CANPS DOMINA Y CRISPA LA CONVENCIÓN DEL PP. LAS PROBLEM´ÇATICAS FOTOS CON RAJOY Y COSPEDAL

CAMPS DOMINA, Y CRISPA , EL ESCENARIO AL PP.- No hay duda de que el presidente, candidato e imputado valenciano Francisco Camps suscita atenciones singulares por donde pasa. Esta vez, y según nos relatan los cronistas desde Palma de Mallorca, también ha sucedido de ese modo, y el candidato ha demostrado hasta qué punto su mera presencia domina la escena y pudiera llegar a distorsionar la campaña de las autonómicas, una eventualidad que temen los barones del Partido Popular, por lo que la mayoría en el PP se muestra en privado en contra de que Camps sea, finalmente, el candidato. Es decir, y en todo caso, Camps es un candidato incómodo y con resultados inciertos. Incómodo, sobre todo, para Rajoy, que ha dudado de manera permanente entre la doble opción: prescindir por culpa de sus implicaciones en el Caso Gurtel -la aceptación de regalos de trajes, chaquetas, camisas, zapatos, corbatas- o el propio personaje, que se ha esforzado en “cobrar la factura” que, en su momento, el Congreso de Valencia, dio a Rajoy en forma de apoyo decisivo. Según los mejor informados del Partido, Rajoy hubiera querido prescindir de Camps, entre otras razones, porque no lo considera imprescindible para vencer en las elecciones. Ni siquiera le hace falta..., según las encuestas de que dispone el PP valenciano.. Está convencido de que su PP vencerá sin mayor dificultad. Incluso llega a temer la posibilidad de que algunos valencianos fieles al PP tengan alguna repugnancia en dar su aval al “corrupto Camps”, por mucho que éste haya hecho bandera de sus peligrosas amistades para hacer frente a las posiciones socialistas... Camps se ha convertido en “el opositor a Zapatero”, cuando no se sabe que Zapatero haya pronunciado una sola palabra sobre el “personaje” valenciano. Pero Camps no cede, y proclama, a quien quiera oírle que “nos han quitado todo menos la dignidad y las ganas”. "Hemos tenido un Gobierno a la contra. Nos lo han quitado todo, menos la dignidad y las ganas de trabajar". "Somos buenos gestores, líderes en políticas sociales, no tenemos complejos, apostamos por la familia. Somos imbatibles, somos los mejores".Es el modo de convertir en actitud digna el bochorno del “amiguito del alma” y sus dádivas...
Sin embargo, es evidente que al propio Rajoy le cuesta situarse al lado de su correligionario Camps, por mucho que haya repetido que lo considera un hombre honrado. A Cospedal le sucede otro tanto: No tiene más remedio que festejar su presencia entre los candidatos de su partido, a la vez que trata de “vender” la regeneración ética de la política, de los políticos y d el PP en particular. Es consciente de que la venta de esa mercancía se relaciona de manera automática con el asunto Gurtel, y que este caso todo lo envenena, y no es precisamente, la mejor demostración de esa ética y moral que predica. En la convención que el PP desarrollaba en Palma, cuentan los cronistas que, finalmente, y después de casi media hora de espera, al final se produjo la foto entre Camps y Mariano Rajoy, con un líder del PP, claramente molesto por la expectación. Rajoy, según atestiguan los referidos cronistas, le saludó con frialdad y se giró a los periodistas: "Bueno, ya hemos cumplido, ¿no?". Era una foto organizada por el entorno de Camps, muy preparada. “Parecía una photo opportunity con actores famosos”, relata un corresponsal. Otro diario señala que Rajoy se justificó ante la prensa después de que Camps forzase la foto del saludo. Pero, en todo caso, nadie duda de fuer “un nuevo mal trago que el propio Rajoy se ha puesto en el camino”, por lo escasos que han sido los encuentros entre Rajoy y Camps, precisamente, por la resistencia del primero a ceder a las pretensiones del segundo. “Rajoy se da de bruces con el show del valenciano”, relata Público, que cuenta que el jefe del Consell valenciano llegó rodeado de todo el partido, que le aplaudió a rabiar...El imputado Camps llegó como un gran triunfador, se hizo acompañar como siempre de otros “peperos” valencianos que le aplaudieron puestos en pie, mientras los demás dirigentes del PP, algunos molestos, se quedaban sentados-, y fue proyectado un vídeo apoteósico con plazas de toros llenas... Pero ya se anuncia que habrá más fotografías de esas mismas características, -con un Campos pletórico y un Rajoy apocado y miedoso- sin ir más lejos, el próximo, el 18, en Valencia, con ocasión de las Fallas. Tras la foto con Rajoy, Camps buscó de nuevo a Rajoy, y el líder trató de mostrar distancia. A su vez, a Dolores de Cospedal le sucedía algo parecido: Cospedal también hubo de dar un abrazo muy fotografiado a su peligroso amigo Camps... .Es la gran fotografía de la portada de Público, que titula “a besos contra la corrupción”
Nadie duda de que la presencia del dirigente valenciano, imputado por cohecho y muy cerca ya de ser procesado y de sentarse en el banquillo, dominó ese primer día de la convención autonómica del PP e impidió los intentos de la organización por vender el programa electoral. Si cabe, cobró todavía más relevancia porque el PP había hecho la convención en Baleares precisamente para empujar al partido de esta comunidad después de los escándalos del caso Matas. El nuevo candidato local, José Ramón Bauzá, tiene como principal aval que no lleva ningún imputado en sus listas. Y Cospedal le presentó a Bouzá como ejemplo de "regeneración democrática". Además, el PP, tanto en el discurso de Cospedal como en su programa electoral, se presenta como adalid de esa regeneración democrática. De hecho, tiene un apartado entero del programa dedicado a la regeneración, que obvia el caso Gürtel, aunque el PP ocultara esa parte del texto hasta ayer-. El PP pide leyes más duras con la corrupción y “reitera su compromiso de contundencia y celeridad contra las prácticas corruptas en las Administraciones. Actuaremos ante cualquier supuesto de denuncia o de incoación de procedimientos judiciales".
Del hecho Camps, al dicho de Cospedal, hay muchísimo trecho... La duda es: ¿Lo sabrán advertir los electores, o darán su bendición y absolución total al “perseguido Camps”?
TAMBIÉN EN EL PSOE SE CRITICA EL PAQUETE DE MEDIDAS.- Pese a que José Luis Rodríguez Zapatero considera insólitas las críticas que ha recibido por las últimas medidas anunciadas por el Gobierno para reducir el consumo energético ante la subida del precio del crudo, lo cierto es que no sólo el PP y CiU han cargado contra algunas o todas ellas. También en las filas del PSOE, incluidos presidentes autonómicos y alcaldes socialistas, existe irritación ante unas medidas que, en el mejor de los casos, descalifican como “ocurrencias”, según cuenta La Vanguardia. Y como “improvisaciones de última hora” que en algunos casos creen que no servirán para mucho, en otros que la ciudadanía no las entiende y en los demás que supondrán unos costes extras precisamente cuando las administraciones autonómicas y locales están con el agua al cuello como consecuencia de la crisis, los ajustes presupuestarios y los tijeretazos económicos. Empezando por la reducción de la velocidad máxima a 110 kilómetros por hora en las autopistas y autovías. Pese a que el ministro de Fomento, José Blanco, tachó de “freakis” y “anarcoides” a los dirigentes del PP que se mofaron de la medida, dirigentes del PSOE consideran, al menos en privado, que se trata de algo más bien “anecdótico”. Creen que, ante la escalada de la factura energética para España que ya está suponiendo el incremento del precio del petróleo por las revueltas árabes, el Gobierno debería abordar de una vez por todas un plan energético integral, y no poner meros parches de urgencia. “Hay que coger el toro por los cuernos”, demandan. Y creen que el Ejecutivo no lo está haciendo. Al respecto se pronunció el jueves en público David Taguas, ex asesor de Zapatero como director de su oficina económica en la Moncloa y actual presidente de la patronal de las grandes constructoras, Seopan. Taguas consideró que reducir el límite de velocidad tendrá “un efecto limitado sobre el consumo”. En su opinión, una medida que sí sería efectiva pasaría por encarecer, si bien de manera “transitoria”, la fiscalidad de los carburantes, o con un nuevo impuesto o subiendo el actual impuesto especial sobre hidrocarburos. Taguas auguró que como el crudo se mantenga en su actual precio, “se comerá todo el crecimiento económico que se espera en España en el 2011”. Zapatero, no obstante, ha defendido que reducir el límite de velocidad es la medida más directa y con un mayor impacto para ahorrar energía. Y además se ha aferrado a que, en último extremo, esta medida salvará vidas al reducir el riesgo de accidente y además contaminará menos el medio ambiente. El anuncio de rebajar en un 5% el precio de los billetes del transporte público –empezando por los trenes de cercanías y media distancia–, no sólo ha encontrado la oposición de comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Valencia) o por CiU (Cataluña), sino también por los socialistas, como Baleares. Otras medidas para el ahorro energético, como introducir el sistema LED en la iluminación pública, han cosechado también críticas entre diferentes dirigentes autonómicos y municipales del PSOE. Aunque este sistema suponga un ahorro futuro, requiere un gasto de instalación que no saben de dónde quiere el Gobierno que lo saquen, teniendo como tienen, según lamentan, las arcas con telarañas.
ARTUR MAS NO PAGARÁ LAS DECISIONES DE ZAPATERO.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha afirmado en Bruselas que su gobierno "no pagará las decisiones que se toman en Madrid sin consultar" y que afectan a competencias propias. Lo cuenta El Periódico de Cataluña, que añade que el presidente catalán ha puesto en duda la eficacia de las medidas anunciadas por el gobierno central para el ahorro energético como las bombillas de bajo consumo, los neumáticos de rodadura o el nuevo límite de velocidad de 110 km/h y ha destacado que no haya tenido en cuenta a las comunidades autónomas en la toma de decisiones. "Esta historia que en Madrid se decide y nosotros pagamos, cuando encima nos piden que recortemos el presupuesto autonómico, no cuadra", ha explicado Mas a la prensa en su primera visita a la capital belga desde que asumió el cargo. "¿Quieren tomar decisiones de ahorro energético?, que nos las consulten y entonces decidiremos", ha apuntado el presidente, quien reprochó al gobierno central que adopte medidas de manera unilateral sobre competencias que afectan a las comunidades autónomas. "Pero decidir en Madrid y pagar la fiesta nosotros no puede ser", afirmó el líder de CiU. Mas también ha sacado a colación la reducción de títulos de transporte como "un ejemplo de cómo no se hacen las cosas". "No se pueden tomar decisiones si quien paga es otro, la vida seria y responsable no funciona así", ha añadido. Tanto Mas como el portavoz de CiU en el Congreso, Antoni Duran i Lleida, que le ha acompañado a Bruselas, expresaron sus "dudas" sobre la eficacia de las medidas de ahorro energético del gobierno central. Mas las ha calificado de "brindis al sol" y Duran i Lleida ha señalado que "el problema real no lo afronta el Gobierno y es el de la reforma del sector energético y la dependencia de hasta el 80 % de otros países". Mas aprovechará su visita a la capital belga para reunirse este jueves con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, al que quiere hacer llegar el mensaje de que Cataluña "está haciendo los deberes" en materia financiera y también impulsará la Unión por el Mediterráneo, con sede en Barcelona.
ULTIMATUM A RUBALCABA SOBRE LOS TEDAX DEL 11-M.- Cuenta Libertad Digital que “un año lleva Interior dando la callada por respuesta o entregando información incompleta a la juez que instruye la querella contra el que fuera jefe de los Tedax durante el 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano.”. Pues bien, aA la magistrada Coro Cillán se le ha acabado la paciencia y ha dado un plazo de diez días a Rubalcaba para que le remita la lista de los tedax que trasladaron los restos recogidos en los atentados a la Unidad Central dirigida entonces por Manzano. Hace un año que el Juzgado número 43 de Madrid solicitó, a petición de las víctimas, esos datos. Desde entonces el departamento de Pérez Rubalcaba ha guardado silencio. Y es que el objetivo de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M es que se pregunte a los tedax que estaban bajo las órdenes de Sánchez Manzano qué hicieron exactamente con las cientos de muestras que se recogieron de los atentados y que en su mayor parte desaparecieron. El ultimátum de la juez sigue el mismo procedimiento que el que se llevó a cabo hace unos días para conocer datos del Reglamento de los Tedax que el Ministerio del Interior se negaba a entregar. Ahora, según recoge El Mundo, la magistrado ordena remitir un oficio "al Ministerio del Interior para que en el plazo de 10 días a partir de la recepción del presente, se remita a este juzgado la relación de los funcionarios del grupo Tedax que intervinieron en el traslado de los restos de explosivos utilizados en los atentados del 11/3/04". En el escrito de la querella se considera delictivo la actuación de Sánchez Manzano "evitando primero que la Policía Científica pudiera analizar los vestigios de los focos de las explosiones, y haciendo desaparecer después la inmensa mayoría de esos vestigios antes de que los peritos designados por el tribunal pudieran analizarlos", lo que a su juicio "impidió que la Policía Científica determinara la marca concreta del explosivo empleado en los atentados".
NO HAY DÍA SIN GURTEL.- El presidente de la empresa Sufi, SA, Rafael Naranjo, afirmó ayer ante el juez Antonio Pedreira que pagó 1,6 millones de euros en una cuenta en Suiza a nombre de los directivos de la red Gürtel, según explicaron el jueves fuentes jurídicas conocedoras de su declaración, y refiere este viernes El País. Este dinero correspondía supuestamente al pago de una comisión del 3% por la adjudicación en 2002 del servicio de recogida de basuras en el distrito de Moratalaz (Madrid) por 48 millones de euros. El encargado de la concejalía de Limpieza entonces era Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre. López Viejo está imputado en el caso Gürtel por el cobro de comisiones de la red corrupta a cambio de la adjudicación de numerosos contratos a dedo para organizar los actos institucionales en los que participaba Esperanza Aguirre. Naranjo, uno de los empresarios imputados en Gürtel por pagos a la trama para conseguir contratas, no especificó la cuenta ni el banco de Suiza en los que depositó el dinero, según explicaron fuentes jurídicas. En una anterior declaración ante Pedreira, Naranjo había admitido pagos de comisiones del 3% pero lo había vinculado a las obligaciones que imponía el Ayuntamiento de Madrid para dedicar ese dinero a publicidad institucional. Tras su declaración de ahora, el dueño de Sufi se convierte en el primero de la decena de empresarios imputados que reconoce abiertamente haber pagado comisiones ilegales a cambio de contratos. Otro empresario también imputado, Alfonso García Pozuelo, ha reconocido implícitamente haber pagado comisiones a la trama de Correa, ya que recientemente regularizó su situación con Hacienda pagando 23 millones de euros por cuotas defraudadas en los últimos años. Hacienda le pidió ese dinero por delitos fiscales antiguos y también contabilizó en ellos, a la hora de fijar la deuda tributaria, todas las anotaciones de dinero negro que constan en el sumario de Gürtel como entregadas por García Pozuelo a Correa. Preguntado por las partes, Naranjo reconoció que conocía al todavía diputado autonómico Alberto López Viejo pero negó que tuviera relación con los cabecillas de Gürtel. Informes policiales que constan en el sumario que instruye Pedreira, acreditan pagos de Naranjo a la red, basados en anotaciones halladas en la contabilidad B de Correa, por importe de al menos 1,2 millones. En su primera declaración ante el juez, efectuada hace varios meses, Naranjo justificó el pago de comisiones en que entonces había Ayuntamientos del PP que exigían en los pliegos de adjudicación de contratos el abono de unas partidas del 2% o 3% para publicidad e información de sus proyectos.
