LA CEOE COINCIDE CON EL GOBIERNO EN LAEDAD DE JUBILACIÓN.- Un par de días después de que, en Oslo, el presidente Rodríguez Zapatero insistiera en la necesidad de afrontar reformas en el sistema de pensiones, de modo que el sistema de refuerce y garantice para otra serie de años, le secunda en la iniciativa la patronal CEOE, de acuerdo con el gobierno en que se eleve de 65 a 67 la edad de la jubilación. En efecto, La junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aborda este miércoles en su primera reunión tras las vacaciones veraniegas, la posición sobre la revisión de las pensiones, la huelga general y los Presupuestos del Estado para 2011 como temas principales. Aunque no figura en el orden del día, es probable que algún miembro de la organización plantée en el turno de preguntas alguna cuestión sobre los negocios del presidente, Gerardo Díaz Ferrán, y su impacto en la CEOE. Díaz Ferrán, que someterá previamente sus propuestas al comité ejecutivo, planteará revisar el Pacto de Toledo. En ese sentido, solicitará que se alargue la edad de jubilación, así como los años de contribución para calcular la cuantía de la pensión. El documento elaborado por la cúpula de la patronal no determina los años de ampliación; pero todo indica que respalda el proyecto del Gobierno de elevar la jubilación a los 67 años y el periodo de contribución a los últimos 20. Asimismo, la organización está a favor de la separación de fuentes de la Seguridad Social y de un tratamiento fiscal más adecuado para las pensiones privadas.
En cuanto a la huelga general, la CEOE se declara totalmente en contra y pedirá al Ejecutivo que se garantice el derecho a trabajar, así como que se adopten unos servicios mínimos apropiados con vigilancia de los piquetes. Según fuentes de la patronal, "la huelga es política, inoportuna, desacertada y en contra del poder legislativo, que ha aprobado una ley". La patronal además exigirá al Gobierno que no contemple, en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, ninguna subida de impuestos y que se baje el gasto corriente. En el orden del día de la junta directiva se recogen también otras cuestiones como el nombramiento como vicepresidente de Joan Gaspart en sustitución de Gonzalo Pascual a propuesta de Díaz Ferrán.
Es dudoso que la coincidencia del Gobierno socialista con la patronal en la edad de la jubilación ayude a los planes del Gobierno, hasta ahora en soledad en esta materia, y cuando sólo se sabe lo que algunos destacados militantes del PP han avanzado sobre su propia posición en la materia: que abanderará la reforma de las pensiones con el criterio de dar libertad a los trabajadores a jubilarse cuando les venga en gana, una vez que hayan cubierto un determinado número de años de cotización, que pudiera establecerse en veinte. El resto de las fuerzas políticas no han hecho saber, hasta el momento, sus posiciones sobre el particular, pero se sospecha que no habrá mucha coincidencia con el Gobierno y la patronal...
EL EJÉRCITO DE LOS LIBERADOS SINDICALES.- En vísperas de la huelga general del próximo día 29, se ha puesto de máxima actualidad la cuestión de los liberads sindicales. Primero, por la importante manifestación que, en unas pocas jornadas, fueron capaces de convocar UGT y CCOO reuniendo en la plaza de Vista Alegre de Madrid a 16.000 delegados sindicales “liberados”. Y en segundo lugar, por el decidido propósito que la presidenta de la Comunidad de Madrid viene anunciando de reducir sensiblemente el número de los liberados en las empresas madrileñas. Hasta el punto de que un diario madrileño se pregunta este miércoles: ¿Cuál es el número de liberados sindicales a tiempo total y parcial de la Administración General del Estado? Esta es, precisamente, una pregunta que, mañana hace ya un año, el PP registró por escrito en el Congreso, y que repitió hasta 102 veces, por cada uno de los ministerios, organismos públicos y sociedades estatales que figuran en los Presupuestos Generales. Todo un empeño baldío, responde El Mundo a su propia cuestión, el que personalmente acometió la diputada por Palencia Celinda Sánchez y que ahora se transforma en denuncia, ante uno de los secretos mejor guardados por el Ejecutivo. La madeja se extiende a autonomías y ayuntamientos, donde parecen existir liberados que, en realidad, no son delegados de los trabajadores. Es decir, no han sido elegidos en las elecciones sindicales. Y es que, antes aún de que Esperanza Aguirre confirmara este martes en la Asamblea autonómica su decisión de reducir el número de liberados en la Comunidad de Madrid, y siguiendo instrucciones de la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, la diputada Celinda Sánchez pedía amparo al presidente de la Cámara, José Bono, ante el muy prolongado silencio administrativo. En