LAS DOS PEL,EAS DE SARKOZY, CON DURAO Y CON MERKEL. ZAPATERO APOYA A SARKOZY. EL GOBIERNO DEFIENDE LA REFORMA LABORAL. RAJOY EN MELILLA

EXPULSIÓN DE GITANOS-EXTERMINIO DE JUDÍOS
La evocación histórica efectuada por la comisaria comunitaria Viviane Reding no ha dejado a nadie neutral en la pelea que se vive, con gran intensidad, en el seno de la Unión Europea, tras la decisión del jefe del estado francés, Sarkozy, de desmantelar los campamentos de gitanos rumanos y expulsarlos del país. Aún resuenan las palabras llenas de coraje de Reading: “Basta, ya ha sido bastante”, que dejaban a Sarkozy al pie de los caballos. Pero, claro está, uno de los hombres fuertes de la Unión Europea no podía pasar por alto una “injuria” de ese calibre, y por ello, reclamaba en su apoyo el respaldo de sus colegas los jefes de estado y de gobierno. Hasta el punto de que la rueda de prensa posterior al Consejo Europeo, celebrada en Bruselas, se convertía en una 'pasarela' monotemática de los líderes europeos sobre la cuestión del momento, la expulsión de gitanos rumanos de Francia. Y, naturalmente, el primero en hablar era el propio presidente francés, Nicolas Sarkozy, quien ha defendido la postura de su país en este tema, respondiendo con dureza a cada una de las preguntas de los periodistas. El siguiente en coger el micrófono, el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, empezó su intervención explicando que Sarkozy enumeró las resoluciones judiciales que respaldaban su decisión, y también criticó con dureza las palabras de la responsable europea de Justicia, Viviane Reding. "Tengo que recordar que la señora Reding también hizo [hace poco] unas declaraciones muy poco afortunadas", agregó Zapatero, en relación a la Euroorden de protección de mujeres maltratadas que respaldaba España y Reding atacaba. Y siguió recordando las palabras del presidente de Rumanía quien, durante el debate, advirtió de que lo que ha ocurrido en Francia puede pasar en cualquier ciudad europea. Cuestionado sobre si se refería a alguna ciudad en España, Zapatero insistió en que "lo que hay que hacer es evitar que se produzcan asentamientos irregulares porque son una mala práctica". El presidente español repitió una y otra vez que Francia "es un estado de Derecho" y que las expulsiones se han realizado según la ley, "y como a cualquier otro estado, en cualquier otro aspecto, hay que respetarlo". Sarkozy ya había advertido en su interpelación anterior que Alemania también planeaba desmantelar campamentos de gitanos en su territorio, algo que le habría dicho al presidente francés la propia canciller Angela Merkel. "Me dijo que tiene la intención de desmantelar campamentos en las próximas semanas", dijo Sarkozy en el marco de la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. Fuentes diplomáticas germanas señalaron sin embargo que no hubo "ni de lejos" una declaración de ese tipo. De manera que la tensa jornada vivida este jueves en la cumbre de la UE concluía con un embrollo diplomático entre París y Berlín. Tras pelearse a cara de perro con el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, Sarkozy se plantó ante la prensa para subrayar que, pese a la discusión con Barroso, ninguno de los jefes de Estado europeos habían manifestado una crítica directa a su política. Y aludió expresamente a la solidaridad de la canciller Angela Merkel, quien, según él, le había anunciado que dentro de unas semanas "ella también va a levantar varios campamentos". Poco después, ya en Berlín y ante una posible reacción en su país, el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert, negó que Merkel hubiese hablado con Sarkozy en esos términos. París, de momento, no ha reaccionado al desmentido.
