sábado, 18 de septiembre de 2010

EL ALMACÉN NUCLEAR DIVIDE AL GOBIERNO. DE LA VEGA CONTRA SEBASTIÁN. EL APOYO A SARKOZY COMPLICA LOS APOYOS DEL PSOE A ZAPATERO. LEY SOSTENIBLE

EL CEMENTERIO NUCLEAR DIVIDE AL GOBIERNO.= Para la mayor parte de los diarios de este sábado, la eventual adjudicación del almacén nuclear es asunto esencial, aunque el tratamiento de unos y otros diarios es muy distinto: El Gobierno siembra la confusión sobre el destino del silo nuclear, titular El País, que explica que el Consejo de ministros frenó la concesión del almacén a Zarra, Valencia, después de que Miguel Sebastián la comunicara. Dice El Mundo: El gobierno frena el cementerio nuclear por el interés del PSOE. Sebastián y los técnicos proponen instalarlo en Zarra, Valencia, y De la Vega y los ministros más políticos lo vetan para no dar una bandera a Camps. El informe apuesta por Zarra porque las obras pueden iniciarse de inmediato. Lo cuenta así ABC: El Gobierno adjudica a Valencia el almacén nuclear y De la Vega evita confirmarlo. Dice La Razón: Los técnicos eligen Zarra para el almacén nuclear, pero el gobierno abre una guerra sobre su ubicación final. Dice La Gaceta: El ministro Sebastián se ríe de Valencia a cuenta de los residuos nucleares. En Público: El Gobierno regala a Camps un almacén nuclear. El municipio valenciano de Zarra logra la mejor valoración técnica para acoger el cementerio. Los partidos del País Valenciá rechazan el ATC, mientras que el Cataluña y el Castilla la Mancha celebran el anuncio. Y en La Vanguardia: El almacén nuclear provoca una crisis en el Gobierno. De la Vega tumba en el consejo de ministros la propuesta de Sebastián de ubicar el cementerio en Zarra. El Govern de la Generalitat ya canta victoria y da por descontado que la instalación no irá a Ascó… Posiblemente entre todas las versiones se llegue a la deseable versión definitiva y auténtica. Lo cierto es que, como dice El País, el Gobierno ha sembrado el desconcierto al comunicar a las comunidades valenciana y castellanomanchega que el almacén de residuos nucleares se instalaría previsiblemente en la localidad de Zarra (Valencia) para, horas después, negar que se hubiera producido una decisión oficial. Por la mañana, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, comunicó a José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha (PSOE), que podía respirar tranquilo, ya que se oponía a ubicar el almacén en su comunidad. También ha intentado ponerse en contacto con Francisco Camps. Al no lograrlo, el secretario de Estado de Industria ha transmitido el mensaje al vicepresidente valenciano Vicente Rambla. La reacción desde Valencia ha sido de rechazo tajante. El Gobierno regional (PP) ha anunciado un recurso y ha acusado a La Moncloa -"nos quitan el agua y nos mandan los residuos"-, mientras el líder regional del PSOE, Jorge Alarte, expresaba a Sebastián su opinión contraria. En el Consejo de Ministros se frenó la decisión. El informe técnico en que Sebastián da la mejor posición a Zarra, seguida de Ascó (Cataluña), Yebra y Villar de Cañas (ambas en Castilla-La Mancha). El momento había llegado. Después de casi seis años en busca de un emplazamiento para el almacén nuclear, el Ministerio de Industria decidía que, que pese a todos los problemas políticos y manifestaciones en contra, ya tenía una decisión. Zarra, en Valencia, a 11 kilómetros de la nuclear de Cofrentes, 551 habitantes, con un alcalde expulsado del PSOE por denuncias de corrupción, era el municipio elegido para albergar una instalación clave para España. Relata El País que, la tarde anterior, la comisión interministerial encargada de la selección del emplazamiento fue convocada de urgencia. Allí hay representantes de Industria, Presidencia, Interior, Medio Ambiente, Salud, Economía y Ciencia. Fue tal la premura que varios de sus miembros no pudieron acudir. Alguno desconocía que hubiese existido la reunión. Desde junio, los miembros del comité tenían orden de mantener libre su agenda los jueves por la tarde. La intención era ver una noche el informe y aprobarlo en el Consejo de Ministros del día siguiente. Rápido y limpio. El 24 de junio ya recibieron una llamada, pero fueron desconvocados a última hora porque el ministro de Industria, Miguel Sebastián, había pactado con el popular Cristóbal Montoro aplazar la decisión sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, activos durante miles de años. La comisión aprobó un informe elaborado por el Gobierno -el Comité Asesor Técnico compuesto por profesores de Universidad no había dado puntuaciones ni listas en su dictamen previo- en el que se concluía que había cuatro candidatos posibles con "escasas diferencias". Eran Zarra, Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca). La primera tenía 304 puntos y la cuarta, 272. La máxima puntuación posible era de 500 puntos. Con ese informe, Sebastián comenzó por la mañana temprano una ronda de llamadas a presidentes autonómicos afectados. Antes de las diez ya había telefoneado a José María Barreda, el presidente socialista de Castilla-La Mancha. Le dijo que estuviera tranquilo, que ya que no lo quería, el almacén nuclear no iría a su comunidad, ni a Yebra ni a Villar de Cañas, pese a que estaban "bien situados". Barreda se sintió aliviado y saboreó lo que vio como una victoria. Él se había empeñado en contra del almacén y llegó a manifestarse contra el Gobierno. "La manifestación, las pancartas, los gritos eran que no queríamos el ATC", declaró Barreda por la tarde. Barreda y Sebastián se enfrentaron públicamente en enero pasado cuando el ministro afirmó a este diario que la opinión de Barreda sobre el tema no tenía ninguna importancia. Después le tocó el turno al presidente valenciano, Francisco Camps. Sebastián le llamó seis veces durante la mañana, pero Camps no se puso al teléfono, para sorpresa e irritación del ministerio. Camps presidió a primera hora la reunión semanal de su Gobierno, que concluyó en torno al mediodía. Después recibió en audiencia al comité organizador del XVIII Congreso Internacional de las Familias y más tarde a los miembros de la Federación Española de Fútbol, que le presentaron la Copa del Mundo ganada en Sudáfrica por la selección. Camps ha eludido pronunciarse contra el ATC. Durante meses apuntó que lo aceptaría. El pasado 17 de febrero, el consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, respondió que el Gobierno de Camps era "absolutamente respetuoso con la autonomía local" y que sobre este tema respetaría "de manera escrupulosa las competencias de las distintas administraciones, en este caso, la local y la estatal". Antes del verano, sin embargo, el Gobierno de Camps se opuso. Con la negativa de Camps, el Ejecutivo se encontraba con que, oficialmente, ninguna autonomía quería la instalación. Sí había alcaldes interesados -nueve pequeños pueblos llegaron a la última criba- pero sus presidentes autonómicos se oponían. Como Camps no respondía a las llamadas, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, llamó al vicepresidente valenciano Vicente Rambla, y le dijo que el Consejo de Ministros que estaba a punto de empezar trataría el informe y que Zarra estaba en "buena posición". Ni el presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, ni el de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, recibieron el aviso de que no iría a los pueblos candidatos de sus regiones. Fuentes de la Generalitat de Cataluña explican que "hace días" Sebastián le comunicó a Montilla que no iría a Ascó, aunque fuentes del sector no descartan que, si la decisión se toma después de las elecciones catalanas, el ATC termine allí. Desde Valencia, las llamadas se multiplicaron. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, admite que estuvo en contacto con Sebastián desde primera hora de la mañana. Alarte, que desde el principio se opuso a que el ATC fuera a la Comunidad Valenciana, le expresó su rechazo "frontal y contundente" a que fuera a Zarra. La conversación fue especialmente tensa. Los socialistas valencianos han presentado una veintena de iniciativas en la diputación contra la instalación y su implantación allí era vista como un tiro de gracia. "El Gobierno del PSOE nos quita el agua y nos manda los residuos nucleares", era la frase que comenzaron a lanzar los populares a los cuatro vientos. Alarte llamó a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, diputada por Valencia, para que intentara frenar la decisión y también contactó con el vicepresidente tercero, Manuel Chaves. Alarte señaló que el alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, había sido expulsado del PSOE por corrupción, y que darle a su municipio una inversión de casi 1.000 millones de euros no era una buena idea.
Pero Sebastián estaba decidido a sacarlo adelante. Él haría lo que ni Montilla ni Joan Clos, sus predecesores en el cargo, lograron. Estos, cada vez que amagaban con la decisión, terminaban por dejarla en el cajón ante el revuelo político y social. En 1987, el Gobierno de Felipe González intentó construir un cementerio nuclear en Castilla y León y la bronca hizo que los socialistas perdieran la presidencia autonómica. Gracias al cementerio llegó a la Junta José María Aznar. Desde entonces, cada intento de construir un único almacén radiactivo, como tienen Bélgica y Holanda, acabó en fracaso. Sebastián estaba decidido a romper con eso. Estaba convencido de que "habría tortas" por acoger el almacén cuando pidió alcaldes candidatos y ayer seguía convencido de que no habría mayor problema. El tema no estaba en el orden del día del Consejo de Ministros, ni había pasado el miércoles por la Comisión de Subsecretarios que prepara los temas que el viernes se analizan en Moncloa. Sobre lo que ocurrió dentro de la reunión del Ejecutivo hay distintas versiones. Fuentes de Moncloa sostienen que no hubo un grave enfrentamiento. Otras fuentes señalan que De la Vega se opuso y que tras una tensa reunión impuso su objetivo. Sobre la una de la tarde, mientras el Consejo estaba reunido, el vicepresidente tercero del Ejecutivo valenciano, Juan Cotino, salió a dar cuenta en rueda de prensa de la reunión del consejo de Gobierno autonómico. Allí dio por hecho que el ATC iría a Zarra: "Estamos en contra de una decisión del Gobierno de España tomada de una forma unilateral y la Generalitat recurrirá el acuerdo". La familia de Cotino tiene los terrenos en los que iría el ATC, así que su aparición en contra de la instalación fue especialmente disonante.
Cuando una hora después, De la Vega compareció en Moncloa, el enredo era imparable. "El Consejo ha estudiado un amplio informe del Ministerio de Industria, pero la decisión no está tomada. Se ha pedido algún informe complementario", declaró De la Vega con su habitual ritmo pausado. "Es un debate complejo que continuaremos la semana que viene tras completar el informe que se ha solicitado", añadió la vicepresidenta primera. "Un debate complejo que continuaremos la semana que viene", es una forma evidente de desairar al titular de Industria. De la Vega ni siquiera aseguraba que se vaya a decidir en siete días. El motivo alegado para retrasar la decisión es chocante. Oficialmente, el Gobierno quiere tener un informe jurídico que le garantice que una comunidad autónoma no puede bloquear la instalación de un almacén nuclear. Y es chocante porque desde hace más de un año Sebastián ha insistido en que no tenían ninguna opción de bloquear la selección. El argumento de Industria era que esto es una decisión entre el Gobierno y los ayuntamientos implicados, y que bastaba con dar audiencia a las autonomías durante la tramitación. Incluso aludía a una sentencia que le dio la razón ante la Junta de Castilla-La Mancha cuando el Gobierno del PP construyó en al nuclear de Trillo, en Guadalajara, un almacén nuclear. El Congreso y el Senado ya habían pedido al Ejecutivo que se coordinase con las autonomías. Apenas dos días antes el Senado lo pidió por unanimidad. La alusión a las competencias autonómicas en el último momento causó sorpresa en algunas comunidades. Los barones socialistas llevan meses avisando al PSOE de que las formas de Sebastián no eran las correctas. Barreda criticó que negociara con pueblos candidatos de su región a sus espaldas; Óscar López, de Castilla y León, conoció casi a la vez que la prensa que Industria había convencido a alcaldes del PSOE para que optaran al almacén; Montilla insistió en que no se lo podían colocar en Tarragona meses antes de las autonómicas, y Fernández Vara amenazó con dimitir si iba a su territorio. "Industria ha actuado como si estuviéramos en la España preautonómica, como si fuera razonable tener relaciones directas sobre una cuestión tan importante con municipios pequeños puenteando a las comunidades. Los residuos nucleares son una cuestión de Estado, pero del Estado autonómico", declaró Barreda el 30 de enero en este diario.
