Un semana hablando del “asaltante” Gordillo
El parlamentario de IU-CA y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, denunció el sábado, a través de su cuenta de Twitter que ha recibido una amenaza de muerte tras el asalto a los supermercados y a una finca del Ministerio de Defensa. "Me han dicho 'me he comprado una pistola del calibre 22 para matarte'", asegura en un tuit. Antes de participar en la ofrenda floral y en la lectura de un manifiesto de IU-CA ante el monumento de Blas Infante, en el lugar donde fue fusilado el Padre de la Patria Andaluza, Sánchez Gordillo precisó que la amenaza había sido a través de "una llamada al Ayuntamiento de Marinaleda" y que pensaba poner una denuncia, según cuenta El Mundo. El cabecilla de los asaltos a centros comerciales para 'repartir comida al pueblo' da credibilidad absoluta de la amenaza. "Es que yo ya he sufrido dos atentados de la extrema derecha, uno en los años 80 y otro en el 97, y siempre que hay movida recibo muchas amenazas. Uno no se fía demasiado y, si la derechona que está muy nerviosa, la extrema derecha no digamos", explicó Sánchez Gordillo.
Mientras tanto, los tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) detenidos en Jaén por su supuesta implicación en el asalto a un supermercado en Écija (Sevilla) han quedado en libertad tras prestar declaración ante el juzgado de guardia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA). Los tres jornaleros han sido imputados por robo con violencia y deberán comparecer los días 1 y 15 en sede judicial. Entre tanto, quedan a disposición del juzgado que instruye la causa. Cabe recordar que, tras el asalto a dos supermercados en Écija (Sevilla) y Arcos de la Frontera (Cádiz) fueron detenidos siete miembros del SAT en Jaén, Hornachuelos (Córdoba), Fuentes de Andalucía (Sevilla), Cuevas de San Marcos (Málaga) y en el desalojo de la finca de Las Turquillas, que había sido ocupada por el SAT. Además, la Policía Nacional entregó un oficio en el Ayuntamiento de Marinaleda (Sevilla) en el que insta a su alcalde y diputado autonómico por IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, a que se presente a declarar ante un juzgado de Écija por su implicación en el asalto a un supermercado de la localidad sevillana. Sánchez Gordillo ha señalado que su formación ha protagonizado estas acciones "simbólicas" como medio para denunciar que la pobreza tiene rostro y exigir medidas para los sectores más desfavorecidos, y ha pedido al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, que "se vaya a su casa", porque considera que "es un inútil que no se sabe las leyes", ya que, según explica, ha emitido una citación "que no es legal" para declarar ante el juzgado de Écija que "no es competente", en relación con los asaltos a supermercados registrados esta semana, organizados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), al que él pertenece. Sánchez Gordillo expresó su "sorpresa" al conocer que se había entregado en el registro del Ayuntamiento de Marinaleda una citación, "pero que no procede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), sino que es una citación de la Dirección General del Ministerio de Interior y de la Jefatura de la Policía Nacional". Godillo lamenta que ni el ministro ni la Policía se saben las leyes, “pues me citan a comparecer ante el juzgado de Écija, cuando éste no es competente en este caso, algo que reconoce la propia juez". Sánchez Gordillo ha explicado que, por su condición de aforado, al ser diputado autonómico, debe ser el Tribunal Superior de justicia de Andalucía (TSJA) el que le envíe la citación "y el TSJA no ha cursado ninguna orden para que tenga que ir declarar". Por ello, considera que no tiene que ir a declarar y que tendrá que esperar a que le cite el TSJA, "y por ahora no hay tal citación". "No puedo ir a un sitio donde no tengo que ir y además el tribunal competente no me ha citado", dice. Sánchez Gordillo, según el relato de La Vanguardia, pide al ministro de Interior que "se aprenda la ley y aprenda a respetar el Estatuto de Autonomía, que está siendo vulnerado, pues a mí me tiene que convocar el TSJA, pero eso se lo ha pasado la Policía por el forro de las narices, por no decir otra cosa". Además, lamenta la "poca vergüenza del ministro, que debería irse a su casa por inútil", toda vez que considera que la citación formulada "no es legal y no responde a una legalidad, y se han saltado la legalidad establecida". Lamenta que el ministerio "vuelve a convertirse en fiscal y juez y se salta la ley a la torera, cuando no es ni fiscal ni juez, lo que es muy torpe y le pido que se vaya". Preguntado por la petición de reprobación anunciada por el PP-A, Sánchez Gordillo asegura que le da "la risa", ya que "parece que no tiene nadie a quien reprobar, cuando podrían hacerlo con Rato o con los directores de bancos que han engañado a tantas personas mayores con las preferentes". "Un diputado no debe estar solo en el Parlamento sino con la gente en la calle, y soy más digno parlamentario estando con los problemas concretos de la gente que estando en la playa diciendo que van a reprobar a Sánchez Gordillo", y pide que "se repruebe a Mariano Rajoy, que ha defendido la soberanía de este país" y lamenta que "aquéllos que son tan patriotas estén trabajando como mamporreros para los bancos alemanes". Considera que "la función de un diputado es luchar por la gente que no come todos los días y por familias que están por debajo del umbral de la pobreza".
A Sánchez Gordillo dedicaba este sábado el diario en Internet Público un amplio reportaje tras su “expropiación forzosa” de alimentos en varios supermercados para entregárselos a los más necesitados. Público dice de él que, sin duda, es un dirigente singular dentro de la clase política española.”Heterodoxo entre los heterodoxos, sus últimas acciones han recibido críticas incluso desde sus propias filas en Izquierda Unida, donde su organización, el Colectivo Unidad de los Trabajadores- Bloque Andaluz de Izquierdas, está integrado desde 1986. Junto a su eterno compañero de lucha jornalera, Diego Cañamero, Gordillo ha sido un histórico dirigente del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), columna vertebral del actual SAT. Además, desde 1979 es alcalde de Marinaleda, pequeña localidad sevillana donde. durante los últimos 40 años, la izquierda ha tenido una hegemonía absoluta. El apoyo y compromiso de los vecinos del pueblo ha permitido poner en marcha un verdadero experimento político y económico, una suerte de isla socialista en mitad del campo andaluz. Enemiga eterna de los terratenientes y de la derecha, dice Público, “la Marinaleda roja ha caminado por la historia de España desde la Transición, pasando por la entrada en Europa y el fin del referente del comunismo con la caída de la Unión Soviética, hasta el siglo XXI. Finalmente, llegó la crisis económica y esta población andaluza ha tenido la oportunidad de probar si su particular utopía en 25 kilómetros cuadrados es realmente una alternativa frente a los mercados. Su tasa de paro actual es del 0%. Una buena parte de los habitantes están empleados en la Cooperativa Humar - Marinaleda S.C.A, creada por los propios jornaleros tras años de lucha. Durante mucho, los campesinos estuvieron ocupando las tierras de Humoso, donde hoy está la cooperativa, y cada vez que lo hacían eran desalojados por la Guardia Civil. Finalmente, en 1992 consiguieron su objetivo: "la tierra para el que la trabaja", y la finca pasó a su propiedad. En su web aclaran que su "objetivo no es el beneficio privado, sino la creación de empleo mediante la venta de productos hortícolas saludables y de calidad". Todos los sueldos en la cooperativa son iguales, unos 1200 euros al mes. En sus campos se producen habas, alcachofas, pimientos del piquillo, pimientos morrones y aceite de oliva virgen extra, controlados por los mismos trabajadores en todas las fases de producción. Las tierras, situadas en la Vega del Genil, son propiedad de "toda la comunidad", y además cuentan con una fábrica de conservas, una almazara, invernaderos, instalaciones de ganadería y una tienda. El salario de todos los trabajadores, sin importar cuál sea su puesto, es de 47 euros por jornada, seis días por semana, a razón de 1.128 euros al mes por 35 horas semanales. En las temporadas altas, en la cooperativa llegan a trabajar alrededor de 400 personas y como mínimo hay unas cien. Pero cada puesto de trabajo no es propiedad de un vecino en concreto, sino que se van rotando para que todos puedan cobrar algo, siguiendo la máxima de "trabajar menos para trabajar todos". Además, también hay gente que trabaja en pequeñas parcelas de su propiedad. El resto de la economía la ocupan sectores básicos del medio rural, como tiendas, servicios básicos y deportes. Prácticamente todos en el pueblo cobran lo mismo que un jornalero, alrededor de 1.200 euros al mes. El propio Gordillo explicaba recientemente a Público cómo está afectando la crisis a Marinaleda. "Se nota un poco en los precios de los productos agrícolas y en la financiación. Tenemos problemas de liquidez, pero estamos vendiendo bien los productos". De esta forma, "en términos generales, en la agricultura y en la alimentación se ha notado menos en la crisis. Lo que ocurre es que la gente que se había ido del campo para trabajar en la construcción está volviendo en demanda del empleo. Así que no sólo hay que mantener el empleo que existe, sino que hay que incrementarlo. La agricultura ecológica da más empleo que la tradicional, eso es cierto. Claro que para salvarla de la situación de la crisis y del encarecimiento de los productos agrarios, estamos intentado un comercio horizontal, con un diálogo de cooperativa a cooperativa y estableciendo relaciones con otros países donde haya experiencias de este tipo". Siempre según el mismo reportaje, en materia de vivienda, los vecinos ayudan en la construcción de los bloques y luego pagan 15 euros al mes por una casa. Frente al ‘boom inmobiliario' y la especulación que se apoderó del ladrillo español durante las últimas décadas, Marinaleda decidió ir, precisamente, en dirección contraria. Allí es posible tener una casa en buenas condiciones, de 90 metros cuadrados y con terraza, por 15 euros al mes. La única condición es que, siguiendo la filosofía asamblearia y horizontal por la que guía todas sus actividades, cada persona debe ayudar a la construcción de su vivienda. Con un suelo que ha conseguido alternando compra y expropiación, el Ayuntamiento ofrece un terreno y proporciona los materiales necesarios para la construcción de la vivienda, que realizan los propios inquilinos o bien éstos pagan a alguien que les reemplace. De esta forma, paga a albañiles profesionales para que asesoren a los vecinos y lleven a cabo las labores más complicadas. Además, como medida para fomentar la colaboración, los futuros vecinos no saben cuál de las viviendas que se edifican va a ser la suya en el futuro. En materia de Educación, explican los vecinos, tenemos todas las necesidades cubiertas, y la gente se acomoda un poco. Donde antes una gran parte de los jornaleros apenas sabían escribir, hoy hay una guardería, una escuela y un instituto que tiene hasta cuarto de la ESO. Tanto la guardería como el colegio cuentan con un servicio de comedor que cuesta sólo 15 euros al mes. Sin embargo, "la tasa de fracaso escolar es un poco alta, porque la gente ve que tiene casa y trabajo asegurados y muchos no ven la necesidad de esforzarse en los estudios. Es uno de los puntos que tenemos que mejorar", cuenta uno de los vecinos. El compromiso y la conciencia política entre los habitantes de Marinaleda es superior a la cualquier otro pueblo de la zona, y "es algo que también está muy presente entre los jóvenes", según su testimonio. "Aquí todos los jóvenes tienen ideas políticas. Sin embargo, nuestro compromiso queda muy lejos que el que tuvieron nuestros padres en su época, que lo dieron todo por tener esto". A día de hoy "tenemos todas las necesidades cubiertas y la gente se acomoda un poco". En fin, los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el modelo económico de Marinaleda son la igualdad y la participación del pueblo. Y estos principios se expanden a todos los ámbitos de la vida, también la política. Allí no existe la Policía y las decisiones políticas se toman en una asamblea en la que todos los vecinos están llamados a participar. "La asamblea decide y el partido y el sindicato hacen suya esa decisión y la aplican en el Ayuntamiento". Por otra parte, "está el ‘grupo de acción', que trata los temas urgentes más del día a día. Son las personas que quieren unirse voluntariamente para repartirse tareas que son necesarias hacer por el pueblo", explica un vecino. "Es un espacio muy heterogéneo, en el que estoy desde yo, que tengo 21 años, hasta el Sánchez Gordillo. Somos más o menos el mismo número de hombres y mujeres". En cuanto a los impuestos, "son muy bajos, los más bajos de toda la comarca". Los presupuestos se eligen en plenos públicos y la gente en asamblea va aprobando cada partida que se realiza. Luego, se va haciendo barrio por barrio, pues cada uno cuenta con su propia asamblea de vecinos, y es ésta la que se decide en qué se invierte cada euro proveniente de la partida que ha destinado el ayuntamiento”.
