martes, 17 de agosto de 2010

LA ANULACIÓN DEN ENCUENTRO DE ZAPATERO Y LOS CONSTRUCTORES. CRÍTICAS A BLANCO POR ANUNCIAR SUBIDA DE IMPUESTOS. RAJOY SE LA JUEGA

OTRA CITA POSPUESTA EN LA MONCLOA.- Después del anuncio de encuentro de Zapatero y Tomás Gómez, pospuesto y desarrollado horas más tarde pero ya sin la expectación periodística inicial, parece haberse producido algo parecido en el encuentro de Zapatero con los “el lobby constructor”, que constituyen los presidentes de las seis grandes firmas del sector, Ferrovial, ACS, Acciona, Sacyr, FCC y OHL. Los diarios que este martes han relatado por qué no se produjo ese encuentro, discrepando sobre las razones. Dice El Mundo que Zapatero intenta desligar sus bandazos del lobby constructor y que suspendió una reunión prevista con los grandes del ladrillo para evitar que se relacione con el globo sonda de la subida de impuestos. Según ABC, Zapatero dejó a los constructores plantados tras citarlos en la Moncloa, y que el presidente iba a explicar las principales empresas del sector sus recortes en obra pública, pero el entorno del presidente alega la filtración de la reunión como causa para aplazarla sine die. Según La Gaceta, Zapatero convocó a los constructores y los desconvocó tres horas después, y habla de descontento por el recorte de la inversión y por los problemas de financiación. Y frente a esas versiones e interpretaciones, discrepa el diario El País, que asegura que fueron los constructores quienes anularon su cita con Zapatero para no parecer pedigüeños. Insiste: El motivo de la anulación del encuentro, dice este diario que cita fuentes gubernamentales, apunta al revuelo informativo y al temor de los constructores a parecer ante la opinión pública como pedigüeños… Pues bien, este miércoles, a las 11.30 iban a visitar el palacio de la Moncloa los empresarios que dirigen las grandes constructoras del país. Se trataba, según el detallado relato de El País, de una reunión convocada hace semanas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a través del ministro de Fomento, José Blanco. El sector trasladaría allí su malestar por el recorte en obra pública. El sector no quería dar la imagen de ir a La Moncloa como "pedigüeños". El presidente dijo hace días que iba a dar buenas noticias a los constructores. Pero a media mañana del lunes, apenas 48 horas antes del encuentro, se desconvocó. La suspensión sine die cogió con el paso cambiado a alguna empresa, inmersa en los preparativos de un documento con las peticiones que presentaría. Fuentes gubernamentales explican que la iniciativa de suspenderlo partió de las propias constructoras, incómodas ante la expectación generada. Al menos dos empresarios trasladaron a La Moncloa la conveniencia de celebrar la reunión en otro momento, pues el debate suscitado en los últimos días acerca de las infraestructuras y la posibilidad de dar marcha atrás en algunos de los recortes anunciados añadía presión a los asistentes, que temían aparecer "como pedigüeños". El encuentro, concebido de forma discreta, adquirió notoriedad al divulgarse el lunes, notoriedad que disgustó a algunos de los empresarios convocados, aseguran las mismas fuentes. "Lo que tiene que saber el presidente de las constructoras ya lo sabe. Dada la expectación generada por un encuentro informal que no supone nada especial, se ha pensado que lo mejor sería dejarlo para otra ocasión", añaden fuentes del sector. Sigue contando El País que “lejos de tomarlo como un desplante a una reunión convocada por el propio Zapatero”, el Ejecutivo pareció aliviado de retirar los focos de un encuentro que, con toda seguridad, iba a centrarse en el indulto a los recortes de la inversión anunciados hace unos días por Zapatero y la asfixia económica que viven las constructoras por las cantidades que les deben los Ayuntamientos. Los ejecutivos iban dispuestos a hablar no solo del clima económico general, sino de su creciente malestar a raíz del anuncio de reducir en 6.400 millones el gasto en obra pública para este