ZAPATERO ROMPE CON LOS SUYOS PARA ALINEARSE A SARKOZY.- Cabía esperar que el apoyo expresado por Zapatero a Sarkozy sobre la expulsión de gitanos rumanos, trajera cola, y llegara a tener reflejo en la política española. La política desgobierno socialista en materia de inmigración ha sido, tradicionalmente, mucho más considerada, y a muchos dejaba perplejos el abrazo de solidaridad de Zapatero a su colega francés. Apenas concluyó el consejo de ministros de este viernes, la vicepresidenta De la Vega hubo de vérselas con las preguntas de quienes expresaban ese estupor, perplejidad e incredulidad con del gesto del presidente. Una cosa es que esté entre los damnificados de la comisaria Reding, porque en su momento menospreció los planes de igualdad de Bibiana Aido, y otra que se alineara, sin la menor dificultad, a todos los restantes jefes de estado y de gobierno, frente a la Comisión Europea, su presidente Durao y su comisaria presuntamente “deslenguada>”. Sobre todo, porque- como resalta el diario El País-, mientras el presidente del Gobierno defendía a Sarkozy en Bruselas, el Grupo Socialista registraba en el Congreso una proposición no de ley en la que se afirma que "las expulsiones colectivas son contrarias al derecho comunitario, a los valores y principios europeos". Hay que situarse en la sesión de Bruselas, cuando todos los mandatarios del Consejo Europeo no pronunciaron ni una crítica al Gobierno francés por las expulsiones de gitanos, y se limitaron a censurar a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, por la comparación con los nazis. Parece que la tarea de Sarkozy del “uno por uno” y la solidaridad entre los “jefes de primera división” hicieron mucho a favor de esa política dual: la CE contra los jefes… Por lo que se refiere al PSOE ha mantenido en las últimas semanas una posición de crítica abierta a las expulsiones, como lo demuestra la iniciativa registrada en el Congreso a mediodía del pasado jueves, aunque elaborada el lunes 13 de septiembre y firmada por el máximo responsable del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, y el portavoz de la Comisión Mixta de la Unión Europea, Juan Moscoso. El texto no menciona expresamente a Francia, pero empieza por asegurar que "muchos europeos, así como del resto del mundo, contemplan con profunda preocupación lo que está ocurriendo con la minoría gitana en algunos países". No había duda del sentir de los socialistas, por el tenor de su actuación desde que se conoció la expulsión de los gitanos rumanos en Francia. A su vez, en el Parlamento Europeo, los socialistas españoles votaron la semana pasada en contra de las expulsiones , con una intervención vehemente y fundamentada del portavoz socialista español, Juan Fernando López Aguilar. Además, en la web del PSOE aún se puede leer que la actuación del Gobierno francés supone una "expulsión colectiva y objetivada sobre base étnica que va contra la construcción europea y contra su principio de ciudadanía". La nota reclama una posición política frente al Gobierno francés y añade: "La Unión no puede permitir acciones populistas de Gobiernos que pretendan superar sus problemas ante las encuestas buscando chivos expiatorios. Cada vez que se produzca un gesto de desprecio hacia las instituciones por parte de algún dirigente, éste se va a encontrar frente a este Parlamento y al conjunto de las instituciones europeas ". Unos días antes, el PSOE se sumó a las concentraciones convocadas en toda Europa contra las expulsiones. El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, aseguró que la actuación del Gobierno francés "estigmatiza a las personas por su origen étnico". Ante el silencio de Zapatero sobre esta materia, desde el Gobierno se ha querido diferenciar el apoyo al presidente a Sarkozy, después de escuchar sus explicaciones en el Consejo, y la política de respeto a la libre circulación y a la no discriminación por razones étnicas. No obstante, el presidente no hizo alusión alguna a la misma, sino que se unió al ataque de Sarkozy a la comisaria de Justicia. Fuentes gubernamentales explican que el presidente sí valoró que Sarkozy reconoció el error de la circular de la policía en la que se ordenaban expulsiones colectivas y no individuales. Además, la investigación de la Comisión Europea sigue adelante y a ella aludió la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, quien destacó "los avances conseguidos en la Unión Europea, con una política común de inmigración que conjuga seguridad y respeto a las leyes", liderada por España.
De todos modos, es claro que el presidente ha sido pillado “con el pie cambiado”, y que será inevitable que se sitúe donde ha estado siempre, por más que deba desmarcarse de Sarkozy y su actitud xenófoba.
¿Qué actitud mantienen los gobiernos autonómicos? El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, abogó por un "análisis profundo [de la expulsión de gitanos en Francia], porque si ha habido por medio una etnia sería gravísimo". "Para atender a una persona en dificultades no le pedimos el RH. Todos los ciudadanos deben tener derechos y responsabilidades", añadió la consejera de Igualdad. En el País Vasco también ha intervenido el lendakari:. "A veces los propios Estados democráticos no asumen su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y es evidente que el ejemplo de Francia no es el mejor", dijo el lehendakari, Patxi López. El responsable vasco de Inmigración admitió que los gitanos expulsados pueden recalar allí, pero no hay ningún dispositivo especial previsto. En Madrid se recuerda que el Gobierno autonómico de Aguirre tramita la extradición de 30 gitanos "multirreincidentes". Su delito: almacenar material robado en chabolas de El Gallinero, un basurero en el que viven 300 personas, un tercio de ellas niños. El Ayuntamiento, la Comunidad y Cruz Roja les ayudan (sanidad, escolarización), sin realojarles. La líder regional, Esperanza Aguirre, opinó que la expulsión de ciudadanos de un país "no es un tema fácil". En Cataluña, el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, ve "nefasta" la decisión francesa: "Es muy grave dedicarse a aglutinar los odios contra un colectivo en vez de trabajar en su integración". Cataluña tiene un plan de integración que va de la ayuda social al control policial de asentamientos ilegales. En A Coruña se han producido conflictos con familias chabolistas que no querían ser realojadas, y sobre todo con barrios que se niegan a recibir a los gitanos. La oposición vecinal provocó enfrentamientos con los romaníes en Poio (Pontevedra).
ZAPATERO SE VERÁ EL LUNES CON EL REY MOHAMED VI EN NUEVA YORK.- Posiblemente sin pretenderlo, los dos principales líderes, Zapatero y Rajoy, han coincidido en mostrar su deseo de potenciar las relaciones con el Gobierno y la nación marroquí. Por parte del presidente, con el anuncio de su entrevista con el Rey marroquí; Rajoy, por su vivo deseo de eliminar tensiones en su viaje a Melilla. José Luis Rodríguez Zapatero tiene previsto entrevistarse el lunes en Nueva York con el rey Mohamed VI, según confirmaron este jueves en fuentes gubernamentales. Será el primer encuentro entre ambos tras la crisis provocada por los incidentes de agosto pasado en la frontera de Melilla, donde activistas marroquíes amagaron con un bloqueo a la ciudad. Zapatero viaja el domingo a Nueva York para participar en la Cumbre de los Objetivos del Milenio, que persiguen erradicar la pobreza extrema en 2015, mientras que el rey de Marruecos acude a Naciones Unidas para defender el proyecto de autonomía para el Sáhara, que su país defiende como salida al contencioso. En paralelo al encuentro del monarca alauí y del jefe del Gobierno se reunirán los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países, Miguel Ángel Moratinos y Taieb Fassi-Fihri. El presidente evitó comentar la carta que el primer ministro marroquí, Abbas el Fassi, envió al presidente del PP, Mariano Rajoy, en la que expresaba su "profunda decepción y rechazo total" a la visita que éste hizo a Melilla. Fuentes de La Moncloa recordaron, sin embargo, que El Fassi no firmó su misiva como responsable gubernamental sino como líder del partido Istiqlal, socio del PP en la Internacional Demócrata de Centro. En la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término del Consejo Europeo, Zapatero mostró su "respeto" por la decisión de Rajoy de visitar Melilla y calificó de "correctas" las declaraciones que hizo durante su estancia en la ciudad, ya que a su juicio "van en la buena dirección". "Espero que todos contribuyamos a algo que tiene un interés importante para España y que todos los puntos que habitualmente se suelen utilizar de fricción entre España y Marruecos los tratemos con responsabilidad", agregó. En cuanto al encuentro de Zapatero con el Rey de Marruecos, el Gobierno confía en que el encuentro sirva para superar de forma definitiva la crisis del pasado verano, cuya motivación de fondo nunca se ha aclarado oficialmente. Aunque el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viajó el 23 de agosto a Rabat para dar explicaciones por los supuestos malos tratos a ciudadanos marroquíes en la frontera de Melilla, Mohamed VI se quejó de los sobrevuelos del yate donde descansaba el pasado junio, por parte del helicóptero de un Ejército español que lleva suministros a la guarnición de Chafarinas. Se recordará que, previamente, don Juan Carlos llamó desde Mallorca a Mohamed VI con el pretexto de felicitarle el Ramadán. Los dos monarcas acordaron entonces una "hoja de ruta" para superar la tensión bilateral que incluía, además de la visita de Rubalcaba, la incorporación de los respectivos embajadores y un encuentro entre ambos jefes de Estado. El Gobierno marroquí anunció que don Juan Carlos viajaría a Marruecos en visita privada, pero la Casa del Rey no ha confirmado aún este desplazamiento. Se espera que antes de fin de mes se incorpore a su puesto el nuevo embajador marroquí en Madrid, Ahmed Ould Souilem, y que reciba el plácet de Rabat el diplomático español Alberto Navarro.
En cuanto a Mariano Rajoy se quitó ayer por unas horas el traje de líder de la oposición y pretendió colocarse el de hombre de Estado. Mientras otros dirigentes de su partido seguían la estela marcada por él mismo este verano, cuando criticó la "debilidad" del Gobierno a la hora de defender la españolidad de Ceuta y Melilla, el líder del PP evitó cualquier crítica al Ejecutivo y lanzó todo tipo de mensajes conciliadores a Marruecos y a los musulmanes para tratar de rebajar la tensión que había precedido a su aterrizaje en la ciudad autónoma. El líder del PP tenía todas las intenciones de relajar tensiones, y desde su llegada, trató de que la visita fuera tranquila. La primera decisión, la más relevante para evitar tensiones, fue no visitar la frontera, al contrario de lo que hizo José María Aznar hace un mes, algo que Rajoy defendió entonces públicamente pero fue muy criticado dentro del partido. Precisamente a la hora en la que Rajoy paseaba por el centro de la ciudad, se había montado una miniprotesta de marroquíes en la frontera. Rajoy evitó acercarse y apartó de su discurso palabras tan habituales en las últimas semanas como la necesidad de tener "firmeza" ante las "agresiones" de Marruecos. Al contrario. Rajoy aseguró que su visita era "en positivo", lanzó un "gran abrazo a todos los miembros del colectivo musulmán, ahora que acaba de terminar el Ramadán", y al "colectivo hebreo", también numeroso en Melilla, y rechazó responder a las críticas. "No vengo a polemizar con nadie, vengo a estar con mis compatriotas de Melilla. He leído la carta del presidente de Istiqlal. No la comparto, pero no pienso entrar en polémicas. Marruecos y España tienen mucho que ganar desde la cooperación si van de la mano. Hay que hacer frente a los retos desde la cooperación. Debemos trabajar juntos y cultivar lo mucho que nos une y no lo poco que nos separa". Enfundado en ese pretendido nuevo traje de hombre de Estado, Rajoy evitó incluso polemizar con el Ejecutivo. "El Gobierno ha apoyado que yo me desplace a Melilla, y no voy a entrar en polémica con él. Además, el Gobierno también se desplaza aquí con normalidad, vienen los ministros y no hay problema".
Todo sonrisas, desde el Gobierno y la Oposición, al país vecino del sur.
EL PP CATALÁN PIDE MANO DURA CON LA INMIGRACIÓN ILEGAL.-Nos relata este viernes una cronista electoral de La Vanguardia que el electorado del PP pide mano dura en materia de inmigración ilegal, y que eso precisamente es lo que los populares catalanes van a ofrecer cuando empiece la campaña electoral catalana. Incluso antes. La polémica por la decisión del Gobierno francés de expulsar a los gitanos rumanos instalados en asentamientos ilegales es hoy el argumento. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y el eurodiputado Santiago Fisas, ejercen de anfitriones de la eurodiputada Marie-Thérèse Sánchez- Schmid, del partido de Nicolas Sarkozy, en una visita por el barrio de la Salut de Badalona. En este barrio la convivencia con el colectivo de gitanos rumanos es uno de los argumentos de la oposición popular que ejerce Xavier García Albiol. Se trata de una zona donde el PP catalán ya ha plantado batalla a los gitanos de origen rumano. En abril, Sánchez-Camacho y García Albiol repartieron por la Salut un panfleto en el que aparecía una foto de gitanos rumanos sobre la pregunta "¿Tu barrio es seguro?". Y una foto de un balcón con un cartel colgado que rezaba: "No queremos rumanos". Todos los partidos criticaron duramente al PP catalán, pero Alicia Sánchez-Camacho optó por no sancionar a Albiol.
En Madrid admiten, sigue contando la crónica, que una nueva polémica de este tipo es lo que menos le conviene ahora al partido. La dirección del PP ve con incomodidad el tour organizado para este viernes en Badalona, aunque fuentes populares admitieron a La Vanguardia que no habrá desautorización pública, pero tampoco aplaudirán la iniciativa. Estamos en precampaña en Cataluña, viene a decir la dirección, y aunque no quieren avalar este tipo de citas, tampoco quieren rechazarlas, porque es lo que complace a su electorado. Con esa máxima, el presidente del PP, Mariano Rajoy, preguntado por la polémica en el seno de la Unión Europea en torno a la política de expulsiones de Sarkozy, quiso evitar un pronunciamiento claro al respecto, aunque al final avalara a Francia. En una rueda de prensa celebrada durante su sstancia en Melilla, Rajoy expresó su "respeto" por la decisión del gobierno francés, "que tiene el apoyo mayoritario" de su país, y se manifestó convencido de la legalidad de la medida adoptada por Sarkozy. Hizo especial hincapié, no obstante, en lo que, a su juicio, debe centrar las políticas de inmigración en todos los países de la Unión Europea: orden, control y respeto a la ley. Con el convencimiento de que sólo tendrá éxito esa política si es de verdad una acción común en Europa. El mismo respeto expresó, a su vez, desde bruselas, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después de la celebración del Consejo Europeo. "No se puede juzgar antes de evaluar", sostuvo el presidente del Gobierno, convencido de que Sarkozy cuenta con "argumentos" para defender las polémicas expulsiones. Y teniendo en cuenta que algunos ayuntamientos españoles han expresado en sus últimos años su preocupación ante la llegada de estos colectivos. Por este y otro motivos, pidió "prudencia" a la espera de la resolución del expediente abierto por la Comisión Europea.
Recuerda la Vanguardia que el debate de la inmigración que impulsó el Partido Popular ante las elecciones generales del 2008 ya le hizo un roto electoral al líder del PSOE. Algo que le llevó a endurecer notablemente su discurso al respecto, pero sin que eso llevara a Zapatero a dejar de navegar entre dos aguas. Ahora ha vuelto a mostrar esa ambigüedad. Así, tras dejar a salvo al presidente Sarkozy de cualquier reproche por la polémica expulsión de los gitanos, el presidente del Gobierno aseguró, por una parte, que los asentamientos ilegales de inmigrantes son "una mala práctica". "Siempre hay que estar prevenido e intentar que no se produzcan este tipo de asentamientos", dijo. Menos contemporizador con Sarkozy y la postura del PP se mostró el portavoz del PSC, Miquel Iceta, quien advirtió que los populares "están jugando con fuego", y declaró que la expulsión de los inmigrantes que son ciudadanos europeos "es imposible".

