OTRO COMUNICADO DE ETA, MURIÓ LABORDETA, EL PP VALENCIANO, RECORD DE IMPUTADOS, REDING, LA MÁS CONTROVERTIDA

ETA RECLAMA UNA RESPUESTA INTEGRAL NEGOCIADA.- Conforme de anunció con ocasión del anterior mensaje de ETA, antes de que acabara septiembre, la banda daría a conocer un nuevo comunicado en el que concretaría algo más sus propósitos, que habían quedado sin aclarar con el anuncio del alto el fuego, y que a todos había dejado insatisfechos. Pues bien, la banda terrorista ETA remitió este sábado a 'Gara' y 'Berria' un nuevo comunicado en el que trata de satisfacer a los firmantes de la Declaración de Bruselas mostrándose dispuesta a analizar conjuntamente los 'compromisos' reflejados en el documento , que exige a ETA un alto al fuego "permanente" y "verificable" y la asunción de los principios Mitchell. En este nuevo anuncio, tras el comunicado que emitió hace trece días, y en el que la banda armada decidía no llevar a cabo "acciones armadas ofensivas", ETA concreta que cuando se dio a conocer la Declaración de Bruselas, en marzo, ya se había entrado en ese escenario y había dado la orden de "cese de sus acciones a los grupos operativos". La banda terrorista asegura que el Gobierno español "había ocultado" que sabía que ETA había interrumpido sus atentados y que en ese semestre, "los Estados español y francés se han mostrado sordos y se han aferrado a la vía estéril de la represión". La banda, en realidad, no hace público ningún movimiento relevante. En su mensaje se dirige a los mediadores, coordinados por Brian Currin, les agradece su intervención y les anuncia que está dispuesta a sentarse con ellos. Eso sí, no parece que con la intención de que verifiquen su 'alto el fuego', sino para que participen en el proceso para resolver de forma "permanente, justa y democrática este conflicto". Dejando claro, eso sí, que para que se éste se supere, "más allá de pasos parciales, es necesaria una propuesta integral". Para un resolución definitiva, advierte que ésta debe construirse con los compromisos de todas las partes y debe desarrollarse mediante la negociación". Como señala El Mundo, el contenido del comunicado se asemeja, en el fondo, al anterior y reclama que el Gobierno se siente a negociar respetando lo que la banda denomina 'mínimos democráticos', entre los que se encuentra la legalización de Batasuna. El texto deja en evidencia el esfuerzo de ETA por parecer dispuesta a actuar de buena fe y por dejar al Gobierno en mal lugar con la siguiente frase: "Ante la cerrazón de Francia y España, ETA ha hecho zarpar de nuevo el barco de la oportunidad para la resolución democrática del conflicto. Y ha tomado la decisión sin echar el ancla, con disposición de navegar en aguas más profundas". "No es suficiente, le dicen (a ETA); es suficiente, gritamos nosotros. ¡Dejen a Euskal Herria decidir su futuro en paz!". Para ETA, el discurso del "no es suficiente se está convirtiendo en insuficiente. Cada vez que hay una oportunidad el Gobierno español ve peligro". Así, ha criticado que tras su comunicado de hace dos semanas "la primera decisión del Gobierno fuera prohibir" la manifestación que se iba a celebrar en Bilbao el sábado pasado. ETA ha reprochado a los sucesivos gobiernos porque han puesto la "lucha armada" como "excusa, afirmando que mientras haya lucha armada no puede haber solución alguna". Sin embargo, "cada vez que ésta se ha interrumpido han dejado perder la oportunidad. Al parecer, con lucha armada no hay opción, y sin lucha armada ya no hay necesidad". En su respuesta a la Declaración de Bruselas, aunque ETA dice que es consciente de que la clave de la solución reside en Euskal Herria, ETA valora como "muy importante" la aportación internacional. La banda terrorista argumenta que "el conflicto de Euskal Herria con los Estados español y francés se asienta en profundas razones políticas. Por eso, para superar el conflicto hace falta, más que pasos parciales, una propuesta integral que recoja las raíces del conflicto y desate sus nudos". Para que se produzca una superación "definitiva" del conflicto, debe "construirse en torno a compromisos multilaterales y desarrollarse a través del diálogo y de la negociación. Si hay voluntad democrática, hoy y aquí es posible solucionar el conflicto". La banda dice que "frente a la cerrazón de España y Francia, ETA ha hecho zarpar de nuevo el barco de la oportunidad para la resolución democrática del conflicto, y ha tomado la primera decisión sin echar el ancla, con disposición a navegar en aguas más profundas". Según ETA, "no son pocos los nuevos Estados que han surgido en el corazón de Europa y que han encontrado la aceptación internacional". Para la banda terrorista, "la Historia ha dejado una enseñanza principal a Euskal Herria: que las seudosoluciones de hoy son la fuente de conflictos futuros. Por eso, hoy ceder condena a nuestros hijos mañana". "Es difícil entender la lucha armada en Europa -ha admitido ETA- pero ¿no es más difícil de entender que a los ciudadanos vascos se les niegue el derecho a decidir su futuro libre y democráticamente?", se ha preguntado.