año y el próximo. En las últimas semanas, los empresarios y las asociaciones que los representan han emprendido una campaña en la que destacan el importante efecto que el tijeretazo tendrá en el empleo. Calculan que cada millón de euros que se deja de invertir en infraestructuras supone la destrucción de 18 puestos de trabajo. Además, se esfuerzan por difundir que la alta tasa de retorno de las obras hace que el ahorro que consiguen las Administraciones Públicas al suspenderlas resulte mínimo. Para evitar una oleada de quiebras, piden un plan de reestructuración que incluya ayudas fiscales y del ICO. En la cita con el presidente pensaban plantear fórmulas financieras que flexibilizaran la suspensión de inversiones, y que Fomento analizara individualmente cada proyecto que fuera a paralizar para estudiar el impacto que provocaría la decisión. La presión ejercida en las últimas semanas había logrado que Zapatero se interesase personalmente por sus peticiones, lo que le llevó a anunciar que el Gobierno daría "en 10 ó 15 días un cierto alivio a las comunidades autónomas y un empujón importante a las grandes constructoras". Días más tarde, Blanco especificó que las obras indultadas tendrían un importe aproximado de 500 millones de euros, y admitió que el recorte de 6.400 millones es "excesivo" y afecta a obras "singulares e importantes". Pero los gigantes de la construcción no pensaban hablar sólo del recorte de Fomento. También querían plantear un asunto que les preocupa cada vez más: la situación ruinosa de los Ayuntamientos. Las contratas de limpieza, recogida de basura y otros servicios medioambientales reclaman a los municipios una deuda de 3.425 millones. Por eso están tan interesadas en sondear al Gobierno sobre posibles fórmulas con las que los alcaldes -con unos números rojos de casi 30.000 millones- puedan endeudarse más y pagarles. Los municipios piden que el Gobierno elimine la prohibición de incurrir en nuevo endeudamiento a lo largo de 2011 y que cumpla la obligación legal de poner en marcha una línea del ICO destinada a los Ayuntamientos. Entre otras aspiraciones, el sector propone que el Gobierno aumente la inversión en obra pública en los Presupuestos de 2011 a costa de reducir el gasto no productivo. Quiere que se establezcan tasas o peajes vinculados con la prestación de servicios. Reclama prioridad para el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) anunciado en abril, con un gasto de 17.000 millones. También aboga por el aumento de los ingresos públicos por vías como la fiscalidad sobre los carburantes, tabaco, copago sanitario..., la privatización de organismos que prestan servicios públicos, como AENA u otros, incluso en el marco autonómico (televisiones, empresas públicas...). En fin, las constructoras también proponen vías que permitan endeudarse más a los ayuntamientos, para que puedan saldar la deuda de casi 3.500 millones que los municipios tienen con las empresas que les suministran servicios medioambientales.
Como sucedió con Tomás Gómez, en cualquier momento nos enteraremos de que el encuentro se produjo, son mayor expectación ni versiones…
CASI TODOS, CONTRA LA SUBIDA DE LOS IMPUESTOS.- ¿Fue un globo sonda, un preanuncio de lo inevitable y preparación del terreno? Todavía discuten los analistas si el anuncio de José Blanco de que será inevitable subir los impuestos para tener mejores servicios obedecía a alguna de esas razones, y cuál en concreto. Blanco ha sido rebatido y replicado por quienes entienden que ya pagamos demasiados impuestos, que estamos perfectamente al nivel de los restantes países de la UE, y lo que sucede es que el Estado-Gobierno sigue teniendo necesidad de mayores ingresos para afrontar sus insoportables gastos. Pero en medios próximos al Gobierno se insiste en que el Gobierno ultima una subida fiscal que plasme la promesa del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de subir los impuestos a quienes más tienen, aunque, a poco más de un mes de que se aprueben las novedades tributarias, el ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco, haya caldeado el ambiente con su "reflexión personal" sobre los tributos que se pagan en España. El planteamiento del ministro de elevar la carga fiscal para equipararla a la media europea ha desatado un alud de críticas en partidos, sindicatos y organizaciones de consumidores, incluso entre los partidarios de subir impuestos. En particular, ha sido crítico el PP, que dice que Blanco suplanta a Salgado y que crea desconcierto. El secretario de Organización del Partido Popular interpretó como "un signo del desconcierto" del Gobierno el hecho de que sea Blanco y no la vicepresidenta y ministra de Economía, Elena Salgado, quien prepare el terreno para las subidas de impuestos. Para González Pons, los españoles "están ya muy hartos" de que les suban los impuestos, por lo que reclamó "un cambio de Gobierno". Izquierda Unida, partidaria de elevar la presión fiscal, acogió con recelo el mensaje de Blanco. Se trata de un "señuelo de verano para incautos", juzgó el portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, que recuerda unas declaraciones similares del ministro en agosto del año pasado sobre la conveniencia de subir los impuestos a las rentas más altas y que más tarde se tradujo en la subida del IVA y la desaparición del impuesto de patrimonio. Los partidos clave para sacar adelante las cuentas del Estado tampoco vieron con buenos ojos la reflexión de Blanco. Una subida de impuestos en un contexto de fuertes restricciones del gasto podría llevar al país a una nueva recesión "muy importante", aseguró Pedro Azpiazu, responsable económico del PNV en el Congreso.. Un mensaje similar lanzó Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU, que acusó al Ejecutivo de hacer política fiscal "a golpe de titular". CiU propone rebajas de cuotas empresariales a la Seguridad Social para dinamizar la economía. Más que subir o bajar impuestos, los inspectores de Hacienda reclaman que se aborden "las razones profundas por las que ha caído la recaudación", explica el portavoz de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, Francisco de la Torre. El sindicato de técnicos de Hacienda Gestha subraya que la presión fiscal sobre los trabajadores ya es alta y que el problema es la economía sumergida. También los sindicatos esbozaron su alternativa fiscal. UGT abogó por "una reconstrucción global" que recupere el impuesto de patrimonio, eleve el IRPF para las rentas más altas y grave más el capital. UGT aboga por una "reconstrucción global" del sistema tributario. CC OO reclama "un giro en la política fiscal que recupere el carácter progresivo y distribuidor". Para la organización de consumidores CECU, la presión fiscal ya ha aumentado bastante en los últimos años…. Destaca El País que el único departamento que ha guardado un silencio sepulcral ante las palabras de Blanco divulgadas el domingo fue precisamente el que deberá ser artífice de estos cambios, el Ministerio de Economía y Hacienda, que rehusó comentar las palabras del ministro, que considera "muy bajos" los impuestos en España si se quieren "unos servicios públicos y unas infraestructuras de primera". En cualquier caso, si prospera la propuesta, en la que Hacienda trabaja desde hace meses -una subida moderada del IRPF en el último tramo de renta, el de los ingresos más elevados-, la respuesta del Gobierno coincidirá bastante con el mensaje que Blanco envió hace ahora un año. El esquema final se aprobará con los Presupuestos Generales de 2011, que se presentarán a finales de septiembre. Y recuerda también El País que, pese a que son pocos los contribuyentes con ingresos altos, aportan un volumen nada despreciable de recursos. Casi el 40% del dinero ingresado en 2008 correspondió a ciudadanos con rentas superiores a los 60.000 euros, según datos de la Agencia Tributaria. Si se aíslan los que pueden corresponder más a la imprecisa definición de ricos -rentas por encima de 150.000 euros-, el volumen de recursos aportados se sitúa en el 15%.
