RECUPERADA LA LEY SINDIDA POR PP, PSOE Y CIU. AGUIRRE DESTRUIYE LA IMAGEN DE UNIDAD DEL PP. RECTA FINAL DE LA LEGISLATURA.-

LA RESURRECCIÓN DE LA LEY SINDE.- Finalmente, será el juez quien decidirá sobre la legalidad de las descargas de la Red. Con ese requisito, al que había forzado el PP para dar su apoyo a la norma, ha sido resucitada la llamada Ley Sinde, un mes después de haber sido rechazada en el Congreso, y para disgusto de “los navegantes”. De este modo, sin embargo, socialistas y populares, junto con CiU, pactaban 'in extremis' una solución para el retorno de las medidas 'antipiratería' a la Ley de Economía Sostenible, recogidas en la Disposición final segunda: una enmienda conjunta que 'refuerza', limitadamente, las garantías judiciales en el proceso de cierre de una página web de descargas de contenidos no autorizadas sujetos a derechos de autor. Se requiere "la previa autorización judicial" para que "el órgano competente", la Comisión de Propiedad Intelectual, que depende del Ministerio de Cultura, pida la identificación del responsable del servicio de la sociedad de la información que realizan la conducta presuntamente “vulneradora". No obstante, el procedimiento de retirada de contenidos y el papel de la Sección Segunda prácticamente no varía respecto de la propuesta anterior. Las protestas de los “navegantes” de la Red no se han hecho esperar: les parece que regresa la misma ley con muy escasas modificaciones. El procedimiento de retirada de contenidos será el siguiente: A petición de la Comisión, y "en un plazo no superior a las 48 horas", el prestador del servicios de la sociedad de la información deberá "proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realizar las alegaciones y proponer las pruebas que estime oportunas". "Transcurrido el plazo anterior, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La comisión, en el plazo máximo de tres días, dictará resolución", concluye la propuesta. "En todo caso", según el texto, "la ejecución de la medida exigirá de la previa autorización judicial. También aparece la composición de la Comisión, que son todos vocales ministeriales: "La Sección (Segunda), bajo la presidencia del Subsecretario del Ministerio de Cultura o persona en la que éste delegue, se compondrá de un vocal del Ministerio de Cultura, un vocal del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, un vocal del Ministerio de Economía y Hacienda y un vocal del Ministerio de la Presidencia". Un reglamento determinará su funcionamiento. El acuerdo incluye un compromiso por parte del Ejecutivo de reformar en el plazo de tres meses la normativa sobre la compensación por copia privada, el canon digital, para adecuarlo a la sentencias del tribunal de Justicia de la UE, que pedía que su aplicación no fuese indiscriminada. Ahora, las enmiendas a la LES pasarán a la Ponencia y a la Comisión de Economía del Senado el próximo día 1 de febrero, y llegarán al pleno para su votación el próximo 9 de febrero, y superará, enmendada, el trámite del Senado, aunque sin convencer ni a los internautas) ni a los creadores. Finalmente, y después de tantos accidentes e incidentes, habrá una norma que permitirá el cierre de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor. La norma permitirá clausurar los portales en un plazo de entre 15 y 17 días. Y ofrecerá más garantías, las de una mayor tutela judicial desde el inicio del proceso, cuando la Comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y haya que requerir datos como quién es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene u otros asuntos sujetos a confidencialidad. "Se refuerzan las garantías que ya existían, en consenso con el PP", dijo a la prensa la ministra Ángeles González-Sinde: "Es una ley que respeta los derechos de todos. Un modelo distinto al de los países de nuestro entorno. Cuando empiece a funcionar comprobaremos que no supone una amenaza para el uso de Internet. Tiene que quedar claro que no se perseguirá a los individuos", añadió. La ministra no consideró una derrota la inclusión de la modificación del canon en la ley Sinde. "Alcanzar un consenso en este sentido es una victoria para todos los ciudadanos". El acuerdo rubricado anoche pone fin a una de las tramitaciones legislativas más accidentadas de los últimos tiempos, y queda superado un quebradero de cabeza para el Gobierno y, sobre todo, para la ministra de Cultura, que acabó por darle su nombre involuntariamente. Ahora, el texto enmendado seguirá su proceso y, tras su estudio en comisión, deberá refrendarse en el pleno del Senado en menos de un mes. Después, volverá al Congreso, donde recibirá la aprobación definitiva. En todo caso, la enmienda conjunta de PSOE, PP y CiU fija tiempos, plazos y procedimientos , con mucha más precisión que el texto que fue rechazado en el Congreso, del proceso que puede acabar con el cierre de webs que sirvan sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor.
