HUELGA SOBRE HUELGA.- Con la huelga general ya a punto, en plena fase preparatoria, nos llega ya el anuncio de otro conflicto que pretende resolverse, o agudizarse, mediante la misma práctica del “paro ruidoso”: Los sindicatos UGT y CCOO han convocado cuatro días de huelga general en el sector de la minería del carbón y han anunciado el comienzo de un encierro en el ministerio de Industria, Turismo y Comercio hasta que los grupos Alonso y Viloria hagan efectivo el pago de las dos nóminas que adeudan a los mineros que trabajan para ellos. El anuncio se hacía al terminar la reunión de los representantes de las divisiones mineras de CCOO y UGT con el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. La huelga, si nada lo remedia, tendrá lugar en el sector para los días 22, 23, 29 y 30 de septiembre, al considerar que en el encuentro no se han satisfecho sus reivindicaciones. Las declaraciones de los sindicalistas contrastan con las declaraciones de Sebastián al finalizar el encuentro: el ministro aseguró que la reunión había sido cordial y anunció la apertura de un expediente de inspección para los grupos Alonso y Viloria para investigar el destino de las ayudas recibidas por estos grupos desde julio de 2009. En cambio, los representantes de los sindicatos han explicado que permanecerán en el ministerio en una "asamblea permanente", con el objetivo de debatir las actuaciones que van a llevar a cabo próximamente. El secretario general de la Federación de Industria de CCOO, Felipe López, ha dicho que el ministro no ha dado una fecha concreta para la entrada en vigor de el real decreto de ayudas para el sector del carbón, que está pendiente de validación en la Comisión Europea. Además, ha apuntado que no han recibido ninguna garantía de que los mineros vayan a recibir las dos nóminas que las compañías Alonso y Viloria deben a sus trabajadores.Por su parte, el secretario general de FIA-UGT, Antonio Deusa, recordó que aún no se han puesto en marcha los fondos de reactivación para reconvertir las comarcas mineras previstos en el Plan Nacional del Carbón. Ambos representantes sindicales coincidieron en señalar que un punto positivo de la reunión ha sido la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un nuevo plan para el carbón que supere el límite temporal de 2012 establecido en la normativa vigente. Según el acuerdo alcanzado entre CCOO y UGT la semana pasada, la no convocatoria de huelga pasaba por el abono de los salarios a los mineros de los grupos Alonso y Viloria, que cobraron ayer la mitad de la nómina de julio, pero siguen sin recibir el importe correspondiente al resto del mes y a agosto. Además, el documento firmado exigía una fecha concreta para la aprobación del real decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad, que está pendiente de validar por la Comisión Europea, lo que garantizaría la salida del excedente de mineral y daría liquidez a las empresas del sector. Otra condición era que el Gobierno se reafirmase en su compromiso de mantener el volumen de recursos para la reactivación económica de las comarcas mineras hasta la finalización del Plan Nacional del Carbón en 2012.El conflicto radica en la incertidumbre que rodea el futuro del carbón nacional, agravada con los impagos de las nóminas de los mineros por parte de algunas empresas. Los sindicatos apoyan al Ejecutivo en la presión que realiza a Bruselas para que autorice 4el real decreto español que prolonga las ayudas al menos hasta 2012 (la Unión Europea obliga a eliminarlas a partir de 2014), pero se mostraron decepcionados respecto a la segunda pata del conflicto, el cobro de las nóminas. Felipe López, de CC OO, acusó al Gobierno de "dar fechas a largo plazo" para abordar el pago inmediato a los trabajadores que aún no han cobrado. Sebastián presentó a las centrales un documento que probaba que los responsables de las dos empresas origen del conflicto, Victorino Alonso y Manuel Lamelas Viloria, han recibido 367 millones de euros en ayudas públicas. "No pueden justificar que no tienen dinero", aseguró el ministro, pues "tocan a 141.000 euros por cada uno de los 2.600 mineros" que emplean. Los sindicatos respondieron: "El dinero lo tiene Victorino, pero la voluntad de pagar es de Industria", replicó Antonio Dehusa, de UGT. Más allá del pago de las nóminas, los representantes de los trabajadores exigen que continúen las subvenciones al sector, sin las cuales no sobrevive.
Dos reclamaciones urgentes, de las que se enterará “el personsal”,. Las huelgas de la minería siempre han sido muy ruidosas..
