AL GRAN PACTO SOCIAL DE LA LEGISLATURA. MARCHA ÁCRATA EN LA PUERTA DEL SOL. MONTORO ENFADADO CON LA MARGINACIÓN DEL PP

EL GRAN PACTO SOCIAL DE LA LEGISLATURA.- Algunos lectores de periódicos podrán resultar desconcertados este viernes por la lectura de la información relativa a la reforma de las pensiones acordada, finalmente, tras mucho esfuerzo y dedicación, por el gobierno -con Zapatero y Valeriano Gómez como estrellas principales- y los dirigentes sindicales Toxo y Méndez. Hay apreciaciones `para todos los gustos: desde la consideración de que “el PSOE dinamita el sistema de pensiones”, q1ue aporta La Gaceta, hasta la valoración que hace El País, según el cual, el acuerdo en pensiones da paso a un gran pacto social. En otras crónicas se prefiere ceñirse a las novedades que aportará la futura normativa en materia de pensiones: que se recorta la renta de los futuros jubilados, que se retrasa la edad de retiro a los 67 años o la “misión imposible” de trabajar desde los 26 años, y sin cortes, para poder cobrar toda la pensión. Y luego, las reacciones, incluida la de lo sindicalistas ácratas que hicieron su ruidosa aparición en la Puerta del Sol de Madrid, en la noche del viernes, para expresar su desacuerdo rotundo. El episodio de los radicales terminó con una batalla campal con la policía que dispersó a los radicales... Izquierda Unida, a su vez, ha lamentado que se haya conseguido un cambio para el que, en su opinión, no existían razones objetivas. Y mientras Rajoy mostraba una disposición favorable a apoyar el acuerdo social, y confirma al presidente su voluntad de sumarse al acuerdo, su portavoz económico, Cristóbal Montoro expresaba su desaliento porque el PP haya quedado al margen de este gran acuerdo...
Entre las valoraciones más reseñables, también cabe mencionar la que se lee en La Vanguardia: La mayor reforma del Estado de Bienestar; el objetivo final de la iniciativa es reducir el gasto en pensiones, que supone el 10 por 100 del PIB, o la que contiene El Periódico de Cataluña: Zapatero respira, el pacto social da oxígeno al gobierno y le ayuda a recuperar su credibilidad. Público indica que Zapatero logra cerrar el primer pacto social de la legislatura, y que el Ejecutivo sale fortalecido de cara a los comicios autonómicos. Lo cierto es que el nuevo cálculo del pago de pensiones reduce su coste, precisamente por ampliarse el tiempo de cómputo y tomarse en consideración años en que las sanciones tienden a ser más bajas. Según la estimación que se hace en Expansión, la reforma reducirá la cuantía de las pensiones en torno al 20 por 100. Entiende Cinco Días, por su parte, que el gobierno ha logrado el aval para acelerar el resto de las reformas pendientes, y que la patronal CEOE entrará a fondo ahora con la negociación colectiva. Eso ya parece un contenido del propósito siguiente, que no es otro que el pacto social sobre el que ya adelantaron algo los negociadores en su sesión de trabajo de la madrugada del viernes. Aunque casi todo está por saber, se cree saber que tocará no sólo el delicado asunto de la negociación colectiva, sino también la política industrial y la innovación.. En resumen, como relata El Economista, que “Zapatero cumple con los jefes europeos”, al poder presentar una batería de reformas a tan sólo una semana de la visita que efectuará a Madrid la canciller alemana Angela Merkel. Este diario aprovecha para repasar “las asignaturas pendientes”: la reiterada negociación colectiva, las nuevas políticas de empleo,el plan de choque para combatir el desempleo, la nueva ayuda de 350 euros, la reestructuración del sistema financiero y reordenación de las Cajas de Ahorros, y el Plan Industrial. No debe sorprender la impaciencia de Montoro, que observa cómo las grandes cuestiones pendientes las aborda -y resuelve- el PSOE gobernante cuando, en su opinión, ya debiera estar dejando paso a la alternativa, con la convocatoria de unas elecciones generales anticipadas. Pero es evidente que Zapatero no se resigna a los proyectos que el PP quiere para él y su futuro...
