EL CEMENTERIO NUCLEAR DIVIDE AL GOBIERNO.= Para la mayor parte de los diarios de este sábado, la eventual adjudicación del almacén nuclear es asunto esencial, aunque el tratamiento de unos y otros diarios es muy distinto: El Gobierno siembra la confusión sobre el destino del silo nuclear, titular El País, que explica que el Consejo de ministros frenó la concesión del almacén a Zarra, Valencia, después de que Miguel Sebastián la comunicara. Dice El Mundo: El gobierno frena el cementerio nuclear por el interés del PSOE. Sebastián y los técnicos proponen instalarlo en Zarra, Valencia, y De la Vega y los ministros más políticos lo vetan para no dar una bandera a Camps. El informe apuesta por Zarra porque las obras pueden iniciarse de inmediato. Lo cuenta así ABC: El Gobierno adjudica a Valencia el almacén nuclear y De la Vega evita confirmarlo. Dice La Razón: Los técnicos eligen Zarra para el almacén nuclear, pero el gobierno abre una guerra sobre su ubicación final. Dice La Gaceta: El ministro Sebastián se ríe de Valencia a cuenta de los residuos nucleares. En Público: El Gobierno regala a Camps un almacén nuclear. El municipio valenciano de Zarra logra la mejor valoración técnica para acoger el cementerio. Los partidos del País Valenciá rechazan el ATC, mientras que el Cataluña y el Castilla la Mancha celebran el anuncio. Y en La Vanguardia: El almacén nuclear provoca una crisis en el Gobierno. De la Vega tumba en el consejo de ministros la propuesta de Sebastián de ubicar el cementerio en Zarra. El Govern de la Generalitat ya canta victoria y da por descontado que la instalación no irá a Ascó… Posiblemente entre todas las versiones se llegue a la deseable versión definitiva y auténtica. Lo cierto es que, como dice El País, el Gobierno ha sembrado el desconcierto al comunicar a las comunidades valenciana y castellanomanchega que el almacén de residuos nucleares se instalaría previsiblemente en la localidad de Zarra (Valencia) para, horas después, negar que se hubiera producido una decisión oficial. Por la mañana, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, comunicó a José María Barreda, presidente de Castilla-La Mancha (PSOE), que podía respirar tranquilo, ya que se oponía a ubicar el almacén en su comunidad. También ha intentado ponerse en contacto con Francisco Camps. Al no lograrlo, el secretario de Estado de Industria ha transmitido el mensaje al vicepresidente valenciano Vicente Rambla. La reacción desde Valencia ha sido de rechazo tajante. El Gobierno regional (PP) ha anunciado un recurso y ha acusado a La Moncloa -"nos quitan el agua y nos mandan los residuos"-, mientras el líder regional del PSOE, Jorge Alarte, expresaba a Sebastián su opinión contraria. En el Consejo de Ministros se frenó la decisión. El informe técnico en que Sebastián da la mejor posición a Zarra, seguida de Ascó (Cataluña), Yebra y Villar de Cañas (ambas en Castilla-La Mancha). El momento había llegado. Después de casi seis años en busca de un emplazamiento para el almacén nuclear, el Ministerio de Industria decidía que, que pese a todos los problemas políticos y manifestaciones en contra, ya tenía una decisión. Zarra, en Valencia, a 11 kilómetros de la nuclear de Cofrentes, 551 habitantes, con un alcalde expulsado del PSOE por denuncias de corrupción, era el municipio elegido para albergar una instalación clave para España. Relata El País que, la tarde anterior, la comisión interministerial encargada de la selección del emplazamiento fue convocada de urgencia. Allí hay representantes de Industria, Presidencia, Interior, Medio Ambiente, Salud, Economía y Ciencia. Fue tal la premura que varios de sus miembros no pudieron acudir. Alguno desconocía que hubiese existido la reunión. Desde junio, los miembros del comité tenían orden de mantener libre su agenda los jueves por la tarde. La intención era ver una noche el informe y aprobarlo en el Consejo de Ministros del día siguiente. Rápido y limpio. El 24 de junio ya recibieron una llamada, pero fueron desconvocados a última hora porque el ministro de Industria, Miguel Sebastián, había pactado con el popular Cristóbal Montoro aplazar la decisión sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, activos durante miles de años. La comisión aprobó un informe elaborado por el Gobierno -el Comité Asesor Técnico compuesto por profesores de Universidad no había dado puntuaciones ni listas en su dictamen previo- en el que se concluía que había cuatro candidatos posibles con "escasas diferencias". Eran Zarra, Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara) y Villar de Cañas (Cuenca). La primera tenía 304 puntos y la cuarta, 272. La máxima puntuación posible era de 500 puntos. Con ese informe, Sebastián comenzó por la mañana temprano una ronda de llamadas a presidentes autonómicos afectados. Antes de las diez ya había telefoneado a José María Barreda, el presidente socialista de Castilla-La Mancha. Le dijo que estuviera tranquilo, que ya que no lo quería, el almacén nuclear no iría a su comunidad, ni a Yebra ni a Villar de Cañas, pese a que estaban "bien situados". Barreda se sintió aliviado y saboreó lo que vio como una victoria. Él se había empeñado en contra del almacén y llegó a manifestarse contra el Gobierno. "La manifestación, las pancartas, los gritos eran que no queríamos el ATC", declaró Barreda por la tarde. Barreda y Sebastián se enfrentaron públicamente en enero pasado cuando el ministro afirmó a este diario que la opinión de Barreda sobre el tema no tenía ninguna importancia. Después le tocó el turno al presidente valenciano, Francisco Camps. Sebastián le llamó seis veces durante la mañana, pero Camps no se puso al teléfono, para sorpresa e irritación del ministerio. Camps presidió a primera hora la reunión semanal de su Gobierno, que concluyó en torno al mediodía. Después recibió en audiencia al comité organizador del XVIII Congreso Internacional de las Familias y más tarde a los miembros de la Federación Española de Fútbol, que le presentaron la Copa del Mundo ganada en Sudáfrica por la selección. Camps ha eludido pronunciarse contra el ATC. Durante meses apuntó que lo aceptaría. El pasado 17 de febrero, el consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana, Serafín Castellano, respondió que el Gobierno de Camps era "absolutamente respetuoso con la autonomía local" y que sobre este tema respetaría "de manera escrupulosa las competencias de las distintas administraciones, en este caso, la local y la estatal". Antes del verano, sin embargo, el Gobierno de Camps se opuso. Con la negativa de Camps, el Ejecutivo se encontraba con que, oficialmente, ninguna autonomía quería la instalación. Sí había alcaldes interesados -nueve pequeños pueblos llegaron a la última criba- pero sus presidentes autonómicos se oponían. Como Camps no respondía a las llamadas, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, llamó al vicepresidente valenciano Vicente Rambla, y le dijo que el Consejo de Ministros que estaba a punto de empezar trataría el informe y que Zarra estaba en "buena posición". Ni el presidente extremeño, el socialista Guillermo Fernández Vara, ni el de Castilla y León, el popular Juan Vicente Herrera, recibieron el aviso de que no iría a los pueblos candidatos de sus regiones. Fuentes de la Generalitat de Cataluña explican que "hace días" Sebastián le comunicó a Montilla que no iría a Ascó, aunque fuentes del sector no descartan que, si la decisión se toma después de las elecciones catalanas, el ATC termine allí. Desde Valencia, las llamadas se multiplicaron. El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, admite que estuvo en contacto con Sebastián desde primera hora de la mañana. Alarte, que desde el principio se opuso a que el ATC fuera a la Comunidad Valenciana, le expresó su rechazo "frontal y contundente" a que fuera a Zarra. La conversación fue especialmente tensa. Los socialistas valencianos han presentado una veintena de iniciativas en la diputación contra la instalación y su implantación allí era vista como un tiro de gracia. "El Gobierno del PSOE nos quita el agua y nos manda los residuos nucleares", era la frase que comenzaron a lanzar los populares a los cuatro vientos. Alarte llamó a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, diputada por Valencia, para que intentara frenar la decisión y también contactó con el vicepresidente tercero, Manuel Chaves. Alarte señaló que el alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, había sido expulsado del PSOE por corrupción, y que darle a su municipio una inversión de casi 1.000 millones de euros no era una buena idea.
