LOS COSNENSOS DEL PACTO DE TOLEDO. EL PP MENOSPRECIA A LOS ADVERSARIOS. GURTEL, DE NUEVO

LAS PROPUESTAS DEL PACTO DE TOLEDO.- Con mucho menos consenso del que se hubiera deseado, terminaron sus trabajos los integrantes del grupo de trabajo del Pacto de Toledo, elevando al Gobierno una serie de propuestas y recomendaciones, algunas de las cuales veremos llevadas a modificaciones de normas vigentes. Otras requerirán mayor reflexión previa... Está por ver en qué medida el Gobierno “respeta” o interpreta tales recomendaciones, por ejemplo, a la hora de proponer cambios en la edad legal de jubilación, sumándose al consenso adoptado en esta materia, incluido el de su grupo parlamentario. Entienden las fuerzas políticas que no sería razonable que el Ejecutivo actúe contra las decisiones del poder legislativo. Salvo que sólo quiera justificarse ante los “mercados financieros”, que parecen ser los que fuerzan a las modificaciones que se van a efectuar en la reforma de las pensiones, incluso por encima de llamado “consenso social”. Temen las fuerzas políticas y sociales que una medida que extienda la edad legal de jubilación como la que se viene anunciando, los 67 años, conllevaría, con toda probabilidad, un incremento de la confrontación social que ya han anunciado CCOO y UGT. Por lo demás, algunas de las recomendaciones del grupo de trabajo del Pactop de Toledo son claramente  ambiguas, por lo que pueden servir de coartada para justificar las modificaciones legislativas que el Gobierno sigue anunciando. Por ejemplo, el incremento de los años de cómputo para calcular la base de la futura pensión no concreta ni cuántos, ni cuáles serán éstos, ni la progresividad de esta medida. De ahí que se `piense que esta medida sólo busca una disminución del valor de la pensión reduciendo la misma entre un 5 y un 10%. Recordemos que el valor medio de la pensión de jubilación actualmente está en torno a los 780€. La actual edad legal de jubilación, los 65 años, es la que da lugar a percibir ese 100% de la pensión, siempre que se hayan cotizado 35 años. Algo que cada vez es más difícil de conseguir, puesto que la incorporación al mercado de trabajo se realiza cada vez más tarde, y además, nuestros jóvenes se ven ante la proliferación de la contratación a tiempo parcial que hacen que sean necesarios más años reales de trabajo para conseguir los 35 efectivos de cotización. De ahí que tenga un relativo sentido ampliar esta edad, ya que nada impide actualmente prolongar la vida laboral más allá de los 65 años. Por ejemplo, sugiere la central USO: ¿Por qué no se incentiva más este supuesto de la prolongación voluntaria de la vida laboral, al menos en la misma cuantía que se penaliza la anticipación? Y argumenta: La mejor medida para garantizar las pensiones de los futuros pensionistas es que éstos coticen, es decir, que tengan empleo. No olvidemos que sin cotización no hay pensión, y que la cotización es fruto del empleo. Por tanto, lo mejor que se puede ofrecer, con más del 40% de paro juvenil, para garantizar su pensión, es un empleo. De ahí que se reclamen reformas globales que configuren un marco adecuado para el crecimiento del empleo y la productividad. “La sostenibilidad del sistema empieza por convertir en cotizantes a los más de 3.250.000 parados actuales que ya han consumido la prestación contributiva y por tanto han dejado de cotizar.”, se argumenta.