De manera que Sarkozy tenía que afrontar dos grandes pulsos: primero con Durao Barroso, y posteriormernte con Angela Merkel. Con Durao, dicen los cronistas, “fue un "intercambio muy macho y viril", en apreciación del primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker. "Los gritos se oían en el pasillo", comentó alguien que estaba fuera de la sala. "La discriminación en la UE es inaceptable" y se va a investigar qué ha hecho Francia, aseguró Barroso. "Las expulsiones van a seguir", replicaba Sarkozy, encendido por las manifestaciones de Reding, para quien las expulsiones de gitanos constituyen "una situación que no pensaba volver a ver tras la Segunda Guerra Mundial". Comparar aquella hora de la infamia con lo ocurrido en la actualidad es "una injuria, una humillación y un exceso" que requieren una respuesta radical, explicó Sarkozy: "No puedo permitir que se insulte a mi país".Barroso explicó que a la Comisión no le gustaba nada lo que estaba ocurriendo en Francia y el presidente francés, "le replicó de forma muy agresiva", según una fuente diplomática, lo que destapó la caja de los truenos. "Fue un intercambio muy violento", comentó el primer ministro búlgaro, Boyko Borissov. Como señalaba, ninguno de los jefes de Estado europeos manifestaron una crítica a las expulsiones de gitanos ordenadas por el Gobierno francés. Por el contrario, todos ellos coincidieron en censurar a Reding en vez de defender un pilar de la Unión como es la libre circulación de las personas. "La totalidad de los jefes de Estado y de Gobierno se manifestó sorprendido por las declaraciones excesivas de la vicepresidenta", precisó Sarkozy antes de aludir expresamente a la solidaridad de Merkel. Pero ésta no está dispuesta a verse en el mismo saco del acusado Sarkozy, por Mucha solidaridad que haya querido expresarle a su colega francés...
En fin, el presidente de la CE, Herman Van Rompuy pretendió cerrar el asunto, señalando que todo Estado de la Unión tiene derecho a aplicar la ley dentro del respeto al Estado de derecho, pero recordó que la Comisión tiene el derecho y el deber de velar por la correcta aplicación de la directiva sobre libre circulación y la no discriminación y el derecho a investigar cómo se hace. Nadie puede cuestionarlo. Abogó por el respeto mutuo entre la Comisión y los Estados e informó que en un futuro Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión discutirán sobre la situación de los gitanos en Europa.

EL GOBIERNO DEFIENDE SU REFORMA LABORAL.- ‑Con un cierto temor a que la reforma del mercado del trabajo quede “sepultada” o disminuida en su importancia por la huelga general del 29-S, el gobierno parece decidido a salir en defensa de la norma, y en esa conducta cabe inscribir las manifestaciones del presidente, del todavía ministro Corbacho y de Octavio Granado. "La reforma laboral fue aprobada por la mayoría de este Parlamento, que imagino que para usted supone un acto de profundo respeto. Tanto respeto al menos como a lo que puedan decir los trabajadores oponiéndose legítimamente a través de los sindicatos", aseguró José Luis Rodríguez Zapatero en el pleno del Congreso. El presidente del Gobierno hacía frente de este modo, en la sesión de control, al diputado Joan Herrera (ICV), que actuó como portavoz de los sindicatos para exigir a Zapatero que escuche a los trabajadores que participen en la huelga general del 29 de septiembre y rectifique la reforma laboral. "Esperamos que ustedes rectifiquen y que la huelga general sea la oportunidad para la reorientación hacia la izquierda. Ustedes, la izquierda resignada, el mascarón de proa de los recortes sociales, lo que tienen que hacer es cambiar y la huelga es la oportunidad para que cambien", aseguró Herrera. El diputado utilizó los precedentes de Felipe González y José María Aznar, quienes, tras sendas huelgas generales, modificaron las normas que dieron lugar a la protesta. González, tras el 14-D y con Manuel Chaves como ministro de Trabajo, modificó el Plan de Empleo Juvenil, y Aznar tras el 20-J de 2002 dio marcha atrás a su reforma laboral y hasta entregó la cabeza del entonces ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. "Usted tendrá que rectificar porque hoy podemos ser pocos los que decimos así no en esta Cámara, pero en la calle somos mayoría los que decimos que su política de ajuste es injusta", aseguró Herrera. Sin embargo, Zapatero, reiterando en varias ocasiones su respeto hacia el derecho de los trabajadores y los sindicatos a hacer la huelga general, dejó claro que no dará marcha atrás. "Voy a mantener las decisiones políticas fundamentales, con la máxima capacidad de diálogo, por supuesto", dijo. Y frente a la protesta en la calle situó la mayoría del Parlamento que aprobó la pasada semana la reforma laboral. Aunque fuera con los votos del PSOE y sin respaldo global de ningún otro grupo. El presidente del Gobierno hizo una defensa de la reforma laboral, de la que dijo que es preciso esperar el tiempo suficiente para comprobar su eficacia.