Pero Sebastián estaba decidido a sacarlo adelante. Él haría lo que ni Montilla ni Joan Clos, sus predecesores en el cargo, lograron. Estos, cada vez que amagaban con la decisión, terminaban por dejarla en el cajón ante el revuelo político y social. En 1987, el Gobierno de Felipe González intentó construir un cementerio nuclear en Castilla y León y la bronca hizo que los socialistas perdieran la presidencia autonómica. Gracias al cementerio llegó a la Junta José María Aznar. Desde entonces, cada intento de construir un único almacén radiactivo, como tienen Bélgica y Holanda, acabó en fracaso. Sebastián estaba decidido a romper con eso. Estaba convencido de que "habría tortas" por acoger el almacén cuando pidió alcaldes candidatos y ayer seguía convencido de que no habría mayor problema. El tema no estaba en el orden del día del Consejo de Ministros, ni había pasado el miércoles por la Comisión de Subsecretarios que prepara los temas que el viernes se analizan en Moncloa. Sobre lo que ocurrió dentro de la reunión del Ejecutivo hay distintas versiones. Fuentes de Moncloa sostienen que no hubo un grave enfrentamiento. Otras fuentes señalan que De la Vega se opuso y que tras una tensa reunión impuso su objetivo. Sobre la una de la tarde, mientras el Consejo estaba reunido, el vicepresidente tercero del Ejecutivo valenciano, Juan Cotino, salió a dar cuenta en rueda de prensa de la reunión del consejo de Gobierno autonómico. Allí dio por hecho que el ATC iría a Zarra: "Estamos en contra de una decisión del Gobierno de España tomada de una forma unilateral y la Generalitat recurrirá el acuerdo". La familia de Cotino tiene los terrenos en los que iría el ATC, así que su aparición en contra de la instalación fue especialmente disonante.
Cuando una hora después, De la Vega compareció en Moncloa, el enredo era imparable. "El Consejo ha estudiado un amplio informe del Ministerio de Industria, pero la decisión no está tomada. Se ha pedido algún informe complementario", declaró De la Vega con su habitual ritmo pausado. "Es un debate complejo que continuaremos la semana que viene tras completar el informe que se ha solicitado", añadió la vicepresidenta primera. "Un debate complejo que continuaremos la semana que viene", es una forma evidente de desairar al titular de Industria. De la Vega ni siquiera aseguraba que se vaya a decidir en siete días. El motivo alegado para retrasar la decisión es chocante. Oficialmente, el Gobierno quiere tener un informe jurídico que le garantice que una comunidad autónoma no puede bloquear la instalación de un almacén nuclear. Y es chocante porque desde hace más de un año Sebastián ha insistido en que no tenían ninguna opción de bloquear la selección. El argumento de Industria era que esto es una decisión entre el Gobierno y los ayuntamientos implicados, y que bastaba con dar audiencia a las autonomías durante la tramitación. Incluso aludía a una sentencia que le dio la razón ante la Junta de Castilla-La Mancha cuando el Gobierno del PP construyó en al nuclear de Trillo, en Guadalajara, un almacén nuclear. El Congreso y el Senado ya habían pedido al Ejecutivo que se coordinase con las autonomías. Apenas dos días antes el Senado lo pidió por unanimidad. La alusión a las competencias autonómicas en el último momento causó sorpresa en algunas comunidades. Los barones socialistas llevan meses avisando al PSOE de que las formas de Sebastián no eran las correctas. Barreda criticó que negociara con pueblos candidatos de su región a sus espaldas; Óscar López, de Castilla y León, conoció casi a la vez que la prensa que Industria había convencido a alcaldes del PSOE para que optaran al almacén; Montilla insistió en que no se lo podían colocar en Tarragona meses antes de las autonómicas, y Fernández Vara amenazó con dimitir si iba a su territorio. "Industria ha actuado como si estuviéramos en la España preautonómica, como si fuera razonable tener relaciones directas sobre una cuestión tan importante con municipios pequeños puenteando a las comunidades. Los residuos nucleares son una cuestión de Estado, pero del Estado autonómico", declaró Barreda el 30 de enero en este diario.