O sea, la República Independiente del “atracador” Sánchez Gordillo…
Por la transcripción,
sábado, 11 de agosto de 2012
PAGARÁ EL PACIENTE, SU PAÍS O EL CONTRIBUYENTE ESPAÑOL...
Nuevo matiz de Sanidad: Los inmigrantes sin papeles serán atendidos
El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, ha confirmado que los 'sin papeles' crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. "Se les enviará por la asistencia que se le ha prestado aquí", ha asegurado en unas declaraciones realizadas a Radio Nacional, en las que ha indicado que esta situación es la que afrontan los españoles al visitar otras naciones. "Cuando vamos a otros países tenemos que pagarlo o lo tiene que pagar nuestra Seguridad Social", explicó. Rivero reiteró que existen "bastantes" convenios de colaboración bilateral con otros países. Sin embargo, señaló que será el médico quien decidirá si es urgente, y si hay que tratar a ese paciente. Según su criterio, "no puede ser otra persona" la que tome esta decisión, porque sólo él sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Y es que si no se toman las medidas asistenciales necesarias, se puede adquirir una patología "mucho más compleja de la que tiene en ese momento", manifiesta. No obstante, Rivero pone de relieve que "posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Dice este sábado El País, en una de sus informaciones de primera página que es “una fórmula inviable”, y que “hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias", en referencia al plan de Sanidad de cobrar los servicios prestados a inmigrantes sin papeles con enfermedades crónicas remitiendo la factura a sus países de origen porque, alega, sólo 6 de los 21 convenios bilaterales firmados con países extracomunitarios en materia de Seguridad Social prevén la cobertura sanitaria. Y ninguno la contempla para ciudadanos sin papeles. Cobrar al país de origen, sostiene el País, se ha demostrado inviable incluso con países europeos, que, sólo en 2009, dejaron sin pagar 970 millones por
este concepto. Según entiende El País, con sus declaraciones, el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, da otra vuelta de tuerca a la ceremonia de confusión que ha orquestado su departamento respecto a la atención de los inmigrantes en situación irregular que estén recibiendo un tratamiento crónico. Cabe recordar que éstos se quedarán sin tarjeta, y, en teoría, sin acceso al sistema sanitario público, el próximo 31 de agosto. Sin embargo, Rivero aseguró que los sin papeles crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. "Se les enviará por la asistencia que se les ha prestado aquí", afirmó, como sucede con los españoles en el extranjero al visitar otras naciones. "Cuando vamos a otros países tenemos que pagar la asistencia sanitaria, o lo tiene que costear nuestra Seguridad Social", argumentó, por causa de los convenios de colaboración bilateral con otros países. Rivero no aclaró, sin embargo, qué va a pasar si no existe ese convenio con el país de origen, o si se trata de países donde el tratamiento recibido en España no está cubierto por la sanidad pública. El propio Rivero admitió la dificultad para implantar este sistema de cobro de los servicios al anotar que "posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias". No queda claro si la factura será remitida al inmigrante en caso de que el país de origen no abone la misma. Entiende El País que, con estas declaraciones, parece que Rivero vuelve a la versión inicial del Ministerio de Sanidad: que sólo se atenderán las urgencias. Si se aplicara esto en un sentido estricto, no hay mejora respecto a lo que se sabe hasta ahora. Si se usara un criterio amplio, todos los inmigrantes sin papeles podrían recibir atención, ya que su situación siempre puede empeorar si no se trata al principio. En ambos casos existe el riesgo de que los servicios de urgencias se vean colapsados por este tipo de consultas, tal como han advertido recientemente los responsables de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes). A su vez, según cuenta El Periódico de Cataluña, el secretario general de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Salvador Tranche, ha calificado de "excelente" la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de atender a los inmigrantes irregulares que padezcan una enfermedad crónica y pasar la factura a sus países de origen. "Nuestro objetivo es seguir manteniendo la relación asistencial que tenemos con los inmigrantes. Si esto se consigue a base de que ellos regularicen su situación y se les facture a su país me parece fantástico y es una medida totalmente bienvenida”, explica Tranche. El Periódico recuerda que, en Cataluña, la 'conselleria' de Salut ha anunciado que no aplicará la medida.
Señala la información de El País que, en este baile de declaraciones también ha intervenido el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Manuel Cervera, en declaraciones a la Cope. "Aquí nadie se va a quedar sin ningún tratamiento, lo que pasa es que vamos a ser eficientes en la gestión de saber quién entra en un centro sanitario y qué derechos tiene. Lo hacen en Europa y lo vamos a hacer nosotros porque, aunque vamos a ser menos restrictivos, si no lo hacemos corremos el riesgo de seguir endeudándonos más que los demás", dijo. repitiendo el lema de que nadie se va a quedar sin ser atendido, pero sin detallar cómo. Una duda que comparten enfermos, asociaciones de inmigrantes y personal del sistema público de salud, que insisten en que no tienen instrucciones sobre qué hacer el 1 de septiembre con estos casos, aparte de dejarlos fuera del sistema porque sus tarjetas sanitarias van a ser desactivadas. Según Cervera, uno de los principales objetivos del Gobierno es "detener" esta inmigración para hacerla "regular" y conseguir que los extranjeros "vengan a España con un contrato de trabajo".
Sobre la atención sanitaria, sostiene El País que los médicos seguirán atendiendo a sus pacientes, sean españoles o extranjeros, y estén en situación irregular o no. Y es que más de 1.000 médicos se han declarado ya objetores a la ley que restringe la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Los facultativos consideran que la normativa, que entra en vigor el 1 de septiembre y dejará sin tarjeta sanitaria a más de 150.000 personas, contraviene su código deontológico, que dice que deben “velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del enfermo”. Por eso, han decidido seguir asistiendo a aquellos que han sido sus pacientes, tengan papeles o no. El ministerio les advierte de que su postura es ilegal. “La objeción aquí no tiene sentido. No es el médico quien se encarga de facturar, es el que se encarga de atender al paciente”, explica una portavoz. Los facultativos han mostrado una postura firme y clara desde que estalló la polémica. “El ejercicio de la profesión médica lleva aparejadas ciertas obligaciones éticas de las que los médicos no pueden desprenderse. Ni por la conveniencia personal ni por las disposiciones gubernamentales”, expone Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), una organización con más de 20.000 asociados, que sustenta la acción. Para ello, tras consultar la legalidad de la objeción, esta organización ha abierto un registro para que estos profesionales se inscriban. El listado se nutría, en un principio, de médicos de familia. Ahora, se ha abierto también a otros profesionales sanitarios, incluidos los enfermeros. Sin embargo, el Consejo General de Colegios de Enfermería ha alertado a sus miembros de que seguir atendiendo a inmigrantes sin papeles en horario laboral y con recursos públicos, puede suponer una infracción administrativa. “Nuestros servicios jurídicos han determinado que esa acción no sería objeción de conciencia, sino insumisión”, explica su presidente, Máximo González Jurado.
En esencia: Desde el día 1 de septiembre, unas 150.000 personas mayores de edad que viven en España en situación irregular no podrán ir al centro de salud ni a la consulta del especialista ni a hacerse una radiografía. Su tarjeta sanitaria, que les permite ahora, si están empadronadas, recibir asistencia médica, será desactivada. Sólo las embarazadas recibirán atención al parto y posparto. En cuanto al resto de pacientes, únicamente podrán acudir a urgencias. Una consulta por una gripe, una gastroenteritis o cualquier otro problema de salud que no se considere a priori grave quedará en manos de los médicos que se han declarado objetores y de las organizaciones no gubernamentales que les prestan asistencia. Las organizaciones que atienden a sin papeles, y que hasta ahora eran un apoyo, advierten de que las subvenciones que reciben, además, son cada vez más escasas. La propuesta del Gobierno de cobrar a los sin papeles un “aseguramiento” de 710 euros al año por recibir asistencia en la sanidad pública, tampoco es para muchos una buena opción. Los médicos saben que su objeción, en la práctica, es complicada. Si un paciente no está en la base de datos no puede pedir cita ni se le puede enviar a hacer análisis ni pruebas. Mantienen, sin embargo, que es importante denunciar cada desatención. El presidente de Semfyc espera que la desatención a estas personas no llegue a producirse. Tiene esperanzas de que cambie la ley. “Son nuestros pacientes, por eso vamos a seguirles atendiendo. Por ellos y porque además es peor para la sociedad no hacerlo”, abunda Basora.
