COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES CON LOS TRABAJADORES DE AENA, PROYECTOS DE EXTERNALIZAR SERVICIOS PÚBLICOS. LA SENTENCIA CONTRA ALFREDO SAENZ.

COMIENZAN LAS NEGOCIACIONES CON LOS TRABAJADORES DE AENA.- Pocas veces, con anterioridad, el anuncio de una huelga había producido tanta alarma como la que anunciaron los representantes sindicales de AENA para 22 días bien elegidos de los meses que vienen. La alarma se produjo en España y en otros mercados turísticos que surten, precisamente, al mercado turístico español. El propio ministro de Fomento, encargado de resolver la “papeleta” de la huelga, ya ha anunciado su decidido propósito de evitar esas huelgas que vendrían a ser un durísimo golpe a las previsiones del turismo español e la temporada que está comenzado, y que todos adivinaban como demostrativa del final de un tiempo mucho más complicado, como efecto de la crisis. De hecho, y sin pérdida de tiempo, Aena y los representantes sindicales de CCOO, UGT y USO en el ente público, se reúnen ya este jueves para intentar llegar a un acuerdo que evite el conflicto. Será el primer encuentro entre “las partes”, Aena y los sindicalistas, tras la anunciada convocatoria de huelga en Semana Santa y verano, en un decidido intento por evitar los paros que, sólo con su anuncio, han provocado el rechazo firme del sector turístico y de los usuarios. Basta comprobar algunos titulares tanto de diarios nacionales como británicos, por ejemplo: La huelga puede arruinar las vacaciones de muchas familias, el sector turístico exige una solución rápida, la CEOE emplaza a las partes a un acuerdo inmediato, Blanco insiste en su convicción de que habrá pacto antes de semana santa; Aena quiere evitar la huelga con un blindaje para sus trabajadores y negociará garantías laborales `para los afectados por la privatización que se pretende... Pero también, esas reacciones de fuera: Alarma en Inglaterra y Alemania por el nuevo suplicio aéreo, cuenta ABC al señalar cómo los principales diarios británicos y germanos temen que España cancele miles de vuelos...o en La Razón: La huelga de AENA desata la alarma internacional. La prensa británica pronostica un nuevo caos aéreo si se lleva a cabo el paro anunciado...
Hay una cuestión en la que reparan los mejor informados: el convenio que se busca para los trabajadores de Aena, pudiera convertirse en un convenio del sector, lo que, en efecto, blindaría los derechos laborales y sociales de dichos trabajadores, que hoy se ven amenazados por los planes del ministerio de privatizar la gestión de los aeropuertos, si bien, aspira a seguir manteniendo el 51 por 100, frente al 49 del capital privado. Conviene prestar atención a los movimientos que vienen prestando distintos grupos nacionalistas, desde los catalanes a los canarios, para no perder la ocasión de incorporar a los correspondientes gobiernos la gestión aeroportuaria. La Generalitat ha aprovechado el momento para indicar que aspira a incrementar la oferta de vuelos en Girona, Reus y Sabadell. El Govern de Mas presiona para que se agilice el traslado a la Generalitat los esos tres aeropuertos secundarios mencionados. José Blanco insiste a quien quiere escucharle que Aena seguirá siendo una empresa pública..., aunque sea vea recortada en competencias y en trabajadores. En todo caso, se entiende que la amenaza sindical no es más que una acción y demostración de fuerza en el comienzo de las negociaciones, a las que hay que prestar la debida atención, pero no más... Por otra parte, saben los trabajadores de AENA que juega en su contra el precedente de los controladores aéreos, otra parte de los trabajadores aeroportuarios, que ha venido a destacar los muy distintos tratos que obtienen unos u otros trabajadores... Basta comparar los 200.000 euros de ingresos medios de los controladores, tras el “recorte Blanco-Pimentel-, con los 1.100-2.200 euros netos mensuales que perciben algunos de estos trabajadores “de segunda”, que sin embargo, merecen por parte de Aena y de los sindicatos la mejor valoración: “Son los trabajadores más eficientes de Europa y a un precio competitivo”...
