Alto coste a las atenciones sanitarias de los sin papeles
Ciertamente, quejaron atrás los tiempos en los que el PP, siempre poco
dado a convivir con inmigrantes, los aceptaba, sin embargo, porque “venían a
atender los trabajos que los españoles no quieren realizar”. De entonces a
nuestros días, y a la frase del portavoz popular Rafael Hernando –lo mejor que
pueden hacer los inmigrantes es irse a su país de origen-, han pasado cinco
años de crisis, y varios triunfos electorales que ya permiten hablar de la España
de las dos velocidades: La del PP, de recortes sin final, y la de los gobiernos
vasco, catalán y andaluz, y los dirigentes sindicales, que no se resignan y
rechazan tales recortes. La última medida, en ese sentido, corresponde al Ministerio de Sanidad, decidido
a acabar con el "turismo sanitario" y ahorrar así cerca de mil
millones al año, para lo que quiere acordar con las CCAA el pago de una cuota mensual por
parte de los extranjeros que
se encuentren en España y no
sean ni asegurados ni beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS). La medida está diseñada para españoles
"rentistas" que nunca han trabajado, para europeos que quieran ser
atendidos por el sistema sanitario español y para otros extranjeros que durante
su estancia en España quieran esa cobertura total por
el sistema público, por lo que afectará también a los inmigrantes irregulares. Sanidad, en este propósito, planea exigir 710 euros al
año a
los 'sin papeles' por ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud,
a través de la suscripción a algo similar a pólizas con pagos que se asemejan a
los de los seguros sanitarios privados. Si la atención
sanitaria a los inmigrantes en situación irregular es un problema, que
desaparezcan los inmigrantes…. O, en lenguaje del mencionado portavoz Hernando:
“Los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es entrar legalmente, y eso
es una reflexión que hago con carácter general”. Hernando ha asegurado que España tiene que
dejar de ser el “paraíso” de la inmigración ilegal y ha instado a quienes están en
situación irregular a volver a su país. Explica El País que el asunto de la
asistencia a los sin papeles es el detonante de estas declaraciones. El 31 de este mes
se quedarán sin tarjeta sanitaria,
y sólo podrán ir a urgencias (salvo que sean menores o mujeres embarazadas). El
lunes se supo que el Ministerio de Sanidad había pergeñado un intento de
solución: que
suscriban una especie de póliza con la sanidad pública, previo pago de 59,20
euros al mes para los menores de 65 años y 155,4 para el resto. Pero la idea
sólo la apoya el PP y su aplicación la rechazan los gobiernos autonómicos
“rebeldes”, o no pertenecientes al “imperio del PP”, catalán, vasco y andaluz. “Muchos
españoles no podrían pagarlo” ha dicho el portavoz de Sanidad del PSOE en el
Congreso, José Martínez Olmos, quien duda de la base legal de la medida. “No es
sólo una cuestión de competencias. No veo es cómo va a firmar un convenio un
organismo oficial con alguien que está en situación irregular”. Para Martínez
Olmos este proyecto de orden es otro intento de Sanidad de corregir los errores
del real decreto ley de los ajustes del 20 de abril, aunque sea “de forma
insuficiente”. “Enfermedades como la diabetes, que requieren un tratamiento
largo, no quedarían suficientemente cubiertas. Lo mismo sucede con las
infecciosas, que cuando no son bien tratadas son una amenaza. El Gobierno
tendrá que volver a rectificar. Porque no se puede seguir con chapuzas”.A su
vez, el portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de
Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares,
acusa al Gobierno de intentar “criminalizar” a los inmigrantes irregulares al
retirarles la atención o condicionarla al pago de un convenio. “El precio que
ponen al aseguramiento es toda una definición de la concepción de ciudadanos de
tercera que tiene el PP hacia los inmigrantes y también de su concepción sobre
que la salud no es un derecho sino una fuente más de negocio”, añadió. En un
entorno más profesional, las críticas son unánimes. Para Josep Basora,
presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria
(Semfyc), la propuesta no es factible. Además, sostiene, es
profundamente injusta. “No me lo explico ni desde el punto de vista político,
ni ético, ni sanitario. Esas personas no tienen dinero para afrontar ese coste.
Nosotros que les atendemos día a día lo sabemos. Estamos hablando de gente
excluida, que no tiene recursos y que no tiene permiso de residencia legal…”,
dice. Otras asociaciones, como la de infecciosas (Seimc), enfermería y farmacia
también apuestan por atender a los inmigrantes como al resto de la población. Este es, este miércoles, el asunto principal
para la portada de El País, que titula: El peaje sanitario a los sin papeles
choca con un rechazo generalizado. El PP anima a los inmigrantes irregulares a
abandonar España. Los médicos, Cataluña, Andalucía y Euskadi rechazan la
medida. Otros diarios conceden mucha menor importancia al anuncio de Sanidad.