¿Pagará el paciente, pagará el Sistema, pagará el país del paciente, o no pagará otro que el contribuyente español, como ha sucedido casi siempre?
Próximamente se sabrá…
El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, ha confirmado que los 'sin papeles' crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. "Se les enviará por la asistencia que se le ha prestado aquí", ha asegurado en unas declaraciones realizadas a Radio Nacional, en las que ha indicado que esta situación es la que afrontan los españoles al visitar otras naciones. "Cuando vamos a otros países tenemos que pagarlo o lo tiene que pagar nuestra Seguridad Social", explicó. Rivero reiteró que existen "bastantes" convenios de colaboración bilateral con otros países. Sin embargo, señaló que será el médico quien decidirá si es urgente, y si hay que tratar a ese paciente. Según su criterio, "no puede ser otra persona" la que tome esta decisión, porque sólo él sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Y es que si no se toman las medidas asistenciales necesarias, se puede adquirir una patología "mucho más compleja de la que tiene en ese momento", manifiesta. No obstante, Rivero pone de relieve que "posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Dice este sábado El País, en una de sus informaciones de primera página que es “una fórmula inviable”, y que “hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias", en referencia al plan de Sanidad de cobrar los servicios prestados a inmigrantes sin papeles con enfermedades crónicas remitiendo la factura a sus países de origen porque, alega, sólo 6 de los 21 convenios bilaterales firmados con países extracomunitarios en materia de Seguridad Social prevén la cobertura sanitaria. Y ninguno la contempla para ciudadanos sin papeles. Cobrar al país de origen, sostiene el País, se ha demostrado inviable incluso con países europeos, que, sólo en 2009, dejaron sin pagar 970 millones por
este concepto. Según entiende El País, con sus declaraciones, el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, da otra vuelta de tuerca a la ceremonia de confusión que ha orquestado su departamento respecto a la atención de los inmigrantes en situación irregular que estén recibiendo un tratamiento crónico. Cabe recordar que éstos se quedarán sin tarjeta, y, en teoría, sin acceso al sistema sanitario público, el próximo 31 de agosto. Sin embargo, Rivero aseguró que los sin papeles crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. "Se les enviará por la asistencia que se les ha prestado aquí", afirmó, como sucede con los españoles en el extranjero al visitar otras naciones. "Cuando vamos a otros países tenemos que pagar la asistencia sanitaria, o lo tiene que costear nuestra Seguridad Social", argumentó, por causa de los convenios de colaboración bilateral con otros países. Rivero no aclaró, sin embargo, qué va a pasar si no existe ese convenio con el país de origen, o si se trata de países donde el tratamiento recibido en España no está cubierto por la sanidad pública. El propio Rivero admitió la dificultad para implantar este sistema de cobro de los servicios al anotar que "posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias". No queda claro si la factura será remitida al inmigrante en caso de que el país de origen no abone la misma. Entiende El País que, con estas declaraciones, parece que Rivero vuelve a la versión inicial del Ministerio de Sanidad: que sólo se atenderán las urgencias. Si se aplicara esto en un sentido estricto, no hay mejora respecto a lo que se sabe hasta ahora. Si se usara un criterio amplio, todos los inmigrantes sin papeles podrían recibir atención, ya que su situación siempre puede empeorar si no se trata al principio. En ambos casos existe el riesgo de que los servicios de urgencias se vean colapsados por este tipo de consultas, tal como han advertido recientemente los responsables de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes). A su vez, según cuenta El Periódico de Cataluña, el secretario general de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Salvador Tranche, ha calificado de "excelente" la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de atender a los inmigrantes irregulares que padezcan una enfermedad crónica y pasar la factura a sus países de origen. "Nuestro objetivo es seguir manteniendo la relación asistencial que tenemos con los inmigrantes. Si esto se consigue a base de que ellos regularicen su situación y se les facture a su país me parece fantástico y es una medida totalmente bienvenida”, explica Tranche. El Periódico recuerda que, en Cataluña, la 'conselleria' de Salut ha anunciado que no aplicará la medida.
Señala la información de El País que, en este baile de declaraciones también ha intervenido el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Manuel Cervera, en declaraciones a la Cope. "Aquí nadie se va a quedar sin ningún tratamiento, lo que pasa es que vamos a ser eficientes en la gestión de saber quién entra en un centro sanitario y qué derechos tiene. Lo hacen en Europa y lo vamos a hacer nosotros porque, aunque vamos a ser menos restrictivos, si no lo hacemos corremos el riesgo de seguir endeudándonos más que los demás", dijo. repitiendo el lema de que nadie se va a quedar sin ser atendido, pero sin detallar cómo. Una duda que comparten enfermos, asociaciones de inmigrantes y personal del sistema público de salud, que insisten en que no tienen instrucciones sobre qué hacer el 1 de septiembre con estos casos, aparte de dejarlos fuera del sistema porque sus tarjetas sanitarias van a ser desactivadas. Según Cervera, uno de los principales objetivos del Gobierno es "detener" esta inmigración para hacerla "regular" y conseguir que los extranjeros "vengan a España con un contrato de trabajo".
Sobre la atención sanitaria, sostiene El País que los médicos seguirán atendiendo a sus pacientes, sean españoles o extranjeros, y estén en situación irregular o no. Y es que más de 1.000 médicos se han declarado ya objetores a la ley que restringe la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Los facultativos consideran que la normativa, que entra en vigor el 1 de septiembre y dejará sin tarjeta sanitaria a más de 150.000 personas, contraviene su código deontológico, que dice que deben “velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del enfermo”. Por eso, han decidido seguir asistiendo a aquellos que han sido sus pacientes, tengan papeles o no. El ministerio les advierte de que su postura es ilegal. “La objeción aquí no tiene sentido. No es el médico quien se encarga de facturar, es el que se encarga de atender al paciente”, explica una portavoz. Los facultativos han mostrado una postura firme y clara desde que estalló la polémica. “El ejercicio de la profesión médica lleva aparejadas ciertas obligaciones éticas de las que los médicos no pueden desprenderse. Ni por la conveniencia personal ni por las disposiciones gubernamentales”, expone Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), una organización con más de 20.000 asociados, que sustenta la acción. Para ello, tras consultar la legalidad de la objeción, esta organización ha abierto un registro para que estos profesionales se inscriban. El listado se nutría, en un principio, de médicos de familia. Ahora, se ha abierto también a otros profesionales sanitarios, incluidos los enfermeros. Sin embargo, el Consejo General de Colegios de Enfermería ha alertado a sus miembros de que seguir atendiendo a inmigrantes sin papeles en horario laboral y con recursos públicos, puede suponer una infracción administrativa. “Nuestros servicios jurídicos han determinado que esa acción no sería objeción de conciencia, sino insumisión”, explica su presidente, Máximo González Jurado.
En esencia: Desde el día 1 de septiembre, unas 150.000 personas mayores de edad que viven en España en situación irregular no podrán ir al centro de salud ni a la consulta del especialista ni a hacerse una radiografía. Su tarjeta sanitaria, que les permite ahora, si están empadronadas, recibir asistencia médica, será desactivada. Sólo las embarazadas recibirán atención al parto y posparto. En cuanto al resto de pacientes, únicamente podrán acudir a urgencias. Una consulta por una gripe, una gastroenteritis o cualquier otro problema de salud que no se considere a priori grave quedará en manos de los médicos que se han declarado objetores y de las organizaciones no gubernamentales que les prestan asistencia. Las organizaciones que atienden a sin papeles, y que hasta ahora eran un apoyo, advierten de que las subvenciones que reciben, además, son cada vez más escasas. La propuesta del Gobierno de cobrar a los sin papeles un “aseguramiento” de 710 euros al año por recibir asistencia en la sanidad pública, tampoco es para muchos una buena opción. Los médicos saben que su objeción, en la práctica, es complicada. Si un paciente no está en la base de datos no puede pedir cita ni se le puede enviar a hacer análisis ni pruebas. Mantienen, sin embargo, que es importante denunciar cada desatención. El presidente de Semfyc espera que la desatención a estas personas no llegue a producirse. Tiene esperanzas de que cambie la ley. “Son nuestros pacientes, por eso vamos a seguirles atendiendo. Por ellos y porque además es peor para la sociedad no hacerlo”, abunda Basora.
¿Pagará el paciente, pagará el Sistema, pagará el país del paciente, o no pagará otro que el contribuyente español, como ha sucedido casi siempre?
Próximamente se sabrá…
viernes, 10 de agosto de 2012
TODO DEPENDE DE LOS 500 MILLONES QUE DEBE AUTORIZAR MONTORO
La probable prórroga de los 400 euros para los parados
Asegura hoy El País en su información política de mayor relieve, que viene siguiendo desde hace días, y hasta semanas, que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, quiere prorrogar la ayuda de 400 euros a los parados que ya han agotado la prestación por desempleo. Báñez, sin embargo, depende de Cristóbal Montoro, el ministro que vigila el cumplimiento del déficit, y que debe autorizar el gasto de 500 millones para atender a los 200.000 desempleados afectados. Se producen estas gestiones mientras se mantiene la presión del PSOE y de los sindicatos y a la espera de que el Gobierno se pronuncie antes del próximo miércoles. El PP, según otra información del referido diario, habría abierto la puerta a una prórroga de esa ayuda de los 400 euros a los parados apostando por “buscar la efectividad” del llamado Plan Prepara, puesto en marcha por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo ha dicho el portavoz de los populares en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, quien ha reconocido la importancia del programa y ha valorado "la función que tiene esa ayuda para la protección social”. Sin embargo, ha recordado que el “objetivo fundamental tiene que ser recuperar un empleo”. “Este programa”, ha señalado ante los medios en la sede nacional del partido, “tenía una capacidad de reinserción del 20% y ahora está en el 6%”, por lo que habrá que trabajar para que funcione mejor. Sus palabras, deduce El País, sugieren una posible prórroga del plan para reformarlo después. Los objetivos que persigue el PP, ha dicho Alonso, consisten en "garantizar la cobertura social de todas las personas” y “recuperar la efectividad perdida de programas como el Prepara”. Al apuntar que el Gobierno, en cualquier caso, tomará una decisión la semana que viene, ha aprovechado la ocasión para arremeter contra los dirigentes socialistas, que han lanzado una campaña en apoyo de la prórroga de esa ayuda en las redes sociales. “Con ese dinero se están pagando los parados de Zapatero, por lo que la actitud del PSOE es oportunista”, opinado Alonso. Cuenta también La Vanguardia que Empleo dice que la mitad de los perceptores de los 400 euros ya ha cobrado y que el resto recibirá la paga el martes. La demora se ha debido a la entrada en vigor el 30 de junio de los presupuestos generales del Estado de 2012, alega el diario barcelonés. Cuenta El Periódico de Cataluña que Empleo atribuye a un "ajuste" el retraso en el pago de los 400 euros, y que el ministerio promete el cobro de la ayuda a los desempleados de larga duración "en próximos días". A su vez, añade, CCOO y UGT anuncian una respuesta "contundente" en la calle si Rajoy suprime la ayuda de 400 euros a los parados. Con respecto a ese bloqueo de los 400 euros de 200.000 parados por un problema contable, el Ministerio de Empleo asegura que desde hoy al lunes se procederá al pago correspondiente a 46 provincias, salvo en Asturias, donde los desempleados recibirán la ayuda, en cualquier caso, antes del 15. Sin embargo, quedarán provincias como Sevilla, de la ayuda se abonará a partir de ese día, como viene siendo habitual.