ZAPATERO ROMPE CON LOS SUYOS PARA ALINEARSE A SARKOZY.- Cabía esperar que el apoyo expresado por Zapatero a Sarkozy sobre la expulsión de gitanos rumanos, trajera cola, y llegara a tener reflejo en la política española. La política desgobierno socialista en materia de inmigración ha sido, tradicionalmente, mucho más considerada, y a muchos dejaba perplejos el abrazo de solidaridad de Zapatero a su colega francés. Apenas concluyó el consejo de ministros de este viernes, la vicepresidenta De la Vega hubo de vérselas con las preguntas de quienes expresaban ese estupor, perplejidad e incredulidad con del gesto del presidente. Una cosa es que esté entre los damnificados de la comisaria Reding, porque en su momento menospreció los planes de igualdad de Bibiana Aido, y otra que se alineara, sin la menor dificultad, a todos los restantes jefes de estado y de gobierno, frente a la Comisión Europea, su presidente Durao y su comisaria presuntamente “deslenguada>”. Sobre todo, porque- como resalta el diario El País-, mientras el presidente del Gobierno defendía a Sarkozy en Bruselas, el Grupo Socialista registraba en el Congreso una proposición no de ley en la que se afirma que "las expulsiones colectivas son contrarias al derecho comunitario, a los valores y principios europeos". Hay que situarse en la sesión de Bruselas, cuando todos los mandatarios del Consejo Europeo no pronunciaron ni una crítica al Gobierno francés por las expulsiones de gitanos, y se limitaron a censurar a la comisaria de Justicia, Viviane Reding, por la comparación con los nazis. Parece que la tarea de Sarkozy del “uno por uno” y la solidaridad entre los “jefes de primera división” hicieron mucho a favor de esa política dual: la CE contra los jefes… Por lo que se refiere al PSOE ha mantenido en las últimas semanas una posición de crítica abierta a las expulsiones, como lo demuestra la iniciativa registrada en el Congreso a mediodía del pasado jueves, aunque elaborada el lunes 13 de septiembre y firmada por el máximo responsable del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, y el portavoz de la Comisión Mixta de la Unión Europea, Juan Moscoso. El texto no menciona expresamente a Francia, pero empieza por asegurar que "muchos europeos, así como del resto del mundo, contemplan con profunda preocupación lo que está ocurriendo con la minoría gitana en algunos países". No había duda del sentir de los socialistas, por el tenor de su actuación desde que se conoció la expulsión de los gitanos rumanos en Francia. A su vez, en el Parlamento Europeo, los socialistas españoles votaron la semana pasada en contra de las expulsiones , con una intervención vehemente y fundamentada del portavoz socialista español, Juan Fernando López Aguilar. Además, en la web del PSOE aún se puede leer que la actuación del Gobierno francés supone una "expulsión colectiva y objetivada sobre base étnica que va contra la construcción europea y contra su principio de ciudadanía". La nota reclama una posición política frente al Gobierno francés y añade: "La Unión no puede permitir acciones populistas de Gobiernos que pretendan superar sus problemas ante las encuestas buscando chivos expiatorios. Cada vez que se produzca un gesto de desprecio hacia las instituciones por parte de algún dirigente, éste se va a encontrar frente a este Parlamento y al conjunto de las instituciones europeas ". Unos días antes, el PSOE se sumó a las concentraciones convocadas en toda Europa contra las expulsiones. El secretario de Movimientos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, aseguró que la actuación del Gobierno francés "estigmatiza a las personas por su origen étnico". Ante el silencio de Zapatero sobre esta materia, desde el Gobierno se ha querido diferenciar el apoyo al presidente a Sarkozy, después de escuchar sus explicaciones en el Consejo, y la política de respeto a la libre circulación y a la no discriminación por razones étnicas. No obstante, el presidente no hizo alusión alguna a la misma, sino que se unió al ataque de Sarkozy a la comisaria de Justicia. Fuentes gubernamentales explican que el presidente sí valoró que Sarkozy reconoció el error de la circular de la policía en la que se ordenaban expulsiones colectivas y no individuales. Además, la investigación de la Comisión Europea sigue adelante y a ella aludió la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, quien destacó "los avances conseguidos en la Unión Europea, con una política común de inmigración que conjuga seguridad y respeto a las leyes", liderada por España.
De todos modos, es claro que el presidente ha sido pillado “con el pie cambiado”, y que será inevitable que se sitúe donde ha estado siempre, por más que deba desmarcarse de Sarkozy y su actitud xenófoba.
¿Qué actitud mantienen los gobiernos autonómicos? El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, abogó por un "análisis profundo [de la expulsión de gitanos en Francia], porque si ha habido por medio una etnia sería gravísimo". "Para atender a una persona en dificultades no le pedimos el RH. Todos los ciudadanos deben tener derechos y responsabilidades", añadió la consejera de Igualdad. En el País Vasco también ha intervenido el lendakari:. "A veces los propios Estados democráticos no asumen su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos y es evidente que el ejemplo de Francia no es el mejor", dijo el lehendakari, Patxi López. El responsable vasco de Inmigración admitió que los gitanos expulsados pueden recalar allí, pero no hay ningún dispositivo especial previsto. En Madrid se recuerda que el Gobierno autonómico de Aguirre tramita la extradición de 30 gitanos "multirreincidentes". Su delito: almacenar material robado en chabolas de El Gallinero, un basurero en el que viven 300 personas, un tercio de ellas niños. El Ayuntamiento, la Comunidad y Cruz Roja les ayudan (sanidad, escolarización), sin realojarles. La líder regional, Esperanza Aguirre, opinó que la expulsión de ciudadanos de un país "no es un tema fácil". En Cataluña, el secretario de Inmigración de la Generalitat, Oriol Amorós, ve "nefasta" la decisión francesa: "Es muy grave dedicarse a aglutinar los odios contra un colectivo en vez de trabajar en su integración". Cataluña tiene un plan de integración que va de la ayuda social al control policial de asentamientos ilegales. En A Coruña se han producido conflictos con familias chabolistas que no querían ser realojadas, y sobre todo con barrios que se niegan a recibir a los gitanos. La oposición vecinal provocó enfrentamientos con los romaníes en Poio (Pontevedra).