EL JUEVES ARRANCA LA LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE.- Según anuncia una crónica política del diario ABC de este viernes, la ley estrella de José Luis Rodríguez Zapatero, la de Economía Sostenible, echa a andar en el Congreso el próximo jueves, en el debate de totalidad, sólo unas horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Puede ser una casualidad, pero eso no se lo cree casi nadie en el Congreso..., añade el cronista. De entrada, el Gobierno cuenta con el mismo socio para que le salve estas dos leyes: el PNV, que no presentará enmienda a la totalidad en el debate sobre la Ley de Economía Sostenible. Desde que Zapatero se sacó de la chistera esta ley en el Debate sobre el estado de la Nación de 2009, sólo ha recibido críticas por parte de la oposición, que viene rechazando toda la política económica del Gobierno del PSOE, y en concreto el valor que pueda tener esta futurible ley que salió de Moncloa en abril de 2010 y que ha quedado totalmente desfasada por los acontecimientos y la fuerza de la crisis. Ya en diciembre de 2009, cuando Zapatero presentó las líneas generales del anteproyecto, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, lo calificó de «globo publicitario» del Gobierno. Lo cierto, añade ABC, es que el Ejecutivo podría pasarlo muy mal en la votación del próximo jueves, ya que el PP, CiU, IU-ICV y el Grupo Mixto han presentado enmiendas a la totalidad para devolver el texto a la Moncloa. Y es ahí donde aparece otra vez el PNV, socio presupuestario por necesidad imperiosa del Gobierno, y ahora también salvador de la Ley de Economía Sostenible. Fuentes próximas al Grupo Vasco han asegurado que esta ley no está vinculada a los Presupuestos, que se negociarán de manera separada. Erkoreka y sus diputados están «peinando» el articulado del proyecto de ley para negociar con el Gobierno su contenido y vigilar de cerca que no se produzca «invasión» competencial. Además del PNV, los tres diputados de ERC tampoco han presentado enmienda a la totalidad. Junto a ellos, el Gobierno cuenta con los votos de Coalición Canaria (dos) y UPN (uno), que no respaldarán, previsiblemente, las enmiendas a la totalidad. Con la izquierda de la Cámara (a excepción de ERC), el PSOE sabe que no puede contar, y menos en vísperas de la huelga general del día 29. No obstante, el Grupo Socialista tiene previsto presentar, antes del debate, un paquete de enmiendas parciales para corregir el desfase del proyecto de ley. Si esas enmiendas logran dar la vuelta por completo al texto, en el Grupo catalán de CiU no se descarta una retirada de su enmienda a la totalidad en el último momento. En todo caso, todos los grupos están dispuestos a negociar más adelante el proyecto, artículo por artículo, para tratar de mejorarlo. La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado su temor a que la Ley de Economía Sostenible se transforme en una Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, donde se incluyan nuevas tasas e impuestos. Mientras tanto, la negociación entre el Gobierno y el PNV sobre transferencias al País Vasco, previa al futuro acuerdo presupuestario, continúa. «Las sensaciones no son malas», dicen en el PSOE. «Por ahora, ni frío ni calor», resumen en el PNV.
Los pasillos y despachos del congreso funcionan a tope esta temporada...
¿CUÁNTO SUBIRÁ LA LUZ?.- Hay bastante unanimidad en el anuncio de que, en octubre, dentro de unos días, subirán las tarifas de la luz. Pero no existe, ni mucho menos, unanimidad sobre cuánto, en qué porcentaje se producirá tal subida. El País dice que Industria prevé una mínima subida- En La Vanguardia se indica que el recibo eléctrico podría subir un 4 por 100. Habla La voz de Galicia de “cerca de un tres por ciento”... En el diario ABC se asegura que, en una nota oficial, el Gobierno admite que debiera subirse... un 60 por 100, si bien se explica que el Ministerio asegura que con los precios aprobados en el pasado mes de julio no se superaría el umbral del déficit de tarifa (la diferencia entre los ingresos obtenidos por el recibo de la luz y los costes que soporta el sistema), que este año está fijado en un límite de 3.000 millones de euros, pero al mismo tiempo introduce un escenario más realista que reconoce explícitamente la existencia de un «agujero negro» en el sistema eléctrico español. Y añade que las compañías recogieron con estupor el texto elaborado por el Ministerio, ya que dibuja un panorama que maneja dos alternativas extremas, el todo o la nada: por un lado opta por no subir los precios y por otro reconoce que podría ser necesario un espectacular incremento de hasta un 60%. Y es que Industria -sigue contando ABC- propuso a la CNE no subir en octubre los peajes de acceso, única parte del recibo de la luz que fija el Gobierno. Ello no implicará que el recibo no experimente una pequeña elevación. Los peajes o tarifas de acceso remuneran costes regulados del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el transporte o la distribución, y las pagan todos los consumidores de electricidad. En el caso de la tarifa TUR, Tarifa de último recurso, a la que pueden acogerse usuarios con potencias inferiores a los 10 kilovatios (hogares y pymes), los peajes constituyen uno de los componentes utilizados para su cálculo, junto a los impuestos y al precio de la energía, que se determina mediante subastas (Cesur). Está previsto que la próxima se celebre el 23 de septiembre y, aunque todos los previsiones apuntan a un alza, éste sería, en todo caso, moderado.
En el documento remitido a la CNE, Industria propone mantener las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución que entraron en vigor el 1 de julio, tanto para los grandes consumidores como para los usuarios domésticos. Días antes de esa fecha, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, anunciaron que habían acordado no aplicar el alza de la luz previsto para julio, lo que obligó al Ejecutivo a bajar los peajes en contra de su propuesta inicial. En esta ocasión, la congelación de los peajes facilitará la moderada subida del recibo. Desde julio de 2009, la única herramienta que permite al Gobierno jugar con el precio de la luz son los peajes, pues la otra parte del recibo depende del coste de la energía en el mercado mayorista eléctrico (pool) o del resultado de las Cesur. Desde el sector entienden que la decisión del Gobierno de no incrementar en esta ocasión los peajes de acceso supone un intento de acercar posturas con el PP para tratar de cuajar un pacto de Estado en materia energética que, en su primer intento, acabó en desencuentro y sin cumplir ninguna expectativa de una industria que sigue lastrada por la incertidumbre. La variación normativa que el Gobierno implantó antes del verano para poder revisar los precios a discreción en vez de cada seis meses no fue si no otro elemento de distorsión. De hecho, Miguel Sebastián fue claro el miércoles en el Congreso al referirse a la negociación con los populares. El diálogo «tiene que acabar pronto», porque «el tiempo se nos ha acabado y ha llegado el momento de tomar decisiones», sentenció el ministro. Señala también ABC que mientras, los consumidores comienzan a ponerse la venda, Facua aseguró que «en ningún caso estaría justificada una subida de tarifas en octubre», a la vista de la «boyante situación del sector eléctrico» y la «cada vez mayor oscuridad sobre el déficit de tarifa».Un portavoz de la asociación señaló que «el Ministerio debe aprobar la congelación de toda la estructura tarifaria, tanto fija como variable, y el precio del kilovatio no debe subir más este año».
Pero pocos dudan de que la subida está al caer...
VICTORINO ALONSO, EL REY DEL CARBON .-Es indudable que las minas de carbón leonesas, o asturleonesas, han vuelto a tener un protagonismo que no tenían desde hace años, por razón de la deuda que vienen acumulando sus mineros y cuyo pago reclaman con su anuncio de huelga. Por encima de cualquier otro, hay un empresario muy conocido, el auténtico “el empresario del carbón en España”, como le denomina El Confidencial, que ha facilitado un perfil del personaje: Inició su andadura en este negocio tras heredar algunas minas de su padre y un cuarto de siglo después Victorino Alonso (58 años) representa casi a la mitad de esta industria. Celoso de su imagen pública, su ascenso a la meca del carbón está rodeado de misterio, sobre todo cuanto más se remonta en el tiempo. Con los años, sin embargo, ha medida que ha crecido su fortuna, ha alcanzado un estatus de empresario respetado, ascenso que ha culminado con la presidencia de Carbunión, la patronal del sector. Convertido en todo un poder fáctico en León y Asturias, las principales regiones mineras del país, Victorino Alonso ha saltado a la palestra por las huelgas y encierros efectuados por mineros de sus compañías, que acumulan retrasos en el pago de las nóminas desde el pasado mes de julio. Las protestas han subido de tono, una vez que los afectados comenzaron a realizar barricadas y cortar vías de comunicación como la A-6, que une Madrid y Galicia. Un clima de tensión que, lejos de incomodarle, el empresario utiliza como palanca negociadora. Esta semana, en la comparecencia que efectuó en Gijón, el propio Alonso reclamó al Estado un Programa Financiero que sirva para aliviar la situación económica de las empresas e instó al Ejecutivo a que aprobara, de manera urgente, el Real decreto del Carbón, que España. A su vez, reclama a la Comisión Europea. Zapatero se lo recordó este jueves a Durao Barroso en bruselas. Un Decreto destinado a incentivar el consumo de carbón nacional y a obligar a las eléctricas a quemar ese mineral. Sin embargo, la norma, cuya aprobación estaba prevista para el pasado mes de diciembre del año pasado, está bloqueada en Bruselas y puede volver modificada. Explica El Confidencial que la postura que mantiene Carbounión no ha sentado bien en Madrid. A pesar de su relación de paisanaje y amistad con el presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, que se comprometió a mantener con vida al carbón nacional, el impago de las nóminas ha sido interpretado como medida de presión para sacar los mineros a la calle. Por este motivo, el pasado miércoles, desde el ministerio de Industria, el titular Miguel Sebastián calificó de inusual e inaceptable esta actuación y anunció que se investigará el destino de los 367 millones que han recibido desde julio de 2009 en ayudas.
Pero Alonso es todo un experto en manejar las cuentas de resultados de sus compañías y utilizarlo como herramienta para negociar ayudas. Recuerda el periódico de Internet que, bajo mandato del PP, el secretario de Estado de Industria, Nemesio Fernández-Cuesta, llegó a explicar en el Congreso que "es difícil de entender que el grupo de empresas compuesto por 14 sociedades presentara el pasado año (1996) unas pérdidas de 246 millones de pesetas con unas ventas globales de 49.399 millones y unos recursos propios de 10.000 millones y que mantenga en fase expansiva el negocio". La misma complejidad de su entramado societario se traslada a su patrimonio. Como se supone, Alonso es una de las mayores fortunas de las comarcas mineras, además de un importante terrateniente, con varios miles de hectáreas en fincas de caza repartidas en Cáceres y Huesca, con las que también ha tenido problemas. Sin embargo, el tamaño de su fortuna se desconoce. Casi ninguna propiedad, al margen de las compañías mineras y los negocios auxiliares, figura a su nombre. Sus intereses patrimoniales están representados por terceras personas, como su asesor Antonio Francisco de la Fuente. Esta opacidad quedó demostrada durante otro episodio de los noventa, cuando un informe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil revelaba que el empresario leonés, declarado insolvente por varios juzgados, poseía un ¨entramado de unas treinta empresas, con un valor real de cerca de 20.000 millones de pesetas, un capital social superior a los 2.000 millones y un movimiento de dinero en suministros de unos 40.000 millones¨. La Guardia Civil se mostraba extrañada de "que sin patrimonio conocido ni socios capitalistas, un señor que poseía 40 acciones de Hullas de Barruelo y un ciclomotor en 1989, que manifiesta vivir de las propinas del padre, fuera ya gestor de ese emporio. También de aquella época se remonta un conflicto con las eléctricas, sus principales compradores del carbón. En 1993, Unión Fenosa denunció a Victorino Alonso por suministrarle carbón de mala calidad, extranjero, pero que comercializaba como autóctono y, por lo tanto, con derecho a prima. Después de que este proceso se archivara en alguna ocasión, finalmente el Tribunal Supremo falló el pasado mes de marzo a favor de la eléctrica y contra el empresario, al que obliga a pagar de 14 millones de euros de indemnización. Con todo lo dicho, su último gran frente tiene que ver con la mina a cielo abierto que explota en León. Tras la pasividad regulatoria de la Junta de Castilla y León y del propio ministerio de Industria, tuvo que ser Bruselas -hace casi tres años- quien mandara detener las obras y retirar las máquinas. Finalmente, el Tribunal Supremo se atrevió de nuevo con Victoriano Alonso, y la Fiscalía instó una investigación por presuntos hechos delictivos de carácter urbanístico y medioambiental. Aunque esta derrota parcial no significa que haya perdido la batalla judicial.
Personaje controvertido para un sector conflictivo...
EL CONTROVERTIDO RELEVO DE LA PRESIDENTA DEL CIS.-Los medios informativos han dado por hecho que el Consejo de Ministros de este viernes tenía entre sus acuerdos el de proceder al relevo de la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas. Unos diarios sostienen que se trata de un relevo pactado, y otros adivinan o describen “ambiente de bronca”, en este relevo. Es la versión, por ejemplo, que proporciona el diario Público, que suele tener excelente información de lo que sucede en el gobierno. Pues bien, este diario anunciaba el relevo “salvo sorpresa de última hora”: la destitución de Belén Barreiro como presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a propuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Y añadía que la vicepresidenta, de la que depende orgánicamente el CIS como ministra de la Presidencia, decidió prescindir de Barreiro de manera fulminante, aunque desde su departamento se intentó presentar el relevo como "un cambio pactado que se produce dentro de la normalidad, como cuando ella sustituyó a Fernando Vallespín", según indicaron fuentes próximas. Sin embargo, según pudo corroborar Público, la decisión de Fernández de la Vega desató una fuerte tormenta interna dada la profesionalidad acreditada por Belén Barreiro, bajo cuyo mandato el CIS se ha fortalecido como un auténtico Centro de Investigaciones Sociológicas. Los intentos de frenar la destitución, procedentes tanto de destacados miembros del Gobierno como del PSOE, chocaron con la determinación de la vicepresidenta primera. A primera hora de la noche, se filtró la noticia para bloquear una posible marcha atrás. En el trasfondo de la decisión están las diferencias que desde hace tiempo mantenían De la Vega y Barreiro sobre la forma de dirigir el CIS y otras cuestiones más técnicas relacionadas con la elaboración de los estudios de opinión. Uno de sus últimos desencuentros se produjo antes del verano por las presiones que ejerció la vicepresidenta para modificar las fechas previstas para realizar el trabajo de campo de una de las encuestas, según aseguran fuentes conocedoras de las divergencias que han marcado su relación. A pesar de las acusaciones del PP, que intentó lanzar contra ella una campaña de desprestigio, Barreiro nunca se ha plegado a las exigencias de someterse al control político de la vicepresidenta y ha defendido hasta el final su autonomía, lo que finalmente le ha costado el cargo. Lo mismo le ocurrió a su predecesor, Fernando Vallespín, que llegó al puesto después de haber colaborado con José Luis Rodríguez Zapatero en la oposición. La última etapa de Vallespín al frente del CIS estuvo marcada por divergencias con Fernández de la Vega que le llevaron a regresar a la actividad docente como catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma. Barreiro asumió la dirección del CIS después de trabajar como vocal asesora en el Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de Presidencia del Gobierno desde mayo de 2004, tras la primera victoria electoral de Zapatero, bajo la dirección de José Enrique Serrano. Doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, se la considera adscrita a la Escuela de Sociología del ex ministro José María Maravall, con el que colaboró en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. También colaboró activamente con la Fundación Alternativas, cercana al PSOE. El elegido para sustituir a Belén Barreiro es Ramón Ramos, a quien desde la vicepresidencia primera se presentó como "un catedrático de Sociología bastante prestigiado". Ramos, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, fue jefe de Servicios del Gabinete Técnico del CIS entre 1983 y 1984. Es investigador visitante en el Departamento de Sociología de la Columbia University de Nueva York (USA) y en el Centre de Recherche en Épistémologie Appliquée (CREA) de la École Polytechnique de París (Francia). También es miembro del consejo editorial de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), publicación trimestral del CIS, y responsable del área de sociología en Revista Libros.
Algo más llegaremos a saber del inesperado relevo en el CIS...
900 MILLONES PARA POLÍTICA JUVENIL DE LA XUNTA.-Explica este viernes el diario La Voz de Galicia que “el Gobierno de Feijoo tira de ingenio” para vestir sus políticas en tiempo de crisis. Y cuenta que, en un contexto marcado por las fuertes restricciones presupuestarias, que obligarán a la Xunta a recortar 1.000 millones de las cuentas del 2011, el Ejecutivo apuesta por promover estrategias transversales que permiten concentrar las actuaciones de un mismo ámbito en un plan para toda la legislatura con el que aglutina inversiones significativas. Así lo hizo, por ejemplo, al englobar todas las medidas de acceso y desarrollo de las nuevas tecnologías en la Agenda Digital, con la que prevé movilizar 935 millones de inversión pública y 700 de participación privada hasta el 2014, y así lo hará también al unificar su política juvenil en un plan en el que invertirá 900 millones en tres años. El diario relata que Feijoo anticipó este jueves, en su comparecencia posterior al Consello de la Xunta, que la bautizada como Estratexia Xuventude 2013 volcará 500 de esos 900 millones de inversión pública en las políticas de empleo. Se trata de favorecer la inserción laboral de uno de los segmentos de población más castigados por la recesión económica. Así lo acredita el Instituto Galego de Estatística (IGE) en su reciente encuesta anual sobre las condiciones de vida de las familias, donde puso de manifiesto que tres de cada cuatro jóvenes gallegos de 18 a 29 años se ven abocados a seguir viviendo con sus padres. El 33% de ese colectivo de 300.000 personas no tiene empleo, y el 27,6% cobra por su trabajo 600 euros o menos. El presidente señaló, a preguntas de los periodistas, que las medidas para aliviar esa inquietante realidad se concretarán en el marco del diálogo social. Además del empleo, la estrategia juvenil de la Xunta establece otros ocho ejes de actuación: educación, vivienda, movilidad, participación, voluntariado, información y formación, salud y deporte, y espíritu empresarial, que suman más de 240 medidas a desarrollar hasta el 2013. Se indica a continuación que, a falta de que el Gobierno precise el contenido de esas actuaciones, Feijoo evidenció en el anuncio del plan que recogerá políticas que ya se están aplicando. Es el caso del plan Aluga, con el que la Administración fomenta el alquiler de viviendas. La Xunta mantendrá unas subvenciones que pueden cubrir hasta el 70% de los contratos de arrendamiento para los jóvenes menores de 30 años. Recordó, además, que los que tienen menos de 35 pueden beneficiarse de las rebajas fiscales impulsadas por su Gobierno para la compra de vivienda, con un ahorro estimado de 6.000 euros al adquirir un piso de 180.000. En el plano de la movilidad, Feijoo destacó que esta estrategia ampliará el programa de prácticas en empresas en el extranjero y triplicará los intercambios culturales entre distintos países. Adelantó que las ayudas para iniciativas juveniles aumentarán un 200%. Feijoo, que vistió la decisión de impulsar la actividad deportiva con el eslogan «Más deporte y menos botellón», comprometió para el primer semestre del 2011 la presentación del proyecto de la que será la primera ley de la historia de la autonomía para este colectivo. Afirmó que la estrategia recoge propuestas de más de 20.000 jóvenes.
BLAHNIK: ZAPATOS DE 500 A 4.300 EUROS.- ¿Sabe usted qué es un Manolo? ¿Y qué es un Blahnik? Son la misma cosa, como probablemente usted sepa. Dos formas para denominar a los más famosos zapatos del mercado. Sobre el personaje ha proporcionado este viernes un iluistrativo reportaje el diario El País, que empieza afirmando que con Manolo Blahnik es fácil hablar de cualquier cosa menos de zapatos. El interés por todo lo que se mueve, siempre que esté relacionado, aunque sea remotamente con la belleza, acapara su energía, que es mucha -"soy hiperactivo"-, y su tiempo, que también es mayor que el de los demás, pues solo necesita dormir cuatro o cinco horas para sentirse bien. La reportera de El País relata un almuerzo con el famoso “Manolo”, en el que conversan de Fidias, Tiepolo, Balzac, Filoctetes, los Madrazo, Visconti, Turner, Mahfuz y otros genios por el estilo, mezclados en una apasionada anarquía verbal .
Se relata seguidamente en el trabajo que Blahnik (nacido en Santa Cruz de la Palma, 1942) es el zapatero más famoso del mundo. Desde 1971, cuando abrió tienda en Londres, millones de mujeres admiran sus zapatos y algunas incluso los compran, previo pago de 520 euros -los más baratos- hasta 4.300, los confeccionados con piel de crías de cocodrilo. "De granja", apostilla.. Iba para diplomático. Su padre, un checo que conoció a la madre -hija de terratenientes plataneros- al atracar su crucero en Santa Cruz, le envió a la escuela diplomática de Ginebra. "Aguanté un semestre. No se imagina qué aburrimiento". Tanteó oficios de corte bohemio y al final se especializó como fotógrafo de moda. Fue el puente hacia un sector donde controla varias fábricas en Milán y 182 puntos de venta. Era ya un diseñador legendario -Jackie Onassis fue clienta fiel- cuando Sarah Jessica Parker le popularizó a escala planetaria. Su famosísima serie de televisión Sexo en Nueva York es un canto de amor rendido a los manolos. Lady Gaga -"uff, que mujer tan manufacturada"- los cita en sus canciones y Madonna colgó en la web: "Los manolos son mejores que el sexo". "Me temo que es lo que tendré que escribir sobre mi tumba", dice riéndose. Es alérgico a la uva fermentada y la cocina no le entusiasma., algo raro en una personalidad tan heterogénea y apasionada: "Cuando vi El Gatopardo quise ser director de cine. Del Partenón vinieron mis estudios de arquitectura. Con Benito Pérez Galdós y Stefan Zweig, que mamá nos leía de pequeños a mi hermana y a mí, quise ser escritor. Siempre me pasa. Me enamoro de las cosas. Ahora estoy leyendo Bouvard y Pécuchet, de Flaubert, y quiero ser jardinero". Conocida su pasión por Zurbarán, la National Gallery le cedió el cuadro de santa Margarita para una exposición en Londres. "Lo puse en una gran pared. Y debajo coloqué un par de mis estúpidos zapatitos. El conjunto era bonito. Pensaba: ahí está el maestro, y debajo, mi estupidez". Cada enamoramiento se refleja en su obra. "Quiero los colores de El Gatopardo", ordenó a su taller. Comenta que García Lorca le ha dictado los tonos del modelo Madrid, que acaba de ser presentado "El matiz del albero, el malva y los granas están en el Romancero gitano. Me limito a copiar". Un sistema que ha aplicado en 25.000 diseños, algunos objeto de obsesión. "Sé que en Hollywood hay quien tiene 500 pares de manolos. Qué disparate. Yo hago zapatos para durar. Comprar muchos resulta obsceno".
Hay propietarias de 500 pares de “manolos”. ¿Se imagina?

