domingo, 8 de julio de 2012

Pensiones, salarios de funcionarios, protección de desempleo…, y reducción de funcionarios.


Más recortes para garantizar el déficit de 2012.
Aunque parezca mentira, sólo hace una semana que los presupuestos de 2012 entraron en vigor, como ha recordado este domingo el diario El País. La negativa del PSOE a dejar hecho un borrador o una adecuación de los presupuestos de 2011 para el presente año, y la resistencia de Rajoy a elaborar una nueva versión en poco tiempo –recuérdese que se obstinó en no presentar el proyecto hasta después de las elecciones andaluzas-,  produjo, incluso, el enfado en la Comisión Europea. Ahora se comprueba ya que esos presupuestos 2012vigentes, y de tan controvertida elaboración, necesitan muchos ajustes, o sea, más recortes de los que ya tienen. Se estima que, para que, en diciembre próximo, el conjunto del Estado logre un déficit del 5,3% del PIB, serán precisos aún más recortes del gasto. El Ministerio de Hacienda es consciente de esto. Sabe que el sistema de pensiones puede acabar con un desfase muy importante, que las cuentas de las comunidades despiertan dudas pese a su compromiso de recortar hasta 18.000 millones de euros y que los ingresos están muy por debajo de lo que espera. De ahí que, como ha señalado el catedrático de Hacienda Pública Juan José Rubio, autoridad que cita El País, haya que revisar los Presupuestos de este año con recortes de sueldos a funcionarios, despidos de empleados públicos, aumento de impuestos indirectos, eliminación de empresas autonómicas, reforma de la Administración, lucha contra el fraude... Y ésta es, precisamente, la tarea que ahora mismo tiene ante sí el Gobierno, cuya vicepresidenta recurre, una vez más a la herencia recibida: Dice este mismo domingo a ABC que “cuanto llegamos encontré un descontrol general en las cuentas públicas, y que “es el momento de poner a punto el Estado de las autonomías”. Los nuevos ajustes los anunciará el Gobierno en “próximas fechas”,  según proclamó este viernes el presidente Rajoy. Con los nuevos ajustes que están a punto de divulgarse, se corregirán los errores de los presupuestos vigentes, con gastos infravalorados e ingresos sobre estimados. No habrá más remedio que reducir pensiones, la protección por desempleo y los sueldos públicos, nada menos. Ya se ha comprobado que la Seguridad Social, con el sistema de pensiones, el seguro de desempleo y el Fogasa, es un gran talón de Aquiles. Hasta junio, la cuenta de las pensiones crece a un ritmo del 4,4%, cuando el vaticinio oficial era que apenas subiera un 0,9%. En las cotizaciones, también hay una seria diferencia: casi tres puntos porcentuales entre la realidad y lo previsto. La desviación en diciembre estará en torno a un 0,7% del PIB, es decir, unos 7.000 millones. En fin, el aumento del paro eleva el desequilibrio: se esperaban gastar 28.503 millones, en 2012, en prestaciones y subsidios, un 3,7% menos Pero hasta mayo (último mes con datos disponibles) ya ha crecido un 4,4%.
Desde luego, el Gobierno de Rajoy no quiere que las autoridades comunitarias le vuelvan a sacar los colores, y aspira a cumplir, a rajatabla, las previsiones de déficit pactadas. ¿El 5,3 por 100, a final de año? Ahora mismo, parece del todo imposible… salvo los nuevos ajustes a punto de ser anunciados. En esos cuatro capítulos ya reseñados: pensiones, salarios de funcionarios, protección de desempleo…, y reducción de funcionarios. Cada uno de ellos es sumamente difícil de determinar. Pero el de las pensiones es probablemente el más conflictivo, porque choca con las promesas y compromisos reiteradamente anunciados desde el Gobierno. Con otro agravante: los gastos son insoportables, pero tampoco los ingresos ponen fácil contener el déficit, por la sencilla razón de que la recaudación se ha derrumbado. Según datos que este mismo domingo ha facilitado El País, la caída del consumo está provocando hasta mayo el hundimiento de la recaudación por IVA  del -10,1%. Hacienda ingresa un 8% menos por el impuesto de sociedades. El aumento del IRPF es insuficiente para elevar los ingresos. Por si fuera poco,  el Gobierno se ve urgido a subir el IVA para enmendar el desfase, lo que aún situará algunas áreas de actividad en mayor crisis, como ya anuncia alarmado el turismo. Tampoco parece que la llamada “amnistía fiscal” vaya a facilitar los fondos que estimó Montoro, ni mucho menos. La lucha contra la economía sumergida no se cree que vaya a dar frutos “extraordinarios”… Entre otras cosas, porque apenas se han puesto medios extraordinarios para aumentar su eficacia., como reclamaban los inspectores fiscales.
No cabe otra vía que una nueva utilización de la tijera de los recortes profundos…

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