Parecida defensa de la reforma laboral efectuó en la noche del miércoles el secretario de estado Octavio Granado,. En el programa de TVE 59 Segundos. Granado se enfrentaba a los líderes sindicales convocantes de la huelga, Toxo y Méndez así como a la candidata del PP Alicia Sánchez Camacho y el presidente de la CEOE, Díaz Ferrán, y aportó una serie de datos de interés sobre la importancia e idoneidad de la reforma, elaborada tras el fracaso de la negociación de centrales y patronal en la mesa del dialogo social.
A RABAT LE CRISPA EL PP.- A estas alturas de nuestra historia de vecindad con Marruecos, es una obviedad que al Gobierno y autoridades del país del sur no les gusta nada el PP ni sus dirigentes. Posiblemente tengan muy en cuenta y en su “memoria histórica” la reacción de Aznar y Trillo, cuando la ocupación del islote de Peregil. O la afición que sus propios dirigentes, el propio Aznar o González Pons, han mostrado por acudir a alguna de las ciudades españolas situadas en aquel territorio, Ceuta o Melilla. Lo cierto es que el mero anuncio de que Mariano Rajoy se disponía a viajar a Melilla provocaba desazón y estado de nervios en Rabat. Rabat tilda la visita de provocadora, cuenta un diario; en otro que Rabat visita Melilla como acto de soberanía y enoja a Marruecos, la visita de Rajoy a Melilla tensa de nuevo la relación con Marruecos... Como muestra, también, la noticia de que la Coordinadora de la Sociedad Civil en el norte de Marruecos instaba este miércoles a la población marroquí a alzarse contra esta visita de Rajoy. El viaje "no apoya en absoluto las buenas relaciones entre los dos países" y se realiza "para perdurar el estatus colonial de la ciudad expoliada, algo hoy en día rechazable internacionalmente", denunció la asociación en un comunicado. La coordinadora, que el jueves y el viernes ha convocado manifestaciones en la frontera con la ciudad autónoma y en el consulado de España en Nador, consideró que esa visita "revela la política provocadora del PP ante el pueblo marroquí y su integridad territorial". A su juicio, la llegada de Rajoy es "una provocación a la sensibilidad de los marroquíes y, por ende, al tejido político, sindical y asociativo", por lo que invitan a enfrentarse a ella a "todos los ciudadanos marroquíes y a los amigos españoles conscientes de los derechos de la soberanía de Marruecos sobre ese territorio". Anunció además la intención de "emprender medidas de asedio sobre la ciudad ocupada cada vez que algún miembro de la cúpula de ese partido racista intente visitar nuestros territorios ocupados", y de hacer del jueves "el día del descontento y del enfado", como medida de protesta. La presencia de Rajoy tendrá lugar pasado casi un mes de la del ex presidente del Gobierno José María Aznar y después de que el PP "autorizara la apertura de una discoteca en Murcia con el nombre de La Meca, lo que traduce la animosidad de ese partido extremista hacia la nación árabe", lamenta la coordinadora.
Lo cierto y seguro es que la visita que realiza Mariano Rajoy hoy a Melilla, un mes después de que acudiera a la ciudad Aznar, estará rodeada de una gran tensión. El ambiente se calentó por una sorpresiva carta de protesta que envió a Rajoy, y dio inmediatamente a conocer la agencia oficial marroquí MAP, el primer ministro marroquí, Abbas el Fassi. La misiva, muy dura, ha sido enviada en nombre del partido que preside, Istiqlal, socio del PP en la Internacional Demócrata de Centro. Y en la misma le pide que no acuda a Melilla. El Fassi, el primer ministro, califica la visita de "un ataque manifiesto a la dignidad y al sentimiento nacional" de los marroquíes. "Expresamos nuestra profunda decepción y rechazo total a esta visita provocadora", señala El Fassi, para quien "este viaje no hará más que empañar el clima cordial que prevalece entre los dos países". Rajoy decidió mantener su viaje pese a la protesta marroquí. La tensión crecerá también hoy, durante la visita, ya que algunos colectivos han anunciado que habrá incidentes en la frontera similares a los que causaron la crisis de agosto, por la presencia en el paso de policías nacionales femeninas, y ya resuelta en un encuentro en Rabat con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP defiende la visita porque "Melilla es España". La carta es llamativa, y así lo comentaban algunos dirigentes populares, porque Rajoy ya visitó Melilla hace tres meses, el 18 de junio, y Marruecos no montó ningún escándalo. Es más, Omar Duddu, líder de las revueltas musulmanas en Melilla en los años 80, anunció que iba a ofrecer un mitin en la ciudad autónoma coincidiendo con esa visita, pero el Ministerio del Interior de Marruecos lo impidió para evitar tensiones. De hecho, el contenido de la carta es mucho más duro que la reacción frente a la visita que Zapatero efectuó a principios de 2006 ya como presidente del Gobierno. Era el primero en hacerlo después de Adolfo Suárez. Felipe González, Calvo Sotelo y el propio Aznar nunca estuvieron allí como presidentes del Gobierno. Tanto el PSOE como el Gobierno han evitado criticar la visita de Rajoy. Resuelta la crisis con Marruecos, fuentes socialistas consultadas por Europa Press insistían en que el líder de la oposición tiene derecho a ir a cualquier ciudad española. En Exteriores se aseguraba que "la españolidad de Ceuta y Melilla está fuera de toda discusión". En medio de la polémica se hizo público un discurso de Ayman Zawahiri, lugarteniente de Bin Laden, en el que se refería a las ciudades autónomas. Mostraba la disposición de Al Qaeda de luchar para cambiar el orden surgido tras la Segunda Guerra Mundial y recuperar "los reinos del islam desde Turkmenistán Oriental a Ceuta y Melilla".