viernes, 17 de septiembre de 2010

LAS DOS PEL,EAS DE SARKOZY, CON DURAO Y CON MERKEL. ZAPATERO APOYA A SARKOZY. EL GOBIERNO DEFIENDE LA REFORMA LABORAL. RAJOY EN MELILLA

EXPULSIÓN DE GITANOS-EXTERMINIO DE JUDÍOS
La evocación histórica efectuada por la comisaria comunitaria Viviane Reding no ha dejado a nadie neutral en la pelea que se vive, con gran intensidad, en el seno de la Unión Europea, tras la decisión del jefe del estado francés, Sarkozy, de desmantelar los campamentos de gitanos rumanos y expulsarlos del país. Aún resuenan las palabras llenas de coraje de Reading: “Basta, ya ha sido bastante”, que dejaban a Sarkozy al pie de los caballos. Pero, claro está, uno de los hombres fuertes de la Unión Europea no podía pasar por alto una “injuria” de ese calibre, y por ello, reclamaba en su apoyo el respaldo de sus colegas los jefes de estado y de gobierno. Hasta el punto de que la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, celebrada en Bruselas, se convertía en una 'pasarela' monotemática de los líderes europeos sobre la cuestión del momento, la expulsión de gitanos rumanos de Francia. Y, naturalmente, el primero en hablar era el propio presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien ha defendido la postura de su país en este tema, respondiendo con dureza a cada una de las preguntas de los periodistas. El siguiente en coger el micrófono, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, empezó su intervención explicando que Sarkozy enumeró las resoluciones judiciales que respaldaban su decisión, y también criticó con dureza las palabras de la responsable europea de Justicia, Viviane Reding. "Tengo que recordar que la señora Reding también hizo [hace poco] unas declaraciones muy poco afortunadas", agregó Zapatero, en relación a la Euroorden de protección de mujeres maltratadas que respaldaba España y Reding atacaba. Y siguió recordando las palabras del presidente de Rumanía quien, durante el debate, advirtió de que lo que ha ocurrido en Francia puede pasar en cualquier ciudad europea. Cuestionado sobre si se refería a alguna ciudad en España, Zapatero insistió en que "lo que hay que hacer es evitar que se produzcan asentamientos irregulares porque son una mala práctica". El presidente español repitió una y otra vez que Francia "es un estado de Derecho" y que las expulsiones se han realizado según la ley, "y como a cualquier otro estado, en cualquier otro aspecto, hay que respetarlo". Sarkozy ya había advertido en su interpelación anterior que Alemania también planeaba desmantelar campamentos de gitanos en su territorio, algo que le habría dicho al presidente francés la propia canciller Angela Merkel. "Me dijo que tiene la intención de desmantelar campamentos en las próximas semanas", dijo Sarkozy en el marco de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Fuentes diplomáticas germanas señalaron sin embargo que no hubo "ni de lejos" una declaración de ese tipo. De manera que la tensa jornada vivida este jueves en la cumbre de la UE concluía con un embrollo diplomático entre París y Berlín. Tras pelearse a cara de perro con el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, Sarkozy se plantó ante la prensa para subrayar que, pese a la discusión con Barroso, ninguno de los jefes de Estado europeos habían manifestado una crítica directa a su política. Y aludió expresamente a la solidaridad de la canciller Angela Merkel, quien, según él, le había anunciado que dentro de unas semanas "ella también va a levantar varios campamentos". Poco después, ya en Berlín y ante una posible reacción en su país, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, negó que Merkel hubiese hablado con Sarkozy en esos términos. París, de momento, no ha reaccionado al desmentido.
De manera que Sarkozy tenía que afrontar dos grandes pulsos: primero con Durao Barroso, y posteriormernte con Angela Merkel. Con Durao, dicen los cronistas, “fue un "intercambio muy macho y viril", en apreciación del primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker. "Los gritos se oían en el pasillo", comentó alguien que estaba fuera de la sala. "La discriminación en la UE es inaceptable" y se va a investigar qué ha hecho Francia, aseguró Barroso. "Las expulsiones van a seguir", replicaba Sarkozy, encendido por las manifestaciones de Reding, para quien las expulsiones de gitanos constituyen "una situación que no pensaba volver a ver tras la Segunda Guerra Mundial". Comparar aquella hora de la infamia con lo ocurrido en la actualidad es "una injuria, una humillación y un exceso" que requieren una respuesta radical, explicó Sarkozy: "No puedo permitir que se insulte a mi país".Barroso explicó que a la Comisión no le gustaba nada lo que estaba ocurriendo en Francia y el presidente francés, "le replicó de forma muy agresiva", según una fuente diplomática, lo que destapó la caja de los truenos. "Fue un intercambio muy violento", comentó el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov. Como señalaba, ninguno de los jefes de Estado europeos manifestaron una crítica a las expulsiones de gitanos ordenadas por el Gobierno francés. Por el contrario, todos ellos coincidieron en censurar a Reding en vez de defender un pilar de la Unión como es la libre circulación de las personas. "La totalidad de los jefes de Estado y de Gobierno se manifestó sorprendido por las declaraciones excesivas de la vicepresidenta", precisó Sarkozy antes de aludir expresamente a la solidaridad de Merkel. Pero ésta no está dispuesta a verse en el mismo saco del acusado Sarkozy, por Mucha solidaridad que haya querido expresarle a su colega francés...
En fin, el presidente de la CE, Herman Van Rompuy pretendió cerrar el asunto, señalando que todo Estado de la Unión tiene derecho a aplicar la ley dentro del respeto al Estado de derecho, pero recordó que la Comisión tiene el derecho y el deber de velar por la correcta aplicación de la directiva sobre libre circulación y la no discriminación y el derecho a investigar cómo se hace. Nadie puede cuestionarlo. Abogó por el respeto mutuo entre la Comisión y los Estados e informó que en un futuro Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión discutirán sobre la situación de los gitanos en Europa.