Globo sonda o preanuncio semioficial, lo cierto es que José Blanco ha vuelto a actuar de portavoz de las intenciones del gobierno, más allá de lo que debieran decir Salgado o De la Vega…
RAJOY SE JUEGA EL FUTURO EN LAS MUNICIPALES Y AUTONÓMICAS
Una buena conocedora de las interioridades del PP, Carmen del Riego, ha analizado en La Vanguardia la situación del principal partido de la Oposición, y de su líder, ante las elecciones que se avecinan. Llega a una primera y fundamental conclusión: Mariano Rajoy se juega algo más que el poder territorial en las elecciones autonómicas y locales del 2011. Para él son “unas primarias de las generales”, previstas para el 2012 y en las que está en juego su futuro político. Por eso, el presidente del PP ha dicho a los suyos que los experimentos, con gaseosa, y que quiere ver al frente de las candidaturas de las comunidades y ayuntamientos donde ya gobierna a las mismas personas que ejercen ahora su máxima representación. La causa, que las encuestas de que dispone el PP, las últimas de las cuales llevan fecha de julio, son contundentes: los actuales presidentes no sólo ganan, mejoran los resultados. Por eso, las pretensiones de barones del PP de ceder paso han sido frenadas de raíz por el propio Rajoy. En público, y en más de una ocasión, lo había dicho el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, pero ha tenido que renunciar a su deseo. Ramón Luis Valcárcel, que no quería repetir, "por razones personales", ha visto como los sondeos le amplían la mayoría de la que goza y hasta podría llegar al 60%, nunca visto. Lo había expresado, más en privado, el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que a día de hoy todavía no ha comunicado su decisión, pero Rajoy ya se lo ha quitado de la cabeza, aseguran fuentes de la dirección del PP. Y el caso más paradigmático es el de Francisco Camps, que pese a la situación judicial en la que está inmerso y sus problemas con Rajoy durante el invierno sale beneficiado en las encuestas que le dan una mejoría, que podría incluso llegar a ser de cuatro escaños más de los que ahora goza. En la Rioja, Pedro Sanz mantiene y amplia la diferencia con el PSOE, lo que garantiza con tranquilidad que el PP gobernará esta comunidad. Pero asegurados los lugares donde gobierna, el PP no se conforma con ello y ha puesto su mira en dos comunidades autónomas, Castilla-La Mancha y Aragón, donde más fácil podría ser arrebatarle el gobierno al PSOE, lo que a juicio de los populares dejaría la sensación en su electorado, de que es posible ganar a Zapatero en el 2012. Con que una de esas dos autonomías cayera de lado del PP, el objetivo estaría cumplido, señalan esas fuentes. Y en el PP lo creen posible. Las encuestas colocan a María Dolores de Cospedal muy cerca de la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, según fuentes de la dirección popular, y en Aragón, tras la designación de Luisa Fernanda Rudí como candidata, se registra, según estas fuentes, un empate que permite al PP tener esperanzas sobre la recuperación de este gobierno. De modo que los presidentes de La Rioja y Madrid, Pedro Sanz y Esperanza Aguirre, no hay duda de que lo serán, y el de Valencia, Francisco Camps, ha dado muestras de que quiere continuar en el cargo, y Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal están dispuestos a avalar su candidatura, como ya han hecho en público, a pesar de los problemas judiciales que tiene pendientes por el caso Gürtel y que difícilmente se habrán despejado en septiembre, cuando el PP tiene previsto designar a sus candidatos a las elecciones municipales y autonómicas. Con este mismo argumento, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz- Gallardón, reiteró el domingo su disposición a presentarse a la reelección, para despejar cualquier duda que pudiera surgir tras el anuncio de que su contrincante sería Jaime Lissavetzky, a pesar de que ya lo había dicho hace un año, en un pleno municipal. Mucho se habla de encuestas y de los candidatos de Madrid, dada la justificación del PSOE para poner a Trinidad Jiménez al frente de la candidatura, pero en el PP aseguran que esos datos sólo sirven "para cargarse a Tomás Gómez", porque los números que arrojan sus encuestas no darían opciones al PSOE. Es verdad que sus sondeos se hicieron antes de la batalla emprendida en Madrid por los socialistas, pero la diferencia es tal, dicen en el PP, que es imposible que las modificaciones sean significativas, ya que, pese a perder algo en porcentaje de votos, aumentan su distancia con el PSOE, que se quedaría en el 26%, frente al 33,5% del 2007, debido a la irrupción de UPyD, que se cebaría sobre los socialistas.
Así las cosas, nos espera un cuatrimestre de listas de candidatos para las elecciones del año que viene. Empezando por las de este otoño en Cataluña.

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