EL PAQUETE DE MEDIDAS DE AHORRO DE ENERGÍA. EL CASO DE LOS ERES FALSOS. CAAMAÑO APOYA LA CANDIDATURA DE ZAPATERO

EL PAQUETE DE MEDIDAS PARA AHORRAR ENERGÍA.- Para este viernes, en el “menú” del día aparece un Consejo de Ministros del que se espera que estudie y apruebe un paquete de medidas que tienen el propósito de ahorrar energía, ante la escalada de los precios del crudo que se registra por la rebelión en Libia. Muchas de esas medidas ya se han anticipado, y parece que puede haber alguna sorpresa más, según el ministro de Fomento José Blanco. Efectivamente, el incremento de la gasolina respecto a la semana anterior ha sido notable, superior al 1,8%, aunque más se incrementó el precio del gasóleo en una sola semana, según las cuentas de Bruselas. El pasado lunes, el promedio de las estaciones de servicio españolas marcaba 1,27 euros por litro, cuatro céntimos más que una semana antes. O lo que es lo mismo, un repunte del 2,6%. El nivel récord de gasóleo, alcanzado en julio de 2008, está ahora a menos de seis céntimos. Y nos advierten que las expectativas no son mejores: En los últimos días, la cotización de barril de brent, de referencia para buena parte de las compraventas internacionales, se ha estabilizado en torno a los 115 dólares, lo que hace augurar que la escalada continuará. Según la información que remiten las estaciones de servicio al Ministerio de Industria, el precio de la gasolina ronda ya los 1,33 euros por litro en varias provincias. Y el gasóleo se sitúa ya en la mayoría de las estaciones por encima de los 1,30 euros. El repunte de los carburantes en paralelo a la revalorización de la materia prima, está resultando estos días más pronunciado que en julio de 2008, cuando el barril de brent llegó a los 146 dólares por barril. Los distribuidores esgrimen que el euro se ha depreciado y que pesan las subidas de impuestos (IVA e hidrocarburos) adoptadas desde entonces.
Pues bien, se trata, sobre todo, de ahorrar energía, y en particular, el petróleo y el gas que importamos, y de reducir la correspondiente factura. El cálculo que suele hacerse es consiste en que cada subida de 10 dólares en el precio del barril eleva la factura energética en 6.000 millones de euros anuales. Las importaciones de energía representaron el 70 por 100 del déficit comercial en 2010, que se situó en 56.000 millones. Una situación particularmente grave por cuanto España importa el 80 por 100 de la energía que consume. Pues bien, apenas anunciadas las primeras medidas, se ha abierto una severa controversia sobre lo que conviene hacer, qué utilidad práctica tendrán estas decisiones, o de qué otros consumos podrán recortar esos gastos. Tras adelantar la semana pasada algunas de las decisiones, como reducir la velocidad máxima en autopistas y autovías a 110 kilómetros por hora, o rebajar hasta un 5% algunos billetes de Renfe, el Ministerio de Industria se ha reunido esta semana con municipios y comunidades autónomas para seguir perfilando iniciativas. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, apuntó este martes en la reunión con las comunidades autónomas 16 medidas para mejorar la eficiencia energética en áreas como la gestión de edificios públicos, el alumbrado y la movilidad. Entre ellas, un plan para sustituir 240.000 neumáticos por otros más eficientes que permiten a un vehículo ahorrar 0,3 litros de carburante por cada cien kilómetros. También se reunió con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, para abordar cambios en la iluminación pública de calles, carreteras e instalaciones a fin de conseguir un ahorro energético del 42%, y se planteó reducir a la mitad el uso de los vehículos de los parques móviles oficiales. A su vez, el Ministerio de Fomento propone sacar a concurso el suministro de energía eléctrica para la iluminación de las carreteras del Estado, con el objetivo de contratarlo con una sola compañía. Esta medida, junto a la de cambiar las luminarias actuales por otras de bajo consumo o el empleo de paneles solares, permitiría reducir en un 50 por 100 el gasto en la iluminación de las carreteras del Estado.