Nada menos... Únicamente los socialistas han salido en defensa del viaje: se han limitado a decir que “está en su perfecto derecho a ir”.

SE ELEVARÁ EL IRPF SOBRE LAS RENTAS MÁS ALTAS.- Después de varios meses de “marear la perdiz” sobre la posibilidad de establecer un nuevo impuesto, o una nueva tasa, para las rentas más altas, finalmente, el Gobierno, según explica este jueves el diario Púbico, opta por lo más sencillo en su anunciada "intención de elevar la presión fiscal sobre los "ciudadanos con alta capacidad económica, según la expresión utilizada en su día por el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.:Renuncia a crear un nuevo impuesto sobre las grandes fortunas, a imitación del que existe en Francia o el extinto Impuesto sobre el Patrimonio español, y planea elevar el IRPF sobre las rentas más elevadas. Cuenta cómo en medios gubernamentales se venía defendiendo la creación de ese nuevo impuesto que iría directamente a gravar a los más ricos. Pero los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda han desaconsejado la puesta en marcha de una nueva figura tributaria por las complicaciones que supone. Hacienda también descarta recuperar Patrimonio, porque considera que traería más inconvenientes que ventajas. Por ejemplo, las comunidades autónomas tienen la facultad de modificar este impuesto y algunas gobernadas por el PP ya habían anunciado su propósito de eliminarlo en sus territorios, lo que hubiera acarreado desigualdades entre comunidades. De manera que la idea, parece que definitiva, es actuar sobre el IRPF. Esta subida la ha propuesto el Gobierno al PNV en el marco de la negociación de los Presupuestos del Estado de 2011, según fuentes cercanas a la negociación. Se trata de crear un nuevo tramo en la parte estatal del Impuesto sobre la Renta, que se aplicaría a los contribuyentes con ingresos más altos. En concreto, la línea se ha puesto en los 120.000 euros de ingresos (aunque se ha manejado en la negociación la posibilidad de llegar hasta los 125.000 euros), que soportarían un tipo marginal del 47% , sin que se descarte que se pueda quedar en el 46%. Actualmente, el tipo máximo del IRPFes del 43%, que soportan los contribuyentes con rentas superiores a los 53.400 euros. La decisión del Ejecutivo supondría la primera subida del impuesto sobre la renta desde que se creó, a finales de los años setenta; entonces, el tipo máximo del impuesto era del 65,61%, que se aplicaba a los que ganaban más de 9,8 millones de pesetas de la época, una cantidad que equivaldría, teniendo en cuenta la evolución de la inflación, a unos 318.000 euros de ahora. La subida proyectada por el Gobierno toma como modelo el aumento del IRPF aprobado por la Generalitat de Cataluña y se acerca al que planean otras comunidades. El nuevo modelo de financiación autonómica reparte el impuesto al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas, a las que, además, concede mayores facultades para modificar el tributo en su territorio. Cataluña ha sido la primera autonomía que ha aprobado una subida del IRPF para elevar sus ingresos, que se han desplomado por la crisis. En su caso, ha introducido dos tramos en la parte autonómica del impuesto, el primero para los ingresos de más de 120.000 euros, a un tipo del 47%, y otro para las rentas superiores a 175.000 euros, con un tipo marginal del 50%. Por su parte, Andalucía y Extremadura también han anunciado un tramo para las rentas de más de 120.000 euros. Otras comunidades proyectan igualmente otro escalón a su parte de la tarifa del impuesto, aunque lo han situado a partir de los 100.000 euros (ver información adjunta).
