deberá cambiar radicalmente cuando el año próximo entre en vigor la Ley de Transparencia y Acceso de los Ciudadanos a la Información Pública, cuyo anteproyecto se propone aprobar el viernes el Gobierno, en su primera reunión tras las vacaciones. Según el avance del proyecto que proporciona el diario, en casos complejos, la resolución podrá demorarse hasta un máximo de 60 días. La Agencia de Protección de Datos dirimirá en caso de discrepancia. Los concesionarios de servicios públicos también tendrán que facilitar datos. Los Ayuntamientos deberán entregar copias de sus acuerdos… Son algunas de las “recetas” que contendrá esta novedosa y hasta revolucionaria norma que, por vez primera en España, y con carácter general, reconocerá "el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública". El texto, cuya elaboración ha sido coordinada por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, parte del reconocimiento del derecho constitucional a saber. Por tanto, no es el ciudadano quien debe justificar su interés en conocer un dato, sino que es la Administración la que debe explicar su negativa a facilitárselo. El anteproyecto, al que ha tenido acceso el periódico de la exclusiva, considera información pública toda aquella que haya sido "elaborada o adquirida por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones y que obre en su poder". Es decir, no sólo la que tienen las distintas administraciones (central, autonómica o local), sino también la que posean "otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas [desde empresas de recogida de basuras a universidades], siempre que haya sido obtenida o generada en el ejercicio de su actividad pública". Y no se trata únicamente de documentos, sino de la información en sí, cualquiera que sea su soporte. Para que el derecho de acceso sea efectivo y la información no pierda actualidad, el anteproyecto fija plazos taxativos a la hora de responder a los ciudadanos. El órgano al que se dirija la demanda deberá responder en un máximo de 30 días. Sólo "cuando el volumen o complejidad de la información solicitada hagan imposible cumplir dicho plazo", éste se podrá ampliar 30 días más, de lo que se advertirá al demandante en los 10 días siguientes a la presentación de su solicitud. La resolución se comunicará por escrito al solicitante, al que se indicará cómo acceder a la información. En caso de que se rechace, parcial o totalmente, el acceso, habrá que explicar la razón. Las administraciones deberán abandonar su habitual pasividad, pues, una vez agotado el plazo para dictar resolución -30 ó 60 días, según el caso- sin que ésta se haya producido, el solicitante tendrá 10 días para confirmar su demanda. Si 30 días después de dicha confirmación sigue sin haber respuesta, la petición se considerará aceptada. Se aplica así el silencio positivo, en vez del negativo, como sucede hasta ahora. El ciudadano que vea rechazada su solicitud puede, lógicamente, interponer ante los tribunales un recurso contencioso-administrativo pero, consciente de que se trata de una vía lenta y costosa, el anteproyecto prevé la figura de un árbitro que resuelva con agilidad y prontitud las discrepancias. Este papel corresponderá a la Agencia Española de Protección de Datos, que alargará su nombre con la coletilla "y Acceso a la Información". El organismo, que vela porque los ficheros de datos respeten la intimidad de los ciudadanos, se encargará también de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Las administraciones no se limitarán a contestar las demandas de información, sino que deben adelantarse a difundirla. "Los poderes públicos facilitarán la información cuya divulgación resulte de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad", dice el texto. Y en la era de Internet lo harán "preferentemente por medios electrónicos".El Gobierno reconoce que el nivel de transparencia y la facilidad de acceso a la información pública se consideran internacionalmente como un "indicador de la calidad de los sistemas democráticos". No sólo sirve para combatir la corrupción, sino también la mala gestión y la ineficacia. Pese a ello, ha tardado seis años en cumplir una promesa que ya figuraba en el programa electoral de 2004. En este campo, al contrario que en otros como la igualdad de género o el matrimonio homosexual, España está en el furgón de cola. La mayoría de los países europeos tienen una ley de transparencia y el Consejo de Europa aprobó en noviembre de 2008 el Convenio para el Acceso a Documentos Oficiales en el que, en buena medida, se inspira el anteproyecto.
Será como entrar en “la quinta dimensión”. En un mundo nuevo largamente esperado…
EXCEPCIONES A LA LEY DE TRANSPARECENCIA.- Naturalmente, el derecho a saber de los ciudadanos tiene sus propias limitaciones y salvedades, según se encarga de poner de relieve el proyecto de ley que aprobará el Gobierno el viernes próximo, en su primera reunión tras el descanso de agosto. En efecto, el anteproyecto de ley de Transparencia consagra el principio de acceso universal a cuanta información elaboren y posean los poderes públicos, pero lo matiza con una larguísima lista de excepciones, como también se ha encargado de relatar el periódico que facilita la primicia informativa, El País, que enumera, detalla y explica todas esas excepciones a la norma:
- Se excluye del derecho de acceso "la información en curso de elaboración o publicación general, la que requiere una previa reelaboración y, en general, la meramente auxiliar y de apoyo para el ejercicio de la actividad pública, como notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas, que no tienen carácter oficial y no se destinan a formar parte de un expediente".