Pues bien, a toda esa serie de medidas viene respondiendo la oposición,,y la correspondiente opinión publicada, con críticas a lo que llama improvisación y ocurrencias. Algunos medos informativos se han convertido en portavoces de esta oposición: “A buenas horas, medidas verdes”, titula El Mundo. “Rechazo frontal al ahorro energético”, dice La Razón, que insiste en que el Gobierno improvisa hasta última hora... También hemos podido comprobar cómo algunas comunidades autónomas, como Madrid y Cataluña, se niegan a sumarse a los recortes de tarifas de los trenes de cercanías que les sugiere el gobierno central. “Mas avisa a Zapatero de que Cataluña no pagará lo que no se le consulte”, cuenta El País. “Las autonomías rechazan pagar el plan de ahorro”, señala El Mundo. Y luego, los reproches al gobierno: Zapatero vuela en avión Falcon sin ahorrar carburante; el director de la Policía viaja en avión oficial a Córdoba, los Ministerios siguen con luces encendidas por la noche y en la madrugada...
Algunos medios anticipan que ese paquete de medidas ya conocido, y hasta criticado, se ampliará en algunas medidas más, como regular la temperatura en edificios públicos, restringir horarios en la administración, y hasta peatonalización de zonas urbanas, fomento del uso del coche compartido, vías “bus vao” de acceso a las ciudades, reducción de coches oficiales...
Por si algo faltaba, sigue subiendo los alimentos, las materias primas encarecen la cesta de la compra, y Trichet “preanuncia” que los tipos de interés subirán probablemente elmes que viene, para tratar de frenar la inflación...

OCHO MILITANTES DEL PSOE, DADOS DE BAJA.- Asegura el diario El País que el PSOE ha dado de baja en el partido a ocho militantes socialistas que se encuentran entre los 41 presuntos falsos prejubilados en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con fondos públicos, según los datos conocidos hasta ahora. El Gobierno andaluz facilitará posiblemente mañana el resultado de sus investigaciones internas. Seis de los ocho expulsados estaban afiliados en el PSOE de Sevilla, agrupación a la que también pertenecía Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta durante nueve años (desde 1999 hasta abril de 2008) con tres consejeros: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández. La Junta sitúa el máximo nivel de responsabilidad política en este presunto fraude en esa dirección general. El número de beneficiarios de los ERE aún en vigor asciende a 6.096. Cuatro de los ocho militantes socialistas figuran en el listado que la Junta llevó al juzgado en febrero. Se trata del delegado provincial de Sevilla de Trabajo y Asuntos Sociales desde 1996 hasta 2000, Juan Rodríguez Cordobés (en el ERE de Calderinox); el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo (en el ERE de Cydeplast); Alejandro Millán Torres, un militante de El Pedroso -Guerrero fue alcalde de este pueblo entre 1995 y 1999- (en el ERE de Grafricromo); y Manuel López Espada, militante de la localidad sevillana de Camas (en el ERE de Surcolor). En el listado también figura José Antonio Márquez Sánchez (Surcolor), que no es militante pero que tiene una relación de parentesco (es su concuñado) con el exdelegado de Empleo de Sevilla Antonio Rivas, al que el fiscal acusa de cohecho en el caso Mercasevilla, origen de este asunto. Además, figura Antonio Garrido Santoyo, exresponsable de política local del PSOE de Baeza (Jaén), quien fue denunciado por el comité de empresa de Mercasevilla; José Antonio García Prieto, exconcejal de Camas y miembro de la ejecutiva local del PSOE (Intersur); Ricardo Medina Barrios, también del PSOE de Camas (Intersur); y César Braña, exdiputado socialista y exgobernador civil de Cádiz, ya fallecido (Hytemasa). El Mundo señaló ayer que dos concuñados de Rivas, José Antonio Márquez Sánchez y José Acebedo López, figuran como intrusos en los ERE de Surcolor e Intersur. Ninguno de ellos milita en el PSOE.