LA DE AFGANISTÁN NO ES MISIÓN DE DURACIÓN INDEFINIDA.-“Las tropas españolas seguirán en Afganistán hasta que la situación allí "deje de suponer una amenaza para la comunidad internacional y para los españoles". Así lo ha asegurado en el Congreso, en la sesión de control del Gobierno, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha evitado poner fecha a la retirada de los 1.500 solados españoles que participan en la misión de la OTAN. Zapatero se limitó a recordar que el presidente afgano, Hamid Karzai, se ha fijado como objetivo que la policía y el Ejército afganos se hagan cargo de la seguridad del país en 2014, y que en la próxima cumbre de la OTAN, el 20 de noviembre en Lisboa (Portugal), deben concretarse los planes de transición, pero no se ha referido a la promesa del presidente estadounidense, Barack Obama, de comenzar el repliegue en julio próximo. En el primer debate en pleno dedicado a este conflicto, el presidente ha señalado que la operación en Afganistán, que ya dura nueve años, "no puede tener duración indefinida" sino que debe concluir "cuanto antes", pero ha reiterado el "compromiso firme e inequívoco" de España de seguir allí hasta que los aliados decidan juntos marcharse. Es decir, no habrá retirada unilateral como la decidida por Holanda y Canadá. Zapatero anunció también que cuatro afganos permanecen detenidos por el atentado del pasado 25 de agosto, en el que dos guardias civiles y un intérprete fueron asesinados en Qala-i-Naw a manos de un policía afgano infiltrado que después fue abatido a tiros. El presidente del Gobierno aprovechó la intervención para hacer un reconocimiento a las 93 víctimas españolas en esta misión. En Afganistán, hay más de 1.500 militares, de los que 56 son guardias civiles. El presidente ha anunciado que España aportará 60 millones de euros adicionales para la misión hasta 2012.
Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, y el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, han criticado a Zapatero por no reconocer que en Afganistán se libra una guerra, aunque el primero ha asegurado que no le importa "el nombre de la cosa". Zapatero, parafraseando a la ministra de Defensa, Carme Chacón, ha dicho que las tropas españolas desarrollan su trabajo en un "escenario de violencia y conflicto, bélico y peligroso", con "riesgos ciertos para la vida e integridad de los soldados". También ha recordado a los militares españoles que han perdido la vida en esta misión y ha cifrado en 1.900 millones el coste de la participación militar española desde 2002, a los que hay que sumar 220 millones en cooperación y ayuda al desarrollo. El presidente ha reconocido que "el peligro ha crecido en la región de Bagdhis", donde desarrollan su misión las tropas españolas. En ningún momento de su primera intervención Zapatero se refirió a la misión como una guerra, aunque no ha evitado admitir que los soldados se enfrentan a "riesgos ciertos para su seguridad y su vida". "Trabajan en un escenario bélico, de conflicto, de violencia y muy peligroso" pero, ha advertido, "están preparados". El presidente ha insistido en que la labor que realizan allí las tropas españolas responde a la nueva estrategia decidida en la Conferencia de Londres del pasado mes de enero, y que se basa en el llamado proceso de afganización consistente en transferir competencias de gobierno a las autoridades afganas al mismo tiempo que se entrena y forma a sus fuerzas de seguridad.
Rajoy, reprochó al presidente su "falta de claridad" en relación con la misión. Según Rajoy, los españoles son los peor informados en relación con lo que sucede en Afganistán y con las decisiones que toma el Gobierno en relación con nuestras tropas. "Si no se perciben con claridad los objetivos, los valores que defendemos y las amenazas a las que se enfrentan nuestros soldados ¿cómo vamos a pedir a la opinión pública que apoye una misión que ni siquiera entiende porque no se le explica con claridad?", enfatizó Rajoy.. También ha criticado a Zapatero por resistirse a "llamar a las cosas por su nombre". "Todo el mundo dice que lo de Afganistán es una guerra" y ha citado, por ejemplo, al general Petraeus y al propio Barack Obama. "Todos los que están allí lo dicen, salvo usted", insistió. Y tras Rajoy, el portavoz de CiU ha repetido prácticamente los mismos argumentos: "Usted y su ministra de Defensa se empeñan en disfrazar la realidad, negándose a reconocer que allí hay una guerra". Duran Lleida, que al igual que Rajoy, ha tenido palabras de agradecimiento y elogio para los militares españoles y para las ONG destacadas, ha criticado al Gobierno por su "falta de claridad" y por no tener un papel "políticamente relevante" en la zona. Al no haber logrado los objetivos, ha explicado, «no hay otra salida que la negociación, es la hora de las soluciones políticas y no militares» y, a su juicio, «ha llegado la hora de hablar de la negociación de Karzai con las fuerzas políticas».
Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha vuelto a oponerse a la intervención española en Afganistán. "Va para 9 años y la pregunta fundamental está sin responder. ¿Hasta cuándo?", ha lamentado. Y ha pedido al presidente del Gobierno un "calendario ineludible" de retirada de las tropas, porque "es insoportable el tributo de vidas para una guerra perdida". Llamazares, aunque ha transmitido también su solidaridad con los militares fallecidos, ha recordado que "no se trata en este debate del grado de solidaridad de las fuerzas políticas con las fuerzas armadas". En su opinión, "esta guerra es el caldo de cultivo de los talibanes y de Al-Qaeda”, ya que "la presencia de las tropas extranjeras es la que alimenta" a esos grupos. "Se ha producido un desequilibrio en la zona que ha creado inseguridad en Pakistán y Afganistán", y ahora "somos entendidos por parte de los afganos como beligerantes". La líder de UPyD, Rosa Díez, ha reconocido que "ojalá no nos entraran dudas a nadie" pero, en su opinión, "no es fácil estar tan seguros" como Zapatero "de que todo lo que hacemos lo hacemos bien". "La mejor manera de rendir homenaje es decir la verdad, olvidar el lenguaje creativo", reprochó. Considera que los españoles tienen que "saber por qué y para qué creemos que es necesario que nuestros soldados arriesguen la vida". "En las misiones internacionales estamos para cumplir nuestros compromisos internacionales, pero también para proteger nuestras fronteras, y nuestros valores", recordó
LA DETENCIÓN DE EKIN, UN FORTÍSIMO GOLPE A ETA.- La detención de los diez componentes de la cúpula directiva de Ekin sigue mereciendo atenciones muy importantes en los medios informativos, que ponen de relieve la importancia del grupo. Desde La Gaceta se explica que este sector de ETA, Ekin, iba a purgar a Otegi y Usabiaga, y que los arrestados se reunían en bibliotecas para cursar las órdenes de la banda asesina a los batasunos. Ekin sería un grupo encargado de imponer a los críticos las tesis de la bandas. ABC llega a la conclusión de que, con la detenciones, la Guardias Civil ha evitado un plan de ETA para purgar a los rebeldes de Batasuna, e insiste en los propósitos etarras de depurar a Otegi y compañía y rectificar la apuesta por la vía exclusivamente política de los abertzales. En El País se señala la tarea de “comisarios políticos” que tenían los miembros de Ekin y su función de velar por el cumplimiento de las órdenes de la banda entre el entramado de la izquierda abertzale. La organización ha contribuido a la huida de terroristas, a la difusión de boletines de la banda y a la organización del acto de homenaje a los etarras fallecidos. También en El Mundo se pone de relieve la función de “guardianes de la ortodoxia etarra” que tenían los detenidos, encargados de que las bases radicales obedecieran a ETA. La Razón no duda en llamar a Ekin “la Gestapo de ETA, también con esa tarea de depuración y control de todas las organizaciones de su entramado. Pone de relieve La Vanguardia el dato de que nada menos que 300 agentes participaron enb los arrestos de la dirección nacional de Ekin, tras varios meses de investigaciones de la Guardia Civil con el CNI, dirigidos por el juez Grande Marlaska. Y en El Periódico de Cataluña se pone de relieve que la operación llevada a cabo podría alterar el nuevo comunicado etarra previsto para finales de este mes.
En materia de lucha contra ETA, también sigue debatiéndose la opinión de Eguiguren, socialista vasco partidario de la legalizaciónd e Batasuna. Según asegura este miércoles el diario El País, ni el Gobierno vasco ni el PSE se muestran preocupados porque las "reflexiones personales" del presidente del partido, Jesús Eguiguren, puedan abrir una vía de agua en el camino decidido frente a ETA y a la ofensiva política de la izquierda abertzale. Tampoco creen que afecte al pacto con el PP vasco, cuyo presidente, Antonio Basagoiti, se entrevistará el lunes con el lehendakari, Patxi López. Son reflexiones personales y de futuro, han recalcado tanto el Ejecutivo socialista como el propio PSE. Y señala cómo López optó el domingo por callar, después de que Eguiguren le requiriese un papel más activo y previsor en el escenario que se abre. Tanto la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, como el del PSE, José Antonio Pastor, coincidieron este martes en restar importancia a sus palabras y a la diferencia de criterios que puedan dejar ver. Mendia instó a leerlas "con detenimiento" para descartar que encierren tal distancia. Lo que cuenta, vinieron a decir ambos, es que la política antiterrorista no ha variado un ápice, y es el lehendakari el que la marca. Eguiguren no solo la comparte y no la cuestiona, sino que, en palabras de Pastor, es uno de sus "artífices". Sin embargo, los matices de Eguiguren han servido al PNV para acusar a los socialistas de "jugar con dos barajas", en palabras de su portavoz parlamentario, Josu Erkoreka. El sector más sensible ante la izquierda abertzale está forzando una reflexión interna que se concretará en "alguna iniciativa", según su presidente, Iñigo Urkullu. Esa perspectiva parece preocupar algo más al Gobierno vasco, que consideraría un "error tremendo" un paso unilateral.Basagoiti, por su parte, recalcó en Onda Cero que Eguiguren "siempre se equivoca" en sus análisis sobre la voluntad de ETA y Batasuna.