RAJOY MENOSPRECIA A SUS ADVERSARIOS.- El líder del PP, Mariano Rajoy, se ve envalentonado, y seguro ya de ser el siguiente jefe del Gobierno, cuando se produzcan las correspondientes elecciones generales. Entiende ya que es cuestión de tiempo. Rajoy se ve de presidente del Gobierno, aunque todavía tiene que ganar las elecciones, autonómicas en mayo, y generales diez meses después. Así lo ponía de relieve en las declaraciones que hizo este martes en Ciudad Real, cuando se refirió de manera despectiva a sus eventuales contrincantes: Zapatero, Rubalcaba, “Pepiño o la Chacón”, según dijo textualmente, en una actitud que el propio José Blanco encajaba mal: “Habrá que llamarle Marianín, o Marianito, para ponerse a su altura”, dijo Blanco sobre el presidente del PP. Pero con el convencimiento de que la próxima vez será la vencida, ya modula el discurso de Rajoy, y trata más de transmitir confianza en lo que hará que de enumerar los males de la gestión de Zapatero. El suyo, como relata La Vanguardia, es un discurso lleno de guiños a un electorado que nunca le ha votado, pero que pide soluciones, y con los que muestra un talante moderado. El presidente del PP describió cómo será su gobierno: “Moderado, centrista, integrador y reformista, en el que todos nos sintamos representados”. Un mensaje, éste que ofreció en Ciudad Real, donde volvió apoyar la candidatura de María Dolores de Cospedal, que habla de su gobierno, pero con el que quiere acabar de captar los últimos votos que le pueden hacer falta para lograr un cambio histórico en Castilla-La Mancha, que puede acabar con la hegemonía socialista de 30 años, y que nadie duda en el PP que será el anticipo del cambio. Palabras de moderación con las que el líder del PP quiere conjurar el mayor de los peligros que ha tenido que afrontar el PP otras veces, que el temor a su triunfo movilice a la izquierda y el PP se vuelva a quedar a las puertas del triunfo. Moderación, centrismo, integración y reformas, porque el problema de España, subrayó Rajoy, no es “ideológico”, sino de “competencia para gestionar asuntos públicos”. En Castilla-La Mancha y en España, y para eso se ofrece el PP “desde la convicción de que las cosas se pueden hacer muchísimo mejor, y que por encima de las ideologías, toca un cambio”.
Rajoy es consciente de que puede llegar al gobierno en uno de los momentos peores de la reciente historia de España, y por eso en discursos como el de ayer ante el PP de Castilla-La Mancha no hizo promesas, no tiene fórmulas mágicas, ofrece otra cosa: “La herencia será muy mala, no tiene sentido es engañarse, pero el reto es apasionante y habrá que trabajar mucho, nosotros estamos dispuestos a hacerlo”. El único obstáculo en esa carrera hacia el gobierno lo ve Rajoy en la posibilidad de que Zapatero quiera dar un golpe de efecto para intentar parar la debacle con su sucesión. Por eso, y curándose en salud, lo mismo que el PP puso su objetivo en Alfredo Pérez Rubalcaba en el mismo momento en que fue nombrado vicepresidente, ante la posibilidad de que fuera el llamado a sustituir a Zapatero, Rajoy empezó ayer su particular campaña antisucesor, no fijándose en una persona, sino en el hecho, que es a lo que quiere restar importancia, aplicando la tesis, ya enunciada desde el PP, de que el sucesor de Zapatero será Mariano Rajoy. El líder del PP no utilizó estas palabras, pero es lo que vino a decir, aunque con una frase que fue muy aplaudida por los suyos por la carga de menosprecio con el que aludió a los supuestos candidatos: “Nos tiene que tener sin cuidado si el sucesor es Rubalcaba, Pepiño o la Chacón, porque va a haber un cambio, y por eso quien sea el sucesor carece de importancia. No nos debe ocupar ni un segundo”.
Algún asesor debiera recordarle a Rajoy el viejo refrán de que “hasta el rabo, todo es toro”, y que acaso es prematuro empezar a celebrar eventuales éxitos futuros...

CASO GURTEL: SE INVESTIGAN CONTRATOS DE TIEMPOS DE AZNAR.- El Caso Gurtel avanza..., ahora hacia atrás, en el tiempo. Según cuenta este miércoles el diario El País, la investigación del Caso Gurtel, la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada al PP, alcanza el Gobierno de José María Aznar. El juez Antonio Pedreira firmó anteayer un auto en el que reclama numerosa documentación de 2001 y 2002 al Ministerio de Economía y Hacienda; al Instituto de Crédito Oficial, ICO, y a Reds Eléctrica española, REE, relacionada con contratos adjudicados a empresas vinculadas a la trama corrupta de Francisco Correa. Dentro de esta investigación también ha metido el juez a otras instituciones como los Ayuntamientos de Soria, Zaragoza y Ador, en Valencia, y la Junta de Castilla y León. Según esta información, el juez ha decidido iniciar estas pesquisas tras conocer un informe reciente de la policía basado en documentos incautados a la red Gürtel que probaban cómo Correa medió en la búsqueda de negocios para una empresa con los ministerios de Economía y Medio Ambiente. Según estos nuevos datos, la red Gurtel se asoció en 2001 con el Grupo Ros Roca, especializado en tratamiento de residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Correa ofreció a ese grupo empresarial su mediación para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según la investigación. El jefe de la red Gürtel tocó al menos a dos ministerios y a otros organismos, como el Instituto de Crédito Oficial y Red Eléctrica Española, para favorecer a Ros Roca, según detalla el informe policial. El Ministerio de Economía controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique. El Ministerio de Medio Ambiente había sacado a concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca. Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente Aznar.