Se recuerda el problema: Unos 200.000 parados no habían cobrado en julio o primeros días de agosto la paga de 400 euros que les corresponde por ser beneficiarios del Plan Prepara. Todo un golpe para la maltrecha economía doméstica de uno de los colectivos peor tratados por la crisis. Los desempleados que se benefician de esta subvención son los que están en una situación más precaria: agotaron la prestación contributiva y el subsidio sin encontrar trabajo; y sus rentas anuales no llegan al 75% del salario mínimo interprofesional (7.696 euros). Este duro perfil es el que les permite cobrar durante medio año los 400 euros que el mes pasado no han percibido. Según el Ministerio de Empleo, todo se debe a “un ajuste contable” derivado de la gestión presupuestaria que ha provocado “un retraso puntual” y que está en vías de solución inmediata, algo que también sostienen en Hacienda. A diferencia de las prestaciones o subsidios, el Plan Prepara es una subvención que reciben los parados a cambio de comprometerse a participar en un programa de inserción laboral. Esto, explican en Empleo, obliga a una tramitación más lenta cada vez que se produce un cierre de ejercicio presupuestario y se abre otro. Eso sucedió el pasado 30 de junio, cuando entraron en vigor las cuentas públicas para este año y se cerró el presupuesto prorrogado de 2011. “Cada vez que se produce esta situación, hay que hacer un ajuste contable. Se tiene que cerrar el ejercicio anterior para liberar los créditos del Plan Prepara correspondientes al siguiente”, explican en Empleo, donde se apresuran a advertir de que no es la primera vez que esto sucede, que ya ocurrió en enero cuando entró en vigor la prórroga de los presupuestos de 2011. La vez anterior se retrasó 15 días. También enfatizan en el departamento que dirige Fátima Báñez, que el retraso no se debe a un problema de liquidez o falta de dinero. Lo atribuyen exclusivamente al problema generado por trámites administrativos y presupuestarios. Y, de hecho, avanzan que “ya se ha comenzado a pagar”. “Hay gente que tiene que haber cobrado ya”, añaden, aunque precisan que a partir de ahora el día del ingreso está en manos de la autorización de la Intervención provincial. Las primeras denuncias de parados que no percibieron su paga se dieron en Valencia. Posteriormente, llegaron en Galicia, Cataluña y Canarias. Aunque el problema se ha dado en toda España, la denuncia fue escalonada y no al unísono, porque el día de cobro es distinto en cada provincia. El Plan Prepara no tiene una fecha obligada de pago. En los últimos días de mes o incluso más tarde, “entre el 26 de un mes y el 3 del siguiente (o más)”, concreta Empleo, el parado cobra lo correspondiente al mes anterior. Es decir, los desempleados tendrían que haber ingresado lo perteneciente a junio entre el 26 de julio y el 3 de agosto. Al variar la fecha de cobro en cada provincia, donde se ingresaba antes la paga al parado ha sido donde antes ha saltado el problema. Lo grave de este capítulo es que castiga a los parados en peor situación. Los beneficiarios del Plan Prepara, unos 200.000 según la nómina paga en mayo, son los desempleados que llevan más tiempo sin trabajo, que han agotado ya todas las variables del seguro de desempleo y que tienen muy pocos ingresos por otras vías. Precisamente para paliar los efectos del paro de larga duración, se puso en marcha este programa en agosto de 2009, cuando era ministro de Trabajo Celestino Corbacho. Entonces la paga mensual ascendía a 420 euros y oficialmente se llamaba PRODI. En agosto del año pasado, ya con Valeriano Gómez como ministro, se cambió el nombre oficial a Plan Prepara y se le dio otro carácter: se redujo la paga mensual a 400 euros y se vinculó más al seguimiento de un itinerario de inserción laboral y la búsqueda activa de empleo. En cambio, se mantuvieron dos características básicas: la vigencia del plan sería semestral y sería potestad del Gobierno renovarlo o no cada vez que tocara a su fin. En este año, el coste del plan, del que se han beneficiado más de medio millón de parados, ha ascendido a unos 520 millones.
Siguiendo esta disposición, una de las primeras decisiones que tomó el Ejecutivo de Mariano Rajoy fue la prórroga del programa que acababa el 15 de febrero. Ya han pasado casi seis meses y, de nuevo, el Gobierno tiene que decidir si lo renueva. En una comparecencia en el Congreso, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, preparó el terreno para su eliminación al plantear el escaso éxito de integración laboral que tiene. Sin embargo, los portavoces oficiales de su departamento afirman que todavía no hay una decisión tomada y que es el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien lo hará.
De otro lado, y según cuenta El Mundo, el Gobierno ha recortado las ayudas económicas a la partida destinada para las vacaciones de personas mayores alegando que "en este momento económico desfavorable" considera necesario "priorizar" otras partidas como las pensiones no contributivas o las ayudas a la dependencia. En respuesta a varias preguntas parlamentarias relativas a las dotaciones de partidas para ayudas a personas mayores, el Ejecutivo ha explicado que, en el caso de las vacaciones y el mantenimiento del empleo en zonas turísticas, las cantidades aportadas por el Estado en 2012 serán de 75 millones de euros. Asimismo, la partida para los programas de turismo y termalismo social se sitúan en 36 millones de euros, registrando, según explica en la pregunta la diputada del grupo socialista Rosa Aguilar, un recorte del 24% en relación con la cifra del año anterior. El Gobierno señala que el ajuste presupuestario "obliga a tomar medidas no deseables en todos los ámbitos" para superar la actual crisis económica. Asimismo, añade que se han priorizado otros programas como las pensiones no contributivas, la dependencia o la atención directa que se presta en los centros del Imserso a 1.800 personas. No obstante, apunta que se están llevando a cabo reuniones con la empresa adjudicataria del 'Programa de Vacaciones', así como con los sectores implicados en el mismo (hoteles, empresas, transportistas o agencias de viajes) para "hacer un análisis de la situación y buscar fórmulas que favorezcan el mantenimiento y la actividad del empleo".
Con respecto al caso de los pacientes crónicos sin papeles, que Sanidad deja en el aire, ha asegurado que “van a seguir recibiendo asistencia” y los médicos no van a dejar de tratarles. En opinión de Alonso, “no se va a dejar a nadie en la calle, en España no se hace”. El portavoz parlamentario popular ha apelado además a la “cooperación y responsabilidad” para referirse a los asaltos a los supermercados capitaneados por el diputado y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. “Hoy, la prensa internacional se hace eco de la actuación de Gordillo”, ha lamentado, antes de pedir a Izquierda Unida que exija responsabilidades a sus diputados en Andalucía. “IU, que es un partido de Gobierno en Andalucía y respalda a Gordillo, por lo que traslada una imagen de los españoles que no tiene nada que ver con lo que es este país. Un partido de Gobierno no asalta supermercados y tiene que dar ejemplos a los ciudadanos”, ha afirmado. El dirigente popular transmitía así una preocupación que, en definitiva, tiene que ver con la imagen de España en exterior, esto es, ante los mercados, los inversores y los socios europeos. Para ello, ha considerado que también el principal partido de la oposición debe “cooperar” en un “ejercicio de responsabilidad”. “Es lo que reclamamos al PSOE y a Rubalcaba”, ha agregado. Ya que “a todos nos están mirando y juzgando”.
Las frágiles cuentas del Estado todo lo tiznan y complican
jueves, 9 de agosto de 2012
ASPERA CONTROVERSIA EN EL SENO DE IU
El
atraco de Sánchez Gordillo a dos supermercados
Como
no podía ser de otro modo, el “episodio de Sánchez Gordillo” y sus huestes, de
asaltar y robar en dos supermercados para entregar el fruto del robo a los más
necesitados, se ha ido hinchando a medida que han transcurrido las primeras
veinticuatro horas. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció el miércoles
que la Policía y la Guardia Civil tienen la orden de detener a los responsables
de los asaltos a dos supermercados en los que participó el diputado autonómico
de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, el alcalde de la localidad
gaditana de Espera, Pedro Romero (IU), y el dirigente del Sindicato Andaluz de
Trabajadores, Diego Cañamero. Interior informó posteriormente de que no se
iba a proceder al arresto sino que, como era aforado, se le entregaría a
Sánchez Gordillo una citación para que preste declaración. Desde el ministerio
se señalaba que, con respecto al resto de los implicados en los hechos, habría
que identificarlos y después ver si se procedía a la detención. A su vez, el
ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ordenaba a la fiscalía que
investigue los asaltos a las grandes superficies y a sus autores. Los arrestos comenzaron
horas más tarde:. Los dos primeros jornaleros fueron detenidos la pasada noche
en Hornachuelos (Córdoba), y Málaga y ya se ha identificado a otros cuatro. Fernández
Díaz calificaba la acción de "intolerable": "Todos somos
conscientes de que la gente lo está pasando mal, pero el fin no justifica los
medios". Añadió que en ningún caso se va a permitir que se viole la ley, porque
"esto sería la ley de la selva". El ministro criticó, en particular, el
apoyo a estos hechos mostrado por el diputado de IU Gaspar Llamazares y
avanzó que ha trasladado su preocupación al ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, para que "comunique a la Fiscalía General del Estado que
actúe como proceda a Derecho en relación con estas actuaciones y con quienes están incitando a realizarlas". Por su parte, Llamazares
considera "hipócrita" y de "histeria" que se califique el
asalto "simbólico" como delito. Los dos centenares de jornaleros se
llevaron 13 carros de comida, y dos trabajadores de uno de los supermercados
denunciaron agresiones. Llamazares rechaza
que estos hechos tengan "trascendencia penal" e insistr en que
fue un "acto simbólico" y reivindicativo. En la misma línea, el
eurodiputado de IU, Willy Meyer, considera una “metedura de
pata veraniega” la decisión del ministro. Meyer afirma no compartir el asalto
al supermercado, pero indica que, dadas las circunstancias en que se produjo la
acción, “cualquier juez procedería de una manera muy equilibrada”. Según Meyer,
“en otros países, se ha demostrado que acciones “vanguardistas” como ésta, no
sólo no sirven, sino que pueden convertirse en obstáculo”.