realidad, el Ejecutivo cumplió formalmente con el trámite parlamentario el pasado mes de junio -en vísperas de la huelga de funcionarios públicos-, al contestar a 79 de estas preguntas de una tacada y de una única manera: reproduciendo, sin más, los artículos correspondientes del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley Orgánica Sindical. Pero ni un número, ni un dato ha ofrecido el Gobierno, pasado un año, acerca de lo que hoy no sólo Aguirre ha convertido en prioridad política, sino que también ha asumido desde la oposición el propio Mariano Rajoy. El presidente del PP, que respaldó personalmente la iniciativa de la presidenta regional del PP, rehusó comprometerse con una propuesta de reducción similar en el Parlamento o con una instrucción, en este mismo sentido, a los demás barones autonómicos del PP: "Lo estudiaremos", se limitó a decir a preguntas de la prensa. Lo que sí hizo Rajoy fue dejar sentado que el PP va a promover una clarificación del número de liberados, tanto en la Administración como en el sector privado. Y, para ello, prometió solicitar "reuniones con las organizaciones sindicales". Se trata, según explicó, de ver dónde se está "en esta materia, porque tampoco hay una claridad total y absoluta". Esto mismo es lo que defiende la diputada popular, si bien ella se muestra muy escéptica sobre la colaboración de los sindicatos en este sentido: "Las centrales sindicales no van a dar nunca ese dato. En un momento como éste de recortes sociales, millones de parados y una huelga en ciernes, nadie va a soltar estas cifras", decía ayer a este diario. De ahí su interés -hoy como un año atrás- de que sea la Administración la que lo dé a conocer, "por obligación parlamentaria". Según Celinda Sánchez, «como representante del pueblo tengo tanto derecho a conocer el número de parados que hay en mi provincia, como el número exacto de liberados en los organismos y empresas dependientes del Estado". "Hay que saber cuántos hay, y lo que cuestan al erario público", añadía, en el bien entendido de que el PP no promoverá ninguna reducción "si el número se ajusta a la Ley".
Un año después, sin embargo, la sospecha se ha agrandado: "El Gobierno está tirando balones fuera, está ocultando el número de liberados porque o no conoce los datos exactos, o tiene una cifra real que es un escándalo en un momento en que el desempleo duplica la media europea. Yo apuesto por esta segunda opción y, en cualquier caso, estoy decidida, como secretaria de la Comisión Constitucional del Congreso, a que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, me lo aclare en la Cámara, y antes de Navidad".
Los diarios de este miércoles abundan hoy en informaciones sobre delegados-liberados sindicales. La Gaceta asegura que los dirigentes sindicales obtienen sobresueldos en empresas públicas y privadas. Asegura El Mundo que Aguirre se propone reducir los actuales 3.350 liberados a 1.420 antes de fin de año.. Según El Periódico de Cataluña, Rajoy apoya el plan de Aguirre de suprimir a dos mil liberados. Cuenta Público que UGT y CCO desafiaron a Corbacho reuniendo a cinco mil trabajadores en el feudo del ministro, L´Hospitalet. Y el dato más llamativo: el que ofrece La Razón, según el cual, un ejército de 333.772 delegados están al servicio de los sindicatos, y recuerda que por cada 39 trabajadores existe un delegado de personal o representante.
UN ejército al servicio de Méndez y Toxo...
EL OTOÑO CALIENTE QUE VIENE.- Pocos dudan de que este otoño promete ser especialmente cálido, en lo socioeconómico. Primero, por la huelga del día 29, todavía con éxito incierto, aunque nadie duda de la capacidad de los delegados sindicales para inmovilizar el país. Hay recursos, como los transportes públicos, que resultarán decisivos, en ese propósito sindical, como las dos centrales tienen sobradamente comprobado y demostrado. Los dieciséis mil delegados sindicales que fueron convocados la semana pasada en Madrid ya se aprestan a jugar sus cartas, y nadie duda de que lo harán “con eficacia”. Los piquetes llamados informativos tendrán mucho que decir en esa paralización a la que aspiran Méndez y Toxo. Pero no será esa fecha más que el comienzo de un tiempo que tendrá otras dificultades añadidas, como los Presupuestos generales del Estado para el año que viene. El Gobierno sigue recabando apoyos para aprobar una de las cuentas públicas más complicadas de los últimos años: los Presupuestos, que deberán presentarse a finales de mes, y que recogerán una caída media del 16% en el gasto de los ministerios. Unos presupuestos en los que también deberá aparecer una eventual elevación de los tipos fiscales para las rentas más altas. Además, la agencia de calificación Moody's amenaza con rebajar la nota de solvencia de España, también a final de mes.