Según esta información, diversos faxes y documentos hallados en los registros de las empresas de Correa acreditan las gestiones políticas que hacía para el Grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4, del 4%. Documentos incautados a la red que figuran en el sumario señalan que la persona clave con la que contacta la red para conseguir créditos FAD a favor del Grupo Ros Roca sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), entonces secretario general de Comercio Exterior, entre 2000 y 2003, y hoy senador. Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M de USD. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total". La policía interpreta que Correa usa sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.
PEDREIRA PIDE DATOS SOBRE 18 EMPRESAS DE GURTEL.- El juez Antonio Pedreira, que investiga la parte principal del caso Gürtel, ha pedido a los ayuntamientos de Zaragoza, Logroño y Ador (Valencia) que le envíen todos los expedientes que posean en relación a 18 empresas vinculadas a la trama corrupta y entre las que figuran dos propiedad del ex diputado del PP al Congreso por Segovia Jesús Merino. Esas dos empresas son Serrano Global Consulting SL y Fuentelavanda SL. El requerimiento del juez, del que da cuenta este miércoles el diairo Público, afecta también de manera especial al grupo empresarial Ros Roca, investigado por sus presuntas conexiones con la red que supuestamente dirigía Francisco Correa. De hecho, Pedreira ha solicitado a la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía la remisión de todos los contratos adjudicados a las sociedades del grupo Ros Roca, que en el último mandato de José María Aznar obtuvo créditos de ayuda al desarrollo (FAD). El juez ordena igualmente al Instituto de Crédito Oficial que le facilite los contratos suscritos con mercantiles pertenecientes a Ros Roca. La solicitud de Pedreira, contenida en un auto dictado el pasado día 27, se sustenta en los informes de la policía y la Fiscalía Anticorrupción sobre la presunta ligazón entre el grupo de Francisco Correa y diversas empresas pantalla, categoría en la que estaría encuadrada Ros Roca, así como la empresa Asian Deluxe Group SL. El juez, que espera cerrar la instrucción en los próximos meses, ha comenzado ya la criba de imputados. En un auto notificado ayer, Pedreira levanta provisionalmente la imputación a los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, a quienes hasta ahora se atribuía un delito de blanqueo. Ambos prestaban servicios a Correa.

EL SUBIDÓN ELÉCTRICO ARRASTRA OTRAS SUBIDAS.- El tarifazo eléctrico aprobado esta semana por el Gobierno tendrá un efecto dominó sobre el precio de algunos servicios y productos de primera necesidad que crecerán a partir de enero por encima del IPC real (2,2% a noviembre de este año). Así lo creen las asociaciones de consumidores, convencidas de que el 9,8% aplicado al recibo de la luz incidirá fundamentalmente en la cesta de la compra y en el transporte ferroviario, según las conclusiones que recoge La Voz de Galicia. Las organizaciones de usuarios temen que incida «entre dos y tres puntos» en el índice de precios al consumo del 2011. De momento, el sector panadero maneja ya una escalada de precios que rondaría el 10% por término medio para el año que viene. La bollería o las galletas se encarecerán cerca de un 6%. Además de la subida eléctrica, el argumento principal de estos empresarios es el incremento del 50% experimentado a lo largo del 2010 en el coste del trigo. Según Miguel López Crespo, de la Unión de Consumidores de Galicia, esta «bola de nieve» tendrá una especial incidencia en el transporte, sobre todo en el ferrocarril, que ya anunció subidas de hasta el 3,1% para los trayectos de AVE y largo recorrido. «Podrían no ser las últimas», señala el secretario general de Ucgal. En la cesta de la compra, además, hay productos «especialmente sensibles» al coste de la electricidad, como los congelados, las conservas y, en general, todos los relacionados con la droguería. Los elaborados cárnicos podrían repercutir también el recibo de la luz en los consumidores. Desde la citada asociación consideran en cambio que otros sectores, como el lácteo, no sufrirán el mismo efecto porque no son los productores quienes fijan los precios, aunque el tarifazo sí que incidirá en la cuenta de explotación de los ganaderos.