Pero no dejan de ser matices en una decidida lucha contra la banda y sus alrededores...
EL ESTADO GASTA 40.000 MILLONES EN PRESTACIONES A PARADOS.-Según datos que este miércoles proporciona el diario La Vanguardia, el Estado gastará este año 2.000 millones más de euros de lo inicialmente previsto, lo que significa que terminará el ejercicio con un gasto próximo a los 32.000 millones de euros, según el Ministerio de Trabajo. Esta desviación en el presupuesto inicial se debe a que el paro ha crecido más de lo previsto. Al gasto en pagar prestaciones a los desempleados hay que sumar las políticas activas de empleo –cursos de formación y bonificaciones a la contratación–, que se elevan a 7.796 millones. Todo ello sitúa el coste total del gasto derivado desempleo en a cerca de los 40.000 millones de euros. Estas estimaciones realizadas por el Ministerio de Trabajo son las que han obligado a poner en marcha la reforma de los Servicios Públicos de Empleo. El Ministerio de Trabajo estima que el gasto en desempleo se mantendrá en términos similares durante el 2011, en torno a 30.800 millones de euros. De acuerdo con sus estimaciones, la evolución del desempleo recupera la normalidad y presentará una lenta inflexión a partir de primavera. El ministerio ha modificado considerablemente los criterios del gasto en políticas activas de empleo. El objetivo de la reforma laboral es limitar las bonificaciones a la contratación a los colectivos más desfavorecidos –jóvenes, mayores de 45 años, mayores de 60 años y discapacitados– y el resto dedicarlo a formación. El problema es que los resultados se apreciarán progresivamente dada la inercia del gasto comprometido.
En la actualidad se destina a formación cerca de un 78% del presupuesto. Esta se hace a través de la formación para el empleo, que se gestiona a través de dos acuerdos: El primero entre patronal y sindicatos que se reparten 2.100 millones para cursos y que tienen que renegociar a partir de octubre. El segundo es que hacen los agentes sociales junto a la Administración y que se eleva a 2.571 millones. A estos dos acuerdos hay que sumar los programas de empleo (orientación, escuelas taller, ayudas de los ayuntamientos) que son 2.700 millones más. El principal problema de este modelo es que el Estado gestiona las prestaciones con 9.861 funcionarios y las autonomías las políticas activas con 12.071 funcionarios y en colaboración con más de 4.000 centros homologados.
Trabajo ha tardado dos años en implementar un sistema para controlar la actuación delegada en las autonomías hace 17 años y lograr la mayor transparencia. El objetivo es lograr un mínimo común pero respetar la actuación de las autonomías que dan más proximidad, explican fuentes ministeriales. La reforma la rematará el nuevo equipo.
El enfrentamiento con los sindicatos lo ha protagonizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que ha anunciado la eliminación de 2.000 delegados sindicales, de los 3.500 existentes en la función pública de la región. Las horas sindicales se rebajarán de 75 a 40. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, se ha mostrado en contra de la medida, que considera una medida reactiva por la huelga.
Según la misma información, la mesa y los portavoces de la comisión parlamentaria del pacto de Toledo se reunirán los próximos días 6 y 7 de octubre en una sesión maratoniana para empezar a hablar de las recomendaciones que los grupos políticos harán al Gobierno para la reforma del sistema de pensiones. Según fuentes del PSOE, está previsto que la reunión comience a las 10 de la mañana del día 6 y se prolongue el tiempo que sea necesario. El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, ha recordado a los medios durante una rueda de prensa que el Gobierno está a la espera de que la comisión establezca sus conclusiones, una vez analizado el documento que le remitió en enero el Ejecutivo con sus propuestas. Granado subrayó la conveniencia de empezar cuanto antes "porque así será mayor su periodo de implantación y, en este sentido, será más suave". Además, abogó por que la reforma sea suficiente frente al reto demográfico.