VALENCIA, UNA COMUNIDAD DIRIGIDA POR POLÍTICOS IMPUTADOS.-El caso Brugal , una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en Alicante, ha terminado por convertir al PP de la Comunidad Valenciana en una formación dirigida por políticos imputados. Es la conclusión a la que llega el diario El País, que ha seguido por particular atención los casos de corrupción que se han desarrollado en las tres provincias de la Comunidad. A fecha de hoy, los populares valencianos tienen más de 25 cargos públicos imputados, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps , y los presidentes provinciales de Castellón, Carlos Fabra , y Alicante, José Joaquín Ripoll , a la cabeza. El 'caso Fabra', el Gürtel y el Brugal, los tres casos de corrupción más llamativos, condicionan la acción institucional. El presidente de la Diputación de Alicante es el último implicado. Esa cifra de 25, incluye diputados, alcaldes y cargos de la Administración local y autonómica del PP en activo, a los que, previsiblemente, se unirá alguno más a medida que avancen las investigaciones judiciales en curso. La gran mayoría de ellos están imputados por su vinculación a casos de corrupción, aunque la cifra también incluye algún imputado por delitos de otra naturaleza. El caso Fabra , el caso Gürtel y el caso Brugal son los tres mojones que condicionan la actividad institucional del PP del norte al sur de la Comunidad Valenciana, pese a gobernar con amplias mayorías absolutas en la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y las principales ciudades, incluidas las capitales. Sin embargo, la sucesión de los escándalos que afectan al PP valenciano ha sido de tal magnitud, en los últimos meses, que ha hundido la moral de un partido que –como relata el cronista de El País-, ha llegado a proyectar la película Invictus a sus diputados para insuflarles nuevos ánimos. El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, José Joaquín Ripoll, ha sido el último de los altos cargos imputados. El juez que investiga el caso Brugal considera que hay indicios de que puede haber cometido los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios. Junto a él, la secretaria provincial y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, otros dos alcaldes de pequeños municipios, seis concejales y varios ex concejales completan el paquete de cargos populares imputados. En esta investigación también está imputado Antonio Amorós, suspendido de militancia por el PSOE y apartado de sus competencias en la Corporación.
La imputación de la cúpula de Alicante ha tenido, además, otra consecuencia: ha hecho caer en el olvido las apelaciones de Ripoll al código ético del partido para afrontar el deterioro de imagen de los populares valencianos a raíz del caso Gürtel. Es más, el presidente de la Diputación de Alicante, enfrentado hasta su imputación a Francisco Camps, se guarece ahora bajo el mismo paraguas argumental que el resto de imputados del PP valenciano. "Defendemos la presunción de inocencia. Los únicos capacitados para juzgar son los jueces. Ni los informes policiales, ni los políticos, ni los medios de comunicación", afirma la portavoz del Gobierno valenciano y directora de la campaña electoral del PP regional, Paula Sánchez de León, que añade: "Mientras no haya sentencia firme, actuaremos con respeto a estos principios". Un argumento esgrimido sistemáticamente por la Generalitat y el PP regional, que se ha convertido en un estribillo desde la imputación del presidente valenciano por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio -por recibir trajes regalados por la trama corrupta del caso Gürtel-. Junto a Camps están imputados en la misma causa quien fue su mano derecha, el ex secretario regional y diputado autonómico Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. A Costa, que hasta la fecha ha sido la única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, le fue levantada la suspensión de militancia en el PP el pasado día 3. Y todo apunta a que el presidente del partido, Mariano Rajoy, no impedirá que los populares valencianos incluyan imputados en las listas electorales, a diferencia de lo decidido en Baleares. Aliviado por los buenos sondeos demoscópicos que mantiene el PP en la Comunidad Valenciana, Rajoy prefiere obviar los escándalos, aunque desde hace un año ha evitado coincidir con Camps, más allá de lo estrictamente imprescindible.