Ahora queda por ver las práctica de la aplicación. Pero se ha salvado el escollo que venían denunciando muchas agencias de propiedad extranjeras, que veían a España como “un paraíso de los piratas en la Red”.

AGUIRRE BORRA LA BUENA IMAGEN DE LA CONVENCIÓN.- Si en los días de la Convención sevillana del PP había prevalecido y se había impuesto la imagen de unidad y “el buen rollo” entre los dirigentes del PP, -todos en torno a Rajoy, incluido Aznar-, la impresión ha comenzado a desvanecerse muy pronto, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguraba este lunes que no hará campaña con la aspirante del PP al Principado de Asturias, Isabel Pérez Espinosa, porque sigue pensando que el "mejor" candidato para la región es el ex ministro Álvarez Cascos. "Le dije a Isabel Pérez Espinosa que como no he cambiado de opinión sobre quién es el mejor candidato (para Asturias), no creo que la vaya a ayudar en esta ocasión", declaraba Aguirre a Punto Radio. Aguirre coincidió con la candidata asturiana en la Convención del PP de Sevilla y donde Pérez Espinosa aprovechó para pedir a la dirigente madrileña que hiciera campaña con ella para ayudarle a ganar el Principado. La presidenta madrileña explicó no ha cambiado de opinión sobre Cascos, por lo que mantiene que "es el mejor candidato que el PP podría presentar en Asturias" para los comicios de mayo. "Ojalá que todavía hasta el 29 de marzo, cuando se convocarán las elecciones , haya tiempo para arreglarlo, aunque tampoco estoy de acuerdo con algunas de las cosas que ha hecho el señor Álvarez Cascos", añadió Aguirre. La jefa del Ejecutivo autonómico también tuvo que aclarar por qué se marchó de la Convención del PP -ella y todo su equipo-, antes de que terminara la ponencia en la que participaba, algo que fue muy comentado en el foro. Según ha dicho, "lo previsto" era que la sesión empezara a las 16.30 y terminara a las 17.45 horas, pero se retrasó, y ella tenía un compromiso que cumplir en Madrid, por lo que pidió permiso al moderador de la mesa, Esteban González Pons, para abandonar su sitio. "Yo tenía una cena en Madrid y los sábados hay muy pocos trenes AVE. Tenía billete para coger el Alvia de las 18.10 porque el siguiente era a las 21 horas, y ya no llegaba. Por esa razón tomé ese billete, porque se supone que tenía que acabar, pero empezó más tarde de los previsto y Esteban (González Pons) me dijo que no había ningún problema y por eso me fui", ha concluido sus explicaciones.
Aguirre, cabe recordarlo, también tuvo notable protagonismo y se hizo notar en el Congreso de valencia en el que el PP ratificó la candidatura de Rajoy para las elecciones de 2012. Aguirre se mostró reacia hasta el final a dar su apoyo a Rajoy y prefirió esperar al Congreso que el PP debería celebrar antes de las referidas elecciones de 2012, en el presente año 2011, de las que nadie parece querer hablar...