MONTILLA ACUSA A CONVERGENCIA DE JUEGO SUCIO.-La Vanguardia ha calificado este miércoles de “reacción contundente” del president de la Generalitat la suscitada por la entrevista de Pasqual Maragall en la que éste pronosticaba la victoria de Artur Mas. José Montilla no reaccionó contra su antecesor, sino contra los autores de la entrevista. "No entraré –dijo– a valorar los escrúpulos de las personas que han ido a hacer una determinada entrevista en determinados momentos", dijo ayer el president, que consideró "juego sucio" la publicación de esa entrevista por la revista de Convergència Democràtica MésCat. "Hablan de juego limpio, pero estoy convencido que en el fondo van a practicar mucho juego sucio", manifestó el president. El ex president Maragall declaraba en la mencionada entrevista: "Creo que ganará Artur Mas porque toca" y tras varios elogios al líder de CiU, consideraba que "la gran ventaja que tiene es que ahora toca porque ya hace mucho tiempo que los otros gobiernan y espero que lo haga bien".
Más allá de valorar la conveniencia de la alternancia política, en ningún momento Maragall expresa su apoyo político o su identificación con el proyecto de Convergència i Unió, y mucho menos su conversión al nacionalismo, pero el revuelo que provocó la divulgación de la entrevista, decidió al expresident a escribir un artículo para dejar claro que si bien ya no pertenece al PSC, no se le ha pasado por la cabeza incorporarse al partido con el que siempre rivalizó. En su artículo, repleto de ironías para unos y para otros, el ex president empieza mostrando su sorpresa con la frase "Parece como si me hubieran declarado convergente...".
Las acusaciones de juego sucio se referían al hecho de entrevistar a Maragall cuando todo el mundo sabe que padece la enfermedad de Alzheimer. A partir de ahí se ha producido un intercambio de reproches, exigiéndose mutuamente, socialistas y nacionalistas, respeto a Maragall. Desde CDC se recordó que el ex president, por voluntad propia, no ha dejado de intervenir en el debate político catalán, especialmente desde que abandonó su militancia en el PSC. Asimismo, se dio a conocer que la entrevista fue realizada este verano en el Empordà, donde la familia Maragall tiene su segunda residencia, que Pasqual Maragall revisó la entrevista antes de ser publicada, y que la propia familia del ex president autorizó –incluso por escrito– que se publicaran las declaraciones tal como se reprodujeron en la revista del partido. El portavoz nacionalista, Oriol Pujol, aseguró que las declaraciones de Maragall no le sorprendieron porque "hace meses que las viene manifestando en privado". "La relación que tiene el president Maragall con nosotros –añadió Pujol– es de mucha complicidad". Por su parte, entrevistado por Josep Cuní, Artur Mas otorgó dimensión política a la actitud de Maragall: "Hay una parte del centroizquierda que quiere el cambio y que ve en CiU la posibilidad de un cambio con una CiU con mentalidad abierta, de trato afable y con un proyecto para todo el país". Se sabe que las relaciones personales entre Maragall y Mas han mejorado con el tiempo. Incluso ahora, al estallar la polémica, evitaron aparecer juntos en la inauguración de una exposición para recaudar fondos para la fundación auspiciada por Maragall para luchar contra el alzheimer. Sí se retrataron juntas y brindaron las esposas de ambos, Diana Garrigosa y Helena Rakosnik.
Esta nueva polémica preelectoral coincide paradójicamente con el debate sobre la posibilidad de un pacto entre CiU y el PSC si el tripartito no suma y los nacionalistas no alcanzan la mayoría absoluta. El tema lo puso encima de la mesa el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y Artur Mas y José Montilla se han apresurado a enfriar las expectativas. Todo son pegas para la sociovergencia por parte de ambos líderes. "Un Govern CiU-PSC sería tremendamente complicado, distinto del tripartito, pero igual de complejo", dijo Mas. "No es lo más probable, porque competimos más que nos complementamos", señaló el president Montilla. Sin embargo, en las entrevistas, tanto el president como su contrincante terminan sus reflexiones con la misma frase: "No hay que descartar nada".
UN SONDEO DA MEJOR NOTA A GALLARDON QUE A ZAPATERO.- El polémico sondeo interno encargado por la dirección del PSOE a finales de junio, que sirvió para justificar su preferencia por Trinidad Jiménez frente a Tomás Gómez como candidata en Madrid, contiene datos sorprendentes que Ferraz ha preferido ocultar, según ha podido saber El Confidencial. De acuerdo con tales datos, José Luis Rodríguez Zapatero sale tan mal parado en esa encuesta que, incluso los votantes socialistas, ponen mejor nota al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, que al líder de su propio partido. El sondeo utilizado como coartada por Ferraz para lanzar la candidatura de Jiménez a la Comunidad de Madrid fue encargado por el número dos del PSOE, José Blanco, a la empresa Instituto de Marketing y Opinión Pública (IMOP), y sus resultados se filtraron a la Cadena Ser después de que Zapatero y el propio Blanco fracasaran en su intento de convencer a Gómez para que renunciase a la carrera electoral en favor de la ministra de Sanidad, forzando así la convocatoria de primarias.
