RAJOY SE ESFUERZA EN TENER PRESENCIA EN CATALUÑA. EL PARO QUE DEJÓ FEBRERO. CANDIDATOS BAJO SOSPECHA

RAJOY SE ESFUERZA PARA TENER PRESENCIA EN CATALUÑA.- Aunque la campaña electoral propiamente dicha, es decir, el tiempo en el que se permite solicitar el voto para una determinada candidatura y unas siglas, está aún a casi dos meses de distancia, no hay duda de que los dirigentes políticos, unos más que otros, tienen ya una clara impaciencia por entregarse a esa tarea esencial. En el diario La Vanguardia se relata este jueves cómo el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha demostrado este miércoles que “quiere extender a las municipales del 22 de mayo los buenos resultados que su partido obtuvo en las autonómicas catalanas del pasado noviembre, cuando los populares ascendieron al tercer puesto con la cifra récord de 18 diputados”. Según esta información, conscientes de la debilidad del PSC tras el varapalo de las autonómicas y del desgaste del Gobierno del PSOE por la crisis, los populares centran ahora sus esfuerzos en Barcelona y su área metropolitana, donde el PP catalán aún está ausente en algunos gobiernos locales. Y relata a continuación la que califica de “minigira” que Rajoy, y la presidenta del PP catalán, Alícia Sánchez-Camacho, ha protagonizado por tres municipios del llamado 'cinturón rojo' barcelonés, por la cantidad de municipios gobernados por los socialistas: Castelldefels, L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona, la capital catalana, donde el PPC aspira a jugar un papel clave el 22-M. Rajoy empezó estas visitas recorriendo un mercadillo de Castelldefels, en el que fue ovacionado por un grupo de militantes que acompañaba a la delegación popular y donde también recibió numerosas muestras de apoyo de los vecinos y comerciantes que se le acercaban. El relato recoge algunas de las expresiones que intercambiaron Rajoy y sus partidarios: "Más para los españoles y menos para los inmigrantes", le gritó una señora al verle, mientras que otra le pedía que le subiera la pensión, y algunos comerciantes le reclamaban que acabara con el paro en España. Al saludar a un churrero, éste le defendió la independencia de Cataluña. La mayoría de los vecinos con los que Rajoy se ha cruzado, entre ellos muchos curiosos, querían hacerse una foto con él. Insiste el cronista que Rajoy, Sánchez-Camacho y el candidato del PP en Castelldefels, Manuel Reyes, se pudieron el 'mono' de campaña y repartieron besos y saludos. Tras el 'baño de masas', Rajoy dejó claro a la prensa que piensa seguir estando "a pie de calle" en Cataluña y que visitará en las próximas semanas las provincias catalanas y las localidades más pobladas con el fin de lograr que el PPC esté presente en las instituciones. A continuación, Rajoy y Sánchez-Camacho se han desplazado a L'Hospitalet de Llobregat y dieron un breve paseo con el candidato popular a la alcaldía, Juan Carlos Del Río. Por la tarde, ya junto al líder del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, recorrieron un tramo del Paseo de Gràcia de Barcelona hasta llegar a la Diagonal y se reunieron luego con la Junta de los Amigos del Passeig de Gràcia. No es la primera vez que Rajoy paseaba por el centro de la capital catalana, puesto que ya estuvo en la Rambla de Cataluña con motivo de la festividad de Sant Jordi, pero los populares han querido evidenciar una vez más que el PPC ha normalizado su presencia en el denominado 'oasis catalán'. Un grupo de jóvenes afines al PPC le han gritado a pocos metros: "Mariano, amigo, Cataluña está contigo", y acto seguido se han unido al grupo de dirigentes que acompañaba al líder de la oposición. La visita de Rajoy a Cataluña merece atenciones amplias en todos los diarios del área. Además de su información, La Vanguardia incluye una viñeta de huimor en la que Ventura y Coromina muestran en sus “postales de carnaval”, a la que llaman “la familia de Mariano Picapiedra”, con los personajes dirigentes del PP. Rajoy, Cospedal, Sánchez Camacho, Santamaría, Aznar, Aguirre... El Periódico de Cataluña señala que el líder del PP repartió saludos y evitó discursos polémicos. Y relata cómo integrantes del club juvenil del PPC vitorearon al candidato Alberto Fernández Días. También en La Razón se destaca esta visita del líder del PP y que Rajoy escuchó, sobre todos los demás, el mensaje de “queremos trabajo” de muchos ciudadanos., o la versión más sesgada de “más trabajo para los españoles y menos para los inmigrantes”. Precisamente, dice este diario, para evitar problemas de convivencia, Rajoy confirmó que volverá a plantear un contrato de integración para inmigrantes en las próximas elecciones generales. Curiosamente, la estancia del dirigente del PP en Cataluña no se libra de la controversia sobre la integración de los inmigrantes, o el rechazo que éstos provocan en determinados ámbitos y hasta por determinados elementos directivos del PP catalán. Pero, al margen de episodios e incidentes concretos, es claro el propósito de Rajoy de recuperar para el PP la presencia y aceptación que llegó a tener hace algunos años. Por ejemplo, antes de que Aleix Vidal Quadras fuera “traslado a Madrid” por acuerdo entre Aznar y Pujol...