Lo cierto es que los trabajadores de Aena juegan con datos favorables y datos contrario: la presión de la opinión pública ya pesa sobre ellos de manera extraordinaria, por los eventuales y abultadísimos costes que podría tener una huelga para el sector turístico nacional, y la impresión de que hay trabajadores privilegiados, en cuyas manos llega a estar la hipótesis de paralizar un país, nada menos.
No hay duda de que estaremos pendientes de esta nueva mesa de negociaciones, una vez que José Blanco insistiera en que el empleo y los derechos de los trabajadores están garantizados en el nuevo modelo de Aena, que seguirá siendo "pública". Blanco también se encargó de enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos porque "con determinación y con diálogo" se logrará un acuerdo. La campaña electora del 22 de mayo también ejerce presión Por su parte, los sindicatos entienden que su convocatoria se ha efectuado "con suficiente" antelación, y se muestran dispuestos a "negociar en la arena", pero no se darán satisfechos "solo con promesas y un calendario de negociación". "Esto no servirá", indican. Y una esperanza más: "Si lo que hemos escuchado decir a Blanco se pone en un papel, no habrá problema", aunque la garantía de los derechos individuales "no es suficiente", ya que aquellos trabajadores que pasen a las empresas concesionarias "quedarán fuera del paraguas".
Desde este mismo jueves, asistiremos al pulso de AENA y sus trabajadores, con algunos gobiernos autonómicos a la espera de que les llegue su turno...

LA VENTA DE AENA.- “Se vende parte de Aena para pagar deuda”, aseguraba en el fragor de la batalla el portavoz de los controladores aéreos, Daniel Zamit. Y no es poco el montante que hay que abonar. Según las últimas cuentas del gestor aeroportuario publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que reproduice El Confidencial, la entidad pública mantiene deudas por valor de 12.774,4 millones de euros, con vencimientos que llegan hasta el año 2034. Como una hipoteca. Un escenario que ha abierto el melón de la privatización e, indirectamente, otro avispero laboral. Los 11.000 trabajadores de la casa ven la operación como una pérdida de derechos y amenazan con una huelga que afectará a la Semana Santa y las vacaciones de verano. Este año es tranquilo para Aena, que sólo tiene que satisfacer a sus acreedores 298,6 millones de euros. Sin embargo, luego vienen curvas. El gestor aeroportuario tendrá que pagar 411,5 millones en 2012; hasta 500,4 millones en 2013, y la friolera de 589,1 en 2014, año en que se prevé volver a los beneficios. Aún quedará pendiente un agujero de 8.343,7 millones a abonar en cómodos plazos con sus correspondientes intereses en los próximos 23 años. Los 8.000 millones que el Gobierno espera obtener por el 49% de Aena dulcificarían ese escenario. La propia ministra de Economía, Elena Salgado, aseguraba que la privatización parcial de Aena y Loterías del Estado permitiría reducir en un tercio las emisiones de deuda soberana. El año 2010 era especialmente delicado para la compañía, con pagos de 939,2 millones. Unas exigencias financieras que para los controladores explican parte de la urgencia de Fomento por rebajar la masa salarial del colectivo. La sociedad todavía no ha dispuesto de 1.661,8 millones que tiene concedidos y que se suman a la deuda total. Su principal acreedor es el Banco Europeo de Inversiones (BEI), a quien adeuda 5.187,7 millones de euros. “Adicionalmente, la entidad puede optar a formalizar financiación adicional del BEI por 600 millones de euros sujeta al resultado positivo de evaluación de los proyectos de acuerdo con Acuerdo marco para la financiación del PEIT”, subraya en sus cuentas. También en el ámbito público, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha prestado a Aena cantidades importantes, en concreto 2.790 millones. Entre las entidades privadas ante las que el gesto aeroportuario debe responder destaca la deuda contraída con Depfa Bank –institución con sede en Dublín y especializada en operaciones inmobiliarias-, a la que se adeuda 2.886,6 millones de euros. También están en la cola para cobrar Unicaja, La Caixa, Bankinter, BBVA, KFW IPEX-Bank y Dexia Sabadell. Una realidad que tendrá que asumir el socio que busca Aena para tomar una participación en el holding. Algo nada fácil cuando no será el único baño de realidad que tenga que afrontar. Y es que según explican a El Confidencial fuentes próximas a una firma internacional potencialmente interesada, “el negocio está en Barajas y El Prat, pero no tiene sentido entrar sin mandar en un holding que agrupe el resto de aeródromos no rentables”. Como publicaba este diario el pasado viernes, el Gobierno buscará inicialmente un socio industrial que se haga con el 20% de la sociedad que gestiona los aeropuertos, para después sacar a bolsa hasta un 