El Confidencial relata cronológicamente los hechos: El pasado 9 de agosto, apenas 48 horas después de que el ex alcalde de Parla le dijese no a Zapatero durante su reunión en La Moncloa, Ferraz filtró los datos del sondeo para tratar de demostrar que Jiménez tiene más tirón electoral que Gómez y más posibilidades que éste de impedir una nueva mayoría absoluta de Esperanza Aguirre. Blanco, sin embargo, tuvo buen cuidado en que la filtración fuese parcial, destacando sólo los resultados que convienen a su estrategia -él y Alfredo Pérez Rubalcaba, además de Zapatero, son los más firmes defensores de Jiménez- y silenciando los que dañan la imagen del líder socialista. Una semana después, el 16 de agosto, la emisora del Grupo Prisa anunció que el sondeo se podía consultar en su web, supuestamente de forma íntegra. Sin embargo, la encuesta no se difundió en su totalidad, sino que, una vez más, la información fue administrada para ocultar aquellos datos que mostraban la debilidad del Gobierno socialista.Entre estos últimos llama poderosamente la atención que la gestión de Ruiz-Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid es mucho mejor valorada que la de Zapatero como presidente del Gobierno incluso por quienes se declaran votantes del PSOE, según habrían revelado a El Confidencial fuentes de la Ejecutiva socialista. Los simpatizantes del PP, por descontado, también le ponen al alcalde una nota más alta que a Zapatero. Según el barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 55,5% de los españoles califica de mala o muy mala la gestión del Gobierno socialista, mientras que sólo un 7,8% la considera buena o muy buena. La mayoría, un 46,3%, también valora mal o muy mal la actuación política de Zapatero.
Cuenta la publicación de Internet que fuentes de Ferraz confirmaron el martes por la noche a este periódico que el sondeo elaborado por el IMOP no se refería únicamente a la valoración de Jiménez y Gómez como posibles rivales de Aguirre en las elecciones autonómicas de la próxima primavera. Según esas fuentes, la encuesta es mucho más amplia, e incluye datos tanto de comunidades autónomas y ayuntamientos como de intención de voto a nivel nacional y valoración de líderes.
En cuanto a Tomás Gómez, fuentes próximas al líder del PSM aseguran que aún no han tenido acceso a los resultados del sondeo, por lo que su equipo pone en duda que el contenido hecho público hasta ahora se corresponda con los verdaderos resultados. Esas fuentes también sospechan que Ferraz pueda haber aplicado su propia cocina a la encuesta a través del sociólogo de cabecera de Blanco y gurú electoral de la dirección socialista, Ignacio Varela. De hecho, el vicepresidente tercero del Gobierno y presidente del PSOE, Manuel Chaves, no hizo alusión a ningún sondeo cuando, el pasado 15 de julio, se entrevistó con el ex alcalde de Parla en un primer intento de persuadirle para que dejara paso a Jiménez. Días más tarde, cuando Blanco le llamó a su despacho para tratar de forzar de nuevo su retirada, el número dos socialista sí utilizó la controvertida encuesta como argumento, pero, según fuentes de la candidatura de Gómez, se negó a mostrar a éste los resultados. Los datos del sondeo filtrados en agosto reflejaban que el 44% de los madrileños consideraba que Jiménez sería una buena presidenta, frente al 28% que pensaba así de Gómez. La ministra de Sanidad también lograba una mejor valoración que su rival en las primarias cuando ambos eran comparados con Aguirre: un 47% de los madrileños prefería a la presidenta de la Comunidad de Madrid, frente a un 44% que se inclinaba por Jiménez. En cambio, la diferencia entre Aguirre y Gómez se disparaba a los 16 puntos. De acuerdo con la ficha técnica del estudio demoscópico, las entrevistas se realizaron entre los días 25 y 28 de junio a 1.628 personas residentes en la Comunidad de Madrid.
Den lo que nadie tiene dudas es de que la controversia entre Jiménez y Gómez, TJ y TG, ha cooperado sustancialmente en el conocimiento popular del secretario del PSM y alcalde de Parla, que en tres años no había logrado tener ni una mínima parte de tal conocimiento...