LOS PARADOS QUE DEJÓ FEBRERO.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) se situó al finalizar febrero cerca de 4,3 millones de personas, tras subir en 68.260 desempleados, con un aumento porcentual del 1,6% respecto al mes de enero, informó este miércoles el Ministerio de Trabajo e Inmigración. En concreto, el volumen total de parados alcanzó en febrero la cifra de 4.299.263 desempleados, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996, y el más elevado, por tanto, de los tres años de crisis que arrastra ya España. La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, reconoció que se trata de un "dato negativo", si bien resaltó que el incremento producido durante este mes de febrero es menor que el de los dos años anteriores. Así, en febrero del pasado año, el desempleo aumentó en 82.132 parados y, en febrero de 2009, en 154.058. En términos interanuales se registró un incremento de 168.638 personas (4%), el nivel más bajo desde noviembre de 2007. El paro subió en febrero en ambos sexos, aunque más entre las mujeres, con 38.887 nuevas paradas (+1,8%), frente a un incremento del desempleo masculino de 29.373 hombres (+1,4%), situándose el total de mujeres en paro en 2.164.651 y el de varones, en 2.134.612. Por sectores, el paro subió en febrero en todos ellos, pero sobre todo en los servicios, que registró en el segundo mes del año 39.569 desempleados más (+1,6%). Le siguieron el colectivo sin empleo anterior, que sumó 13.968 parados (+3,8%); la agricultura, con 8.614 desempleados más (+6,6%); la industria, que registró 3.559 parados más (+0,7%), y la construcción, con 2.550 desempleados más (+0,3%).

CANDIDATOS BAJO SOSPECHA.-- El próximo 22 de mayo volverán a depositarse en las urnas los nombres de políticos imputados por diversos delitos. PP y PSOE no solo se han negado a retirar de sus listas a todos los candidatos bajo sospecha, sino que defienden activa y públicamente a algunos de ellos, tal y como nos relata El Confidencial. Esta singular conducta de la clase política española contrasta con la reciente dimisión del ministro de Defensa alemán, Karl-Theodor zu Guttenberg, por haber copiado su tesis doctoral. Para remediar esta situación, se ha lanzado una campaña en internet bajo el título “Echemos a oos corruptos de las listas electorales”, que está reuniendo miles de firmas ciudadanas. Los responsables de esta iniciativa son las plataformas Actuable y Avaa, dos comunidades online que promueven todo tipo de acciones reivindicativas. “El ámbito político no debe ser el del mínimo común denominador, sino el espacio más limpio y ejemplar”,  señaló Francisco Polo, responsable de Actuable. “En total tenemos el reto de llegar a 35.000 firmas, que vamos a entregar físicamente este fin de semana a los principales partidos, ya sea en sus sedes o en los congresos donde cierran sus listas electorales”, añadió. La campaña se basa en la experiencia previa de Avaaz en Brasil, donde la movilización ciudadana consiguió impulsar en 2010 una ley que prohíbe a los candidatos corruptos presentarse a las elecciones. Y es que cada vez resulta más habitual que Internet ejerza como herramienta de organizaicón reivindicativa a través de webs como las citadas, y otras como la estadounidense MoveOn, que respaldó a Barack Obama en las primarias del Partido Demócrata. Pero tanto socialistas como populares parecen decididos a blindar a sus propios imputados, a la vez que utilizan los ajenos como arma arrojadiza. Ayer, Antonio Hernando, secretario de Política Municipal del PSOE, se desplazó a Melilla para apuntalar a su candidato, Dionisio Muñoz, imputado por delito electoral, falsedad documental y una posible obstrucción a la justicia. Hernando aseguró que el comportamiento del cabeza de lista socialista fue “impecable” en las generales de 2008, cuando presuntamente compró votos para su formación. El lunes se conoció también la imputación de la alcaldesa de Grazalema (Cádiz), María José Lara Mateos, por un supuesto cobro de comisiones. En Andalucía, el PSOE mantiene a diez candidatos imputados, entre ellos, el aspirante a la Alcaldía de Granada, Francisco Cuenca. Pero los socialistas no admiten “lecciones de ética” del PP, a quien recuerdan que protege en sus listas a imputados tan notables como el presidente valenciano, Francisco Camps. Los grandes casos de corrupción que afectan a cargos públicos de relevancia del PP (Gürtel, Brugal o Fabra) sirve a los socialistas como pantalla de defensa ante los escándalos de los ERE’s falsos o de Mercasevilla.  Así, no resulta extraño que Elena Valenciano, portavoz del Comité Electoral del PSOE, al ser preguntada ayer sobre la dimisión del ministro de Defensa alemán respondiera que no se puede importar automáticamente ese tipo conducta: “Cuando los políticos son puestos en cuestión por la ciudadanía, cuando manifiestan cierta confianza hacia su gestión lo razonable es que dimitan, pero no es trasladable una situación de un país a otro”. Zu Guttenberg tiró la toalla tras descubrirse que había copiado su tesis doctoral. “He estado siempre dispuesto a luchar, pero he alcanzado el límite de mis fuerzas”, afirmó quien ocupara también la cartera de Finanzas en la pasada legislatura. En Francia, la titular de Asuntos Exteriores, Michèle Alliont-Marie, se vio obligada a renunciar a su cargo por haber disfrutado de unas vacaciones en Túnez con los favores de un empresario vinculado al depuesto Ben Ali. Unos ecos de responsabilidad política que no han llegado a España, donde el último ministro en dimitir fue Mariano Fernández Bermejo por su cacería con Baltasar Garzón y el comisario Juan Antonio González. Pese a todo, tanto PSOE como PP continúan presumiendo de poseer códigos éticos y de presentar unas listas limpias. “No irán imputados y mucho menos condenados”, anunció en febrero Antonio Hernando al presentar a los candidatos socialistas a diversos municipios. El partido que lidera José Luis Rodríguez Zapatero no ha cumplido su compromiso, pero tampoco el de Mariano Rajoy, cuyas normas prevén, sin éxito, que sus candidatos no podrán manchar la imagen de su formación, aunque se trate de conductas legales.