RECTA FINAL DE LA LEGISLATURA.- Este martes, día 25, da comienzo lo que podríamos denominar “recta final de la legislatura” en el Congreso de los Diputados. Y este último año de dicha legislatura, comienza con la paradoja de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que está peor valorado que nunca en las encuestas y aparentemente también más débil que nunca, sin embargo, cuenta también con apoyos parlamentarios más sólidos que nunca: Como se comprobó en el debate presupuestario y posteriormente, el Gobierno de Zapatero tiene asegurados los votos del PNV y de Coalición Canaria para cumplir el calendario legislativo pactado. Además, en estos días negocia con CiU para ampliar su respaldo. Fuentes parlamentarias indican que los nacionalistas catalanes mantienen abiertas diferentes negociaciones con el Gobierno para sumar sus votos a distintas iniciativas del Gobierno en las próximas semanas. En concreto, el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, -encargado por Artur Mas de negociar con el Gobierno central-, mantiene contactos y conversaciones para un posible respaldo al Gobierno en la reforma de las pensiones. En esta materia de la reforma de las pensiones, el Gobierno quiere aprobar el viernes que viene el proyecto de ley, después de que ayer, lunes, terminara el plazo para que los grupos presentaran votos particulares a las conclusiones de la Comisión del Pacto de Toledo, para que se vote en el pleno de este martes. Está garantizada la aprobación de dichas conclusiones con los votos del PSOE, el PNV y CC, y es probable que CiU se sume a esa mayoría, sin presentar votos particulares, según fuentes parlamentarias. Al mismo tiempo, CiU está negociando con el PSOE sobre la llamada ley Sinde, sobre la base de sumarse a la propuesta que están intentando pactar, según confirmaba Dolores de Cospedal, socialistas y populares, para incrementar el control judicial del cierre de las webs que faciliten descargas ilegales. Otra negociación que CiU está llevando a cabo con el Gobierno su voto a otras normas, como la relacionada con el déficit tarifario de las eléctricas. Hace apenas tres meses, Durán reclamaba desde la tribuna del Congreso la convocatoria de elecciones en cuanto se aprobaran los Presupuestos para 2011, pero ahora ha abandonado claramente esa posición y se inclina por participar en negociaciones y acuerdos con el Gobierno sobre “cuestiones pendientes” del tipo de las ya mencionadas. Por su parte, el líder del PP, Mariano Rajoy, inicia el último año de la legislatura, según casi todas las encuestas, con óptimas opciones para ganar las elecciones generales, pero sin haber logrado tejer acuerdo alguno con otros grupos en el Congreso. De hecho, su primera iniciativa será una proposición de ley para que se pueda fijar por ley el techo de endeudamiento de las comunidades autónomas, y en cuya votación se quedará solo. Este pasado fin de semana también anunció el propósito del PP de promover la anulación de “pensiones privilegiadas” para los parlamentarios, algo a lo que hace pocas semanas se había opuesto... Si se agota la legislatura, como algunos pretenden, y aunque quedan todavía muchos proyectos que el Gobierno se obstina en elaborar y tratará de aprobar en los meses venideros, los plenos acabarán el próximo es diciembre, y en 2012 ya no se abrirá el Congreso, a la espera de las elecciones generales de mayo de dicho año.

EL CONSEJERO AGREDIDO, CON BACHES PSICOLÓGICOS.- El consejero murciano de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, a vuelto este lunes a su actividad política, tras la agresión sufrida el pasado día 15 de enero, aunque reconoce que psicológicamente tiene "baches" pese a que físicamente va evolucionando a "pasos agigantados". En una entrevista en Telecinco, Cruz ha lamentado que todavía existan "reductos radicales" que siguen diciendo "absolutas barbaridades" pero ha confiado en que la "excepcional" labor desempeñada por los agentes policiales permita que "más tarde o más temprano" se identifique a sus agresores. "Tuve suerte porque si el golpe me hubiera dado unos centímetros más arriba hubiera perdido el ojo. Afortunadamente físicamente voy evolucionando a pasos agigantados pero psicológicamente tengo baches", ha recalcado el consejero murciano para subrayar el "cariño" recibido y el "comportamiento absolutamente impecable" de los murcianos. Cruz ha destacado así sus ganas de volver a la actividad pública y su convencimiento de que la Justicia pondrá "a buen recaudo" a las personas que le agredieron en la puerta de su casa.