LA REFORMA FINALMENTE PACTADA.- El Gobierno, los sindicatos y la patronal firmarán oficialmente el próximo miércoles (día 2 de febrero), el pacto sobre pensiones, según fuentes gubernamentales. El acuerdo se produjo la noche del miércoles, durante una cena en la que participaron Zapatero y los representantes de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, Cándido Méndez y Ignacio Fernández Toxo, respectivamente. En el transcurso de la cena, que duró desde las 9.30 hasta las 12 de la noche, se acordó un principio de acuerdo sobre uno de los temas más espinosos: el número de años cotizados para jubilarse con el 100% de la pensión a los 65 años. Si bien el acuerdo se ratificará el día 1 de febrero, sin embargo se firmará oficialmente a tres bandas un día después. La propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa, y que los sindicatos ven con buenos ojos, consiste en que que los trabajadores con 38,5 años cotizados podrían jubilarse a los 65 años con la totalidad de la pensión, según fuentes sindicales. Para jubilarse a los 67, habrá que haber cotizado 37 años. El Ministerio de Trabajo ha enviado esta misma mañana del jueves un comunicado en el que ha confirmado que "hay un principio de acuerdo con empresarios y sindicatos sobre la reforma de las pensiones". Según Trabajo, se espera que "hoy se cierren los capítulos pendientes". Sin embargo, los sindicatos siguen siendo muy cautos, mucho más que el Gobierno: sostienen que el acuerdo sobre los años cotizados "está condicionado a muchas otras cosas. Aún quedan muchos flecos pendientes, no se puede hablar ni siquiera de principio de acuerdo". En cuanto al encuentro con el presidente, lo consideran como "habitual", ya que se ha producido varias veces a lo largo de las últimas semanas, en plena negociación de la reforma de pensiones. CCOO ha manifestado que la posibilidad de un acuerdo sobre la reforma de las pensiones está "encarrilado", pero que es "prematuro" hablar de un consenso definitivo. Esta mañana se seguirá negociando y habrá que ver "todo lo que se pone sobre la mesa"...
Pero es evidente que las posiciones entre sindicatos y Gobierno sobre la reforma de las pensiones se aproximan, con evidente esfuerzo e indudable deseo de coincidencia final. El principal escollo para alcanzar el pacto sigue estando en los años de cotización necesarios para jubilarse con 65 años y obtener la pensión completa. Pero las posturas en este punto se han ido limando. El Gobierno se ha apeado de su exigencia inicial (41 años de cotización), y ahora acepta 39. Los sindicatos parecen dispuestos a aceptar 38. Pero todavía nadie quiere lanzar las campanas al vuelo ni dar todo por resuelto. A falta de una jornada decisiva para saber si hay pacto, la diferencia es ya solo de meses, y ya puede hablarse de principio de acuerdo. Por más que se podrá seguir negociando después del viernes, cuando el Gobierno cumpla su calendario y presente el correspondiente anteproyecto de ley de reforma del sistema de pensiones. Desde el primer día de la compleja negociación, el obstáculo más duro se situó en los años necesarios para poder jubilarse con 65. El Gobierno planteó 41. En conversaciones informales habló de 39. Pero los 41 estuvieron encima de la mesa el lunes por la noche, cuando los líderes sindicales se vieron con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora han vuelto a los 39, y el Gobierno no quiere bajar más. Los sindicatos, por su parte, en charlas informales se han mostrado dispuestos a aceptar 38 años cotizados. No obstante, un alto dirigente sindical respondía ayer mismo: "No puedo aceptar una oferta que no me han hecho formalmente". La resolución que aprobó el Congreso el pasado martes no es un aval a la intención del Gobierno de retrasar la edad legal de jubilación a 67 años, pero sí significa el camino de negociación a seguir. El voto particular apoyado por CiU, PNV, CC y PSOE da luz verde a este propósito, pero también reclama que no sea de forma general, sino flexible y progresiva. Un punto de flexibilidad se refiere a las profesiones penosas y de riesgo en las que habrá excepciones a la norma general de jubilarse a los 67. Este podía ser un tema a negociar después del viernes, pero supone aceptar que se retrase la edad de jubilación a los 67 años. La jubilación responderá,de este modo, más a horquillas que, básicamente, estarán comprendidas entre los 63 años (edad mínima para la jubilación anticipada) y los 67. En cuanto a los periodos de implantación de la reforma también se han producido avances. Zapatero situó el periodo de transición para que la reforma entre plenamente en vigor entre 2013 y 2027 con la intención de no perjudicar a quienes se jubilan en un futuro inmediato. Los sindicatos exigen que este periodo transitorio sea aún mayor. El Ministerio de Trabajo está dispuesto a aumentar el periodo transitorio en dos o tres años, aunque nunca más allá de 2030, que es cuando se calcula que empiezan las tensiones demográficas en el sistema. Donde el Gobierno muestra una postura más inflexible es en el periodo de cómputo. Lo mantiene en 25 años, frente a los actuales 15. Los sindicatos están dispuestos a negociar. Un punto de acuerdo podría ser fijarlo en 20 años en un primer momento y elevarlo luego a 25.