Cuenta la información de Público que algunos fiscalistas apuntan que la solución de incrementar el IRPF para las rentas más altas no puede considerarse estrictamente una subida de impuestos para los más ricos. El Impuesto sobre la Renta grava principalmente los salarios (y también los ingresos por actividades profesionales o empresariales, pero su peso es menor); es decir, la subida la soportarán los contribuyentes con sueldos más altos, que no son necesariamente los que más tienen. Estos, al contrario, en la mayoría de las ocasiones, reciben sus retribuciones a través de sociedades (que tienen una tributación menor) y, además, sus bienes y su patrimonio no se verán afectados, lo que sí hubiera sucedido con un nuevo impuesto sobre grandes fortunas, como había llegado a manejar el Gobierno. La subida del IRPF afectaría a cerca de 200.000 contribuyentes; es decir, a uno de cada diez declarantes del impuesto. Como ya había anticipado Hacienda, el incremento de la presión fiscal no supondrá unos ingresos muy elevados: estaría entre 700 y 800 millones para un tributo que recauda unos 70.000 millones de euros. Por ello, el Ejecutivo insiste en que se no se trata de una medida recaudatoria, sino que persigue una mayor equidad en el sistema fiscal. Cabe recordar que el desplome de los ingresos y la necesidad de reducir el déficit público llevó al Gobierno a variar su política de reducción de impuestos. En junio del año pasado, abrió la puerta a las subidas fiscales al elevar los gravámenes de los impuestos sobre carburantes y sobre el tabaco. Con los Presupuestos de 2010, se abordó una subida fiscal en dos pasos. El primero se dio en enero, con la elevación de los rendimientos del capital en el IRPF del 18% al 19%, y se introdujo otro gravamen del 21% para las rentas de más de 6.000 euros. El segundo paso fue el incremento del IVA, que entró en vigor el pasado 1 de julio. El tipo general se elevó dos puntos, al 18%, y el tipo reducido, uno, al 8%. Además, con los Presupuestos se revisaron algunas de las medidas anticrisis, como la deducción de 400 euros en el IRPF, que se ha limitado para los ingresos inferiores a 18.000 euros. Con todas estas medidas, se ha logrado que la recaudación aumentara casi un 14% en julio, todavía sin contar el incremento del IVA.

EL GOBIERNO NO HABLARÁ EUSKERA EN LA INTIMIDAD.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha afirmado que la búsqueda de apoyos a los Presupuestos Generales del Estado para 2011 no llevarán al Ejecutivo a "hablar euskera en la intimidad". Así se lo hizo saber al portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que el diputado popular criticara al Gobierno por buscar apoyos en el PNV "a cambio de transferencias" y sin tener en cuenta el contenido económico de los próximos presupuestos. Salgado aseguró , según relata este jueves el diario Veinte Minutos, que las cuentas para 2011 son buenas y "necesarias" y le advirtió de que "no tenga ninguna duda" de que el Gobierno buscará todos los apoyos para conseguir su aprobación, ya que son presupuestos que "sientan las bases de la recuperación" y sanearán la economía.
Salgado ha reconocido que el déficit del Estado y el desempleo son elevados . En este sentido, insistió en la necesidad de que sean austeros en términos de consolidación fiscal, tanto por el lado del gasto como de los ingresos, y con la prioridad de acelerar la reducción del déficit público. La vicepresidenta criticó que el PP no se sume a la reformas emprendidas por el Gobierno y recordó la enmienda a la totalidad que ha presentado este grupo parlamentario ante el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que consideró injustificada. También defendió las medidas económicas adoptadas para afrontar la crisis y resaltó que la respuesta del gobierno es "coherente" con las respuestas que han dado otros países europeos: primero acometer estímulos fiscales, luego retirarlos y acelerar la reducción del déficit público. En fin, reconoció que el déficit del Estado es elevado, al igual que el desempleo, pero recordó al portavoz popular que los mínimos de la tasa de paro en toda la democracia se produjeron durante el gobierno socialista.