Según se indica en la información de El País, la situación de los populares valencianos corre el riesgo de agravarse con nuevos imputados si, finalmente, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consigue que el TSJ de Valencia se haga cargo de la investigación que afecta a otros aforados valencianos y que está relacionada con la supuesta financiación ilegal del PP. En su auto aparecen mencionados, entre otros, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, y el vicesecretario de Organización del PP, David Serra. La situación en Castellón no es mucho mejor. El presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, está a las puertas de sentarse en el banquillo. Para Fabra -cuya influencia política en la Comunidad Valenciana convirtió el código ético del PP en papel mojado- las acusaciones piden hasta 20 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales. La posición de su entorno también es mala. El vicepresidente segundo, Vicent Aparici, se sentará en el banquillo el 23 de noviembre por un delito de vertidos tóxicos y prevaricación ambiental por el que la fiscalía pide siete años de cárcel, y dos alcaldes de la provincia están pendientes también de la justicia. Pese a todo, ninguno de los más de 25 cargos imputados ha querido renunciar a su responsabilidad política antes de acudir al juzgado. En el referido trabajo periodístico, se enumera a los cargos populares emplazados por la justicia en la Comunidad Valenciana. En Alicante, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; los alcaldes Mónica Lorente (Orihuela), Antonio Lorenzo (Algorfa), Javier Pérez Trigueros (Callosa del Segura), José Arronis (Rafal), José Manuel Gálvez (Jacarilla), Pedro Ángel Hernández Mateo (Torrevieja) y Ana Kringe (Dénia); los concejales Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez (Orihuela), Francisco Lancharro (Pilar de la Horadada) Aurelio Murcia (Bigastro), Juan José Moragues (Xàbia), Juan Cano (Polop), Juan Roselló (Calp) y Andrés Llorens (Alicante) y Javier Bru (Albatera) – Enb Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra; el vicepresidente de la Diputación Vicent Aparici y los alcaldes de Alcalà, Francisco Juan Mas, y de Borriol, Adelino Santamaria. – Yen Valencia, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret por Gürtel. Y, por otro caso distinto, el edil Jorge Bellver (Valencia).
Pero ni Rajoy ni Cospedal quieren “meter mano”, o no se atreven, en una de sus comunidades más prósperas y que más apoyo dieron al presidente del PP con ocasión del Congreso que lo reeligió…
MURIÓ LABORDETA, CANTANTE Y POLÍTICO.- En realidad, la noticia de su muerte no ha sorprendido demasiado. Desde que, hace cuatro años, le fuera descubierto un cáncer de próstata, Labordeta procuraba hacer vida corriente, pero no siempre le resultaba sencillo. Finalmente, el cantautor, político y escritor José Antonio Labordeta moría este domingo en Zaragoza, a la edad de 75 años, tras una larga enfermedad, según informaron fuentes de la Chunta Aragonesista (CHA), con el que el también llamado "El Abuelo" fue diputado en el Congreso durante dos legislaturas (de 2002 a 2008). Labordeta falleció en torno a la una de esta madrugada en el Hospital Miguel Servet de la capital aragonesa al que fue trasladado esta misma semana al agravarse su estado de salud, que lo tenía postrado en su casa desde hace varios meses. Quinquiera que lo llegara a conocer lo describirá, como hace El País, como personaje socarrón y descreído, con un hueco destacado en los informativos de todo el país en marzo de 2003 cuando, en