EL GOBIERNO DEFIENDE SU REFORMA LABORAL.- ‑Con un cierto temor a que la reforma del mercado del trabajo quede “sepultada” o disminuida en su importancia por la huelga general del 29-S, el gobierno parece decidido a salir en defensa de la norma, y en esa conducta cabe inscribir las manifestaciones del presidente, del todavía ministro Corbacho y de Octavio Granado. "La reforma laboral fue aprobada por la mayoría de este Parlamento, que imagino que para usted supone un acto de profundo respeto. Tanto respeto al menos como a lo que puedan decir los trabajadores oponiéndose legítimamente a través de los sindicatos", aseguró José Luis Rodríguez Zapatero en el pleno del Congreso. El presidente del Gobierno hacía frente de este modo, en la sesión de control, al diputado Joan Herrera (ICV), que actuó como portavoz de los sindicatos para exigir a Zapatero que escuche a los trabajadores que participen en la huelga general del 29 de septiembre y rectifique la reforma laboral. "Esperamos que ustedes rectifiquen y que la huelga general sea la oportunidad para la reorientación hacia la izquierda. Ustedes, la izquierda resignada, el mascarón de proa de los recortes sociales, lo que tienen que hacer es cambiar y la huelga es la oportunidad para que cambien", aseguró Herrera. El diputado utilizó los precedentes de Felipe González y José María Aznar, quienes, tras sendas huelgas generales, modificaron las normas que dieron lugar a la protesta. González, tras el 14-D y con Manuel Chaves como ministro de Trabajo, modificó el Plan de Empleo Juvenil, y Aznar tras el 20-J de 2002 dio marcha atrás a su reforma laboral y hasta entregó la cabeza del entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. "Usted tendrá que rectificar porque hoy podemos ser pocos los que decimos así no en esta Cámara, pero en la calle somos mayoría los que decimos que su política de ajuste es injusta", aseguró Herrera. Sin embargo, Zapatero, reiterando en varias ocasiones su respeto hacia el derecho de los trabajadores y los sindicatos a hacer la huelga general, dejó claro que no dará marcha atrás. "Voy a mantener las decisiones políticas fundamentales, con la máxima capacidad de diálogo, por supuesto", dijo. Y frente a la protesta en la calle situó la mayoría del Parlamento que aprobó la pasada semana la reforma laboral. Aunque fuera con los votos del PSOE y sin respaldo global de ningún otro grupo. El presidente del Gobierno hizo una defensa de la reforma laboral, de la que dijo que es preciso esperar el tiempo suficiente para comprobar su eficacia.
Parecida defensa de la reforma laboral efectuó en la noche del miércoles el secretario de estado Octavio Granado,. En el programa de TVE 59 Segundos. Granado se enfrentaba a los líderes sindicales convocantes de la huelga, Toxo y Méndez así como a la candidata del PP Alicia Sánchez Camacho y el presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, y aportó una serie de datos de interés sobre la importancia e idoneidad de la reforma, elaborada tras el fracaso de la negociación de centrales y patronal en la mesa del dialogo social.
A RABAT LE CRISPA EL PP.- A estas alturas de nuestra historia de vecindad con Marruecos, es una obviedad que al Gobierno y autoridades del país del sur no les gusta nada el PP ni sus dirigentes. Posiblemente tengan muy en cuenta y en su “memoria histórica” la reacción de Aznar y Trillo, cuando la ocupación del islote de Peregil. O la afición que sus propios dirigentes, el propio Aznar o González Pons, han mostrado por acudir a alguna de las ciudades españolas situadas en aquel territorio, Ceuta o Melilla. Lo cierto es que el mero anuncio de que Mariano Rajoy se disponía a viajar a Melilla provocaba desazón y estado de nervios en Rabat. Rabat tilda la visita de provocadora, cuenta un diario; en otro que Rabat visita Melilla como acto de soberanía y enoja a Marruecos, la visita de Rajoy a Melilla tensa de nuevo la relación con Marruecos... Como muestra, también, la noticia de que la Coordinadora de la Sociedad Civil en el norte de Marruecos instaba este miércoles a la población marroquí a alzarse contra esta visita de Rajoy. El viaje "no apoya en absoluto las buenas relaciones entre los dos países" y se realiza "para perdurar el estatus colonial de la ciudad expoliada, algo hoy en día rechazable internacionalmente", denunció la asociación en un comunicado. La coordinadora, que el jueves y el viernes ha convocado manifestaciones en la frontera con la ciudad autónoma y en el consulado de España en Nador, consideró que esa visita "revela la política provocadora del PP ante el pueblo marroquí y su integridad territorial". A su juicio, la llegada de Rajoy es "una provocación a la sensibilidad de los marroquíes y, por ende, al tejido político, sindical y asociativo", por lo que invitan a enfrentarse a ella a "todos los ciudadanos marroquíes y a los amigos españoles conscientes de los derechos de la soberanía de Marruecos sobre ese territorio". Anunció además la intención de "emprender medidas de asedio sobre la ciudad ocupada cada vez que algún miembro de la cúpula de ese partido racista intente visitar nuestros territorios ocupados", y de hacer del jueves "el día del descontento y del enfado", como medida de protesta. La presencia de Rajoy tendrá lugar pasado casi un mes de la del ex presidente del Gobierno José María Aznar y después de que el PP "autorizara la apertura de una discoteca en Murcia con el nombre de La Meca, lo que traduce la animosidad de ese partido extremista hacia la nación árabe", lamenta la coordinadora.
Lo cierto y seguro es que la visita que realiza Mariano Rajoy hoy a Melilla, un mes después de que acudiera a la ciudad Aznar, estará rodeada de una gran tensión. El ambiente se calentó por una sorpresiva carta de protesta que envió a Rajoy, y dio inmediatamente a conocer la agencia oficial marroquí MAP, el primer ministro marroquí, Abbas el Fassi. La misiva, muy dura, ha sido enviada en nombre del partido que preside, Istiqlal, socio del PP en la Internacional Demócrata de Centro. Y en la misma le pide que no acuda a Melilla. El Fassi, el primer ministro, califica la visita de "un ataque manifiesto a la dignidad y al sentimiento nacional" de los marroquíes. "Expresamos nuestra profunda decepción y rechazo total a esta visita provocadora", señala El Fassi, para quien "este viaje no hará más que empañar el clima cordial que prevalece entre los dos países". Rajoy decidió mantener su viaje pese a la protesta marroquí. La tensión crecerá también hoy, durante la visita, ya que algunos colectivos han anunciado que habrá incidentes en la frontera similares a los que causaron la crisis de agosto, por la presencia en el paso de policías nacionales femeninas, y ya resuelta en un encuentro en Rabat con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP defiende la visita porque "Melilla es España". La carta es llamativa, y así lo comentaban algunos dirigentes populares, porque Rajoy ya visitó Melilla hace tres meses, el 18 de junio, y Marruecos no montó ningún escándalo. Es más, Omar Duddu, líder de las revueltas musulmanas en Melilla en los años 80, anunció que iba a ofrecer un mitin en la ciudad autónoma coincidiendo con esa visita, pero el Ministerio del Interior de Marruecos lo impidió para evitar tensiones. De hecho, el contenido de la carta es mucho más duro que la reacción frente a la visita que Zapatero efectuó a principios de 2006 ya como presidente del Gobierno. Era el primero en hacerlo después de Adolfo Suárez. Felipe González, Calvo Sotelo y el propio Aznar nunca estuvieron allí como presidentes del Gobierno. Tanto el PSOE como el Gobierno han evitado criticar la visita de Rajoy. Resuelta la crisis con Marruecos, fuentes socialistas consultadas por Europa Press insistían en que el líder de la oposición tiene derecho a ir a cualquier ciudad española. En Exteriores se aseguraba que "la españolidad de Ceuta y Melilla está fuera de toda discusión". En medio de la polémica se hizo público un discurso de Ayman Zawahiri, lugarteniente de Bin Laden, en el que se refería a las ciudades autónomas. Mostraba la disposición de Al Qaeda de luchar para cambiar el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial y recuperar "los reinos del islam desde Turkmenistán Oriental a Ceuta y Melilla".
Nada menos... Únicamente los socialistas han salido en defensa del viaje: se han limitado a decir que “está en su perfecto derecho a ir”.

SE ELEVARÁ EL IRPF SOBRE LAS RENTAS MÁS ALTAS.- Después de varios meses de “marear la perdiz” sobre la posibilidad de establecer un nuevo impuesto, o una nueva tasa, para las rentas más altas, finalmente, el Gobierno, según explica este jueves el diario Púbico, opta por lo más sencillo en su anunciada "intención de elevar la presión fiscal sobre los "ciudadanos con alta capacidad económica, según la expresión utilizada en su día por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.:Renuncia a crear un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, a imitación del que existe en Francia o el extinto Impuesto sobre el Patrimonio español, y planea elevar el IRPF sobre las rentas más elevadas. Cuenta cómo en medios gubernamentales se venía defendiendo la creación de ese nuevo impuesto que iría directamente a gravar a los más ricos. Pero los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda han desaconsejado la puesta en marcha de una nueva figura tributaria por las complicaciones que supone. Hacienda también descarta recuperar Patrimonio, porque considera que traería más inconvenientes que ventajas. Por ejemplo, las comunidades autónomas tienen la facultad de modificar este impuesto y algunas gobernadas por el PP ya habían anunciado su propósito de eliminarlo en sus territorios, lo que hubiera acarreado desigualdades entre comunidades. De manera que la idea, parece que definitiva, es actuar sobre el IRPF. Esta subida la ha propuesto el Gobierno al PNV en el marco de la negociación de los Presupuestos del Estado de 2011, según fuentes cercanas a la negociación. Se trata de crear un nuevo tramo en la parte estatal del Impuesto sobre la Renta, que se aplicaría a los contribuyentes con ingresos más altos. En concreto, la línea se ha puesto en los 120.000 euros de ingresos (aunque se ha manejado en la negociación la posibilidad de llegar hasta los 125.000 euros), que soportarían un tipo marginal del 47% , sin que se descarte que se pueda quedar en el 46%. Actualmente, el tipo máximo del IRPFes del 43%, que soportan los contribuyentes con rentas superiores a los 53.400 euros. La decisión del Ejecutivo supondría la primera subida del impuesto sobre la renta desde que se creó, a finales de los años setenta; entonces, el tipo máximo del impuesto era del 65,61%, que se aplicaba a los que ganaban más de 9,8 millones de pesetas de la época, una cantidad que equivaldría, teniendo en cuenta la evolución de la inflación, a unos 318.000 euros de ahora. La subida proyectada por el Gobierno toma como modelo el aumento del IRPF aprobado por la Generalitat de Cataluña y se acerca al que planean otras comunidades. El nuevo modelo de financiación autonómica reparte el impuesto al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, a las que, además, concede mayores facultades para modificar el tributo en su territorio. Cataluña ha sido la primera autonomía que ha aprobado una subida del IRPF para elevar sus ingresos, que se han desplomado por la crisis. En su caso, ha introducido dos tramos en la parte autonómica del impuesto, el primero para los ingresos de más de 120.000 euros, a un tipo del 47%, y otro para las rentas superiores a 175.000 euros, con un tipo marginal del 50%. Por su parte, Andalucía y Extremadura también han anunciado un tramo para las rentas de más de 120.000 euros. Otras comunidades proyectan igualmente otro escalón a su parte de la tarifa del impuesto, aunque lo han situado a partir de los 100.000 euros (ver información adjunta).
Cuenta la información de Público que algunos fiscalistas apuntan que la solución de incrementar el IRPF para las rentas más altas no puede considerarse estrictamente una subida de impuestos para los más ricos. El Impuesto sobre la Renta grava principalmente los salarios (y también los ingresos por actividades profesionales o empresariales, pero su peso es menor); es decir, la subida la soportarán los contribuyentes con sueldos más altos, que no son necesariamente los que más tienen. Estos, al contrario, en la mayoría de las ocasiones, reciben sus retribuciones a través de sociedades (que tienen una tributación menor) y, además, sus bienes y su patrimonio no se verán afectados, lo que sí hubiera sucedido con un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, como había llegado a manejar el Gobierno. La subida del IRPF afectaría a cerca de 200.000 contribuyentes; es decir, a uno de cada diez declarantes del impuesto. Como ya había anticipado Hacienda, el incremento de la presión fiscal no supondrá unos ingresos muy elevados: estaría entre 700 y 800 millones para un tributo que recauda unos 70.000 millones de euros. Por ello, el Ejecutivo insiste en que se no se trata de una medida recaudatoria, sino que persigue una mayor equidad en el sistema fiscal. Cabe recordar que el desplome de los ingresos y la necesidad de reducir el déficit público llevó al Gobierno a variar su política de reducción de impuestos. En junio del año pasado, abrió la puerta a las subidas fiscales al elevar los gravámenes de los impuestos sobre carburantes y sobre el tabaco. Con los Presupuestos de 2010, se abordó una subida fiscal en dos pasos. El primero se dio en enero, con la elevación de los rendimientos del capital en el IRPF del 18% al 19%, y se introdujo otro gravamen del 21% para las rentas de más de 6.000 euros. El segundo paso fue el incremento del IVA, que entró en vigor el pasado 1 de julio. El tipo general se elevó dos puntos, al 18%, y el tipo reducido, uno, al 8%. Además, con los Presupuestos se revisaron algunas de las medidas anticrisis, como la deducción de 400 euros en el IRPF, que se ha limitado para los ingresos inferiores a 18.000 euros. Con todas estas medidas, se ha logrado que la recaudación aumentara casi un 14% en julio, todavía sin contar el incremento del IVA.

EL GOBIERNO NO HABLARÁ EUSKERA EN LA INTIMIDAD.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha afirmado que la búsqueda de apoyos a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 no llevarán al Ejecutivo a "hablar euskera en la intimidad". Así se lo hizo saber al portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que el diputado popular criticara al Gobierno por buscar apoyos en el PNV "a cambio de transferencias" y sin tener en cuenta el contenido económico de los próximos presupuestos. Salgado aseguró , según relata este jueves el diario Veinte Minutos, que las cuentas para 2011 son buenas y "necesarias" y le advirtió de que "no tenga ninguna duda" de que el Gobierno buscará todos los apoyos para conseguir su aprobación, ya que son presupuestos que "sientan las bases de la recuperación" y sanearán la economía.
Salgado ha reconocido que el déficit del Estado y el desempleo son elevados . En este sentido, insistió en la necesidad de que sean austeros en términos de consolidación fiscal, tanto por el lado del gasto como de los ingresos, y con la prioridad de acelerar la reducción del déficit público. La vicepresidenta criticó que el PP no se sume a la reformas emprendidas por el Gobierno y recordó la enmienda a la totalidad que ha presentado este grupo parlamentario ante el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que consideró injustificada. También defendió las medidas económicas adoptadas para afrontar la crisis y resaltó que la respuesta del gobierno es "coherente" con las respuestas que han dado otros países europeos: primero acometer estímulos fiscales, luego retirarlos y acelerar la reducción del déficit público. En fin, reconoció que el déficit del Estado es elevado, al igual que el desempleo, pero recordó al portavoz popular que los mínimos de la tasa de paro en toda la democracia se produjeron durante el gobierno socialista.

EL OBISPO ASENJO APOYA LA HUELGA DEL 29.- No hay duda de que, con su convocatoria de huelga general, las centrales ya han conseguido un primer éxito no discutible: nadie queda al margen de ese llamamiento, y en algunos medios informativos se ha abierto la doble columna de “favorables y contrarios”. Los contrarios que se han declarado tales son escasos: los funcionarios, los médicos... Y en cambio, van apareciendo gremios partidarios de la huelga y decididos a seguirla. Pero más sorprendente es que se haya definido algún obispo, tal y como este jueves nos revela el diario Público, que señala que “no es la primera vez que desde la Archidiócesis de Sevilla se muestra simpatía con la causa de los trabajadores”, pero no consta que en anteriores convocatorias de huelga general, la jerarquía eclesiástica sevillana se hubiera mostrado tan contundente al apoyar un paro general convocado por los sindicatos. El boletín de este mes de la Pastoral Obrera de la Archidiócesis no se anda por las ramas: "Apoyamos la convocatoria de huelga general del 29 de septiembre como un derecho de los trabajadores y como una medida justa y legítima para la defensa de los derechos y la dignidad de los trabajadores". Para el anónimo redactor de la publicación oficial de la Archidiócesis, que ostenta monseñor Juan José Asenjo, "oponerse a la reforma laboral es una cuestión de dignidad", porque dicha legislación -sostiene- "tiene un marcado carácter idolátrico, ya que nace y responde a un contexto en el que la economía de mercado se ha convertido en un absoluto que invade todos los campos de la existencia humana". Pero el texto, sigue relatando Público, no se limita a formular consideraciones genéricas de defensa de los más débiles, sino que levanta juicio sumarísimo contra la reforma promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: "Es la mayor agresión que han sufrido los derechos de los trabajadores en nuestra historia reciente". Toxo y Méndez no lo hubieran afirmado con mayor rotundidez. Y a continuación recuerda que "las sucesivas reformas laborales han ido recortando los derechos de los trabajadores: reducción de la contratación indefinida y fomento de la contratación temporal y a tiempo parcial; recortes en la prestación por desempleo; abaratamiento del despido al tiempo que se incrementaban las bonificaciones a empresas". En otro párrafo del texto se razona, con terminología estrictamente sindical, que "la reforma actual va más lejos ampliando las causas del despido, que será más barato y subvencionado y limitando la aplicación de los derechos laborales de los convenios".
Recuerda también el reportaje que, en la última convocatoria de huelga general, que tuvo lugar en el año 2002 bajo el Gobierno conservador de José María Aznar, el entonces arzobispo de Sevilla no ocultaba que sus simpatías estaban con los trabajadores, en particular con los jornaleros andaluces, cuyos derechos se proponía recortar el Ejecutivo. En una entrevista concedida a un periódico nacional, monseñor Amigo Vallejo argumentaba lo siguiente: "La huelga es un derecho democrático y como tal debe respetarse. Ya sé que una huelga general tiene un componente político de desgaste del Gobierno, pero, por la información que tenemos a través de los sindicatos, hay razones fundadas para hacerla. Yo no veo que esta huelga sea injusta".
Tienen buena feligresía los líderes sindicales sevillanos...