Por cierto, que esta información, aparecida en el diario La Vanguardia, merecía los comentarios de algunos lectores, varios de ellos críticos con el llamado “sobrinísimo” del presidente Varcárcel. Esttas reacciones venían encabezadas por un aviso del editor o director de laVanguardia, que dice lo siguientes: “Informamos a los usuarios de que los comentarios de este foro serán revisados por el equipo de Moderación de La Vanguardia.es antes de ser publicados.”. O lo que es lo mismo, “censura previa del señor editor”...

MAS RECOLOCA A LOS CARGOS DE PUJOL.- El Govern de Artur Mas ha recuperado a antiguos altos cargos de la etapa de Jordi Pujol, aunque la mayoría, esta vez, tienen un nuevo destino. De los 12 secretarios generales, nueve ya saben lo que es tener un despacho en la Generalitat. Algunos, como el número dos de Presidència, Francesc Homs, han ascendido. Otros repiten en el cargo, como la secretaria de Governació i Relacions Institucionals, Maria Angels Barbarà, que, además, había trabajado en Presidència y en el departamento de Comerç. Los hay que empezaron en la Administración autonómica ya en los años 80 e incluso hay un par de compañeros suyos que consiguieron sobrevivir al tripartito y ahora han subido en el escalafón de mando, según ha relatado El Periódico de Cataluña. Algunos de los nombres que regresan al organigrama de la Generalitat son personas de confianza de dirigentes como el responsable de Interior, Felip Puig. Varios de sus antiguos altos cargos en el departamento de Política Territorial, ahora rebautizado como Territori i Sostenibilitat, vuelven al Govern, aunque esta vez estarán a las ordenes del nuevo responsable de gestionar la obra pública, Lluis Recoder. Algunos de los antiguos colaboradores de Puig se recolocarán en empresas públicas. Por el contrario, ante tanto rostro familiar, hay quien ha optado por contratar a caras nuevas. Es el caso de la consellera de Ensenyament, Irene Rigau, que ha fichado a altos cargos sin trayectoria política pero con experiencia en la materia que tendrán que gestionar.

EL PEOR DÍA DEL AÑO.- El día de ayer, 24 de enero, era el peor del año para el estado de ánimo. Así lo aseguró el doctor Cliff Arnalls, profesor de la Universidad de Cardiff, que ha llegado a esta conclusión a través de una fórmula matemática elaborada para explicar su descubrimiento: 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA. La fórmula tiene en cuenta varios factores, que Arnalls identifica con letras. Así, la "C" es el factor climático: en enero los días suelen ser grises y fríos en el Reino Unido. España está estos días bajo una intensa ola de frío. La "D"' mayúscula representa las deudas adquiridas durante el periodo navideño en un momento, finales de enero, en que se acerca inexorablemente el pago de las tarjetas de crédito. La "d" minúscula se refiere al dinero que se cobra en enero y la "T" es el tiempo transcurrido desde la Navidad. La "I" representa el periodo desde el último intento fallido de dejar un mal hábito. Al calcular la fecha, el doctor Arnalls tuvo en cuenta que los buenos propósitos de principios de año (dejar de fumar, ir al gimnasio o adelgazar) empiezan a estas alturas a ser arrinconados por muchos. Sin embargo, las motivaciones cuentan y el profesor Arnalls las incluye en su fórmula con la letra "M". La "NA", al final de la fórmula, representa la necesidad de actuar para cambiar la vida, según el investigador. Con esta fórmula, Arnalls ha calculado que el 24 de enero, exactamente un mes después de Nochebuena, era el día más terrible del año..., que usted ha superado felizmente.