un debate con el entonces ministro de Fomento, Francisco Alvarez Cascos, mandó literalmente "a la mierda" a la bancada popular, que le impedía hablar y se burlaba de él, con referencias despectivas a su participación en el programa de TVE Un país en la mochila, una serie de reportajes en los que Labordeta mostró aspectos íntimos y poco conocidos de diferentes pueblos de España. Labordeta presentó en mayo pasado su último libro, Regular, gracias a Dios, una obra ya marcada por el cáncer de próstata que le detectaron, en el que expresa su gratitud a su familia, a los amigos y los sanitarios que le atendieron en esta etapa. Se trata de un texto escrito "a tajos" como él decía, y el título lo extrajo de una frase acuñada por un compañero marroquí del hospital. "Es la explicación menos dolorosa y más ajustada que he encontrado para responder a todos los que se interesan por mi mermada salud", decía Labordeta. Siempre rodeado de buenos amigos y por su familia, desde octubre del año pasado su salud había empeorado y había tenido que ser hospitalizado en alguna ocasión, momentos en los que estuvo arropado por su esposa y sus tres hijas. El último acto público que protagonizó fue el pasado día 6 de septiembre, cuando los ministros de Defensa, Carme Chacón, y Educación, Angel Gabilondo, le entregaron en su casa la Gran Cruz de la Orden Civil Alfonso X El Sabio, un reconocimiento que el Gobierno le concedió por su sabiduría, su pasión, sus convicciones y su defensa de la libertad y el pueblo -motivos por los que también le otorgó la medalla al Trabajo-. Nacido en Zaragoza el 10 de marzo de 1935, Labordeta, licenciado en Filosofía y Letras, se dedicó inicialmente a la docencia en la Enseñanza Media y, a lo largo de varias décadas, también a la música, la política y la televisión. Su carrera musical comenzó en 1974 con el álbum Cantar y callar y pronto fue reconocido como una de las voces comprometidas con la democracia al final de la dictadura franquista. Llegó a la canción por deseo de dar mayor audiencia a sus versos, y consiguió que algunas de sus canciones, como El canto a la libertad, Banderas rotas o La albada, se convirtieran en himnos de una tierra, Aragón, a la que cantó con melancolía. Sin embargo, fue más conocido por su faceta de cantautor, que compaginó con la docencia hasta que en 1986 solicitó una excedencia para dedicarse a la música cuya temática principal es Aragón. También hizo alguna incursión en el cine con pequeños papeles en Réquiem por un campesino español, aunque en las pantallas destacó más en televisión, sobre todo con la serie de documentales para TVE Un país en la mochila, en la que recorría multitud de pueblos de España y que obtuvo numerosos premios. Labordeta también se dedicó a la literatura, con varios libros de poemas, y en 2009 publicó Memorias de un beduino en el Congreso de los Diputados. En su faceta política fue militante del Partido Socialista de Aragón (PSA) y en las elecciones generales de 1977 fue candidato por Unidad Socialista al Congreso de los Diputados; en 1979 se presentó como candidato independiente al Congreso por el Partido Comunista de España y en 1989 fue candidato de IU al Senado por Zaragoza. También fue candidato de la Chunta Aragonesista (CHA) en las elecciones de marzo de 1996. Finalmente, fue elegido diputado de las Cortes de Aragón por CHA en las autonómicas de junio de 1999, cargo que abandonó al conseguir asiento en el Congreso en 2000 y repetir en las generales de 2004. En 2008 abandonó la política.
Caía bien a casi todos, y muchos habrán llorado su pérdida.