CAAMAÑO APOYA LA CANDIDATURA DE ZAPATERO.- El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha mostrado su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero como candidato para las elecciones presidenciales de 2012. Sería el "mejor candidato", ha apuntado el ministro, durante su estancia en Buenos Aires, de la que da cuenta El Mundo. "Si el presidente decide seguir va a contar con el respaldo de la mayoría del PSOE, sin duda", ha afirmado Caamaño en un encuentro con corresponsales españoles en la última jornada de su visita a la capital argentina. "No hay nada mejor que respetar los procedimientos", agregó el ministro, que apuntó que es necesario esperar a conocer la decisión del presidente antes de aventurar si sería necesaria la convocatoria de primarias. El ministro se refirió también al recurso que presentará este jueves la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo sobre la formación independentista vasca Sortu, para insistir en que existen "elementos razonables" para reclamar que no se acepte su registro como partido, aunque subrayó que la decisión corresponde al máximo tribunal. "ETA sigue existiendo, pero la izquierda abertzale parece que se mueve en mejor dirección", apuntó Caamaño, quien destacó que "la política antiterrorista del Gobierno ya se ha fijado y no la vamos a cambiar" y reiteró que "los demócratas hemos estado donde teníamos que estar, son otros los que, si quieren, tienen que moverse". Caamaño finaliza así su visita de cuatro días a Buenos Aires, donde se ha reunido con sus homólogos de Argentina, Portugal y Brasil para avanzar en un acuerdo multilateral que permita agilizar los tratados de extradición y prevenir el delito de trata de personas. Esta es la segunda reunión del llamado 'Grupo de Santiago', que en noviembre de 2010 acordó en Santiago de Compostela reducir el tiempo de tramitación de las extradiciones mediante un formulario enviado por correo electrónico.
GASTO EXTRA DE CARBURANTE EN EL VIAJE DE ZAPATERO.- La gira árabe de Zapatero tuvo el martes una incomprensible interrupción, según observa Libertad Digital. El presidente del Gobierno voló la pasada noche de Abu Dhabi a Madrid y esta mañana se desplazó en avión desde la capital hasta Túnez, donde terminaba su periplo. El paso por Moncloa de Zapatero supuso un desplazamiento extra de unos 2.500 kilómetros, según Servimedia. Traducido a dinero, el viaje costó unos 15.000 euros de más: fuentes del sector aeronáutico consultadas por la agencia estiman que, según las características del avión A-310 de la Fuerza Aérea Española, se emplearon 20.000 litros de combustible. Zapatero finalizó su visita a Emiratos Árabes el martes a primera hora de la tarde y, entonces, emprendió viaje de regreso a España. Sobre las nueve de la noche aterrizó en Madrid, lo que permitió que el presidente del Gobierno durmiera esa noche en La Moncloa. Tras viajar esta mañana a Túnez, el presidente regresó de nuevo a España esta tarde. Si Zapatero hubiera volado directamente a Túnez desde Abu Dhabi, como inicialmente estaba planeado por los servicios de La Moncloa, habría recorrido 2.500 kilómetros menos. De ese modo, se habría ahorrado unos 15.000 euros en combustible, en virtud de los precios publicados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Según la versión oficial de la Presidencia del Gobierno, Zapatero regresó el martes a dormir a Madrid por cuestiones de seguridad. Alegan que con la situación política que atraviesa el país, no era fácil buscar alojamiento en Túnez -un popular destino turístico- para la comitiva gubernamental y la prensa que le acompaña. Zapatero podría haber hecho noche en los Emiratos Árabes y partir de madrugada a Túnez, pero en el Gobierno se descartó esta segunda opción al pensar que era más sencillo regresar a Madrid y continuar con la gira a la mañana siguiente. En declaraciones a Servimedia, Carlos Floriano ha criticado el "hiriente" derroche protagonizado por el presidente. "Entendemos que Zapatero tenga ganas de estar en casa, pero no era necesario volver a Madrid a dormir, sobre todo cuando a los ciudadanos se les piden esfuerzos, sacrificios y recortes para reducir el consumo de carburante", dijo. Floriano manifestó que "es bueno que todos los españoles sepan que el presidente del Gobierno pide sacrificios a los españoles que él mismo no está dispuesto a hacer". Añadió que debería "dar ejemplo" ahorrando combustible con el coche o el avión oficial del Estado, en lugar de hacer más kilómetros de los necesarios al regresar a dormir a Madrid en mitad de una gira internacional.