Siguen siendo matices y “limaduras”, pero con suficiente calado, cada una de ellas, como para remover y modificar posiciones ya anteriormente aceptadas...

AVANZA LA “HIPÓTESIS RUBALCABA”.- De momento, y hasta que no haya comunicación formal y oficial, el relevo de Zapatero por Rubalcaba no es otra cosa que una hipótesis, una probabilidad, una impresión no científica ni comprobable. No hay duda, sin embargo, que “la hipótesis Rubalcaba” avanza y se impone. Entre otras cosas, por las buenas perspectivas que han señalado algunas encuestas, según las cuales, Rubalcaba podría superar a Rajoy en una competición por la jefatura del gobierno del país. Ante esa posibilidad, si existía alguna duda, se ha disuelto y difuminado. También parecen entenderlo de ese modo en el seno del PP y, sobre todo, en su dirección, que viene enfocando sus dardos y ataques, tradicionalmente dirigidos a Zapatero, al dúo que manda: Zapatero y Rubalcaba, conjuntamente. El desarrollo del debate de control del Gobierno de este miércoles fue una demostración de que para el PP, ya no hay un solo malvado, un malo a batir, sino que son dos, el presidente y el vicepresidente primero. En esa misma comprensión de la situación se inscriben este mismo jueves algunos grandes titulares de los diarios: El Mundo asegura que “no cabe ninguna duda, el candidato será Rubalcaba”, según un alto cargo del PSOE que trompe, dice “la ambigüedad” de Zapatero sobre la sucesión. Y, a su vez, en La Vanguardia, también en su principal titular se asegura que Zapatero anunciará en otoño que no será candidato, y que, pese al mutismo del presidente, el gobierno y el PSOE trabajan ya pensando en Rubalcaba como sucesor. Algunas otras crónicas del día señalan en la misma dirección. Por ejemplo, la que en la Gaceta observa que el PP ya hace corresponsable a Rubalcaba de los fracasos de Zapatero,y que el PP se lanzó al cuello del vicepresidente, este miércoles, en el debate de control del Gobierno en el Congreso. Se asegura en El Mundo que el presidente anunciará la candidatura de Rubalcaba tras el verano, y el PSOE celebrará un Congreso durante el verano para avalar la candidatura del hoy vicepresidente primero. Una sospecha que se recoge también en La Vanguardia, donde se sostiene que la elección de Rubalcaba como candidato electoral se producirá en otoño en un Congreso. Se cuenta también en El Periódico de Cataluña: el PSOE prevé evitar las primarias y confiar en Rubalcaba como solución. En La Vanguardia, asimismo, se asegura que el Gobierno trabaja ya con el escenario de que Rubalcaba será el candidato en 2012, porque el presidente quiere asumir todas las reformas en curso y anunciar su marcha en otoño. Según esta tesis, el propio Zapatero habría planificado con Rubalcaba y Blanco su salida en 2012. Llega a la conclusión esta crónica de que el vicepresidente podría evitar una debacle electoral que desmoronara al PSOE... Otro diario más, Público, relata que un sector del Gobierno ya ve candidato a Rubalcaba y prevé que el relevo se producirá en un Congreso en octubre próximo...
Esa parece la estrategia marcada cuando Zapatero decidió incorporar a Rubalcaba a “la segunda posición” del Gobierno, y que se desarrolla desde entonces con notable precisión, y posiblemente eficacia. Se ha restado la presión, a menudo insoportable, sobre Zapatero, que ya se reparte con Rubalcaba, y se concede a éste mucha mayor atención pública y mediática.