- El derecho de acceso podrá ser limitado cuando "pudiera resultar un perjuicio para la seguridad nacional y la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses públicos económicos y comerciales; la integridad de los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; la garantía de confidencialidad prevista por las leyes o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; la garantía de los derechos constitucionales, incluido el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; y la vida privada y los intereses particulares legítimos". Estas limitaciones coinciden, en líneas generales, con las previstas en el convenio del Consejo de Europa de 2008, aunque van más allá de las previstas en el programa electoral del PSOE, que solo aludía a la necesidad de respetar la legislación de secretos oficiales y la de protección de datos personales. El anteproyecto puntualiza que estas limitaciones "serán proporcionadas [...] y se aplicarán a menos que un interés público superior justifique la divulgación de la información".
- Se denegará el acceso a toda información "que contenga datos íntimos o que afecten a la vida privada", salvo que lo autorice expresamente el afectado. Se consideran datos íntimos "los referidos a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y sexualidad". En cambio, se facilitará aquella información que contenga datos personales no íntimos cuando la misma esté "directamente vinculada con la organización, funcionamiento y actividad pública del órgano o entidad al que se solicite". Un ejemplo sería la composición de sus órganos directivos.
- Se prevé la posibilidad de permitir el acceso parcial a la información solicitada, omitiendo la parte vedada, "salvo que de ello resulte una información distorsionada o carente de sentido". Y también, cuando sea posible, se facilitará la información dando carácter anónimo a sus protagonistas y evitando datos identificativos.
- Si la información solicitada afecta a terceras personas, se les dará traslado de la petición para que, en un plazo de 20 días, aleguen si están conformes con permitir dicho acceso, aunque sin revelarles la identidad del solicitante. Los afectados, igual que los solicitantes de la información, podrán recurrir contra la resolución que lo permite o deniega.
- No se admitirán aquellas peticiones que se refieran a "información excluida del derecho de acceso" o que no esté en poder del órgano al que se le reclame; aunque este, si conoce quién la tiene en su poder, deberá remitirle la solicitud, dando cuenta de ello al solicitante. También se rechazarán las peticiones que "se consideren abusivas por su carácter manifiestamente irrazonable o repetitivo, que no esté justificado por la finalidad de transparencia". Aunque no lo especifica, el texto parece aludir a la petición de datos para explotarlos con fines comerciales.
- La ley no se aplica a la información generada "por los órganos del poder legislativo o judicial", que se rigen por sus propias normas (Reglamento del Congreso y Senado o Ley del Poder Judicial). Tampoco al Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas.
- Se regirá por su propia normativa el acceso a los secretos oficiales; registro civil; registro de la propiedad; registro central de penados y rebeldes; estadística pública; censo electoral; padrón municipal; información sanitaria y, "en general, aquellas materias que tengan un régimen legal específico de acceso a la información".