LAS BALADRONADAS DE CAMPS.- Un espectador desconocedor de la realidad valenciana que ayer hubiera escuchado a Francisco Camps en el Parlamento autonómico habría acabado la sesión sin ni siquiera intuir que está presuntamente implicado en uno de los escándalos de corrupción más grandes de la democracia. El presidente de la Generalitat consiguió ayer encerrar-se en una burbuja contra la que las preguntas de la oposición rebotaron sin obtener respuesta, ya fueran sobre su imputación por cohecho, sobre irregularidades en adjudicación de contratos o sobre su derroche en grandes eventos, se´gun cuenta el diario Público. Las sesiones de control de cada jueves en Les Corts valencianas suponen para Camps una suerte de ejercicio dialéctico para no hablar ni de refilón del caso Gürtel. Su táctica principal es contestar a preguntas incómodas con frases grandilocuentes que no entran en el fondo de la cuestión. "Así son de tozudas las encuestas, soy el presidente con mayor aceptación de la historia", fue su respuesta ayer cuando Ángel Luna, portavoz socialista, le acusó de ser un "candidato vergonzante". Luna le reprochó que todavía no haya dado ninguna explicación por el caso de los trajes. En este proceso, Camps está acusado de haber aceptado regalos de los dirigentes de la Gürtel en el mismo periodo en el que esos empresarios obtuvieron millones de euros en contratos de la Administración valenciana. Algunas de las adjudicaciones fueron otorgadas burlando la ley, ya fuera mediante información privilegiada, con fraccionamiento de contratos, o con otras irregularidades, según informes policiales del sumario. Otra de las estrategias que Camps utiliza para no contestar a sus adversarios es la descalificación. Fue la táctica elegida ayer cuando Luna le preguntó sobre la presunta financiación ilegal de su partido a través de los mismos empresarios que le hicieron regalos. Según tres informes policiales, el PP valenciano ha hecho uso de una doble contabilidad para ocultar ingresos irregulares, ha ocultado al fisco 2,5 millones y pagó en negro 846.000 euros a Orange Market, la filial de la Gürtel en Valencia. El socialista preguntó a Camps cómo se financiará su formación, "ahora que ya no existe Orange Market". La respuesta del presidente fue meter el dedo en la llaga de los problemas internos de las filas socialistas. Camps se regocijó recordando la defenestración de Ignasi Pla, antiguo líder del PSOE y ahora "relegado a la tercera fila" del hemiciclo. El president sacó también a pasear la teoría del complot. Cuando Luna le afeó que intentara amedrentar a la oposición, Camps contestó que esa es "una estrategia fundamental desarrollada por sus compañeros [el Gobierno central] en Madrid". Finalmente, recurrió a la identificación de su propia persona con el País Valencià. "Deje de criticar a la Comunidad Valenciana", clamó en respuesta al portavoz de Compromís, Enric Morera, que en su intervención había aportado datos sobre el personal contratado a dedo por el PP (15.000 personas) o sobre el derroche en grandes eventos (1,7 millones en una competición de golf y 90 millones de euros en cinco años para la Fórmula1)mientras 200.000 personas viven en el País Valencià sin ningún ingreso.
ABSTINENCIA SEXUAL EN ESTADOS UNIDOS.- Según nos cuenta este jueves el diario El Mundo, en su versión digital, casi un tercio de los estadounidenses de entre 15 y 24 años no ha tenido nunca un encuentro sexual, según un estudio publicado hoy por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) que revela que cada vez más jóvenes optan por la abstinencia. Un 29% de los chicos y un 27% de las chicas encuestadas entre 2006 y 2008 aseguraron que nunca habían experimentado ningún tipo de acto sexual, según el estudio difundido este jueves. Cuando el NCHS hizo el mismo estudio nacional en 2002, la proporción de los jóvenes que dieron la misma respuesta era de un 22%, tanto de chicos como de chicas. La definición "encuentro sexual" incluye tanto las relaciones con penetración como el sexo oral y otras formas de contacto sexual entre dos personas, precisa el estudio. Los investigadores del NCHS preguntaron sobre su identidad sexual y sus hábitos, en inglés y en español, a 13.495 personas de entre 15 y 44 años de edad, entre ellas 5.082 de 15 a 24 años. La tendencia a la abstinencia se hizo aún más evidente al reducir el espectro de edad de los 15 a los 17 años, ya que un 58 por ciento de las chicas y un 53 por ciento de los chicos dijeron que no habían tenido nunca un encuentro sexual. Entre los jóvenes de entre 20 y 24 años, hay un 12% de chicas y un 13% de chicos que no han experimentado el sexo, lo que revela otro aumento desde 2002, cuando la proporción era de un 8 por ciento para ambos sexos. El estudio trató de ser más preciso que la versión de 2002 en su estudio de la vida sexual de los jóvenes, al añadir conceptos como el del sexo oral o anal. De los jóvenes que se declararon activos sexualmente, un 63% de mujeres y un 64% de hombres dijeron que habían tenido sexo oral, menos que en 2002, cuando lo había practicado un 69%. Más de la mitad de esos adolescentes practicaron el sexo oral antes de perder su virginidad por medio de la penetración, según el estudio. El sexo anal, por su parte, no es nuevo para el 21% de los chicos y el 20% de las chicas, prácticamente la misma proporción que en 2002. En cuanto a la homosexualidad, el estudio observa que el número de chicas de hasta 24 años que han tenido algún tipo de relación con otra chica creció de un 12 a un 13%, al tiempo que la misma conducta entre chicos descendió de un 5 a un 4%. Además, al observar también a las mujeres adultas, los investigadores comprobaron que tienen más del doble de probabilidades de haber tenido una experiencia homosexual que los hombres de entre 15 y 44 años. "Entre los hombres, la actividad homosexual se prodiga más entre individuos con mayor nivel educativo, mientras que entre las mujeres, el mayor nivel se da entre las que tienen menos estudios", señaló una de las autoras del estudio, Anjani Chandra. La investigadora subrayó, no obstante, que "no se puede dividir radicalmente a la población entre homosexuales y heterosexuales", puesto que "no existen necesariamente fronteras claras entre ambos comportamientos". El estudio también se fijó en la proporción de adultos de entre 25 y 44 años que siguen siendo vírgenes, algo que se aplica al 2% de las mujeres y el 3% de los hombres del país. El 11% de las mujeres y el 10% de los hombres de esas edades, además, no han experimentado nunca el sexo oral. El objetivo del estudio del NCHS era proporcionar a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) datos más actualizados sobre la actividad sexual que permitan prevenir las enfermedades de transmisión sexual, que afectan a 19 millones de personas en el país cada año. De esas enfermedades, la más común es la clamidia, y tanto esta como la gonorrea se extienden mucho más entre los adolescentes de entre 15 y 19 años que en el resto de grupos de edad.
GABILONDO OPINA SOBRE LOS COLEGAS.- El periodista Iñaki Gabilondo ha opinado que para garantizar la supervivencia de su oficio el informador debe poner ante sí barreras éticas, aunque ha considerado que el periodismo está siendo desbordado por la lógica económica. Nos clo cuenta Libertad Digital: Iñaki Gabilondo ha presentado este su libro El fin de una época, que recoge sus experiencias y reflexiones sobre el oficio de periodista, sus principios, el mundo en el que se desenvuelve y el momento de transición que el periodismo está viviendo actualmente. Según Gabilondo, sea cual sea el momento en el que vive, el periodista "tiene que defender unos principios éticos, rodearse de barreras éticas para lograr que el periodismo se convierta en una profesión que tenga un encaje global". "El periodista es una persona a la que le importan los demás, que tiene conciencia de la gente, por muchos cambios tecnológicos que se produzcan", ha señalado, pero ha criticado el hecho de que el periodista español "no ha rescatado ninguna línea defensiva". Esta barrera ética, esos principios, según Gabilondo, deben ser inalterables, sea cual sea la empresa, "tanto si nos compra Disney como si pertenece a Polanco; tanto si es del Frente de Juventudes como del Comunismo Internacional". "El periodismo debería desarrollarse de acuerdo con unos parámetros intocables, unos principios éticos" y ha asegurado que "mientras haya un solo empresario que crea que todo se puede jugar en nombre de la libertad de expresión, acabará conduciendo el oficio en la dirección que más le interese". Comentando sus años en la radio, el periodista ha explicado que la gente sólo veía diferencias ideológicas entre sus otros competidores, como Federico Jiménez Losantos, Antonio Herrero, Luis del Olmo o Carlos Herrera. "Pero había más, como el ansia de notoriedad, los niveles de audiencia, la competencia, de forma que se han utilizado tácticas para conseguir más audiencias, disfrazada de ideología", ha señalado. Actualmente, la industria de la comunicación vive sometida a la lógica empresarial "y en nombre de este sistema se despide o no a la gente, se incorpora o no a más trabajadores" e Iñaki Gabilondo lo tiene claro: "el peor enemigo de la libertad de expresión es el paro".
EL ESTADO AUTONÓMICO, SEGÚN TRUJILLO.- La exministra de Vivienda María Antonia Trujillo aborda en su colaboración habitual en El Confidencial la cuestión del Estado autonómico: Comentaba en mi artículo anterior, dice, la necesidad de repensar el Estado de las Autonomías. El debate territorial, presente en estas dos legislaturas, no es nuevo. Hay que recordar que en la Legislatura del año 2000 el PSOE en la oposición dedicó gran parte de su trabajo a analizar el sistema autonómico español y a formular nuevas propuestas para su desarrollo futuro. Pero, en realidad, en nuestro país, el debate ha estado siempre presente desde la aprobación de la Constitución. Es cierto que en los últimos años ha sido más intenso. El debate sobre nuestro modelo territorial impregna todas y cada una de las tertulias diarias, de los artículos periodísticos, de las publicaciones científicas y de las declaraciones políticas, pasando por las de los empresarios. De acuerdo con ello, parece tarea prioritaria evaluar el funcionamiento del Estado de las Autonomías para mejorar el funcionamiento de nuestro Estado descentralizado. No se trata de acabar con este modelo de descentralización política, sino de mejorarlo. Parece que en el punto de partida están todos los actores de acuerdo, al menos los que ahora nos interesan: partidos políticos, Gobierno Central y Comunidades Autónomas, de una parte, y sociedad civil y empresa, de otra. Resulta obvio decir que también existen voces que apuestan por la federalización del modelo autonómico español. En lo que no se ponen de acuerdo es en referenciarlo al modelo belga, al alemán o al norteamericano, por poner sólo los ejemplos más conocidos y de nuestro entorno. Pero el federalismo es un modelo más de descentralización territorial y nuestro Estado de las Autonomías prácticamente es un Estado Federal. Sólo le falta el nomen iuris. Probablemente si el debate fuera sólo la denominación jurídica ni habría debate ni problema. Dejemos, pues, esta cuestión, hoy por hoy nominal, a los académicos. Lo que late en el fondo de esta polémica son, principalmente, tres cuestiones: hasta dónde debe llegar el autogobierno autonómico, cómo debe ser el sistema de financiación y cuáles deben ser las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas. Estas cuestiones se repiten diariamente. Realmente, ¿estamos ante un modelo? No hay día que no se diga que sobran órganos e instituciones y que no hay dinero ni día que no se relacione una determinada materia con el Estado de las Autonomías. Lo cierto es que la crisis económica va poniendo a todos en su sitio y cualidades que nunca se debían haber abandonado, hoy se piden por todos: austeridad y contención del gasto público, transparencia y coordinación, básicamente. Fijándonos en las competencias, pocos se atreven a pedir la devolución de algunas al Estado. No se trata de recentralizar, dicen. Armonizar es una palabra proscrita en nuestro derecho autonómico desde la famosa LOAPA. Los más melifluos hablan de concertar, porque de cooperación y lealtad institucionales, que son principios básicos, junto a la coordinación, hablan muy pocos y la practican menos. Ejemplos de controversias no faltan, como decía antes. La última está girando sobre las autonomías y el modelo energético. El pasado 25 de febrero el Consejo de Ministros aprobó las líneas básicas de la política de Seguridad Vial 2011-2020 y una serie de medidas especiales en esta materia que se consideran prioritarias durante el año 2011. El Sr. Sebastián, Ministro de Industria, Turismo y Comercio presentó también un Informe sobre política de ahorro energético, curiosamente no detallado en la referencia del Consejo de Ministros. El portavoz del Gobierno, el Sr. Rubalcaba, sí dio cumplida información sobre estas medidas de ahorro energético en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. No se puede pedir un pacto político si no estás dispuesto a ceder algo. No se pueden pedir reformas legislativas y después no apoyarlas. Si no hay lealtad, no hay modelo, ni autonómico ni energético. No se puede pactar si sólo se piensa en gobernar… algún día. Parece que el Ministro de Industria presentó un informe sobre la repercusión energética en España de la situación que se está viviendo en el norte de África. Según el portavoz no hay problemas de suministro, pero sí en relación con el encarecimiento de nuestra factura energética “en un país que es muy dependiente del petróleo”. Por eso el Gobierno acordó, primero, reducir la velocidad máxima en las autovías y autopistas en España desde 120 km/h, que es la actual, a 110 km/h, para ahorrar petróleo, para ahorrar gasolina, como decía el portavoz. O sea, más despacio, menos gasolina y menos factura. Y esto vale para todas las autovías y autopistas de España, “con independencia de que su titularidad sea del Estado o de las Comunidades Autónomas”. En segundo lugar, el Gobierno decidió rebajar el precio de los billetes y abonos de Renfe -media distancia y cercanías- en un 5% para fomentar el transporte público y ahorrar gasolina. En último lugar, acordaron elevar del 5,8% al 7% el porcentaje de biocombustibles en gasolinas y gasóleos, también para ahorrar gasolina. Con estos mimbres no hacía falta ni mucho trabajo ni mucha inteligencia para allanar el camino a la oposición del Partido Popular, que a todo se opone, dicho sea de paso, a veces con algo, muy poca, razón. El Sr. Rajoy se ha opuesto a la primera medida porque España, país de pegatinas, no tiene modelo energético. De la segunda medida no habló en un primer momento, porque es una medida buena para España y para los usuarios de los transportes públicos, aunque tras la resistencia de la Comunidad Autónoma de Madrid -y también de la catalana- ha vuelto a decir que España no tiene modelo energético. De la tercera medida no he oído nada, pero seguro que también es criticable, porque, dirán, ha finalizado el actual Plan de Energías Renovables en 2010 y todavía no está aprobado el Plan hasta 2020, que el 95% de las plantas españolas de biocombustible han cerrado, que su hipotético incremento se hará a costa de otras energías renovables, que el biodiesel argentino e indonesio es más barato y acapara el 60% de la demanda, etc, etc. En fin, terreno abonado para repetir que tampoco hay modelo energético ni planificación estratégica. La Fundación FAES, por encargo del PP, ha hecho una propuesta de estrategia energética nacional, con recomendaciones que no aclaran nada y con muchas dudas sobre los impactos en el sector de las energías renovables que generarían las medidas propuestas (desaparición paulatina de las primas según tecnologías, subastas en algunos casos, suspensión temporal en la instalación de nuevas plantas en algunos sectores, etc. Y toda esta polémica puede llevar a que muchos, ciudadanos, empresas y administraciones, piensen que ya era hora de tener claro nuestro modelo energético. Porque una cosa es el papel y otra la realidad. Y si no hay modelo energético no hay modelo autonómico. Y la prueba está en que para poner en marcha algunas de estas medidas, más otras que estarán dentro de un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, es necesario el concurso de las Comunidades Autónomas y de los Municipios, porque las medidas no dependen sólo de la Administración del Estado: iluminación … y ya nos dirán cuáles otras, porque según el Sr. Rubalcaba: “Creo que no me dejo nada, porque he tenido que improvisar, mientras venía para acá, las medidas; pero me parece que éstas son en síntesis, en resumen”. Para el Estado de las Autonomías, FAES, también ha elaborado un informe cuyo punto de partida curiosamente es el papel clave que ha jugado el PP en el desarrollo de este modelo. La pena es que algunas de las propuestas, bien encaminadas, no las apliquen -porque pueden hacerlo- en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos donde gobiernan. No se puede pedir un pacto político si no estás dispuesto a ceder algo. No se pueden pedir reformas legislativas y después no apoyarlas. Si no hay lealtad, no hay modelo, ni autonómico ni energético. No se puede pactar si sólo se piensa en gobernar… algún día.