EL OBISPO ASENJO APOYA LA HUELGA DEL 29.- No hay duda de que, con su convocatoria de huelga general, las centrales ya han conseguido un primer éxito no discutible: nadie queda al margen de ese llamamiento, y en algunos medios informativos se ha abierto la doble columna de “favorables y contrarios”. Los contrarios que se han declarado tales son escasos: los funcionarios, los médicos... Y en cambio, van apareciendo gremios partidarios de la huelga y decididos a seguirla. Pero más sorprendente es que se haya definido algún obispo, tal y como este jueves nos revela el diario Público, que señala que “no es la primera vez que desde la Archidiócesis de Sevilla se muestra simpatía con la causa de los trabajadores”, pero no consta que en anteriores convocatorias de huelga general, la jerarquía eclesiástica sevillana se hubiera mostrado tan contundente al apoyar un paro general convocado por los sindicatos. El boletín de este mes de la Pastoral Obrera de la Archidiócesis no se anda por las ramas: "Apoyamos la convocatoria de huelga general del 29 de septiembre como un derecho de los trabajadores y como una medida justa y legítima para la defensa de los derechos y la dignidad de los trabajadores". Para el anónimo redactor de la publicación oficial de la Archidiócesis, que ostenta monseñor Juan José Asenjo, "oponerse a la reforma laboral es una cuestión de dignidad", porque dicha legislación -sostiene- "tiene un marcado carácter idolátrico, ya que nace y responde a un contexto en el que la economía de mercado se ha convertido en un absoluto que invade todos los campos de la existencia humana". Pero el texto, sigue relatando Público, no se limita a formular consideraciones genéricas de defensa de los más débiles, sino que levanta juicio sumarísimo contra la reforma promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: "Es la mayor agresión que han sufrido los derechos de los trabajadores en nuestra historia reciente". Toxo y Méndez no lo hubieran afirmado con mayor rotundidez. Y a continuación recuerda que "las sucesivas reformas laborales han ido recortando los derechos de los trabajadores: reducción de la contratación indefinida y fomento de la contratación temporal y a tiempo parcial; recortes en la prestación por desempleo; abaratamiento del despido al tiempo que se incrementaban las bonificaciones a empresas". En otro párrafo del texto se razona, con terminología estrictamente sindical, que "la reforma actual va más lejos ampliando las causas del despido, que será más barato y subvencionado y limitando la aplicación de los derechos laborales de los convenios".
Recuerda también el reportaje que, en la última convocatoria de huelga general, que tuvo lugar en el año 2002 bajo el Gobierno conservador de José María Aznar, el entonces arzobispo de Sevilla no ocultaba que sus simpatías estaban con los trabajadores, en particular con los jornaleros andaluces, cuyos derechos se proponía recortar el Ejecutivo. En una entrevista concedida a un periódico nacional, monseñor Amigo Vallejo argumentaba lo siguiente: "La huelga es un derecho democrático y como tal debe respetarse. Ya sé que una huelga general tiene un componente político de desgaste del Gobierno, pero, por la información que tenemos a través de los sindicatos, hay razones fundadas para hacerla. Yo no veo que esta huelga sea injusta".
Tienen buena feligresía los líderes sindicales sevillanos...

ESPAÑA, LÍDER EN “NINIS”, JÓVENES QUE NI ESTUDIAN NI TRABAJAN.- A menudo, determinadas estadísticas referidas a España resultan humillantes e incómodas. Es el caso de la estadística del paro en la Unión Europea: todos sabemos que nuestras tasas duplican la media comunitaria. Ahora hemos sabido que España se encuentra, junto con Bulgaria, Italia e Irlanda, entre los países de la Unión Europea con más jóvenes entre 15 y 24 años que ni trabajan ni estudian (más del 14%, frente al 10,8% de media comunitaria), según un estudio que ha publicado este miércoles la Comisión Europea. En contraste, en Dinamarca y Países Bajos, el porcentaje de jóvenes que ni trabajan ni estudian se sitúa sólo en alrededor del 4%. El informe resalta que estos jóvenes que ni estudian ni trabajan corren el riesgo de quedar excluidos de forma permanente del mercado laboral ya que no están adquiriendo experiencia ni conocimientos útiles para pasar de la inactividad y el paro al empleo.