Pero el presidente, conocido por su “optimismo antropológico”, confía en que la tormenta económica escampe para final de año: la destrucción de empleo -que se ha llevado `por delante en nuestro país 2,7 millones de puestos de trabajo desde el inicio de la crisis, con la tasa de paro por encima del 20%- "seguirá reduciéndose en los próximos meses", según dijo el lunes en la cumbre de Oslo, convocada por el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional del Trabajo. A pesar de que España se enfrentará, según todas las previsiones, a un lento crecimiento en los próximos trimestres y de que los analistas no descartan incluso una recaída en la recesión en la segunda mitad de 2010, -contradiciendo las previsiones de Elena Salgado, que había anunciado un año 2010 completo ya de crecimiento sin baches- Zapatero auguró que "a finales de este año o a principios de 2011", se retomará la senda de una creación de empleo "moderada". "Con crecimientos aún muy moderados, eso sí", enfatizó. Zapatero hizo una encendida defensa de la formación como la reforma pendiente en el mercado laboral español. Y dijo que "una persona, cuando está formándose, está trabajando para el país". Pero,. Además, hizo referencia a otra reforma en puertas, la de las pensiones, que pretende dejar aprobada antes de que acabe el año, y que también suscitará encontronazos y pasiones entre los grupos políticos. Hoy por hoy, y aunque todos reconozcan la conveniencia de reforzar el Sistema, pocos se atreven a defender el alargamiento, desde los 65 a los 67 años, de la edad de jubilación, probablemente la prueba más difícil que Zapatero se ha guardado para el final.
Un trimestre de infarto, ciertamente...
LA SIGUIENTE, LA REFORMA DE LAS PENSIONES.- En el mismo discurso en el que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apostaba por tener una "visión distinta" de lo que es considerado empleo y desempleo, como consecuencia de la crisis económica, y tras asegurar que los desempleados que estén recibiendo formación no deben ser considerados parados porque están "trabajando para el país", el presidente hacía referencia a la batalla pendiente en esta serie de reformas sociales en las que está comprometido: la reforma de las pensiones.
Había dicho Zapatero que "una persona cuando está formándose está trabajando para un país, esto es lo que hemos descubierto de la crisis, que la formación y la innovación es fundamental", y apostó por "generar nuevas ideas" poniendo como ejemplo que la protección social esté "más vinculada" al trabajador y que se apoye "más directamente" al empleado que al puesto de trabajo o a la empresa. "Ésta es la clave", indicó Zapatero, tras asegurar que España, por cómo ha vivido la crisis, "será un buen laboratorio"."Ahora lo que tenemos que hacer es aproximarnos a este gravísimo problema social con una nueva mirada que nos exige la crisis, la formación por encima de cualquier otra política, que cada desempleado tenga una vinculación con el trabajo, con la actividad, con la formación", reiteró. En este sentido, recordó que en España se acaba de aprobar una reforma laboral y que ahora el país se encamina hacia una reforma de las políticas activas de empleo.
Y fue a continuación, durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia sobre Empleo de Oslo, cuando el presidente aseguró que el Gobierno va a "perseverar en las reformas" y que la siguiente que hay que acometer es la de las pensiones. "No será fácil pero es necesaria y la vamos a hacer. Hay que actuar y vamos a actuar", declaró en Oslo. Zapatero ha defendido que España está emprendiendo la senda de la recuperación, ya que "el déficit exterior se ha reducido a la mitad" y el endeudamiento de las familias se está reduciendo drásticamente: "Estamos en condiciones de volver a crecer", ha manifestado. También ha argumentado que la reforma laboral va a lograr que las empresas sean más competitivas y que habrá que esperar unos meses para ver los resultados, que "serán positivos". El jefe del Ejecutivo señaló que, a pesar de la "grave crisis" de desempleo, en España el 80% de los desempleados está percibiendo algún tipo de prestación, y admitió que la economía española tiene una tasa "muy alta" de paro, que atribuyó a la "explosión demográfica", tras haberse incrementado la población activa en 5,2 millones de personas en la última década. "Hoy hay más personas trabajando en España que en 2004, pero el crecimiento de la población ha sido impresionante y por eso la crisis nos ha dado tan duro en la tasa de paro", subrayó.