MAS DENUNCIAS DE ROBOS DE NIÑOS. - En apenas un mes, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) ha recibido 482 nuevas denuncias de robos de niños cometidos en toda España, según ha relatado el diario El País.. A estos hay que sumar los 261 casos que presentaron ante el fiscal general del Estado el pasado 27 de enero. En total son ya 747. Anadir llevará los nuevos casos a la Fiscalía del Estado para que el coordinador designado por Cándido Conde-Pumpido los reparta entre las fiscalías provinciales. Las denuncias afectan a todas las comunidades, especialmente a Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana. La mayoría se produjeron entre los años cincuenta y finales de los ochenta, pero también hay algunos registrados en los noventa. La asociación ha recibido incluso una denuncia por un posible robo de niños cometido en 2007. Cada vez hay más casos y también más pruebas. Antonio Barroso, presidente de Anadir, dio cuenta ayer de algunas de ellas. Son contundentes. Como la prueba de ADN que ha demostrado que dos mujeres de Barcelona son madre e hija 40 años después de que a la primera le entregaran una partida de defunción del bebé al que acababa de dar a luz; o los ataúdes vacíos que familias con dudas de Terrassa y Tenerife han descubierto al abrir los panteones familiares donde supuestamente habían sido enterrados sus hijos muertos al poco de nacer. El escrito que presentaron ante la fiscalía incluía, además, un listado de pruebas acumuladas sobre la trama de adopciones irregulares y robo de bebés. Entre otras, partidas de nacimiento y defunción falsificadas y los testimonios de una enfermera que trabajó en la clínica San Ramón de Madrid y asegura que la venta de niños era "habitual" allí, o un funerario de Málaga que relata cómo rellenaba los pequeños ataúdes que le llegaban vacíos de algunas maternidades. También el testimonio de una mujer que confiesa haber comprado una niña en un parque de Melilla en 1979 y otra que cuenta cómo le enseñaron a fingir un embarazo antes de entregarle "como regalo" un bebé. Anadir aprovechó un acto ayer en el Centro de la Mujer de Getafe (Madrid) para pedir ayuda al Gobierno. "Estamos desbordados", asegura Elisabet Urrea, portavoz de la asociación, mientras suena sin parar su teléfono. "Cada día nos llegan más casos, más cartas, e-mails, fax... de personas que denuncian que les robaron a su hijo. No damos abasto. Hay madres desconsoladas, traumatizadas por lo ocurrido, y hacen falta psicólogos para atenderlas". Mientras, las fiscalías provinciales avanzan en la investigación. Solo en Madrid se están indagando 84 casos.
SE PREPARA LA FERIA INMOBILIARIA.- Promotoras y entidades financieras se verán las caras en menos de quince días en la que hasta hace cuatro años era la mayor feria inmobiliaria de España. El SIMA (Salón Inmobiliario de Madrid) abre sus puertas el próximo 11 de marzo y lo hace cargado de reclamos publicitarios con los que tanto unas como otras pretenden dar salida al ingente stock de viviendas que han acumulado en los últimos años procedentes bien de ejecuciones hipotecarias o de daciones en pago, según anuncia El Confidencial, que recuerda que en la anterior edición de la feria ya quedó patente la 'guerra' que se ha desatado entre ellas en cuanto a venta de inmuebles se refiere. Entonces, los promotores calificaron de “competencia desleal” la venta de viviendas por parte de bancos y cajas. No hay que olvidar que estos cuentan con la llave de la financiación, una llave sólo al alcance de quienes acceden a comprar una de sus viviendas y no una de un promotor, tal y como aseguraba recientemente en un informe la consultora inmobiliaria de CB Richard Ellis. No obstante, muchas promotoras acuden al salón bajo el paraguas de alguna entidad que permita asegurar la operación. No en vano, la restricción al crédito por parte de bancos y cajas -junto a los desacuerdos en el precio entre compradores y vendedores- Ha provocado que muchas operaciones de compraventa se hayan ido al traste. Las entidades financieras estarán presentes pero no como tales, sino a través de sus respectivas divisiones inmobiliarias: Altamira (Banco Santander), CatalunyaCaixa Inmobiliaria, BNP Paribas Real Estate, Bancaja  Hábitat, Casaktua (Banesto)… Todas ellas volverán a luchar con las promotoras por un mismo objetivo: vender el mayor número de pisos posibles. Y no lo tendrán fácil, ya que varios factores juegan en su contra. Los compradores siguen esperando fuertes descensos en los precios de los pisos mientras que el fin de la desgravación por adquisición de vivienda para quienes ganan más de 24.000 euros podría retrasar algunas decisiones de compra. Sin olvidar la subida del IVA desde el pasado verano. Como en las dos últimas ediciones, los expositores han apostado por el tirón que suelen tener entre los potenciales compradores los descuentos, unos más agresivos que otros. En la costa, por ejemplo, se ofrecen rebajas que van desde el 5% al 50% sobre los precios de venta o algo que ya viene siendo bastante habitual: cheques