ZAPATERO SE VERÁ EL LUNES CON EL REY MOHAMED VI EN NUEVA YORK.- Posiblemente sin pretenderlo, los dos principales líderes, Zapatero y Rajoy, han coincidido en mostrar su deseo de potenciar las relaciones con el Gobierno y la nación marroquí. Por parte del presidente, con el anuncio de su entrevista con el Rey marroquí; Rajoy, por su vivo deseo de eliminar tensiones en su viaje a Melilla. José Luis Rodríguez Zapatero tiene previsto entrevistarse el lunes en Nueva York con el rey Mohamed VI, según confirmaron este jueves en fuentes gubernamentales. Será el primer encuentro entre ambos tras la crisis provocada por los incidentes de agosto pasado en la frontera de Melilla, donde activistas marroquíes amagaron con un bloqueo a la ciudad. Zapatero viaja el domingo a Nueva York para participar en la Cumbre de los Objetivos del Milenio, que persiguen erradicar la pobreza extrema en 2015, mientras que el rey de Marruecos acude a Naciones Unidas para defender el proyecto de autonomía para el Sáhara, que su país defiende como salida al contencioso. En paralelo al encuentro del monarca alauí y del jefe del Gobierno se reunirán los ministros de Asuntos Exteriores de los dos países, Miguel Ángel Moratinos y Taieb Fassi-Fihri. El presidente evitó comentar la carta que el primer ministro marroquí, Abbas el Fassi, envió al presidente del PP, Mariano Rajoy, en la que expresaba su "profunda decepción y rechazo total" a la visita que éste hizo a Melilla. Fuentes de La Moncloa recordaron, sin embargo, que El Fassi no firmó su misiva como responsable gubernamental sino como líder del partido Istiqlal, socio del PP en la Internacional Demócrata de Centro. En la rueda de prensa que ofreció en Bruselas al término del Consejo Europeo, Zapatero mostró su "respeto" por la decisión de Rajoy de visitar Melilla y calificó de "correctas" las declaraciones que hizo durante su estancia en la ciudad, ya que a su juicio "van en la buena dirección". "Espero que todos contribuyamos a algo que tiene un interés importante para España y que todos los puntos que habitualmente se suelen utilizar de fricción entre España y Marruecos los tratemos con responsabilidad", agregó. En cuanto al encuentro de Zapatero con el Rey de Marruecos, el Gobierno confía en que el encuentro sirva para superar de forma definitiva la crisis del pasado verano, cuya motivación de fondo nunca se ha aclarado oficialmente. Aunque el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viajó el 23 de agosto a Rabat para dar explicaciones por los supuestos malos tratos a ciudadanos marroquíes en la frontera de Melilla, Mohamed VI se quejó de los sobrevuelos del yate donde descansaba el pasado junio, por parte del helicóptero de un Ejército español que lleva suministros a la guarnición de Chafarinas. Se recordará que, previamente, don Juan Carlos llamó desde Mallorca a Mohamed VI con el pretexto de felicitarle el Ramadán. Los dos monarcas acordaron entonces una "hoja de ruta" para superar la tensión bilateral que incluía, además de la visita de Rubalcaba, la incorporación de los respectivos embajadores y un encuentro entre ambos jefes de Estado. El Gobierno marroquí anunció que don Juan Carlos viajaría a Marruecos en visita privada, pero la Casa del Rey no ha confirmado aún este desplazamiento. Se espera que antes de fin de mes se incorpore a su puesto el nuevo embajador marroquí en Madrid, Ahmed Ould Souilem, y que reciba el plácet de Rabat el diplomático español Alberto Navarro.
En cuanto a Mariano Rajoy se quitó ayer por unas horas el traje de líder de la oposición y pretendió colocarse el de hombre de Estado. Mientras otros dirigentes de su partido seguían la estela marcada por él mismo este verano, cuando criticó la "debilidad" del Gobierno a la hora de defender la españolidad de Ceuta y Melilla, el líder del PP evitó cualquier crítica al Ejecutivo y lanzó todo tipo de mensajes conciliadores a Marruecos y a los musulmanes para tratar de rebajar la tensión que había precedido a su aterrizaje en la ciudad autónoma. El líder del PP tenía todas las intenciones de relajar tensiones, y desde su llegada, trató de que la visita fuera tranquila. La primera decisión, la más relevante para evitar tensiones, fue no visitar la frontera, al contrario de lo que hizo José María Aznar hace un mes, algo que Rajoy defendió entonces públicamente pero fue muy criticado dentro del partido. Precisamente a la hora en la que Rajoy paseaba por el centro de la ciudad, se había montado una miniprotesta de marroquíes en la frontera. Rajoy evitó acercarse y apartó de su discurso palabras tan habituales en las últimas semanas como la necesidad de tener "firmeza" ante las "agresiones" de Marruecos. Al contrario. Rajoy aseguró que su visita era "en positivo", lanzó un "gran abrazo a todos los miembros del colectivo musulmán, ahora que acaba de terminar el Ramadán", y al "colectivo hebreo", también numeroso en Melilla, y rechazó responder a las críticas. "No vengo a polemizar con nadie, vengo a estar con mis compatriotas de Melilla. He leído la carta del presidente de Istiqlal. No la comparto, pero no pienso entrar en polémicas. Marruecos y España tienen mucho que ganar desde la cooperación si van de la mano. Hay que hacer frente a los retos desde la cooperación. Debemos trabajar juntos y cultivar lo mucho que nos une y no lo poco que nos separa". Enfundado en ese pretendido nuevo traje de hombre de Estado, Rajoy evitó incluso polemizar con el Ejecutivo. "El Gobierno ha apoyado que yo me desplace a Melilla, y no voy a entrar en polémica con él. Además, el Gobierno también se desplaza aquí con normalidad, vienen los ministros y no hay problema".
Todo sonrisas, desde el Gobierno y la Oposición, al país vecino del sur.
EL PP CATALÁN PIDE MANO DURA CON LA INMIGRACIÓN ILEGAL.-Nos relata este viernes una cronista electoral de La Vanguardia que el electorado del PP pide mano dura en materia de inmigración ilegal, y que eso precisamente es lo que los populares catalanes van a ofrecer cuando empiece la campaña electoral catalana. Incluso antes. La polémica por la decisión del Gobierno francés de expulsar a los gitanos rumanos instalados en asentamientos ilegales es hoy el argumento. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, y el eurodiputado Santiago Fisas, ejercen de anfitriones de la eurodiputada Marie-Thérèse Sánchez- Schmid, del partido de Nicolas Sarkozy, en una visita por el barrio de la Salut de Badalona. En este barrio la convivencia con el colectivo de gitanos rumanos es uno de los argumentos de la oposición popular que ejerce Xavier García Albiol. Se trata de una zona donde el PP catalán ya ha plantado batalla a los gitanos de origen rumano. En abril, Sánchez-Camacho y García Albiol repartieron por la Salut un panfleto en el que aparecía una foto de gitanos rumanos sobre la pregunta "¿Tu barrio es seguro?". Y una foto de un balcón con un cartel colgado que rezaba: "No queremos rumanos". Todos los partidos criticaron duramente al PP catalán, pero Alicia Sánchez-Camacho optó por no sancionar a Albiol.