La preparación del relevo parece “de libro”. Decían bien Cospedal y Arenas que la recomposición en la que Zapatero aupó a Rubalcaba les tenía que preocupar. Les empezaba a preocupar desde el primer momento...El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha recalcado que el Gobierno trabaja para que el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, vuelva a ser el candidato socialista a la reelección. De esta manera, el ministro ha terciado en el debate abierto en el seno del PSOE sobre su candidato cara a las elecciones generales del 2012.  Frente a esas informaciones, aparecidas el jueves en los diarios referidos anteriormente, afirmaba, a su vez, el Periódico de Cataluña, que en el entorno del presidente se da por hecho que el vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, será el sucesor de Zapatero en las generales, y que el anuncio de la sucesión se hará este mismo año, y no en el 2012. Zapatero asumiría de esta manera el coste político de la crisis económica y las reformas que la UE y los mercados le han requerido. Rubalcaba sería un presidente y un candidato de transición, sin contrincantes en unas primarias que nadie en el PSOE desea en un momento en que el PP les saca más de 10 puntos en las encuestas. Sin embargo, en declaraciones a TV-3, Jáuregui ha restado importancia a estas informaciones. "Son todo especulaciones; no tienen ningún fundamento", insistió. "Trabajamos para que Zapatero sea el candidato. El partido está detrás de él por mayoría, por no decir por unanimidad", ha añadido. Jáuregui ha reiterado que la decisión de presentarse o no la tomará el presidente. Si este decide finalmente renunciar a la reelección, el ministro ha afirmado que "el partido responderá".

CIU SUMARÁ SUS APOYOS AL PSOE.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, va a acabar la legislatura con más apoyos parlamentarios que nunca. Según fuentes de la Moncloa, que cita El Periódico de Cataluña, CiU está dispuesta a sumarse a PNV y Coalición Canaria para respaldar al Ejecutivo en las reformas previstas. El déficit del Govern de Artur Mas, que se calcula que superó los 7.000 millones de euros en el 2010, y la necesidad de refinanciación, han empujado a la federación nacionalista a mostrarse abierta a negociar una alianza estable con el PSOE en el Congreso. Zapatero y el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, se han reunido este miércoles en la Cámara baja para acercar posiciones. CiU ya dio una muestra de esta nueva sintonía el martes, cuando facilitó al Gobierno el aval parlamentario que necesitaba para poder justificar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Duran ya ha adelantado que la primera cita entre Mas y Zapatero se celebrará el 7 de febrero en la Moncloa.

EL ESCÁNDALO DE LOS NIÑOS ROBADOS.- El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tiene desde el jueves sobre su mesa una denuncia por el robo de 261 niños cometido en distintas oleadas durante el franquismo y hasta finales de los años ochenta. La Asociación nacional de Afectados de Adopciones Irregulares, Anadir, ha decidido acudir al fiscal con la esperanza de que abra una causa que les permita encontrar a las madres, hijos y hermanos que buscan. "Hay muchos más, que irán adhiriéndose a la denuncia", asegura el abogado Enrique Vila. "La mayoría [84 casos] ocurrieron en Madrid, pero también hay muchos en Andalucía y Cataluña. Ocurrió en todas las comunidades autónomas. Con el mismo sistema: engaño a la madre asegurándole que su bebé ha muerto, búsqueda de compradores, pago, e inscripción como hijo propio". En la denuncia, al asociación de afectados argumenta que existen indicios de los delitos de tráfico de niños, falsificación de documento público, suposición de parto (simular haber dado a luz a un niño vivo) y secuestro y detención ilegal, que no prescriben. El escrito incluye un listado de las pruebas que podrían presentar al fiscal, como partidas de nacimiento y defunción falsificadas, y los testimonios de una enfermera que trabajó en la Clínica San Ramón, de Madrid, y asegura que la venta de niños era habitual allí; un funerario de Málaga que relata cómo rellenaba los pequeños ataúdes que le llegaban vacíos de algunas maternidades; una mujer que confiesa haber comprado una niña en un parque de Melilla en 1979 y otra que cuenta cómo le dijeron que fingiera un embarazo antes de regalarle un bebé. "Los precios iban de las 50.000 pesetas, en los años cincuenta, hasta un máximo de un millón", añade Vila. "Es cierto que el origen, cuando le quitaban los hijos a las republicanas, es una depuración política, pero eso es solo el origen, unos 30.000 casos, según el juez Garzón. Nosotros pensamos que puede haber cientos de miles porque esto siguió muchos años después como negocio". La mayoría de los casos denunciados ahora se produjeron a finales de los setenta. Hasta 1987, cuando se cambió la ley, la Administración apenas tenía control sobre las adopciones, lo que favorecía el poder de los médicos para amañar la venta de bebés, explica Vila. Antonio Barroso, presidente de Anadir, afirma que el objetivo de la denuncia es conocer la verdad. Por eso piden a Pumpido que "como poder judicial, se dirija al Ejecutivo y le pida un banco de ADN para los afectados". "Los hijos robados buscan su origen, y las madres, a sus hijos y un castigo a los culpables. Debería haberse investigado mucho antes. Si Pumpido dice que esto ha prescrito, iremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos", señala el abogado Enrique Vila.