viaje para conocer las promociones 'in situ'. En el interior, además de rebajas en el precio hay expositores que ofrecen financiación al 100% así como descuentos plazas de garaje y trasteros. La feria será este año un fiel reflejo de la realidad inmobiliaria española ya que mostrará una amplia oferta en la costa y Madrid, dos zonas que acaparan la mayor parte de los 1,1 millones de viviendas en stock que se calcula que existe en el parque inmobiliario español. En 2009, el Ministerio de Vivienda calculaba que de los 700.000 pisos en busca de comprador, el 60% se concentraba en la costa, mientras que Madrid y sus provincias limítrofes acaparaban el 14%. La mayor parte de la oferta inmobiliaria de este año son proyectos llave en mano, esto es, viviendas terminadas y listas para ser ocupadas, aunque también hay opciones sobre plano. En pleno boom inmobiliario, muchas promotoras e inmobiliarias vendían los inmuebles antes de que estos estuvieran acabados. Con el estallido de la crisis, sin embargo, muchos proyectos quedaron paralizados mientras que otros siguen adelante en busca de compradores. En la feria estarán presentes algunos de estos casos como diferentes proyectos en Valdebebas con fechas de entregas en los próximos dos-tres años. El SIMA Primavera (11-13 de marzo) será la primera gran cita inmobiliaria del año. La feria, aunque no ha conseguido recuperar el esplendor de hace cuatro años, sigue siendo un referente entre expositores y quienes buscan piso. La crisis, sin embargo, también le ha pasado factura. En 2007, en pleno boom del ladrillo, llegó a contar con 50.000 metros cuadrados comercializados frente a los 6.000 de la última edición.  "La debacle vivida en la feria entre 2008 y 2009 es un fiel reflejo de la evolución del sector inmobiliario en España", comenta un asiduo al salón. "Ahora apenas se está comercializando un 15% de la superficie de hace cuatro años y aunque nunca volveremos a ver unos volúmenes de contratación tan elevados, sí se puede decir que el via crucis ha terminado". SIMA Primavera dará el pistoletazo de salida para este tipo de ferias. A esta primera edición, la de marzo, le seguirá otra en junio (del 2 al 5) y otra en octubre (del 14 al 16 de octubre). No serán las únicas, ya que a finales de marzo se celebrará en Valencia el Centro Comercial Inmobiliario del Ateneo Mercantil  (entre el 25 y el 27 de marzo) o el salón Low Cost de Barcelona (entre el 29 de abril y el 1 de mayo), entre otras.
FEIJOO QUIERE UNA CAJA-BANCO.- La Xunta quiere que los directivos de Novacaixagalicia (NCG) hagan pública su apuesta por la recapitalización de la entidad a través de una ficha bancaria, con sus correspondientes inversores, y se centren en esta vía como la «única opción» de futuro. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, aprovechó ayer una entrevista radiofónica para manifestar su deseo de que «todos» los directivos trabajen en esta vía «como hacen las grandes cajas españolas», según cuenta este miércoles el diario la Voz de Galicia. En el entorno de la Xunta preocupa que la cúpula de la entidad gallega no esté cobrando un mayor protagonismo a la hora de buscar capital dentro y fuera de Galicia. Fuentes próximas al Ejecutivo autonómico saben que cajas como la madrileña o las catalanas llevan semanas realizando «intensas gestiones» en este sentido y creen que NCG no puede dilatar por más tiempo este proceso, ya que se prevé «complejo y delicado». Según esas fuentes, Feijoo ya habría trasladado a la caja su disposición a colaborar activamente en la localización de nuevos socios, aunque en medios cercanos a la Xunta se considera que deben ser los directivos de la caja los que tomen la iniciativa. El problema es que en el seno de Novacaixagalicia siguen explorando alternativas a la capitalización, sin que se haya descartado todavía una fusión fría (SIP) con otras entidades. Esta alternativa aportaría solvencia a corto plazo, pero a costa de perder la galleguidad -se diluiría en un conglomerado de siglas- y peso en las decisiones de negocio y obra social. Directivos de Novacaixagalicia admitieron ayer que el copresidente Julio Fernández Gayoso contactó en las últimas semanas con Banco Mare Nostrum (Murcia, Granada, Penedés y Sa Nostra), Banco Base (Cajastur, CAM, Cantabria y Extremadura) y Banca Cívica (Navarra, Cajasol, Burgos y Canarias). Sin embargo, enmarcaron las conversaciones en el mandato del consejo de NCG para «analizar todos los caminos» de futuro. Feijoo volvió a pedir al Gobierno y al Banco de España una «igualdad de trato» para Galicia respecto a otras comunidades. No obstante, en su círculo de confianza insisten en la preocupación por «agilizar» las gestiones para la capitalización de NCG. Ayer, el líder del BNG, Guillerme Vázquez, calentó motores en Vigo para la manifestación convocada con la CIG para el día 13, y acusó al titular de la Xunta de «falta de liderazgo» en las cajas. Le culpó de no haber aclarado la postura del PP nacional sobre el decreto del sector financiero y le instó a recurrir este documento.