En Madrid admiten, sigue contando la crónica, que una nueva polémica de este tipo es lo que menos le conviene ahora al partido. La dirección del PP ve con incomodidad el tour organizado para este viernes en Badalona, aunque fuentes populares admitieron a La Vanguardia que no habrá desautorización pública, pero tampoco aplaudirán la iniciativa. Estamos en precampaña en Cataluña, viene a decir la dirección, y aunque no quieren avalar este tipo de citas, tampoco quieren rechazarlas, porque es lo que complace a su electorado. Con esa máxima, el presidente del PP, Mariano Rajoy, preguntado por la polémica en el seno de la Unión Europea en torno a la política de expulsiones de Sarkozy, quiso evitar un pronunciamiento claro al respecto, aunque al final avalara a Francia. En una rueda de prensa celebrada durante su sstancia en Melilla, Rajoy expresó su "respeto" por la decisión del gobierno francés, "que tiene el apoyo mayoritario" de su país, y se manifestó convencido de la legalidad de la medida adoptada por Sarkozy. Hizo especial hincapié, no obstante, en lo que, a su juicio, debe centrar las políticas de inmigración en todos los países de la Unión Europea: orden, control y respeto a la ley. Con el convencimiento de que sólo tendrá éxito esa política si es de verdad una acción común en Europa. El mismo respeto expresó, a su vez, desde bruselas, el jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, después de la celebración del Consejo Europeo. "No se puede juzgar antes de evaluar", sostuvo el presidente del Gobierno, convencido de que Sarkozy cuenta con "argumentos" para defender las polémicas expulsiones. Y teniendo en cuenta que algunos ayuntamientos españoles han expresado en sus últimos años su preocupación ante la llegada de estos colectivos. Por este y otro motivos, pidió "prudencia" a la espera de la resolución del expediente abierto por la Comisión Europea.
Recuerda la Vanguardia que el debate de la inmigración que impulsó el Partido Popular ante las elecciones generales del 2008 ya le hizo un roto electoral al líder del PSOE. Algo que le llevó a endurecer notablemente su discurso al respecto, pero sin que eso llevara a Zapatero a dejar de navegar entre dos aguas. Ahora ha vuelto a mostrar esa ambigüedad. Así, tras dejar a salvo al presidente Sarkozy de cualquier reproche por la polémica expulsión de los gitanos, el presidente del Gobierno aseguró, por una parte, que los asentamientos ilegales de inmigrantes son "una mala práctica". "Siempre hay que estar prevenido e intentar que no se produzcan este tipo de asentamientos", dijo. Menos contemporizador con Sarkozy y la postura del PP se mostró el portavoz del PSC, Miquel Iceta, quien advirtió que los populares "están jugando con fuego", y declaró que la expulsión de los inmigrantes que son ciudadanos europeos "es imposible".
EL JUEVES ARRANCA LA LEY DE ECONOMIA SOSTENIBLE.- Según anuncia una crónica política del diario ABC de este viernes, la ley estrella de José Luis Rodríguez Zapatero, la de Economía Sostenible, echa a andar en el Congreso el próximo jueves, en el debate de totalidad, sólo unas horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2011. Puede ser una casualidad, pero eso no se lo cree casi nadie en el Congreso..., añade el cronista. De entrada, el Gobierno cuenta con el mismo socio para que le salve estas dos leyes: el PNV, que no presentará enmienda a la totalidad en el debate sobre la Ley de Economía Sostenible. Desde que Zapatero se sacó de la chistera esta ley en el Debate sobre el estado de la Nación de 2009, sólo ha recibido críticas por parte de la oposición, que viene rechazando toda la política económica del Gobierno del PSOE, y en concreto el valor que pueda tener esta futurible ley que salió de Moncloa en abril de 2010 y que ha quedado totalmente desfasada por los acontecimientos y la fuerza de la crisis. Ya en diciembre de 2009, cuando Zapatero presentó las líneas generales del anteproyecto, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, lo calificó de «globo publicitario» del Gobierno. Lo cierto, añade ABC, es que el Ejecutivo podría pasarlo muy mal en la votación del próximo jueves, ya que el PP, CiU, IU-ICV y el Grupo Mixto han presentado enmiendas a la totalidad para devolver el texto a la Moncloa. Y es ahí donde aparece otra vez el PNV, socio presupuestario por necesidad imperiosa del Gobierno, y ahora también salvador de la Ley de Economía Sostenible. Fuentes próximas al Grupo Vasco han asegurado que esta ley no está vinculada a los Presupuestos, que se negociarán de manera separada. Erkoreka y sus diputados están «peinando» el articulado del proyecto de ley para negociar con el Gobierno su contenido y vigilar de cerca que no se produzca «invasión» competencial. Además del PNV, los tres diputados de ERC tampoco han presentado enmienda a la totalidad. Junto a ellos, el Gobierno cuenta con los votos de Coalición Canaria (dos) y UPN (uno), que no respaldarán, previsiblemente, las enmiendas a la totalidad. Con la izquierda de la Cámara (a excepción de ERC), el PSOE sabe que no puede contar, y menos en vísperas de la huelga general del día 29. No obstante, el Grupo Socialista tiene previsto presentar, antes del debate, un paquete de enmiendas parciales para corregir el desfase del proyecto de ley. Si esas enmiendas logran dar la vuelta por completo al texto, en el Grupo catalán de CiU no se descarta una retirada de su enmienda a la totalidad en el último momento. En todo caso, todos los grupos están dispuestos a negociar más adelante el proyecto, artículo por artículo, para tratar de mejorarlo. La portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha expresado su temor a que la Ley de Economía Sostenible se transforme en una Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, donde se incluyan nuevas tasas e impuestos. Mientras tanto, la negociación entre el Gobierno y el PNV sobre transferencias al País Vasco, previa al futuro acuerdo presupuestario, continúa. «Las sensaciones no son malas», dicen en el PSOE. «Por ahora, ni frío ni calor», resumen en el PNV.
Los pasillos y despachos del congreso funcionan a tope esta temporada...