49% a finales de este año o principios del próximo. Compañías españolas como Abertis o Ferrovial también recelan del modelo, en tanto el paquete es minoritario y deja la gestión en manos del Estado. En medio del proceso privatizador, los trabajadores irrumpieron ayer con un preaviso de huelga que supondrá paros en cinco días de abril, entre ellos el miércoles, el jueves y el domingo de Semana Santa. También en otras cinco jornadas en mayo, tres en junio y seis en julio, en plena operación salida de las vacaciones de verano. Los trabajadores temen que la privatización les reste derechos. Un planteamiento que recuerda recientes debacles en los aeropuertos y cuestiona de nuevo la capacidad del Ministerio para afrontar estas crisis. El titular de Fomento, José Blanco, intentaba ayer desactivar la nueva bomba laboral e insistía en que Aena “va a seguir siendo una empresa pública”. En esta línea, se comprometió a suscribir que se va a mantener el empleo y los derechos de la plantilla, por lo que confió en que pueda desconvocarse la huelga. El presidente de Aena, Juan Ignacio Lema, ha defendido que las pérdidas de Aena tienen un carácter puramente puntual ya que se han producido por la necesidad de realizar fuertes amortizaciones coincidiendo con dos años de caída del tráfico. Del mismo modo, sostiene que “los 12.000 millones de euros de deuda de Aena se corresponden, casi al céntimo, con las inversiones realizadas en los grandes aeropuertos” y están “plenamente justificadas, ya que gracias a ellas estos aeropuertos están en inmejorables condiciones para aprovechar la nueva etapa de crecimiento del transporte aéreo”.

SE EXTERNALIZA LA ENCUESTA DE POBLACIÓN.- La política de privatizaciones se abre paso en el Ministerio de Economía, sostiene una crónica de El Confidencial, que añade: Y lo que es todavía cualitativamente más relevante, afecta ya -de forma parcial- a la Encuesta de Población Activa, (EPA), uno de los buques insignia del Instituto Nacional de Estadística. Probablemente, la de mayor solera y profundidad de cuantas estadísticas elabora el INE. Se elabora nada menos que desde 1964 de forma ininterrumpida. CCOO ha desvelado que una empresa privada ha sido seleccionada por el Ministerio de Economía para hacer la recogida de datos de la EPA. El contrato ha sido adjudicado a la empresa Análisis e Investigación, y su objeto es el apoyo a la recogida telefónica de datos, trabajo que hasta la fecha venía realizando personal de INE. La factura se eleva a 70.800 euros  y dada su cuantía se ha adjudicado mediante contratación por procedimiento negociado sin publicidad. En el contrato se especifica que el INE invitó a cuatro empresas a participar, y al final se eligió a la ganadora. Según un portavoz de Estadística, la adjudicación es de carácter “puntual” y no se volverá a repetir en los próximos trimestres. Se justifica por problemas de ajuste de plantillas. No es la primera encuesta que se externaliza. Recientemente, el INE privatizó la elaboración de la Encuesta de Condiciones de Vida y la Encuesta sobre equipamientos y uso de tecnologías de la Información en los Hogares. Además de las encuestas medioambientales. La privatización de servicios del Ministerio de Economía no acaba ahí. CCOO ha desvelado, igualmente, que recientemente el Ministerio de Economía externalizó sus servicios informáticos por un total de 2,99 millones de euros. Seis empresas se han llevado la adjudicación, y según el sindicato, la administración ha pagado un sobreprecio, toda vez que el mismo servicio lo podrían hacer empleados públicos con coste más reducido. Según sus cálculos, la externalización afecta a 21 puestos de trabajo durante dos años por casi 3 millones de euros, y tiene un coste medio por jornada de trabajador de 316,68 euros. Este coste, dice CCOO, es “muy superior” al salario que realmente perciben los trabajadores de estas empresas y que, si compara con los costes de los empleados públicos en puestos informáticos, supone un sobrecoste para la administración cercano a 100%. El coste total de un puesto de trabajo funcionario A1 nivel 23 es de aproximadamente 167 euros/jornada, incluidos salarios y costes sociales. Lo que critican los representantes de los trabajadores no es sólo el sobreprecio pagado, sino que lo que se contrata como servicios externos -algo que puede ser justificable- es, en realidad, la puesta a disposición de personal como si se tratara de una empresa de trabajo temporal. La externalización es un instrumento utilizado habitualmente por las administraciones públicas, pero en los últimos años se ha acelerado este procedimiento para salvar las restricciones derivadas de la oferta pública de empleo público. El Gobierno no contrata formalmente, pero lo hace por fuera, por lo que no engorda las plantillas del sector público. El problema radica en que en muchos casos esos