LA DISCUTIBLE RENTABILIDAD DEL AVE.- Aunque quiera, José Blanco no puede reducir ni un céntimo el coste del viaje en AVE, por mucho que Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, se lo haya propuesto como medida para que los ciudadanos aboguen por el transporte público en detrimento del vehículo privado. Aunque José Luis Rodríguez Zapatero se enorgullezca de que pronto seremos el país con más kilómetros de red ferroviaria de alta velocidad, ni el Madrid-Barcelona, ni Madrid-Sevilla, ni Madrid-Valencia son viajes rentables. Ni para el Gobierno ni para el ciudadano. Y el Madrid-Galicia que Blanco ha prometido a Alberto Núñez Feijóo, lo será mucho menos, según se comenta en El Confidencial. González analizó ayer la ineficiencia de tantos kilómetros de alta velocidad en España ejemplificándolo con el caso de una familia compuesta por tres personas que quieran viajar en AVE de Madrid a Valencia. Se gastaría, de media, unos 240 euros, una suma bastante alejada de lo que desembolsaría en coche: unos 30 euros. A final, un solo viaje en tren equivaldría a ocho viajes en un coche particular. Para hacer esta comparación, González ha tenido en cuenta que cada persona tendría que pagar por un billete en el AVE 80 euros, y  en el caso del coche, viajando los tres miembros de la familia en un vehículo diésel, se gastarían siete libros de gasolina por cada 100 kilómetros recorridos de media. Señalando los datos, González ha sugerido a Gaspar Zarrías, “ya que está tan preocupado por estos asuntos”, que le pida al ministro Blanco que baje el precio del AVE “si quiere incentivar el que no haya consumo energético y que haya ahorro”. Los expertos critican que en tiempos de crisis, el Gobierno siga prometiendo kilómetros de AVE, cuando la rentabilidad económica es muy sensible al volumen de demanda existente en el corredor donde se construye la línea, a su capacidad de desviar tráfico de otros medios de transporte con fuertes externalidades y capacidad de pago de sus usuarios. “Unas condiciones que no se dan en el caso español”. Ginés de Rus, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, explica que, hay que incluir un análisis del coste-beneficio de los proyectos de inversión pública, “y el problema central no es metodológico, sino de diseño institucional”. Desde el punto de vista de la rentabilidad, la última línea inaugurada, Madrid-Valencia, va a ser claramente deficitaria, aunque sea la más moderna tanto tecnológicamente como en infraestructura y señalización. En total, va a costar unos 6.550 millones de euros, y los expertos creen que haría falta un tráfico de entre 5 y 9 millones de viajeros para que la línea fuera rentable. La cifra de viajeros con las que especula Blanco es de 3,5 millones. Pero si circula un máximo de 17 trenes diarios (se prevé entre 13 y 17), con una capacidad de 365 viajeros por tren, si la ocupación fuese del 100% en todos los trenes, el número de viajeros llegaría a los 2,2 millones. Una diferencia abismal para que sea rentable. De Rus recuerda, además, el impacto medioambiental negativo que se produce para instalar una línea de alta velocidad, “desde el suelo que ocupa, el efecto barrera que produce en el territorio y la contaminación acústica, visual y atmosférica”. Si se consiguiese desviar el tráfico de la carretera y el avión al AVE, quizá sí se conseguiría reducir la contaminación. Pero todavía sigue siendo una utopía.
FEIJOO APOYA EL PLAN BLANCO SOBRE EL AVE GALLEGO.- El renovado compromiso de José Blanco para cumplir con el AVE gallego, y sacar adelante antes de que finalice este mes una licitación de 6.000 millones de euros que ha generado reticencias en medios madrileños, fue recibido ayer por Feijoo con otro mensaje apremiante envuelto en un discurso de guante blanco, según nos cuenta La Voz de Galicia. El presidente de la Xunta volvió a compaginar la defensa de su confianza en la palabra del ministro de Fomento con la petición de que la cumpla en el Boletín Oficial del Estado (BOE), donde, advirtió con intención, «o Goberno é o único que pode impedir que se publique» la licitación pendiente. El BOE, proclamó, «é máis importante que a fe de determinados ministros nun proxecto». Feijoo fue categórico en el respaldo a Blanco, que el miércoles vinculó su cargo a que se contrate el acceso del AVE a la comunidad. «Nunca me escoitarían ter algunha dúbida sobre a palabra do ministro», replicó a preguntas de los periodistas tras la reunión del Consello de la Xunta. El presidente matizó que lo único que plantea su Gobierno en relación al compromiso de Blanco «é que cumpra coa palabra». En ese sentido, Feijoo quiso desmontar las teorías que desde medios de comunicación de Madrid cuestionan la oportunidad y rentabilidad de la fuerte inversión que precisa el nuevo ferrocarril gallego. «O AVE non é un regalo para Galicia, é froito dos impostos de todos os galegos», sentenció El jefe del Ejecutivo recordó, además, que el tren de alta velocidad llegará a esta comunidad con más de 20 años de retraso sobre otras. De hecho, si se cumple el ajustado calendario que Blanco comprometió por escrito en el pacto del Obradoiro de que Galicia estará conectada por AVE con Madrid «en torno a finales del 2015», esa infraestructura llegará a Galicia 23 años más tarde de lo que lo hizo a Andalucía, que estrenó la primera línea con motivo de la Exposición Universal que Sevilla organizó en 1992. En su intervención en un desayuno informativo celebrado el miércoles en Santiago, Blanco dio a entender su disposición a dimitir como ministro de Fomento en el caso de que existiera alguna oposición a la licitación del macrocontrato de la alta velocidad gallega en el ámbito del PSOE o dentro del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Al término de ese coloquio, el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, elucubró sobre la existencia de una supuesta conspiración dentro del Ejecutivo socialista en contra del AVE a Galicia. Interpelado por esa supuesta conspiración contra el ferrocarril gallego, una conjetura que ha aireado el propio conselleiro de Medio Ambiente, Feijoo se mostró más sutil. Aseveró que, si el ministro quiere llevar adelante su compromiso con la alta velocidad, solo le queda plasmarlo en el BOE. Fue entonces cuando deslizó su argumento de que el Boletín que recoge las licitaciones del Estado «é máis importante que a fe de determinados ministros nun proxecto». Feijoo aseguró que leerá «con moitísimo interese» el BOE hasta que finalice el mes, para comprobar que recoge el «empeño» del ministro Blanco. ¿Pero qué hay de la supuesta conspiración desde otros ministerios para bloquear ese contrato de 6.000 millones? El presidente escapó del lenguaje de película de espías para suscribir el mismo mensaje con una exposición más sencilla. «O Goberno é o único que pode impedir que se publique no BOE», resolvió.
INDEMNIZACIÓN DE LOS CONTROLADORES.- Veinte horas de caos, más de cuatro mil vuelos cancelados y unos 300.000 afectados. Ese es el balance del colapso provocado por los controladores aéreos los días 3 y 4 de diciembre, cuando abandonaron de forma masiva sus puestos de trabajo. Por este motivo, cinco mil afectados se personaron el jueves en la causa penal abierta por la Fiscalía contra los controladores. El letrado Luis Vericat, del despacho Cremados & Calvo y Sotelo, que representa a los afectados, explicó que están pidiendo una indemnización de diez mil euros por persona, así como una fianza de hasta 60 millones de euros para posibles compensaciones y, en caso de que los controladores no la depositen, solicitan el embargo de sus bienes. Apuntó que también piden que Aena declare como responsable civil subsidiaria en el supuesto de que los controladores sean condenados y no puedan afrontar el pago de las indemnizaciones, ya que es «la empresa pública responsable de asegurar el tránsito aéreo». Vericat añadió que este es el primer paso de la agrupación de demandantes afectados por el cierre del espacio aéreo, y que en los próximos días se sumarán a la causa «otros miles de personas». Para el letrado, con la personación en el procedimiento, «se pretende que los que provocaron el daño asuman su responsabilidad y se resarzan los daños y perjuicios económicos y morales, y que nunca más vuelva a suceder nada parecido». La presidenta de la agrupación, Elena Fuente, manifestó que aunque se alegra de que la negociación del convenio colectivo entre Aena y el sindicato de controladores (USCA) haya terminado con un acuerdo, no se puede decir -como señaló el ministro de Fomento, José Blanco- «que no ha habido vencedores ni vencidos, ya que nosotros fuimos rehenes de su conflicto particular». Además, explicó que los controladores, que desde el punto de vista penal son considerados como funcionarios públicos, podrían haber cometido un delito de abandono de sus funciones, previsto en el artículo 409 del Código Penal.
EFECTOS DE LA SUBIDA DE TIPOS DE INTERÑES. Contempla el diario Público la eventualidad de que el BCE decida elevar los tipos de interés en abril, como anunció el jueves Trichet. El Banco Central Europeo podría subir los tipos de interés, lo que puede ser un revés para la economía española y otros países del euro.
¿Cuál es el efecto en el crecimiento económico? Cuando una economía tiene el problema que actualmente atraviesa la española de escaso o nulo crecimiento, una subida de los tipos de interés puede paralizar la recuperación porque con el precio del dinero más alto, las empresas invierten menos, los hogares consumen menos y todos ellos ahorran más. Es precisamente todo lo contrario a lo que ahora necesita España para reactivar la actividad.
¿Cómo lo notan las empresas? Las nuevas inversiones de las compañías se financian habitualmente con créditos. Si el Banco Central Europeo (BCE) eleva el precio del dinero, los préstamos también son más caros y las sociedades se lo piensan más antes de solicitar nuevo dinero porque tendrán que pagar más en intereses.
¿Se refleja eso en la tasa de desempleo? Sí. El camino más rápido para reducir el desempleo sería en este momento que las empresas iniciaran nuevos proyectos y, por tanto, tuvieran que contratar a nuevos empleados para poder llevarlos a cabo. Sin nueva inversión es mucho más complicado reducir la tasa de paro. Y las empresas lo que demandan, además de ver luz al final del túnel de la crisis, es que los créditos sean baratos.
¿Cuál es el efecto en los hogares?El precio de las hipotecas de los hogares se fija con la cotización del euríbor, que no depende directamente de los tipos de interés oficiales, sino que marca el precio a que las entidades se prestan el dinero entre sí con un plazo de un año. En todo caso, estos préstamos se hacen con la vista puesta en cómo evolucionará el precio del dinero, con lo que de alguna manera adelanta las decisiones del Banco Central Europeo (BCE). Por tanto, indirectamente, la subida afecta al precio de las hipotecas. Además, los bancos y cajas toman ahora una parte importante de sus fondos directamente del BCE al 1%. Cuando se encarezcan al 1,25% o al 1,5%, tendrán que trasladárselo directamente a los clientes. Por el contrario, los usuarios deberían recibir ahora un mayor rendimiento por su dinero.
¿Cuánto sube una hipoteca? Una subida de 0,25 puntos (en caso de que se trasladase al euríbor) en los tipos de interés supone un encarecimiento de 17,14 euros en una hipoteca de 150.000 euros a 25 años. Por cada 10.000 euros de préstamo, se eleva algo más de un euro la factura mensual.
¿Esta subida beneficia a la banca? En el primer año, la subida de tipos de interés perjudica a la banca, porque sigue cobrando baratos los créditos concedidos con anterioridad a la subida de tipos y, sin embargo, tiene que elevar el precio que paga en los depósitos. A largo plazo, es beneficioso porque puede cobrar más por los créditos que concede (su principal negocio) y, por tanto, obtiene más ingresos y tiene más beneficios.
DE DOS A TRES AÑOS DE BACHILLERATO.- El PP incluirá en el Programa Marco con el que concurrirá a las próximas elecciones autonómicas su propuesta de alargar el Bachillerato a tres años (uno más que el actual), y de reformarlo para que ofrezca distintas vías formativas acordes a los intereses de los alumnos. Esta formación política ha adelantado en un comunicado sus propuestas en materia de educación, que presentará este sábado en la convención autonómica que celebrará en Palma de Mallorca, según anuncia el diario Público. En las enseñanzas no obligatorias, el PP se ha mostrado partidario de modificar la Formación Profesional para dotarla de un carácter "preferentemente práctico", con formación en empresas, y permitir que los alumnos de este nivel educativo puedan compatibilizar estos estudios con un trabajo, a través de un contrato juvenil de formación. Asimismo, este partido ha subrayado la importancia de fomentar el espíritu de superación en la Formación Profesional, para lo que ha incluido entre sus medidas la concesión de becas-salario a los estudiantes con mejores expedientes. Estas iniciativas van encaminadas, según esta formación, a "reducir el abandono educativo y elevar la tasa de graduación en educación secundaria", para lo que también ha propuesto examinar a los alumnos mediante pruebas de carácter general al final de cada etapa educativa. En cuanto a la enseñanza de idiomas, el PP ha garantizado que defenderá el castellano en todas las etapas educativas y que fomentará la creación de centros bilingües y trilingües, en los que al menos un 30% del horario se impartiría en inglés. En el ámbito universitario, el PP ha asegurado que promoverá la creación de programas de excelencia en las universidades, para "atraer a los mejores alumnos y profesores de todo el mundo", y que potenciará los estudios de grado y postgrado en inglés. Respecto a la carrera docente, el PP ha manifestado su intención de reformar el procedimiento de acceso para incluir el mérito y la capacidad como criterios de selección. Asimismo, ha asegurado que reconocerán al profesor como autoridad pública e incentivarán económicamente su "dedicación y esfuerzo", además de facilitar su movilidad hacia la enseñanza universitaria. Por otra parte y en materia de igualdad, esta formación ha recogido en su Programa Marco una serie de iniciativas encaminadas a mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, entre las que se incluyen asegurar el puesto de trabajo a quien solicite una excedencia para el cuidado de los hijos, y promover el acceso de la mujer al autoempleo y al teletrabajo. En materia de violencia de género, el PP ha propuesto mejorar la coordinación entre comunidades autónomas para agilizar los trámites administrativos, y ampliar la asistencia a las mujeres maltratadas.