¿CUÁNTO SUBIRÁ LA LUZ?.- Hay bastante unanimidad en el anuncio de que, en octubre, dentro de unos días, subirán las tarifas de la luz. Pero no existe, ni mucho menos, unanimidad sobre cuánto, en qué porcentaje se producirá tal subida. El País dice que Industria prevé una mínima subida- En La Vanguardia se indica que el recibo eléctrico podría subir un 4 por 100. Habla La voz de Galicia de “cerca de un tres por ciento”... En el diario ABC se asegura que, en una nota oficial, el Gobierno admite que debiera subirse... un 60 por 100, si bien se explica que el Ministerio asegura que con los precios aprobados en el pasado mes de julio no se superaría el umbral del déficit de tarifa (la diferencia entre los ingresos obtenidos por el recibo de la luz y los costes que soporta el sistema), que este año está fijado en un límite de 3.000 millones de euros, pero al mismo tiempo introduce un escenario más realista que reconoce explícitamente la existencia de un «agujero negro» en el sistema eléctrico español. Y añade que las compañías recogieron con estupor el texto elaborado por el Ministerio, ya que dibuja un panorama que maneja dos alternativas extremas, el todo o la nada: por un lado opta por no subir los precios y por otro reconoce que podría ser necesario un espectacular incremento de hasta un 60%. Y es que Industria -sigue contando ABC- propuso a la CNE no subir en octubre los peajes de acceso, única parte del recibo de la luz que fija el Gobierno. Ello no implicará que el recibo no experimente una pequeña elevación. Los peajes o tarifas de acceso remuneran costes regulados del sistema eléctrico, como las primas a las renovables, el transporte o la distribución, y las pagan todos los consumidores de electricidad. En el caso de la tarifa TUR, Tarifa de último recurso, a la que pueden acogerse usuarios con potencias inferiores a los 10 kilovatios (hogares y pymes), los peajes constituyen uno de los componentes utilizados para su cálculo, junto a los impuestos y al precio de la energía, que se determina mediante subastas (Cesur). Está previsto que la próxima se celebre el 23 de septiembre y, aunque todos los previsiones apuntan a un alza, éste sería, en todo caso, moderado.
En el documento remitido a la CNE, Industria propone mantener las tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución que entraron en vigor el 1 de julio, tanto para los grandes consumidores como para los usuarios domésticos. Días antes de esa fecha, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, anunciaron que habían acordado no aplicar el alza de la luz previsto para julio, lo que obligó al Ejecutivo a bajar los peajes en contra de su propuesta inicial. En esta ocasión, la congelación de los peajes facilitará la moderada subida del recibo. Desde julio de 2009, la única herramienta que permite al Gobierno jugar con el precio de la luz son los peajes, pues la otra parte del recibo depende del coste de la energía en el mercado mayorista eléctrico (pool) o del resultado de las Cesur. Desde el sector entienden que la decisión del Gobierno de no incrementar en esta ocasión los peajes de acceso supone un intento de acercar posturas con el PP para tratar de cuajar un pacto de Estado en materia energética que, en su primer intento, acabó en desencuentro y sin cumplir ninguna expectativa de una industria que sigue lastrada por la incertidumbre. La variación normativa que el Gobierno implantó antes del verano para poder revisar los precios a discreción en vez de cada seis meses no fue si no otro elemento de distorsión. De hecho, Miguel Sebastián fue claro el miércoles en el Congreso al referirse a la negociación con los populares. El diálogo «tiene que acabar pronto», porque «el tiempo se nos ha acabado y ha llegado el momento de tomar decisiones», sentenció el ministro. Señala también ABC que mientras, los consumidores comienzan a ponerse la venda, Facua aseguró que «en ningún caso estaría justificada una subida de tarifas en octubre», a la vista de la «boyante situación del sector eléctrico» y la «cada vez mayor oscuridad sobre el déficit de tarifa».Un portavoz de la asociación señaló que «el Ministerio debe aprobar la congelación de toda la estructura tarifaria, tanto fija como variable, y el precio del kilovatio no debe subir más este año».
Pero pocos dudan de que la subida está al caer...
VICTORINO ALONSO, EL REY DEL CARBON .-Es indudable que las minas de carbón leonesas, o asturleonesas, han vuelto a tener un protagonismo que no tenían desde hace años, por razón de la deuda que vienen acumulando sus mineros y cuyo pago reclaman con su anuncio de huelga. Por encima de cualquier otro, hay un empresario muy conocido, el auténtico “el empresario del carbón en España”, como le denomina El Confidencial, que ha facilitado un perfil del personaje: Inició su andadura en este negocio tras heredar algunas minas de su padre y un cuarto de siglo después Victorino Alonso (58 años) representa casi a la mitad de esta industria. Celoso de su imagen pública, su ascenso a la meca del carbón está rodeado de misterio, sobre todo cuanto más se remonta en el tiempo. Con los años, sin embargo, ha medida que ha crecido su fortuna, ha alcanzado un estatus de empresario respetado, ascenso que ha culminado con la presidencia de Carbunión, la patronal del sector. Convertido en todo un poder fáctico en León y Asturias, las principales regiones mineras del país, Victorino Alonso ha saltado a la palestra por las huelgas y encierros efectuados por mineros de sus compañías, que acumulan retrasos en el pago de las nóminas desde el pasado mes de julio. Las protestas han subido de tono, una vez que los afectados comenzaron a realizar barricadas y cortar vías de comunicación como la A-6, que une Madrid y Galicia. Un clima de tensión que, lejos de incomodarle, el empresario utiliza como palanca negociadora. Esta semana, en la comparecencia que efectuó en Gijón, el propio Alonso reclamó al Estado un Programa Financiero que sirva para aliviar la situación económica de las empresas e instó al Ejecutivo a que aprobara, de manera urgente, el Real decreto del Carbón, que España. A su vez, reclama a la Comisión Europea. Zapatero se lo recordó este jueves a Durao Barroso en bruselas. Un Decreto destinado a incentivar el consumo de carbón nacional y a obligar a las eléctricas a quemar ese mineral. Sin embargo, la norma, cuya aprobación estaba prevista para el pasado mes de diciembre del año pasado, está bloqueada en Bruselas y puede volver modificada. Explica El Confidencial que la postura que mantiene Carbounión no ha sentado bien en Madrid. A pesar de su relación de paisanaje y amistad con el presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, que se comprometió a mantener con vida al carbón nacional, el impago de las nóminas ha sido interpretado como medida de presión para sacar los mineros a la calle. Por este motivo, el pasado miércoles, desde el ministerio de Industria, el titular Miguel Sebastián calificó de inusual e inaceptable esta actuación y anunció que se investigará el destino de los 367 millones que han recibido desde julio de 2009 en ayudas.