España es el país de la UE con una mayor tasa de paro juvenil -el 40,9%, el doble de la media comunitaria y muy lejos del 8,5% que registra Países Bajos- y uno de los que han destruido más puestos de trabajo ocupados por jóvenes durante la crisis, según recuerda el estudio de Bruselas. De hecho, durante el primer trimestre de 2008, cuando la crisis todavía no se había agudizado, la tasa de paro juvenil española se situaba en el 21,3%. La crisis ha provocado también un fuerte aumento en España de la tasa de paro de larga duración entre los jóvenes, del 2,3% al 11,3%, frente al 6% de media comunitaria.
La economía española ocupa además las primeras posiciones en contratos temporales entre los jóvenes (55,9% frente al 40,2% de promedio en la UE) y en empleo a tiempo parcial involuntario juvenil (32,9% frente al 26,8% de media), lo que aumenta su vulnerabilidad porque son los primeros en ser despedidos, de acuerdo con el Ejecutivo comunitario. En el conjunto de la Unión Europea, la crisis ha aumentado el paro juvenil desde los 4 millones de personas a principios de 2008 (el 14,7%) hasta 5,2 millones (20,4%).
El Ejecutivo comunitario ha presentado una estrategia, denominada “Juventud en Movimiento”, para tratar de ayudar a estos jóvenes a adquirir los conocimientos, las capacidades y la experiencia para encontrar trabajo. La estrategia propone 28 acciones clave cuyo objetivo es hacer que la educación y la formación se ajusten mejor a las necesidades de los jóvenes y animar a que un mayor número de ellos aprovechen las becas de la UE para estudiar o formarse en otro país. "Queremos reducir el número de personas que abandonan prematuramente los estudios y aumentar la proporción de jóvenes en la educación terciaria para que puedan aprovechar todo su potencial. La UE necesita aún más personas que tengan muchas capacidades y conocimientos y sean innovadoras si quiere prosperar en el futuro", ha dicho la comisaria de Educación, Androulla Vassiliou.
El lunes, el presidente Zapatero expresaba la necesidad de potenciar la formación precisamente como fórmula para afrontar el paro.
CASO CASCOS: NO SE DESCARTA UN CONGRESO EXTRA EN ASTURIAS.- Según explica este jueves una crónica política de ABC, la posibilidad de celebrar un congreso extraordinario en el PP de Asturias es una de las opciones que maneja la dirección nacional del partido para superar al situación de fortísima crisis interna que viven los populares en esta Comunidad, inmersos en una batalla en torno a la posible candidatura de Francisco Álvarez-Cascos a la presidencia del Principado.  De acuerdo con esta información, de momento, Génova maniobra para que se produzca una rectificación de la dirección regional, con cuyos dirigentes se mantiene en contacto. De hecho, ya han empezado a “modular” -dice ABC-, el mensaje en Asturias, después de los ataques dirigidos contra el ex vicepresidente del Gobierno. En esa nueva estrategia se insertan las palabras, el pasado martes, del secretario general del PP asturiano, Fernando Goñi, quien señaló que «estamos en conversaciones permanentes con la dirección nacional. Será un proceso que se decidirá en Asturias, y será un proceso en el que estaremos de acuerdo con la dirección nacional del partido, como siempre ha sido». En todo caso, fuentes de Génova explicaron que la organización del partido en Asturias «no tiene poder para vetar a un candidato si nosotros lo decidimos unilateralmente», aunque también admiten las dificultades que podría suponer elegir un cabeza de lista que careciera del respaldo del aparato regional para hacer campaña. Sin embargo, advierten que, puestos en el dilema de tener que decidir entre elegir un buen candidato o intentar serenar las aguas internas del PP asturiano, elegirán lo primero «porque el partido en Asturias ya está mal». Si Génova decidiera finalmente apostar por el ex secretario general en contra del criterio de buena parte del aparato regional del partido, se plantearía la celebración de un congreso extraordinario, tal y como quiere el sector afín a Cascos, siguiendo el modelo de Baleares. De hecho, la dirección nacional del partido dio antes del verano el visto bueno a Asturias para que propusiera al ex ministro de Fomento, hasta el punto de que se trabajó con esa hipótesis antes de que los regionales cambiaran de criterio. Por aquel entonces, en el mes de junio, Francisco Álvarez-Cascos mantuvo una conversación con la vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Mato, en la que hicieron un análisis de la situación en Asturias y quedó clara la disponibilidad del ex vicepresidente, según fuentes de la sede nacional. Pero lo que iba aser una propuesta del partido en la Comunidad ha acabado en el tejado del cuartel general de los populares en Madrid por causa del rechazo que suscita una eventual candidatura de Cascos. Otra cuestión son los plazos, y eso depende directamente de Mariano Rajoy, quien en la última ejecutiva de su partido, celebrada en Santiago de Compostela, avisó que no había otro límite para designar candidatos que el calendario oficial, que establece la presentación de listas por el mes de abril. No faltan en el PP, termina contándonos ABC, quienes interpretan que la cuestión de Asturias, así como la de Navarra, también sin candidato, contribuyen a «disfrazar», en buena parte la situación del partido en Valencia con Francisco Camps. A día de hoy, pocos dudan de que será el candidato a la presidencia de la Generalitat, y en este sentido se ha pronunciado no pocas veces Rajoy, pero ese «impasse» permite no tener que poner fecha a un acto de proclamación de candidatos.