CAMPAÑA CONTRA EL AVE GALLEGO, SE´GUN BLANCO.- Dice La Voz de Galicia que “bastaron una sucesión de titulares contra el AVE gallego en varios medios madrileños y el eco que encontraron en la Xunta, para que el ministro de Fomento, un hombre básicamente tranquilo, diera ayer un golpe sobre la mesa”. El golpe fue figurado, pero contundente, añade la información. Denunció la existencia de una campaña mediático-política contra la mayor licitación de la historia para una comunidad tradicionalmente apartada de los grandes avances del país. Pero también cuestionó que se diera abrigo a quienes intentan que el macrocontrato «no llegue a buen puerto». El golpe llegó para despejar las constantes dudas que desde distintos ámbitos -también desde el propio Gobierno y el PSOE, según algunas fuentes- se arrojan sobre una licitación de 6.000 millones que debería sustanciarse en el BOE antes del 31 de marzo. Y para intentar disipar esos interrogantes, puso su cargo de ministro encima de la mesa. «He comprometido mi palabra con el AVE gallego, he comprometido mi firma y hoy quiero comprometer mi cargo con el AVE gallego», dijo. Ante una nutrida representación de la sociedad gallega, en el desayuno informativo organizado por Fórum Europa-Nueva Economía en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago, Blanco recriminó a la Xunta que diera cierta credibilidad a las informaciones que referían una oposición a la macrolicitación por parte del Ministerio de Economía y Hacienda. «No hay que dar por hecho algunas informaciones que no responden a la verdad», dijo. Pero también pidió ayuda a Feijoo para remar en la misma dirección e incluso para «desmontar» una campaña que se agudiza «cuando se acerca el momento de tomar la decisión [lanzar el contrato]». El ministro de Fomento dio a entender que los periódicos que vienen publicando informaciones contra el nuevo acceso ferroviario a Galicia -recordó un editorial que se titulaba «El AVE gallego puede esperar»- están en más la órbita del PP que del PSOE, de ahí que reclamara a Feijoo «que hable con los grupos editoriales» que sirven de altavoz a la campaña para convencerlos de que el AVE a Galicia es una obra necesaria, frente a la España «de dos velocidades» que, en su opinión, se defiende desde esas tribunas. Blanco extendió la colaboración de Feijoo «a la sociedad civil y a los creadores de opinión», como si la campaña fuera más allá de algunos titulares. De hecho, la solemnidad y la gravedad con la que se expresó ayer en Santiago alimenta también interpretaciones en clave interna. Si existe alguna oposición al macrocontrato en la órbita socialista o en el Gobierno, Blanco habría dado a entender que dimitiría como ministro de Fomento. No obstante, el sentido literal de sus palabras iba más al continuo goteo de dudas que se ciernen sobre el proyecto desde que se firmó el pacto del Obradoiro y, sin referirse a Hacienda, negó que hubiera oposición en este ministerio.