Ahora, las Fuerzas de Seguridad tienen orden de detener a los
responsables de los asaltos a
dos supermercados en Andalucía. La Policía Nacional detuvo anoche en
Hornachuelos (Córdoba) y Cuevas de San Marcos (Málaga) a las dos primeras
personas que participaron en los promovidos por el Sindicato Andaluz de
Trabajadores (SAT). La Fiscalía también investigará estos sucesos, en los que está implicado el alcalde de Marinaleda (Sevilla) y
diputado autonómico de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Gordillo
participó en uno de los dos asaltos organizados por su sindicato, el que tuvo
lugar en un Mercadona de Écija (Sevilla), donde sustrajeron nueve carros cargados de alimentos para
llevarlos a un banco de alimentos de Sevilla. El otro se
produjo en un Carrefour en Arcos de la Frontera (Cádiz), donde los sindicalistas
"expropiaron", según sus palabras, más de veinte carros de alimentos básicos. Numerosas voces
de la política y el mundo sindical han condenado estos hechos que, sin embargo,
volvió a defender el propio Sánchez Gordillo y compañeros suyos de partido
¿Qué
cabe opinar de los hechos?, se pregunta este jueves El País. “¿Es un robo?, ¿un
acto simbólico?, ¿una barbaridad?, ¿un hecho violento?” Y recuerda que el asalto ha provocado un sinfín de
reacciones sociales a favor y en contra, resume. Y relata: los protagonistas de
esta historia no rebuscan alimentos en los contenedores. Son miembros del
SAT, las nuevas siglas del Sindicato de Obreros del Campo, la rama
sindical del Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT), el partido de Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda desde hace
33 años y diputado de IU en el Parlamento andaluz. IU se desmarcó del simpar
regidor. El PSOE, su socio de coalición en la Junta, siguió la estela de Griñán y lo
calificó de “barbaridad”. Y recuerda seguidamente El País que hace 16 días, los
de Sánchez Gordillo ocuparon la finca Las Turquillas en Écija (Sevilla),
propiedad del Ministerio de Defensa, para reclamar al Ejército la cesión de
tierras a los agricultores que están pasando hambre. Los medios de comunicación
no le prestaron demasiada atención. Este miércoles había varias antenas
parabólicas de televisión a la espera de acontecimientos, después de que los
jornaleros hubieran recibido a las ocho de mañana una orden para desalojar el
cortijo antes de mediodía. Sánchez Gordillo tenía previsto viajar a Murcia,
pero cambió de opinión y se fue a Las Turquillas, donde 300 vecinos de
Marinaleda también acudieron a acompañar a su líder. “Aquí estoy. No voy a
huir”, dijo. Gordillo, que es aforado, justificó su acción porque “alguien
tiene que hacer algo para que haya familias que puedan comer todos los días”.
Anunció que volverá a repetirla y llamo “franquista de tomo y lomo” al
ministro. Ahora se ha sabido que otro de los dirigentes del asalto, Cañamero, daba precisas instrucciones al grupo de
jornaleros que entró en un centro de Carrefour: “Ni chocolate, ni yogures, ni
postres. Galletas normales de las María de siempre”, aconsejó. Cañamero negoció
con los responsables de esta cadena, que optó por donar 12 carros con alimentos
a los servicios sociales de la zona.
La controversia se suscita, en
primer lugar, en la propia IU. El coordinador general de IU y vicepresidente de la Junta, Diego Valderas,
aseguró que trataba de un “acto simbólico” y que no compartí las “formas”, pero
sí “el fondo” del debate. Dejó claro que no se trató de una iniciativa de IU,
sino de un sindicato “que todos los veranos hace su campaña de actividades”.
Negó que fuera abrir expediente a su diputado. Nadie quiere que la habitual
campaña veraniega de Sánchez Gordillo derive en un encontronazo entre los
socios del Gobierno de coalición, sobre todo, porque lo peor para el Ejecutivo
andaluz está por venir. La elaboración de los Presupuestos de 2013 se sospecha que será un debate áspero si
el Ministerio de Hacienda no alivia el límite de endeudamiento impuesto a
Andalucía, que implica contar con 2.700 millones de euros menos. Gordillo nunca
apoyó el pacto con el PSOE y muchos dirigentes de IU pueden sumarse a esa
opinión, sobre todo si no hay dinero pero sí más recortes. Pero es evidente que
Gordillo casi siempre suscita división de opiniones en la propia izquierda.
En
cuanto a la prensa escrita, algunos diarios
que casi ignoraron el asunto el miércoles, lo agrandan el jueves. El Mundo lo
convierte en primera materia, por encima del “Caso Interligare” al que ha
venido dedicando portada tras portada. “IU cierra filas con Gordillo, orgulloso
del asalto al súper”, relata en su portada. El País, brevemente, también señala
que Interior ordena detener a los asaltantes de supermercados. En ABC: Gordillo amenaza con repetir los robos
a supermercados. La Razón muestra a Gordillo: El líder comunista, orgulloso de
saquear supermercados. Y señala que su sindicato recibió en mayo 45.000
millones de la Junta andaluza. Indica La Gaceta que el alcalde comunista de
Marinaleda se compara con Gandhi. Y en su portada, El Periódico de Cataluña, se
llama a Gordillo”el llanero solitario”…
Pero
el caso apenas ha comenzado…
miércoles, 8 de agosto de 2012
LAS CCAA "REBELDES" AL PP RECHAZAN EL PROYECTO MATO
Alto coste a las atenciones sanitarias de los sin papeles
Ciertamente, quejaron atrás los tiempos en los que el PP, siempre poco
dado a convivir con inmigrantes, los aceptaba, sin embargo, porque “venían a
atender los trabajos que los españoles no quieren realizar”. De entonces a
nuestros días, y a la frase del portavoz popular Rafael Hernando –lo mejor que
pueden hacer los inmigrantes es irse a su país de origen-, han pasado cinco
años de crisis, y varios triunfos electorales que ya permiten hablar de la España
de las dos velocidades: La del PP, de recortes sin final, y la de los gobiernos
vasco, catalán y andaluz, y los dirigentes sindicales, que no se resignan y
rechazan tales recortes. La última medida, en ese sentido, corresponde al Ministerio de Sanidad, decidido
a acabar con el "turismo sanitario" y ahorrar así cerca de mil
millones al año, para lo que quiere acordar con las CCAA el pago de una cuota mensual por
parte de los extranjeros que
se encuentren en España y no
sean ni asegurados ni beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). La medida está diseñada para españoles
"rentistas" que nunca han trabajado, para europeos que quieran ser
atendidos por el sistema sanitario español y para otros extranjeros que durante
su estancia en España quieran esa cobertura total por
el sistema público, por lo que afectará también a los inmigrantes irregulares. Sanidad, en este propósito, planea exigir 710 euros al
año a
los 'sin papeles' por ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud,
a través de la suscripción a algo similar a pólizas con pagos que se asemejan a
los de los seguros sanitarios privados. Si la atención
sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es un problema, que
desaparezcan los inmigrantes…. O, en lenguaje del mencionado portavoz Hernando:
“Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente, y eso
es una reflexión que hago con carácter general”. Hernando ha asegurado que España tiene que
dejar de ser el “paraíso” de la inmigración ilegal y ha instado a quienes están en
situación irregular a volver a su país. Explica El País que el asunto de la
asistencia a los sin papeles es el detonante de estas declaraciones. El 31 de este mes
se quedarán sin tarjeta sanitaria,
y sólo podrán ir a urgencias (salvo que sean menores o mujeres embarazadas). El
lunes se supo que el Ministerio de Sanidad había pergeñado un intento de
solución: que
suscriban una especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 59,20
euros al mes para los menores de 65 años y 155,4 para el resto. Pero la idea
sólo la apoya el PP y su aplicación la rechazan los gobiernos autonómicos
“rebeldes”, o no pertenecientes al “imperio del PP”, catalán, vasco y andaluz. “Muchos
españoles no podrían pagarlo” ha dicho el portavoz de Sanidad del PSOE en el
Congreso, José Martínez Olmos, quien duda de la base legal de la medida. “No es
sólo una cuestión de competencias. No veo es cómo va a firmar un convenio un
organismo oficial con alguien que está en situación irregular”. Para Martínez
Olmos este proyecto de orden es otro intento de Sanidad de corregir los errores
del real decreto ley de los ajustes del 20 de abril, aunque sea “de forma
insuficiente”. “Enfermedades como la diabetes, que requieren un tratamiento
largo, no quedarían suficientemente cubiertas. Lo mismo sucede con las
infecciosas, que cuando no son bien tratadas son una amenaza. El Gobierno
tendrá que volver a rectificar. Porque no se puede seguir con chapuzas”.A su
vez, el portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de
Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares,
acusa al Gobierno de intentar “criminalizar” a los inmigrantes irregulares al
retirarles la atención o condicionarla al pago de un convenio. “El precio que
ponen al aseguramiento es toda una definición de la concepción de ciudadanos de
tercera que tiene el PP hacia los inmigrantes y también de su concepción sobre
que la salud no es un derecho sino una fuente más de negocio”, añadió. En un
entorno más profesional, las críticas son unánimes. Para Josep Basora,
presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(Semfyc), la propuesta no es factible. Además, sostiene, es
profundamente injusta. “No me lo explico ni desde el punto de vista político,
ni ético, ni sanitario. Esas personas no tienen dinero para afrontar ese coste.