ESPAÑA, LÍDER EN “NINIS”, JÓVENES QUE NI ESTUDIAN NI TRABAJAN.- A menudo, determinadas estadísticas referidas a España resultan humillantes e incómodas. Es el caso de la estadística del paro en la Unión Europea: todos sabemos que nuestras tasas duplican la media comunitaria. Ahora hemos sabido que España se encuentra, junto con Bulgaria, Italia e Irlanda, entre los países de la Unión Europea con más jóvenes entre 15 y 24 años que ni trabajan ni estudian (más del 14%, frente al 10,8% de media comunitaria), según un estudio que ha publicado este miércoles la Comisión Europea. En contraste, en Dinamarca y Países Bajos, el porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni estudian se sitúa sólo en alrededor del 4%. El informe resalta que estos jóvenes que ni estudian ni trabajan corren el riesgo de quedar excluidos de forma permanente del mercado laboral ya que no están adquiriendo experiencia ni conocimientos útiles para pasar de la inactividad y el paro al empleo.
España es el país de la UE con una mayor tasa de paro juvenil -el 40,9%, el doble de la media comunitaria y muy lejos del 8,5% que registra Países Bajos- y uno de los que han destruido más puestos de trabajo ocupados por jóvenes durante la crisis, según recuerda el estudio de Bruselas. De hecho, durante el primer trimestre de 2008, cuando la crisis todavía no se había agudizado, la tasa de paro juvenil española se situaba en el 21,3%. La crisis ha provocado también un fuerte aumento en España de la tasa de paro de larga duración entre los jóvenes, del 2,3% al 11,3%, frente al 6% de media comunitaria.
La economía española ocupa además las primeras posiciones en contratos temporales entre los jóvenes (55,9% frente al 40,2% de promedio en la UE) y en empleo a tiempo parcial involuntario juvenil (32,9% frente al 26,8% de media), lo que aumenta su vulnerabilidad porque son los primeros en ser despedidos, de acuerdo con el Ejecutivo comunitario. En el conjunto de la Unión Europea, la crisis ha aumentado el paro juvenil desde los 4 millones de personas a principios de 2008 (el 14,7%) hasta 5,2 millones (20,4%).
El Ejecutivo comunitario ha presentado una estrategia, denominada “Juventud en Movimiento”, para tratar de ayudar a estos jóvenes a adquirir los conocimientos, las capacidades y la experiencia para encontrar trabajo. La estrategia propone 28 acciones clave cuyo objetivo es hacer que la educación y la formación se ajusten mejor a las necesidades de los jóvenes y animar a que un mayor número de ellos aprovechen las becas de la UE para estudiar o formarse en otro país. "Queremos reducir el número de personas que abandonan prematuramente los estudios y aumentar la proporción de jóvenes en la educación terciaria para que puedan aprovechar todo su potencial. La UE necesita aún más personas que tengan muchas capacidades y conocimientos y sean innovadoras si quiere prosperar en el futuro", ha dicho la comisaria de Educación, Androulla Vassiliou.
El lunes, el presidente Zapatero expresaba la necesidad de potenciar la formación precisamente como fórmula para afrontar el paro.
CASO CASCOS: NO SE DESCARTA UN CONGRESO EXTRA EN ASTURIAS.- Según explica este jueves una crónica política de ABC, la posibilidad de celebrar un congreso extraordinario en el PP de Asturias es una de las opciones que maneja la dirección nacional del partido para superar al situación de fortísima crisis interna que viven los populares en esta Comunidad, inmersos en una batalla en torno a la posible candidatura de Francisco Álvarez-Cascos a la presidencia del Principado.  De acuerdo con esta información, de momento, Génova maniobra para que se produzca una rectificación de la dirección regional, con cuyos dirigentes se mantiene en contacto. De hecho, ya han empezado a “modular” -dice ABC-, el mensaje en Asturias, después de los ataques dirigidos contra el ex vicepresidente del Gobierno. En esa nueva estrategia se insertan las palabras, el pasado martes, del secretario general del PP asturiano, Fernando Goñi, quien señaló que «estamos en conversaciones permanentes con la dirección nacional. Será un proceso que se decidirá en Asturias, y será un proceso en el que estaremos de acuerdo con la dirección nacional del partido, como siempre ha sido». En todo caso, fuentes de Génova explicaron que la organización del partido en Asturias «no tiene poder para vetar a un candidato si nosotros lo decidimos unilateralmente», aunque también admiten las dificultades que podría suponer elegir un cabeza de lista que careciera del respaldo del aparato regional para hacer campaña. Sin embargo, advierten que, puestos en el dilema de tener que decidir entre elegir un buen candidato o intentar serenar las aguas internas del PP asturiano, elegirán lo primero «porque el partido en Asturias ya está mal». Si Génova decidiera finalmente apostar por el ex secretario general en contra del criterio de buena parte del aparato regional del partido, se plantearía la celebración de un congreso extraordinario, tal y como quiere el sector afín a Cascos, siguiendo el modelo de Baleares. De hecho, la dirección nacional del partido dio antes del verano el visto bueno a Asturias para que propusiera al ex ministro de Fomento, hasta el punto de que se trabajó con esa hipótesis antes de que los regionales cambiaran de criterio. Por aquel entonces, en el mes de junio, Francisco Álvarez-Cascos mantuvo una conversación con la vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, en la que hicieron un análisis de la situación en Asturias y quedó clara la disponibilidad del ex vicepresidente, según fuentes de la sede nacional. Pero lo que iba aser una propuesta del partido en la Comunidad ha acabado en el tejado del cuartel general de los populares en Madrid por causa del rechazo que suscita una eventual candidatura de Cascos. Otra cuestión son los plazos, y eso depende directamente de Mariano Rajoy, quien en la última ejecutiva de su partido, celebrada en Santiago de Compostela, avisó que no había otro límite para designar candidatos que el calendario oficial, que establece la presentación de listas por el mes de abril. No faltan en el PP, termina contándonos ABC, quienes interpretan que la cuestión de Asturias, así como la de Navarra, también sin candidato, contribuyen a «disfrazar», en buena parte la situación del partido en Valencia con Francisco Camps. A día de hoy, pocos dudan de que será el candidato a la presidencia de la Generalitat, y en este sentido se ha pronunciado no pocas veces Rajoy, pero ese «impasse» permite no tener que poner fecha a un acto de proclamación de candidatos.
Ampliando el problema se diluyen sus protagonistas.
400 OPOSITORES EN ESPERA DE SENTENCIA.- Sobre los Gobiernos, central o autonómicos, es frecuente que recaigan culpas o responsabilidades muy variadas. Es curiosa la que hoy señala La Voz de Galicia: nada menos que 400 opositores esperan los resultados de sus pruebas de selección. Hay afectados que pertenecen al cuerpo superior de la Xunta, el grupo A1, así como a las escalas de administrativos, auxiliares y subalternos, en ese grupo de más de 400 opositores que están esperando -y en algunos casos ya más de dos años- a que la Administración autonómica resuelva definitivamente los procesos selectivos y a que se publiquen sus nombramientos y su asignación de plazas para que puedan cobrar su primer sueldo como funcionarios. El grupo del PSdeG se hizo ayer eco de las quejas de los opositores, exigiéndole al Gobierno que ponga fin a una situación que juzga «caótica». Función Pública, por su parte, alega que dispone de tres años para resolver la situación. Varios de los aspirantes a las plazas convocadas por la Xunta elevaron quejas formales a la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, dependiente de la Consellería de Presidencia, para denunciar el «retraso injustificado» que arrastran las tomas de posesión de las personas que superaron las pruebas selectivas, en muchos casos, hace más de un año. «Nos han causado ya un grave perjuicio», señala uno de los afectados en su reclamación, antes de revelar que «llevamos meses esperando, en muchos casos en el paro, porque pocos empresarios quieren formar a un trabajador que no saben cuánto tiempo va a quedarse en la empresa».
El coordinador del área institucional del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, amplificó el miércoles el malestar de estos opositores, haciendo públicas las quejas y registrando una interpelación en el Parlamento gallego en la que considera «incomprensible» que el presidente de la Xunta no tome decisiones «para terminar con el caos existente» en la Función Pública. La lentitud en la gestión de los procesos selectivos «está teniendo graves perjuicios para muchos ciudadanos», remarca Lage Tuñas, antes de apostillar en su iniciativa que, entretanto, el Ejecutivo gallego «non sólo non remedia los problemas existentes, sino que demora todavía más la resolución de las convocatorias».
Se da la circunstancia, que apunta La Voz, de que todos las oposiciones afectadas por los retrasos, a excepción de las promociones internas, fueron convocadas en julio del 2008 por el Gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño, ocho meses antes de que se celebraran las elecciones autonómicas. Los primeros exámenes se celebraron ya antes del 1 de marzo del 2009, pero no fue la Administración presidida por Alberto Núñez Feijoo la encargada de culminar un proceso que se topó en medio con una reforma de la Lei de Función Pública que en algunos casos modificó el régimen lingüístico de los exámenes, al dejar de ser preceptiva la prueba en lengua gallega. Las convocatorias que acumulan más retraso son las que atañen al cuerpo C2, de auxiliar de la Xunta, que según los afectados llevan dos años, dos meses y nueve días a la espera de ser resuelto. De cerca le siguen las oposiciones convocadas para el cuerpo superior A1 y las del cuerpo administrativo o C1, que acumulan dos años, un mes y 18 días a la espera de resolución. Entre el 2005 y el 2008, la Xunta tardó como máximo un año y cinco meses en resolver este tipo de convocatorias, un plazo que -tal y como temen los afectados y el propio PSOE- pueden llegar a duplicarse con los procesos que están pendientes de ser resueltos.
Lenta burocracia, también en Galicia.

jueves, 16 de septiembre de 2010

LA MINERÍA LEONESA ANUNCIA CUATRO DÍAS DE HUELGA, ZAPATERO EXPLICA EL COMPRIOMISO EN AFGANISTAN, EL SEVERÍSIMO GOLPE A EKIN-ETA

HUELGA SOBRE HUELGA.- Con la huelga general ya a punto, en plena fase preparatoria, nos llega ya el anuncio de otro conflicto que pretende resolverse, o agudizarse, mediante la misma práctica del “paro ruidoso”: Los sindicatos UGT y CCOO han convocado cuatro días de huelga general en el sector de la minería del carbón y han anunciado el comienzo de un encierro en el ministerio de Industria, Turismo y Comercio hasta que los grupos Alonso y Viloria hagan efectivo el pago de las dos nóminas que adeudan a los mineros que trabajan para ellos. El anuncio se hacía al terminar la reunión de los representantes de las divisiones mineras de CCOO y UGT con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. La huelga, si nada lo remedia, tendrá lugar en el sector para los días 22, 23, 29 y 30 de septiembre, al considerar que en el encuentro no se han satisfecho sus reivindicaciones. Las declaraciones de los sindicalistas contrastan con las declaraciones de Sebastián al finalizar el encuentro: el ministro aseguró que la reunión había sido cordial y anunció la apertura de un expediente de inspección para los grupos Alonso y Viloria para investigar el destino de las ayudas recibidas por estos grupos desde julio de 2009. En cambio, los representantes de los sindicatos han explicado que permanecerán en el ministerio en una "asamblea permanente", con el objetivo de debatir las actuaciones que van a llevar a cabo próximamente. El secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Felipe López, ha dicho que el ministro no ha dado una fecha concreta para la entrada en vigor de el real decreto de ayudas para el sector del carbón, que está pendiente de validación en la Comisión Europea. Además, ha apuntado que no han recibido ninguna garantía de que los mineros vayan a recibir las dos nóminas que las compañías Alonso y Viloria deben a sus trabajadores.Por su parte, el secretario general de FIA-UGT, Antonio Deusa, recordó que aún no se han puesto en marcha los fondos de reactivación para reconvertir las comarcas mineras previstos en el Plan Nacional del Carbón. Ambos representantes sindicales coincidieron en señalar que un punto positivo de la reunión ha sido la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un nuevo plan para el carbón que supere el límite temporal de 2012 establecido en la normativa vigente. Según el acuerdo alcanzado entre CCOO y UGT la semana pasada, la no convocatoria de huelga pasaba por el abono de los salarios a los mineros de los grupos Alonso y Viloria, que cobraron ayer la mitad de la nómina de julio, pero siguen sin recibir el importe correspondiente al resto del mes y a agosto. Además, el documento firmado exigía una fecha concreta para la aprobación del real decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad, que está pendiente de validar por la Comisión Europea, lo que garantizaría la salida del excedente de mineral y daría liquidez a las empresas del sector. Otra condición era que el Gobierno se reafirmase en su compromiso de mantener el volumen de recursos para la reactivación económica de las comarcas mineras hasta la finalización del Plan Nacional del Carbón en 2012.El conflicto radica en la incertidumbre que rodea el futuro del carbón nacional, agravada con los impagos de las nóminas de los mineros por parte de algunas empresas. Los sindicatos apoyan al Ejecutivo en la presión que realiza a Bruselas para que autorice 4el real decreto español que prolonga las ayudas al menos hasta 2012 (la Unión Europea obliga a eliminarlas a partir de 2014), pero se mostraron decepcionados respecto a la segunda pata del conflicto, el cobro de las nóminas. Felipe López, de CC OO, acusó al Gobierno de "dar fechas a largo plazo" para abordar el pago inmediato a los trabajadores que aún no han cobrado. Sebastián presentó a las centrales un documento que probaba que los responsables de las dos empresas origen del conflicto, Victorino Alonso y Manuel Lamelas Viloria, han recibido 367 millones de euros en ayudas públicas. "No pueden justificar que no tienen dinero", aseguró el ministro, pues "tocan a 141.000 euros por cada uno de los 2.600 mineros" que emplean. Los sindicatos respondieron: "El dinero lo tiene Victorino, pero la voluntad de pagar es de Industria", replicó Antonio Dehusa, de UGT. Más allá del pago de las nóminas, los representantes de los trabajadores exigen que continúen las subvenciones al sector, sin las cuales no sobrevive.
Dos reclamaciones urgentes, de las que se enterará “el personsal”,. Las huelgas de la minería siempre han sido muy ruidosas..