EL PAQUETE DE MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA. EL CASO DE LOS ERES FALSOS. CAAMAÑO APOYA LA CANDIDATURA DE ZAPATERO

EL PAQUETE DE MEDIDAS PARA AHORRAR ENERGÍA.- Para este viernes, en el “menú” del día aparece un Consejo de Ministros del que se espera que estudie y apruebe un paquete de medidas que tienen el propósito de ahorrar energía, ante la escalada de los precios del crudo que se registra por la rebelión en Libia. Muchas de esas medidas ya se han anticipado, y parece que puede haber alguna sorpresa más, según el ministro de Fomento José Blanco. Efectivamente, el incremento de la gasolina respecto a la semana anterior ha sido notable, superior al 1,8%, aunque más se incrementó el precio del gasóleo en una sola semana, según las cuentas de Bruselas. El pasado lunes, el promedio de las estaciones de servicio españolas marcaba 1,27 euros por litro, cuatro céntimos más que una semana antes. O lo que es lo mismo, un repunte del 2,6%. El nivel récord de gasóleo, alcanzado en julio de 2008, está ahora a menos de seis céntimos. Y nos advierten que las expectativas no son mejores: En los últimos días, la cotización de barril de brent, de referencia para buena parte de las compraventas internacionales, se ha estabilizado en torno a los 115 dólares, lo que hace augurar que la escalada continuará. Según la información que remiten las estaciones de servicio al Ministerio de Industria, el precio de la gasolina ronda ya los 1,33 euros por litro en varias provincias. Y el gasóleo se sitúa ya en la mayoría de las estaciones por encima de los 1,30 euros. El repunte de los carburantes en paralelo a la revalorización de la materia prima, está resultando estos días más pronunciado que en julio de 2008, cuando el barril de brent llegó a los 146 dólares por barril. Los distribuidores esgrimen que el euro se ha depreciado y que pesan las subidas de impuestos (IVA e hidrocarburos) adoptadas desde entonces.
Pues bien, se trata, sobre todo, de ahorrar energía, y en particular, el petróleo y el gas que importamos, y de reducir la correspondiente factura. El cálculo que suele hacerse es consiste en que cada subida de 10 dólares en el precio del barril eleva la factura energética en 6.000 millones de euros anuales. Las importaciones de energía representaron el 70 por 100 del déficit comercial en 2010, que se situó en 56.000 millones. Una situación particularmente grave por cuanto España importa el 80 por 100 de la energía que consume. Pues bien, apenas anunciadas las primeras medidas, se ha abierto una severa controversia sobre lo que conviene hacer, qué utilidad práctica tendrán estas decisiones, o de qué otros consumos podrán recortar esos gastos. Tras adelantar la semana pasada algunas de las decisiones, como reducir la velocidad máxima en autopistas y autovías a 110 kilómetros por hora, o rebajar hasta un 5% algunos billetes de Renfe, el Ministerio de Industria se ha reunido esta semana con municipios y comunidades autónomas para seguir perfilando iniciativas. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, apuntó este martes en la reunión con las comunidades autónomas 16 medidas para mejorar la eficiencia energética en áreas como la gestión de edificios públicos, el alumbrado y la movilidad. Entre ellas, un plan para sustituir 240.000 neumáticos por otros más eficientes que permiten a un vehículo ahorrar 0,3 litros de carburante por cada cien kilómetros. También se reunió con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, para abordar cambios en la iluminación pública de calles, carreteras e instalaciones a fin de conseguir un ahorro energético del 42%, y se planteó reducir a la mitad el uso de los vehículos de los parques móviles oficiales. A su vez, el Ministerio de Fomento propone sacar a concurso el suministro de energía eléctrica para la iluminación de las carreteras del Estado, con el objetivo de contratarlo con una sola compañía. Esta medida, junto a la de cambiar las luminarias actuales por otras de bajo consumo o el empleo de paneles solares, permitiría reducir en un 50 por 100 el gasto en la iluminación de las carreteras del Estado.
Pues bien, a toda esa serie de medidas viene respondiendo la oposición,,y la correspondiente opinión publicada, con críticas a lo que llama improvisación y ocurrencias. Algunos medos informativos se han convertido en portavoces de esta oposición: “A buenas horas, medidas verdes”, titula El Mundo. “Rechazo frontal al ahorro energético”, dice La Razón, que insiste en que el Gobierno improvisa hasta última hora... También hemos podido comprobar cómo algunas comunidades autónomas, como Madrid y Cataluña, se niegan a sumarse a los recortes de tarifas de los trenes de cercanías que les sugiere el gobierno central. “Mas avisa a Zapatero de que Cataluña no pagará lo que no se le consulte”, cuenta El País. “Las autonomías rechazan pagar el plan de ahorro”, señala El Mundo. Y luego, los reproches al gobierno: Zapatero vuela en avión Falcon sin ahorrar carburante; el director de la Policía viaja en avión oficial a Córdoba, los Ministerios siguen con luces encendidas por la noche y en la madrugada...
Algunos medios anticipan que ese paquete de medidas ya conocido, y hasta criticado, se ampliará en algunas medidas más, como regular la temperatura en edificios públicos, restringir horarios en la administración, y hasta peatonalización de zonas urbanas, fomento del uso del coche compartido, vías “bus vao” de acceso a las ciudades, reducción de coches oficiales...
Por si algo faltaba, sigue subiendo los alimentos, las materias primas encarecen la cesta de la compra, y Trichet “preanuncia” que los tipos de interés subirán probablemente elmes que viene, para tratar de frenar la inflación...

OCHO MILITANTES DEL PSOE, DADOS DE BAJA.- Asegura el diario El País que el PSOE ha dado de baja en el partido a ocho militantes socialistas que se encuentran entre los 41 presuntos falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos, según los datos conocidos hasta ahora. El Gobierno andaluz facilitará posiblemente mañana el resultado de sus investigaciones internas. Seis de los ocho expulsados estaban afiliados en el PSOE de Sevilla, agrupación a la que también pertenecía Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta durante nueve años (desde 1999 hasta abril de 2008) con tres consejeros: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández. La Junta sitúa el máximo nivel de responsabilidad política en este presunto fraude en esa dirección general. El número de beneficiarios de los ERE aún en vigor asciende a 6.096. Cuatro de los ocho militantes socialistas figuran en el listado que la Junta llevó al juzgado en febrero. Se trata del delegado provincial de Sevilla de Trabajo y Asuntos Sociales desde 1996 hasta 2000, Juan Rodríguez Cordobés (en el ERE de Calderinox); el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (en el ERE de Cydeplast); Alejandro Millán Torres, un militante de El Pedroso -Guerrero fue alcalde de este pueblo entre 1995 y 1999- (en el ERE de Grafricromo); y Manuel López Espada, militante de la localidad sevillana de Camas (en el ERE de Surcolor). En el listado también figura José Antonio Márquez Sánchez (Surcolor), que no es militante pero que tiene una relación de parentesco (es su concuñado) con el exdelegado de Empleo de Sevilla Antonio Rivas, al que el fiscal acusa de cohecho en el caso Mercasevilla, origen de este asunto. Además, figura Antonio Garrido Santoyo, exresponsable de política local del PSOE de Baeza (Jaén), quien fue denunciado por el comité de empresa de Mercasevilla; José Antonio García Prieto, exconcejal de Camas y miembro de la ejecutiva local del PSOE (Intersur); Ricardo Medina Barrios, también del PSOE de Camas (Intersur); y César Braña, exdiputado socialista y exgobernador civil de Cádiz, ya fallecido (Hytemasa). El Mundo señaló ayer que dos concuñados de Rivas, José Antonio Márquez Sánchez y José Acebedo López, figuran como intrusos en los ERE de Surcolor e Intersur. Ninguno de ellos milita en el PSOE.

CAAMAÑO APOYA LA CANDIDATURA DE ZAPATERO.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha mostrado su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero como candidato para las elecciones presidenciales de 2012. Sería el "mejor candidato", ha apuntado el ministro, durante su estancia en Buenos Aires, de la que da cuenta El Mundo. "Si el presidente decide seguir va a contar con el respaldo de la mayoría del PSOE, sin duda", ha afirmado Caamaño en un encuentro con corresponsales españoles en la última jornada de su visita a la capital argentina. "No hay nada mejor que respetar los procedimientos", agregó el ministro, que apuntó que es necesario esperar a conocer la decisión del presidente antes de aventurar si sería necesaria la convocatoria de primarias. El ministro se refirió también al recurso que presentará este jueves la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo sobre la formación independentista vasca Sortu, para insistir en que existen "elementos razonables" para reclamar que no se acepte su registro como partido, aunque subrayó que la decisión corresponde al máximo tribunal. "ETA sigue existiendo, pero la izquierda abertzale parece que se mueve en mejor dirección", apuntó Caamaño, quien destacó que "la política antiterrorista del Gobierno ya se ha fijado y no la vamos a cambiar" y reiteró que "los demócratas hemos estado donde teníamos que estar, son otros los que, si quieren, tienen que moverse". Caamaño finaliza así su visita de cuatro días a Buenos Aires, donde se ha reunido con sus homólogos de Argentina, Portugal y Brasil para avanzar en un acuerdo multilateral que permita agilizar los tratados de extradición y prevenir el delito de trata de personas. Esta es la segunda reunión del llamado 'Grupo de Santiago', que en noviembre de 2010 acordó en Santiago de Compostela reducir el tiempo de tramitación de las extradiciones mediante un formulario enviado por correo electrónico.
GASTO EXTRA DE CARBURANTE EN EL VIAJE DE ZAPATERO.- La gira árabe de Zapatero tuvo el martes una incomprensible interrupción, según observa Libertad Digital. El presidente del Gobierno voló la pasada noche de Abu Dhabi a Madrid y esta mañana se desplazó en avión desde la capital hasta Túnez, donde terminaba su periplo. El paso por Moncloa de Zapatero supuso un desplazamiento extra de unos 2.500 kilómetros, según Servimedia. Traducido a dinero, el viaje costó unos 15.000 euros de más: fuentes del sector aeronáutico consultadas por la agencia estiman que, según las características del avión A-310 de la Fuerza Aérea Española, se emplearon 20.000 litros de combustible. Zapatero finalizó su visita a Emiratos Árabes el martes a primera hora de la tarde y, entonces, emprendió viaje de regreso a España. Sobre las nueve de la noche aterrizó en Madrid, lo que permitió que el presidente del Gobierno durmiera esa noche en La Moncloa. Tras viajar esta mañana a Túnez, el presidente regresó de nuevo a España esta tarde. Si Zapatero hubiera volado directamente a Túnez desde Abu Dhabi, como inicialmente estaba planeado por los servicios de La Moncloa, habría recorrido 2.500 kilómetros menos. De ese modo, se habría ahorrado unos 15.000 euros en combustible, en virtud de los precios publicados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Según la versión oficial de la Presidencia del Gobierno, Zapatero regresó el martes a dormir a Madrid por cuestiones de seguridad. Alegan que con la situación política que atraviesa el país, no era fácil buscar alojamiento en Túnez -un popular destino turístico- para la comitiva gubernamental y la prensa que le acompaña. Zapatero podría haber hecho noche en los Emiratos Árabes y partir de madrugada a Túnez, pero en el Gobierno se descartó esta segunda opción al pensar que era más sencillo regresar a Madrid y continuar con la gira a la mañana siguiente. En declaraciones a Servimedia, Carlos Floriano ha criticado el "hiriente" derroche protagonizado por el presidente. "Entendemos que Zapatero tenga ganas de estar en casa, pero no era necesario volver a Madrid a dormir, sobre todo cuando a los ciudadanos se les piden esfuerzos, sacrificios y recortes para reducir el consumo de carburante", dijo. Floriano manifestó que "es bueno que todos los españoles sepan que el presidente del Gobierno pide sacrificios a los españoles que él mismo no está dispuesto a hacer". Añadió que debería "dar ejemplo" ahorrando combustible con el coche o el avión oficial del Estado, en lugar de hacer más kilómetros de los necesarios al regresar a dormir a Madrid en mitad de una gira internacional.
CAMPAÑA CONTRA EL AVE GALLEGO, SE´GUN BLANCO.- Dice La Voz de Galicia que “bastaron una sucesión de titulares contra el AVE gallego en varios medios madrileños y el eco que encontraron en la Xunta, para que el ministro de Fomento, un hombre básicamente tranquilo, diera ayer un golpe sobre la mesa”. El golpe fue figurado, pero contundente, añade la información. Denunció la existencia de una campaña mediático-política contra la mayor licitación de la historia para una comunidad tradicionalmente apartada de los grandes avances del país. Pero también cuestionó que se diera abrigo a quienes intentan que el macrocontrato «no llegue a buen puerto». El golpe llegó para despejar las constantes dudas que desde distintos ámbitos -también desde el propio Gobierno y el PSOE, según algunas fuentes- se arrojan sobre una licitación de 6.000 millones que debería sustanciarse en el BOE antes del 31 de marzo. Y para intentar disipar esos interrogantes, puso su cargo de ministro encima de la mesa. «He comprometido mi palabra con el AVE gallego, he comprometido mi firma y hoy quiero comprometer mi cargo con el AVE gallego», dijo. Ante una nutrida representación de la sociedad gallega, en el desayuno informativo organizado por Fórum Europa-Nueva Economía en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago, Blanco recriminó a la Xunta que diera cierta credibilidad a las informaciones que referían una oposición a la macrolicitación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. «No hay que dar por hecho algunas informaciones que no responden a la verdad», dijo. Pero también pidió ayuda a Feijoo para remar en la misma dirección e incluso para «desmontar» una campaña que se agudiza «cuando se acerca el momento de tomar la decisión [lanzar el contrato]». El ministro de Fomento dio a entender que los periódicos que vienen publicando informaciones contra el nuevo acceso ferroviario a Galicia -recordó un editorial que se titulaba «El AVE gallego puede esperar»- están en más la órbita del PP que del PSOE, de ahí que reclamara a Feijoo «que hable con los grupos editoriales» que sirven de altavoz a la campaña para convencerlos de que el AVE a Galicia es una obra necesaria, frente a la España «de dos velocidades» que, en su opinión, se defiende desde esas tribunas. Blanco extendió la colaboración de Feijoo «a la sociedad civil y a los creadores de opinión», como si la campaña fuera más allá de algunos titulares. De hecho, la solemnidad y la gravedad con la que se expresó ayer en Santiago alimenta también interpretaciones en clave interna. Si existe alguna oposición al macrocontrato en la órbita socialista o en el Gobierno, Blanco habría dado a entender que dimitiría como ministro de Fomento. No obstante, el sentido literal de sus palabras iba más al continuo goteo de dudas que se ciernen sobre el proyecto desde que se firmó el pacto del Obradoiro y, sin referirse a Hacienda, negó que hubiera oposición en este ministerio.