Nosotros que les atendemos día a día lo sabemos. Estamos hablando de gente
excluida, que no tiene recursos y que no tiene permiso de residencia legal…”,
dice. Otras asociaciones, como la de infecciosas (Seimc), enfermería y farmacia
también apuestan por atender a los inmigrantes como al resto de la población. Este es, este miércoles, el asunto principal
para la portada de El País, que titula: El peaje sanitario a los sin papeles
choca con un rechazo generalizado. El PP anima a los inmigrantes irregulares a
abandonar España. Los médicos, Cataluña, Andalucía y Euskadi rechazan la
medida. Otros diarios conceden mucha menor importancia al anuncio de Sanidad.
El Mundo, por ejemplo. O La Gaceta. En ABC se señala la oferta de una sanidad
pública por 60 euros al mes para quien se quede sin tarjeta. O en La
Vanguardia: Santidad propone que los inmigrantes sin papeles paguen un seguro
sanitario de710 euros al año para ser atendidos. Habla La Razón de “cerco al
turismo sanitario”: el que no cotice deberá pagar 60 euros.
Entre las comunidades que no gobierna el
PP, Cataluña, Andalucía y País Vasco ya han mostrado su rechazo. La consejera
andaluza de Salud, María Jesús Montero, dijo que la Junta ya ha dejado claro
que va a seguir manteniendo la “gratuidad” de la sanidad, y que los inmigrantes
seguirán siendo atendidos, entre otros asuntos, para evitar “problemas de salud
pública”. Cataluña afirma que sigue con sus planes de no dejar a nadie sin
atender en primaria, y que prepara la instrucción para regular el acceso a la
atención hospitalaria y especializada. Y otro tanto sucede con el gobierno de
Euskadi.
En cualquier caso, habrá que esperar a ver en qué se concreta todo
esto. Sanidad se ha limitado a indicar que el modelo de convenios podrá ser
suscrito por “nacionales de terceros países”. En principio, esto incluiría a
los inmigrantes. Pero la duda surge cuando en la misma nota se especifica que
“en cuanto a los inmigrantes en situación irregular”, como si fueran un grupo
aparte, “el Gobierno les recuerda la necesidad de que regularicen su
situación”. Como si esto fuera fácil… El Gobierno excluyó del Sistema Nacional
de Salud a los inmigrantes sin papeles para
erradicar el 'turismo sanitario', pero nada más conocer que Mariano Rajoy prepara
una nueva orden que obligará a los inmigrantes irregulares a abonar una cuota
anual si quieren recibir la misma atención sanitaria que cualquier español,
ONGs y asociaciones, han puesto el grito en el cielo y han emprendido todo tipo
de movilizaciones para frenar la nueva normativa. Asimismo, en menos de un mes, más de 800 médicos han manifestado su
intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los
inmigrantes irregulares que sean sus pacientes. En
un principio, el Gobierno anunció que únicamente se atendería a partir del 1 de
septiembre a las inmigrantes sin papeles, embarazadas, menores de edad y a
través del servicio de urgencias. Sin embargo, este martes se supo que el
Ejecutivo obligará a los inmigrantes irregulares menores de 65 años a
abonar 710 euros al año, si quieren que el Sistema Nacional de Salud les
cubra como hasta ahora. Para los mayores de 65, la cuota ascenderá hasta los
1.865 euros. El impago de
las cuotas tendrá un castigo de tres meses durante los cuales no podrá acceder
a los servicios sanitarios públicos. La noticia corrió como la pólvora,
provocando el rechazo tanto de profesionales como de afectados, que están
recogiendo firmas, poniendo denuncias al Defensor del Pueblo y haciendo
peticiones a las comunidades autónomas para que regulen en contra de la
reforma. La Organización Médica Colegial (OMC) también ha avisado de que
limitar a los “sin papeles” el acceso a la sanidad pública puede
provocar “a medio y largo plazo” problemas económicos e infecciosos. A su
entender, disminuir la accesibilidad de este colectivo social a la Atención
Primaria puede generar que estos ciudadanos dejen de acudir a los
servicios sanitarios cuando lo necesiten y, además, se produzca una
"demora" en algunos tipos de diagnóstico o de prevención de algún
tipo de enfermedad.
Por ésta cuestión sanitaria, y por razones laborales, los
inmigrantes no comunitarios en paro lo tienen claro: España no tiene futuro a
corto plazo. Según cuenta este miércoles El Confidencial, desde enero hasta
junio, cada día, 108 desempleados extranjeros se han beneficiado del plan para
capitalizar la prestación contributiva que habían generado en España para
disfrutarla en su país de nacimiento. En el primer semestre se han beneficiado del programa 19.421 trabajadores
extranjeros, una cifra
cinco veces superior a la del año 2009. La estimación para este año es
que se acojan al mismo plan más de 40.000 inmigrantes no comunitarios. La
procedencia principal de estos retornos es iberoamericana y principalmente andina:
entre Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú superan el 70% de las solicitudes,
concentrándose la inmensa mayoría entre Ecuador (44%) y Colombia (19%). Eso por
lo menos era lo que sucedía en 2009. En el informe sobre las tasas de desempleo
de julio sobre extranjeros se pueden encontrar algunas claves sobre lo que está
pasando. En la actualidad hay en
España 333.905 inmigrantes que cobran una prestación contributiva, lo
que representa un 10% menos que en el mismo mes de 2011. El porcentaje entre
los desempleados de los países no comunitarios es del 14%.
martes, 7 de agosto de 2012
Intervienen Obama, Rubalcaba, De Guindos, Velarde, Centeno…
Rescate
total o suave, con interpretaciones diversas.
Aún estamos
debatiendo si el segundo será “rescate total”, rescate suave, o rescate
inevitable. Parece que también lo estudia Rajoy, unos días en traje de baño y
otros con chubasquero y paraguas. Hasta Pontevedra le llegó este lunes la
llamada de un presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
interesado también porque el tiempo de meditación de Rajoy sea breve, y se
proceda cuanto antes a rescatar a España, como primer paso para rescatar a Europa de los
actuales tiempos de recesión, que resultan también amenazantes a la economía
americana. Obama dio su apoyo a los "esfuerzos" emprendidos en
materia económica por el Gobierno de Rajoy,
dicen en la Casa Blanca como en la Moncloa. Obama reconoció los "difíciles
retos" a los que se enfrenta España y ha "reiterado su apoyo a los
esfuerzos de Rajoy" para resolver la actual situación, según un escueto
comunicado de la Casa Blanca. El jefe del Ejecutivo español recibió la llamada
del presidente Obama sobre a las 16.40 horas y permanecieron al teléfono
"durante media hora", hablando sobre "diferentes cuestiones
relativas a las relaciones bilaterales". El presidente de Estados Unidos,
que aspira a ser reelegido en los comicios de noviembre, ha manifestado en
varias ocasiones su preocupación por la crisis de deuda soberana en la UE y, en
particular, por el acoso de los mercados a las economías de España e Italia.
Por su parte, y
mientras De Guindos sigue sus consultas sobre el cómo y el cuándo del rescate, el
secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguraba también este
lunes desde Berlín que el Gobierno está "procediendo a comenzar las
conversaciones" con el Banco Central Europeo para conocer qué está
dispuesto a poner en marcha para "hacer frente a la situación" de la
deuda española. Según el líder opositor, el Gobierno está procediendo “a analizar y comenzar las
conversaciones con el BCE para tratar de conocer exactamente las políticas que
estaría dispuesto a poner en marcha para hacer frente a una situación, la de la
deuda española y la deuda italiana, que son insostenibles en el tiempo",
ha explicado. Tras reunirse con el líder parlamentario del Partido
Socialdemócrata alemán (SPD), Frank-Walter Steinmeier, Rubalcaba afirmó que el BCE cuenta con "instrumentos"
para dar solución al problema de deuda que tienen España e Italia y que
evitarían que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pidiera "un segundo
rescate", después del ya concedido para sanear el sistema financiero. Rubalcaba
ha vuelto a reclamar que se cumplan los acuerdos adoptados en el último Consejo
Europeo, en el que "había mandatos concretos al BCE que permitirían salir
al paso de esta situación sin necesidad de que España acudiera a un segundo
rescate". Rubalcaba sigue siendo muy poco partidario: "Un
rescate supone un problema reputacional para nuestra economía y también una
posible condicionalidad, y nosotros estamos en desacuerdo con una política de
ajustes sociales que sólo trae recesión y sufrimiento a los ciudadanos españoles",
explicó, en el marco de la gira que realiza por Europa para entrevistarse con
los líderes de partidos socialistas o socialdemócratas para apostar por que las
políticas de contención del déficit vayan acompañadas de un plan de crecimiento
para la UE. Una gira a la que el propio Rajoy expresó su respaldo. "Yo ya he dicho en España que
no estoy a favor de solicitar un nuevo rescate. Creo que hay otras fórmulas
para hacer frente a una situación que entiendo que es anómala, y es que nuestra
prima de riesgo está muy por encima de lo que los fundamentos de nuestra
economía darían como resultado si no viviéramos un ataque especulativo como
estamos viviendo a la zona euro", señaló. Tras asegurar que en la
reunión con Steinmeier no han abordado la creación de un mecanismo similar a
los eurobonos para solucionar el problema de la deuda española e italiana, el
secretario general del PSOE ha dicho estar comprometido en la lucha contra el
déficit, si bien ha recordado no estar de acuerdo con las políticas que está
aplicando el Ejecutivo para lograrlo. Además, reiteró que "la austeridad
no puede ser la única política" para salir de la crisis, sino que
"hay que combinarla con políticas de crecimiento", no sólo en España,
sino también en el conjunto de la UE. "Sin crecimiento no saldremos de la
crisis", insistió.
Sin embargo, parece que ya estamos en el
capítulo siguiente de la negociación de ese rescate: ¿A cambio de qué? Es
decir, con qué “condicionalidades”. Se habla, sobre todo, de dos: reducción de
las pensiones y elevación de la edad de jubilación. Ahora mismo, para alcanzar
la pensión máxima del sistema, que es de 34.526 euros (2.466 al mes, por
catorce pagas), se precisa una carrera larga y sueldo de tipo medio y alto.