LA DE AFGANISTÁN NO ES MISIÓN DE DURACIÓN INDEFINIDA.-“Las tropas españolas seguirán en Afganistán hasta que la situación allí "deje de suponer una amenaza para la comunidad internacional y para los españoles". Así lo ha asegurado en el Congreso, en la sesión de control del Gobierno, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha evitado poner fecha a la retirada de los 1.500 solados españoles que participan en la misión de la OTAN. Zapatero se limitó a recordar que el presidente afgano, Hamid Karzai, se ha fijado como objetivo que la policía y el Ejército afganos se hagan cargo de la seguridad del país en 2014, y que en la próxima cumbre de la OTAN, el 20 de noviembre en Lisboa (Portugal), deben concretarse los planes de transición, pero no se ha referido a la promesa del presidente estadounidense, Barack Obama, de comenzar el repliegue en julio próximo. En el primer debate en pleno dedicado a este conflicto, el presidente ha señalado que la operación en Afganistán, que ya dura nueve años, "no puede tener duración indefinida" sino que debe concluir "cuanto antes", pero ha reiterado el "compromiso firme e inequívoco" de España de seguir allí hasta que los aliados decidan juntos marcharse. Es decir, no habrá retirada unilateral como la decidida por Holanda y Canadá. Zapatero anunció también que cuatro afganos permanecen detenidos por el atentado del pasado 25 de agosto, en el que dos guardias civiles y un intérprete fueron asesinados en Qala-i-Naw a manos de un policía afgano infiltrado que después fue abatido a tiros. El presidente del Gobierno aprovechó la intervención para hacer un reconocimiento a las 93 víctimas españolas en esta misión. En Afganistán, hay más de 1.500 militares, de los que 56 son guardias civiles. El presidente ha anunciado que España aportará 60 millones de euros adicionales para la misión hasta 2012.
Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, y el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, han criticado a Zapatero por no reconocer que en Afganistán se libra una guerra, aunque el primero ha asegurado que no le importa "el nombre de la cosa". Zapatero, parafraseando a la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha dicho que las tropas españolas desarrollan su trabajo en un "escenario de violencia y conflicto, bélico y peligroso", con "riesgos ciertos para la vida e integridad de los soldados". También ha recordado a los militares españoles que han perdido la vida en esta misión y ha cifrado en 1.900 millones el coste de la participación militar española desde 2002, a los que hay que sumar 220 millones en cooperación y ayuda al desarrollo. El presidente ha reconocido que "el peligro ha crecido en la región de Bagdhis", donde desarrollan su misión las tropas españolas. En ningún momento de su primera intervención Zapatero se refirió a la misión como una guerra, aunque no ha evitado admitir que los soldados se enfrentan a "riesgos ciertos para su seguridad y su vida". "Trabajan en un escenario bélico, de conflicto, de violencia y muy peligroso" pero, ha advertido, "están preparados". El presidente ha insistido en que la labor que realizan allí las tropas españolas responde a la nueva estrategia decidida en la Conferencia de Londres del pasado mes de enero, y que se basa en el llamado proceso de afganización consistente en transferir competencias de gobierno a las autoridades afganas al mismo tiempo que se entrena y forma a sus fuerzas de seguridad.
Rajoy, reprochó al presidente su "falta de claridad" en relación con la misión. Según Rajoy, los españoles son los peor informados en relación con lo que sucede en Afganistán y con las decisiones que toma el Gobierno en relación con nuestras tropas. "Si no se perciben con claridad los objetivos, los valores que defendemos y las amenazas a las que se enfrentan nuestros soldados ¿cómo vamos a pedir a la opinión pública que apoye una misión que ni siquiera entiende porque no se le explica con claridad?", enfatizó Rajoy.. También ha criticado a Zapatero por resistirse a "llamar a las cosas por su nombre". "Todo el mundo dice que lo de Afganistán es una guerra" y ha citado, por ejemplo, al general Petraeus y al propio Barack Obama. "Todos los que están allí lo dicen, salvo usted", insistió. Y tras Rajoy, el portavoz de CiU ha repetido prácticamente los mismos argumentos: "Usted y su ministra de Defensa se empeñan en disfrazar la realidad, negándose a reconocer que allí hay una guerra". Duran Lleida, que al igual que Rajoy, ha tenido palabras de agradecimiento y elogio para los militares españoles y para las ONG destacadas, ha criticado al Gobierno por su "falta de claridad" y por no tener un papel "políticamente relevante" en la zona. Al no haber logrado los objetivos, ha explicado, «no hay otra salida que la negociación, es la hora de las soluciones políticas y no militares» y, a su juicio, «ha llegado la hora de hablar de la negociación de Karzai con las fuerzas políticas».
Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha vuelto a oponerse a la intervención española en Afganistán. "Va para 9 años y la pregunta fundamental está sin responder. ¿Hasta cuándo?", ha lamentado. Y ha pedido al presidente del Gobierno un "calendario ineludible" de retirada de las tropas, porque "es insoportable el tributo de vidas para una guerra perdida". Llamazares, aunque ha transmitido también su solidaridad con los militares fallecidos, ha recordado que "no se trata en este debate del grado de solidaridad de las fuerzas políticas con las fuerzas armadas". En su opinión, "esta guerra es el caldo de cultivo de los talibanes y de Al-Qaeda”, ya que "la presencia de las tropas extranjeras es la que alimenta" a esos grupos. "Se ha producido un desequilibrio en la zona que ha creado inseguridad en Pakistán y Afganistán", y ahora "somos entendidos por parte de los afganos como beligerantes". La líder de UPyD, Rosa Díez, ha reconocido que "ojalá no nos entraran dudas a nadie" pero, en su opinión, "no es fácil estar tan seguros" como Zapatero "de que todo lo que hacemos lo hacemos bien". "La mejor manera de rendir homenaje es decir la verdad, olvidar el lenguaje creativo", reprochó. Considera que los españoles tienen que "saber por qué y para qué creemos que es necesario que nuestros soldados arriesguen la vida". "En las misiones internacionales estamos para cumplir nuestros compromisos internacionales, pero también para proteger nuestras fronteras, y nuestros valores", recordó

LA DETENCIÓN DE EKIN, UN FORTÍSIMO GOLPE A ETA.- La detención de los diez componentes de la cúpula directiva de Ekin sigue mereciendo atenciones muy importantes en los medios informativos, que ponen de relieve la importancia del grupo. Desde La Gaceta se explica que este sector de ETA, Ekin, iba a purgar a Otegi y Usabiaga, y que los arrestados se reunían en bibliotecas para cursar las órdenes de la banda asesina a los batasunos. Ekin sería un grupo encargado de imponer a los críticos las tesis de la bandas. ABC llega a la conclusión de que, con la detenciones, la Guardias Civil ha evitado un plan de ETA para purgar a los rebeldes de Batasuna, e insiste en los propósitos etarras de depurar a Otegi y compañía y rectificar la apuesta por la vía exclusivamente política de los abertzales. En El País se señala la tarea de “comisarios políticos” que tenían los miembros de Ekin y su función de velar por el cumplimiento de las órdenes de la banda entre el entramado de la izquierda abertzale. La organización ha contribuido a la huida de terroristas, a la difusión de boletines de la banda y a la organización del acto de homenaje a los etarras fallecidos. También en El Mundo se pone de relieve la función de “guardianes de la ortodoxia etarra” que tenían los detenidos, encargados de que las bases radicales obedecieran a ETA. La Razón no duda en llamar a Ekin “la Gestapo de ETA, también con esa tarea de depuración y control de todas las organizaciones de su entramado. Pone de relieve La Vanguardia el dato de que nada menos que 300 agentes participaron enb los arrestos de la dirección nacional de Ekin, tras varios meses de investigaciones de la Guardia Civil con el CNI, dirigidos por el juez Grande Marlaska. Y en El Periódico de Cataluña se pone de relieve que la operación llevada a cabo podría alterar el nuevo comunicado etarra previsto para finales de este mes.
En materia de lucha contra ETA, también sigue debatiéndose la opinión de Eguiguren, socialista vasco partidario de la legalizaciónd e Batasuna. Según asegura este miércoles el diario El País, ni el Gobierno vasco ni el PSE se muestran preocupados porque las "reflexiones personales" del presidente del partido, Jesús Eguiguren, puedan abrir una vía de agua en el camino decidido frente a ETA y a la ofensiva política de la izquierda abertzale. Tampoco creen que afecte al pacto con el PP vasco, cuyo presidente, Antonio Basagoiti, se entrevistará el lunes con el lehendakari, Patxi López. Son reflexiones personales y de futuro, han recalcado tanto el Ejecutivo socialista como el propio PSE. Y señala cómo López optó el domingo por callar, después de que Eguiguren le requiriese un papel más activo y previsor en el escenario que se abre. Tanto la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, como el del PSE, José Antonio Pastor, coincidieron este martes en restar importancia a sus palabras y a la diferencia de criterios que puedan dejar ver. Mendia instó a leerlas "con detenimiento" para descartar que encierren tal distancia. Lo que cuenta, vinieron a decir ambos, es que la política antiterrorista no ha variado un ápice, y es el lehendakari el que la marca. Eguiguren no solo la comparte y no la cuestiona, sino que, en palabras de Pastor, es uno de sus "artífices". Sin embargo, los matices de Eguiguren han servido al PNV para acusar a los socialistas de "jugar con dos barajas", en palabras de su portavoz parlamentario, Josu Erkoreka. El sector más sensible ante la izquierda abertzale está forzando una reflexión interna que se concretará en "alguna iniciativa", según su presidente, Iñigo Urkullu. Esa perspectiva parece preocupar algo más al Gobierno vasco, que consideraría un "error tremendo" un paso unilateral.Basagoiti, por su parte, recalcó en Onda Cero que Eguiguren "siempre se equivoca" en sus análisis sobre la voluntad de ETA y Batasuna.
Pero no dejan de ser matices en una decidida lucha contra la banda y sus alrededores...

EL ESTADO GASTA 40.000 MILLONES EN PRESTACIONES A PARADOS.-Según datos que este miércoles proporciona el diario La Vanguardia, el Estado gastará este año 2.000 millones más de euros de lo inicialmente previsto, lo que significa que terminará el ejercicio con un gasto próximo a los 32.000 millones de euros, según el Ministerio de Trabajo. Esta desviación en el presupuesto inicial se debe a que el paro ha crecido más de lo previsto. Al gasto en pagar prestaciones a los desempleados hay que sumar las políticas activas de empleo –cursos de formación y bonificaciones a la contratación–, que se elevan a 7.796 millones. Todo ello sitúa el coste total del gasto derivado desempleo en a cerca de los 40.000 millones de euros. Estas estimaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo son las que han obligado a poner en marcha la reforma de los Servicios Públicos de Empleo. El Ministerio de Trabajo estima que el gasto en desempleo se mantendrá en términos similares durante el 2011, en torno a 30.800 millones de euros. De acuerdo con sus estimaciones, la evolución del desempleo recupera la normalidad y presentará una lenta inflexión a partir de primavera. El ministerio ha modificado considerablemente los criterios del gasto en políticas activas de empleo. El objetivo de la reforma laboral es limitar las bonificaciones a la contratación a los colectivos más desfavorecidos –jóvenes, mayores de 45 años, mayores de 60 años y discapacitados– y el resto dedicarlo a formación. El problema es que los resultados se apreciarán progresivamente dada la inercia del gasto comprometido.
En la actualidad se destina a formación cerca de un 78% del presupuesto. Esta se hace a través de la formación para el empleo, que se gestiona a través de dos acuerdos: El primero entre patronal y sindicatos que se reparten 2.100 millones para cursos y que tienen que renegociar a partir de octubre. El segundo es que hacen los agentes sociales junto a la Administración y que se eleva a 2.571 millones. A estos dos acuerdos hay que sumar los programas de empleo (orientación, escuelas taller, ayudas de los ayuntamientos) que son 2.700 millones más. El principal problema de este modelo es que el Estado gestiona las prestaciones con 9.861 funcionarios y las autonomías las políticas activas con 12.071 funcionarios y en colaboración con más de 4.000 centros homologados.
Trabajo ha tardado dos años en implementar un sistema para controlar la actuación delegada en las autonomías hace 17 años y lograr la mayor transparencia. El objetivo es lograr un mínimo común pero respetar la actuación de las autonomías que dan más proximidad, explican fuentes ministeriales. La reforma la rematará el nuevo equipo.
El enfrentamiento con los sindicatos lo ha protagonizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha anunciado la eliminación de 2.000 delegados sindicales, de los 3.500 existentes en la función pública de la región. Las horas sindicales se rebajarán de 75 a 40. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se ha mostrado en contra de la medida, que considera una medida reactiva por la huelga.
Según la misma información, la mesa y los portavoces de la comisión parlamentaria del pacto de Toledo se reunirán los próximos días 6 y 7 de octubre en una sesión maratoniana para empezar a hablar de las recomendaciones que los grupos políticos harán al Gobierno para la reforma del sistema de pensiones. Según fuentes del PSOE, está previsto que la reunión comience a las 10 de la mañana del día 6 y se prolongue el tiempo que sea necesario. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha recordado a los medios durante una rueda de prensa que el Gobierno está a la espera de que la comisión establezca sus conclusiones, una vez analizado el documento que le remitió en enero el Ejecutivo con sus propuestas. Granado subrayó la conveniencia de empezar cuanto antes "porque así será mayor su periodo de implantación y, en este sentido, será más suave". Además, abogó por que la reforma sea suficiente frente al reto demográfico.
MONTILLA ACUSA A CONVERGENCIA DE JUEGO SUCIO.-La Vanguardia ha calificado este miércoles de “reacción contundente” del president de la Generalitat la suscitada por la entrevista de Pasqual Maragall en la que éste pronosticaba la victoria de Artur Mas. José Montilla no reaccionó contra su antecesor, sino contra los autores de la entrevista. "No entraré –dijo– a valorar los escrúpulos de las personas que han ido a hacer una determinada entrevista en determinados momentos", dijo ayer el president, que consideró "juego sucio" la publicación de esa entrevista por la revista de Convergència Democràtica MésCat. "Hablan de juego limpio, pero estoy convencido que en el fondo van a practicar mucho juego sucio", manifestó el president. El ex president Maragall declaraba en la mencionada entrevista: "Creo que ganará Artur Mas porque toca" y tras varios elogios al líder de CiU, consideraba que "la gran ventaja que tiene es que ahora toca porque ya hace mucho tiempo que los otros gobiernan y espero que lo haga bien".
Más allá de valorar la conveniencia de la alternancia política, en ningún momento Maragall expresa su apoyo político o su identificación con el proyecto de Convergència i Unió, y mucho menos su conversión al nacionalismo, pero el revuelo que provocó la divulgación de la entrevista, decidió al expresident a escribir un artículo para dejar claro que si bien ya no pertenece al PSC, no se le ha pasado por la cabeza incorporarse al partido con el que siempre rivalizó. En su artículo, repleto de ironías para unos y para otros, el ex president empieza mostrando su sorpresa con la frase "Parece como si me hubieran declarado convergente...".
Las acusaciones de juego sucio se referían al hecho de entrevistar a Maragall cuando todo el mundo sabe que padece la enfermedad de Alzheimer. A partir de ahí se ha producido un intercambio de reproches, exigiéndose mutuamente, socialistas y nacionalistas, respeto a Maragall. Desde CDC se recordó que el ex president, por voluntad propia, no ha dejado de intervenir en el debate político catalán, especialmente desde que abandonó su militancia en el PSC. Asimismo, se dio a conocer que la entrevista fue realizada este verano en el Empordà, donde la familia Maragall tiene su segunda residencia, que Pasqual Maragall revisó la entrevista antes de ser publicada, y que la propia familia del ex president autorizó –incluso por escrito– que se publicaran las declaraciones tal como se reprodujeron en la revista del partido. El portavoz nacionalista, Oriol Pujol, aseguró que las declaraciones de Maragall no le sorprendieron porque "hace meses que las viene manifestando en privado". "La relación que tiene el president Maragall con nosotros –añadió Pujol– es de mucha complicidad". Por su parte, entrevistado por Josep Cuní, Artur Mas otorgó dimensión política a la actitud de Maragall: "Hay una parte del centroizquierda que quiere el cambio y que ve en CiU la posibilidad de un cambio con una CiU con mentalidad abierta, de trato afable y con un proyecto para todo el país". Se sabe que las relaciones personales entre Maragall y Mas han mejorado con el tiempo. Incluso ahora, al estallar la polémica, evitaron aparecer juntos en la inauguración de una exposición para recaudar fondos para la fundación auspiciada por Maragall para luchar contra el alzheimer. Sí se retrataron juntas y brindaron las esposas de ambos, Diana Garrigosa y Helena Rakosnik.
Esta nueva polémica preelectoral coincide paradójicamente con el debate sobre la posibilidad de un pacto entre CiU y el PSC si el tripartito no suma y los nacionalistas no alcanzan la mayoría absoluta. El tema lo puso encima de la mesa el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y Artur Mas y José Montilla se han apresurado a enfriar las expectativas. Todo son pegas para la sociovergencia por parte de ambos líderes. "Un Govern CiU-PSC sería tremendamente complicado, distinto del tripartito, pero igual de complejo", dijo Mas. "No es lo más probable, porque competimos más que nos complementamos", señaló el president Montilla. Sin embargo, en las entrevistas, tanto el president como su contrincante terminan sus reflexiones con la misma frase: "No hay que descartar nada".
UN SONDEO DA MEJOR NOTA A GALLARDON QUE A ZAPATERO.- El polémico sondeo interno encargado por la dirección del PSOE a finales de junio, que sirvió para justificar su preferencia por Trinidad Jiménez frente a Tomás Gómez como candidata en Madrid, contiene datos sorprendentes que Ferraz ha preferido ocultar, según ha podido saber El Confidencial. De acuerdo con tales datos, José Luis Rodríguez Zapatero sale tan mal parado en esa encuesta que, incluso los votantes socialistas, ponen mejor nota al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, que al líder de su propio partido. El sondeo utilizado como coartada por Ferraz para lanzar la candidatura de Jiménez a la Comunidad de Madrid fue encargado por el número dos del PSOE, José Blanco, a la empresa Instituto de Marketing y Opinión Pública (IMOP), y sus resultados se filtraron a la Cadena Ser después de que Zapatero y el propio Blanco fracasaran en su intento de convencer a Gómez para que renunciase a la carrera electoral en favor de la ministra de Sanidad, forzando así la convocatoria de primarias.
El Confidencial relata cronológicamente los hechos: El pasado 9 de agosto, apenas 48 horas después de que el ex alcalde de Parla le dijese no a Zapatero durante su reunión en La Moncloa, Ferraz filtró los datos del sondeo para tratar de demostrar que Jiménez tiene más tirón electoral que Gómez y más posibilidades que éste de impedir una nueva mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. Blanco, sin embargo, tuvo buen cuidado en que la filtración fuese parcial, destacando sólo los resultados que convienen a su estrategia -él y Alfredo Pérez Rubalcaba, además de Zapatero, son los más firmes defensores de Jiménez- y silenciando los que dañan la imagen del líder socialista. Una semana después, el 16 de agosto, la emisora del Grupo Prisa anunció que el sondeo se podía consultar en su web, supuestamente de forma íntegra. Sin embargo, la encuesta no se difundió en su totalidad, sino que, una vez más, la información fue administrada para ocultar aquellos datos que mostraban la debilidad del Gobierno socialista.Entre estos últimos llama poderosamente la atención que la gestión de Ruiz-Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid es mucho mejor valorada que la de Zapatero como presidente del Gobierno incluso por quienes se declaran votantes del PSOE, según habrían revelado a El Confidencial fuentes de la Ejecutiva socialista. Los simpatizantes del PP, por descontado, también le ponen al alcalde una nota más alta que a Zapatero. Según el barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 55,5% de los españoles califica de mala o muy mala la gestión del Gobierno socialista, mientras que sólo un 7,8% la considera buena o muy buena. La mayoría, un 46,3%, también valora mal o muy mal la actuación política de Zapatero.
Cuenta la publicación de Internet que fuentes de Ferraz confirmaron el martes por la noche a este periódico que el sondeo elaborado por el IMOP no se refería únicamente a la valoración de Jiménez y Gómez como posibles rivales de Aguirre en las elecciones autonómicas de la próxima primavera. Según esas fuentes, la encuesta es mucho más amplia, e incluye datos tanto de comunidades autónomas y ayuntamientos como de intención de voto a nivel nacional y valoración de líderes.
En cuanto a Tomás Gómez, fuentes próximas al líder del PSM aseguran que aún no han tenido acceso a los resultados del sondeo, por lo que su equipo pone en duda que el contenido hecho público hasta ahora se corresponda con los verdaderos resultados. Esas fuentes también sospechan que Ferraz pueda haber aplicado su propia cocina a la encuesta a través del sociólogo de cabecera de Blanco y gurú electoral de la dirección socialista, Ignacio Varela. De hecho, el vicepresidente tercero del Gobierno y presidente del PSOE, Manuel Chaves, no hizo alusión a ningún sondeo cuando, el pasado 15 de julio, se entrevistó con el ex alcalde de Parla en un primer intento de persuadirle para que dejara paso a Jiménez. Días más tarde, cuando Blanco le llamó a su despacho para tratar de forzar de nuevo su retirada, el número dos socialista sí utilizó la controvertida encuesta como argumento, pero, según fuentes de la candidatura de Gómez, se negó a mostrar a éste los resultados. Los datos del sondeo filtrados en agosto reflejaban que el 44% de los madrileños consideraba que Jiménez sería una buena presidenta, frente al 28% que pensaba así de Gómez. La ministra de Sanidad también lograba una mejor valoración que su rival en las primarias cuando ambos eran comparados con Aguirre: un 47% de los madrileños prefería a la presidenta de la Comunidad de Madrid, frente a un 44% que se inclinaba por Jiménez. En cambio, la diferencia entre Aguirre y Gómez se disparaba a los 16 puntos. De acuerdo con la ficha técnica del estudio demoscópico, las entrevistas se realizaron entre los días 25 y 28 de junio a 1.628 personas residentes en la Comunidad de Madrid.
Den lo que nadie tiene dudas es de que la controversia entre Jiménez y Gómez, TJ y TG, ha cooperado sustancialmente en el conocimiento popular del secretario del PSM y alcalde de Parla, que en tres años no había logrado tener ni una mínima parte de tal conocimiento...