SORTU DIVIDE AL GOBIERNO.- Sostiene Melchor Miralles, en un análisis que publica El Confidencial, que la admisión de Sortu, la nueva marca de la izquierda abertzale, como partido legal y su posible participación en las elecciones autonómicas y municipales (y en las generales de ¿2012?) tiene dividido al Gobierno. Según fuentes gubernamentales de absoluta solvencia, mientras el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene claro que "no puede suceder que se presenten, y es nuestra obligación aportar las pruebas a la Justicia para acreditar que aún son lo mismo que ETA", el presidente José Luis Rodríguez Zapatero mantiene una posición diferente; cree que hay que seguir explorando "de una manera discreta" la posibilidad de acabar con ETA "con una salida dialogada" y por ello deja que personas de su confianza "mantengan abiertos cauces de comunicación" con el entorno etarra, aunque insisten mucho a la vez en que "no se repetirá un proceso de negociación como en el pasado". Es muy probable que entre hoy y mañana, a lo más tardar a primeros de la semana próxima, el abogado del Estado Joaquín Fuentes Bardají y el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, presentarán ante el Tribunal Supremo (TS) sus escritos de impugnación. Corresponderá resolver las denuncias a la sala del 61 del TS, compuesta por dieciséis magistrados: el presidente del TS y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar; los presidentes de Sala Juan Saavedra (penal), Juan Antonio Xiol (Civil); José Manuel Sieira (Contencioso); Ángel Calderón (Militar) y Gonzalo Moliner (Social), más el magistrado más antiguo y el más reciente de cada una de las cinco Salas. El CGPJ no pudo el lunes cubrir tres plazas vacantes en el Supremo desde hace muchos meses, en las Salas Penal, Civil y Contencioso-Administrativa. No hubo acuerdo entre los bloques denominados conservador y progresista, y la batalla fue dura para bloquear a unos y a otros, dice Miralles, porque todos los presentes eran conscientes de que los elegidos formarán parte de la sala del 61 como magistrados más modernos. PSOE y PP tratan de que no se alteren hacia uno y otro lado los equilibrios. Había un acuerdo previo para que a la Civil accediera el conservador Antonio García mientras que a la Penal y la de lo Contencioso lo hicieran los progresistas Gonzalo Quintero y José María del Riego, respectivamente. Pero no hubo posibilidad de consenso en las votaciones (se necesitaba mayoría de tres quintos) y el concurso para cubrir estas plazas tendrá que convocarse de nuevo. No está el horno para bollos y nadie quiere dar su brazo a torcer en esta guerra aparentemente judicial, pero de hondo calado político en la que PSOE y PP se están empleando a fondo. Por parte del PSOE está siendo el vicepresidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien está dirigiendo las operaciones con el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el portavoz parlamentario, José Antonio Alonso y la vocal del CGPJ Almudena Lastra como arietes. En el PP corresponde a Federico Trillo librar esta batalla. En el Gobierno, el PSOE y el PP se da por "garantizado" que la sala del 61 del TS resolverá, "y sin tardar mucho tiempo desde que se presenten las denuncias", la inadmisión de Sortu, amparándose en el aluvión de pruebas que se van a presentar, basadas en copiosos informes de la Policía, la Guardia Civil y el CNI, que acreditan que pese al "aparente rechazo a la violencia, este grupo está al servicio de ETA, no se ha desvinculado ciertamente de la banda terrorista y se trata de un mero movimiento táctico para recuperar su presencia en las instituciones, que para la banda es esencial en cualquier caso, pero más aún si pretenden en algún momento buscar un final negociado". Las fuentes de Génova me dicen que, "a la vez, nos llega alguna información de Moncloa respecto a la posición del presidente Rodríguez Zapatero. No podemos afirmar que