EL ARGUMENTO DEL PP CONTRA LA TRAMA GURTEL DEL PSOE

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS ERES FALSOS.- No hay día sin ERES andaluces. El escándalo de los expedientes re regulación de empleo falsificados vienen protagonizando la vida política andaluza desde ya hace un par de meses, y vienen siendo empleados por el PP para replicar las críticas que el PSOE hace a los “populares” por causa de la trama de Gurtel. ¿De qué estamos hablando? La Junta andaluza ha financiado a falsos prejubilados aparecidos o inventados en expedientes de regulación de empleo. No hay coincidencia, ni mucho menos, sobre el coste de esta estafa: el PP cita de manera permanente la cifra de 700 millones de euros, frente al presidente andaluz, José Antonio Griñán, que evaluaba en nueve millones y medio el coste de ese fraude. Hay otras dudas, como por ejemplo, si la junta andaluza estaba informada de estos trapicheos, o si, como el PSOE pretende destacar, fue la que ha denunciado el caso y lo ha remitido a las investigaciones judiciales. De momento, también el PP ha interpuesto una una querella contra 26 personas por el fraude en el plan de ayudas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) de Andalucía, donde han sido localizados beneficiarios de ayudas que no habían trabajado en las empresas y otras irregularidades administrativas. La acción del PP va contra dirigentes socialistas a los que acusa de haber permitido las irregularidades, los intermediarios que las hicieron posibles y los intrusos, como se conoce a los adjudicatarios de subvenciones que no les correspondían. A esta querella se sumó otra del “pseudosindicato ultra” Manos Limpias -admitida parcialmente por la juez del caso, Mercedes Alaya- contra los responsables de la Consejería de Empleo, por supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y estafa. El PP también acusa a los 26 querellados de malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles. Entre los denunciados figuran el anterior consejero de Empleo, Antonio Fernández; los exdirectores de Trabajo Javier Guerrero, Juan Márquez y Manuel Jesús Regidor; el actual responsable de este departamento, Daniel Alberto Rivera, y el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas. El PP pide que declare quien era interventor de la Consejería de Hacienda cuando el titular de la misma era el hoy presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Esos 10 millones de euros de fondos públicos destinados a prejubilaciones y ayudas a empresas en crisis que acabaron en los bolsillos de los “intrusos” que se colaron en los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta de Andalucía. En cuanto a la Junta andaluza, está a punto de rematar la investigación de los 68 expedientes vivos que se pagan con el fondo de ayudas a empresas. La Consejería andaluza de Empleo ha manejado 647 millones de euros entre 2001 y 2010 a través de este fondo. Pero fuentes del Gobierno andaluz aseguraron este martes que el fraude estará "por debajo de los 10 millones". La Junta ya tiene cerrado el análisis de 64 de esos 68 ERE y esta semana se conocerá el resultado de los cuatro expedientes que restan. Según detalló el 10 de marzo el consejero de Empleo, Manuel Recio, se han investigado las pólizas que están percibiendo 5.273 trabajadores. Hasta ese momento -a falta de cerrar el análisis sobre los 290 trabajadores de los cuatro ERE que faltaban por desgranar-, se habían encontrado 146 casos irregulares (59 personas que nunca habían trabajado en la empresa beneficiada por el ERE del que cobran y 87 que sí tenían relación laboral pero que presentan dudas). También este martes, el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, entrevistado en Radio Nacional de España, sostuvo que, de los 647 millones del fondo, "no llegará a más del 2% la cantidad que ha supuesto un fraude". Griñán criticó las "exageraciones" en las que está cayendo el PP al afirmar que "700 millones se han dedicado a ERE fraudulentos". Y en la misma idea incidía la consejera de la Presidencia, Mar Moreno: "El fraude no superará el 2%, posiblemente sea inferior (...) Nada tiene que ver con lo que dice el PP". Una vez que la Junta desvele el análisis de los cuatro ERE que faltan, enviará la información a la juez Mercedes Alaya, instructora del caso. En cuanto a la jueza, ha imputado ya al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, por los supuestos delitos de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y prevaricación. Fernández, estuvo en ese cargo entre 2004 y 2010, y preside ahora el Marco de Jerez, consejo regulador de estos vinos gaditanos, aunque se sospecha que su cargo está también en el aire. Los bodegueros agrupados en la organización Fedejerez han pedido su dimisión por su imputación. Fernández rechaza dejar el puesto y los bodegueros han abierto un proceso para que se pronuncien todos los responsables del marco. Los productores consideran que su implicación en este caso judicial puede perjudicar la imagen de los caldos. En estas investigaciones judiciales han sido clave las declaraciones ante la policía del también imputado Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta entre 1999 y 2008. El era el encargado de manejar el fondo de 647 millones de ayuda para las empresas en crisis, y ha declarado que informaba de todas sus decisiones a los exconsejeros Fernández y José Antonio Viera, que estuvo en el cargo desde 2000 a 2004. Viera, que actualmente es secretario general del PSOE de Sevilla, no está imputado en la causa. El PSOE andaluz ha cerrado filas en las últimas semanas con Viera, quien ahora es diputado autonómico y senador por la comunidad, y lo ha defendido ante los ataques de la oposición, que ha reclamado su dimisión. Viera, sin embargo, no figura en la querella presentada por el PP contra 26 personas por el fraude en los ERE. Los populares sevillanos, sin embargo, pidieron ayer a Viera que deje su acta de senador para que deje de tener la condición de aforado y pueda ser juzgado.
Parece que se van conociendo todos los datos y las responsabilidades de este feo asunto de dineros públicos “evaporados” en beneficio de unos pocos ciudadanos por la actuación irresponsable de unos pocos altos cargos.
JOSÉ CAVERO