La patronal eléctrica, Unesa, confirma por su parte los peores pronósticos. La subida del 9,8% aprobada el lunes por la comisión delegada de Asuntos Económicos del Gobierno es «insuficiente», según los empresarios, para corregir los desfases del sistema eléctrico español. Los portavoces de las compañías productoras y distribuidoras de electricidad creen que este incremento no será el último. Primero porque el déficit de tarifa (20.000 millones de euros desde el año 2000 hasta ahora) no se ha corregido. La subida de enero servirá únicamente para que no siga creciendo, pero tanto la CNE como las eléctricas coinciden en que sería necesario otro «ajuste duro», de hasta el 20%, para equilibrar los costes del sistema con sus ingresos. Y después, porque el otro gran componente del recibo de la luz, las materias primas (petróleo, uranio o gas), seguirán subiendo, según todos los pronósticos, en el 2011.
Las reacciones a la escalada de la luz corrieron ayer como la pólvora entre sindicatos, partidos políticos y asociaciones de consumidores. Una de las más llamativas fue la de la federación de consumidores Facua, que anunció una campaña para «movilizar» a los usuarios contra la «desproporcionada» subida. Con el lema «Di a Zapatero que rechazas el tarifazo eléctrico», Facua presentó una carta, que los usuarios pueden enviar al presidente del Gobierno a través de la página web www.facua.org/contraeltarifazo. En la misiva se expresa el rechazo a una subida «desproporcionada» y a una política energética «contraria a los intereses de los consumidores y plegada a intereses empresariales».
En el terreno político, el presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que las subidas de la luz, el gas o los billetes de AVE y cercanías son consecuencia de los «errores monumentales» del Gobierno, como la configuración de un «demencial» modelo energético. Aprovechando una junta directiva popular en Castilla-La Mancha, celebrada en Ciudad Real, arremetió contra Zapatero señalando que decisiones como la del lunes no provienen de «una maldición bíblica» o se producen «porque sí», sino que están provocados por «los errores monumentales de unos gobernantes que no han sabido estar a la altura de las circunstancias ni de un país como España». A su vez, la presidenta de la comunidad de Madrid, la popular Esperanza Aguirre, calificó de «tragedia» para los españoles esta subida, y señaló que traerá «más paro e inflación, y menos competitividad, renta y transparencia». Del lado del Gobierno, el que ayer dio la cara fue el vicepresidente tercero y ministro de Administración Pública, Manuel Chaves, que admitió que la subida de la luz ha provocado una reacción «negativa» en las asociaciones de consumidores, pero explicó que el problema de ir retrasando la subida representaría al final una situación «mucho peor» que la actual. La federación de Industria de Comisiones Obreras rechazó el incremento y negó que responda a las ayudas al carbón nacional. Y desde IU, su coordinador, Gaspar Llamazares, dijo que «hay gato encerrado» en la medida, que en su opinión «favorece a las grandes eléctricas».