Pero Alonso es todo un experto en manejar las cuentas de resultados de sus compañías y utilizarlo como herramienta para negociar ayudas. Recuerda el periódico de Internet que, bajo mandato del PP, el secretario de Estado de Industria, Nemesio Fernández-Cuesta, llegó a explicar en el Congreso que "es difícil de entender que el grupo de empresas compuesto por 14 sociedades presentara el pasado año (1996) unas pérdidas de 246 millones de pesetas con unas ventas globales de 49.399 millones y unos recursos propios de 10.000 millones y que mantenga en fase expansiva el negocio". La misma complejidad de su entramado societario se traslada a su patrimonio. Como se supone, Alonso es una de las mayores fortunas de las comarcas mineras, además de un importante terrateniente, con varios miles de hectáreas en fincas de caza repartidas en Cáceres y Huesca, con las que también ha tenido problemas. Sin embargo, el tamaño de su fortuna se desconoce. Casi ninguna propiedad, al margen de las compañías mineras y los negocios auxiliares, figura a su nombre. Sus intereses patrimoniales están representados por terceras personas, como su asesor Antonio Francisco de la Fuente. Esta opacidad quedó demostrada durante otro episodio de los noventa, cuando un informe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil revelaba que el empresario leonés, declarado insolvente por varios juzgados, poseía un ¨entramado de unas treinta empresas, con un valor real de cerca de 20.000 millones de pesetas, un capital social superior a los 2.000 millones y un movimiento de dinero en suministros de unos 40.000 millones¨. La Guardia Civil se mostraba extrañada de "que sin patrimonio conocido ni socios capitalistas, un señor que poseía 40 acciones de Hullas de Barruelo y un ciclomotor en 1989, que manifiesta vivir de las propinas del padre, fuera ya gestor de ese emporio. También de aquella época se remonta un conflicto con las eléctricas, sus principales compradores del carbón. En 1993, Unión Fenosa denunció a Victorino Alonso por suministrarle carbón de mala calidad, extranjero, pero que comercializaba como autóctono y, por lo tanto, con derecho a prima. Después de que este proceso se archivara en alguna ocasión, finalmente el Tribunal Supremo falló el pasado mes de marzo a favor de la eléctrica y contra el empresario, al que obliga a pagar de 14 millones de euros de indemnización. Con todo lo dicho, su último gran frente tiene que ver con la mina a cielo abierto que explota en León. Tras la pasividad regulatoria de la Junta de Castilla y León y del propio ministerio de Industria, tuvo que ser Bruselas -hace casi tres años- quien mandara detener las obras y retirar las máquinas. Finalmente, el Tribunal Supremo se atrevió de nuevo con Victoriano Alonso, y la Fiscalía instó una investigación por presuntos hechos delictivos de carácter urbanístico y medioambiental. Aunque esta derrota parcial no significa que haya perdido la batalla judicial.
Personaje controvertido para un sector conflictivo...
EL CONTROVERTIDO RELEVO DE LA PRESIDENTA DEL CIS.-Los medios informativos han dado por hecho que el Consejo de Ministros de este viernes tenía entre sus acuerdos el de proceder al relevo de la presidencia del Centro de Investigaciones Sociológicas. Unos diarios sostienen que se trata de un relevo pactado, y otros adivinan o describen “ambiente de bronca”, en este relevo. Es la versión, por ejemplo, que proporciona el diario Público, que suele tener excelente información de lo que sucede en el gobierno. Pues bien, este diario anunciaba el relevo “salvo sorpresa de última hora”: la destitución de Belén Barreiro como presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a propuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. Y añadía que la vicepresidenta, de la que depende orgánicamente el CIS como ministra de la Presidencia, decidió prescindir de Barreiro de manera fulminante, aunque desde su departamento se intentó presentar el relevo como "un cambio pactado que se produce dentro de la normalidad, como cuando ella sustituyó a Fernando Vallespín", según indicaron fuentes próximas. Sin embargo, según pudo corroborar Público, la decisión de Fernández de la Vega desató una fuerte tormenta interna dada la profesionalidad acreditada por Belén Barreiro, bajo cuyo mandato el CIS se ha fortalecido como un auténtico Centro de Investigaciones Sociológicas. Los intentos de frenar la destitución, procedentes tanto de destacados miembros del Gobierno como del PSOE, chocaron con la determinación de la vicepresidenta primera. A primera hora de la noche, se filtró la noticia para bloquear una posible marcha atrás. En el trasfondo de la decisión están las diferencias que desde hace tiempo mantenían De la Vega y Barreiro sobre la forma de dirigir el CIS y otras cuestiones más técnicas relacionadas con la elaboración de los estudios de opinión. Uno de sus últimos desencuentros se produjo antes del verano por las presiones que ejerció la vicepresidenta para modificar las fechas previstas para realizar el trabajo de campo de una de las encuestas, según aseguran fuentes conocedoras de las divergencias que han marcado su relación. A pesar de las acusaciones del PP, que intentó lanzar contra ella una campaña de desprestigio, Barreiro nunca se ha plegado a las exigencias de someterse al control político de la vicepresidenta y ha defendido hasta el final su autonomía, lo que finalmente le ha costado el cargo. Lo mismo le ocurrió a su predecesor, Fernando Vallespín, que llegó al puesto después de haber colaborado con José Luis Rodríguez Zapatero en la oposición. La última etapa de Vallespín al frente del CIS estuvo marcada por divergencias con Fernández de la Vega que le llevaron a regresar a la actividad docente como catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma. Barreiro asumió la dirección del CIS después de trabajar como vocal asesora en el Departamento de Análisis y Estudios del Gabinete de Presidencia del Gobierno desde mayo de 2004, tras la primera victoria electoral de Zapatero, bajo la dirección de José Enrique Serrano. Doctora en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, se la considera adscrita a la Escuela de Sociología del ex ministro José María Maravall, con el que colaboró en el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones. También colaboró activamente con la Fundación Alternativas, cercana al PSOE. El elegido para sustituir a Belén Barreiro es Ramón Ramos, a quien desde la vicepresidencia primera se presentó como "un catedrático de Sociología bastante prestigiado". Ramos, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, fue jefe de Servicios del Gabinete Técnico del CIS entre 1983 y 1984. Es investigador visitante en el Departamento de Sociología de la Columbia University de Nueva York (USA) y en el Centre de Recherche en Épistémologie Appliquée (CREA) de la École Polytechnique de París (Francia). También es miembro del consejo editorial de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS), publicación trimestral del CIS, y responsable del área de sociología en Revista Libros.
Algo más llegaremos a saber del inesperado relevo en el CIS...