trabajadores han llevado a los tribunales a su empleador y al final la administración ha tenido que hacerlos fijos. Así lo ha puesto de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas , que se vio obligado a aprobar una moción instando a los poderes públicos a que pusieran fin a esta práctica. En palabras del Tribunal de Cuentas, “se ha puesto de manifiesto que, en ocasiones, la contratación de empresas para la realización de trabajos o servicios ha dado lugar a demandas de su personal, que han obtenido sentencias judiciales, en cuya virtud han adquirido la condición de trabajadores de los organismos correspondientes”. Esta externalización ha afectado, incluso, a las labores de fiscalización de las cuentas públicas. La administración abrió la puerta en 2003 a esta posibilidad "en caso de insuficiencia de medios”, como sostiene una disposición adicional de la Ley General Presupuestaria. Pero esa singularidad se ha convertido en moneda corriente. Hasta el punto de que organismos públicos tan relevantes como el ICO, Renfe, Adif, las fundaciones estatales o el control de los fondos de cohesión de la Unión Europea han dejado de ser fiscalizados por funcionarios públicos. En su lugar, el trabajo lo están realizando las empresas del sector de la auditoria. Un  dato ilustra esta nueva situación. Según lo publicado en su día por este diario, la externalización de trabajos -tan sólo en la Intervención General del Estado (IGAE)-, ascendió el año pasado a 35,6 millones de euros; es decir, casi el triple que los 13,7 millones destinados un año antes. En 2010, la Administración tenía presupuestado suscribir contratos con empresas privadas por valor de 767,3 millones de euros, por encima de los 542 millones programados para 2009.

LA SENTENCIA CONTRA ALFREDO SAENZ.- Ya ha pasado más de un mes desde que se conoció el fallo del Tribunal Supremo que condenaba a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con la banca a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, por delitos de presentación de una acusación falsa y de estafa procesal. Esta dilación en hacer pública la sentencia una vez que se conoce el fallo no es ni mucho menos habitual en este órgano judicial. Aun así, hay que puntualizar que el fallo no fue anunciado por el propio tribunal, como sería el cauce ordinario, sino por una filtración a un medio de comunicación. Lo cuenta El Confidencial, que sostiene que el retraso, sin embargo, tiene una explicación: el ponente encargado de redactar la sentencia es contrario al fallo dictado. Esto significa que todo el texto redactado es inútil y que otro magistrado ha tenido que iniciar de cero los fundamentos jurídicos de la sentencia, según las fuentes. La filtración del fallo podría ser empleada por Sáenz para recurrir en un futuro su condena ante el Tribunal Constitucional por violación de sus derechos fundamentales al haber conocido por un medio de comunicación la decisión de un tribunal que todavía no tiene la sentencia. Mientras tanto, continúa en el cargo como vicepresidente del Banco Santander con normalidad porque en la práctica todavía no ha sido condenado. El presidente de la entidad, Emilio Botín, ya señaló tras conocer la noticia que “no hay riesgo reputacional, no hay sentencia y no hay absolutamente nada, ¿está claro?”. Ni siquiera quiso plantearse qué sucedería si llegase a materializarse la sentencia. Por ahora, desde la entidad no se va a mover ficha, por lo menos hasta que resuelva el Constitucional, algo que podría alargarse incluso hasta dos años. Eso sí, siempre y cuando este tribunal decida suspender la inhabilitación hasta la decisión final. Según el fallo hecho público, el ejecutivo habría cometido dichas infracciones cuando era presidente de Banesto. Fue entonces cuando “con su conocimiento y beneplácito” se presentó una querella por estafa y alzamiento de bienes contra cuatro empresarios, a pesar de que sabía que eran inocentes. Dicho procedimiento dio como resultado la detención de éstos, el encarcelamiento durante varios días de tres de ellos y el embargo de bienes por valor de 4,5 millones de euros. Estas acusaciones se utilizaron como medida de presión para intentar cobrar una deuda de 3,8 millones de euros que el grupo participado por dichos ejecutivos tenía con Banesto. Ya en diciembre de 2009, la Audiencia Provincial de Barcelona entendió que Sáenz tenía conocimiento de que los hechos imputados (a los empresarios) no eran ciertos, así como tampoco los de los escritos posteriores de ampliación de querella y que actuó de esa manera como “medida de presión” contra los industriales. La interposición de la querella por parte de Banesto “obedeció al único propósito de recuperar unos créditos, de la forma que fuere, sin empacho alguno en formularla contra personas físicas que nada debían”, sostuvo la Audiencia Provincial de Barcelona.