tenga en la cabeza reabrir un proceso negociador, pero da alas a ese sector del socialismo vasco que tiene comunicación permanente y directa con ETA y les deja hacer. No obstante, ambos partidos han hecho llegar al TS la importancia de que afinen en sus argumentos "porque es más complejo de lo sucedido en 2007 con Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB), ya que esta vez el abogado Iñigo Irúin se ha esmerado en presentar unos estatutos muy cosidos a la literalidad de las exigencias de la Ley de Partidos, evitando los motivos que entonces llevaron al Supremo a denegar la inscripción de ese partido”. Pero ni el Ejecutivo ni los dos partidos mayoritarios dan la batalla por ganada. Personas próximas a Alfredo Pérez Rubalcaba coinciden con el PP en que “el problema va a llegar en el Tribunal Constitucional, donde la influencia del presidente del Gobierno es importante", y donde cualificados dirigentes socialistas y populares han percibido, al sondear a varios de sus miembros, que "hay una predisposición más permeable a los argumentos políticos". Aunque el Tribunal Constitucional no es un tribunal de instancia y únicamente resolverá sobre la constitucionalidad o no de los preceptos aplicados, "todos conocemos esa casa y sabemos que argumentos pueden emplear para dar una salida a los abertzales". El vicepresidente y ministro de Interior ha dado ordenes a su gente de extremar al máximo la actividad de los aparatos de información para tratar de evitar también la presentación de alguna "lista blanca", y para acumular argumentos para "poder recurrir a los tribunales si finalmente el Supremo deniega la inscripción a Sortu y los etarras cuelan a su gente en las listas de Eusko Alkartasuna". Y los temores no se quedan ahí. Tanto en Ferraz como en Génova existe preocupación por el hecho de que un sector del Ejecutivo más próximo al presidente Zapatero que a Rubalcaba, habla ya en privado de la posibilidad de que "finalmente, jugando con los plazos, se evite la presentación de listas etarras en las autonómicas y municipales de mayo, pero se les busque una salida para que sí puedan estar en las Generales que, de no cambiar radicalmente las cosas, serían en marzo del próximo año". En el Partido Popular tienen la sensación de que en sus contactos con el Gobierno, que normalmente en este asunto se mantienen a través de Rubalcaba y Trillo, "está habiendo sinceridad absoluta y no se nos está ocultando información. No tenemos dudas respecto del vicepresidente, que incluso podemos decir que está siendo extremadamente leal". Pero las mismas fuentes de Génova me dicen que, "a la vez, nos llega alguna información de Moncloa respecto a la posición del presidente Rodríguez Zapatero. Rodríguez Zapatero tiene "una extraña inclinación al riesgo, y siempre tiene ocurrencias que pueden poner en riesgo el actual clima de colaboración entre Gobierno y oposición, pero todo lo hace de forma que no estemos en condiciones de poder probar nada. Negociación no hay, pero sí hay cauces abiertos que les permiten a algunos albergar esperanzas que debían haber dejado de existir hace tiempo". Los mismos dirigentes populares expresan en privado, nunca en público, su malestar con el eurodiputado y ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, que reiteradamente sostiene que el Gobierno mantiene abierto un cauce de dialogo con ETA, y cuyas reiteradas declaraciones públicas en esta línea "nos crean problemas en la comunicación con el Gobierno". Cada vez que surgen problemas de estas características, desde Génova se le dice al Ejecutivo que "Mayor Oreja es nuestro Eguiguren en la posición contraria". Así están las cosas en el patio judicial sobre uno de los grandes asuntos de la vida política española, que puede tener enorme incidencia en los procesos electorales que vamos a vivir en los próximos meses. No queda otra que esperar, escuchar, ver, informar y que cada uno saque sus conclusiones.