LAS APORTACIONES DE GURTEL A ANA MATO.- Ana Mato faltó a la verdad el pasado lunes cuando aseguró que entre la documentación intervenida por la policía al cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, sólo aparece una "única anotación sobre mi persona" que corresponde a "un viaje a Suiza que fue pagado por mí". Además de ese viaje y de otros muchos que disfrutaron su entonces marido, Jesús Sepúlveda, sus hijos, su hermana, una sobrina y hasta su empleada de hogar, presuntamente pagados con dinero negro de la caja B de Correa, éste también costeó el alquiler de varios vehículos a la vicesecretaria de Organización del PP, cuyo nombre figura en las facturas que obran en poder del juez Antonio Pedreira, según recuerda El Confidencial. El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales remitido el pasado viernes a Pedreira, instructor del caso Gürtel, revela que Correa regaló sólo en 2003 y 2004, a través de su agencia Pasadena S. L., viajes por importe de casi 28.000 euros a Mato y Sepúlveda. La policía no encontró un solo documento en los registros practicados en las oficinas del cerebro de la trama corrupta que acredite que Sepúlveda -ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) e imputado por cohecho y otros delitos- la número tres del PP hubiesen pagado esos viajes de su bolsillo. El pasado lunes, tras hacerse público el informe, Mato amenazó con emprender "las acciones judiciales oportunas ante cualquier falsa información, insinuación o acusación que ponga en entredicho mi buen nombre". Y aseguró, a través de un comunicado oficial, que la "única anotación que se refiere a mi persona" es la de un viaje a Montreux (Suiza) en junio de 2004 para acompañar a su hija Ana Sepúlveda Mato a un campamento de verano, cuya factura, que ascendió a casi 2.500 euros, se saldó con un ingreso en efectivo en una cuenta corriente de Pasadena S. L. procedente de la caja B de la trama. Pero no es ésa la única referencia a Mato que aparece entre las facturas y albaranes intervenidos por la policía, como aseguró la vicesecretaria de Organización del PP. Su nombre también figura en otros dos documentos de Pasadena S. L. incorporados al sumario judicial: el primero corresponde a la reserva de un vehículo de alquiler de la empresa Niza Car que fue recogido por Mato el 9 de julio de 2004 en el aeropuerto de Jerez de la Frontera; el segundo es un contrato de alquiler de un automóvil de la compañía Avis en agosto de ese mismo año, también a nombre de aquélla, en el aeropuerto de Santander. El PP sigue cerrando filas en defensa de su número tres. Después de que el lunes los vicesecretarios generales Javier Arenas y Esteban González Pons proclamaran la inocencia de su compañera, ayer la número dos del partido, María Dolores de Cospedal, hizo lo propio. "Mato ha dado unas explicaciones muy claras y rotundas acerca de su no implicación en este asunto, y creo que son lo suficientemente contundentes", dijo Cospedal. Esas explicaciones, sin embargo, se han limitado a tratar de desacreditar el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales con el argumento de que "no aporta nada nuevo".