Pero está ya hecho el anuncio: las pensiones, “próxima parada”, que no parece, a simple vista, una reforma fácil de conseguir en la mesa del Pacto de Toledo. Y por ello se pospone hasta el final, cuando no pugne con ninguna otra preocupación dominante o hegemónica...
SOSPECHAN QUE ZAPATERO QUIERE “BORRAR” PARADOS.-Desde el momento en el que Rodríguez Zapatero, en Oslo, hizo públicas sus consideraciones y reflexiones sobre los parados que están en periodo de formación, el PP, por boca de Dolores de Cospedal, entendió que Zapatero no consideraba “parados a los parados en cursos de formación”, y que, de alguna manera, pretendía “borrarlos”,siquiera de las listas de desempleados. Hoy lo señala algún otro observador: “Zapatero se ríe en la cara de los 4,6 millones de desempleados”, titula La Gaceta. E interpreta El Confidencial que quienes siguen algún curso de formación deben dejar de ser considerados parados. Y se pregunta ¿”qué significa esto? Pues ni más ni menos que de llevarse a cabo este principio hasta sus últimas consecuencias casi 800.000 desempleados que hoy cursan algún estudio, –reglado o no- dejarían de ser considerados parados. En concreto, 790.000 desocupados, según la Encuesta de Población Activa, (EPA) correspondiente al segundo trimestre de este año. De esa cifra, 274.200 parados cursan un estudio reglado y el resto lo hace al margen del sistema educativo. En total, el 17% de los 4,64 millones de parados quedaría fuera de las cifras de paro”. Recuerda El Confidencial que la idea de endurecer los requisitos para que un ciudadano sin empleo pueda ser considerado parado, es vieja como el propio Inem. Y que ya en 1985 se excluyó de esta consideración a los alumnos de formación profesional ocupacional siempre que superaran las 20 horas lectivas semanales, tuvieran una beca de manutención o fueran demandantes de primer empleo, como recuerdan los profesores Toharia y Malo. Esta filosofía es la que se mantuvo en la última reforma del paro registrado (año 2004) en la que se excluyó a los demandantes de empleo que asistieran a un curso ocupacional. El argumento que se dio en su momento es que los estudiantes que asisten a cursos de formación no están disponibles para trabajar. Ahora, por lo tanto, y en plena crisis del empleo, se quiere dar una vuelta de tuerca a la consideración oficial de parado. Y el instrumento elegido es la formación de los trabajadores mientras se encuentran en situación de desempleo. ¿Cuál es el problema? Más allá de las polémicas políticas, lo relevante es que España es uno de los países de Europa que menos dinero dedica a la formación de sus trabajadores mientras se encuentran en paro, como pone de relieve un estudio del profesor Felgueroso. Pero no sólo eso, gasta poco dinero (2.572 millones en el subsistema de formación para el empleo tanto para ocupados como parados) y también lo gasta mal, añade. Y explica: Mientras que el desempleo se ha cebado con especial intensidad en los sectores productivos menos cualificados (sector de la construcción) los parados que cursan estudios son, precisamente, los que tienen mayor cualificación, que en teoría son quienes tendrán menos dificultades para encontrar un empleo. De los 790.800 parados que participan en cursos de formación, tan sólo el 10% tiene educación primaria o son considerados analfabetos, cuando representan el 25% de los parados. Sin embargo, 255.200 desempleados cursan estudios pese a contar con educación superior, muy por encima de su peso en el mercado de trabajo. Representan el 32% de los parados que cursan formación, cuando su peso en el conjunto del desempleo supone sólo un 17%. Según Zapatero, la formación es la clave para salir de la crisis. Y no le falta razón. El problema es que, según los datos más recientes de la Fundación Tripartita (Gobierno, empresarios y sindicatos), tan sólo el 18% de las empresas realiza alguna actividad vinculada a la formación de sus trabajadores. El porcentaje baja incluso hasta el 14% en el caso de las empresas con menos de 10 trabajadores, que son la gran mayoría del tejido industrial del país.