AGUIRRE NO IMPIDIÓ EL PELOTAZO DE MARTINSA EN ARGANDA.- El pelotazo urbanístico fraguado en 2004 por Martinsa con la compra de los suelos de la Unidad de Ejecución 124 de Arganda (Madrid), el mismo pelotazo que, según el juez del caso Gürtel, proporcionó a Francisco Correa una comisión de 12,8 millones, fue posible gracias al ayuntamiento de ese municipio, en manos del PP. Pero aquel armazón urdido bajo apariencia de legalidad se habría derrumbado de no ser porque ni Esperanza Aguirre ni su Gobierno pusieron trabas a una operación sobre la que le habían alertado de antemano los dos dirigentes que entonces gobernaban las cuentas del PP: Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Ambos avisaron a finales de 2004 a la presidenta y líder regional del PP de que el concurso para la venta se había amañado a favor de Martinsa. Y de que aquel apaño no era gratis. Aguirre exhibió su incredulidad. Pero la adjudicación se llevó a cabo: y el 25 de noviembre ganó Martinsa. Hoy, la presidenta mantiene su silencio sobre si recibió o no aquel aviso cuya veracidad van confirmando el tiempo y la instrucción del caso Gürtel: tanto el ex alcalde de Arganda Ginés López, como el ex responsable de la sociedad municipal que organizó la venta, Benjamín Martín Vasco, permanecen imputados como presuntos receptores de sobornos. Martinsa siempre ha negado el pago de comisiones y cualquier irregularidad en la UE-124. Pese a la alerta de Bárcenas y Lapuerta, no sólo no hubo obstáculos por parte de quienes rodeaban a Aguirre sino camino llano. De hecho, un informe de valoración elaborado por la empresa Plarquin, de la que había sido copropietario el entonces director general de Urbanismo, Enrique Porto, inclinó la balanza de la venta de terrenos en favor de Martinsa. En octubre de 2006, Porto dimitió, aparentemente forzado por otro escándalo urbanístico. Efectuada por debajo de la tasación encargada por el propio ayuntamiento, aquella venta de suelo le hizo perder no menos de 20 millones al erario público de Arganda. Preparado por la empresa Aguirre Newman, el informe de valoración económca cifraba el precio del suelo en 95,9 millones de euros. Pero el ayuntamiento los enajenó por 77 millones, de los que, además, sólo cobró de Martinsa 66 bajo promesa de recibir los otros 11 en obras. El compromiso de pago en especie, alerta la portavoz socialista en Arganda, Victoria Moreno, jamás llegó a cumplirse. La concejal recuerda cómo la existencia de la tasación de Aguirre Newman no afloró hasta que el PSOE interpuso un contencioso contra la venta de la UE-124. La demanda fue archivada. Mientras el ayuntamiento sellaba un pésimo negocio, Martinsa hacía su agosto. La promotora recuperó la inversión en dos años y obtuvo su primera gran plusvalía. ¿Cómo? Vendiendo por 73 millones un tercio de los terrenos por cuya totalidad había pagado 66. Martinsa se desprendió de ese tercio del suelo tras el verano de 2006. Es decir, cuando el plan parcial que desarrollaba el área había cruzado ya todas las barreras administrativas. En realidad, superar los trámites le resultó fácil a aquel macroproyecto de 160.000 metros cuadrados diseñado inicialmente para 1.600 viviendas y donde el ayuntamiento terminó por autorizar 2.400. Cuando, en el otoño de 2005, el plan llegó a la Comunidad de Madrid, la misma Dirección General de Urbanismo que regía Enrique Porto emitió dictamen favorable. Y lo hizo sin demoras pese a que el proyecto de Martinsa incumplía la legislación del suelo en cuanto al número de aparcamientos proyectados. En contra de lo habitual, el informe de Urbanismo sobre el plan de la UE-124 no lleva la firma de ningún técnico sino sólo la del subdirector general. Hubo un segundo informe, el de la subdirectora general de normativa y régimen jurídico. Y ese da por válida la cifra de una plaza de parking por cada cien metros edificables, en lugar de 1,5, que es lo que preceptúa la ley. Con su dictamen favorable, el equipo de Porto cerraba así el círculo abierto dos años antes, cuando la empresa de los socios del entonces director general calificó el proyecto de Martinsa como el más idóneo urbanísticamente y le garantizó así su victoria frente a las otras dos empresas que pujaban por los terrenos. El error de los aparcamientos pasó inadvertido hasta que el alcalde de Alcorcón, el socialista Enrique Cascallana, lo puso sobre la mesa en la Comisión de Urbanismo que, el 31 de enero de 2006, debía dar vía libre al plan. En lugar de devolver el expediente a Arganda, la comisión lo aprobó a condición de que se subsanase lo relativo al parking. El PSOE asegura que se sumó al visto bueno porque ignoraba lo que escondía la UE-124. Con aquella aprobación condicionada, Martinsa ganó tiempo. Y pudo dar el pase de terrenos la venta de un tercio por el triple de lo que le había costado una vez que el pleno municipal de Arganda aprobó definitivamente el plan, el 5 de julio de 2006. Seis años después del pelotazo, mientras los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) examinan con lupa el expediente de la UE-124 por orden del juez Pedreira, Aguirre mantiene su silencio sobre aquel aviso de Bárcenas y Lapuerta. El asunto de Arganda se limitó a predecir hace diez días se resolverá "próximamente". Pero los investigadores del caso no son tan optimistas. Porque falta confirmar quién pagó los 12,8 millones que Correa cobró en una cuenta de Suiza. Y falta, también, averiguar quiénes más recibieron comisiones ilegales.