SORTU DIVIDE AL GOBIERNO.- Sostiene Melchor Miralles, en un análisis que publica El Confidencial, que la admisión de Sortu, la nueva marca de la izquierda abertzale, como partido legal y su posible participación en las elecciones autonómicas y municipales (y en las generales de ¿2012?) tiene dividido al Gobierno. Según fuentes gubernamentales de absoluta solvencia, mientras el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene claro que "no puede suceder que se presenten, y es nuestra obligación aportar las pruebas a la Justicia para acreditar que aún son lo mismo que ETA", el presidente José Luis Rodríguez Zapatero mantiene una posición diferente; cree que hay que seguir explorando "de una manera discreta" la posibilidad de acabar con ETA "con una salida dialogada" y por ello deja que personas de su confianza "mantengan abiertos cauces de comunicación" con el entorno etarra, aunque insisten mucho a la vez en que "no se repetirá un proceso de negociación como en el pasado". Es muy probable que entre hoy y mañana, a lo más tardar a primeros de la semana próxima, el abogado del Estado Joaquín Fuentes Bardají y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, presentarán ante el Tribunal Supremo (TS) sus escritos de impugnación. Corresponderá resolver las denuncias a la sala del 61 del TS, compuesta por dieciséis magistrados: el presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar; los presidentes de Sala Juan Saavedra (penal), Juan Antonio Xiol (Civil); José Manuel Sieira (Contencioso); Ángel Calderón (Militar) y Gonzalo Moliner (Social), más el magistrado más antiguo y el más reciente de cada una de las cinco Salas. El CGPJ no pudo el lunes cubrir tres plazas vacantes en el Supremo desde hace muchos meses, en las Salas Penal, Civil y Contencioso-Administrativa. No hubo acuerdo entre los bloques denominados conservador y progresista, y la batalla fue dura para bloquear a unos y a otros, dice Miralles, porque todos los presentes eran conscientes de que los elegidos formarán parte de la sala del 61 como magistrados más modernos. PSOE y PP tratan de que no se alteren hacia uno y otro lado los equilibrios. Había un acuerdo previo para que a la Civil accediera el conservador Antonio García mientras que a la Penal y la de lo Contencioso lo hicieran los progresistas Gonzalo Quintero y José María del Riego, respectivamente. Pero no hubo posibilidad de consenso en las votaciones (se necesitaba mayoría de tres quintos) y el concurso para cubrir estas plazas tendrá que convocarse de nuevo. No está el horno para bollos y nadie quiere dar su brazo a torcer en esta guerra aparentemente judicial, pero de hondo calado político en la que PSOE y PP se están empleando a fondo. Por parte del PSOE está siendo el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien está dirigiendo las operaciones con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso y la vocal del CGPJ Almudena Lastra como arietes. En el PP corresponde a Federico Trillo librar esta batalla. En el Gobierno, el PSOE y el PP se da por "garantizado" que la sala del 61 del TS resolverá, "y sin tardar mucho tiempo desde que se presenten las denuncias", la inadmisión de Sortu, amparándose en el aluvión de pruebas que se van a presentar, basadas en copiosos informes de la Policía, la Guardia Civil y el CNI, que acreditan que pese al "aparente rechazo a la violencia, este grupo está al servicio de ETA, no se ha desvinculado ciertamente de la banda terrorista y se trata de un mero movimiento táctico para recuperar su presencia en las instituciones, que para la banda es esencial en cualquier caso, pero más aún si pretenden en algún momento buscar un final negociado". Las fuentes de Génova me dicen que, "a la vez, nos llega alguna información de Moncloa respecto a la posición del presidente Rodríguez Zapatero. No podemos afirmar que tenga en la cabeza reabrir un proceso negociador, pero da alas a ese sector del socialismo vasco que tiene comunicación permanente y directa con ETA y les deja hacer. No obstante, ambos partidos han hecho llegar al TS la importancia de que afinen en sus argumentos "porque es más complejo de lo sucedido en 2007 con Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), ya que esta vez el abogado Iñigo Irúin se ha esmerado en presentar unos estatutos muy cosidos a la literalidad de las exigencias de la Ley de Partidos, evitando los motivos que entonces llevaron al Supremo a denegar la inscripción de ese partido”. Pero ni el Ejecutivo ni los dos partidos mayoritarios dan la batalla por ganada. Personas próximas a Alfredo Pérez Rubalcaba coinciden con el PP en que “el problema va a llegar en el Tribunal Constitucional, donde la influencia del presidente del Gobierno es importante", y donde cualificados dirigentes socialistas y populares han percibido, al sondear a varios de sus miembros, que "hay una predisposición más permeable a los argumentos políticos". Aunque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de instancia y únicamente resolverá sobre la constitucionalidad o no de los preceptos aplicados, "todos conocemos esa casa y sabemos que argumentos pueden emplear para dar una salida a los abertzales". El vicepresidente y ministro de Interior ha dado ordenes a su gente de extremar al máximo la actividad de los aparatos de información para tratar de evitar también la presentación de alguna "lista blanca", y para acumular argumentos para "poder recurrir a los tribunales si finalmente el Supremo deniega la inscripción a Sortu y los etarras cuelan a su gente en las listas de Eusko Alkartasuna". Y los temores no se quedan ahí. Tanto en Ferraz como en Génova existe preocupación por el hecho de que un sector del Ejecutivo más próximo al presidente Zapatero que a Rubalcaba, habla ya en privado de la posibilidad de que "finalmente, jugando con los plazos, se evite la presentación de listas etarras en las autonómicas y municipales de mayo, pero se les busque una salida para que sí puedan estar en las Generales que, de no cambiar radicalmente las cosas, serían en marzo del próximo año". En el Partido Popular tienen la sensación de que en sus contactos con el Gobierno, que normalmente en este asunto se mantienen a través de Rubalcaba y Trillo, "está habiendo sinceridad absoluta y no se nos está ocultando información. No tenemos dudas respecto del vicepresidente, que incluso podemos decir que está siendo extremadamente leal". Pero las mismas fuentes de Génova me dicen que, "a la vez, nos llega alguna información de Moncloa respecto a la posición del presidente Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero tiene "una extraña inclinación al riesgo, y siempre tiene ocurrencias que pueden poner en riesgo el actual clima de colaboración entre Gobierno y oposición, pero todo lo hace de forma que no estemos en condiciones de poder probar nada. Negociación no hay, pero sí hay cauces abiertos que les permiten a algunos albergar esperanzas que debían haber dejado de existir hace tiempo". Los mismos dirigentes populares expresan en privado, nunca en público, su malestar con el eurodiputado y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, que reiteradamente sostiene que el Gobierno mantiene abierto un cauce de dialogo con ETA, y cuyas reiteradas declaraciones públicas en esta línea "nos crean problemas en la comunicación con el Gobierno". Cada vez que surgen problemas de estas características, desde Génova se le dice al Ejecutivo que "Mayor Oreja es nuestro Eguiguren en la posición contraria". Así están las cosas en el patio judicial sobre uno de los grandes asuntos de la vida política española, que puede tener enorme incidencia en los procesos electorales que vamos a vivir en los próximos meses. No queda otra que esperar, escuchar, ver, informar y que cada uno saque sus conclusiones.
CIENCIA E INNOVACIÓN NO AGOTA SU PRESUPUESTO.- Dice Carlos Sánchez en El Confidencial que “el presupuesto del Ministerio de Ciencia e innovación comienza a tener algo de virtual”. El último año sólo gastó el 73% del dinero que tenía asignado en los presupuestos generales del Estado, pero es que sólo ha pagado el 64% de las obligaciones reconocidas. Incluso si se comparan los pagos efectivamente realizados con el crédito inicial, el porcentaje de cumplimiento del mandato presupuestario aprobado por el parlamento baja hasta un increíble 46%. Esto quiere decir que el ministerio destinado a promover un nuevo modelo de crecimiento económico sólo ha pagado menos de la mitad de lo aprobado por el Congreso. El bajo nivel de realización presupuestaria convierte al departamento de Cristina Garmendia en el segundo con menor nivel de ejecución respecto del crédito disponible. Sólo el Ministerio de Fomento -que ha llevado el peso del ajuste presupuestario- presenta un porcentaje de realización menor. La información procede de la Intervención General  de la Administración del Estado (IGAE), y pone de relieve que una cosa es el presupuesto y otra bien distinta la realidad. En 2010, Ciencia e Innovación dispuso de un crédito total equivalente a 5.470 millones de euros, pero sólo gastó  3.998 millones. Esto supone que dejó sin emplear (remanente de crédito en el argot presupuestario) nada menos que  1.472 millones de euros, casi la tercera parte de su presupuesto. No se trata de un fenómeno nuevo. En 2009, según la intervención del Estado, Ciencia e Innovación sólo gasto el 77,6% de su presupuesto, lo que significa que dejó sin gastar otros 1.535 millones de euros. Lo más llamativo, sin embargo, es que al comenzar el año 2009 la ministra Garmendía disponía de 7.076 millones de euros, pero la realidad es que al finalizar 2010 las obligaciones reconocidas (y por lo tanto a pagar) alcanzaron los 3.990 millones. Es decir que su presupuesto (sin contar la emisión de activos financieros) se ha recortado en casi un 44% en apenas dos años. Como recuerda la propia Intervención, los datos han sido homogeneizados con arreglo a la nueva estructura ministerial que surgió tras la última crisis de Gobierno, por lo que el recorte no es achacable a razones administrativas. Para hacerse una idea de lo que significa ese bajo nivel de ejecución presupuestaria, hay que tener en cuenta que la media de realización del presupuesto en el conjunto del Estado fue del 92,8%. Es decir, casi 20 puntos por encima del nivel registrado en Ciencia e Innovación. O lo que es lo mismo, el Estado ha reconocido obligaciones de pago por valor de 245.870 millones de euros, algo menos de 20.000 millones menos de lo que inicialmente tenía asignado. El Ministerio de Política Territorial fue el que más se ajustó al crédito inicial, con un grado de realización del 99,6%.  Se gastó, por lo tanto, prácticamente todo su presupuesto. El drástico ajuste en Ciencia e Innovación ha sido criticado con dureza tanto por la comunidad científica -2.500 científicos acaban de firmar un manifiesto- como por los centros tecnológicos agrupados en la asociación Fedit. Los científicos recuerdan en el manifiesto que los recortes implican “una pérdida de credibilidad y competitividad de la política científica española, impidiendo alcanzar un cambio del modelo productivo actual a uno basado en el conocimiento”.
LOS ENEMIGOS INTERNOS DE GRIÑÁN.- Bajo la pátina de escándalos que rodean a la Junta de Andalucía y el corrosivo efecto de las encuestas, los enemigos internos de José Antonio Griñán han puesto en marcha una estrategia de alineamiento con Alfredo Pérez Rubalcaba, de cara a unas primaria o congreso extraordinario, pero sobre todo para garantizar su propia salvación en un futuro que algunos ya empiezan a vislumbrar sin el actual presidente de la Junta, se lee en El Confidencial. Dos reuniones han marcado recientemente la batalla interna que de forma soterrada se libra en el PSOE andaluz: por una parte, el Comité director regional del partido celebrado en Sevilla, un acto del que desertaron muchos de los convocados y en el que Griñán pidió más energía en la campaña electoral a unos dirigentes en cuyos rostros se dibujaba la gravedad de la situación; por otra, la presentación de las candidaturas de Cádiz, con la presencia de Pérez Rubalcaba, flanqueado por Luis Pizarro, hombre de confianza de Chaves. Mientras el presidente de la Junta daba muestras de su escaso liderazgo interno, que se refleja en una generalizada desconfianza sobre sus posibilidades de mantener el partido en el poder, en el entorno de Pizarro se daba pábulo a la “ineficacia” del presidente de la Junta en relación con la “hoja de ruta” que se le marcó en la reunión que hace meses se celebró en Sevilla, en la que tanto Rubalcaba como Chaves le conminaron a que reorientara la situación del partido y del Gobierno andaluz para salir de un bache que puede convertirse en un pozo sin fondo. En aquel encuentro se le aconsejó a Griñán que integrara en las labores cotidianas a todas las personas válidas, en alusión a Pizarro y su entorno, que habían sido apartados tras el último congreso regional, y a conseguir una mayor proyección social del partido, del que se consideraba había perdido la iniciativa ante el fuerte embate de la oposición popular, que hoy controla la ofensiva apoyada en la denuncia de los casos de corrupción. Para avalar las críticas a Griñán ante Rubalcaba hubo quienes aludieron incluso al error que había supuesto la quiebra del espíritu de concertación social, con el plante del presidente de los empresarios andaluces al acto solemne del 28 de febrero. La concertación ha sido de hecho el gran bastión de los gobiernos de Chaves y una de las más positivas herencias del hoy vicepresidente tercero del Gobierno. El trasfondo de esta actitud del sector crítico liderado por Luis Pizarro está en el futuro de quienes fueron defenestrados por el actual presidente. Para ello, ya hay quienes preparan la postura que va a defender Andalucía, uno de los enclaves fuertes del PSOE en el plano federal, de cara bien a unas primarias bien a un congreso extraordinario del que tenga que salir el sucesor de Rodríguez Zapatero. El sector crítico del PSOE de Andalucía apuesta por Pérez Rubalcaba, que por su parte se deja querer consciente de que si Carmen Chacón controla Cataluña, a él le será vital Andalucía. En este debate incipiente, Griñán carece de discurso. Es más, llegado el momento, Chaves y su entorno, con la figura de Luis Pizarro, serán quienes marquen el paso de la definición andaluza en las decisiones federales. Griñán carece de equipo en el partido, de influencia interna y no parece tener posibilidades de reorientar su posición habida cuenta de que en las provincias, los secretarios socialistas han convertido el mapa andaluz en un reino de taifas donde cada cual trata de salvarse ante la inexistencia de un referente regional sólido. La batalla de los críticos, por otra parte, tiene como referente la composición de las candidaturas a las elecciones autonómicas y generales que han de celebrarse dentro de un año. Griñán tiene, en teoría, la capacidad de decidir sobre las listas, y los críticos albergan el temor de quedar laminados en ellas por un secretario regional de quien ya creen que no conseguirá mantener el Gobierno de la Junta ante la posibilidad cada vez más real de que el PP alcance la mayoría absoluta.  Los más radicales en sus críticas internas a Griñán se plantean ya de forma oficiosa la posibilidad de reconsiderar el estado de cosas por la que atraviesa el PSOE de Andalucía en el caso de que las próximas municipales deparen una debacle a partir de la cual se pierdan las alcaldía de las capitales y grandes ciudades que el partido mantiene aún. En ese caso, no sería imposible reconsiderar incluso la conveniencia de que Griñán, que ha dicho que se comprometerá personalmente en esta campaña, sea sustituido, como lo sería Zapatero, para las autonómicas de 2012. El problema, si ello ocurriera, es que el PSOE tiene poco banquillo hoy no contaminado por una gestión errática de gobierno y por la sombra de los casos de corrupción. Mar Moreno, consejera de Presidencia en el equipo de Griñán, con quien se especuló en su momento podría ser la sucesora del actual presidente tras las autonómicas de 2012, cuando el PSOE creía tener la seguridad de ganarlas, está hoy tan quemada como el propio presidente y además carece de una proyección social acorde con lo que requiere un liderazgo ganador.