REFORMAS LEGALES PARA DESATASCAR EL TC.- Informaciones que proporciona hoy el diario La Vanguardia, con la firma de su corresponsal político, sostienen que el Gobierno considera que la situación de estancamiento en que se encuentra el Tribunal Constitucional (TC) es gravemente contraria a la propia letra de la Carta Magna, y está dispuesto a jugar fuerte para impedir que siga prolongándose y, sobre todo, para evitar que se repita. El Ejecutivo es consciente de que necesita el acuerdo con el PP para renovar la institución y por tanto quiere primar las vías de diálogo, pero estudia reformas legales para que se cumpla el mandato constitucional de que cada tres años deben cambiar cuatro magistrados del TC. Ahora, en cambio, está a punto de producirse un doble incumplimiento de la Constitución. Cuatro magistrados, entre ellos la presidenta, María Emilia Casas, llevan casi tres años de prolongación de su mandato porque no se ha alcanzado un pacto para renovarles. Esa larga prórroga no tiene precedentes en las tres décadas de historia de la institución. Pero, además, está a punto de solaparse con el fin del mandato de otros cuatro magistrados, en noviembre próximo, con lo cual dos tercios de los doce miembros del TC estarían ejerciendo fuera del plazo para el que fueron elegidos.
Añade el mismo informador que el Gobierno está convencido de que esta situación se ha producido por la voluntad del PP de impedir la renovación del TC mientras estuviera pendiente la sentencia del Estatut. Y considera que, una vez dictado ese fallo, no debe repetirse el problema a la espera de otras resoluciones, como la relativa a la nueva ley del aborto. La no suspensión de esta norma ya se acordó por un solo voto de diferencia y el PP puede albergar la esperanza de que la ley sea declarada inconstitucional con la actual composición del TC. En todo caso, la situación de hecho que está a punto de producirse es que dos renovaciones del TC queden pendientes y se incumpla la previsión constitucional de que esta institución se renueva por tercios cada tres años. Es en este punto en el que el Gobierno está dispuesto a impulsar un cambio legal para impedir que el TC quede en situación de permanente y flagrante incumplimiento de la Constitución. Se trata de garantizar que el TC mantendrá sus renovaciones periódicas, que no podrán solaparse. Para ello se estudia la posibilidad de que los primeros magistrados que nombre el Senado en sustitución de María Emilia Casas y otros tres jueces del TC, tengan un mandato efectivo más corto, de sólo seis años. La Constitución prevé plazos de ejercicio de nueve años, pero salvar este escollo se considera menos complicado que permitir que el TC viva siempre condenado a una situación anómala, de continua conculcación de la Carta Magna. Se recuerda que hubo un precedente para una actuación parecida: En el primer TC hubo magistrados que estuvieron sólo seis años en el cargo para que las renovaciones posteriores pudieran hacerse por tercios, cada tres años. Es obvio que si todos hubieran agotado el mandato de nueve años, los cambios por tercios habrían sido imposibles.
Paralelamente, las negociaciones del Gobierno y el PSOE con el PP no avanzan. La comisión de nombramientos del Senado, que debía reunirse este miércoles, lo hará la próxima semana. Este nuevo aplazamiento fue solicitado por el PP. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha apelado de nuevo a la "responsabilidad" del PP para acordar la renovación. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó, a su vez, que vaya a intervenir para pactar directamente con el líder del PP, Mariano Rajoy. Y mientras, el Constitucional prosigue su larga espera.
Estas prácticas de dilación y atasco provocado tienen nombres feos en la vida política...
SÓLO SIETE PARLAMENTARIOS HARAN HUELGA EL 29-S.- Algunos medios informativos han venido contando de manera destacada cómo hay sectores de actividad que, de antemano, y salvo que circunstancias externos los fuercen,. No tienen el menor propósito de sumarse a la huelga que han convocado Méndez y Toxo para el día 29 de este mes. Los médicos, los funcionarios..., no están por la labor.. Y tampoco, de manera generalizada, se sumarán al paro los parlamentarios, aunque en este gremio de actividad habrá excepciones, según cuenta El Confidencial este miércoles. Cuenta en su crónica, en efecto, que “sus señorías” rechazaron, este martes, de forma mayoritaria, secundar la huelga general del próximo día 29. Y que tan sólo siete diputados de los 350 de la Cámara Baja, apoyarán la protesta sindical y pedirán al presidente José Bono que descuenten de su nómina el salario de ese día. Los “huelguistas” son los parlamentarios de IU, ICV, ERC y BNG, que hace una semana presentaron una petición a la mesa del Congreso para dejar sin actividad parlamentaria ese día en solidaridad con la convocatoria sindical y trasladar los trabajos al martes 28 o el jueves 30. La Junta de Portavoces rechazó su propuesta.. “Los firmantes de la petición apoyamos la huelga por solidaridad con los trabajadores –manifestó a este diario Gaspar Llamazares (IU)-. También pretendíamos facilitar el derecho a la huelga de los funcionarios de la Cámara y evitar los servicios mínimos que se establecen en estos casos sean abusivos y entorpezcan que quienes quieran parar lo hagan”. Llamazares anticipó que tanto él como los otros seis diputados que han promovido la iniciativa tienen pensado dirigirse al presidente del Congreso para manifestarle su intención de secundar la huelga y pedir que se les detraiga de su nómina el salario de ese día. Por su pare, un portavoz del Congreso explicó que la pretensión de sus señorías no pasa de ser un gesto porque carecen de un contrato laboral, como cualquier trabajador. Al tomar posesión de su escaño reciben una asignación constitucional mensual que no tiene la consideración de salario. Asistir o no al pleno del día 29 es una decisión personal, ya que no existe un control oficial de asistencia, y son los grupos parlamentarios los encargados de “pasar lista” y sancionar en su caso a los ausentes. Tampoco tienen derecho, por ejemplo, a una baja por enfermedad o por maternidad, pero tampoco se les detrae cantidad cuando faltan al trabajo, con o sin justificación.
En cuanto a la Secretaría General de la Cámara establecerá en fechas previas al día 29 los servicios mínimos para los funcionarios, a fin de atender las tareas esenciales que garanticen el normal funcionamiento del Congreso. Previamente solicitará a cada unidad administrativa que especifique el personal que considera necesario. En la huelga de funcionarios del pasado 8 de junio, los citados servicios rondaron el 30% de la plantilla. Una resolución del día 2 de ese mismo mes especificaba las necesidades puesto por puesto. Por ejemplo: “para la atención del despacho del señor presidente, un ujier que cubra la mañana y otro que cubra la tarde”. Atender al presidente Bono no deja mucho margen para la huelga, observa la crónica de El Confidencial...

PP Y BNG INTENTAN LEGALIZAR NÚCLEOS COSTEROS .- El grupo que sustenta al Gobierno de la Xunta, el PP, abrió ayer una nueva vía en el Parlamento para intentar legalizar los núcleos de población total o parcialmente afectados por el deslinde de Costas, donde el usufructo de la propiedad privada está en entredicho. El PP propuso que Galicia ejercite el derecho de iniciativa ante el Congreso con el fin de reformar la Ley de Costas y sacar estos enclaves del limbo legal en el que están. La propuesta fue secundada, aunque muy a regañadientes, por el BNG, pero se topó con el rechazo del PSdeG, al entender que lo que, en realidad, se estaba reclamando es «que se privatice el uso del litoral». Por 50 votos a favor (los del PP y el BNG) y 25 en contra (los del PSdeG), la Cámara de O Hórreo -la Asamblea gallega-, aceptó a trámite una proposición de ley para remitir a las Cortes en la que se pide que los núcleos consolidados del litoral que existiesen antes de la Ley de Costas, es decir, antes de 1988, puedan ser legalizados. También se reclama que en los terrenos clasificados como urbanos antes de dicha fecha se puedan autorizar «nuevos usos y construcciones», pero siempre que se respeten las servidumbres y estén conformes con los planes de ordenación municipal. «Esta ley sólo beneficia a quien injustamente puede perder su propiedad», manifestó el diputado popular José Fervenza, defensor de la iniciativa, observado desde la tribuna por medio centenar de afectados por el deslinde de Costas procedentes de concellos como Moaña, Marín o Vilaboa, que al igual que los de A Pobra do Caramiñal, Ribeira, A Illa, Gondomar, Redondela, Dumbría, Ponteceso o Malpica, tienen núcleos o construcciones particulares en situación alegal. Una de ellas es, por citar un ejemplo, la casa de la diputada socialista Carmen Gallego.
La portavoz de urbanismo del BNG, Teresa Táboas, atacó con dureza al PP por esta iniciativa, hasta el punto de acusarlo de «cinismo ideológico» por tramitarla en O Hórreo en vez de en Madrid. «Circo, circo, circo», repitió Táboas, antes de retar a los populares a que presentaran la misma iniciativa en el Congreso para tramitarla de inmediato, en vez de esperar dos años por esta vía. Pero la crítica no impidió al Bloque sumarse a la propuesta, algo que no secundó el PSdeG. Su portavoz de urbanismo, Mar Barcón, advirtió de que la iniciativa popular no va a legalizar núcleos rurales del litoral, sino otra cosa: «Esto va de business [negocios]», dijo, antes de remarcar que el PP lo que está pidiendo es la «privatización» del litoral, pero no puntualmente la legalización de los núcleos costeros. «Intentan consolidar el uso privativo del litoral», insistió, aludiendo a la renovación de las concesiones por 60 años que también invocan desde el PP. Fervenza discrepó abiertamente y emplazó a Barcón a leer la prensa, «que es lo primeiro que hay que hacer por la mañana», matizó irónico, para aludir de esta forma a las noticias vinculadas con la vivienda particular de la socialista Carmen Gallego, que según el PP podría ser rescatada del derribo con esta ley.