LA PRIVATIZACIÓN DE LAS CAJAS DE AHORROS.- Tras haber dilapidado unos años preciosos, en los que permitió a los cajeros acometer todo tipo de aventuras, principalmente  inmobiliarias, a Miguel Ángel Fernández Ordoñez (MAFO) le han entrado todas las prisas del mundo por recapitalizar (eufemismo por privatizar) las cajas de ahorro. Según cuenta El Confidencial, el gobernador del Banco de España pretende que el Consejo de Ministros de este viernes apruebe un Real Decreto-ley de modificación del estatuto jurídico de estas entidades, operación que la ministra de Economía, Elena Salgado, no ve en absoluto clara, y a la que se opone frontalmente la Confederación Española de cajas de ahorro (CECA) que preside Isidro Fainé (La Caixa). Ordóñez, dice El Confidencial, pasará a la reciente historia económica española como el gran responsable del dislate cometido con las cajas. Primero, permitiendo que los gestores de las mismas se embarcaran en toda clase de operaciones especulativas, y después cortocircuitando la labor de unos servicios de Inspección que fácilmente hubieran podido ponerles firmes de un plumazo. El caso es que, desde hace 15 días y en contra del laissez faire, laissez passer que ha presidido su mandato antes y después de la crisis, el gobernador ha tocado a rebato y, a uña de caballo, pretende dar una vuelta de calcetín al sector con una decisión draconiana: las entidades se convertirán en Fundación, a cuyo cargo seguirá estando la gestión de la Obra Social, mientras que los activos y pasivos del negocio financiero se transferirán a un banco. Todas las cajas, pues, se convertirán en bancos.  De acuerdo con las fuentes consultadas, ni en el ministerio de Economía ni mucho menos en la CECA han recibido, de momento, documento alguno sobre el proyecto. Parece que las posiciones de Ordóñez son compartidas por el secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa (“porque nadie entiende en el extranjero esto de las cajas y hay que arreglarlo”), pero no por la ministra Salgado, que considera la medida desproporcionada. Para intentar vencer las reticencias de la titular de Economía, Ordoñez llamó este fin de semana al presidente Rodríguez Zapatero, urgiendo la necesidad de los cambios planteados. De acuerdo con las fuentes, “Zapatero le dijo que sí, como dice a todos, pero en realidad no hizo otra cosa que ponerse de perfil”. En la última quincena, las presiones ejercidas desde el edificio de La Cibeles sobre Salgado y el propio Zapatero han sido intensas, enfatizando la necesidad de acelerar la recapitalización de aquellas cajas que están en mala situación, necesitadas de fuertes dotaciones para tapar agujeros, y no solo del ladrillo, porque ello es esencial para acabar con el clima de desconfianza de los mercados hacia nuestro sistema financiero. Salgado se resiste, con el argumento de que el proceso iniciado con la fusión de entidades está funcionado razonablemente bien, y que para el caso de las cajas en peor situación está el FROB, que para eso se creó, el cual apenas ha dispuesto de 11.500 millones de euros de una potencial capacidad de endeudamiento, con aval del Tesoro, de hasta 90.000 millones.