LA PELEA DE RUIZ MATEOS CON BOTIN.- La familia Ruiz-Mateos presentará una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, a quien Rumasa culpa como uno de los principales culpables de la situación actual del holding, que ha anunciado concurso de acreedores para varias compañías de su grupo. El hijo de José María Ruiz-Mateos, consejero delegado de la firma, acusó ayer al Santander y a su filial Banesto de “cortarles la línea de crédito de la noche a la mañana”. La familia ha anunciado que comenzará una campaña “implacable” contra el banquero para “investigar todas y cada una de las causas que tienen abiertas, tipo Madoff o Banif”. Muchas de estas quejas de los Ruiz-Mateos hacia el máximo responsable del Santander, al que adeudan 200 millones de euros, se recogen en la correspondencia que el dueño de Nueva Rumasa ha mantenido con Botín en los últimos años y que se han hecho ahora públicas. Unas cartas, a veces estrambóticas, que pasan de la alabanza a la crítica feroz conforme el banco fue retirando el crédito al holding y que demuestran también los engaños de la compañía hacia sus inversores, de la que da cuenta El Confidencial. En una de estas cartas, fechada en febrero de 2009, Ruiz-Mateos aseguraba que "los tiempos no están para invertir, sino para recoger", una frase que pone en entredicho el motivo por el que Nueva Rumasa pidió dinero a inversores a través de pagarés. Por una vez te pido hagas un acto de humildad y recibas a mis seis hijos varones (inmejorables)", le dice en una carta fechada el 22 de septiembre de 2009 a Emilio Botín. En ocasiones, Ruiz Mateos llega incluso a utilizar un tono amenazador, como en la carta que le dirigió el pasado mes de junio. Le da a entender que si el Santander le da crédito, él se retirará. "De lo contrario –asegura-, no tengo nada que perder, lo que sería un grave error por tu parte, pues dejarías de ser el ombligo de oro del mundo y debes saber que los banqueros sois los más odiados de la sociedad en la que vivimos”. En julio de 2008, la familia decía de él que pasaría “a la historia como el mejor banquero del mundo” o que con sus créditos conseguía “sostener e incluso incrementar el empleo, que podamos seguir apoyando económicamente a la Iglesia, que sigamos atendiendo a nuestras familias con sosiego y paz”. Los gestores de Nueva Rumasa dirigen también parecidos mensajes a Javier Peralta, director de riesgo del Santander, a quien se le critica duramente conforme la situación de la empresa empeora. Primero le califican de “inconmensurable” cuando el banco le daba créditos y después aseguran de él que "peor no lo ha podido hacer", cuando se negó a seguir aumentando el riesgo. Casi todas las misivas están mecanografiadas con ordenador, pero hay una muy reciente, del pasado 16 de febrero, en la que Ruiz-Mateos pide a la desesperada ayuda con una pequeña anotación manuscrita: “Emilio, por favor, ¡no nos dejes caer! Sería horrible. De consecuencias inusitadas y además innecesario”. Nueva Rumasa defiende que no existe "nada punible" ni delito en la investigación que desarrolla la Fiscalía sobre las emisiones de pagarés ni en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid por un presunto delito contra la Seguridad Social e insolvencia en Clesa, empresa propiedad de la familia Ruiz-Mateos. En rueda de prensa junto con el consejero delegado del grupo, José María Ruiz-Mateos, el abogado de Nueva Rumasa Joaquín Yvancos explicó que la investigación del juzgado partió de la Policía, que preguntó al tomar declaración a los directivos de Clesa el motivo por el que "se había sacado Cacaolat de Clesa". "Cacaolat no se ha sacado, sino que se ha escindido o segregado de Clesa, pero las acciones de Cacaolat son Clesa, con lo cual con esa aclaración el supuesto delito ha desaparecido", explicó, antes de indicar que "no tenían sentido esas diligencias". En relación con la prórroga de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, José María Ruiz-Mateos dijo sentirse "muy tranquilo". "Cuando nos llamen, iremos", subrayó, antes recalcar que la Fiscalía "lleva un año investigando y no ha obtenido nada. No creo que haya nada punible". Según aseveró, los fondos obtenidos con las emisiones se destinaron a inversión, "que no es una compra necesariamente, puede ser inversión en fondo de maniobra, en publicidad o en I+D". Además, afirmó que la emisión de pagarés a través de Carcesa "está amortizada en todo su capital en un 80%".