EL COHECHO PASIVO DE CAMPS.- El juez Flors ha notificado a las acusaciones -Fiscalía y PSPV- una providencia en la que abre un plazo de cinco días para presentar sus conclusiones provisionales sobre la investigación abierta contra el jefe del Consell, Francisco Camps, por un presunto delito de cohecho pasivo, según nos ha relatado El País. La providencia, de fecha 25 de enero, dice así: 'Practicadas todas las diligencias declaradas pertinentes que se han acordado en esta fase del procedimiento a propuesta de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 27.4 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, dese traslado al Ministerio Fiscal y a la acusación popular para que en el plazo de cinco días insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando en su caso escrito de conclusiones provisionales. A continuación, se abrirá otro plazo de cinco días para que presenten sus escritos las defensas, tal y como se estipula en la ley del jurado. Después, deberá decidir si archiva la causa o convoca una vista preliminar donde todas las partes personadas en la causa que investiga si Camps y otros altos cargos de la Generalitat y del PPCV aceptaron regalos de los responsables de la trama 'Gürtel', comparecerán para exponer sus conclusiones. Según fuentes del TSJCV, todo este proceso es susceptible de ser recurrido -en un plazo máximo de tres días desde la emisión de la providencia- por lo que es difícil pronosticar cuándo llegará a su término. La investigación terminó hace unos días y faltaba por saber cuándo abriría este plazo de conclusiones el magistrado que sigue la causa contra Camps, el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa y los ex cargos del partido Víctor Campos y Rafael Betoret en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El propio juez Flors rechazó nuevas pruebas por parte de la defensa del presidente valenciano, que posiblemente recurrirá la decisión del magistrado. Camps está acusado por la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV de aceptar regalos de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, con Álvaro Pérez 'el Bigotes' como cabeza visible en la Comunidad Valenciana. Queda en el aire la causa por la presunta financiación irregular en el PP de la Comunidad Valenciana, pendiente de ser asumida o no por el TSJ valenciano tras la inhibición en mayo pasado del magistrado Antonio Pedreira.

CRECE LA AFICIÓN POR LA ENSEÑANZA DEL CHINO.- Según un reportaje que este jueves publicó La Vanguardia, el chino empieza poco a poco a sonar más familiar para los oídos de esta parte del mundo como consecuencia del increíble ascenso económico, y por consiguiente político, del gigante asiático. Su influencia crece y también el interés por su cultura, su lengua y sus negocios. Tanto que países como Francia o Estados Unidos han introducido ya el chino como asignatura optativa en algunas de sus escuelas e institutos públicos. Detrás de tal iniciativa, está la idea de que los alumnos deben tener la oportunidad de conocer los idiomas más potentes del mundo aunque sea de forma básica, y el chino está alcanzando ese estatus, explica Sara Rovira, profesora de la UAB experta en la enseñanza de esta lengua. En España, la única comunidad autónoma que se ha planteado algo similar ha sido la Comunidad Valenciana, donde el chino se estudia como asignatura optativa en doce institutos públicos. En Cataluña una decena de centros enseñan mandarín fuera del horario lectivo, la mayoría en Barcelona, dentro del plan de actividades extraescolares del Departament d'Ensenyament. El chino es el segundo idioma más estudiado dentro de este programa, con 501 alumnos en el curso 2010-2011 –el primero es el árabe–. Hace sólo tres cursos el chino ocupaba la cuarta posición de idiomas extra escolares con 129 alumnos, por detrás del árabe (1.338 alumnos), el rumano (179) y el holandés (131). Buena parte de estos estudiantes son hijos de inmigrantes. Aparte del inglés, los alumnos catalanes de secundaria pueden estudiar alemán, francés o italiano como optativa siempre que el centro ofrezca la posibilidad. De momento, Ensenyament no se plantea incluir el mandarín en la bolsa de asignaturas optativas, aunque no cierra la puerta a revisarlo en el futuro. Si de verdad existe la voluntad política de hacerlo, Ensenyament no estará solo en el intento. “Contarán con todo el apoyo del Gobierno chino y si es necesario aportaremos nosotros los profesores”, afirma Minkang Zhou, director del Instituto Confucio de Barcelona y profesor de la UAB. Zhou ya colaboró con la Generalitat para enseñar chino como asignatura extraescolar y ahora, a través del Instituto Confucio –el Instituto Cervantes chino– trata de dar un salto en el impulso y difusión de este idioma en Cataluña. Además de fomentar los cursos de lengua, el