REFORMAS LEGALES PARA DESATASCAR EL TC.- Informaciones que proporciona hoy el diario La Vanguardia, con la firma de su corresponsal político, sostienen que el Gobierno considera que la situación de estancamiento en que se encuentra el Tribunal Constitucional (TC) es gravemente contraria a la propia letra de la Carta Magna, y está dispuesto a jugar fuerte para impedir que siga prolongándose y, sobre todo, para evitar que se repita. El Ejecutivo es consciente de que necesita el acuerdo con el PP para renovar la institución y por tanto quiere primar las vías de diálogo, pero estudia reformas legales para que se cumpla el mandato constitucional de que cada tres años deben cambiar cuatro magistrados del TC. Ahora, en cambio, está a punto de producirse un doble incumplimiento de la Constitución. Cuatro magistrados, entre ellos la presidenta, María Emilia Casas, llevan casi tres años de prolongación de su mandato porque no se ha alcanzado un pacto para renovarles. Esa larga prórroga no tiene precedentes en las tres décadas de historia de la institución. Pero, además, está a punto de solaparse con el fin del mandato de otros cuatro magistrados, en noviembre próximo, con lo cual dos tercios de los doce miembros del TC estarían ejerciendo fuera del plazo para el que fueron elegidos.
Añade el mismo informador que el Gobierno está convencido de que esta situación se ha producido por la voluntad del PP de impedir la renovación del TC mientras estuviera pendiente la sentencia del Estatut. Y considera que, una vez dictado ese fallo, no debe repetirse el problema a la espera de otras resoluciones, como la relativa a la nueva ley del aborto. La no suspensión de esta norma ya se acordó por un solo voto de diferencia y el PP puede albergar la esperanza de que la ley sea declarada inconstitucional con la actual composición del TC. En todo caso, la situación de hecho que está a punto de producirse es que dos renovaciones del TC queden pendientes y se incumpla la previsión constitucional de que esta institución se renueva por tercios cada tres años. Es en este punto en el que el Gobierno está dispuesto a impulsar un cambio legal para impedir que el TC quede en situación de permanente y flagrante incumplimiento de la Constitución. Se trata de garantizar que el TC mantendrá sus renovaciones periódicas, que no podrán solaparse. Para ello se estudia la posibilidad de que los primeros magistrados que nombre el Senado en sustitución de María Emilia Casas y otros tres jueces del TC, tengan un mandato efectivo más corto, de sólo seis años. La Constitución prevé plazos de ejercicio de nueve años, pero salvar este escollo se considera menos complicado que permitir que el TC viva siempre condenado a una situación anómala, de continua conculcación de la Carta Magna. Se recuerda que hubo un precedente para una actuación parecida: En el primer TC hubo magistrados que estuvieron sólo seis años en el cargo para que las renovaciones posteriores pudieran hacerse por tercios, cada tres años. Es obvio que si todos hubieran agotado el mandato de nueve años, los cambios por tercios habrían sido imposibles.
Paralelamente, las negociaciones del Gobierno y el PSOE con el PP no avanzan. La comisión de nombramientos del Senado, que debía reunirse este miércoles, lo hará la próxima semana. Este nuevo aplazamiento fue solicitado por el PP. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha apelado de nuevo a la "responsabilidad" del PP para acordar la renovación. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, negó, a su vez, que vaya a intervenir para pactar directamente con el líder del PP, Mariano Rajoy. Y mientras, el Constitucional prosigue su larga espera.
Estas prácticas de dilación y atasco provocado tienen nombres feos en la vida política...
SÓLO SIETE PARLAMENTARIOS HARAN HUELGA EL 29-S.- Algunos medios informativos han venido contando de manera destacada cómo hay sectores de actividad que, de antemano, y salvo que circunstancias externos los fuercen,. No tienen el menor propósito de sumarse a la huelga que han convocado Méndez y Toxo para el día 29 de este mes. Los médicos, los funcionarios..., no están por la labor.. Y tampoco, de manera generalizada, se sumarán al paro los parlamentarios, aunque en este gremio de actividad habrá excepciones, según cuenta El Confidencial este miércoles. Cuenta en su crónica, en efecto, que “sus señorías” rechazaron, este martes, de forma mayoritaria, secundar la huelga general del próximo día 29. Y que tan sólo siete diputados de los 350 de la Cámara Baja, apoyarán la protesta sindical y pedirán al presidente José Bono que descuenten de su nómina el salario de ese día. Los “huelguistas” son los parlamentarios de IU, ICV, ERC y BNG, que hace una semana presentaron una petición a la mesa del Congreso para dejar sin actividad parlamentaria ese día en solidaridad con la convocatoria sindical y trasladar los trabajos al martes 28 o el jueves 30. La Junta de Portavoces rechazó su propuesta.. “Los firmantes de la petición apoyamos la huelga por solidaridad con los trabajadores –manifestó a este diario Gaspar Llamazares (IU)-. También pretendíamos facilitar el derecho a la huelga de los funcionarios de la Cámara y evitar los servicios mínimos que se establecen en estos casos sean abusivos y entorpezcan que quienes quieran parar lo hagan”. Llamazares anticipó que tanto él como los otros seis diputados que han promovido la iniciativa tienen pensado dirigirse al presidente del Congreso para manifestarle su intención de secundar la huelga y pedir que se les detraiga de su nómina el salario de ese día. Por su pare, un portavoz del Congreso explicó que la pretensión de sus señorías no pasa de ser un gesto porque carecen de un contrato laboral, como cualquier trabajador. Al tomar posesión de su escaño reciben una asignación constitucional mensual que no tiene la consideración de salario. Asistir o no al pleno del día 29 es una decisión personal, ya que no existe un control oficial de asistencia, y son los grupos parlamentarios los encargados de “pasar lista” y sancionar en su caso a los ausentes. Tampoco tienen derecho, por ejemplo, a una baja por enfermedad o por maternidad, pero tampoco se les detrae cantidad cuando faltan al trabajo, con o sin justificación.