El refrán de “hecha la ley, hecha la trampa” tiene, en esta larga relación de excepciones, una demostración bien evidente…
PRUEBAS DE VIDA DE LOS SECUESTRADS EN MAURITANIA.- Las familias de Albert Vilalta y Roque Pascual, secuestrados en noviembre en Mauritania junto con la ya liberada Alicia Gámez, han recibido una prueba de vida y alguna llamada telefónica de los dos cooperantes catalanes en los últimos días, según ha explicado el director de la ONG Barcelona Acció Solidària, Francesc Osan. En declaraciones a RAC1, que ha distribuido la edición digital de El Mundo este lunes, Osan señaló: "Sabemos que las familias han podido ver una fe de vida de los secuestrados", y añadió que se ha hablado tantas veces de una liberación inminente que ya no hacen caso a estas noticias. Desde la puesta en libertad de Gámez, señaló, el Gobierno español no ha contactado con la ONG y no les considera interlocutores. "Hemos intentado varias veces hablar con ellos, por teléfono, por correo electrónico o por SMS, pero tampoco ha habido opción", agregó. Osan indicó que el Gobierno sí está en contacto con las familias, y son ellas quienes informan a Barcelona Acció Solidària sobre el estado de salud de los secuestrados, de quienes dijo que les ha llegado la noticia según la cual "están bien". Según Osan, las familias confían "plenamente" en el Gobierno, que son quienes están negociando. "O tienes fe en ellos o no tienes fe en nadie", indicó. Sobre el estado de salud de Gámez, afirmó que se está recuperando "poco a poco", pero que no acabará de recuperarse del todo hasta que vuelvan sus dos compañeros. Osan se refirió también al principal condenado por el secuestro, Sid'Ahmed Ould Hamma, alias Omar Sahraoui, y dijo que su extradición a Mali podría favorecer el intercambio porque "Mali podría ser más flexible que Mauritania". La semana pasada el tribunal de apelaciones de Nuakchot confirmó la sentencia de 12 años de cárcel con trabajos forzados para Omar Sahraoui. Los tres cooperantes fueron secuestrados el pasado 29 de noviembre en Mauritania por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
Pronto hará un año, en efecto, del secuestro, y nada permite suponer que la liberación esté “a punto”. Se han producido algunos acontecimientos, como la intervención francesa contra otro grupo de secuestradores de la misma organización en Mauritania., que no acabó precisamente de manera feliz. También se han producido detenciones y condenas de otros secuestradores que, asimismo, es improbable que ayuden a completar “un momento adecuado” en el que pudiera producirse la liberación de los dos retenidos. Desde el Gobierno, en contadas ocasiones se ha proporcionado la noticia de que los secuestrados se encuentran bien, y que las negociaciones para su libertad se producen sin pausa, pero con las dificultades de un lugar alejado y con escasa relación con el resto del mundo. Tampoco se había vuelto a saber nada, hasta esta comunicación de ahora, de la tercera de las personas secuestradas en el grupo de cooperantes barceloneses, Alicia Gámez, de quien se contó, apenas libertadas, que se había convertido al islamismo. Ahora se asegura que “se está recuperando poco a poco”, lo que permite deducir que ha estado delicada de salud, tras el tiempo y las circunstancias de su secuestro.
Será como entrar en “la quinta dimensión”. En un mundo nuevo largamente esperado…
EXCEPCIONES A LA LEY DE TRANSPARECENCIA.- Naturalmente, el derecho a saber de los ciudadanos tiene sus propias limitaciones y salvedades, según se encarga de poner de relieve el proyecto de ley que aprobará el Gobierno el viernes próximo, en su primera reunión tras el descanso de agosto. En efecto, el anteproyecto de ley de Transparencia consagra el principio de acceso universal a cuanta información elaboren y posean los poderes públicos, pero lo matiza con una larguísima lista de excepciones, como también se ha encargado de relatar el periódico que facilita la primicia informativa, El País, que enumera, detalla y explica todas esas excepciones a la norma:
- Se excluye del derecho de acceso "la información en curso de elaboración o publicación general, la que requiere una previa reelaboración y, en general, la meramente auxiliar y de apoyo para el ejercicio de la actividad pública, como notas, borradores, opiniones, resúmenes, informes y comunicaciones internas, que no tienen carácter oficial y no se destinan a formar parte de un expediente".
- El derecho de acceso podrá ser limitado cuando "pudiera resultar un perjuicio para la seguridad nacional y la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de las infracciones penales, administrativas o disciplinarias; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; los intereses públicos económicos y comerciales; la integridad de los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; la garantía de confidencialidad prevista por las leyes o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; la garantía de los derechos constitucionales, incluido el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; y la vida privada y los intereses particulares legítimos". Estas limitaciones coinciden, en líneas generales, con las previstas en el convenio del Consejo de Europa de 2008, aunque van más allá de las previstas en el programa electoral del PSOE, que solo aludía a la necesidad de respetar la legislación de secretos oficiales y la de protección de datos personales. El anteproyecto puntualiza que estas limitaciones "serán proporcionadas [...] y se aplicarán a menos que un interés público superior justifique la divulgación de la información".
- Se denegará el acceso a toda información "que contenga datos íntimos o que afecten a la vida privada", salvo que lo autorice expresamente el afectado. Se consideran datos íntimos "los referidos a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y sexualidad". En cambio, se facilitará aquella información que contenga datos personales no íntimos cuando la misma esté "directamente vinculada con la organización, funcionamiento y actividad pública del órgano o entidad al que se solicite". Un ejemplo sería la composición de sus órganos directivos.
- Se prevé la posibilidad de permitir el acceso parcial a la información solicitada, omitiendo la parte vedada, "salvo que de ello resulte una información distorsionada o carente de sentido". Y también, cuando sea posible, se facilitará la información dando carácter anónimo a sus protagonistas y evitando datos identificativos.
