SORTU, MATERIA DE DISCUSIÓN EN EL SUPREMO.- Finalmente, tras un largo debate en la opinión pública, que sin duda continuará, la Sala del 61 del Tribunal Supremo, a la que corresponde el asunto de una eventual legalización, celebra desde este lunes una vista pública para estudiar las demandas en las que tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado, basadas en los correspondientes informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, piden que se impida la inscripción de la nueva denominación de Batasuna, Sortu, en el registro de Partidos Políticos, al considerar que la nueva formación es continuación de la ilegalizada Batasuna y, por tanto, de ETA. Los 16 magistrados que conforman esta sala especial se han reunido a partir de las diez y media de esta mañana y deberán decidir, al inicio de la vista, qué pruebas de las solicitadas por las tres partes serán admitidas a estudio. Entre tales pruebas se encuentra la declaración, a petición del Ministerio Público y del Gobierno, de los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, que elaboraron los informes que han servido como base a las demandas de ilegalización de Fiscalía y Abogacía del Estado. Por su parte, Sortu ha solicitado que se reclamen informes a la Audiencia Nacional, la cárcel de Aranjuez y la Unidad Central de Inteligencia para recabar determinados datos que consideran fundamentales para ejercer su defensa. En previsión de que estas pruebas sean aceptadas, el Alto Tribunal ya ha citado a los testigos-peritos y ha cursado los oficios. Esta previsto que la denominada “Sala del 61” inicie su deliberación inmediatamente después de concluirse la vista pública, sin que exista un plazo concreto para la emisión de su fallo. El Alto Tribunal ha habilitado todos los fines de semana del mes de marzo por si fuera necesario extender las deliberaciones.
¿Qué argumentos se emplean contra la eventual legalización de Sortu? Muchos de ellos han sido empleqados en las últimas semanas en el debate público que se ha producido. Por parte de la Abogacía del Estado considera que el intento de constitución de Sortu "forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal", y que las alusiones realizadas en los estatutos de Sortu a su desvinculación con la banda terrorista no son suficientes. La Abogacía cita, además, el hecho de que una de las promotoras del nuevo partido, Mariné Pueyo, se negara, como concejala de ANV a condenar el asesinato, en marzo de 2008, del concejal socialista Isaías Carrasco, y que rechazara suscribir una moción de condena del terrorismo que fue aprobada por el Pleno de Pamplona el pasado 18 de febrero. También invocarán los Servicios Jurídicos del Estado a la falta de reacción de Sortu ante la reciente detención de cuatro miembros de ETA que almacenaban casi 200 kilos de explosivos, y que aportarán datos que vinculan a tres de los promotores del nuevo partido abertzale con ETA o sus actividades. Se trata de Sonia Respaldiza, que aparecía en los papeles de 'Susper' como aspirante a ETA; José María Compains, cuyo hijo está encarcelado por pertenecer a EKIN y José Javier Artola, titular de una cuenta corriente en la que se recaudaba dinero para presos de ETA. Por parte de la Fiscalía, también defiende que ETA se encuentra en el origen mismo de la creación de Sortu, y que incluso impulsó su lanzamiento desde la primavera de 2008, cuando la banda ya consideraba "imprescindible" crear "otra referencia institucional y política" para la izquierda abertzale, según la documentación aportada en la demanda. El Ministerio Público reconoce la "eficacia sanadora" que habría tenido una manifestación "inequívoca, firme y definitiva" de rechazo de la acción violenta de ETA por parte de la nueva formación política, que a juicio de esta parte no se ha producido. Entre otros indicios, la Fiscalía apunta a un acto de Sortu celebrada en el Club de Amigos de la Unesco en el que la persona que actuó como portavoz, Iñaki Zabaleta, utilizó expresiones muy parecidas a las que utilizaron en su momento las candidatas del ilegal Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), así como el hecho de que el responsable de comunicación de Batasuna, Mikel Ansa, participara en la organización del acto público de presentación del partido en Bilbao. Y finalmente, por o que se refiere a los abogados de Sortu, defienden ante la Sala que la legalización de Sortu supondrá el fin de la violencia en el País Vasco porque conllevará, según aseguran, "la estrangulación definitiva de cualquier espacio social y político para que quienes la practican puedan continuar con su actividad", según señalan en su escrito de alegaciones a las demandas.
¿Y qué hará el Supremo, tras escuchar a todas las partes? Las apuestas se inclinan por la no-legalización. A pedsar de Patxi López, Jesús Eguiguren y unos pocos más, que siguen viendo más ventajas que inconvenientes en la transformación de la sigla Batasuna en Sortu, como paso intermedio para el paso definitivo de terminar con la actividad de la banda. Pero eso es sólo, de momento al menos, un buen deseo y una loable aspiración...
lunes, 21 de marzo de 2011
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