MADRID-GALICIA A 110KMH. EXPERIENCIA INSUFRIBLE.- Se cuenta en La Voz de Galicia la experiencia de un viaje de Madrid a Galicia a 110 km hora y la calificación que merece a su autor: Insufrible. Es el adjetivo que mejor califica un viaje de 560 kilómetros por una autovía sin rebasar los 110 kilómetros por hora. Para comprobar si, como dice Fernando Alonso, es fácil quedarse dormido al volante o, como dice el Gobierno, se produce un ahorro notable, nos embarcamos en el ejercicio. Salida desde O Temple, en el extrarradio de A Coruña, y llegada a Las Rozas, en la antesala de Madrid: 569 kilómetros sin salir de la autovía. El resultado son cinco horas y cuarenta y cinco minutos de carretera en la que, invariablemente, somos los adelantados. El gasto ha sido de 35,84 litros de gasoil; unos 45,7 euros. La media, 98 kilómetros por hora. Hacemos el viaje de vuelta al límite de la multa: 135 velocidad máxima. El viaje es notablemente más corto, cuatro horas y treinta y seis minutos. ¿Y el gasto? Sorprendentemente, llenar de nuevo el depósito me cuesta lo mismo en O Temple que en Las Rozas. Volver a una media de 120 kilómetros por hora solo ha incrementado el consumo en litro y medio de combustible. En total, 1,88 euros. Más allá del ahorro, conducir por una vía de alta capacidad sin superar los 110 kilómetros por hora como máximo requiere una adaptación para quien no esté acostumbrado. Lo compruebo inmediatamente en el viaje de ida. Metido en el tráfico de la AP-9 camino de la A-6, me abstengo de hacer adelantamientos porque, por el carril de la izquierda, los 110 son una velocidad insegura. Solo me atrevo con los camiones y, para eso, cuando tengo el retrovisor limpio. Es en ese tramo cuando adelanto a un turismo que debe circular a 90. Entonces no lo sé todavía, pero no volveré a adelantar a otro turismo hasta más allá de Tordesillas. No tengo limitador, así que estoy obligado a mirar constantemente al velocímetro para no pasarme del límite. No es fácil. A poco que me desvíe ya veo la aguja fuera de sitio. Me cuesta cogerle el punto a la velocidad de crucero y me doy cuenta de que mi ritmo no se corresponde con la del resto del tráfico, camiones excluidos. En condiciones normales, a 110 kilómetros por hora, mi coche, un turismo de 110 caballos y 2.100 centímetros cúbicos, marca 2.200 revoluciones por minuto. Cuando afronto descensos pronunciados, como el de Pedrafita do Cebreiro, el coche baja por gravedad. Hay que frenar. Así que, francamente, resulta difícil dormirse. Claro que todo cambia después de Astorga. Las rectas infinitas bajo el sol de la tarde facilitan la modorra y mi velocidad máxima se muestra anacrónica, preconstitucional. Aburrido, viendo como pasan larguísimos minutos hasta que alcanzo los camiones que se perfilan en la distancia, maldigo a Gadafi, del que no recuerdo que haya hecho nada bueno. Me adelantan vehículos comerciales y turismos pequeños conducidos por abuelos con gorra. Y, por supuesto, los de alta gama. Alguno hace que me plantee, como en el chiste, si no me habré quedado parado. Pero ya sé que no. Para eso voy mirando cada dos por tres el velocímetro. Pienso en el lado bueno. Supongo, erróneamente, que me estoy ahorrando unos buenos euros y compruebo cómo la aparición de los vehículos de la Guardia Civil y los destellos que a veces chocan contra el parabrisas no me producen ni frío ni calor. Estoy en la más absoluta legalidad vial. El viaje será largo, pero al menos está libre del estrés que siempre genera la velocidad clandestina. Cuando llego a mi destino, estoy cansado de tantas horas al volante, aunque haya hecho las paradas reglamentarias. Cinco horas y 45 minutos parece un tiempo demasiado largo. En el viaje de vuelta me tomo el desquite, aunque al principio no puedo. La salida hacia el Guadarrama está llena, primero de vehículos y luego de obras, pero, en cuanto puedo, devuelvo a mi coche la libertad y subo las revoluciones por encima de las 2.500. Los cálculos del navegador ya confirman que el ahorro en tiempo va a ser notable. En plena A-6 se revela en toda su extensión aquello de «Ancha es Castilla», y me voy vengando de todos los adelantamientos sufridos en el viaje de ida. Ya lo pagaré en la gasolinera, pienso. Solo me ato en los avisos de control por radar, en la subida al Manzanal y a Pedrafita y luego, ya cerca de Lugo, cuando me enfrento a una de esas incómodas situaciones que se producen cuando uno tiene que adelantar a un coche de la Guardia Civil que circula a 120 kilómetros por hora. No voy a meter la pata cuando ya estoy terminando, así que me mantengo en el límite hasta que los guardias abandonan la autopista. De vuelta a casa, compruebo que la rebaja de tiempo ha sido espectacular, una media de 120 por hora y me preparo para rascarme el bolsillo. Cuando el surtidor se para, no doy crédito. Coincide con lo que había llenado el mismo empleado el día anterior: «Siempre lo hago igual, lo lleno hasta el límite». No hay vuelta de hoja. El único lastre para el viaje de ida son nueve kilómetros. Compensado el desajuste, resulta que el viaje de vuelta me ha costado 1,88 euros más que el de ida. Un ahorro ínfimo a cambio de un retraso notable y un viaje insufrible.