CAAMAÑO, EL GOBIERNO SIGUE LA LUCHA CONTRA ETA.- La repetición de la duda o la sospecha, apoya la creencia de algunos, según los cuales el Gobierno pudiera mantener alguna clase de contacto o negociación con la banda ETA. D ahí que el el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, tuviera este martes buen cuidado en afirmar que "el Estado en su conjunto sigue trabajando contra la violencia". Y ha asegurado que la última operación policial en la que han sido detenidas nueve personas vinculadas a Ekin es una prueba de ello. "Esto demuestra que la posición del Gobierno no ha cambiado en la lucha contra ETA, en contra de lo que algunos se empeñan en afirmar", ha sentenciado. Durante un desayuno informativo, Caamaño reiteró que "las Fuerzas de Seguridad del Estado y la Fiscalía continúan en su empeño de lucha contra el terrorismo con rigor, y que los jueces siguen aplicando la ley", como demuestra la reciente condena a 83 años de prisión impuesta al etarra Gorka Palacios por la Audiencia Nacional. El ministro se ha referido también a posibles reformas legislativas para evitar la presencia de Batasuna en las instituciones, y ha concretado que se trata de las que está diseñando la Comisión de Codificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para conseguir que quienes atentan contra los derechos y libertades de los ciudadanos no estén en los órganos democráticos. Además, ha destacado que estas modificaciones se harán respetando la Constitución,. Caamañoe considera que el sistema será suficientemente efectivo para evitar la presencia de ETA en las instituciones.
La operación desarrollada esta madrugada por la Guardia Civil ha tenido lugar en Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco y se ha saldado con la detención de nueve miembros de la dirección nacional de Ekin, una organización considerada como el guardián de la ortodoxia etarra y que está encargada de difundir las directrices de ETA. Se trata de la primera gran operación de las Fuerzas de Seguridad tan sólo una semana después del comunicado en el que la banda anunciaba el cese de las "acciones armadas ofensivas".
En la misma línea que el ministro de Justicia se ha pronunciado el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, quien ha recalcado que en el tribunal que preside "no hay tregua" y que continúa con su actividad al margen de las declaraciones que puedan hacer los grupos terroristas. "No hay tregua, no hay incidencia de ningún tipo: lo he dicho, lo declaro, lo reafirmo y lo pongo en letras de molde", ha insistido Juanes en relación a la declaración de alto el fuego de ETA. Para el presidente de la Audiencia Nacional lo mejor que se puede hacer es olvidarse de lo que piense ETA, ya que lo que debe hacer la banda terrorista es abandonar las armas.
Sobre el papel de Eusko Alkartasuna, el ministro Caamaño ha considerado que siempre habrá quien abuse de los derechos fundamentales, situación frente a la que sólo se debe actuar con la Constitución en la mano. "El Estado no puede impedir el ejercicio de derechos y libertades, pero sí puede mirar con detenimiento, observar, vigilar y estar atentos para que cuando se mueva alguien en esta línea caiga sobre él todo el peso de la ley", ha añadido Caamaño.
IMPUESTO PARA RICOS, UNA OPERACIÓN COSMÉTICA.- Según ha contado este martes el diario ABC, que cita a inspectores de Hacienda y asesores fiscales, coinciden éstos en que crear un nuevo tramo en el IRPF para las rentas más altas es una «operación de cosmética» que no solucionará el problema de recaudación que tiene el Estado español y que, eso sí, puede desincentivar la actividad económica. En declaraciones a ABC, Francisco de la Torre, secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE), aseguró que una medida de este tipo sólo sirve para «cubrir el expediente de la forma más sencilla». A su juicio, no estamos hablando de una reforma, sino de una operación cosmética, que va dirigida a un grupo muy concreto de contribuyentes, que no tienen por qué ser los más ricos. «Si el impuesto para los ricos se queda en esto, quienes lo van a pagar no van a ser las grandes fortunas, sino directivos o ejecutivos de grandes empresas, rentas del trabajo, al fin y al cabo, que cobran por nómina», apunta De la Torre.
Según los cálculos de los inspectores, una medida de este tipo podría proporcionar al Estado unos ingresos extra de unos 200 millones, una cantidad insignificante si se compara con los más de 40.000 millones que se ingresan por este tributo o con los 6.000 que ha supuesto, por ejemplo, la supresión de la deducción de los 400 euros. Para De la Torre, la caída de la recaudación en España sólo se soluciona o con una subida masiva de impuestos a las clases medias, o con una profunda reforma del sistema fiscal en su conjunto. Pero incluso así, asegura, lo fundamental es crear empleo y mientras eso no se consiga seguirá habiendo problemas de ingresos.