RAJOY SE ESFUERZA EN TENER PRESENCIA EN CATALUÑA. EL PARO QUE DEJÓ FEBRERO. CANDIDATOS BAJO SOSPECHA

RAJOY SE ESFUERZA PARA TENER PRESENCIA EN CATALUÑA.- Aunque la campaña electoral propiamente dicha, es decir, el tiempo en el que se permite solicitar el voto para una determinada candidatura y unas siglas, está aún a casi dos meses de distancia, no hay duda de que los dirigentes políticos, unos más que otros, tienen ya una clara impaciencia por entregarse a esa tarea esencial. En el diario La Vanguardia se relata este jueves cómo el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha demostrado este miércoles que “quiere extender a las municipales del 22 de mayo los buenos resultados que su partido obtuvo en las autonómicas catalanas del pasado noviembre, cuando los populares ascendieron al tercer puesto con la cifra récord de 18 diputados”. Según esta información, conscientes de la debilidad del PSC tras el varapalo de las autonómicas y del desgaste del Gobierno del PSOE por la crisis, los populares centran ahora sus esfuerzos en Barcelona y su área metropolitana, donde el PP catalán aún está ausente en algunos gobiernos locales. Y relata a continuación la que califica de “minigira” que Rajoy, y la presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, ha protagonizado por tres municipios del llamado 'cinturón rojo' barcelonés, por la cantidad de municipios gobernados por los socialistas: Castelldefels, L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona, la capital catalana, donde el PPC aspira a jugar un papel clave el 22-M. Rajoy empezó estas visitas recorriendo un mercadillo de Castelldefels, en el que fue ovacionado por un grupo de militantes que acompañaba a la delegación popular y donde también recibió numerosas muestras de apoyo de los vecinos y comerciantes que se le acercaban. El relato recoge algunas de las expresiones que intercambiaron Rajoy y sus partidarios: "Más para los españoles y menos para los inmigrantes", le gritó una señora al verle, mientras que otra le pedía que le subiera la pensión, y algunos comerciantes le reclamaban que acabara con el paro en España. Al saludar a un churrero, éste le defendió la independencia de Cataluña. La mayoría de los vecinos con los que Rajoy se ha cruzado, entre ellos muchos curiosos, querían hacerse una foto con él. Insiste el cronista que Rajoy, Sánchez-Camacho y el candidato del PP en Castelldefels, Manuel Reyes, se pudieron el 'mono' de campaña y repartieron besos y saludos. Tras el 'baño de masas', Rajoy dejó claro a la prensa que piensa seguir estando "a pie de calle" en Cataluña y que visitará en las próximas semanas las provincias catalanas y las localidades más pobladas con el fin de lograr que el PPC esté presente en las instituciones. A continuación, Rajoy y Sánchez-Camacho se han desplazado a L'Hospitalet de Llobregat y dieron un breve paseo con el candidato popular a la alcaldía, Juan Carlos Del Río. Por la tarde, ya junto al líder del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, recorrieron un tramo del Paseo de Gràcia de Barcelona hasta llegar a la Diagonal y se reunieron luego con la Junta de los Amigos del Passeig de Gràcia. No es la primera vez que Rajoy paseaba por el centro de la capital catalana, puesto que ya estuvo en la Rambla de Cataluña con motivo de la festividad de Sant Jordi, pero los populares han querido evidenciar una vez más que el PPC ha normalizado su presencia en el denominado 'oasis catalán'. Un grupo de jóvenes afines al PPC le han gritado a pocos metros: "Mariano, amigo, Cataluña está contigo", y acto seguido se han unido al grupo de dirigentes que acompañaba al líder de la oposición. La visita de Rajoy a Cataluña merece atenciones amplias en todos los diarios del área. Además de su información, La Vanguardia incluye una viñeta de huimor en la que Ventura y Coromina muestran en sus “postales de carnaval”, a la que llaman “la familia de Mariano Picapiedra”, con los personajes dirigentes del PP. Rajoy, Cospedal, Sánchez Camacho, Santamaría, Aznar, Aguirre... El Periódico de Cataluña señala que el líder del PP repartió saludos y evitó discursos polémicos. Y relata cómo integrantes del club juvenil del PPC vitorearon al candidato Alberto Fernández Días. También en La Razón se destaca esta visita del líder del PP y que Rajoy escuchó, sobre todos los demás, el mensaje de “queremos trabajo” de muchos ciudadanos., o la versión más sesgada de “más trabajo para los españoles y menos para los inmigrantes”. Precisamente, dice este diario, para evitar problemas de convivencia, Rajoy confirmó que volverá a plantear un contrato de integración para inmigrantes en las próximas elecciones generales. Curiosamente, la estancia del dirigente del PP en Cataluña no se libra de la controversia sobre la integración de los inmigrantes, o el rechazo que éstos provocan en determinados ámbitos y hasta por determinados elementos directivos del PP catalán. Pero, al margen de episodios e incidentes concretos, es claro el propósito de Rajoy de recuperar para el PP la presencia y aceptación que llegó a tener hace algunos años. Por ejemplo, antes de que Aleix Vidal Quadras fuera “traslado a Madrid” por acuerdo entre Aznar y Pujol...

LOS PARADOS QUE DEJÓ FEBRERO.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar febrero cerca de 4,3 millones de personas, tras subir en 68.260 desempleados, con un aumento porcentual del 1,6% respecto al mes de enero, informó este miércoles el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En concreto, el volumen total de parados alcanzó en febrero la cifra de 4.299.263 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, y el más elevado, por tanto, de los tres años de crisis que arrastra ya España. La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, reconoció que se trata de un "dato negativo", si bien resaltó que el incremento producido durante este mes de febrero es menor que el de los dos años anteriores. Así, en febrero del pasado año, el desempleo aumentó en 82.132 parados y, en febrero de 2009, en 154.058. En términos interanuales se registró un incremento de 168.638 personas (4%), el nivel más bajo desde noviembre de 2007. El paro subió en febrero en ambos sexos, aunque más entre las mujeres, con 38.887 nuevas paradas (+1,8%), frente a un incremento del desempleo masculino de 29.373 hombres (+1,4%), situándose el total de mujeres en paro en 2.164.651 y el de varones, en 2.134.612. Por sectores, el paro subió en febrero en todos ellos, pero sobre todo en los servicios, que registró en el segundo mes del año 39.569 desempleados más (+1,6%). Le siguieron el colectivo sin empleo anterior, que sumó 13.968 parados (+3,8%); la agricultura, con 8.614 desempleados más (+6,6%); la industria, que registró 3.559 parados más (+0,7%), y la construcción, con 2.550 desempleados más (+0,3%).

CANDIDATOS BAJO SOSPECHA.-- El próximo 22 de mayo volverán a depositarse en las urnas los nombres de políticos imputados por diversos delitos. PP y PSOE no solo se han negado a retirar de sus listas a todos los candidatos bajo sospecha, sino que defienden activa y públicamente a algunos de ellos, tal y como nos relata El Confidencial. Esta singular conducta de la clase política española contrasta con la reciente dimisión del ministro de Defensa alemán, Karl-Theodor zu Guttenberg, por haber copiado su tesis doctoral. Para remediar esta situación, se ha lanzado una campaña en internet bajo el título “Echemos a oos corruptos de las listas electorales”, que está reuniendo miles de firmas ciudadanas. Los responsables de esta iniciativa son las plataformas Actuable y Avaa, dos comunidades online que promueven todo tipo de acciones reivindicativas. “El ámbito político no debe ser el del mínimo común denominador, sino el espacio más limpio y ejemplar”,  señaló Francisco Polo, responsable de Actuable. “En total tenemos el reto de llegar a 35.000 firmas, que vamos a entregar físicamente este fin de semana a los principales partidos, ya sea en sus sedes o en los congresos donde cierran sus listas electorales”, añadió. La campaña se basa en la experiencia previa de Avaaz en Brasil, donde la movilización ciudadana consiguió impulsar en 2010 una ley que prohíbe a los candidatos corruptos presentarse a las elecciones. Y es que cada vez resulta más habitual que Internet ejerza como herramienta de organizaicón reivindicativa a través de webs como las citadas, y otras como la estadounidense MoveOn, que respaldó a Barack Obama en las primarias del Partido Demócrata. Pero tanto socialistas como populares parecen decididos a blindar a sus propios imputados, a la vez que utilizan los ajenos como arma arrojadiza. Ayer, Antonio Hernando, secretario de Política Municipal del PSOE, se desplazó a Melilla para apuntalar a su candidato, Dionisio Muñoz, imputado por delito electoral, falsedad documental y una posible obstrucción a la justicia. Hernando aseguró que el comportamiento del cabeza de lista socialista fue “impecable” en las generales de 2008, cuando presuntamente compró votos para su formación. El lunes se conoció también la imputación de la alcaldesa de Grazalema (Cádiz), María José Lara Mateos, por un supuesto cobro de comisiones. En Andalucía, el PSOE mantiene a diez candidatos imputados, entre ellos, el aspirante a la Alcaldía de Granada, Francisco Cuenca. Pero los socialistas no admiten “lecciones de ética” del PP, a quien recuerdan que protege en sus listas a imputados tan notables como el presidente valenciano, Francisco Camps. Los grandes casos de corrupción que afectan a cargos públicos de relevancia del PP (Gürtel, Brugal o Fabra) sirve a los socialistas como pantalla de defensa ante los escándalos de los ERE’s falsos o de Mercasevilla.  Así, no resulta extraño que Elena Valenciano, portavoz del Comité Electoral del PSOE, al ser preguntada ayer sobre la dimisión del ministro de Defensa alemán respondiera que no se puede importar automáticamente ese tipo conducta: “Cuando los políticos son puestos en cuestión por la ciudadanía, cuando manifiestan cierta confianza hacia su gestión lo razonable es que dimitan, pero no es trasladable una situación de un país a otro”. Zu Guttenberg tiró la toalla tras descubrirse que había copiado su tesis doctoral. “He estado siempre dispuesto a luchar, pero he alcanzado el límite de mis fuerzas”, afirmó quien ocupara también la cartera de Finanzas en la pasada legislatura. En Francia, la titular de Asuntos Exteriores, Michèle Alliont-Marie, se vio obligada a renunciar a su cargo por haber disfrutado de unas vacaciones en Túnez con los favores de un empresario vinculado al depuesto Ben Ali. Unos ecos de responsabilidad política que no han llegado a España, donde el último ministro en dimitir fue Mariano Fernández Bermejo por su cacería con Baltasar Garzón y el comisario Juan Antonio González. Pese a todo, tanto PSOE como PP continúan presumiendo de poseer códigos éticos y de presentar unas listas limpias. “No irán imputados y mucho menos condenados”, anunció en febrero Antonio Hernando al presentar a los candidatos socialistas a diversos municipios. El partido que lidera José Luis Rodríguez Zapatero no ha cumplido su compromiso, pero tampoco el de Mariano Rajoy, cuyas normas prevén, sin éxito, que sus candidatos no podrán manchar la imagen de su formación, aunque se trate de conductas legales.
MAS DENUNCIAS DE ROBOS DE NIÑOS. - En apenas un mes, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ha recibido 482 nuevas denuncias de robos de niños cometidos en toda España, según ha relatado el diario El País.. A estos hay que sumar los 261 casos que presentaron ante el fiscal general del Estado el pasado 27 de enero. En total son ya 747. Anadir llevará los nuevos casos a la Fiscalía del Estado para que el coordinador designado por Cándido Conde-Pumpido los reparta entre las fiscalías provinciales. Las denuncias afectan a todas las comunidades, especialmente a Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana. La mayoría se produjeron entre los años cincuenta y finales de los ochenta, pero también hay algunos registrados en los noventa. La asociación ha recibido incluso una denuncia por un posible robo de niños cometido en 2007. Cada vez hay más casos y también más pruebas. Antonio Barroso, presidente de Anadir, dio cuenta ayer de algunas de ellas. Son contundentes. Como la prueba de ADN que ha demostrado que dos mujeres de Barcelona son madre e hija 40 años después de que a la primera le entregaran una partida de defunción del bebé al que acababa de dar a luz; o los ataúdes vacíos que familias con dudas de Terrassa y Tenerife han descubierto al abrir los panteones familiares donde supuestamente habían sido enterrados sus hijos muertos al poco de nacer. El escrito que presentaron ante la fiscalía incluía, además, un listado de pruebas acumuladas sobre la trama de adopciones irregulares y robo de bebés. Entre otras, partidas de nacimiento y defunción falsificadas y los testimonios de una enfermera que trabajó en la clínica San Ramón de Madrid y asegura que la venta de niños era "habitual" allí, o un funerario de Málaga que relata cómo rellenaba los pequeños ataúdes que le llegaban vacíos de algunas maternidades. También el testimonio de una mujer que confiesa haber comprado una niña en un parque de Melilla en 1979 y otra que cuenta cómo le enseñaron a fingir un embarazo antes de entregarle "como regalo" un bebé. Anadir aprovechó un acto ayer en el Centro de la Mujer de Getafe (Madrid) para pedir ayuda al Gobierno. "Estamos desbordados", asegura Elisabet Urrea, portavoz de la asociación, mientras suena sin parar su teléfono. "Cada día nos llegan más casos, más cartas, e-mails, fax... de personas que denuncian que les robaron a su hijo. No damos abasto. Hay madres desconsoladas, traumatizadas por lo ocurrido, y hacen falta psicólogos para atenderlas". Mientras, las fiscalías provinciales avanzan en la investigación. Solo en Madrid se están indagando 84 casos.