PROYECTO DE AGILIZACIÓN PROCESAL.- ¿Se puede agilizar la justicia sin destinarle un importante ingreso económico? ¿Restringir recursos o disuadir a los ciudadanos de presentarlos es una merma de sus garantías o derechos? ¿Quedará reducida la casación en la justicia civil y de lo contencioso a un recurso sólo practicable para empresas poderosas o grandes patrimonios? A esas cuestiones responde un reportaje que Público proporciona este miércoles con gran relieve sobre el proyecto de Ley de Agilización Procesal, que previsiblemente aprobará este viernes el Consejo de Ministros, tiene un objetivo claro y explícito en su denominación, pero para lograr la deseada reducción de los tiempos de la justicia opta por restringir recursos que hasta ahora estaban a disposición del litigante. En los juicios verbales en los que el asunto del litigio no supere los 6.000 euros no se podrá recurrir la sentencia dictada ante la Audiencia Provincial. Y para que el Tribunal Supremo revise un asunto por razón de la cuantía ya no bastará, como ocurre ahora, con que alcance los 150.000 euros: será que la cifra supere los 800.000 euros. El Gobierno ha apostado por descargar de trabajo al Tribunal Supremo. Las críticas contra el anteproyecto, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre, no se han hecho de rogar. Los portavoces de las asociaciones de jueces, salvo el de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), catedráticos y hasta CCOO han puesto el grito en el cielo. Algunos entienden que significa "justicia para ricos"; todos la consideran una restricción de las garantías y derechos de los ciudadanos. El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, niega ambos argumentos. "Lo que es una garantía es que el procedimiento se haya estudiado por un juez profesional y las partes tengan todos los mecanismos para articular sus pretensiones", asegura. Como ejemplo, añade: "El hecho de tener seis apelaciones no te garantiza que haya más justicia, porque a lo mejor la última es la que se equivoca". Y en cuanto a la elevación de la cuantía para poder acudir al Supremo, Campo recuerda que la casación arranca de la Revolución Francesa para reconducir la mala interpretación que los jueces hacían de una ley. Añade que la obligación del Gobierno es hacer "leyes para que el Supremo pueda cumplir el papel constitucional" que tiene encomendado, que en ningún caso es hacer de tercera instancia judicial, como ocurre ahora. Fuentes del Supremo inciden en esta línea para justificar una medida que él mismo solicitó, proponiendo subir la cuantía hasta el millón de euros. De esta forma, entienden, el tribunal podrá primar el interés casacional como medio de acceder a él. Aseguran que "no se pretende reducir el número de recursos que entran, sino posibilitar" que el tribunal "cumpla su verdadera función de casación". Sin embargo, en la actualidad el mayor número de recursos que examina (un 62,13%) ingresó por razón de la cuantía. Los que afectan a derechos fundamentales suponen un 9,5% mientras que, los que se tramitan por razón de la materia, que es donde se incluyen los de interés casacional que unifican doctrina frente a la disparidad de las Audiencias o los Tribunales Superiores de Justicia suponen un 28,37%. Estos datos pertenecen a 2007, última vez que el Supremo desgranó su carga de trabajo, aunque según las fuentes consultadas coinciden con los actuales. El portavoz de la APM, Pablo Llarena, que considera "insuficiente" la reforma, sí entiende "obvio adecuar la entrada de asuntos a las posibilidades reales de los tribunales". Una explicación que comparte el secretario de Estado, que afirma que "no puedes producir jueces preparados y profesionales al ritmo del volumen de pleitos". "Tenemos jueces muy preparados, pero se resuelve una contienda en primera instancia y la revisan tres. Es un sistema perverso", advierte. Pese a lo lógico de la explicación, no es suficiente para CCOO que, a través de su secretaria general de Justicia, Flora Martínez, critica que se busque rapidez en la justicia impidiendo recursos, cuando lo que debería hacerse es invertir en medios personales y en tecnología. La conclusión a la que llega es que nos encaminamos hacia una "justicia para ricos" que cada vez se aleja más de la premisa de que sea "para todos", al recortar las garantías con las que contaban los ciudadanos. José Luis Ramírez, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), advierte de que "no se puede salir de la crisis con leyes coyunturales", porque la de agilización procesal "sólo tiene sentido si va acompañada de una reforma de la estructura judicial". El acento no lo pone en la subida de la cuantía para acceder a la casación, siempre que los asuntos se sigan viendo por razón de la materia, sino en que se elimine la apelación en los juicios verbales que se ocupan de asuntos inferiores a 6.000 euros, una cifra que, en su opinión, "no es pequeña para muchas familias". La supresión de este recurso potenciará sentencias firmes "contradictorias", lo que generará "inseguridad jurídica". Y no considera "lógica" la reforma, porque la saturación no está en las audiencias provinciales, sino en los juzgados de primera instancia. Una apreciación que comparte Pablo Morenilla, catedrático de Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha, que califica de "casi, casi arbitraria" la supresión de la apelación en los juicios verbales. "El mensaje que transmite a la primera instancia es que ellos tienen la última palabra y, en vez de cargarlos de responsabilidad, les descarga, porque su sentencia será inapelable". Por eso, augura que el Tribunal Constitucional se llenará de "embargos", porque la justicia de primera instancia "está colapsada" y es "pésima". Que la cuantía se eleve a 800.000 euros le parece un "salto abismal". Vicente Gimeno Sendra, catedrático de la UNED, entiende positiva la agilización del desahucio que incluye la reforma, pero es taxativo: "En materia de recursos el anteproyecto no debería convertirse en ley", porque "convierte en soberanos a los jueces de primera instancia", lo que estimula la inseguridad jurídica. Para él, sí que la elevación de la cuantía limita este derecho a los ricos. "La política de quitar recursos, porque da lentitud, es equivocada. Al subir el listón, privas al Supremo de pronunciarse sobre muchos asuntos", añade. Su compañero Vicente Guzmán, catedrático de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, considera perfectamente constitucional la reforma, porque el Alto Tribunal ya estableció que el derecho al recurso, salvo en el orden penal, no forma parte de la tutela judicial efectiva. Aún así, admite que "pasar de 150.000 a 800.000 supone un cerrazón muy importante" del recurso de casación que conllevará que la carga de trabajo del Supremo se reduzca "drásticamente". En su opinión, "no favorece tanto a los ricos frente a los más pobres, pero sí a las grandes empresas frente a las pequeñas y a los particulares". Su propuesta consiste en eliminar la cuantía como requisito para acceder a la casación y así dejar al Supremo cumplir "su función uniformadora, que garantiza la igualdad de todos ante la ley". Recuerda lo que le ocurrió al TC en los 80, cuando tuvo que "decantar muchos asuntos". En los 90, los recursos de amparo se redujeron por sí solos. Javier Varona, portavoz de Foro Judicial Independiente, centra sus críticas en la reforma en lo relativo a lo Contencioso-Administrativo, que se ocupa de derechos que nunca "se deberían restringir". Asegura que en lo Civil casi siempre tienes segunda instancia, pero no en la jurisdicción que se encarga de revisar las resoluciones de la Administración. De ahí que elevar la cuantía de la casación a 800.000 euros le parezca "absolutamente injustificable", porque dejará fuera "muchos asuntos importantes que no entrarán por su cuantía". Equiparar la condena en costas existente en lo Civil a lo Contencioso tiene un claro carácter "disuasorio", en opinión de Varona. "¿Cómo vas a recurrir una multa de tráfico de 300 euros si te arriesgas a pagar 1.200?", advierte. Joaquín González Casso, miembro del Comité Nacional de Francisco de Vitoria, propone modificar todo el modelo de acceso a la casación, porque entiende que el Alto Tribunal se está utilizando como "una tercera instancia". "Puede haber un pleito de 800.000 euros que sea una memez y otro de 1.000 en el que me interese más lo que diga el Supremo, porque voy a tener más casos similares en el Juzgado", explica. Por eso, la ley le parece por un lado "precipitada" y, por otro, que "se queda a medio camino". En cuanto a las principales novedades de la reforma procesal., destaca Público los desahucios más rápidos con menos trámite . Es el aspecto valorado más positivamente por los expertos consultados, porque logra la agilización buscada. En los juicios por desahucio por falta de impago, cuando el arrendatario no desaloje el inmueble o no se oponga al requerimiento, se le comunicará directamente la fecha en la que se realizará el lanzamiento, es decir, al desalojo del inmueble. Evitará la celebración de vistas innecesarias. A esta medida, ya anunciada en los conocidos como desahucios exprés, se suma la obligación de que las partes comuniquen al juzgado cualquier cambio de domicilio, porque la búsqueda de los requeridos retrasa el proceso.  Igual que Europa, sin límite en los monitorios . También se considera, en general, positiva la eliminación del límite de cantidad en los procesos monitorios (reclamación de una deuda mediante la presentación de un documento sin necesidad de celebrar un juicio), porque los equipara a los europeos. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) destacó este punto en el informe favorable al anteproyecto que aprobó en enero con los votos discrepantes de dos vocales elegidos a propuesta del PP. No obstante, Jueces para la Democracia entiende que como de estos procesos se ocupan los secretarios judiciales, al no fijar límite de cantidad, se quitan competencias a los jueces.. Al Supremo sólo por más de 800.000 euros . El punto más cuestionado de la reforma judicial es que eleva la cuantía para poder recurrir en casación al Tribunal Supremo en la jurisdicción civil y en la contencioso-administrativa de 150.000 a 800.000 euros. El objetivo del Ministerio de Justicia es que el Alto Tribunal no se convierta en una tercera instancia, y pueda realizar mejor la función que tiene encomendada constitucionalmente: unificar y fijar doctrina. Por eso, limita la vía por la que más recursos de casación recibe ahora el Alto Tribunal, que asegura que levantará la mano a la hora de admitir recursos por el interés casacional del asunto sobre el que versan.. Sin recurso en juicios de menos de 6.000 euros . a eliminación de la apelación en los juicios verbales cuya cuantía no supere los 6.000 euros también es muy discutida, porque supone un recorte de una garantía con la que hasta ahora contaban los ciudadanos. El argumento consiste en que, para una cuantía tan baja, el recurrir a la Audiencia Provincial retrasa la resolución del litigio. "Sale más caro el collar que el perro", en palabras del catedrático de Procesal Vicente Guzmán. Pese a ello, el experto se declara partidario de permitir al ciudadano elegir entre rapidez y garantías. Los demás catedráticos objetan la inseguridad que creará la discrepancia en casos similares. . La puja, al menos por la mitad de la tasación . Uno de los motivos por los que la reforma se considera "insuficiente" para algunos es que, ahora que se habla de la dación en pago cuando se ejecutan hipotecas por causa de impago, se limita a plantear que en las subastas el bien no pueda adquirirse "en ningún caso" por menos de la mitad del valor en el que se tasó. Pese a las críticas, las reforma supone un avance, porque la Ley Hipotecaria del 2000 permitía que el inmueble se adquiriera por esa cantidad o bien la adeudada y, en ocasiones, los bancos se quedaban con la vivienda por mucho menos de la mitad del valor en el que fue tasada para conceder la hipoteca, algo que ahora se intenta frenar. . Condena en costas frente al Estado . En la jurisdicción contenciosa las costas (coste del proceso) sólo se imponían cuando se entendía un pleito temerario o motivado por la mala fe. Ahora se asimilan a las de lo civil, donde suele pagarlas el que pierde el litigio.  
LA LEY DE DEPENDENCIA.- Dice Público que Mariano Rajoy olvidó ayer que son precisamente las autonomías gobernadas por el PP a excepción de Castilla y León y la Rioja las que peor aplican la Ley de Dependencia. Es en sus feudos donde las personas dependientes topan con más dificultades para recibir las ayudas. Basta con tomar como referencia el número de personas que espera a recibir una prestación, pese a tener reconocido el derecho. Así, el País Valencià es la segunda comunidad con más personas en el limbo: una de cada dos está en esta situación. Sólo Canarias, donde el PP gobernaba hasta hace poco con Coalición Canaria, está peor (el 59% de sus dependientes está a la espera). Madrid, Murcia y Galicia también están por debajo de la media. En global, el último dictamen de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señaló a estas autonomías, junto a Balears, como las que peor aplican la ley, por los retrasos y por no respetar el espíritu de la norma.
LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS CONTROLADORES.- Este pasado lunes se anunció a bombo y platillo el laudo que supuestamente pondrá fin al conflicto entre los controladores aéreos y AENA. Sin embargo, y como explica Libertad Digital, poco ha cambiado desde que este colectivo puso en jaque al país, lo que obligó a decretar el estado de alarma casi mes y medio. Lo cierto es que los controladores seguirán manteniendo sus exclusivos privilegios. Aunque los titulares avancen que éstos trabajarán menos y también cobrarán menos, no hay nada nuevo en el documento redactado por Manuel Pimentel. De hecho, este grupo seguirá cobrando de media 200.000 euros al año. Este laudo, que quieren vender como un gran acuerdo, no hace otra cosa que recoger lo acordado por AENA antes de que los controladores decidieran dejar en tierra a millones de pasajeros y hacer perder a la economía española cientos de millones de euros. El capricho de los controladores durante el pasado mes de diciembre provocó un caos de inmensas proporciones lo que obligó a realizar algo que no se había llevado a cabo en democracia: el decreto de alarma y la militarización de las torres de control de los aeropuertos españoles. Algo que se normalizó apenas hace mes y medio. A pesar de esta reducción de sueldo acordada ahora, que se llevará a cabo únicamente por la disminución de horas extra pagadas a precio de oro, los controladores españoles seguirán siendo los mejor pagados de toda Europa. No hay que olvidar que el coste salarial de un controlador en Francia es de 111.594 euros; en Alemania de 158.125 euros; en Italia de 142.057 euros y en Reino Unido de 121.795 euros. Además, la productividad de los controladores españoles no llega a la media europea y está muy por debajo de sus colegas alemanes o británicos, todos ellos con sueldos considerablemente más bajos. Igualmente, estos sueldos desorbitados estaban propiciados por los propios controladores que, durante años, bloquearon la convocatoria de oposiciones, lo que hubiera provocado una reducción del número de horas realizadas por controlador y por ello también una disminución de sus millonarios ingresos. Otro caballo de batalla es el del horario de los controladores. Hasta ahora los controladores superaban el número de horas establecidas en su convenio lo que no les suponía ningún tipo de problema puesto que cobraban de media 140.000 euros más al año en horas extra. Hubo controladores que llegaron a cobrar un millón de euros al realizar innumerables y voluntarias horas extra. Cuando AENA fijó las 1.670 horas de tope y un máximo de horas extra comenzó el problema de trabajar demasiado, porque ya no salía tan rentable como hasta ahora. Los turnos eran de 1.200 horas más 550 en horas extras. Ahora, trabajarán menos horas. Este año se mantendrán las 1.670 horas establecidas por AENA y se reducirán hasta las 1.595 horas para 2013. Aunque podrán seguir realizando horas extras, ya estarán más limitadas por ley.
LOS MÁRGENES DE LA ALIMENTACIÓN FRESCA.- Los márgenes de la alimentación fresca –diferencial entre el precio de origen de los productos y el que finalmente paga el consumidor final– crecieron un 19% el pasado mes de febrero, según el índice de precios (IPOD) elaborado mensualmente por asociaciones de consumidores, agricultores y ganaderos., y del que da cuenta La Vanguardia. Un incremento muy superior a la inflación registrada en el mes de enero por partidas como el transporte (9%) y la alimentación (0,8%), los grupos a los que el INE achaca el incremento de la inflación adelantada hasta el 3,6%. El sector agrario asegura que el gran responsable de este incremento de los márgenes es la gran distribución. “Las grandes cadenas de distribución están abandonando su guerra de precios para trasladar al consumidor final el aumento de los gastos que supone un precio de la energía alto”, asegura Miguel Padilla, responsable de Mercados Agrarios de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). En cambio, denuncia, “agricultores y ganaderos no tiene capacidad para trasladar a los precios de sus producciones el aumento de costes que supone un petróleo por las nubes”. El sector está lastrado por el incremento del precio del gasóleo, los fertilizantes y el pienso. Los ámbitos más afectados son el cereal, el lácteo, el porcino y el pollo, según apuntan desde la asociación. Los productos frescos con un mayor diferencial entre precios de origen y de consumo son los cítricos, lo que contrasta con la caída de precios de las principales categorías. En febrero, los limones mantuvieron un margen del 722% mientras el precio cayó un 5,8% y el margen de las naranjas fue del 519% y le precio fue un 5% menor. “La situación de los cítricos esta temporada es dramática y mucha fruta se queda en el árbol confiando que el final de temporada se recuperen los precios”, argumentan los agricultores. Por su parte, los transportistas rechazan que el incremento de los precios de la alimentación esté provocado por el aumento del precio de los portes. “Salvo muy honrosas excepciones y en ámbitos muy especializados, en general el sector no tiene capacidad de aplicar las cláusulas de revisión de tarifa porque la distribución no acepta”, asegura un portavoz de la Confederación de Transporte de Mercancías. Según la relación de precios que elabora cada mes el Ministerio de Industria, las patatas, el salmón y los pimientos verdes fueron los alimentos que más se encarecieron en febrero respecto al mismo mes del 2010, con incrementos que oscilaron entre el 10,55% y el 12,54%, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. En concreto, las patatas encabezaron el ranking de productos alimentarios que más subieron en febrero, con un aumento interanual del 12,54%, seguidos del salmón (11,38%) y de los pimientos verdes (10,55%). Junto a estos productos, también incrementaron precios el jurel (4,71%), las acelgas (4,55%), las lechugas (4,4%) y las cebollas (4,2%). Por el contrario, se abarataron los limones (-7,91%), la merluza (-7,81%), las naranjas (-7,67%), la bacaladilla (-5,27%) y la pescadilla (-5,22%). En cambio, en alimentación envasada destaca la bajada de precios de los principales derivados del cereal, en contraste con el aumento de precios en origen: la leche se vendió un 4,32% más barata, el pan de molde, un 3,65% y la harina, un 3,2% menos.