También los asesores fiscales consideran que los ingresos que proporcionará una medida de este tipo serán mínimos. Para Luis del Amo, gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales el impacto recaudatorio será mínimo entre otras cosas porque el Gobierno tiene un margen muy limitado para subir el tipo máximo del IRPF. Explica que hay un consenso bastante generalizado entre los expertos en que no se deben aplicar tipos superiores al 50%. Si tenemos en cuenta que alguna comunidad, como Cataluña, ya ha anunciado una subida de hasta cuatro puntos del tributo, que lo colocaría en el 47%, el margen que le queda al Estado es de dos o tres puntos como mucho. Este nuevo tramo apenas generará recaudación, a juicio de Luis del Amo, pero sí desincentivará la actividad, ya que si Hacienda se va a quedar con la mitad de los ingresos que, por trabajos extra, un ciudadano pueda obtener. Puede que no le merezca la pena hacerlo. Asimismo, también puede incentivar la búsqueda de subterfugios para evadir al Fisco, como el cobro vía sociedades o incluso en negro. De «pura demagogia» calificó ayer Rubén Candela, ex presidente de la Asociación Española de Asesores fiscales, la propuesta adelantada por ABC, de subir entre dos y tres puntos el tributo a quienes ingresen más de 150.000 euros. En declaraciones a Punto Radio apuntó que la recaudación que podría generar sería de apenas 80 millones, lo que supone «una gota de agua para lo que tenemos».
Escasos aplausos parece que merecería tal decisión...
MARAGALL APUESTA POR ARTUR MAS.- Mientras Corbacho y Montilla apuestan por el segundo para repetir en la presidencia del Govern, su compañero de partido, Pasqual Maragall apuesta por Artur Mas como nuevo presidente de la Generalitat. Cree que el candidato de CiU va a ganar, cree que conviene que gane, y espera, además, que lo haga bien. El ex presidente de la Generalitat que propició la alternancia tras 23 años de gobierno de Jordi Pujol encabezando la candidatura del Partit dels Socialistes considera que ya ha llegado el momento de volver a cambiar. Consciente de la trascendencia del momento político por el que atraviesa Catalunya, Maragall ha querido hacer públicas sus reflexiones y significativamente lo ha hecho a través de una entrevista que concedió a un boletín que se distribuye entre militantes y simpatizantes de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Preguntado por la periodista qué mensaje le enviaría a Artur Mas, Maragall responde: "Creo que ganará porque toca". En la entrevista, el ex president viene a admitir que ha cambiado su opinión personal sobre Artur Mas, pero sobre todo, que ha sido el propio Mas quien ha cambiado durante los años que se ha visto relegado a la oposición. "Artur Mas, que es un hombre inteligente y preparado, tenía antes un problema de gesto, que se dice. Ahora se ha humanizado (s'ha amorosit, en el original), sabe sonreír más, y eso probablemente le va a favorecer". Pero la apuesta de Maragall por Mas se centra, sobre todo, en la conveniencia de una nueva alternancia: "La gran ventaja que tiene (Artur Mas) es que ahora toca, porque ya hace mucho tiempo que los otros gobiernan, y espero que lo haga bien".
Maragall no se limita a hablar de las elecciones sino que opina sobre el momento político. A su juicio, la situación creada tras la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut "es absurda". "En Madrid –añade– no se han dado cuenta, pero han conseguido que la oposición entre Catalunya y la España centralista sea aún más imposible de resolver". Recuerda Maragall: "Yo he sido siempre federalista, de un federalismo diferencial, pero, en fin, no ha habido manera. Cada vez que hemos intentado que se acepte una España plural en la que Catalunya se sienta cómoda, no ha sido posible. Y una de las consecuencias es que la gente ha dicho basta".
El ex presidente de la Generalitat y del Partit dels Socialistes reflexiona también sobre las alternativas que seguir a partir de ahora desde Cataluña, y se muestra partidario de alguna reacción de tipo rupturista: "En la historia de Cataluña ha habido dos posiciones extremas –señala–. Una, la de las proclamaciones independentistas. Y la otra. la del tancament de caixes (huelga fiscal).... En este momento no sé si será posible, pero quizá se podría intentar".