SE PREPARA LA FERIA INMOBILIARIA.- Promotoras y entidades financieras se verán las caras en menos de quince días en la que hasta hace cuatro años era la mayor feria inmobiliaria de España. El SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) abre sus puertas el próximo 11 de marzo y lo hace cargado de reclamos publicitarios con los que tanto unas como otras pretenden dar salida al ingente stock de viviendas que han acumulado en los últimos años procedentes bien de ejecuciones hipotecarias o de daciones en pago, según anuncia El Confidencial, que recuerda que en la anterior edición de la feria ya quedó patente la 'guerra' que se ha desatado entre ellas en cuanto a venta de inmuebles se refiere. Entonces, los promotores calificaron de “competencia desleal” la venta de viviendas por parte de bancos y cajas. No hay que olvidar que estos cuentan con la llave de la financiación, una llave sólo al alcance de quienes acceden a comprar una de sus viviendas y no una de un promotor, tal y como aseguraba recientemente en un informe la consultora inmobiliaria de CB Richard Ellis. No obstante, muchas promotoras acuden al salón bajo el paraguas de alguna entidad que permita asegurar la operación. No en vano, la restricción al crédito por parte de bancos y cajas -junto a los desacuerdos en el precio entre compradores y vendedores- Ha provocado que muchas operaciones de compraventa se hayan ido al traste. Las entidades financieras estarán presentes pero no como tales, sino a través de sus respectivas divisiones inmobiliarias: Altamira (Banco Santander), CatalunyaCaixa Inmobiliaria, BNP Paribas Real Estate, Bancaja  Hábitat, Casaktua (Banesto)… Todas ellas volverán a luchar con las promotoras por un mismo objetivo: vender el mayor número de pisos posibles. Y no lo tendrán fácil, ya que varios factores juegan en su contra. Los compradores siguen esperando fuertes descensos en los precios de los pisos mientras que el fin de la desgravación por adquisición de vivienda para quienes ganan más de 24.000 euros podría retrasar algunas decisiones de compra. Sin olvidar la subida del IVA desde el pasado verano. Como en las dos últimas ediciones, los expositores han apostado por el tirón que suelen tener entre los potenciales compradores los descuentos, unos más agresivos que otros. En la costa, por ejemplo, se ofrecen rebajas que van desde el 5% al 50% sobre los precios de venta o algo que ya viene siendo bastante habitual: cheques viaje para conocer las promociones 'in situ'. En el interior, además de rebajas en el precio hay expositores que ofrecen financiación al 100% así como descuentos plazas de garaje y trasteros. La feria será este año un fiel reflejo de la realidad inmobiliaria española ya que mostrará una amplia oferta en la costa y Madrid, dos zonas que acaparan la mayor parte de los 1,1 millones de viviendas en stock que se calcula que existe en el parque inmobiliario español. En 2009, el Ministerio de Vivienda calculaba que de los 700.000 pisos en busca de comprador, el 60% se concentraba en la costa, mientras que Madrid y sus provincias limítrofes acaparaban el 14%. La mayor parte de la oferta inmobiliaria de este año son proyectos llave en mano, esto es, viviendas terminadas y listas para ser ocupadas, aunque también hay opciones sobre plano. En pleno boom inmobiliario, muchas promotoras e inmobiliarias vendían los inmuebles antes de que estos estuvieran acabados. Con el estallido de la crisis, sin embargo, muchos proyectos quedaron paralizados mientras que otros siguen adelante en busca de compradores. En la feria estarán presentes algunos de estos casos como diferentes proyectos en Valdebebas con fechas de entregas en los próximos dos-tres años. El SIMA Primavera (11-13 de marzo) será la primera gran cita inmobiliaria del año. La feria, aunque no ha conseguido recuperar el esplendor de hace cuatro años, sigue siendo un referente entre expositores y quienes buscan piso. La crisis, sin embargo, también le ha pasado factura. En 2007, en pleno boom del ladrillo, llegó a contar con 50.000 metros cuadrados comercializados frente a los 6.000 de la última edición.  "La debacle vivida en la feria entre 2008 y 2009 es un fiel reflejo de la evolución del sector inmobiliario en España", comenta un asiduo al salón. "Ahora apenas se está comercializando un 15% de la superficie de hace cuatro años y aunque nunca volveremos a ver unos volúmenes de contratación tan elevados, sí se puede decir que el via crucis ha terminado". SIMA Primavera dará el pistoletazo de salida para este tipo de ferias. A esta primera edición, la de marzo, le seguirá otra en junio (del 2 al 5) y otra en octubre (del 14 al 16 de octubre). No serán las únicas, ya que a finales de marzo se celebrará en Valencia el Centro Comercial Inmobiliario del Ateneo Mercantil  (entre el 25 y el 27 de marzo) o el salón Low Cost de Barcelona (entre el 29 de abril y el 1 de mayo), entre otras.
FEIJOO QUIERE UNA CAJA-BANCO.- La Xunta quiere que los directivos de Novacaixagalicia (NCG) hagan pública su apuesta por la recapitalización de la entidad a través de una ficha bancaria, con sus correspondientes inversores, y se centren en esta vía como la «única opción» de futuro. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, aprovechó ayer una entrevista radiofónica para manifestar su deseo de que «todos» los directivos trabajen en esta vía «como hacen las grandes cajas españolas», según cuenta este miércoles el diario la Voz de Galicia. En el entorno de la Xunta preocupa que la cúpula de la entidad gallega no esté cobrando un mayor protagonismo a la hora de buscar capital dentro y fuera de Galicia. Fuentes próximas al Ejecutivo autonómico saben que cajas como la madrileña o las catalanas llevan semanas realizando «intensas gestiones» en este sentido y creen que NCG no puede dilatar por más tiempo este proceso, ya que se prevé «complejo y delicado». Según esas fuentes, Feijoo ya habría trasladado a la caja su disposición a colaborar activamente en la localización de nuevos socios, aunque en medios cercanos a la Xunta se considera que deben ser los directivos de la caja los que tomen la iniciativa. El problema es que en el seno de Novacaixagalicia siguen explorando alternativas a la capitalización, sin que se haya descartado todavía una fusión fría (SIP) con otras entidades. Esta alternativa aportaría solvencia a corto plazo, pero a costa de perder la galleguidad -se diluiría en un conglomerado de siglas- y peso en las decisiones de negocio y obra social. Directivos de Novacaixagalicia admitieron ayer que el copresidente Julio Fernández Gayoso contactó en las últimas semanas con Banco Mare Nostrum (Murcia, Granada, Penedés y Sa Nostra), Banco Base (Cajastur, CAM, Cantabria y Extremadura) y Banca Cívica (Navarra, Cajasol, Burgos y Canarias). Sin embargo, enmarcaron las conversaciones en el mandato del consejo de NCG para «analizar todos los caminos» de futuro. Feijoo volvió a pedir al Gobierno y al Banco de España una «igualdad de trato» para Galicia respecto a otras comunidades. No obstante, en su círculo de confianza insisten en la preocupación por «agilizar» las gestiones para la capitalización de NCG. Ayer, el líder del BNG, Guillerme Vázquez, calentó motores en Vigo para la manifestación convocada con la CIG para el día 13, y acusó al titular de la Xunta de «falta de liderazgo» en las cajas. Le culpó de no haber aclarado la postura del PP nacional sobre el decreto del sector financiero y le instó a recurrir este documento.
MADRID-GALICIA A 110KMH. EXPERIENCIA INSUFRIBLE.- Se cuenta en La Voz de Galicia la experiencia de un viaje de Madrid a Galicia a 110 km hora y la calificación que merece a su autor: Insufrible. Es el adjetivo que mejor califica un viaje de 560 kilómetros por una autovía sin rebasar los 110 kilómetros por hora. Para comprobar si, como dice Fernando Alonso, es fácil quedarse dormido al volante o, como dice el Gobierno, se produce un ahorro notable, nos embarcamos en el ejercicio. Salida desde O Temple, en el extrarradio de A Coruña, y llegada a Las Rozas, en la antesala de Madrid: 569 kilómetros sin salir de la autovía. El resultado son cinco horas y cuarenta y cinco minutos de carretera en la que, invariablemente, somos los adelantados. El gasto ha sido de 35,84 litros de gasoil; unos 45,7 euros. La media, 98 kilómetros por hora. Hacemos el viaje de vuelta al límite de la multa: 135 velocidad máxima. El viaje es notablemente más corto, cuatro horas y treinta y seis minutos. ¿Y el gasto? Sorprendentemente, llenar de nuevo el depósito me cuesta lo mismo en O Temple que en Las Rozas. Volver a una media de 120 kilómetros por hora solo ha incrementado el consumo en litro y medio de combustible. En total, 1,88 euros. Más allá del ahorro, conducir por una vía de alta capacidad sin superar los 110 kilómetros por hora como máximo requiere una adaptación para quien no esté acostumbrado. Lo compruebo inmediatamente en el viaje de ida. Metido en el tráfico de la AP-9 camino de la A-6, me abstengo de hacer adelantamientos porque, por el carril de la izquierda, los 110 son una velocidad insegura. Solo me atrevo con los camiones y, para eso, cuando tengo el retrovisor limpio. Es en ese tramo cuando adelanto a un turismo que debe circular a 90. Entonces no lo sé todavía, pero no volveré a adelantar a otro turismo hasta más allá de Tordesillas. No tengo limitador, así que estoy obligado a mirar constantemente al velocímetro para no pasarme del límite. No es fácil. A poco que me desvíe ya veo la aguja fuera de sitio. Me cuesta cogerle el punto a la velocidad de crucero y me doy cuenta de que mi ritmo no se corresponde con la del resto del tráfico, camiones excluidos. En condiciones normales, a 110 kilómetros por hora, mi coche, un turismo de 110 caballos y 2.100 centímetros cúbicos, marca 2.200 revoluciones por minuto. Cuando afronto descensos pronunciados, como el de Pedrafita do Cebreiro, el coche baja por gravedad. Hay que frenar. Así que, francamente, resulta difícil dormirse. Claro que todo cambia después de Astorga. Las rectas infinitas bajo el sol de la tarde facilitan la modorra y mi velocidad máxima se muestra anacrónica, preconstitucional. Aburrido, viendo como pasan larguísimos minutos hasta que alcanzo los camiones que se perfilan en la distancia, maldigo a Gadafi, del que no recuerdo que haya hecho nada bueno. Me adelantan vehículos comerciales y turismos pequeños conducidos por abuelos con gorra. Y, por supuesto, los de alta gama. Alguno hace que me plantee, como en el chiste, si no me habré quedado parado. Pero ya sé que no. Para eso voy mirando cada dos por tres el velocímetro. Pienso en el lado bueno. Supongo, erróneamente, que me estoy ahorrando unos buenos euros y compruebo cómo la aparición de los vehículos de la Guardia Civil y los destellos que a veces chocan contra el parabrisas no me producen ni frío ni calor. Estoy en la más absoluta legalidad vial. El viaje será largo, pero al menos está libre del estrés que siempre genera la velocidad clandestina. Cuando llego a mi destino, estoy cansado de tantas horas al volante, aunque haya hecho las paradas reglamentarias. Cinco horas y 45 minutos parece un tiempo demasiado largo. En el viaje de vuelta me tomo el desquite, aunque al principio no puedo. La salida hacia el Guadarrama está llena, primero de vehículos y luego de obras, pero, en cuanto puedo, devuelvo a mi coche la libertad y subo las revoluciones por encima de las 2.500. Los cálculos del navegador ya confirman que el ahorro en tiempo va a ser notable. En plena A-6 se revela en toda su extensión aquello de «Ancha es Castilla», y me voy vengando de todos los adelantamientos sufridos en el viaje de ida. Ya lo pagaré en la gasolinera, pienso. Solo me ato en los avisos de control por radar, en la subida al Manzanal y a Pedrafita y luego, ya cerca de Lugo, cuando me enfrento a una de esas incómodas situaciones que se producen cuando uno tiene que adelantar a un coche de la Guardia Civil que circula a 120 kilómetros por hora. No voy a meter la pata cuando ya estoy terminando, así que me mantengo en el límite hasta que los guardias abandonan la autopista. De vuelta a casa, compruebo que la rebaja de tiempo ha sido espectacular, una media de 120 por hora y me preparo para rascarme el bolsillo. Cuando el surtidor se para, no doy crédito. Coincide con lo que había llenado el mismo empleado el día anterior: «Siempre lo hago igual, lo lleno hasta el límite». No hay vuelta de hoja. El único lastre para el viaje de ida son nueve kilómetros. Compensado el desajuste, resulta que el viaje de vuelta me ha costado 1,88 euros más que el de ida. Un ahorro ínfimo a cambio de un retraso notable y un viaje insufrible.