LA IMPULSIVA COMISARIA REDING.- A la comisaria Reding le han llegado, por lo menos, sus diez minutos de gloria, o parecido tiempo de infierno. Después de casi una docena de años en la Comisión Europea, ha acumulado muchos errores y alguno de ellos ha colmado determinados vasos de paciencia. Recordar´çan ustedes que el pasado jueves por la tarde, en la cumbre comunitaria de Bruselas, mientras Nicolas Sarkozy reprochaba a José Manuel Durão Barroso la actuación de su comisaria de Justicia, los jefes de Estado y de Gobierno alrededor de la mesa no pedían, precisamente, el turno de palabra para defender a la luxemburguesa. Más bien, había amplio regocijo al verla en dificultades… El conciliador Herman Van Rompuy o la canciller Angela Merkel expresaban respeto a la Comisión en abstracto o a Barroso, pero no había defensa para la atacada ausente. Y no sólo por su desafortunada comparación de las expulsiones de gitanos con las entregas de judíos a los nazis -indefendible-, sino también por su agresividad general y su tozudez al presentar las conclusiones de un expediente antes incluso de haberlo abierto. Coinciden muchos funcionarios bruselenses en que Viviane Reding ha hecho pocos amigos en sus 11 años en la Comisión y, aunque su perseverancia y contundencia han logrado resultados muy apreciables -como la reducción de tarifas de 'roaming' en el móvil cuando era responsable de Telecomunicaciones-, su estilo generalmente estridente ha causado conflictos que dejan huella. El martes, después de sus declaraciones sobre la Segunda Guerra Mundial, ``basta, ya basta``, decía a las autoridades francesas, diplomáticos y funcionarios de varias nacionalidades la describían como "loca". También hay afrentas que resolver con el Gobierno español. La pasada primavera, el Gobierno español también se planteó hacer una protesta formal contra la comisaria por atacar duramente a la Presidencia, en varias entrevistas, en relación a una propuesta española para proteger a las víctimas de maltrato. La vicepresidenta de la Comisión llegó a irritar a Moncloa incluso sobre dossiers en los que ella no tenía ninguna competencia. En marzo, cuando aún no se hablaba de la crisis de deuda más que en Grecia, aprovechó la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE para decir que la crisis de Atenas se convertiría "en un tsunami que podría afectar a España o Portugal". El conflicto se volvió casi personal con Francisco Caamaño, el ministro de Justicia. En una agria y muy pública guerra de competencias y detalles jurídicos, el ministro y la comisaria se enfrentaron, ante las cámaras y ante los colegas, con aspereza descortés. En una rueda de prensa de los dos, Reding llegó a decir que las ideas del ministro estaban llevando a la UE "al infierno", y una reportera pidió calma a los políticos en el estrado. Después de esa tarde de abril en que hasta los portavoces de las partes acabaron a gritos y en que la comisaria se resistió a darle la mano a Caamaño para despedirse, Reding pidió disculpas en privado, pero volvió a contraatacar en público. La luxemburguesa, que acusaba a la Presidencia de "chapucera", amenazó con denunciar la legislación ante el Tribunal de Justicia de la UE incluso antes de que se hubiera aprobado la propuesta. Aquellas escenas son muy representativas sobre la combativa comisaria, que lleva 11 años en la Comisión (éste es su tercer mandato, el primero en Justicia) y nunca ha dudado en utilizar palabras contundentes, y a menudo sorprendentes para la tibia Bruselas, y en defender con vigor sus poderes. En su cartera entre 2004 y febrero de 2010, la de Telecomunicaciones, actuaba a menudo para comerle el terreno a su entonces colega de Competencia, Neelie Kroes. Las dos se metieron en la guerra contra Telefónica y Reding inauguró otra disputa de meses con el Gobierno por los datos sobre el precio de Internet en España, que ella consideraba el más alto de toda la UE, algo que disputaba Francisco Ros, el secretario de Estado del ramo, con quien Reding también tuvo un cruce de acusaciones sobre la información "tergiversada". Como responsable de Telecos, gracias a la mezcla de ego, perseverancia y eficacia de una política profesional, la comisaria sacó una de las legislaciones más populares y prácticas que ha aprobado la UE en años: la bajada de las tarifas de roaming en el móvil, impuesta a las teleoperadoras por Reding, que, como ha hecho ahora con Francia, dijo haber "perdido la paciencia" con las telefónicas que abusaban de los consumidores. Pero, aunque él también pague menos por llamar cuando viene a Bruselas, el jueves, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero no ocultaba su satisfacción al pedir a la impaciente Reding que su "fuerza declarativa" se "contenga en el futuro".
Algunos entienden que ha podido llegar la hora de su relevo. Otros, que por lo menos unas buenas advertencias y recomendaciones, le deberían “caer”, o habrán caído ya, de sus superiores. Si tuviera superiores y éstos ejercieran e impusieran alguna disciplina.…