PAGARÁ EL PACIENTE, SU PAÍS O EL CONTRIBUYENTE ESPAÑOL...

Nuevo matiz de Sanidad: Los inmigrantes sin papeles serán atendidos


El director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, ha confirmado que los 'sin papeles' crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. "Se les enviará por la asistencia que se le ha prestado aquí", ha asegurado en unas declaraciones realizadas a Radio Nacional, en las que ha indicado que esta situación es la que afrontan los españoles al visitar otras naciones. "Cuando vamos a otros países tenemos que pagarlo o lo tiene que pagar nuestra Seguridad Social", explicó. Rivero reiteró que existen "bastantes" convenios de colaboración bilateral con otros países. Sin embargo, señaló que será el médico quien decidirá si es urgente, y si hay que tratar a ese paciente. Según su criterio, "no puede ser otra persona" la que tome esta decisión, porque sólo él sabe si acarrea riesgo vital no someterse a un tratamiento. Y es que si no se toman las medidas asistenciales necesarias, se puede adquirir una patología "mucho más compleja de la que tiene en ese momento", manifiesta. No obstante, Rivero pone de relieve que "posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Dice este sábado El País, en una de sus informaciones de primera página que es “una fórmula inviable”, y que “hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias", en referencia al plan de Sanidad de cobrar los servicios prestados a inmigrantes sin papeles con enfermedades crónicas remitiendo la factura a sus países de origen porque, alega, sólo 6 de los 21 convenios bilaterales firmados con países extracomunitarios en materia de Seguridad Social prevén la cobertura sanitaria. Y ninguno la contempla para ciudadanos sin papeles. Cobrar al país de origen, sostiene el País, se ha demostrado inviable incluso con países europeos, que, sólo en 2009, dejaron sin pagar 970 millones por

este concepto. Según entiende El País, con sus declaraciones, el director general de la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Agustín Rivero, da otra vuelta de tuerca a la ceremonia de confusión que ha orquestado su departamento respecto a la atención de los inmigrantes en situación irregular que estén recibiendo un tratamiento crónico. Cabe recordar que éstos se quedarán sin tarjeta, y, en teoría, sin acceso al sistema sanitario público, el próximo 31 de agosto. Sin embargo, Rivero aseguró que los sin papeles crónicos serán atendidos y se pasará la factura a sus países de origen. "Se les enviará por la asistencia que se les ha prestado aquí", afirmó, como sucede con los españoles en el extranjero al visitar otras naciones. "Cuando vamos a otros países tenemos que pagar la asistencia sanitaria, o lo tiene que costear nuestra Seguridad Social", argumentó, por causa de los convenios de colaboración bilateral con otros países. Rivero no aclaró, sin embargo, qué va a pasar si no existe ese convenio con el país de origen, o si se trata de países donde el tratamiento recibido en España no está cubierto por la sanidad pública. El propio Rivero admitió la dificultad para implantar este sistema de cobro de los servicios al anotar que "posteriormente se tendrá que ver quién es el que financia esa asistencia que se ha dado. Hay que ver cómo se va a realizar el pago de esas asistencias". No queda claro si la factura será remitida al inmigrante en caso de que el país de origen no abone la misma. Entiende El País que, con estas declaraciones, parece que Rivero vuelve a la versión inicial del Ministerio de Sanidad: que sólo se atenderán las urgencias. Si se aplicara esto en un sentido estricto, no hay mejora respecto a lo que se sabe hasta ahora. Si se usara un criterio amplio, todos los inmigrantes sin papeles podrían recibir atención, ya que su situación siempre puede empeorar si no se trata al principio. En ambos casos existe el riesgo de que los servicios de urgencias se vean colapsados por este tipo de consultas, tal como han advertido recientemente los responsables de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes). A su vez, según cuenta El Periódico de Cataluña, el secretario general de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Salvador Tranche, ha calificado de "excelente" la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de atender a los inmigrantes irregulares que padezcan una enfermedad crónica y pasar la factura a sus países de origen. "Nuestro objetivo es seguir manteniendo la relación asistencial que tenemos con los inmigrantes. Si esto se consigue a base de que ellos regularicen su situación y se les facture a su país me parece fantástico y es una medida totalmente bienvenida”, explica Tranche. El Periódico recuerda que, en Cataluña, la 'conselleria' de Salut ha anunciado que no aplicará la medida.