En cuanto a la crisis de liderazgos, Maragall considera que "en las épocas de crisis caen las cosas que tienen poca consistencia. Todo es más difícil, pero el que aguanta tiene más valor".
Las reflexiones de Maragall confirman su alejamiento de las tesis del PSC, partido del que renunció a la presidencia y a la militancia hace tres años, pero también deja claro que no se ha convertido al nacionalismo, que " tuvo miedo de que Barcelona se comiera a Cataluña, y cuando un país no es capaz de admitir que la ciudad es importante, es como perder al delantero centro".
En julio pasado, un documento del colectivo socialista Nou Cicle, liderado por Raimon Obiols y del que forman parte Antoni Castells y otros dirigentes catalanistas, reivindicó –sin éxito– el regreso de Maragall al partido y la constitución de un grupo parlamentario propio en el Congreso.
Maragall, en los últimos años, viene prestando atención `prioritaria a su propia salud, aquejado de un Alzheimer que le ha borrado buena parte de su propia memoria.
FEIJOO PROPONE A LAS UNIVERSIDADES QUE SE FUSIONEN COMO LAS CAJAS.-Según relata este martes La Voz de Galicia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, cerró la inauguración del curso universitario dedicando una buena parte de su discurso, curiosamente, no a estas instituciones sino a la fusión de las cajas gallegas. Puso esta unión como ejemplo de la nueva sociedad gallega, «que ganó ante el peligro de los medios, las incertidumbres y los localismos». De hecho, se trata de una cooperación que hace un tiempo hubiese resultado «quimérica». En el pazo de Fonseca, y ante los tres rectores y numerosos representantes de instituciones públicas, Núñez Feijoo recordó que «en lugar de elegir tiempos en los que los gallegos gastaban sus fuerzas, nos trasladamos a otro tiempo en el que Galicia se concibe como una realidad global y ganadora. Esa es la gran lección que la realidad nos proporciona en este comienzo de curso». El presidente de la Xunta insistió en la cooperación entre instituciones, una colaboración de la que las universidades ya están dando ejemplo, como demostraron en el acuerdo marco firmado hace meses para optimizar recursos y crear sinergias. «Las alianzas son tan importantes como las capacidades propias, esa es una frase vuestra», les recordó Feijoo a los tres rectores.
La apertura oficial de curso estuvo exenta este año de las duras críticas que los rectores, en especial el ex responsable de la de Santiago, Senén Barro, dirigían a los representantes de la Xunta. En esta ocasión hubo una exigencia de financiación, pero sin frases lapidarias. De esta reivindicación se encargó el anfitrión, Juan Casares Long, en su primera apertura de curso como rector compostelano. Casares acusó a las Administraciones de ignorar y no hacer una valoración del esfuerzo económico que supuso y supone para las universidades la implantación del espacio europeo de la educación superior. De ahí que tilde de «imperativo» que la sociedad gallega, a través de sus representantes, asuma el compromiso con el sistema universitario gallego «priorizando en el próximo plan de financiación de las universidades el apoyo a actividades y al desarrollo que les garantice un futuro de más bienestar a las generaciones futuras».
También Feijoo hizo alusión al momento económico actual, y recordó que «ni la sociedad lo toleraría ni el Gobierno gallego quiere que hagamos de la Universidad una de las víctimas principales de la crisis. Sería esa la mejor manera de lastrar nuestra recuperación». De hecho, apostó por las universidades en un momento en el que los recursos son más limitados que nunca. «Tengo la convicción de que debemos apoyarnos en la riqueza de nuestro capital humano, porque, más que nunca, son necesarias las ideas surgidas en el estudio y la reflexión», apuntó el presidente. Pese a este apoyo y compromiso, el responsable del Gobierno gallego recuerda que habrá que tomar decisiones, «que espero que serán adoptadas mediante acuerdos». «Estoy seguro de que nuestra ciudadanía, que tanto ha aportado en recursos a su universidad, desea un esfuerzo proporcionado, equilibrado y justo», concluyó Feijoo.
Muchas universidades afrontan el nuevo curso acuciadas por recortes de los presupuestos de las correspondientes Comunidades Autónomas a las que pertenecen.