PROYECTO DE AGILIZACIÓN PROCESAL.- ¿Se puede agilizar la justicia sin destinarle un importante ingreso económico? ¿Restringir recursos o disuadir a los ciudadanos de presentarlos es una merma de sus garantías o derechos? ¿Quedará reducida la casación en la justicia civil y de lo contencioso a un recurso sólo practicable para empresas poderosas o grandes patrimonios? A esas cuestiones responde un reportaje que Público proporciona este miércoles con gran relieve sobre el proyecto de Ley de Agilización Procesal, que previsiblemente aprobará este viernes el Consejo de Ministros, tiene un objetivo claro y explícito en su denominación, pero para lograr la deseada reducción de los tiempos de la justicia opta por restringir recursos que hasta ahora estaban a disposición del litigante. En los juicios verbales en los que el asunto del litigio no supere los 6.000 euros no se podrá recurrir la sentencia dictada ante la Audiencia Provincial. Y para que el Tribunal Supremo revise un asunto por razón de la cuantía ya no bastará, como ocurre ahora, con que alcance los 150.000 euros: será que la cifra supere los 800.000 euros. El Gobierno ha apostado por descargar de trabajo al Tribunal Supremo. Las críticas contra el anteproyecto, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre, no se han hecho de rogar. Los portavoces de las asociaciones de jueces, salvo el de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), catedráticos y hasta CCOO han puesto el grito en el cielo. Algunos entienden que significa "justicia para ricos"; todos la consideran una restricción de las garantías y derechos de los ciudadanos. El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, niega ambos argumentos. "Lo que es una garantía es que el procedimiento se haya estudiado por un juez profesional y las partes tengan todos los mecanismos para articular sus pretensiones", asegura. Como ejemplo, añade: "El hecho de tener seis apelaciones no te garantiza que haya más justicia, porque a lo mejor la última es la que se equivoca". Y en cuanto a la elevación de la cuantía para poder acudir al Supremo, Campo recuerda que la casación arranca de la Revolución Francesa para reconducir la mala interpretación que los jueces hacían de una ley. Añade que la obligación del Gobierno es hacer "leyes para que el Supremo pueda cumplir el papel constitucional" que tiene encomendado, que en ningún caso es hacer de tercera instancia judicial, como ocurre ahora. Fuentes del Supremo inciden en esta línea para justificar una medida que él mismo solicitó, proponiendo subir la cuantía hasta el millón de euros. De esta forma, entienden, el tribunal podrá primar el interés casacional como medio de acceder a él. Aseguran que "no se pretende reducir el número de recursos que entran, sino posibilitar" que el tribunal "cumpla su verdadera función de casación". Sin embargo, en la actualidad el mayor número de recursos que examina (un 62,13%) ingresó por razón de la cuantía. Los que afectan a derechos fundamentales suponen un 9,5% mientras que, los que se tramitan por razón de la materia, que es donde se incluyen los de interés casacional que unifican doctrina frente a la disparidad de las Audiencias o los Tribunales Superiores de Justicia suponen un 28,37%. Estos datos pertenecen a 2007, última vez que el Supremo desgranó su carga de trabajo, aunque según las fuentes consultadas coinciden con los actuales. El portavoz de la APM, Pablo Llarena, que considera "insuficiente" la reforma, sí entiende "obvio adecuar la entrada de asuntos a las posibilidades reales de los tribunales". Una explicación que comparte el secretario de Estado, que afirma que "no puedes producir jueces preparados y profesionales al ritmo del volumen de pleitos". "Tenemos jueces muy preparados, pero se resuelve una contienda en primera instancia y la revisan tres. Es un sistema perverso", advierte. Pese a lo lógico de la explicación, no es suficiente para CCOO que, a través de su secretaria general de Justicia, Flora Martínez, critica que se busque rapidez en la justicia impidiendo recursos, cuando lo que debería hacerse es invertir en medios personales y en tecnología. La conclusión a la que llega es que nos encaminamos hacia una "justicia para ricos" que cada vez se aleja más de la premisa de que sea "para todos", al recortar las garantías con las que contaban los ciudadanos. José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), advierte de que "no se puede salir de la crisis con leyes coyunturales", porque la de agilización procesal "sólo tiene sentido si va acompañada de una reforma de la estructura judicial". El acento no lo pone en la subida de la cuantía para acceder a la casación, siempre que los asuntos se sigan viendo por razón de la materia, sino en que se elimine la apelación en los juicios verbales que se ocupan de asuntos inferiores a 6.000 euros, una cifra que, en su opinión, "no es pequeña para muchas familias". La supresión de este recurso potenciará sentencias firmes "contradictorias", lo que generará "inseguridad jurídica". Y no considera "lógica" la reforma, porque la saturación no está en las audiencias provinciales, sino en los juzgados de primera instancia. Una apreciación que comparte Pablo Morenilla, catedrático de Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, que califica de "casi, casi arbitraria" la supresión de la apelación en los juicios verbales. "El mensaje que transmite a la primera instancia es que ellos tienen la última palabra y, en vez de cargarlos de responsabilidad, les descarga, porque su sentencia será inapelable". Por eso, augura que el Tribunal Constitucional se llenará de "embargos", porque la justicia de primera instancia "está colapsada" y es "pésima". Que la cuantía se eleve a 800.000 euros le parece un "salto abismal". Vicente Gimeno Sendra, catedrático de la UNED, entiende positiva la agilización del desahucio que incluye la reforma, pero es taxativo: "En materia de recursos el anteproyecto no debería convertirse en ley", porque "convierte en soberanos a los jueces de primera instancia", lo que estimula la inseguridad jurídica. Para él, sí que la elevación de la cuantía limita este derecho a los ricos. "La política de quitar recursos, porque da lentitud, es equivocada. Al subir el listón, privas al Supremo de pronunciarse sobre muchos asuntos", añade. Su compañero Vicente Guzmán, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, considera perfectamente constitucional la reforma, porque el Alto Tribunal ya estableció que el derecho al recurso, salvo en el orden penal, no forma parte de la tutela judicial efectiva. Aún así, admite que "pasar de 150.000 a 800.000 supone un cerrazón muy importante" del recurso de casación que conllevará que la carga de trabajo del Supremo se reduzca "drásticamente". En su opinión, "no favorece tanto a los ricos frente a los más pobres, pero sí a las grandes empresas frente a las pequeñas y a los particulares". Su propuesta consiste en eliminar la cuantía como requisito para acceder a la casación y así dejar al Supremo cumplir "su función uniformadora, que garantiza la igualdad de todos ante la ley". Recuerda lo que le ocurrió al TC en los 80, cuando tuvo que "decantar muchos asuntos". En los 90, los recursos de amparo se redujeron por sí solos. Javier Varona, portavoz de Foro Judicial Independiente, centra sus críticas en la reforma en lo relativo a lo Contencioso-Administrativo, que se ocupa de derechos que nunca "se deberían restringir". Asegura que en lo Civil casi siempre tienes segunda instancia, pero no en la jurisdicción que se encarga de revisar las resoluciones de la Administración. De ahí que elevar la cuantía de la casación a 800.000 euros le parezca "absolutamente injustificable", porque dejará fuera "muchos asuntos importantes que no entrarán por su cuantía". Equiparar la condena en costas existente en lo Civil a lo Contencioso tiene un claro carácter "disuasorio", en opinión de Varona. "¿Cómo vas a recurrir una multa de tráfico de 300 euros si te arriesgas a pagar 1.200?", advierte. Joaquín González Casso, miembro del Comité Nacional de Francisco de Vitoria, propone modificar todo el modelo de acceso a la casación, porque entiende que el Alto Tribunal se está utilizando como "una tercera instancia". "Puede haber un pleito de 800.000 euros que sea una memez y otro de 1.000 en el que me interese más lo que diga el Supremo, porque voy a tener más casos similares en el Juzgado", explica. Por eso, la ley le parece por un lado "precipitada" y, por otro, que "se queda a medio camino". En cuanto a las principales novedades de la reforma procesal., destaca Público los desahucios más rápidos con menos trámite . Es el aspecto valorado más positivamente por los expertos consultados, porque logra la agilización buscada. En los juicios por desahucio por falta de impago, cuando el arrendatario no desaloje el inmueble o no se oponga al requerimiento, se le comunicará directamente la fecha en la que se realizará el lanzamiento, es decir, al desalojo del inmueble. Evitará la celebración de vistas innecesarias. A esta medida, ya anunciada en los conocidos como desahucios exprés, se suma la obligación de que las partes comuniquen al juzgado cualquier cambio de domicilio, porque la búsqueda de los requeridos retrasa el proceso.  Igual que Europa, sin límite en los monitorios . También se considera, en general, positiva la eliminación del límite de cantidad en los procesos monitorios (reclamación de una deuda mediante la presentación de un documento sin necesidad de celebrar un juicio), porque los equipara a los europeos. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) destacó este punto en el informe favorable al anteproyecto que aprobó en enero con los votos discrepantes de dos vocales elegidos a propuesta del PP. No obstante, Jueces para la Democracia entiende que como de estos procesos se ocupan los secretarios judiciales, al no fijar límite de cantidad, se quitan competencias a los jueces.. Al Supremo sólo por más de 800.000 euros . El punto más cuestionado de la reforma judicial es que eleva la cuantía para poder recurrir en casación al Tribunal Supremo en la jurisdicción civil y en la contencioso-administrativa de 150.000 a 800.000 euros. El objetivo del Ministerio de Justicia es que el Alto Tribunal no se convierta en una tercera instancia, y pueda realizar mejor la función que tiene encomendada constitucionalmente: unificar y fijar doctrina. Por eso, limita la vía por la que más recursos de casación recibe ahora el Alto Tribunal, que asegura que levantará la mano a la hora de admitir recursos por el interés casacional del asunto sobre el que versan.. Sin recurso en juicios de menos de 6.000 euros . a eliminación de la apelación en los juicios verbales cuya cuantía no supere los 6.000 euros también es muy discutida, porque supone un recorte de una garantía con la que hasta ahora contaban los ciudadanos. El argumento consiste en que, para una cuantía tan baja, el recurrir a la Audiencia Provincial retrasa la resolución del litigio. "Sale más caro el collar que el perro", en palabras del catedrático de Procesal Vicente Guzmán. Pese a ello, el experto se declara partidario de permitir al ciudadano elegir entre rapidez y garantías. Los demás catedráticos objetan la inseguridad que creará la discrepancia en casos similares. . La puja, al menos por la mitad de la tasación . Uno de los motivos por los que la reforma se considera "insuficiente" para algunos es que, ahora que se habla de la dación en pago cuando se ejecutan hipotecas por causa de impago, se limita a plantear que en las subastas el bien no pueda adquirirse "en ningún caso" por menos de la mitad del valor en el que se tasó. Pese a las críticas, las reforma supone un avance, porque la Ley Hipotecaria del 2000 permitía que el inmueble se adquiriera por esa cantidad o bien la adeudada y, en ocasiones, los bancos se quedaban con la vivienda por mucho menos de la mitad del valor en el que fue tasada para conceder la hipoteca, algo que ahora se intenta frenar. . Condena en costas frente al Estado . En la jurisdicción contenciosa las costas (coste del proceso) sólo se imponían cuando se entendía un pleito temerario o motivado por la mala fe. Ahora se asimilan a las de lo civil, donde suele pagarlas el que pierde el litigio.  
LA LEY DE DEPENDENCIA.- Dice Público que Mariano Rajoy olvidó ayer que son precisamente las autonomías gobernadas por el PP a excepción de Castilla y León y la Rioja las que peor aplican la Ley de Dependencia. Es en sus feudos donde las personas dependientes topan con más dificultades para recibir las ayudas. Basta con tomar como referencia el número de personas que espera a recibir una prestación, pese a tener reconocido el derecho. Así, el País Valencià es la segunda comunidad con más personas en el limbo: una de cada dos está en esta situación. Sólo Canarias, donde el PP gobernaba hasta hace poco con Coalición Canaria, está peor (el 59% de sus dependientes está a la espera). Madrid, Murcia y Galicia también están por debajo de la media. En global, el último dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señaló a estas autonomías, junto a Balears, como las que peor aplican la ley, por los retrasos y por no respetar el espíritu de la norma.
LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS CONTROLADORES.- Este pasado lunes se anunció a bombo y platillo el laudo que supuestamente pondrá fin al conflicto entre los controladores aéreos y AENA. Sin embargo, y como explica Libertad Digital, poco ha cambiado desde que este colectivo puso en jaque al país, lo que obligó a decretar el estado de alarma casi mes y medio. Lo cierto es que los controladores seguirán manteniendo sus exclusivos privilegios. Aunque los titulares avancen que éstos trabajarán menos y también cobrarán menos, no hay nada nuevo en el documento redactado por Manuel Pimentel. De hecho, este grupo seguirá cobrando de media 200.000 euros al año. Este laudo, que quieren vender como un gran acuerdo, no hace otra cosa que recoger lo acordado por AENA antes de que los controladores decidieran dejar en tierra a millones de pasajeros y hacer perder a la economía española cientos de millones de euros. El capricho de los controladores durante el pasado mes de diciembre provocó un caos de inmensas proporciones lo que obligó a realizar algo que no se había llevado a cabo en democracia: el decreto de alarma y la militarización de las torres de control de los aeropuertos españoles. Algo que se normalizó apenas hace mes y medio. A pesar de esta reducción de sueldo acordada ahora, que se llevará a cabo únicamente por la disminución de horas extra pagadas a precio de oro, los controladores españoles seguirán siendo los mejor pagados de toda Europa. No hay que olvidar que el coste salarial de un controlador en Francia es de 111.594 euros; en Alemania de 158.125 euros; en Italia de 142.057 euros y en Reino Unido de 121.795 euros. Además, la productividad de los controladores españoles no llega a la media europea y está muy por debajo de sus colegas alemanes o británicos, todos ellos con sueldos considerablemente más bajos. Igualmente, estos sueldos desorbitados estaban propiciados por los propios controladores que, durante años, bloquearon la convocatoria de oposiciones, lo que hubiera provocado una reducción del número de horas realizadas por controlador y por ello también una disminución de sus millonarios ingresos. Otro caballo de batalla es el del horario de los controladores. Hasta ahora los controladores superaban el número de horas establecidas en su convenio lo que no les suponía ningún tipo de problema puesto que cobraban de media 140.000 euros más al año en horas extra. Hubo controladores que llegaron a cobrar un millón de euros al realizar innumerables y voluntarias horas extra. Cuando AENA fijó las 1.670 horas de tope y un máximo de horas extra comenzó el problema de trabajar demasiado, porque ya no salía tan rentable como hasta ahora. Los turnos eran de 1.200 horas más 550 en horas extras. Ahora, trabajarán menos horas. Este año se mantendrán las 1.670 horas establecidas por AENA y se reducirán hasta las 1.595 horas para 2013. Aunque podrán seguir realizando horas extras, ya estarán más limitadas por ley.
LOS MÁRGENES DE LA ALIMENTACIÓN FRESCA.- Los márgenes de la alimentación fresca –diferencial entre el precio de origen de los productos y el que finalmente paga el consumidor final– crecieron un 19% el pasado mes de febrero, según el índice de precios (IPOD) elaborado mensualmente por asociaciones de consumidores, agricultores y ganaderos., y del que da cuenta La Vanguardia. Un incremento muy superior a la inflación registrada en el mes de enero por partidas como el transporte (9%) y la alimentación (0,8%), los grupos a los que el INE achaca el incremento de la inflación adelantada hasta el 3,6%. El sector agrario asegura que el gran responsable de este incremento de los márgenes es la gran distribución. “Las grandes cadenas de distribución están abandonando su guerra de precios para trasladar al consumidor final el aumento de los gastos que supone un precio de la energía alto”, asegura Miguel Padilla, responsable de Mercados Agrarios de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). En cambio, denuncia, “agricultores y ganaderos no tiene capacidad para trasladar a los precios de sus producciones el aumento de costes que supone un petróleo por las nubes”. El sector está lastrado por el incremento del precio del gasóleo, los fertilizantes y el pienso. Los ámbitos más afectados son el cereal, el lácteo, el porcino y el pollo, según apuntan desde la asociación. Los productos frescos con un mayor diferencial entre precios de origen y de consumo son los cítricos, lo que contrasta con la caída de precios de las principales categorías. En febrero, los limones mantuvieron un margen del 722% mientras el precio cayó un 5,8% y el margen de las naranjas fue del 519% y le precio fue un 5% menor. “La situación de los cítricos esta temporada es dramática y mucha fruta se queda en el árbol confiando que el final de temporada se recuperen los precios”, argumentan los agricultores. Por su parte, los transportistas rechazan que el incremento de los precios de la alimentación esté provocado por el aumento del precio de los portes. “Salvo muy honrosas excepciones y en ámbitos muy especializados, en general el sector no tiene capacidad de aplicar las cláusulas de revisión de tarifa porque la distribución no acepta”, asegura un portavoz de la Confederación de Transporte de Mercancías. Según la relación de precios que elabora cada mes el Ministerio de Industria, las patatas, el salmón y los pimientos verdes fueron los alimentos que más se encarecieron en febrero respecto al mismo mes del 2010, con incrementos que oscilaron entre el 10,55% y el 12,54%, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En concreto, las patatas encabezaron el ranking de productos alimentarios que más subieron en febrero, con un aumento interanual del 12,54%, seguidos del salmón (11,38%) y de los pimientos verdes (10,55%). Junto a estos productos, también incrementaron precios el jurel (4,71%), las acelgas (4,55%), las lechugas (4,4%) y las cebollas (4,2%). Por el contrario, se abarataron los limones (-7,91%), la merluza (-7,81%), las naranjas (-7,67%), la bacaladilla (-5,27%) y la pescadilla (-5,22%). En cambio, en alimentación envasada destaca la bajada de precios de los principales derivados del cereal, en contraste con el aumento de precios en origen: la leche se vendió un 4,32% más barata, el pan de molde, un 3,65% y la harina, un 3,2% menos.