En cuanto a la Secretaría General de la Cámara establecerá en fechas previas al día 29 los servicios mínimos para los funcionarios, a fin de atender las tareas esenciales que garanticen el normal funcionamiento del Congreso. Previamente solicitará a cada unidad administrativa que especifique el personal que considera necesario. En la huelga de funcionarios del pasado 8 de junio, los citados servicios rondaron el 30% de la plantilla. Una resolución del día 2 de ese mismo mes especificaba las necesidades puesto por puesto. Por ejemplo: “para la atención del despacho del señor presidente, un ujier que cubra la mañana y otro que cubra la tarde”. Atender al presidente Bono no deja mucho margen para la huelga, observa la crónica de El Confidencial...
PP Y BNG INTENTAN LEGALIZAR NÚCLEOS COSTEROS .- El grupo que sustenta al Gobierno de la Xunta, el PP, abrió ayer una nueva vía en el Parlamento para intentar legalizar los núcleos de población total o parcialmente afectados por el deslinde de Costas, donde el usufructo de la propiedad privada está en entredicho. El PP propuso que Galicia ejercite el derecho de iniciativa ante el Congreso con el fin de reformar la Ley de Costas y sacar estos enclaves del limbo legal en el que están. La propuesta fue secundada, aunque muy a regañadientes, por el BNG, pero se topó con el rechazo del PSdeG, al entender que lo que, en realidad, se estaba reclamando es «que se privatice el uso del litoral». Por 50 votos a favor (los del PP y el BNG) y 25 en contra (los del PSdeG), la Cámara de O Hórreo -la Asamblea gallega-, aceptó a trámite una proposición de ley para remitir a las Cortes en la que se pide que los núcleos consolidados del litoral que existiesen antes de la Ley de Costas, es decir, antes de 1988, puedan ser legalizados. También se reclama que en los terrenos clasificados como urbanos antes de dicha fecha se puedan autorizar «nuevos usos y construcciones», pero siempre que se respeten las servidumbres y estén conformes con los planes de ordenación municipal. «Esta ley sólo beneficia a quien injustamente puede perder su propiedad», manifestó el diputado popular José Fervenza, defensor de la iniciativa, observado desde la tribuna por medio centenar de afectados por el deslinde de Costas procedentes de concellos como Moaña, Marín o Vilaboa, que al igual que los de A Pobra do Caramiñal, Ribeira, A Illa, Gondomar, Redondela, Dumbría, Ponteceso o Malpica, tienen núcleos o construcciones particulares en situación alegal. Una de ellas es, por citar un ejemplo, la casa de la diputada socialista Carmen Gallego.
La portavoz de urbanismo del BNG, Teresa Táboas, atacó con dureza al PP por esta iniciativa, hasta el punto de acusarlo de «cinismo ideológico» por tramitarla en O Hórreo en vez de en Madrid. «Circo, circo, circo», repitió Táboas, antes de retar a los populares a que presentaran la misma iniciativa en el Congreso para tramitarla de inmediato, en vez de esperar dos años por esta vía. Pero la crítica no impidió al Bloque sumarse a la propuesta, algo que no secundó el PSdeG. Su portavoz de urbanismo, Mar Barcón, advirtió de que la iniciativa popular no va a legalizar núcleos rurales del litoral, sino otra cosa: «Esto va de business [negocios]», dijo, antes de remarcar que el PP lo que está pidiendo es la «privatización» del litoral, pero no puntualmente la legalización de los núcleos costeros. «Intentan consolidar el uso privativo del litoral», insistió, aludiendo a la renovación de las concesiones por 60 años que también invocan desde el PP. Fervenza discrepó abiertamente y emplazó a Barcón a leer la prensa, «que es lo primeiro que hay que hacer por la mañana», matizó irónico, para aludir de esta forma a las noticias vinculadas con la vivienda particular de la socialista Carmen Gallego, que según el PP podría ser rescatada del derribo con esta ley.
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