LAS ELÉCTRICAS SE REPARTIRÁN 4.590 MILLONES EN 2011.-El tarifazo aprobado por el Gobierno el pasado lunes 27 de diciembre ya es objeto de debate entre Gobierno y la oposición y de indignación ciudadana a partes iguales. Quienes todavía no se han pronunciado al respecto son sus beneficiarios, las principales compañías eléctricas, que en pleno debate sobre la inminente subida de la tarifa de la luz, que entrará en vigor a partir del próximo mes de enero de 2001, mantendrán e incluso reforzarán el pago de dividendos a sus accionistas durante el próximo año. Según datos que este miércoles proporciona El Confidencial-Cotizalia, las tres grandes compañías energéticas españolas -Iberdrola, Endesa y Gas Natural- repartieron este año 3.556 millones de euros entre sus accionistas por concepto de dividendo, cantidad que elevarán hasta los 4.589 millones para el próximo 2011, según las estimaciones del mercado recopiladas por Cotizalia. Esta retribución es posible gracias a los beneficios de cada ejercicio, aun teniendo en cuenta que una parte importante de su actividad está condicionada por la fijación del Gobierno del precio de la luz. Esta política de remuneración convierte a estos valores en unos de los más atractivos para los inversores. Endesa ha abonado 1.079 millones en 2010 y podría elevar hasta los 2.147 millones durante 2011, según estimaciones de analistas, que en su mayoría irá a manos de la italiana Enel, que controla el 92% de las acciones.Iberdrola, por su parte, ha pagado este año 1.747 millones, y repartirá 1.640 millones el que viene, mientras que Gas Natural ha distribuido 730 millones en 2010, y elevará esta cantidad hasta los 802 millones. Estos desembolsos a sus accionistas están condicionados normalmente por la evolución de los resultados y por la situación financiera de las compañías. En este último caso, las eléctricas acumulan en la actualidad una deuda de 63.380 millones, ligeramente inferior a los 64.900 millones que acumulaban a cierre de 2009. De esta cantidad, 17.869 millones corresponden a Endesa; 25.677 millones, a Iberdrola; y 19.834 millones, a Gas Natural Fenosa, según datos recogidos por la agencia de noticias Europa Press. En este contexto de flujos de euros millonarios, una subida del precio de la luz un 9,8% puede causar más indignación a ojos de los usuarios, a pesar de que con este recargo extraordinario está previsto que el sistema se adapte a la prórroga de las ayudas a la producción del carbón nacional, cuya pervivencia cuesta más de 580 millones de euros a las arcas públicas, el equivalente a cerca de 220.000 euros por cada minero empleado en este sector.
 La patronal eléctrica Unesa ha dejado claro que "es la senda a seguir", sobre todo para reducir el déficit de tarifa que los usuarios pagan para compensar los gastos derivados de que las tarifas estuvieran durante años por debajo de los costes. Sin embargo, esta subida no contribuye a la reducción del déficit como tal, sino a que crezca menos, ya que la subida estrecha la diferencia existente entre el coste de fabricación/distribución con el precio final, que se marca por un complejo sistema de subastas trimestrales y de peajes fijados por el Gobierno. Precisamente, las eléctricas se encuentran pendientes del proceso de colocación en los mercados del déficit de tarifa del sector eléctrico, que les permitirá sacar de su balance cerca de 13.000 millones de este desajuste que financian directamente mediante la titulización de este préstamo y su conversión en valores negociables. Las empresas que más parte del déficit deben financiar son Endesa, con 5.681 millones, e Iberdrola, con 4.421 millones, mientras que a Gas Natural Fenosa le corresponden 1.662 millones.
Ahora que la subida se convierte en un tema de debate público, con las asociaciones de consumidores al frente de las críticas, el responsable del PP, Mariano Rajoy no dejó pasar ayer martes la oportunidad para calificar la decisión como una "injusta vuelta de tuerca" para la economía de los españoles al "decretar, en plena crisis económica, la mayor subida de las tarifas eléctricas reguladas" que ha tenido lugar en "los últimos 28 años". El líder de la oposición tachó la política energética socialista como "demencial" y apuntó al reparto de "primas a determinadas empresas que han ganado mucho dinero" y a las "decisiones equivocadas" como las principales causas que han llevado a este tarifazo. La respuesta por parte del PSOE ha sido igual de contundente, evidenciando la falta de sintonía existente sobre el pacto energético entre los dos principales partidos. El dirigente socialista Hugo Morán, secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, recordó también ayer que “fue en los tiempos en los que Rajoy formaba parte del Gobierno de España cuando el Partido Popular se inventó un sistema para subir la luz sin que los consumidores se enterasen, al tiempo que cargaba los costes de aquella ‘subida clandestina’ en el recibo de todos los abonados con independencia del consumo”. “Aquello recibió el eufemístico nombre de ‘déficit tarifario’, algo así como que las eléctricas fuesen apuntando en una cuenta todo lo que no pudiesen cargar en el recibo a fin de no perjudicar la ‘buena imagen’ del Gobierno”, continuó Morán, “y ya se encargarían los que viniesen detrás de cobrárselo a los ciudadanos asumiendo el coste político correspondiente”.  En su descargo, los populares, esta vez por boca de su secretario de Economía, Álvaro Nadal, aseguran que “el 95% del problema del déficit tarifario ha sido generado por la incompetencia  de los ministros de Industria, Montilla y Clos, quienes hicieron el problema gravísimo”. Mientras tanto, la luz sube un 9,8% a partir del 1 de enero.

