SE ESTIMA QUE LOS DOS SOCIOS DEBERÍAN DEVOLVER TRES MILLONES CADA UNO

Según el juez, Urdangarín y su socio Diego Torres, son igualmente responsables

El juez José Castro ha hablado, y comenta la declaración que escuchó hace algunas semanas al imputado Urdangarín, del modo que es habitual en un juez: mediante un auto judicial de veinticinco páginas. El juez, en estas explicaciones pormenorizadas, rechaza en su auto d la tesis autoexculpatoria que esgrimió Iñaki Urdangarin en su declaración del pasado 25 de febrero y aclara que estaba en la gestión presuntamente delictiva de Nóos «al mismo nivel” que su socio Diego Torres. Es decir, que rechaza la tesis que planteó Urdangarín según el cual, su papel en Noos era “únicamente institucional”. Sostiene el auto , del que informan los dos periódicos que más atentamente siguen el caso, El País y El Mundo, que el duque «siempre estuvo detrás de todo el entramado societario... al mismo nivel que Diego Torres». Añade que «no acaba de convencer el argumento de que sus funciones sólo eran en materia deportiva», sin conexión con la gerencia, y rechaza citar al conde de Fontao con el argumentode que el duque desempeñó «antes y después» la misma actividad en su gestión. Es decir, el juez del caso Nóos no cree a Urdangarín, y considera que existen “sobrados indicios” de que el duque de Palma siguió vinculado al Instituto Nóos después de marzo de 2006, fecha en la que el Rey le ordenó que dejara a un lado sus actividades en la entidad sin ánimo de lucro. “Todo apunta a que tal desvinculación no se produjo”, relata el auto del juez, que pone en duda las explicaciones de Urdangarin en el sentido de que su papel era meramente institucional y que era su socio, Diego Torres, quien llevaba la voz cantante y tomaba las decisiones. “No acaba de convencer el argumento de que sus funciones sólo lo eran en materia estrictamente deportiva y sin conexión alguna con la gerencia”, afirma José Castro, que también recuerda que innumerables testigos han explicado a la policía que “Urdangarin siempre estuvo detrás de todo el entramado societario, antes y después de esa fecha”, y que esas declaraciones le sitúan “al mismo nivel” que Torres, algo que también avala “la documentación intervenida”. “Por si cupiere alguna duda”, añade el juez, el propio Urdangarin “vino a reconocer” haber mediado, en 2007, ante la Administración balear, para que Torres y él cobrasen 400.000 euros de un pago pendiente. Antes de la “ruptura de la amistad”, el duque de Palma “desarrolló negocios puntuales” con su exsocio al entender, según se desprende de su declaración, que la recomendación del Rey no lo impedía. Y llega a la conclusión de que el yerno del Rey controló la trama antes y después de dejarla oficialmente, y que su papel de rector de Noos está avalado por innumerables testigos que “le sitúan como rector de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social., y al mismo nivel que Diego Torres, lo que también viene avalado por la numerosa documentación intervenida”.
El juez hace públicas esas pormenorizadas consideraciones a propósito de la petición del “sindicato” ultraderechista Manos Limpias, para que el asesor del Rey José Manuel Romero declare como testigo. Castro rechaza que se efectúe tal declaración de Romero, así como la del secretario de la infanta Cristina y extesorero de Nóos, Carlos García Revenga, y advierte de que no tiene “ninguna trascendencia penal” conocer “cuáles fueron, en concreto”, los consejos o instrucciones que la Casa del Rey dio a Urdangarin. La instrucción, dice el juez, no tiene por objeto hechos que “sirvan exclusivamente a intereses mediáticos, al favorecimiento hacia actitudes políticas o simplemente para satisfacer la curiosidad”. En cambio, el juez sí cita a declarar, en calidad de testigos, a otras dos personas: la asistenta personal de Urdangarin desde 2007, Julita Cuquerella, y el secretario de turismo y proyectos estratégicos de la Generalitat Valenciana en 2004, Luis Lobón Martín. En su declaración ante la policía, Cuquerella ya admitió que hizo “algunos trabajos” para Aizóon, la empresa inmobiliaria del duque y su esposa. Asimismo, diversas entidades bancarias deberán informar, por orden del juez, sobre todos los movimientos de una cuenta corriente a nombre de Urdangarin, y de otras ocho a nombre de Ana María Tejeiro, la esposa de Torres. Su abogado, Manuel González Peeters, ha pedido que se archive la causa contra ella por las mismas razones por las que el juez ha decidido no imputar a la infanta Cristina. El juez, que a partir de ahora grabará las declaraciones para evitar “distorsiones”, también ordena a la Agencia Tributaria que informe sobre las operaciones con terceros de la mercantil Global Consulting Partners, vinculada a Domingo Díez de Mera, compañía que en 2007 pagó a Urdangarin 300.000 euros por consultorías verbales y telefónicas.
Interpreta el diario El Mundo que este auto del juez, primero, deja constancia de que no cree la versión de Urdangarín en sus más de veinte horas de declaraciones en el juzgado de Palma. Y observa que “en buena lógica, si Castro considera que Urdangarín tenía el mismo nivel que Torres, el tratamiento penal debería ser semejante para ambos”. Dice también el diario que el autor del juez supone un salto cualitativo en la investigación, ya que aboca, si no surgen nuevos elementos, a sentar a Urdangarín en el banquillo, dado que refuta su versión en base a los testimonios recabados y la documentación incautada.
Por otra parte, en loas días anteriores se ha venido especulando sobre la fianza que se podría pedirse a Urdangarín para evitar la privación de libertad: del orden de tres millones de euros, que sería la mitad de los aproximadamente seis millones percibidos de los Gobiernos autonómicos de Baleares y Valencia gracias a la amabilidad de Jaume Matas y Francisco Camps, para con el yernísimo... Los otros tres millones debería devolverlos el socio Diego Torres, según cabría deducir...