CIENCIA E INNOVACIÓN NO AGOTA SU PRESUPUESTO.- Dice Carlos Sánchez en El Confidencial que “el presupuesto del Ministerio de Ciencia e innovación comienza a tener algo de virtual”. El último año sólo gastó el 73% del dinero que tenía asignado en los presupuestos generales del Estado, pero es que sólo ha pagado el 64% de las obligaciones reconocidas. Incluso si se comparan los pagos efectivamente realizados con el crédito inicial, el porcentaje de cumplimiento del mandato presupuestario aprobado por el parlamento baja hasta un increíble 46%. Esto quiere decir que el ministerio destinado a promover un nuevo modelo de crecimiento económico sólo ha pagado menos de la mitad de lo aprobado por el Congreso. El bajo nivel de realización presupuestaria convierte al departamento de Cristina Garmendia en el segundo con menor nivel de ejecución respecto del crédito disponible. Sólo el Ministerio de Fomento -que ha llevado el peso del ajuste presupuestario- presenta un porcentaje de realización menor. La información procede de la Intervención General  de la Administración del Estado (IGAE), y pone de relieve que una cosa es el presupuesto y otra bien distinta la realidad. En 2010, Ciencia e Innovación dispuso de un crédito total equivalente a 5.470 millones de euros, pero sólo gastó  3.998 millones. Esto supone que dejó sin emplear (remanente de crédito en el argot presupuestario) nada menos que  1.472 millones de euros, casi la tercera parte de su presupuesto. No se trata de un fenómeno nuevo. En 2009, según la intervención del Estado, Ciencia e Innovación sólo gasto el 77,6% de su presupuesto, lo que significa que dejó sin gastar otros 1.535 millones de euros. Lo más llamativo, sin embargo, es que al comenzar el año 2009 la ministra Garmendía disponía de 7.076 millones de euros, pero la realidad es que al finalizar 2010 las obligaciones reconocidas (y por lo tanto a pagar) alcanzaron los 3.990 millones. Es decir que su presupuesto (sin contar la emisión de activos financieros) se ha recortado en casi un 44% en apenas dos años. Como recuerda la propia Intervención, los datos han sido homogeneizados con arreglo a la nueva estructura ministerial que surgió tras la última crisis de Gobierno, por lo que el recorte no es achacable a razones administrativas. Para hacerse una idea de lo que significa ese bajo nivel de ejecución presupuestaria, hay que tener en cuenta que la media de realización del presupuesto en el conjunto del Estado fue del 92,8%. Es decir, casi 20 puntos por encima del nivel registrado en Ciencia e Innovación. O lo que es lo mismo, el Estado ha reconocido obligaciones de pago por valor de 245.870 millones de euros, algo menos de 20.000 millones menos de lo que inicialmente tenía asignado. El Ministerio de Política Territorial fue el que más se ajustó al crédito inicial, con un grado de realización del 99,6%.  Se gastó, por lo tanto, prácticamente todo su presupuesto. El drástico ajuste en Ciencia e Innovación ha sido criticado con dureza tanto por la comunidad científica -2.500 científicos acaban de firmar un manifiesto- como por los centros tecnológicos agrupados en la asociación Fedit. Los científicos recuerdan en el manifiesto que los recortes implican “una pérdida de credibilidad y competitividad de la política científica española, impidiendo alcanzar un cambio del modelo productivo actual a uno basado en el conocimiento”.