LAS CARTAS DE BOTIN Y RUIZ MATEOS.- La familia Ruiz-Mateos aprovechaba el anuncio de que sus empresas Clesa y Ghul tendrán que presentarse a concurso de acreedores para señalar a su nuevo enemigo público, Emilio Botín, según cuenta Público. Sin embargo, las cartas que presentaron para intentar justificar sus críticas hacia el Banco Santander se pueden volver contra ellos. En la misma rueda de prensa la familia Ruiz-Mateos anunció un nuevo frente: el inicio de acciones legales contra el grupo Santander, a quien las empresas de Nueva Rumasa adeudan la mitad de sus créditos bancarios (350 millones de euros sobre un total de 700 millones). Según la familia Ruiz-Mateos, el Santander los obligó a vender activos muy por debajo de su valor para atender a los créditos pendientes, perjudicando al resto de los acreedores. La guerra, una vez planteada, será total. "Actuaremos de forma implacable, porque (el Santander) es responsable de lo sucedido en Nueva Rumasa", apuntó José María Ruiz-Mateos. "Madoff, Lehman Brothers, Banif" y cualquier otra causa que tenga abierta el Santander se convertirán en su causa. Para ello dicen que crearán una plataforma internacional de perjudicados por el Santander y se contará con abogados defensores históricos de causas contra Botín, como Iván Hernández o Arturo Panea. Un balón fuera (y un alto gasto para un grupo en suspensión de pagos) que Nueva Rumasa regaló a la prensa envuelto en un jugoso caramelo: las cartas de José María Ruiz-Mateos y su mujer, Teresa Rivero, a Emilio Botín, presidente del Santander, Alfredo Sáenz, consejero delegado, y Javier Peralta, director general de Riesgos. Cartas en las que se "suplica paciencia" a Peralta y se le asegura que "mucha de la publicidad que sale en los medios sobre inversiones y puestos de trabajo forman parte del marketing de cara a la opinión pública, pues a la hora de la verdad si lo analizas bien, cuando llevamos a efecto alguna operación mercantil, es porque recibimos más, de lo que invertimos...". Opinión pública a la que se convencía de que se iban a realizar determinadas inversiones pese a que, según la carta, "los tiempos no están para invertir, sino para recoger... a veces es bueno aparentar de cara a sostener un clima de confianza y seguridad ante nuestros proveedores y clientes". En una de las cartas, Ruiz Mateos escribe a la desesperada: "Emilio, por favor, no nos dejes caer. ¡Sería horrible!". Misas en la capilla de la casa de Ruiz-Mateos por Botín y otras alusiones constantes a la Iglesia plagan las misivas. Estas cartas a Botín hechas públicas ahora demuestran que los Ruiz-Mateos engañaron a sabiendas a la opinión pública, a inversores y a acreedores al asegurar que esta publicidad era mero marketing. Las cartas entre José María Ruiz-Mateos y el Santander probarían que los Ruiz-Mateos mentían sobre sus inversiones y empleados para captar capital con la emisión de pagarés. Es más, mientras reconocían a Emilio Botín que "los tiempos no están para invertir, sino para recoger" en los medios de comunicación lanzaban la campaña de captación de acreedores, a los que se les animaba a invertir con al menos 50.000 euros en el grupo de empresas.