SE BUSCA RESUCITAR LA LEY SINDE.- Dos diarios, El País y El Periódico de Cataluña, destacan como asuntos de relieve en sus ediciones de este miércoles que el gobierno trata de recuperar la “ley Sinde” para que sea aprobada próximamente. Según El País, “Zapatero ultima una nueva Ley Sinde para pactar con el PP”, y salvarla a su paso por el Senado. Según esta información, todo indica que la ley antidescargas, que prevé la posibilidad de cerrar páginas web que sirvan contenidos no autorizados sujetos a derechos de autor, sufrirá cambios sustanciales respecto al texto que fue rechazado en el Congreso de los Diputados la pasada semana. Asimismo, se asegura en El Periódico de Cataluña que, tras su inapelable derrota de la semana pasada en el Congreso, donde todos los partidos menos el PSOE votaron en contra de la llamada ley Sinde, el Gobierno comienza a dar síntomas de querer enmendarse. Tanto en el fondo como en la forma. El modelo original, incluido en una disposición adicional de la ley de economía sostenible (LES), otorgaba a una comisión administrativa, dependiente del Ministerio de Cultura que dirige Ángeles González-Sinde, buena parte de las facultades para cerrar o bloquear el acceso a las webs que permiten el intercambio no autorizado de archivos. Lo que el Ejecutivo sostiene ahora es que este enfoque adolecía de cierta falta de «equilibrio». Es decir, que los derechos de los internautas no estaban suficientemente garantizados. La segunda rectificación tiene que ver con el procedimiento: en lugar de la agónica negociación que desembocó en fracaso el martes en la Cámara baja, los socialistas apuestan por abonar más y mejor el terreno con el resto de grupos. Lo harán en el Senado, donde pretenden volver a incluir la norma de la discordia a través de una enmienda, y lo harán buscando el acuerdo con un PP abierto al entendimiento.
La ley, tan reclamada desde sectores culturales, no se aprobó en el Congreso «por circunstancias del momento», dijo el martes el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que también se mostró convencido de que el pacto con el resto de grupos se habría logrado de haberse retrasado unos días la votación. Sin embargo, según fuentes del PP, el partido de Mariano Rajoy pidió hace unas semanas exactamente esto, una demora, y los socialistas contestaron que de ninguna manera. Y después, cuando solo faltaban unas horas para decidir el futuro de la norma, tras comprobar que ni el PNV ni CiU estaban dispuestos a apoyarles, el Gobierno, a través del propio Jáuregui, buscó la complicidad del PP, que pidió mayores garantías judiciales y la supresión progresiva del denostado canon digital. Nuevo fracaso negociador. Jáuregui consideró que el asunto a lograr con la norma es este: «Combatir la piratería respetando el derecho de los internautas a poder darle al botón y bajarse una determinada información siempre y cuando esta no vulnere la propiedad intelectual». Y aquí el ministro ejerció la autocrítica: «Ese equilibrio no lo habíamos logrado, lo reconozco, y también reconozco que tuvimos poco tiempo para hablar con el PP». Jáuregui pronunció estas palabras después de otras de Mariano Rajoy, y algo debieron de tener que ver las declaraciones del presidente de los conservadores en el optimismo del ministro. Desde Ciudad Real, donde participó en una reunión del PP castellano-manchego, Rajoy dijo que se podían «conciliar» los derechos de autor y los de los internautas, y que si quiere que la negociación tenga éxito el PSOE debe designar a «un interlocutor, el que sea, y se siente y discuta».
Todo empieza a destilar el aroma de un pacto en el Senado entre ambos partidos, según El Periódico de Cataluña. La LES llega a esa cámara el próximo 15 de enero. A su vez, asegura El País que el batacazo de la ley en el Congreso está llevando a todas las partes interesadas en esta normativa a mover ficha, y anuncia un inminente encuentro del presidente de la Academia de Cine con representantes de los internautas.