Pero el llamado factor de sostenibilidad es el que está fallando
estrepitosamente, y lo que es peor, condicionando la garantía de pensiones
futuras, al no haber proporcionalidad entre cotizantes y perceptores de
jubilación. Y de paso, es la excusa para plantear un recorte de las mismas. La presión
de los socios europeos y el acoso de los mercados podrán más. La esperanza de
vida ha aumentado en las últimas décadas, y con el paro desbocado, las
cotizaciones no llegan para pagar las pensiones. Así las cosas el sistema es
insostenible e inviable, y tarde o temprano el modelo quebrará, según ha avisado
reiteradamente el economista Juan Velarde. En España, por el efecto de las prejubilaciones,
la edad real de retiro está en los 62,8 años. Según los presupuestos de 2012,
este año la Seguridad Social gastará 101.953,8 millones, un 2,9% más que el año
anterior. Y sigue en aumento, con menos cotizantes cada vez. Así que, más
pronto que tarde el presidente del Gobierno tendrá que plantear un aplazamiento
de la edad de jubilación y una reforma de los cálculos para obtener la cuantía
del montante próximo de jubilados que se incorpora. Y si la previsión de
ingresos falla no sería descartable una rebaja de las prestaciones actuales, pese
a su reciente promesa de que “sería lo último que hiciera”… Recordemos que la
reforma aprobada por el anterior Gobierno socialista, en marzo de 2010, y
aprobada definitivamente en julio de 2011, retrasa la edad de jubilación de
forma progresiva hasta los 67 años. Además, a partir de 2027 estaba previsto
que el modelo se revisara cada cinco años para asegurar su viabilidad, lo que
podría dar lugar a nuevos retrasos de la edad de jubilación. Con ello, se
persigue garantizar que el número de trabajadores sobre el de pensionistas se
mantenga en positivo, para asegurar la sostenibilidad del sistema.
Un explosivo análisis del profesor Roberto Centeno cree conocer la propuesta de Rajoy a la UE. Sería: “yo recorto 102.000 millones hasta 2014 y ustedes hacen un esfuercillo de nada y nos sueltan 233.000 millones también hasta 2014, para seguir financiando el despilfarro. Pero como las cifras de crecimiento oficiales no se tienen en pie, si utilizamos las estimadas por los bancos de inversión internacionales, los ingresos fiscales serán como mínimo 20.000 millones menos, por lo que la cantidad adicional para deuda nueva que tendría que poner la UE sería de unos 253.000 millones. Y eso no es todo ni mucho menos. De aquí a final de 2014 vencen 350.000 millones entre deuda del Tesoro, de CCAA o sea el Tesoro y deuda bancaria avalada por el Tesoro… Gran total: 603.000 millones. Alemanes, holandeses, finlandeses, austriacos y demás, seguro que no tendrán inconveniente alguno en prestarnos esta minucia para que los 450.000 políticos que constituyen la casta parasitaria y sus dos millones de enchufados puedan seguir viviendo a todo lujo, ironiza Centeno.
Un explosivo análisis del profesor Roberto Centeno cree conocer la propuesta de Rajoy a la UE. Sería: “yo recorto 102.000 millones hasta 2014 y ustedes hacen un esfuercillo de nada y nos sueltan 233.000 millones también hasta 2014, para seguir financiando el despilfarro. Pero como las cifras de crecimiento oficiales no se tienen en pie, si utilizamos las estimadas por los bancos de inversión internacionales, los ingresos fiscales serán como mínimo 20.000 millones menos, por lo que la cantidad adicional para deuda nueva que tendría que poner la UE sería de unos 253.000 millones. Y eso no es todo ni mucho menos. De aquí a final de 2014 vencen 350.000 millones entre deuda del Tesoro, de CCAA o sea el Tesoro y deuda bancaria avalada por el Tesoro… Gran total: 603.000 millones. Alemanes, holandeses, finlandeses, austriacos y demás, seguro que no tendrán inconveniente alguno en prestarnos esta minucia para que los 450.000 políticos que constituyen la casta parasitaria y sus dos millones de enchufados puedan seguir viviendo a todo lujo, ironiza Centeno.
lunes, 6 de agosto de 2012
DE GUINDOS PARECE YA ENTREGADO A LA FAENA
Los hornos
en que se cuece el futuro rescate
Todo permite suponer que el segundo y definitivo rescate para España, -tras
el financiero, cuya primera cuota, por cierto, no acaba de llegar a los
beneficiarios, pese a haberse prometido para antes de que finalizara el mes de
julio-, se está “cociendo” en distintos hornos. Primero, directamente, por Luis
de Guindos, según las declaraciones que él mismo hacía este domingo al diario ABC.
De Guindos es el interlocutor con su colega alemán Schauble, y también con
Draghi, parece que los dos personajes clave en el rescate y la negociación de sus
“condicionalidades”, tanto como en mitigar las resistencias del núcleo duro
alemán, que sigue pensando, y declarando, que sobran los griegos, y
posiblemente también los españoles y los italianos en el “invento euro”, y que
todos ellos viven a costa de Alemania y sus debilidades. Lo que parece evidente es, como señalaba De
Guindos, que el Ejecutivo está estudiando muy bien
las condiciones antes de una posible petición de ayuda. Como Rajoy, De Guindos
mosytraba su satisfacción porque el presidente del Banco Central Europeo había
mandado dos señales muy claras. Primero, que las diferencias en el coste de
financiación entre los países del euro no son aceptables y que las elevadas
primas de riesgo en algunos países suponen un obstáculo para la transmisión
adecuada de la política monetaria. Y, segundo, que está decidido a intervenir
en el mercado de deuda mediante fórmulas que se concretarán en las próximas
semanas. Y añadía que de lo que se trata ahora es de esperar a ver cómo se
materializan esas fórmulas. Tenemos tiempo por delante y vamos a actuar con
prudencia, decía De Guindos, que aportaba algún dato más: El FMI calcula que
200 puntos básicos de la prima de riesgo reflejan las incertidumbres sobre el
euro y suponen un sobrecoste de unos 12.000 millones de euros en estos dos
próximos años. O sea, si toda la maquinaria europea se pone en marcha y se
despejan las dudas sobre el euro, nos ahorraremos esos 12.000 millones en
intereses de la deuda. Son 1,2 puntos del PIB a efectos del déficit, una parte
importante del ajuste en ingresos y gastos que hemos tenido que hacer para
cumplir con la senda comprometida con Bruselas. Además, una reducción
importante de la prima de riesgo facilitaría también la financiación del sector
privado. Pero Guindos prefiere no precipitarse: “Iremos conociendo los detalles
y entonces podremos tener un calendario preciso. Nosotros tenemos tiempo y
podemos esperar hasta que todos esos detalles se despejen. El Tesoro se está
financiando relativamente bien en los mercados, dadas las circunstancias.
Tenemos cubiertas más del 70% de las necesidades brutas de financiación para
este año, y el tipo de interés de emisión está todavía por debajo del que
teníamos a diciembre del pasado año. Otra cuestión es que una prima de riesgo a
los niveles actuales no es tolerable ni sostenible. No puede ser que una parte
del ahorro que conseguimos con los ajustes que hemos realizado, con los
esfuerzos que le pedimos a los ciudadanos, se pierdan en el pago de intereses
de la deuda. Contra ello peleamos y estoy seguro de que se están poniendo las
bases para volver a la racionalidad en los mercados”, explica el ministro. Y sobre
si tendrán que soportar nuevos sacrificios
los ciudadanos españoles con un nuevo rescate, dice De Guindos: “No
sabemos cómo se va a instrumentar todo el procedimiento. En cualquier caso, la
parte sustancial del ajuste está hecha. No hay nuevas medidas porque creemos
que con las que hemos aprobado será suficiente para cumplir con la senda de
reducción del déficit que hemos comprometido con Bruselas. La directora del
Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo el otro día que
España estaba haciendo ya todo lo necesario, todas las reformas precisas. En muchos
ámbitos, desde la Comisión Europea hasta el propio BCE, se nos reconocen esos
esfuerzos. Es decir, nosotros cumplimos con nuestra parte y nadie duda de que
lo vamos a seguir haciendo. Que este compromiso haya que ponerlo o no en un
papel, no es lo importante en mi opinión. Lo esencial es que tus socios no
duden de tu comportamiento y en eso España ha dado sobradas muestras de que
merece esa confianza”. Según ha relatado El Economista, Schäuble sólo exigió a Guindos para el rescate elevar la edad de jubilación
de los españoles. Ahora prefiere no abordar la cuestión, y sintetiza la situación que observa en Schauble: “De mis encuentros con Wolfgang Schaüble, siempre saco la
conclusión de que valoran mucho los esfuerzos que está realizando la sociedad
española y su Gobierno para superar los problemas actuales. Llevamos siete
meses en el Gobierno y no hemos parado de tomar medidas, desde el saneamiento
del sector financiero hasta la reforma laboral y la consolidación fiscal. Las
comunidades autónomas, como parte del Estado español, están en este mismo barco
y son todas ellas conscientes de que no hay otro camino que la reducción del
déficit y la deuda. Al margen de las tensiones que se puedan producir en un
momento dado, saben que el Gobierno central les está ayudando. Pero también
saben que, sobre todo, tienen que ayudarse a sí mismas”. La entrevistadora
sugiere a De Guindos: “A los ciudadanos
les están exigiendo muchos sacrificios, pero todavía vemos muchos excesos en la
Administración. Sigue habiendo televisiones autonómicas, multitud de empresas y
organismos…¿No se puede adelgazar la Administración?” Y responde el ministro: “Se
puede y se debe. Pero tenga en cuenta que, de todo el gasto público, solo el
20% está gestionado por el Gobierno central. El resto corresponde a la
Seguridad Social, las comunidades y los ayuntamientos. Seguro que se pueden
producir ahorros en la estructura del Estado central. Por ejemplo, hemos
anunciado un plan de privatizaciones y medidas para optimizar el patrimonio
público inmobiliario. En la parte que corresponde a las comunidades, nosotros
acordamos unos objetivos y luego son sus gobiernos y sus parlamentos quienes
deciden cómo los consiguen. Pero sí, creo que hay que utilizar todo el margen
que tenemos para dar ejemplo a una sociedad como la española que lleva muchos
años de crisis a sus espaldas y tiene derecho a que sus gobernantes, a todos
los niveles, actúen guiados por la austeridad”. Y concluye: “Hoy estamos
sentando las bases para la recuperación futura. Hemos modernizado el mercado
laboral para que los ajustes en el mercado de trabajo no se realicen
fundamentalmente con despidos. Tenemos ya muy encauzado el saneamiento del sector
financiero con los 100.000 millones de línea de crédito que nos han
proporcionado los socios europeos, en condiciones muy ventajosas. Y hemos
tomado medidas para garantizar que cumplimos la senda de reducción del déficit
público pactada. Son objetivos que son buenos en sí mismos, para una economía
como la española que tiene un gran potencial de crecimiento. Nuestro sector
exterior, tanto las exportaciones como el turismo, se está comportando con gran
dinamismo pese a que estamos en un entorno recesivo. España registra ya
superávit comercial con Francia, Italia y Austria, tres de las economías más
competitivas del mundo, y con Alemania estamos ya próximos al equilibrio.