COCHES CON DOCUMENTACIÓN DE CLESA.- Ha relatado el diario la Voz de Galicia que miembros del comité de empresa de Clesa intentaron esta madrugada impedir la salida de coches con documentación, de la sede de la compañía, aunque se retiraron al acudir la Policía y anunciar uno de los abogados de Nueva Rumasa que les estaban reteniendo y los denunciaría, indicaron a Efe fuentes de los trabajadores. Según las mismas fuentes dos de las directivas de Nueva Rumasa vinculadas a Clesa, Sonia Fernández y Juncal Vázquez, han llenado el vehículo con abundante documentación de la compañía, que se llevaron a la fábrica situada en la Avenida de Herrera Oria, en Madrid, poco antes de la medianoche. Miembros del comité de empresa, formado por CCOO y UGT, explicaron que la versión que han facilitado las dos ejecutivas a la Policía, en presencia de estos trabajadores, es que retiraban los documentos porque los necesitan para presentarlos en el procedimiento concursal. Fuentes del comité de empresa han detallado que, además de estas dos ejecutivas, se encontraba también a estas horas en Clesa el director de la fábrica y otras personas vinculadas con la familia Ruiz-Mateos. Minutos después de que la Policía acudiera a la fábrica se ha trasladado a la planta el secretario general de la Federación Agroalimentaria de CCOO, Jesús Villar, quien ha mantenido una conversación con el director de la planta de Clesa para conocer los motivos de la retirada de esta documentación. El sindicato CCOO anunció esta tarde la intención de organizar brigadas de vigilancia para evitar que se retiraran activos de las plantas. Esta retirada de documentación de la planta de Clesa se produce horas después de que el consejero delegado de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos hijo anunciara que preparan solicitar el concurso de acreedores para dos o tres empresas del grupo, aunque descartó pronunciarse si entre ellas se encontraba la propia Clesa.
EMPRESAS QUE PAGARON A GURTEL.- Según ha relatado el diario Público, la Brigada de Blanqueo de la Policía ha pedido al juez instructor del caso Gürtel que estreche el cerco en torno a las empresas que presuntamente pagaron comisiones a la trama corrupta para conseguir contratos de administraciones gobernadas por el PP. En un informe fechado el pasado día 1, la Policía propone al juez que solicite a siete empresarios el listado de contratos y subcontratas de carácter público y privado obtenidos por sus respectivas compañías entre 2001 y 2004 en Galicia, Madrid, Castilla y León y País Valencià. El listado de sociedades requeridas se eleva a 15. Y al mando de ellas se sitúan o se situaban los siguientes imputados: José Luis Ulibarri (Begar SA, Begar Construcciones y Contratas SA, Seralia), Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica, EOC, EOC Galicia, Acanto, Azarbe), Enrique Carrasco (FCC, Aqualia), Gonzalo Naranjo (Sufi) y Plácido Vázquez (Sufi, Ros Roca SA y Nuevas Iniciativas de Gestión Empresarial). Los otros dos empresarios mencionados por la Policía, que a día de hoy no están imputados, son José Martínez Núñez y José Luis Martínez Parra, propietarios de Teconsa, cuyos contratos también reclama la Brigada de Blanqueo. Teconsa, del sector de la construcción, logró en 2005 el contrato para la cobertura televisiva de la visita papal a Valencia, un pelotazo con el que la red de Correa se embolsó tres millones. En Castilla y León, obtuvo en 2002 la adjudicación, supuestamente amañada, para la Variante de Olleros. Sin razón conocida, la empresa pagó obras del chalet de Correa en Ibiza. Y a ese cometido también dedicó esfuerzos (más de 200.000 euros) el empresario José Luis Ulibarri a través de Begar. Ulibarri, beneficiado con numerosos contratos públicos, fue quien impulsó la querella que ha llevado al juez Garzón al borde del banquillo por las escuchas practicadas en prisión a los jefes de la trama. Asimismo, el listado incluye la compañía Licuas, que supuestamente pagó facturas de empresas de la trama y se alzó con adjudicaciones en los municipios madrileños de Majadahonda y Boadilla, cuyos exalcaldes