El Mundo, por ejemplo. O La Gaceta. En ABC se señala la oferta de una sanidad
pública por 60 euros al mes para quien se quede sin tarjeta. O en La
Vanguardia: Santidad propone que los inmigrantes sin papeles paguen un seguro
sanitario de710 euros al año para ser atendidos. Habla La Razón de “cerco al
turismo sanitario”: el que no cotice deberá pagar 60 euros.
Entre las comunidades que no gobierna el
PP, Cataluña, Andalucía y País Vasco ya han mostrado su rechazo. La consejera
andaluza de Salud, María Jesús Montero, dijo que la Junta ya ha dejado claro
que va a seguir manteniendo la “gratuidad” de la sanidad, y que los inmigrantes
seguirán siendo atendidos, entre otros asuntos, para evitar “problemas de salud
pública”. Cataluña afirma que sigue con sus planes de no dejar a nadie sin
atender en primaria, y que prepara la instrucción para regular el acceso a la
atención hospitalaria y especializada. Y otro tanto sucede con el gobierno de
Euskadi.
En cualquier caso, habrá que esperar a ver en qué se concreta todo
esto. Sanidad se ha limitado a indicar que el modelo de convenios podrá ser
suscrito por “nacionales de terceros países”. En principio, esto incluiría a
los inmigrantes. Pero la duda surge cuando en la misma nota se especifica que
“en cuanto a los inmigrantes en situación irregular”, como si fueran un grupo
aparte, “el Gobierno les recuerda la necesidad de que regularicen su
situación”. Como si esto fuera fácil… El Gobierno excluyó del Sistema Nacional
de Salud a los inmigrantes sin papeles para
erradicar el 'turismo sanitario', pero nada más conocer que Mariano Rajoy prepara
una nueva orden que obligará a los inmigrantes irregulares a abonar una cuota
anual si quieren recibir la misma atención sanitaria que cualquier español,
ONGs y asociaciones, han puesto el grito en el cielo y han emprendido todo tipo
de movilizaciones para frenar la nueva normativa. Asimismo, en menos de un mes, más de 800 médicos han manifestado su
intención de acogerse a la objeción de conciencia para seguir atendiendo a los
inmigrantes irregulares que sean sus pacientes. En
un principio, el Gobierno anunció que únicamente se atendería a partir del 1 de
septiembre a las inmigrantes sin papeles, embarazadas, menores de edad y a
través del servicio de urgencias. Sin embargo, este martes se supo que el
Ejecutivo obligará a los inmigrantes irregulares menores de 65 años a
abonar 710 euros al año, si quieren que el Sistema Nacional de Salud les
cubra como hasta ahora. Para los mayores de 65, la cuota ascenderá hasta los
1.865 euros. El impago de
las cuotas tendrá un castigo de tres meses durante los cuales no podrá acceder
a los servicios sanitarios públicos. La noticia corrió como la pólvora,
provocando el rechazo tanto de profesionales como de afectados, que están
recogiendo firmas, poniendo denuncias al Defensor del Pueblo y haciendo
peticiones a las comunidades autónomas para que regulen en contra de la
reforma. La Organización Médica Colegial (OMC) también ha avisado de que
limitar a los “sin papeles” el acceso a la sanidad pública puede
provocar “a medio y largo plazo” problemas económicos e infecciosos. A su
entender, disminuir la accesibilidad de este colectivo social a la Atención
Primaria puede generar que estos ciudadanos dejen de acudir a los
servicios sanitarios cuando lo necesiten y, además, se produzca una
"demora" en algunos tipos de diagnóstico o de prevención de algún
tipo de enfermedad.
Por ésta cuestión sanitaria, y por razones laborales, los
inmigrantes no comunitarios en paro lo tienen claro: España no tiene futuro a
corto plazo. Según cuenta este miércoles El Confidencial, desde enero hasta
junio, cada día, 108 desempleados extranjeros se han beneficiado del plan para
capitalizar la prestación contributiva que habían generado en España para
disfrutarla en su país de nacimiento. En el primer semestre se han beneficiado del programa 19.421 trabajadores
extranjeros, una cifra
cinco veces superior a la del año 2009. La estimación para este año es
que se acojan al mismo plan más de 40.000 inmigrantes no comunitarios. La
procedencia principal de estos retornos es iberoamericana y principalmente andina:
entre Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú superan el 70% de las solicitudes,
concentrándose la inmensa mayoría entre Ecuador (44%) y Colombia (19%). Eso por
lo menos era lo que sucedía en 2009. En el informe sobre las tasas de desempleo
de julio sobre extranjeros se pueden encontrar algunas claves sobre lo que está
pasando. En la actualidad hay en
España 333.905 inmigrantes que cobran una prestación contributiva, lo
que representa un 10% menos que en el mismo mes de 2011. El porcentaje entre
los desempleados de los países no comunitarios es del 14%.
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