- Si la información solicitada afecta a terceras personas, se les dará traslado de la petición para que, en un plazo de 20 días, aleguen si están conformes con permitir dicho acceso, aunque sin revelarles la identidad del solicitante. Los afectados, igual que los solicitantes de la información, podrán recurrir contra la resolución que lo permite o deniega.
- No se admitirán aquellas peticiones que se refieran a "información excluida del derecho de acceso" o que no esté en poder del órgano al que se le reclame; aunque este, si conoce quién la tiene en su poder, deberá remitirle la solicitud, dando cuenta de ello al solicitante. También se rechazarán las peticiones que "se consideren abusivas por su carácter manifiestamente irrazonable o repetitivo, que no esté justificado por la finalidad de transparencia". Aunque no lo especifica, el texto parece aludir a la petición de datos para explotarlos con fines comerciales.
- La ley no se aplica a la información generada "por los órganos del poder legislativo o judicial", que se rigen por sus propias normas (Reglamento del Congreso y Senado o Ley del Poder Judicial). Tampoco al Tribunal Constitucional, el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal de Cuentas.
- Se regirá por su propia normativa el acceso a los secretos oficiales; registro civil; registro de la propiedad; registro central de penados y rebeldes; estadística pública; censo electoral; padrón municipal; información sanitaria y, "en general, aquellas materias que tengan un régimen legal específico de acceso a la información".
El refrán de “hecha la ley, hecha la trampa” tiene, en esta larga relación de excepciones, una demostración bien evidente…
PRUEBAS DE VIDA DE LOS SECUESTRADS EN MAURITANIA.- Las familias de Albert Vilalta y Roque Pascual, secuestrados en noviembre en Mauritania junto con la ya liberada Alicia Gámez, han recibido una prueba de vida y alguna llamada telefónica de los dos cooperantes catalanes en los últimos días, según ha explicado el director de la ONG Barcelona Acció Solidària, Francesc Osan. En declaraciones a RAC1, que ha distribuido la edición digital de El Mundo este lunes, Osan señaló: "Sabemos que las familias han podido ver una fe de vida de los secuestrados", y añadió que se ha hablado tantas veces de una liberación inminente que ya no hacen caso a estas noticias. Desde la puesta en libertad de Gámez, señaló, el Gobierno español no ha contactado con la ONG y no les considera interlocutores. "Hemos intentado varias veces hablar con ellos, por teléfono, por correo electrónico o por SMS, pero tampoco ha habido opción", agregó. Osan indicó que el Gobierno sí está en contacto con las familias, y son ellas quienes informan a Barcelona Acció Solidària sobre el estado de salud de los secuestrados, de quienes dijo que les ha llegado la noticia según la cual "están bien". Según Osan, las familias confían "plenamente" en el Gobierno, que son quienes están negociando. "O tienes fe en ellos o no tienes fe en nadie", indicó. Sobre el estado de salud de Gámez, afirmó que se está recuperando "poco a poco", pero que no acabará de recuperarse del todo hasta que vuelvan sus dos compañeros. Osan se refirió también al principal condenado por el secuestro, Sid'Ahmed Ould Hamma, alias Omar Sahraoui, y dijo que su extradición a Mali podría favorecer el intercambio porque "Mali podría ser más flexible que Mauritania". La semana pasada el tribunal de apelaciones de Nuakchot confirmó la sentencia de 12 años de cárcel con trabajos forzados para Omar Sahraoui. Los tres cooperantes fueron secuestrados el pasado 29 de noviembre en Mauritania por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI).
Pronto hará un año, en efecto, del secuestro, y nada permite suponer que la liberación esté “a punto”. Se han producido algunos acontecimientos, como la intervención francesa contra otro grupo de secuestradores de la misma organización en Mauritania., que no acabó precisamente de manera feliz. También se han producido detenciones y condenas de otros secuestradores que, asimismo, es improbable que ayuden a completar “un momento adecuado” en el que pudiera producirse la liberación de los dos retenidos. Desde el Gobierno, en contadas ocasiones se ha proporcionado la noticia de que los secuestrados se encuentran bien, y que las negociaciones para su libertad se producen sin pausa, pero con las dificultades de un lugar alejado y con escasa relación con el resto del mundo. Tampoco se había vuelto a saber nada, hasta esta comunicación de ahora, de la tercera de las personas secuestradas en el grupo de cooperantes barceloneses, Alicia Gámez, de quien se contó, apenas libertadas, que se había convertido al islamismo. Ahora se asegura que “se está recuperando poco a poco”, lo que permite deducir que ha estado delicada de salud, tras el tiempo y las circunstancias de su secuestro.
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