están imputados. A todos los empresarios citados les une un doble nexo: captaron para sus sociedades numerosos contratos públicos bajo sospecha. Y aparecen en los documentos incautados a la trama como autores de "entregas". La semana pasada, por ejemplo, un exdirectivo de Sufi confesó ante Pedreira que pagó un millón de euros en Suiza para hacerse, en 2002, con un contrato de limpieza del Ayuntamiento de Madrid . Esas "entregas" quedaron anotadas en la contabilidad B que la red almacenaba en el ya famoso pen drive intervenido en el domicilio de José Luis Izquierdo, el supuesto contable del grupo capitaneado por Francisco Correa. Diversos informes detallaban la cuantía de esas entregas y la identidad de quienes las realizaron. Por ejemplo, el 8 de enero de 2002, la red anotó la recepción de "17.500.000 pesetas" (92.000 euros) procedentes de Enrique Carrasco. El 5 de febrero de ese mismo año, Plácido Vázquez entregó "10.000.000 pesetas" (60.000 euros). Vázquez repitió pago en junio: 420.70 8 euros apuntados el día 14 de ese mes. La comisión más voluminosa de las contabilizadas ese año por la trama partió, según el sumario, de Alfonso García Pozuelo: el entonces presidente de Hispánica pagó 925.560 euros el 19 de febrero. En 2003, entregó a la red 600.000 euros en la víspera de Nochebuena.
NI VEINTE ALUMNOS EN ALGUNOS CURSOS. Ha revelado el diario La Voz de Galicia que uno de los objetivos de la adaptación de las titulaciones al espacio europeo era adecuar oferta y demanda, y evitar que algunas carreras pasasen a la historia porque su alumnado se contaba con los dedos de la mano. En el curso 2006-2007, un total de 22 licenciaturas, diplomaturas e ingenierías no lograron ni veinte alumnos en primer curso. El escenario ha cambiado y los grados que sustituyen a los anteriores títulos tienen mejor perspectiva, pero no tanto. Al menos once carreras -tres en la Universidade de Santiago, cuatro en la de Vigo y otras cuatro en la de A Coruña- no han logrado llegar a los 25 alumnos en primer curso. El conselleiro de Educación, Jesús Vázquez, instó el lunes a los rectores, en el pleno del Consello Galego de Universidades, a que ajusten demanda y oferta, y el primer paso ha sido ya una propuesta: suprimir los másteres con menos de cinco estudiantes. Actualmente no existe ninguna normativa que fije una matrícula mínima para autorizar o suprimir una titulación. La Xunta quiere cambiar esta situación y prepara un decreto cuyo primer borrador podría estar listo en semanas, y en el que se fijarán todos los requisitos del proceso de autorización y supresión de títulos universitarios. En esta norma, de obligado cumplimiento pero que se consensuará con las universidades, se especificará la horquilla en la que tienen que moverse los grados para ser viables. Por el momento se desconoce cuál será el número mínimo de alumnos, aunque el informe que elaboró el Consello Galego de Universidades cuando comenzó la adaptación a Bolonia, y que solo tenía carácter informativo, recomendaba 25 estudiantes para mantener un grado y 40 si este se implantaba por primera vez en el sistema universitario de Galicia. Por ahora, en los siete campus, más de una decena de nuevos grados no superarían esta cifra de los 25 alumnos, claro que hace unos años serían el doble. Aunque el sambenito siempre suele acompañar a los títulos de humanidades, dentro de estas 11 titulaciones hay varias ingenierías -Eléctrica en Ferrol (13), Agraria en Ourense (23) y de Industrias Agroalimentarias en Lugo (5)-; filologías -Clásica en Santiago (9) y de Galego e Portugués en A Coruña (11)-; y Difusión Cultural en Lugo (18), Humanidades (21) y Documentación en Ferrol (12); dos especialidades de Traducción e Interpretación en Vigo (22 y 11); y Consultoría y Gestión de la Información en Ourense (19). Desde la Xunta, sin embargo, en ningún momento hablan de cerrar títulos, sino de usar las nuevas tecnologías o aprovechar sinergias para elevar la demanda. «Si hay algo atractivo que haga más fuerte el sistema universitario hay que incorporarlo», apunta Díez de Castro, secretario de Universidades.