CAYO LARA REPLICA A MONSEÑOR REIG.- El coordinador general de IU, Cayo Lara, ha relacionado la violencia machista con la cultura y la educación religiosa recibidas, y ha recordado que, en el matrimonio católico, se emplea la fórmula "hasta que la muerte os separe". Cayo Lara ha recordado que el matrimonio católico usa la fórmula "hasta que la muerte os separe": "Sobran más comentarios", ha apostillado Cayo Lara durante una rueda de prensa en la sede federal de IU, en la que se ha referido a las palabras del obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Plá, presidente de la Subcomisión Episcopal de Familia de la Conferencia Episcopal, sobre la violencia machista. Según Reig Plá, la violencia doméstica se da, sobre todo, en aquellos procesos de separación y divorcio, y en procesos de litigio. "Los matrimonios canónicamente constituidos -dijo-tienen menos casos de violencia doméstica que aquéllos que son parejas de hecho o personas que viven inestablemente". "A lo mejor ha tenido algún tipo de revelación", ha considerado el coordinador general de IU, quien ha reclamado al obispo que diga la "revelación concreta" que ha tenido para que su afirmación cuente con "una base científica". Los datos no avalan la teoría de los obispos, según defiende Cayo Lara. "Sé que la Iglesia fundamentalmente funciona con dogmas, pero es importante que, en este caso, tengamos una base científica", ha continuado Lara, quien ha argumentado que los datos "no dicen que los matrimonios casados como Dios quiere y manda", tengan menos violencia de género "que las parejas que viven de manera diferente a como quiere el obispo". Lara ha dicho que el maltrato "tiene que ver con el machismo" y la idea de "dominio" del hombre sobre la mujer, "con que la mujer, según dice la Iglesia, se hizo de una costilla de Adán". "Está todo íntimamente relacionado", aseguró el líder de IU, para quien el machismo se ceba con las mujeres cuando éstas empiezan a tener independencia económica porque no acepta que no sean "propiedad privada". "Hay una responsabilidad clarísima de nuestra cultura y nuestra educación religiosa. Ya sabéis que el matrimonio religioso cuando da la bendición dice 'hasta que la muerte os separe'. Sobran más comentarios", ha concluido Lara.

ALGUNAS EMBARAZADAS ANTICIPARÁN EL PARTO.-Explica este miércoles el diario El País que “la necesidad económica favorece la picaresca”. Y cuenta cómo algunos centros privados están atendiendo las insistentes peticiones de mujeres cuyo embarazo sobrepasa los ocho meses y medio para dar a luz antes del 31 de diciembre, fecha en que finaliza la ayuda del cheque bebé de 2.500 euros vigente desde julio de 2007. "En la sanidad pública no cuela, pero tengo compañeras que sí lo están viendo en clínicas privadas de Andalucía", asegura una jefa de matronas que trabaja en un gran hospital de la capital sevillana. "Lo que observamos en la sanidad pública es que muchas embarazadas que tienen previsto el parto para la primera quincena de enero, vienen frecuentemente a la consulta diciendo que están manchando, o que han roto aguas. No se atreven a pedirlo abiertamente, pero sabemos que les gustaría adelantar la fecha. Tras un reconocimiento, se les da el alta y a casa". Esta matrona sí conoce testimonios en sentido contrario de compañeras suyas en clínicas privadas, aunque tampoco le sorprende: "Adelantar unos días el parto es algo relativamente frecuente en el sector privado. Lo hacen cuando llegan puentes, o la Semana Santa, o la Feria. Conlleva cierto riesgo sanitario, aunque no suele entrañar gravedad". En los foros de Internet de embarazadas no son pocas las que admiten haber adelantado el alumbramiento, pero siempre se trata de pocos días. Ninguna futura madre pierde el juicio por 2.500 euros. Otras, que van a dar a luz la primera semana de 2011, se reafirman en dejar a la naturaleza seguir su curso y aseguran que el dinero en estos casos carece de importancia. El director médico de la madrileña clínica Belén, que atiende 3.000 partos al año, constata el "interés" de las embarazadas en dar a luz antes de Nochevieja. "Están haciendo muchísimos comentarios en consulta, dicen 'ojalá me ponga de parto', pero no se atreven a más", asegura David Marchante. Esta clínica se planteó doblar el personal de enfermería en los últimos días del año por si tenían que hacer más inducciones de las habituales, pero finalmente no ha sido así.