Ampliando el problema se diluyen sus protagonistas.
400 OPOSITORES EN ESPERA DE SENTENCIA.- Sobre los Gobiernos, central o autonómicos, es frecuente que recaigan culpas o responsabilidades muy variadas. Es curiosa la que hoy señala La Voz de Galicia: nada menos que 400 opositores esperan los resultados de sus pruebas de selección. Hay afectados que pertenecen al cuerpo superior de la Xunta, el grupo A1, así como a las escalas de administrativos, auxiliares y subalternos, en ese grupo de más de 400 opositores que están esperando -y en algunos casos ya más de dos años- a que la Administración autonómica resuelva definitivamente los procesos selectivos y a que se publiquen sus nombramientos y su asignación de plazas para que puedan cobrar su primer sueldo como funcionarios. El grupo del PSdeG se hizo ayer eco de las quejas de los opositores, exigiéndole al Gobierno que ponga fin a una situación que juzga «caótica». Función Pública, por su parte, alega que dispone de tres años para resolver la situación. Varios de los aspirantes a las plazas convocadas por la Xunta elevaron quejas formales a la Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa, dependiente de la Consellería de Presidencia, para denunciar el «retraso injustificado» que arrastran las tomas de posesión de las personas que superaron las pruebas selectivas, en muchos casos, hace más de un año. «Nos han causado ya un grave perjuicio», señala uno de los afectados en su reclamación, antes de revelar que «llevamos meses esperando, en muchos casos en el paro, porque pocos empresarios quieren formar a un trabajador que no saben cuánto tiempo va a quedarse en la empresa».
El coordinador del área institucional del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, amplificó el miércoles el malestar de estos opositores, haciendo públicas las quejas y registrando una interpelación en el Parlamento gallego en la que considera «incomprensible» que el presidente de la Xunta no tome decisiones «para terminar con el caos existente» en la Función Pública. La lentitud en la gestión de los procesos selectivos «está teniendo graves perjuicios para muchos ciudadanos», remarca Lage Tuñas, antes de apostillar en su iniciativa que, entretanto, el Ejecutivo gallego «non sólo non remedia los problemas existentes, sino que demora todavía más la resolución de las convocatorias».
Se da la circunstancia, que apunta La Voz, de que todos las oposiciones afectadas por los retrasos, a excepción de las promociones internas, fueron convocadas en julio del 2008 por el Gobierno bipartito de Emilio Pérez Touriño, ocho meses antes de que se celebraran las elecciones autonómicas. Los primeros exámenes se celebraron ya antes del 1 de marzo del 2009, pero no fue la Administración presidida por Alberto Núñez Feijoo la encargada de culminar un proceso que se topó en medio con una reforma de la Lei de Función Pública que en algunos casos modificó el régimen lingüístico de los exámenes, al dejar de ser preceptiva la prueba en lengua gallega. Las convocatorias que acumulan más retraso son las que atañen al cuerpo C2, de auxiliar de la Xunta, que según los afectados llevan dos años, dos meses y nueve días a la espera de ser resuelto. De cerca le siguen las oposiciones convocadas para el cuerpo superior A1 y las del cuerpo administrativo o C1, que acumulan dos años, un mes y 18 días a la espera de resolución. Entre el 2005 y el 2008, la Xunta tardó como máximo un año y cinco meses en resolver este tipo de convocatorias, un plazo que -tal y como temen los afectados y el propio PSOE- pueden llegar a duplicarse con los procesos que están pendientes de ser resueltos.
Lenta burocracia, también en Galicia.