FELIPE GONZÁLEZ PROPONE LEGALIZAR EL CONSUMO DE DROGAS.- No es la primera vez que se sugiere esta “solución radical” contra las drogas: la legalización mundial del consumo. Sorprende ahora que sea el expresidente del gobierno Felipe González quien se suma a la idea. Pero, en efecto, el ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha defendido la legalización del consumo de drogas a nivel internacional como solución al narcotráfico y la violencia que conlleva.. González, que asistió a la recepción organizada por el embajador de México en Madrid, Jorge Zermeño, con motivo del 200 aniversario de la independencia de su país, ha hecho especial hincapié en que la violencia que vive el país azteca "no es un problema sólo de México". "México está poniendo los muertos" mientras que el dinero que genera el narcotráfico, "los 350.000 ó 360.000 millones de dólares, están en la otra parte" de la frontera con Estados Unidos, ha señalado, subrayando que "de ahí vienen las armas". "Ese desequilibrio hay que cambiarlo", ha aseverado. Tras lamentar la "visión simplista" de la situación expresada por la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, que comparó México con la Colombia de hace dos décadas, González ha incidido en que el fenómeno de la criminalidad organizada es internacional y "una de las amenazas a la seguridad más serias que padece el mundo, no sólo México". El ex presidente del Gobierno ha considerado que podría ser "una opción" la celebración de una conferencia internacional sobre este asunto, si bien reconoció que es "difícil que se vaya a producir". Por otra parte, ha hecho una invitación para "volver la vista atrás y pensar en la criminalidad organizada en Estados Unidos, con miles de muertos, y que dependía de la ilegalización del alcohol". Aquella violencia, ha recordado, terminó cuando "se acabó la prohibición y el negocio, con los impuestos que fuera, se hizo legal". En este sentido, ha defendido como solución al problema la legalización de las drogas, si bien ha recalcado que "ningún país puede unilateralmente decidir eso sin un coste extraordinariamente grave para sus dirigentes". Por ello ha defendido "un acuerdo internacional, que se cumpla entre todos", ya que si fuera sólo un país el que decidiera levantar la prohibición habría "un crecimiento en punta del consumo con un coste absolutamente inasumible para los dirigentes políticos". "Creo que ese va a ser el único camino que tenemos realmente para enfrentar" este problema, agregó. González, que no quiso entrar a valorar, "porque sería una impertinencia", la labor en la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo por parte del presidente mexicano, Felipe Calderón, sí destacó que éste está trabando para "recuperar el control del territorio" ante la "tentación de algunos grupos organizadores de controlarlo".
Soluciones radicales para problemas complejos...
TALLADA DESMIENTE QUE TENGA PROBLEMAS CON EL FISCO.- Javier Tallada García de la Fuente, ha remitido al director del diario El Economista un escrito de rectificación sobre la información publicada este lunes, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 2/84 de 26 de marzo de 1984, reguladora del ejercicio del derecho de rectificación. Tallada remite su escrito ante la información aparecida en portada con el título “Hacienda embarga una mansión a Tallada”, difundida, a través del referido diario en un artículo titulado: "Hacienda sanciona a Javier Tallada y le embarga una casa de 740.000 euros”. El motivo que fundamenta la petición de publicación del escrito es la inexactitud e inveracidad de muchos de los hechos que en ella se detallan. Alega Tallada que la divulgación de dicha información me está ocasionando graves perjuicios al referirse a su solvencia empresarial. Insiste Tallada en su escrito en que la información que sobre él y sus empresas se publicó en El Economista es falsa y no fue contrastada, y que el absolutamente falso que Javier Tallada esté siendo investigado por la Agencia Tributaria o que haya sido sancionado por esta Administración. Indica de manera tajante que La Hacienda Tributaria no ha impuesto ninguna sanción por ningún importe, ni está investigando por ningún concepto tributario a Javier Tallada.y que Hacienda no le ha embargado ningún bien y mucho menos una casa propiedad de su esposa. Dicho inmueble está garantizando pagos aplazados a Hacienda, tras solicitarlo debidamente y Hacienda aceptarlo, por impuestos de la renta del 2007 correctamente declarados. También afirma que no tiene ningún entramado de sociedades y no ha ocultado ningún ingreso a la Hacienda Pública, cumpliendo escrupulosamente con sus obligaciones fiscales. Termina diciendo el escrito que Javier Tallada desconoce las fuentes de dicha información falsa y calumniosa, y se sorprende que un medio como El Economista no contraste lo que publica, máxime cuando puede afectar al honor y crédito de persona, y que tomará las medidas legales oportunas en defensa de su nombre.
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