900 MILLONES PARA POLÍTICA JUVENIL DE LA XUNTA.-Explica este viernes el diario La Voz de Galicia que “el Gobierno de Feijoo tira de ingenio” para vestir sus políticas en tiempo de crisis. Y cuenta que, en un contexto marcado por las fuertes restricciones presupuestarias, que obligarán a la Xunta a recortar 1.000 millones de las cuentas del 2011, el Ejecutivo apuesta por promover estrategias transversales que permiten concentrar las actuaciones de un mismo ámbito en un plan para toda la legislatura con el que aglutina inversiones significativas. Así lo hizo, por ejemplo, al englobar todas las medidas de acceso y desarrollo de las nuevas tecnologías en la Agenda Digital, con la que prevé movilizar 935 millones de inversión pública y 700 de participación privada hasta el 2014, y así lo hará también al unificar su política juvenil en un plan en el que invertirá 900 millones en tres años. El diario relata que Feijoo anticipó este jueves, en su comparecencia posterior al Consello de la Xunta, que la bautizada como Estratexia Xuventude 2013 volcará 500 de esos 900 millones de inversión pública en las políticas de empleo. Se trata de favorecer la inserción laboral de uno de los segmentos de población más castigados por la recesión económica. Así lo acredita el Instituto Galego de Estatística (IGE) en su reciente encuesta anual sobre las condiciones de vida de las familias, donde puso de manifiesto que tres de cada cuatro jóvenes gallegos de 18 a 29 años se ven abocados a seguir viviendo con sus padres. El 33% de ese colectivo de 300.000 personas no tiene empleo, y el 27,6% cobra por su trabajo 600 euros o menos. El presidente señaló, a preguntas de los periodistas, que las medidas para aliviar esa inquietante realidad se concretarán en el marco del diálogo social. Además del empleo, la estrategia juvenil de la Xunta establece otros ocho ejes de actuación: educación, vivienda, movilidad, participación, voluntariado, información y formación, salud y deporte, y espíritu empresarial, que suman más de 240 medidas a desarrollar hasta el 2013. Se indica a continuación que, a falta de que el Gobierno precise el contenido de esas actuaciones, Feijoo evidenció en el anuncio del plan que recogerá políticas que ya se están aplicando. Es el caso del plan Aluga, con el que la Administración fomenta el alquiler de viviendas. La Xunta mantendrá unas subvenciones que pueden cubrir hasta el 70% de los contratos de arrendamiento para los jóvenes menores de 30 años. Recordó, además, que los que tienen menos de 35 pueden beneficiarse de las rebajas fiscales impulsadas por su Gobierno para la compra de vivienda, con un ahorro estimado de 6.000 euros al adquirir un piso de 180.000. En el plano de la movilidad, Feijoo destacó que esta estrategia ampliará el programa de prácticas en empresas en el extranjero y triplicará los intercambios culturales entre distintos países. Adelantó que las ayudas para iniciativas juveniles aumentarán un 200%. Feijoo, que vistió la decisión de impulsar la actividad deportiva con el eslogan «Más deporte y menos botellón», comprometió para el primer semestre del 2011 la presentación del proyecto de la que será la primera ley de la historia de la autonomía para este colectivo. Afirmó que la estrategia recoge propuestas de más de 20.000 jóvenes.
BLAHNIK: ZAPATOS DE 500 A 4.300 EUROS.- ¿Sabe usted qué es un Manolo? ¿Y qué es un Blahnik? Son la misma cosa, como probablemente usted sepa. Dos formas para denominar a los más famosos zapatos del mercado. Sobre el personaje ha proporcionado este viernes un iluistrativo reportaje el diario El País, que empieza afirmando que con Manolo Blahnik es fácil hablar de cualquier cosa menos de zapatos. El interés por todo lo que se mueve, siempre que esté relacionado, aunque sea remotamente con la belleza, acapara su energía, que es mucha -"soy hiperactivo"-, y su tiempo, que también es mayor que el de los demás, pues solo necesita dormir cuatro o cinco horas para sentirse bien. La reportera de El País relata un almuerzo con el famoso “Manolo”, en el que conversan de Fidias, Tiepolo, Balzac, Filoctetes, los Madrazo, Visconti, Turner, Mahfuz y otros genios por el estilo, mezclados en una apasionada anarquía verbal .
Se relata seguidamente en el trabajo que Blahnik (nacido en Santa Cruz de la Palma, 1942) es el zapatero más famoso del mundo. Desde 1971, cuando abrió tienda en Londres, millones de mujeres admiran sus zapatos y algunas incluso los compran, previo pago de 520 euros -los más baratos- hasta 4.300, los confeccionados con piel de crías de cocodrilo. "De granja", apostilla.. Iba para diplomático. Su padre, un checo que conoció a la madre -hija de terratenientes plataneros- al atracar su crucero en Santa Cruz, le envió a la escuela diplomática de Ginebra. "Aguanté un semestre. No se imagina qué aburrimiento". Tanteó oficios de corte bohemio y al final se especializó como fotógrafo de moda. Fue el puente hacia un sector donde controla varias fábricas en Milán y 182 puntos de venta. Era ya un diseñador legendario -Jackie Onassis fue clienta fiel- cuando Sarah Jessica Parker le popularizó a escala planetaria. Su famosísima serie de televisión Sexo en Nueva York es un canto de amor rendido a los manolos. Lady Gaga -"uff, que mujer tan manufacturada"- los cita en sus canciones y Madonna colgó en la web: "Los manolos son mejores que el sexo". "Me temo que es lo que tendré que escribir sobre mi tumba", dice riéndose. Es alérgico a la uva fermentada y la cocina no le entusiasma., algo raro en una personalidad tan heterogénea y apasionada: "Cuando vi El Gatopardo quise ser director de cine. Del Partenón vinieron mis estudios de arquitectura. Con Benito Pérez Galdós y Stefan Zweig, que mamá nos leía de pequeños a mi hermana y a mí, quise ser escritor. Siempre me pasa. Me enamoro de las cosas. Ahora estoy leyendo Bouvard y Pécuchet, de Flaubert, y quiero ser jardinero". Conocida su pasión por Zurbarán, la National Gallery le cedió el cuadro de santa Margarita para una exposición en Londres. "Lo puse en una gran pared. Y debajo coloqué un par de mis estúpidos zapatitos. El conjunto era bonito. Pensaba: ahí está el maestro, y debajo, mi estupidez". Cada enamoramiento se refleja en su obra. "Quiero los colores de El Gatopardo", ordenó a su taller. Comenta que García Lorca le ha dictado los tonos del modelo Madrid, que acaba de ser presentado "El matiz del albero, el malva y los granas están en el Romancero gitano. Me limito a copiar". Un sistema que ha aplicado en 25.000 diseños, algunos objeto de obsesión. "Sé que en Hollywood hay quien tiene 500 pares de manolos. Qué disparate. Yo hago zapatos para durar. Comprar muchos resulta obsceno".
Hay propietarias de 500 pares de “manolos”. ¿Se imagina?
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