Señala la información de El País que, en este baile de declaraciones también ha intervenido el portavoz de Sanidad del PP en el Congreso, Manuel Cervera, en declaraciones a la Cope. "Aquí nadie se va a quedar sin ningún tratamiento, lo que pasa es que vamos a ser eficientes en la gestión de saber quién entra en un centro sanitario y qué derechos tiene. Lo hacen en Europa y lo vamos a hacer nosotros porque, aunque vamos a ser menos restrictivos, si no lo hacemos corremos el riesgo de seguir endeudándonos más que los demás", dijo. repitiendo el lema de que nadie se va a quedar sin ser atendido, pero sin detallar cómo. Una duda que comparten enfermos, asociaciones de inmigrantes y personal del sistema público de salud, que insisten en que no tienen instrucciones sobre qué hacer el 1 de septiembre con estos casos, aparte de dejarlos fuera del sistema porque sus tarjetas sanitarias van a ser desactivadas. Según Cervera, uno de los principales objetivos del Gobierno es "detener" esta inmigración para hacerla "regular" y conseguir que los extranjeros "vengan a España con un contrato de trabajo".

Sobre la atención sanitaria, sostiene El País que los médicos seguirán atendiendo a sus pacientes, sean españoles o extranjeros, y estén en situación irregular o no. Y es que más de 1.000 médicos se han declarado ya objetores a la ley que restringe la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Los facultativos consideran que la normativa, que entra en vigor el 1 de septiembre y dejará sin tarjeta sanitaria a más de 150.000 personas, contraviene su código deontológico, que dice que deben “velar por el bienestar, la lealtad, la justicia y la autonomía del enfermo”. Por eso, han decidido seguir asistiendo a aquellos que han sido sus pacientes, tengan papeles o no. El ministerio les advierte de que su postura es ilegal. “La objeción aquí no tiene sentido. No es el médico quien se encarga de facturar, es el que se encarga de atender al paciente”, explica una portavoz. Los facultativos han mostrado una postura firme y clara desde que estalló la polémica. “El ejercicio de la profesión médica lleva aparejadas ciertas obligaciones éticas de las que los médicos no pueden desprenderse. Ni por la conveniencia personal ni por las disposiciones gubernamentales”, expone Josep Basora, presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), una organización con más de 20.000 asociados, que sustenta la acción. Para ello, tras consultar la legalidad de la objeción, esta organización ha abierto un registro para que estos profesionales se inscriban. El listado se nutría, en un principio, de médicos de familia. Ahora, se ha abierto también a otros profesionales sanitarios, incluidos los enfermeros. Sin embargo, el Consejo General de Colegios de Enfermería ha alertado a sus miembros de que seguir atendiendo a inmigrantes sin papeles en horario laboral y con recursos públicos, puede suponer una infracción administrativa. “Nuestros servicios jurídicos han determinado que esa acción no sería objeción de conciencia, sino insumisión”, explica su presidente, Máximo González Jurado.

En esencia: Desde el día 1 de septiembre, unas 150.000 personas mayores de edad que viven en España en situación irregular no podrán ir al centro de salud ni a la consulta del especialista ni a hacerse una radiografía. Su tarjeta sanitaria, que les permite ahora, si están empadronadas, recibir asistencia médica, será desactivada. Sólo las embarazadas recibirán atención al parto y posparto. En cuanto al resto de pacientes, únicamente podrán acudir a urgencias. Una consulta por una gripe, una gastroenteritis o cualquier otro problema de salud que no se considere a priori grave quedará en manos de los médicos que se han declarado objetores y de las organizaciones no gubernamentales que les prestan asistencia. Las organizaciones que atienden a sin papeles, y que hasta ahora eran un apoyo, advierten de que las subvenciones que reciben, además, son cada vez más escasas. La propuesta del Gobierno de cobrar a los sin papeles un “aseguramiento” de 710 euros al año por recibir asistencia en la sanidad pública, tampoco es para muchos una buena opción. Los médicos saben que su objeción, en la práctica, es complicada. Si un paciente no está en la base de datos no puede pedir cita ni se le puede enviar a hacer análisis ni pruebas. Mantienen, sin embargo, que es importante denunciar cada desatención. El presidente de Semfyc espera que la desatención a estas personas no llegue a producirse. Tiene esperanzas de que cambie la ley. “Son nuestros pacientes, por eso vamos a seguirles atendiendo. Por ellos y porque además es peor para la sociedad no hacerlo”, abunda Basora.



¿Pagará el paciente, pagará el Sistema, pagará el país del paciente, o no pagará otro que el contribuyente español, como ha sucedido casi siempre?

Próximamente se sabrá…