Otra cuestión son las cesáreas programadas. Como un parto de gemelos a término que vienen de nalgas. "Había que fijar una fecha y lo mismo nos daba", explica Marchante. La familia prefirió que fuera el día 30 y, así, optar al cheque bebé. "Mientras no haya contraindicación médica puede hacerse", añade. Opina lo mismo José Manuel Bajo Arenas, presidente de la Sociedad Española de Ginecolog´ñia y Obstetricia, SEGO: "En esos casos la indicación médica está presente". La SEGO tiene establecidas las condiciones que deben darse para inducir un parto: hipertensión, sufrimiento fetal, diabetes... "Entre ellas no está el cheque bebé", bromea, pero enseguida se pone serio y recuerda que un parto inducido no es lo mismo que uno espontáneo, y que tiene riesgos. "Estaré yo de cancerbero el día 31", asegura José Ángel Espinosa, jefe asociado del Servicio de Ginecología del hospital Quirón de Madrid. Sabe que llegarán mujeres diciendo que ya están de parto sin estarlo. "No voy a dejar que se me cuele ninguna", bromea. Eso sí, admite que estos días han llegado algunas que han pedido que les hagan la maniobra de Hamilton (separar las membranas para inducir de forma natural el parto). "Si pasan de las 38 semanas y lo solicitan, lo hacemos", afirma.
SE BUSCAN SOLUCIONES AL CONFLICTO DE CONTROLADORES.- El diario La Gaceta de los Negocios asegura en su edición de este miércoles que el expresidente del TC Manuel Jiménez de Parga ha recibido la petición del Ejecutivo para que dirima el conflicto con los controladores. Añade esta información que el abogado Jiménez de Parga, catedrático de Derecho, sólo aceptará ser mediador en el conflicto si ambas partes admiten su mediación. Medios jurídicos que cita el mismo diario sostienen que el gobierno quiere solucionar el problema con un arbitraje. En cuanto a los controladores, cree saberse que están divididos: Mientras la mayoría del colectivo quieren acabar cuanto antes con esta situación, una “línea dura” duda del arbitraje, y prefieren presinar al Gobierno con la próxima privatización de hasta el 40 por 100 de Aena.
Mientras tanto, y según relata del diario El Mundo, la Agrupación de Afectados por el Cierre del Espacio Aéreo y el despacho de abogado que le asesora, Cremades&Calvo Sotelo, se han coordinado para poner en marcha la emisión de un poder con más de 150 notarías de todo el país. La nueva medida permitirá que los afectados que quieran reclamar sus derechos puedan hacerlo de forma colectiva, ágil y eficaz. La puesta en marcha de esta innovadora forma de reclamación supondrá un ahorro económico para los afectados.Los poderes notariales son necesarios para que los abogados realicen las acciones legales que se consideren oportunas para alcanzar la indemnización pretendida por el colectivo: devolución de los daños materiales sufridos y una indemnización global para cada uno de 10.000 euros. El texto del poder puede consultarse en la web de la Agrupación, así como en la del bufete de abogados Cremades &calvo Sotelo. También se pueden consultar el listado de las notarías que se han adherido a la iniciativa. Estas notarias habilitarán unas horas al día durante todo el mes de enero para que cualquier afectado, que haya contactado previamente con la notaría, pueda otorgar ante notario el correspondiente poder para pleitos. Será imprescindible que los afectados presenten su DNI y que la representación de los menores de edad se acredite con el correspondiente Libro de Familia. En cualquier caso, los afectados podrán acudir a cualquier otro notario y solicitar un poder como el del modelo que se ha presentado. La selección geográfica de las Notarías se ha elaborado en función de la procedencia de los afectados, con el fin de facilitar al máximo este trámite y que la mayoría de ellos pueda acudir a una notaría de su propia ciudad. El mayor número de afectados se encuentra en las ciudades de Madrid, Barcelona, Tenerife, Sevilla, Mallorca, Málaga, Bilbao, Valencia, Canarias y Zaragoza. En los próximos días la agrupación hará pública una relación de afectados distribuidos por provincias españolas.