Instituto Confucio de Barcelona tiene previsto abrir una convocatoria de becas para que alumnos de entre 12 y 18 años estudien entre uno y tres meses en China. “De momento ofreceremos diez plazas, ampliables según la demanda”, indica Zhou. Los aspirantes deben tener nociones de chino y durante este verano asistirán a clases de lengua y cultura en Pekín. Es el mismo modelo que se sigue con los cientos de adolescentes catalanes que cada verano viajan a países anglosajones para mejorar su nivel de inglés. Encontrar profesores de chino en Cataluña no es problema, según Rovira. “Contamos con una cantera suficiente a través de los titulados en traducción e interpretación y en estudios de Asia Oriental”, añade. Rovira opina que España debe ser menos “chino dependiente”, en el sentido de que debe formar a sus propios especialistas en el país asiático. “¿Por qué todos los traductores de chino-castellano tienen que ser siempre chinos?”, se pregunta. Aunque con los cuatro años, como mucho, que un catalán pueda estudiar chino en el instituto no se convertirá en un experto en esta lengua. “Es cierto que el chino es difícil, sobre todo la escritura, a la que los estudiantes de China dedican el 30% del horario escolar, pero el alumno que lo estudie en el instituto tendrá unas nociones suficientes para jugar con ventaja en el futuro”, insiste Rovira. Lo mismo opina Pedro Nueno, profesor de Iniciativa Empresarial del Iese y profesor del Ceibs (China Europe International Business School). “El inglés es absolutamente imprescindible, esto nadie lo discute, pero para trabajar con China conocer su lengua es un punto a favor; es un idioma de futuro, hay muchas más posibilidades de que en Cataluña se instalen empresas chinas que no alemanas o italianas”, dice. “Y si se adquiere un nivel básico en la escuela, luego es más fácil seguir aprendiendo y profundizar en este idioma”, insiste Nueno. ¿Ocupará algún día el chino el puesto del inglés? Veremos. De momento, España aún tiene una asignatura pendiente con esta última lengua.
LAS EXIGENCIAS A LAS CAJAS.- Las cajas españolas tendrán que cumplir con unos criterios de capitalización (el llamado core capital) que no se le exigen aún a ninguna entidad europea y que, en el peor de los escenarios, sólo se pedirán a partir del 2019. La ministra de Economía aprovechó el miércoles una entrevista en TVE para avanzar el listón que fijará para las cajas, que se enteraron de esa cifra a la vez que el resto de los telespectadores, según se relata en La Voz de Galicia. Elena Salgado adelantó a las entidades que no son bancos, que no poseen accionistas o que tienen una dependencia de financiación exterior del 20% de su activo, que tendrán que presentar antes de ocho meses un core capital «de entre el 9 y el 10%». Para el resto, para los que sí son bancos o disponen de una ficha bancaria con la que acudir a los mercados, esa cifra será del 8%. La discriminación hecha por Salgado, y que ya se esperaban las cajas, apunta directamente a cuatro entidades: Novacaixagalicia, Caja España-Duero, CatalunyaCaixa y Unnim (una fusión de tres comarcales catalanas). Son las que, indirectamente, ya saben que el Gobierno las ha señalado. A otras firmas con una ratio de capitalización baja, como las fusión que lidera Caja Madrid, Banca Cívica (el primer SIP que se creó en España) o Mare Nostrum (con Cajastur y CAM al frente), esos nuevos requisitos les afectarán de manera indirecta, porque todas ellas ya han constituido un banco al que traspasarán todo su negocio, de tal forma que actuarán en la práctica como una no caja. Otra perjudicada por ese anuncio sorpresa de Salgado -en el sector se esperaba para el mes de febrero- es La Caixa, cuya ratio está ligeramente por debajo del 8,8%. Pero, ya está estudiando varias vías para iniciar su reconversión. Si a las entidades ya les iba a costar lo suyo llegar a ese 8% exigido inicialmente, ahora la situación se ha tornado en misión imposible. Aunque Novacaixagalicia guarda silencio, lo cierto es que sus dirigentes llevan tres días enfrascados en determinar qué caminos seguir y fijar los plazos que se han de cumplir para llegar a septiembre con los deberes hechos. Porque, de lo contrario, el futuro es su nacionalización parcial con la entrada de fondos públicos del Estado, del FROB. Esa vía extrema puede suponer que, en el plazo de cinco años, esa entidad termine siendo vendida. En esa misma entrevista, la vicepresidenta segunda trató de evitar que su nuevo anuncio se interprete como una guerra entre cajas y bancos al asegurar que, si de entre estos últimos, alguno no cumple, también será nacionalizado; solo hay uno en esa situación, Bankinter. Sin embargo, a estos se les pedirá un 8% y las vías que tienen para captar capital son más numerosas, comenzando por una ampliación de capital.