LOS ENEMIGOS INTERNOS DE GRIÑÁN.- Bajo la pátina de escándalos que rodean a la Junta de Andalucía y el corrosivo efecto de las encuestas, los enemigos internos de José Antonio Griñán han puesto en marcha una estrategia de alineamiento con Alfredo Pérez Rubalcaba, de cara a unas primaria o congreso extraordinario, pero sobre todo para garantizar su propia salvación en un futuro que algunos ya empiezan a vislumbrar sin el actual presidente de la Junta, se lee en El Confidencial. Dos reuniones han marcado recientemente la batalla interna que de forma soterrada se libra en el PSOE andaluz: por una parte, el Comité director regional del partido celebrado en Sevilla, un acto del que desertaron muchos de los convocados y en el que Griñán pidió más energía en la campaña electoral a unos dirigentes en cuyos rostros se dibujaba la gravedad de la situación; por otra, la presentación de las candidaturas de Cádiz, con la presencia de Pérez Rubalcaba, flanqueado por Luis Pizarro, hombre de confianza de Chaves. Mientras el presidente de la Junta daba muestras de su escaso liderazgo interno, que se refleja en una generalizada desconfianza sobre sus posibilidades de mantener el partido en el poder, en el entorno de Pizarro se daba pábulo a la “ineficacia” del presidente de la Junta en relación con la “hoja de ruta” que se le marcó en la reunión que hace meses se celebró en Sevilla, en la que tanto Rubalcaba como Chaves le conminaron a que reorientara la situación del partido y del Gobierno andaluz para salir de un bache que puede convertirse en un pozo sin fondo. En aquel encuentro se le aconsejó a Griñán que integrara en las labores cotidianas a todas las personas válidas, en alusión a Pizarro y su entorno, que habían sido apartados tras el último congreso regional, y a conseguir una mayor proyección social del partido, del que se consideraba había perdido la iniciativa ante el fuerte embate de la oposición popular, que hoy controla la ofensiva apoyada en la denuncia de los casos de corrupción. Para avalar las críticas a Griñán ante Rubalcaba hubo quienes aludieron incluso al error que había supuesto la quiebra del espíritu de concertación social, con el plante del presidente de los empresarios andaluces al acto solemne del 28 de febrero. La concertación ha sido de hecho el gran bastión de los gobiernos de Chaves y una de las más positivas herencias del hoy vicepresidente tercero del Gobierno. El trasfondo de esta actitud del sector crítico liderado por Luis Pizarro está en el futuro de quienes fueron defenestrados por el actual presidente. Para ello, ya hay quienes preparan la postura que va a defender Andalucía, uno de los enclaves fuertes del PSOE en el plano federal, de cara bien a unas primarias bien a un congreso extraordinario del que tenga que salir el sucesor de Rodríguez Zapatero. El sector crítico del PSOE de Andalucía apuesta por Pérez Rubalcaba, que por su parte se deja querer consciente de que si Carmen Chacón controla Cataluña, a él le será vital Andalucía. En este debate incipiente, Griñán carece de discurso. Es más, llegado el momento, Chaves y su entorno, con la figura de Luis Pizarro, serán quienes marquen el paso de la definición andaluza en las decisiones federales. Griñán carece de equipo en el partido, de influencia interna y no parece tener posibilidades de reorientar su posición habida cuenta de que en las provincias, los secretarios socialistas han convertido el mapa andaluz en un reino de taifas donde cada cual trata de salvarse ante la inexistencia de un referente regional sólido. La batalla de los críticos, por otra parte, tiene como referente la composición de las candidaturas a las elecciones autonómicas y generales que han de celebrarse dentro de un año. Griñán tiene, en teoría, la capacidad de decidir sobre las listas, y los críticos albergan el temor de quedar laminados en ellas por un secretario regional de quien ya creen que no conseguirá mantener el Gobierno de la Junta ante la posibilidad cada vez más real de que el PP alcance la mayoría absoluta.  Los más radicales en sus críticas internas a Griñán se plantean ya de forma oficiosa la posibilidad de reconsiderar el estado de cosas por la que atraviesa el PSOE de Andalucía en el caso de que las próximas municipales deparen una debacle a partir de la cual se pierdan las alcaldía de las capitales y grandes ciudades que el partido mantiene aún. En ese caso, no sería imposible reconsiderar incluso la conveniencia de que Griñán, que ha dicho que se comprometerá personalmente en esta campaña, sea sustituido, como lo sería Zapatero, para las autonómicas de 2012. El problema, si ello ocurriera, es que el PSOE tiene poco banquillo hoy no contaminado por una gestión errática de gobierno y por la sombra de los casos de corrupción. Mar Moreno, consejera de Presidencia en el equipo de Griñán, con quien se especuló en su momento podría ser la sucesora del actual presidente tras las autonómicas de 2012, cuando el PSOE creía tener la seguridad de ganarlas, está hoy tan quemada como el propio presidente y además carece de una proyección social acorde con lo que requiere un liderazgo ganador.