NACIONALIZACIÓN DE CAJAS.- Según el relato de El Confidencial, la CECA comparte el argumento de la utilización del FROB para recapitalizar aquellas entidades en peor situación, dinero que necesariamente tendrá que ser público dada la ausencia de inversores privados dispuestos a hacerlo. Las nuevas inyecciones lo serían bajo al forma de capital puro, lo que otorgaría al Estado derechos de propiedad, es decir, estariamos hablando de una nacionalización, al menos parcial, del sector. Ligado a ello, el regulador abriga la idea de introducir algún tipo de salvaguardia pública en aquellas cajas que necesiten de las nuevas ayudas, lo que podría concretarse en la entrada en los Consejos de Administración de un par de consejeros/inspectores encargados de velar por la eficacia en la gestión, en tanto en cuanto las entidades no devolvieran las ayudas recibidas. Parece fuera de duda que la polémica se centra en torno a la situación de alguna caja catalana, caso de Catalunya Caixa; en la caja gallega resultante de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova, y en la castellana salida de la operación Caja Duero y Caja España. Silencio en torno a la situación de Caja Madrid-Bancaja. La opinión mayoritaria en el sector es que “si hay Cajas necesitadas de capital, que se haga lo que haya que hacer a través del FROB, pero una medida indiscriminada como la que pretende el gobernador está fuera de lugar, porque hay entidades saneadas que ni han recibido ni precisan de ayudas públicas y están en mejor situación que algunos bancos que están en la mente de todos”. La posición de La Moncloa respecto a esta polémica tampoco es clara. Tanto en Presidencia del Gobierno como en el PSOE, por no hablar del Partido Popular, parecen existir posiciones encontradas, sobre todo por las resistencias políticas, fundamentalmente de los barones regionales, a perder el poder de mangoneo que han dispuesto en unas entidades que, al convertirse en bancos, dejarían de depender de las Comunidades Autónomas. Las fuentes sugieren que detrás del súbito acelerón que pretende Ordóñez están las presiones de los dos grandes bancos, Santander y BBVA, en particular del grupo que preside Emilio Botín, por miedo, sugieren algunos, a tener que enfrentarse en el futuro a un competidor formidable en el mercado doméstico saneado con dinero público, aunque, en el corto plazo, la gran banca española precise del seneamiento de las Cajas para poder salir al mercado y a buen precio. No son pocos los que dudan de la posibilidad, por precipitada, de que ese Real Decreto, que en buena lógica vendría a modificar la ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorro (LORCA), pueda ser aprobado este viernes incluso centrándose exclusivamente en sus aspectos jurídicos.

LA LISTA SOCIALISTA POR MADRID.- La actual delegada de Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce, será la número dos de las listas que el secretario general del PSM, Tomás Gómez, presentará a la Comunidad de Madrid en las elecciones del 22 de mayo, informaron fuentes socialistas, según avanzaron ayer la Cadena Ser y Europa Press. Gómez cumple así con la tónica de la "lista cremallera", colocando a una mujer en el número dos de su candidatura. A Varcalce le seguirán el ex alcalde de Madrid Juan barranco, un histórico del socialismo, y la actual portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, de quien se premia la lealtad. El líder de los socialistas madrileños lleva meses diciendo que la lista que iba a presentar al Gobierno regional iba a ser "cremallera, paritaria por género", por lo que su número dos iba a ser mujer. Para los comicios de 2011, Gómez tendrá como mano derecha a Varcalce. La actual delegada de Gobierno en Madrid, leonesa de nacimiento, ha sido secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad y de Política Social del Gobierno central entre 2004 y 2009. Además, fue una de las impulsoras de la Ley 39/2006 de la Ley de Dependencia y ocupó la Vicesecretaría general del PSOE de Castilla y León.