Tenemos un tejido empresarial dinámico y una fuerza laboral que es la mejor
preparada de la historia en España. Estas son nuestras palancas para un futuro
mejor que espero veamos relativamente pronto. El próximo día 24 de este mes, el
Gobierno aprobará un real decreto ley en el que se desarrollarán la mayoría de
los compromisos recogidos en el MoU (Memorando de Entendimiento). En él
tendremos diseñadas las líneas generales de funcionamiento de las compañías de
gestión de activos, el conocido comúnmente como «banco malo», y se introducirán
los cambios acordados con nuestros socios en cuanto a la estructura del FROB
(Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Por último, el decreto abordará
una nueva regulación de la comercialización de productos complejos, como las
preferentes, con el objetivo de evitar los posibles abusos que se han producido
en el pasado”, resume De Guindos.
Por otro
lado, se supone que, “en esta preparación del rescate que viene”, son muy tenidas en cuenta las opiniones del
primer ministro de Italia, Mario Monti,
cuyo país vive en situación parecida a la española, y que ha reclamado más "margen de maniobra"
y "apoyo moral" por parte de Alemania y otros socios comunitarios para que
los países afectados por la crisis que aplican ajustes y reformas puedan
tener éxito.
En
una entrevista avanzada por el semanario político alemán "Der
Spiegel", el primer ministro italiano advierte de los riesgos de la
inflexibilidad en esta crisis. "Si Alemania y otros países están
interesados en que la actual política en Italia tenga futuro", entonces
deben dar "apoyo moral, no financiero" a Roma, asegura Monti. Añade que
Berlín y otras capitales europeas "deberían dejar algo más de margen de
maniobra a algunos países de la eurozona que cumplen de la forma más estricta
los requisitos europeos". Apunta que la "desconfianza" general
desatada por la crisis de la deuda es la que hace que algunos países muestren
"cierta preocupación" ante la posibilidad de que el Banco Central
Europeo (BCE) reactive su programa de compra de bonos soberanos en el mercado
secundario, una acción, que ya llevó a cabo el BCE durante varios meses el año
pasado, y que serviría para aliviar tensiones en los mercados y los costes de
financiación de la deuda española e italiana, situada ahora en cotas muy
elevadas y poco sostenibles a largo plazo. “Esa es precisamente la desconfianza
que nos ha impedido en esta crisis encontrar una solución clara. Tenemos que
superar esto rápidamente y volver a confiar los unos en los otros", afirma
Monti. Con evidente habilidad y diplomacia, el primer ministro señala que la
crisis ha azuzado los prejuicios nacionalistas dentro de la eurozona, algo que
considera "muy intranquilizador", porque levanta "un frente de
confrontación entre el norte y el sur" de Europa. "Las tensiones que
acompañan a la eurozona en los últimos años llevan implícita la semilla de la
disolución psicológica de Europa", advierte Monti, que considera la divisa
común piedra angular de la integración del continente. Dice también que
"si el euro se convierte en un factor para la desintegración europea, entonces
quedarían destrozados los fundamentos del proyecto Europa". Y recuerda Monti
que Alemania y Francia, las dos mayores economías de la eurozona, fueron los
primeros países que incumplieron, en 2002 y 2003, los límites de endeudamiento
fijados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, dando un "mal
ejemplo" al resto de miembros. Además, destaca que "mucho de lo que
Alemania y Francia han hecho por el rescate de Grecia ayuda también a los
bancos alemanes y franceses, que son, con mucho, los mayores acreedores de
Grecia y de los bancos griegos".
Incluso el líder
de la oposición española parece dispuesto a ayudar en la consecución de ese
nuevo rescate Cuenta este lunes El Mundo que Rubalcaba se reunirá hoy con
representantes del Partido Socialdemócrata, la oposición a Merkel, para analizar posibles salidas alternativas a
la crisis de la eurozona.
domingo, 5 de agosto de 2012
EL VERANEO Y EL MEDALLERO, PARA QUIEN PUEDA...
Feliz verano…, el que pueda.
Rajoy puede
Los españoles que están en condiciones económicas de hacerlo, se supone
que, como todos los meses de agosto, están ya, en buena medida, disfrutando,
como suele decirse, de unas bien ganadas vacaciones. La despedida, el pasado
viernes, del presidente Rajoy, tras su comparecencia en rueda de prensa, no
pudo ser más desafortunada: “El que pueda, feliz verano”, dijo. Y los demás, o
sea, el que no pueda, le faltó decir, como hubiera dicho la diputada popular Andrea
Fabra, “que se jodan”. En los días siguientes a esa despedida, los lectores de
periódicos o espectadores de programas informativos en la tele, hemos podido
observar a Rajoy en traje de baño, o bajo la suave lluvia gallega, O sea, el
presidente está de vacaciones de verano, no se sabe si largas o breves, pero
puede hacerlo… Le acompañan su esposa Viri y sus hijos Mariano y Juan, y en
alguna ocasión, también el presidente Feijoo, que parece el hermano siamés del
presidente. “Me
tomo unos días”, había añadido Rajoy en los corrillos de la prensa con total
naturalidad, tras su balance de siete meses, de recortes sin final, de primas altísimas y de un posible segundo
rescate… En
unas consideraciones que se pueden leer este domingo en El Confidencial, comenta
Alberto Pérez Jiménez las vacaciones que disfrutan Rajoy en Galicia y Zapatero
en Canarias. El mismo Mariano Rajoy que hace un año afeaba a Rodríguez Zapatero que
pretendiera irse con sus niñas y Sonsoles a
Doñana en plena crisis de la prima. Y rememora: “qué tiempos aquéllos, en que
el diferencial alemán rondaba el 300 y parecía el fin del mundo”. Pues bien,
Rajoy se ha ido ahora a Pontevedra.- Sintetizo su análisis: “El presente y el
pasado de la crisis. Dos españoles que sí pueden disfrutar del verano en la
España del tupper, ésta en
la que muchas familias se rompen el alma para llegar a fin de mes y en la que
se ha institucionalizado ya que los niños lleven la comida desde casa al
colegio en un tupper, para poderse ahorrar los 90 euros de
media que supone el comedor escolar. Esta
España en la que, a la inventiva familiar siempre se enfrenta la voracidad
recaudatoria: le ha faltado tiempo a la Generalitat catalana, la misma
que gasta 300 millones al año en sus 7 televisiones autonómicas y 3 canales de
radio, para anunciar que quiere cobrar 3 euros diarios a cada niño que lleve el
almuerzo de casa. Por el desgaste del comedor, se supone. Y la Generalitat
valenciana, la de los aeropuertos fantasma para que paseen los abuelos con sus
nietos, la de la Gürtel y los dispendios, se suma rápidamente y anuncia también
que estudia cobrar el impuesto del tupper”.
Por cierto, que he visto, en algún
medio informativo, traducido el “tupper” de tanto uso actual, para recuperar el
término de toda la vida: la tartera. El observador y firmante citado
anteriormente llega a muy penosas conclusiones, tras su análisis de vacaciones
de los líderes y la paralela preocupación por el coste de los comedores
populares en tiempos de crisis aguda: “La relación entre los españoles y
sus políticos galopa sin control hacia el precipicio de un desencuentro cuyas
consecuencias pueden ser irreparables. El
CIS lo refleja periódicamente y mañana mismo volverá a certificar (que los políticos)
son el principal problema del país tras la economía y el paro. Esta misma semana, diputados que
llegaban a Barajas se encontraron con la negativa, entre acusaciones e
insultos, de varios taxistas que rechazaron llevarles al Congreso. Todo un
síntoma de una enfermedad que, a la vuelta del verano, puede convertirse en epidemia”.
En estos mismos días, hay otra preocupación nacional “de segundo grado”,
y que apenas aflora, pero resulta de muy generalizado comentario: el medallero
español en los Juegos Olímpicos de Londres. Gracias a una nadadora de Badalona llamada
Mireia Belmonte, vamos ya… por tres. Ni las 18 de Seúl ni mucho menos las 20 de
Barcelona…Lo malo es compararse con los restantes países del medallero global: Nuestras
tres nos sitúan en el lugar número 36 del conjunto, y “sólo” por detrás de los
Estados Unidos, que reúne 54 (eso era ayer) , de China, que tiene 53, de Gran
Bretaña, con 29, de Rusia, con 28, Japón con 24, de Corea del Sur, con 17, de Alemania,
Francia, y Australia, también con más de veinte, de las 13 de Italia… Y en el lugar 36, tras Holanda, Kazajistán,. Corea del Norte, Nueva Zelanda,
Cuba, Ucrania…, aparecen España y sus tres medallas olímpicas. Claro que llegará
alguna más. Que no cunda el pánico…Leo en La Vanguardia, a propósito de tan magro
resultado (todavía provisional; apenas un
avance…) que los ingleses se han mostrado preocupados por el medallero
español. Además, creen que la prensa del Reino Unido echa la culpa de la crisis en Europa a nuestro país y a
Grecia. Se refieren los británicos a la crisis financiera, de deuda, de
mercados, de euro, y no a la crisis del medallero español. Pero es bien sabido
lo que suele decirse: que el nivel olímpico de un país suele ser un buen
reflejo de sus posibilidades técnicas, científicas, de capacidad y poder
adquisitivo. No sé incluso si de esperanza en el futuro del país y de sus
sucesivas generaciones…
O sea, que las nuestras estarían, como el veraneo, en muy desgraciada posición,
a poco que se les compare.
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